El lado más oscuro del alquiler

ELPAÍS* : Los chollos inmobiliarios no existen. Es algo que saben las 40 familias estafadas este verano por el alquiler de apartamentos inexistentes a precios de entre 150 y 750 euros en diferentes zonas turísticas españolas. Por eso, ahora que empieza septiembre, mes álgido en alquileres, sobre todo por parte de estudiantes universitarios que buscan alojamiento para el nuevo curso, no está de más tener en cuenta que no es oro todo lo que reluce. En distintas páginas de Internet circulan mensajes que alertan sobre distintas modalidades de timos en el alquiler de viviendas.

Lo más repetido son mensajes del tipo: "Cuidado con los listados, son una estafa". Y es que, en ocasiones, los anuncios clasificados de los periódicos incluyen publicidad de intermediarias que ofrecen alquileres muy asequibles.

"El piso por el que preguntas no existe y lo que pretenden es venderte un listado de teléfonos. Pagas 400 euros. Te pones a llamar, pero no existen los pisos o están todos alquilados. Vuelves a la inmobiliaria y te dan un listado nuevo. Más de lo mismo", explica un afectado.

Su caso no es el único. De hecho, el pasado mes de julio la Fiscalía, previa denuncia del Ayuntamiento de Barcelona, denunciaba a nueve empresas que cobraban entre 200 y 300 euros como intermediarios por dar listas de falsos propietarios de viviendas, un timo que ha dejado miles de afectados en la Ciudad Condal.

No hace falta llegar a esos extremos para hablar de irregularidades o abusos. A las asociaciones de consumidores van cada año cientos de afectados, tanto propietarios como inquilinos, en busca de asesoramiento jurídico.

La Fundación de Derechos Civiles, con 25 oficinas de gestión de alquileres e información sobre vivienda en España, cuenta que la irregularidad que más se repite por parte de los dueños es "el empleo de fórmulas para incumplir el régimen de prórroga forzosa de cinco años mediante la firma de contratos de temporalidad o la inclusión de cláusulas de necesidad del piso para uso personal", señala Carlos García, su presidente. "Pero, en realidad, el dueño encubre su intención de arrendar la vivienda a otra persona o de venderla. Para evitarlo, el inquilino debe comprobar que en tres meses el dueño ha ocupado la casa; en caso contrario, el inquilino tiene derecho a ser indemnizado y a volver por otros cinco años", señalan en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

A Jaume Puig, que alquiló un apartamento por 850 euros en Barcelona, le pasó algo parecido. A los 11 meses, el dueño le comunicó que resolvía el contrato porque su hijo se iba a casar. "El propietario no necesitaba la casa para uso propio, ni aparecía reflejado en el contrato ese punto, por lo que el inquilino podrá ver prorrogado su contrato anualmente durante cinco anualidades", señala García.

Rentas ilegales

La OCU se hace eco de otro abuso sufrido por varios de sus socios. "A veces se intenta pactar en el contrato un aumento de la renta superior al IPC desde el primer año de alquiler". La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el incremento anual de la renta durante los cinco primeros años es como máximo el IPC.

Las reclamaciones por este concepto ocupan el 29% del total de las referidas al alquiler que llegan a la Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU Madrid), dice su portavoz Antonio López. A pesar de ello, "sigue siendo muy bajo el porcentaje de afectados que acude a los juzgados. La mayoría se resuelven a través de las asociaciones", señala Gustavo Samayoa, de la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI).

Abusivo es también lo que le ocurre a Giovanni Scaloti, estudiante de Erasmus, de 22 años, que alquiló una habitación por 400 euros en un piso en Madrid. Para cerciorarse de que el inquilino es el único que duerme en la habitación, la propietaria entra algunas noches y revisa las habitaciones.

Esta conducta está tipificada en el Código Civil como allanamiento de morada, indican en la Fundación de Derechos Civiles. La dueña asegura que en España es lo habitual. Muy al contrario, el inquilino está en su derecho de cambiar la cerradura, dice la Fundación de Derechos Civiles.

Y es que las cláusulas excesivas están a la orden del día cuando se trata de alquileres ilegales: se obliga al inquilino a realizar dos limpiezas anuales con un coste de 600 euros; se alquila sin que la casa cumpla los requisitos mínimos de habitabilidad; o se utiliza la fianza para limpiar la casa para su puesta en alquiler de nuevo. "La fianza casi nunca se devuelve porque el dueño siempre encuentra algún deterioro para justificar la no devolución", según CECU.

Acosos inmobiliarios

Todas las asociaciones de consumidores tienen constancia de casos de mobbing inmobiliario, una práctica que consiste en asediar a arrendatarios, generalmente de avanzada edad, para que abandonen la vivienda de renta antigua y destinarla a fines especulativos. A este tipo de personas se les denomina despectivamente como "asustaviejas".

Es lo que le ha pasado a uno de los socios de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (Facua), un hombre de 70 años inquilino de una vivienda en un edificio en la calle de Goles, en Sevilla, y que sufre acoso inmobiliario desde el año 1995.

En este caso, los propietarios, tras varias solicitudes de declaración de ruina, que han sido denegadas, se han visto obligados a comenzar las obras de conservación para evitar la expropiación de la finca. "Los inquilinos están a la espera de volver a sus casas una vez finalicen las obras", señala la organización.

Pero hay otras formas de mobbing inmobiliario, como engañara los arrendatarios para facilitar la resolución del contrato. "A veces se comunica verbalmente al inquilino que no hace falta que pague mes a mes, sino que puede acumular varias rentas para abonarlas de golpe", dicen en la OCU.

El problema surge porque no queda constancia de dicho pacto, por lo que el inquilino incurre de forma involuntaria en el incumplimiento de pago de la renta. El arbitraje ha entrado de lleno en el sector de los alquileres como una vía rápida para resolver los conflictos entre propietario e inquilino.

El problema se plantea con alguna asociación arbitral cuyo funcionamiento sólo beneficia al propietario, señalan en la OCU, que, defendiendo a uno de sus socios, acusa a "la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, la cual sólo prevé someter a arbitraje las infracciones del contrato que afectan al propietario, sin que exista la misma reciprocidad para el inquilino, quien lo acepta pensando que es un sistema ecuánime".

Pero no sólo padecen abusos los inquilinos. Muchas otras veces son los arrendatarios los que atentan contra los derechos de los dueños de los pisos. Juan Santillana, propietario de una vivienda de 80 metros en el centro de Logroño, ha acudido a la Fundación de Derechos Civiles para informarse de las posibles acciones legales que puede llevar a cabo contra un matrimonio que lleva tres meses sin pagar la renta.

Están en proceso de divorcio, por lo que uno quiere resolver el contrato y el otro no. A Juan no le queda más remedio que emprender acciones legales (desahucio judicial). Otras veces ocurre que el inquilino no paga los suministros "cuando existe un pacto previo para que los abone". Es lo que le está pasando a Eva Ayala, propietaria de una estudio en el distrito de Salamanca (Madrid), que alquiló a una pareja que lleva ocho meses sin pagar el recibo de la luz.

También es habitual que el inquilino deje la fianza como pago de la última mensualidad de alquiler; que se sustituya el mobiliario por otro de inferior calidad o en mal estado; así como el subarriendo del piso sin consentimiento del propietario. Y ojo con los morosos profesionales, que los hay.






* ELPAIS.com - SANDRA LÓPEZ LETÓN/ PROPIEDADES - Madrid - 07/09/2007
Foto: Se alquila - J.Aima (elmundo.es)



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Andalucía: Vivienda por ley

SUR/Editorial* : El anteproyecto con el que la Junta de Andalucía pretende garantizar por ley el acceso a la vivienda a todos aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a 3.000 euros ha provocado reacciones dispares que evidencian no sólo los recelos y dificultades que plantea legislar sobre un derecho constitucional cuyos límites ha venido definiendo el libre mercado. También constituye un reflejo de la proliferación de iniciativas con que las distintas administraciones están tratando de afrontar una problemática generalizada, que acostumbra a integrar de forma tan inevitable como a veces perniciosa la agenda preelectoral.

Esas mismas instituciones no pueden obviar su propia responsabilidad en la perpetuación de una dinámica social que ha llevado a equiparar el derecho a disponer de una vivienda digna con el acceso a la compra de la misma, acentuando la convicción de que atesorar una escritura de propiedad siempre resulta una opción más aconsejable para los proyectos personales y las economías domésticas que cualquier otra eventual alternativa. Una cultura colectiva tan arraigada que ha terminado por propiciar comportamientos incongruentes, como los de aquellos jóvenes encadenados a una hipoteca cuando su horizonte profesional y vital se encuentra aún vagamente definido.

La controversia suscitada entre el presidente andaluz, Manuel Chaves, y el ministro de Economía, Pedro Solbes, reticente a promover 'grandes leyes que den reconocimiento a derechos para toda la vida', refleja los impedimentos para explorar soluciones no sólo consensuadas, sino que se demuestren realmente efectivas. Al proyectarse al terreno legislativo, la propuesta de la Junta busca imbricarse en la tradición constitucional que consagra el derecho de los ciudadanos a gozar de una vivienda 'digna y adecuada', comprometiendo a los responsables institucionales en la promoción de 'las condiciones necesarias' y 'las normas pertinentes' que lo permitan. Pero la literalidad del artículo 47 de la Carta Magna está llamada a garantizar el acceso a un techo, no imperativamente la propiedad del mismo; y la obligación del Estado de asegurar la igualdad de los ciudadanos en el disfrute de las previsiones legales no puede traducirse en un amparo generalizado -y por ello imposible- a la posesión inmobiliaria, ni tampoco redundar en iniciativas cuyos bienintencionados propósitos comporten el riesgo de nuevos desequilibrios o situaciones injustas.

Resulta discutible que una renta de 3.000 euros -el salario medio en Andalucía ronda los 1.400- no facilite la adquisición o el alquiler de un piso incluso a sus precios actuales y con la continuada subida de las hipotecas. De igual manera que el impacto del coste de comprar o arrendar un piso protegido tampoco es equiparable entre los sueldos mínimos y los más elevados, aunque unos y otros puedan beneficiarse de una medida que, como otras propuestas, despiertan comprensibles incógnitas sobre su posible encaje en las cuentas públicas. El hecho de que la iniciativa se haya formalizado en período preelectoral obliga más si cabe a un debate reposado y riguroso sobre su futuro desarrollo y aplicación.






* Diario Sur - 06.09.2007




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El Consell ordena derribar 34 viviendas que el ayuntamiento quería legalizar en Catral

LEVANTE-EMV* : La conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda procederá al derribo de 34 viviendas construidas ilegalmente en suelo rústico no urbanizable de Catral, tanto en la huerta tradicional como en el Parque Natural de El Hondo, rechazando de esta manera la propuesta del equipo de Gobierno del PP de Catral que apuesta por regularizar las más de 1.300 casas ilegales mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en fase de redacción, aunque el anterior equipo de Gobierno presentó un concierto previo a la Generalitat.

Estos han sido los primeros expedientes urbanísticos que han concluido definitivamente tras ser estudiadas las alegaciones presentadas por los propietarios de los inmuebles afectados, según se explicó ayer desde la conselleria, que no precisó las fechas de los derribos ni en que situación se encuentra este último trámite para recuperar la legalidad urbanística.

La conselleria continúa tramitando actualmente otros 81 expedientes a otras tantas viviendas construidas sin ningún tipo de licencia ni autorización en suelo no urbanizable de la huerta, los cuáles podrían concluir con ordenes de demolición siempre y cuando se rechacen las alegaciones de sus propietarios.

La postura del Gobierno valenciano deja fuera de juego al Ayuntamiento de Catral, que pretende que no sea derribada ni una sola vivienda construida ilegalmente en suelo no urbanizable y proceder a su regularización en el próximo PGOU. Críticas socialistas Por otro lado, el presidente del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, instó ayer a la Generalitat a detener las obras de las viviendas ilegales de Catral, ya que, según criticó, su actuación en el municipio asumiendo en octubre las competencias urbanísticas «no ha servido para paralizarlas, sino que todo se ha mantenido como estaba» .

En un comunicado, Amorós calificó de «irresponsable» esta actuación del Consell y criticó que actualmente continúen las obras «con la connivencia del PP» , tanto autonómico como local, ya que este partido gobierna en el municipio desde las pasadas elecciones. Instó a la Generalitat a «tomar cartas en el asunto» para evitar que su actuación «se manifieste como un verdadero golpe de estado contra el poder local» . «No queremos pensar que el Consell mira con ojos más benévolos al actual equipo de Gobierno por ser del mismo color político» , sostuvo Amorós, quien añadió que, de ser así, «la desvergüenza no tendría límites y el aprovechamiento de las instituciones con carácter de partido tampoco» .





* Levante-EMV - E. D. G., Catral - 06 de septiembre de 2007
Foto: FUERA DE ORDENACIÓN. Viviendas construidas en zona de huerta /levante-emv.com




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Roca atacó un pilar básico del Estado de Derecho con los pagos al juez Urquía

EFE* : Los presuntos pagos del ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca al juez Francisco Javier de Urquía constituyen un ataque a un "pilar básico del Estado de Derecho", según el informe policial en relación a la supuesta implicación del magistrado en un delito de cohecho. En el informe de la Udyco Costa del Sol, la Policía afirma que la investigación pone de manifiesto "el despliegue delictivo de la estructura criminal de Roca" y subraya que en esta ocasión "se da una vuelta de tuerca más y se detecta una clara penetración de la organización en un órgano jurisdiccional".

A juicio policial, los "presuntos pagos a una autoridad judicial a cambio de resoluciones favorables" supone una "cuestión de enorme trascendencia pues ataca a un pilar básico y esencial del Estado de Derecho, que en esta ocasión sirve, previo pago, a los intereses espúreos" del ex asesor urbanístico y presunto cerebro de la trama de corrupción municipal.

En el documento, elaborado por la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco Costa del Sol, se recogen algunas de las doce escuchas telefónicas cotejadas ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y se analiza el contrato de compraventa de la vivienda de De Urquía hallado en Maras Asesores.

El informe refleja además que la Policía propuso al juez instructor del Caso Malaya, Miguel Ángel Torres, la detención del entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella "al acreditarse la existencia de indicios razonables de comisión delictiva, vinculados al cohecho y prevaricación".

Torres sin embargo remitió dicho informe al TSJA, que abrió un procedimiento judicial en el que imputa a De Urquía los citados delitos y a Roca los de cohecho y malversación. El magistrado, suspendido cautelarmente de sus funciones tras la apertura de dicha causa, comparecerá mañana por segunda vez en la sede del TSJA en Granada ante el juez instructor del procedimiento, Miguel Pasquau.

El magistrado del alto tribunal andaluz ha citado además a declarar como imputado a Arnaud Fabrice Albouhair, mientras que el viernes deberán comparecer ante el juez Juan Antonio Roca y Fernando Blázquez, éste en calidad de testigo.

La segunda declaración del juez servirá además para que mañana especialistas del Cuerpo Nacional de Policía lleven a cabo una prueba de reconocimiento para determinar si la voz de una tercera persona que aparece en una conversación telefónica grabada en la investigación mantenida entre Roca y otro interlocutor se corresponde con la del juez.

El magistrado Francisco Javier de Urquía fue suspendido de forma cautelar como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella el pasado mes de julio por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) tras ser investigado por supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

De Urquía prestó declaración en el TSJA el pasado 7 de julio, mientras que Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción municipal investigada en el Caso Malaya, compareció ante el magistrado Pasquau el 12 de julio, para lo que fue trasladado desde la prisión de Albolote (Granada) donde permanece en prisión preventiva por esta causa.





* Málaga Hoy - 05/09/2007
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es



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Comienza la urbanización de la isla de Valdecañas

A pesar de los recursos interpuestos en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Junta y la Confederación Hidrográfica del Tajo han permitido el comienzo de las obras de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas. Ecologistas en Acción* denuncia que para ello se ha desecado el río Tajo en cinco kilómetros, entre las provincias de Toledo y Cáceres. La asociación ecologista califica de irracional esta actuación, especialmente cuando va dirigida a favorecer la ejecución de un proyecto meramente especulativo.

Ecologistas en Acción ya se ha dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT en adelante) para obtener información sobre aspectos concretos, tales como cuáles son las autorizaciones e informes que se han emitido o están en trámite de emisión por parte de la CHT relacionados con la urbanización en Valdecañas y, además, si se ha permitido el desembalse de Valdecañas o la reducción de caudales desde el embalse de Azután para facilitar el desarrollo de las obras. El beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Tajo deja en papel mojado los compromisos de caudales mínimos del tajo tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura y priva a esta actuación de las más mínimas garantías ambientales.

No podemos olvidar que este proyecto urbanístico, aunque se ubica en el Embalse de Valdecañas, en el Tajo Extremeño, afecta directamente a especies y espacios naturales tanto de Castilla – La Mancha como de Extremadura, pues uno de los efectos más notables del inicio de las obras consiste en la práctica desecación del cauce por debajo de las poblaciones toledanas de El Puente del Arzobispo y Valdeverdeja (un tramo de unos 5 kms del Tajo entre Toledo y Cáceres).

En todo caso parece injustificable que la CHT pudiera haber autorizado ya el uso del dominio público hidráulico en el vaso del embalse para el inicio de las obras y la concesión de aguas provisional sin que se haya dilucidado el fondo de la cuestión. Esto es, si hay disponibilidad de agua para el abastecimiento de los chalets, el campo de golf, el hotel, los centros comerciales, etc,. y si se va a autorizar el plan de uso nuevo para el embalse y la construcción de un puente de acceso a la isla sin que se hayan obtenido todas y cada una de las autorizaciones y declaraciones de impacto preceptivas para todas y cada una de las infraestructuras asociadas al complejo. En todo caso, parece así avanzarse en una dinámica de hechos consumados que pudiera conducir finalmente a la cesión de la CHT ante este aberrante proyecto.

Por otra parte, el descenso de las aguas ha perjudicado ya la nidificación de especies de aves declaradas “en peligro de extinción”, como la Cigüeña Negra. Debe considerarse que el período reproductor de las varias parejas de esta especie en la zona aún no ha concluido para la presente campaña de cría y que tanto en éste como en otros embalses de la zona (Navalcán, Rosarito, Azután), deben mantenerse unas mínimas condiciones ambientales (también en lo relativo a los caudales mínimos de los ríos) para garantizar la supervivencia de las nidadas y polladas volanderas que crían en este entorno, las cuales suelen utilizar estas masas de agua y sus inmediaciones durante la primavera y el verano, es decir, durante la nidificación y sus primeros meses de vida, y muy significativamente, durante la concentración postnupcial de juveniles venidos incluso desde otras zonas del centro peninsular.

El área afectada, también es zona de cría (tanto en Extremadura como en Castilla – La Mancha) de especies igualmente declaradas en peligro de extinción como el Águila Perdicera, o de otras grandes y medianas rapaces como el Halcón Peregrino, el Buitre Leonado (con una importante colonia de cría en Toledo) o el Alimoche, no declaradas “en peligro de extinción” pero de igual modo estrictamente protegidas en cumplimiento de las leyes de Conservación de la Naturaleza de ambas comunidades autónomas, especialmente en lo que respecta a sus áreas y períodos reproductores.

Por otra parte, el conjunto del completo afectará muy negativamente la invernada de gran cantidad de aves acuáticas, esteparias y un dormidero de grullas que hasta el invierno pasado descansaban en la inmediatez más absoluta de la Isla y Embalse de Valdecañas.

Además, todo el tramo desecado forma parte de la Red Natura 2000, pues se trata de zonas declaradas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura. En la parte que corresponde a Toledo habría que añadir que todo el cauce del Tajo entre el Puente del Arzobispo y el límite provincial con Cáceres, está declarado Área Crítica del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, siendo esta una de las zonas más afectadas cuando aún no ha concluido el período reproductor de la especie.

Resulta irracional e indignante, que un proyecto que a todas luces contraviene la totalidad de la normativa ambiental europea, nacional y regional al respecto de la conservación de estos espacios y especies, (Directiva de Aves, Directiva de Hábitats, Convenio de Ramsar, Convenio de Berna, Leyes de Conservación de la Naturaleza y Planes de Recuperación de especies de Extremadura y Castilla – La Mancha, etc.) haya sido declarado “De Interés Regional” por la Junta de Extremadura. Especialmente cuando lo que se favorece es el urbanismo especulador que tanto daño ha causado en zonas de la costa mediterránea y del interior del Estado. Este proyecto resulta totalmente contrario a la filosofía y all articulado de la Ley de Suelo que recientemente ha entrado en vigor. Por estas razones, el proyecto se ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.






* Ecologistas en Acción - Campo Arañuelo 8 de agosto
Foto: embalse Valdecañas, obras - ecologistasenaccion.org



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El ataque contra la web de Vivienda “es una manera de reflejar que el problema existe”

ELCONFIDENCIAL* : Cada vez son más y gritan más fuerte. El reciente ataque de un hacker a la web del Ministerio de Vivienda ha puesto bajo los flashes al colectivo ‘VdeVivienda’, una plataforma cívica formada ya por catorce asambleas de diversas ciudades españolas que reivindica el acceso a un hogar digno. Dado que el manifiesto que un pirata informático colgó en la página ministerial arrancaba con el eslogan del colectivo -'No vas a tener casa en la puta vida'-, éste se convirtió en blanco de todas las miradas. Obviamente, sus responsables niegan cualquier vinculación con el sabotaje, que califican de positivo porque ha dado mucha difusión a su movimiento y porque “es una manera de reflejar que el problema existe”.

“Desde hace muchos años el acceso a una vivienda en España ha ido cada vez a peor. La liberalización del mercado ha tenido resultados fatalistas. Actualmente no tenemos acceso a la vivienda pese a que existen más casas de las que se demandan. Los alquileres no paran de subir y los precios están estancados pero no bajan. Las VPO son un parche total, son para un porcentaje mínimo de la población que accede a ellas. Además no se cumplen las cifras de construcción”, señala a este diario David Morgado, creador de la campaña ‘No vas a tener casa en la puta vida’.

Esta plataforma, que surgió el pasado otoño en Barcelona como un intento de emular al movimiento francés ‘Los Hijos de Don Quijote’ y no ha dejado de ganar adeptos desde entonces, defiende su carácter único y su independencia frente a sindicatos y partidos políticos. Su fin es servir de canal organizativo de las manifestaciones cívicas sobre el problema y entre sus reclamaciones principales figura el cambio de las medidas estructurales, la salida de la vivienda del mercado, dar uso a los tres millones de pisos vacíos que hay actualmente en España y crear un nuevo modelo de ciudad más habitable.

“Tendría que haber una corrección de las leyes. No se trata de otra cosa sino de evitar la especulación descontrolada. Los alquileres tendrían que estar regulados por el Gobierno tal y como sucede en otros países europeos. Es muy importante el soporte de las leyes para que bajen los precios y que incentiven el alquiler. Por ejemplo, el alquiler no te desgrava, en cambio la compra sí”, afirma Morgado.

Un récord mundial

La última iniciativa que ha emprendido ‘VdeVivienda’ promete ser sonada. La plataforma intentará batir un récord mundial el próximo 6 de octubre con una convocatoria simultánea en varias ciudades españolas a favor de una vivienda digna. El meollo está en que miles de personas griten a la vez su ya famoso eslogan, para lo cual han creado un vídeo promocional y una campaña en Internet. Con ello pretenden reunir, sólo en Madrid, a unas 20.000 personas. La cifra no es desorbitada puesto que una marcha organizada por el colectivo el pasado septiembre reunió a 15.000 participantes en Barcelona, según los organizadores.

El escenario escogido en la Ciudad Condal para la manifestación y el grito popular es la Plaza de San Jaume, mientras que en la capital todavía no se ha definido el recorrido que, probablemente, terminará en la Puerta del Sol.





* El Confidencial - Ángel Martínez.- 06/09/2007
Foto: manifestación vivienda


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La Policía investiga si el alcalde de Santa Cruz blanqueó dinero comprando premios de lotería

LAOPINIÓNDETENERIFE* : La magistrada que instruye la causa de la compraventa de los terrenos de Las Teresitas, Carla Bellini, ha abierto una nueva vía de investigación sobre el patrimonio del principal imputado, el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y ha encargado a la Policía Nacional que investigue una presunta compra de premios de lotería con los que Zerolo habría blanqueado dinero de supuestas comisiones ilegales.

Fuentes próximas a la investigación señalan que el patrimonio de Zerolo ha sorprendido a los investigadores por no ser acorde a sus ingresos como alcalde. De hecho, ha sido interrogado por su patrimonio. Una de las explicaciones que él y sus abogados han dado para explicar parte de sus bienes es que ha sido agraciado con varios premios relacionados con los juegos de azar.
Ante estos datos, la magistrada instructora ha dirigido numerosos oficios a la Policía para que investigue exactamente los premios obtenidos por Zerolo y su entorno familiar, así como los bancos en los que fueron pagados, o si realmente se trata de premios que han sido ganados por otras personas y cuyos boletos han sido comprados con el fin de blanquear dinero.

Método

La compra de premios de lotería es uno de los métodos de blanqueo de capitales más recurrido en España y cuya averiguación es muy difícil de llevar a cabo. Para realizar una operación de este tipo, los bancos juegan un papel fundamental, ya que suelen actuar de mediadores entre la persona que ha obtenido el premio y la que tiene dinero negro y no sabe cómo blanquearlo. Un banco se pone en contacto con una persona que ha ganado un premio y se ofrece para comprar el boleto premiado, para lo que suelen dar una cantidad de dinero algo superior al valor del premio. Así, el banco se asegura un cliente con una elevada cantidad de dinero y posee un boleto premiado que, en estos supuestos de delito, ofrece a clientes que estén interesados en blanquear dinero de procedencia ilícita. La persona en cuestión transformaría en dinero lícito la cantidad del premio en cuestión. Especialistas en rastreo patrimonial de Madrid investigan si Zerolo llevó a cabo alguna compra de premios.

Una de las primeras actuaciones de la magistrada instructora del caso Las Teresitas, Carla Bellini, fue encargar una investigación patrimonial de los principales imputados, fundamentalmente de Miguel Zerolo, el concejal de Urbanismo Manuel Parejo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

Especialistas

Varios especialistas en rastreo patrimonial de la Policía Nacional procedentes de Madrid trabajan en la investigación a las órdenes de Carla Bellini, así como otros agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.
Otra de las pistas que sigue la Policía con respecto a la investigación patrimonial del caso Las Teresitas ha detectado movimientos de dinero en Isla de Man, uno de los paraísos fiscales más opacos de cara a una investigación policial.

Reacciones

Todos los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a excepción de la formación del alcalde, Coalición Canaria, rechazaron la posibilidad de valorar la información que hoy publican los diarios La Opinión de Tenerife y La Provincia/Diario de Las Palmas. Según ambos rotativos La Policía investiga si Miguel Zerolo blanqueó dinero comprando premios de lotería. Los diferentes portavoces coincidieron en que es una investigación en curso y que el alcalde tiene derecho a la presunción de inocencia.

El primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Angel Llanos, rechazó hacer declaraciones de un asunto que la justicia está investigando actualmente. El actual socio de gobierno de Zerolo siempre, incluso antes de que Llanos formase parte del grupo de gobierno municipal, evitó pronunciarse sobre los problemas legales que tenía el alcalde.

De igual manera se pronunció la portavoz del grupo municipal socialista, Gloria Rivero, que prefirió no entrar a valorarlo. "En todo lo que es materia de investigación judicial, no queremos entrar", aseguró la diputada nacional. Además, recordó los derechos que cualquier ciudadano tiene a cuestiones como la presunción de inocencia. "Miguel Zerolo está cubierto por su presunción de inocencia y en este caso no está imputado, como sí ha pasado en otros casos", explicó Rivero.

Los líderes de los dos partidos que forman parte del grupo mixto, Ciudadanos de Santa Cruz (con dos concejales) y el Centro Canario (con uno), también prefirieron no hacer ningún tipo de declaración sobre lo publicado hoy en los medios. El líder de Ciudadanos, Guillermo Guigou, rechazó toda valoración a una investigación judicial. "En otras ocasiones lo hemos hecho, pero cuando ya ha habido algún tipo de decisión legal al respecto", explicó. Guillermo Guigou ha destacado por ser uno de los políticos más críticos con la gestión que Miguel Zerolo ha llevado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El presidente del CCN, Ignacio González Santiago, rechazó hacer declaraciones sobre la información publicada hoy. Se da la circunstancia que el concejal en la oposición del consistorio capitalino es hijo de Ignacio González Martín, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, el cual también está siendo investigado por la magistrada instructora del caso Las Teresitas, Carla Bellini.





* La Opinión de Tenerife - PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 05 de septiembre de 2007
Foto: Tenerife-Playa_de_las_Teresitas - Rémi Stosskopf - wikipedia.org



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Critican que el Programa de Desertificación de España eluda el urbanismo

EFE* : El coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, se lamentó hoy de que el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, que será presentado mañana en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, no incluya medidas para frenar el desarrollo urbanístico y de infraestructuras. Oberhuber aseguró que tanto el desarrollo urbanístico como la ejecución de infraestructuras se han convertido en los últimos años en las principales causas de pérdida de suelo fértil en España, por lo que, dijo, 'deberían estar perseguidas en el plan'.

El coordinador de Ecologistas en Acción afirmo que el Programa de Acción Nacional, a cuya elaboración obliga la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de la que España forma parte, es una 'suma' de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para frenar el proceso de erosión de los suelos.

En su opinión, se trata de un plan para la regeneración de las zonas ya degradadas, que es 'pobre en sus planteamientos', y que está adaptado a la situación ambiental y los problemas socieconómicos del país.

No obstante, el ecologista valoro que 'después de diez años de espera, al fin se haya redactado un documento para reducir la degradación de las tierras'.

El impulso a la iniciativa se debe, según este portavoz, a la celebración en Madrid de la octava Conferencia de las Partes (COP8) de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que comenzó el lunes y concluirá el 14 de septiembre.

'Si verdaderamente queremos invertir el proceso de desertificación, necesitamos un plan global que revise no solo las políticas del ministerio de Medio Ambiente, sino también las de Agricultura, Fomento, Economía, y otros ámbitos', añadió.





* Terra Actualidad - EFE - 05-09-2007
Foto: Sacedón (Guadalajara), sequía embalse 2006 - afp.google



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Andalucía, otra vez el paisaje

JORGE BENAVIDES SOLÍS* : El paisaje está de moda (se lo ha incluido en el ámbito de todas las disciplinas que se precien), es una preocupación coyuntural imperativa (la adhesión de España a la Convención Europea del Paisaje es inminente) y, tal como están las cosas, es la manifestación de un problema contemporáneo, consecuencia de la economía globalizada, al que la Unión Europea, bajo la cobertura de aquella Convención, ha decidido darle un tratamiento útil para el desarrollo económico. Debió añadirse sostenible, en cuanto tiene que ver con las consecuencias del consumo descontrolado de los recursos naturales no renovables: suelo, combustibles fósiles, contaminación atmosférica y del agua, o sea, un desarrollo que garantice una mejor calidad de vida.

El nuevo Estatuto andaluz, sin aclarar en qué consiste, acaba de incorporar el "derecho al paisaje en condiciones de igualdad". La Junta de Andalucía, en convenio con las Universidades ha creado el Centro del Paisaje. El POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía), en el capítulo 3, Sistema regional de protección del territorio, por primera vez desarrolla exhaustivamente aspectos sobre el paisaje (¿por qué los ponentes no lo destacan?).

Cinco consejerías, Agricultura, Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Obras Públicas, con mayor o menor éxito ejecutan proyectos relacionados con el paisaje y la de Innovación, Ciencia y Empresa, debido a las consecuencias paisajísticas de la gran expansión de los "parques solares y eólicos" (impresionan, el solar de Sanlúcar la Mayor y el eólico de Tarifa) pronto, imperativamente, directa o indirectamente, tendrá que incorporarse al grupo como en otros países europeos ha sucedido.

No cabe duda, el tema preocupa e interesa; sin embargo, carece de un marco jurídico o normativo propio o transversal que en forma clara determine competencias, derechos y obligaciones como se ha hecho en otros países europeos. Si un delito no está definido, aunque se lo cometa, no puede ser sancionado ni es posible tomar medidas para evitarlo. Esto sucede ante la destrucción del paisaje. Para colmo, la Administración aún no ha adoptado una definición operativa que facilite "movilizar todas las políticas" para su conocimiento, difusión, control, ordenación y gestión. Es más, pese a las recomendaciones europeas (ETE 1999), en cuanto pueden, los legisladores evitan la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, la nueva Ley del Patrimonio Histórico, que acaba de iniciar su trámite en el Parlamento, para "no complicarse la vida", simplemente añade una tipología más de protección: la "zona patrimonial", asumiéndola como equivalente al paisaje, cuando en realidad no es ni puede ser lo mismo. A propósito, pese al gran avance teórico, administrativo y práctico en la protección de los bienes culturales, este proyecto de ley sigue manteniendo criterios causales, de adición y de extensión, iniciados en el siglo XIX, superados por los nuevos paradigmas epistemológicos.

Primero fue el bien artístico, histórico, monumental y aislado, luego el bien cultural y su entorno, finalmente los bienes y el territorio. No es suficiente. La visión sistémica y holística, ha mucho que superó la concepción orgánica o mecanicista del mundo, la especialización, la multi-disciplinaridad, la separación entre forma y contenido. Todo está inter-relacionado; las verdades científicas tienen caducidad; la objetividad no es posible, los límites se han hecho esponjosos (son parte y solución), nada es blanco o negro. Es indispensable comprender los bienes culturales con una visión trans-disciplinar como un sistema con muchas partes materiales cuyo valor intangible las convierte en símbolo y a la vez en mercancía con alto precio (patrimonio), apetecida por el mercado, por la economía, por la industria del consumo y el turismo (recurso). Por eso las redes y, más en cultura: son las infraestructuras del sistema.

Pues bien, el paisaje es un bien cultural intangible con un soporte material dinámico, frágil y no renovable, de inaccesible propiedad individual pero de obvia propiedad social, que es percibido a partir de la vista. No es un objeto, es proceso y resultado. Eso sí, es un derecho de la sociedad que debe ser garantizado de manera coherente por el Estado. Existen otras definiciones igualmente abstractas: paisaje "es todo el territorio como lo percibe la población"; "es la manifestación formal o fisonómica en el territorio de una globalidad de hechos y procesos que se aglutinan en tres componentes principales: naturales, constructivos y sociales"; "es la manifestación formal de la relación sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un territorio más o menos intensamente modelado por los factores sociales, económicos y culturales".

Bien o mal, sabemos qué es el paisaje, pero los instrumentos legales para protegerlo son inexistentes, aquellos técnicos embrionarios y las políticas apenas explícitas. El desarrollo del marco conceptual se sigue enriqueciendo, pero el ámbito operativo es incipiente. Cinco consejerías son responsables de la inminente destrucción del paisaje de Castilleja de Guzmán; al menos tres deberían pronunciarse sobre la bárbara alteración del paisaje de Sevilla que supone la Torre Cajasol (180 metros); sin embargo, ninguna tiene desarrollados los instrumentos para impedirlo. Existen bomberos pero carecen de instrumentos para apagar los incendios.

El Programa coordinado sobre el paisaje, resumido en la página 229 del POTA, ¿será tema del próximo Seminario?




* Jorge Benavides Solís es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.




* ELPAIS.com - Andalucía Tribuna - 05/09/2007





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El Tribunal Superior de Justicia paraliza la polémica urbanización de La Zerrichera

LAVERDAD/Murcia* : El tribunal acepta el recurso de ANSE, pero se basa en la decisión del Gobierno regional de supeditar las 4.000 casas al futuro plan de gestión También cree que podrían perjudicarse valores ambientales de la zona. La polémica urbanización de la finca La Zerrichera de Águilas estaba en suspenso político y técnico desde mayo del año pasado. A partir de ahora también está paralizada cautelarmente por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ).

Según el auto al que ha tenido acceso La Verdad, el alto tribunal ha admitido el recurso que presentó la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) contra la resolución del anterior consejero de Obras Públicas que autorizó en febrero del 2006 la modificación del plan urbano de Águilas para permitir que se construyera en la zona.

Jurídicamente, La Zerrichera se encuentra en el misma situación que Puerto Mayor, en La Manga, que está paralizado cautelarmente, aunque las circunstancias son distintas. Sin entrar en el fondo del asunto, que será juzgado más adelante, el TSJ impone no obstante un principio de cautela medio ambiental, en el sentido de que podrían producirse algún perjuicio a los valores ambientales de la zona. La Zerrichera, como se sabe, está dentro de una zona protegida como LIC y ZEPA.

Lo llamativo es que el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Águilas se adelantaron al TSJ y han facilitado su fallo, puesto que la decisión judicial está basada precisamente en las decisiones del Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel y del Consistorio de Juan Ramírez de suspender la construcción de la urbanización en mayo del año pasado. Ambas administraciones supeditaron el futuro de las 4.000 viviendas de tipo residencial a la aprobación del plan de gestión de la Sierra de la Almenara, todavía en tramitación.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, presidida por el magistrado Abel Ángel Saez, e integrada por Joaquín Moreno Grau y María Consuelo Uris Lloret, estiman que la suspensión cautelar «no ocasiona perjuicio alguno al interés general», puesto que el proyecto ya estaba paralizado por el Gobierno de Valcárcel.

Valores ambientales

Asimismo, los magistrados no entran para nada en el fondo del asunto, ni en los defectos de forma que denunció ANSE. «No se produce una grave perturbación del interés público con la suspensión», indica el auto, «a lo que hay que añadirse que, existiendo valores ambientales en la zona, no discutido por las partes demandadas, y pudiendo producirse a dichos valores un perjuicio con la aplicación y desarrollo de la disposición impugnada [la resolución de la Consejería de Obras Públicas], procede acceder a la suspensión que se solicita».

El mismo principio de cautela ambiental llevó a actuar al Gobierno murciano, puesto que exigió que se aprobara primero el plan de gestión de la zona, que debe determinar si se puede urbanizar y con qué intensidad. Ahora está en manos del Consejo Económico y Social, que debe emitir su dictamen. Después pasará a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y finalmente al Consejo de Gobierno para su aprobación, quizás a principios del año que viene. Todo apunta a que el Grupo Hispania tiene muy pocas posibilidades de desarrollar su proyecto inicial.


UN LARGO PROCESO

30/10/2003: El Pleno de Águilas aprueba el convenio urbanístico con el Grupo Hispania.

1/09/2004: El director general del Medio Natural informa en contra y el proyecto se archiva.

16/05/2005: El Pleno aprueba la modificación del PGOU tras retomar el expediente a petición de la empresa y una vez que Medio Ambiente pidiera a la UE desproteger parte de la finca.

27/10/2005: Se aprueba la recalificación en Pleno. Tres ediles del PSOE no asisten y son expulsados, y uno del PP, con intereses en la zona, dimite días después por votar a favor.

31/01/2006: La Consejería de Obras Públicas aprueba la recalificación de los terrenos y el PGOU de Águilas. ANSE presenta recurso ante el TSJ.

10/04/2006: Los promotores (Grupo Hispania y La Kutxa, sobre todo) presentan su proyecto en Águilas y un día después Francisco Marqués cesa como consejero.

29/05/2006: Benito Mercader, nuevo consejero de Medio Ambiente, paraliza el proyecto. Argumenta que existen contradicciones entre el proyecto final presentado por la empresa y las condiciones del estudio de impacto ambiental.

02/2007: El fiscal jefe del TSJ se querella contra el alcalde de Águilas y varios altos cargos del Gobierno regional.





* La Verdad - M. BUITRAGO/MURCIA - 5 de septiembre de 2007
Foto: La Zerrichera (Murcia) - ecologistasenaccion.org



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Hacia el 6 de octubre: exigimos que nuestra voz marque el camino

Vdevivienda* está siguiendo con el máximo interés y el sentido crítico que nos caracteriza los últimos movimientos que se hacen desde el poder político para simular un cambio en sus prioridades y políticas sobre el derecho a la vivienda. Pero sabemos que ese cambio es más aparente que real, y no está guiado por una auténtica conciencia social, sino que está forzado por unas circunstancias adversas tanto a nivel nacional, con el fin de la especulación urbanística, como internacional, patente en la crisis de liquidez que viven los mercados financieros internacionales por un problema originado precisamente en las hipotecas de alto riesgo en EEUU. También somos conscientes de que en este cambio de panorama ha sido muy importante la presión de los ciudadanos y ciudadanas de este país que cada vez en mayor número exigen una verdadera política social, y por eso el próximo 6 DE OCTUBRE volveremos a salir a la calle en la que apostamos que será la mayor manifestación de la historia por el derecho a la vivienda digna.

No nos valen cambios cosméticos, como el relevo al frente del Ministerio de la Vivienda en la persona de Carme Chacón, una mujer que tan sólo tiene imagen y que se niega a responder ante un periodista de la BBC cuando se le pregunta por el fin de la burbuja urbanística y sus consecuencias; pero la censura del gobierno ya no puede ocultar un problema que ya es demasiado evidente para todo el mundo. Esta política de ocultación sistemática de la realidad es la norma desde hace años, cuando ya en la prensa internacional se alertaba de lo que iba a pasar aquí, y sin embargo en España se seguía alimentando el engaño con la sempiterna letanía de que la construcción iba a seguir tirando de la economía por los siglos de los siglos. Y creemos que esta actitud se debe a que el poder político ha sido un cómplice más en el pastel de la especulación urbanística; los políticos, aliados con los banqueros, constructores e inmobiliarias, se han dedicado a saquear a las clases trabajadoras de este país; pero para mantener el timo, era necesario que la gente creyera que antes llegaría otro diluvio universal que un parón en el ciclo de la construcción.

No nos valen fórmulas mágicas, como esa nueva ley del suelo que llega tan a destiempo, cuando España es ya el paraíso de la especulación y el país con los pisos más caros del mundo en relación a los salarios. Además, este texto permite un amplio margen de maniobra a las leyes autonómicas, que pueden aprovechar multitud de recovecos legales para convertir los tímidos avances de esta norma en pequeños inconvenientes fácilmente superables. Exigimos que este nuevo texto marque unos límites más claros sobre las características que debe tener una VPO, que elimine la figura del agente urbanizador y que, sobre todo, tenga como vocación principal el dar un uso social a los más de 3 millones de viviendas vacías que hay en España.

Y por supuesto, no nos valen las recetas neoliberales que ahora se quiere imponer a los trabajadores y trabajadoras afectados por las subidas de los tipos de interés y la presión cada vez más asfixiante de las hipotecas. Estas recetas buscan a su vez salvar el cuello a los que han generado este gran problema, a esos especuladores que se han enriquecido en los últimos años a costa de alimentar un gran monstruo que irremediablemente tenía que estallar. Estos mercaderes de las finanzas no han parado hasta matar a la gallina de los huevos de oro; gracias a dios que han venido en su socorro sus grandes amigos, las autoridades monetarias de las grandes potencias y de la UE, que han suministrado a los maltrechos mercados financieros una medicina pagada precisamente con nuestro dinero, con el dinero de los que no podemos acceder a una vivienda digna si no es a costa de un endeudamiento de por vida que nos impida disfrutar de una auténtica calidad de vida, y nos condene a vivir bajo el temor de un despido o de un nueva subida de los tipos.

Se ha acabado el quedarnos quietos a la espera de que nos solucionen el problema los que lo han causado. Ahora es nuestro turno. Queremos ser nosotros los que marquemos el camino y dictemos las soluciones. El protagonismo en las políticas sociales no pueden tenerlo los que se han enriquecido a costa de los derechos sociales. Su tiempo se ha acabado; ha terminado el tiempo del silencio. Es el momento de que nuestra voz se escuche, de que marque el camino a seguir y se convierta en la vanguardia del cambio social. Es el tiempo de la calle, es la hora de la lucha. Los ciudadanos y ciudadanas de este país vamos a dejar muy claro el próximo 6 de octubre que ya no nos valen excusas, y que nuestra única e innegociable meta es que al fin consigamos unas verdaderas políticas sociales que destierren para siempre la precariedad y el mercadeo de la vivienda. Y en este camino, si estamos todos juntos, sólo podemos vencer.





* Vdevivienda - Madrid - 22 de agosto de 2007







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Catral pretende regularizar las más de 1.300 viviendas ilegales con un nuevo PGOU

INFORMACIÓN/Alicante* : El equipo de gobierno municipal pretende regularizar las más de 1.300 viviendas ilegales que se han construido en los últimos años de forma indiscriminada sobre la huerta con la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con esta medida, el alcalde, el popular Aurelio David Albero, ha anunciado que no se derribará ninguna casa levantada sobre suelo rústico ni en terrenos protegidos del parque natural de El Hondo.


El primer edil explicó ayer que el grave problema urbanístico que existe en estos momentos en la localidad, después de que el Consell asumiera la competencia de gestión y se la arrebatara al Ayuntamiento en octubre de 2006, se va a intentar resolver con la creación de un consorcio. Esta agrupación estará integrada por las administraciones públicas local y autonómica, constructores y propietarios, mientras que el objetivo que pone sobre la mesa es que cada parte «asuma su responsabilidad y se aporten soluciones», según matizó el alcalde.

Para ello, Aurelio David Albero y miembros de su equipo de gobierno vienen manteniendo una serie de reuniones y ya han llegado a un principio de acuerdo para formar el consorcio con el que afrontar el actual conflicto urbanístico, además de conseguir «los recursos económicos necesarios para resolver en lo posible lo sucedido», explicó el alcalde.
Estas soluciones, según el primer edil, se arbitrarán en torno al nuevo PGOU que está en proceso de redacción. «Con el nuevo PGOU pretendemos recuperar la normalidad y que el Consell nos devuelva las competencias en urbanismo, que asumió ante la nefasta gestión del anterior equipo de gobierno del PSOE», señaló el alcalde.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Antonio José Bellido, apostilló que con el PGOU y el consorcio a crear se pretende «regularizar las casas, no legalizar porque eso es imposible».

Al margen de las actuaciones y objetivos del Ayuntamiento de Catral y de la Generalitat, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela continúa con la investigación sobre las supuestas irregularidades urbanísticas de Catral denunciadas en 2004 por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU).

En este proceso, el ex alcalde del PSOE de Catral, José Manuel Rodriguez Leal, esta imputado por un supuesto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio ante la construcción de más de 1.300 casas ilegales en el término municipal, así la juez citada tuvo que reabrir el caso el 19 de diciembre del pasado año, al admitir un recurso de reforma presentado por la Fiscalía de Alicante tras haber procedido a su archivo provisional.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el urbanismo ilegal y el actual equipo de Gobierno de Catral es erradicar la contaminación producida por el vertido de aguas residuales urbanas del más del millar de casas diseminadas por toda la huerta de Catral. Estas aguas en la mayoría de los casos son vertidas a pozos ciegos o sistemas de riego de huerta, aunque también el alcalde de Catral explica que uno de los objetivos fundamentales es que no se vierta ni un solo litro de agua. Para ello, indica, se pretende ampliar la red del sistema de alcantarillado por la huerta, aunque descartó que éste llegue a todas las casas ilegales diseminadas por el alto coste económico.




* Información - Vega Baja - E.D.G. - 05 de septiembre de 2007
Foto: Construcción de una vivienda sobre la huerta de Catral, en una imagen captada ayer - ANTONIO SÁNCHEZ - diarioinformacion.com



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Ná te debo, ná te cobro

CARLOS LUIS RODRÍGUEZ* : Raquitismo fiscal y desorden urbanístico son manifestaciones de una misma dolencia: el paternalismo político galaico. Podría definirse como el empeño en tratar al vecino como menor de edad, acostumbrándolo a vivir sin obligaciones. No cobrar tributos y hacer la vista gorda con la casa ilegal o el galpón sin licencia forman parte de una cultura que comparten, en mayor o menor medida, regidores y electores repartidos por todas las siglas reinantes. Por ceñirnos a lo fiscal, las pautas que siguen cantidad de concellos del país se resumen en la letra de La bien pagá. Ná te debo, ná te pido, o lo que es lo mismo, nada te cobro, nada te hago.

De acuerdo con este pacto tácito, el alcalde abdica de su condición de gestor, para hacerse mendicante. La energía y elocuencia que debiera emplear en convencer a sus ciudadanos de que compensa pagar y recibir servicios adecuados se emplea en una incesante peregrinación por las administraciones y entidades financieras en busca del parné.

Lo cual ocasiona que muchas entidades locales se conviertan en protectorados. Tienen gobiernos que en la práctica dependen de la generosidad de terceros. Esa dependencia podría romperse con una fiscalidad diferente, pero ¿quién se atreve a tocar ese tabú? Se admite que vivir en esa situación desvirtúa la autonomía local, pero se sabe también que los pioneros que se atrevan a cobrar como es debido serán sacrificados en lo alto de la urna.

Ahí tenemos el ejemplo del mayor fustigador de este pecado fiscal, que es el profesor Xaquín Álvarez Corbacho. Fue alcalde antes que experto, sufriendo en sus carnes inexpertas las consecuencias de aplicar el rigor a vecinos que querían otra cosa. Y eso que su peripecia en O Grove data del 79 del siglo pasado, cuando la gente todavía podía ser educada en una fiscalidad local y un urbanismo diferentes.

No se hizo. Entre las muchas cosas que se hicieron en los municipios faltó inculcar la idea de que hay un bienestar colectivo que ha de ser sufragado colectivamente. Así, después de aquel 79 inaugural se sucedieron campañas en las que pocos candidatos osaron destapar el asunto. Alguien, no el amigo Corbacho que bastante tiene con lo suyo, debiera analizar la oratoria de esas campañas porque seguramente nos encontraríamos con que su base fundamental es exigir y reclamar a otras administraciones que hagan esto o lo otro.

No hay que ser demasiado optimista en esta cuestión. El sistema imperante no es bueno ni justo; impide que se tengan servicios adecuados, y trata por igual a los vecinos, con independencia de su renta. Sin embargo parece complacer a todos, incluyendo a los políticos extramunicipales que así tienen dominados a determinados concellos. Estamos ante un círculo vicioso pero que, como sucede con otros vicios, produce un innegable placer.

La de don Xaquín seguirá siendo la voz que clama en el desierto. Contra sus sensatas admoniciones tributarias, está la experiencia de alcaldes que llevan muchos años en esta situación precaria sin que el paisanaje los castigue. Practican una mezcla de liberalismo extremo y paternalismo. Ganan porque no cobran, les votan porque no les pagan, y así van tirando.

¿Cómo convencerlos de que hay otra forma de gestionar? Pues tal vez estarían más inclinados a probar, si el propio Corbacho dejara el Consello de Contas, habitara entre nosotros y presentara sus ideas en una campaña. A ver qué pasaba.





* El Correo Gallego - Opinión - 04.09.2007



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La Fiscalía investigará el convenio de Aramón con Montanuy

NEVASPORT* : La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca abrirá diligencias para investigar si el convenio urbanístico entre Aramon y el Ayuntamiento de Montanuy (Huesca) para ampliar la estación de Cerler hacia Castanesa constituye o no una actuación de carácter delictivo. La investigación se pondrá en marcha a partir de la semana que viene. El ministerio público ha decidido poner en marcha las diligencias tras remitirle la Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TC) la documentación sobre el asunto que le envió la asociación Naturaleza Rural, que denunció el pasado mes de julio el citado convenio.

El TC rechazó abrir un expediente, como le había solicitado la entidad, y optó por remitir la documentación aportada por los vecinos a la Audiencia de Huesca “por si fuera procedente el ejercicio de acciones penales”. El convenio entre Aramón y el ayuntamiento de Montanuy se perfila como una recalificación “a la carta”. Aramón se compromete a financiar la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y el consistorio a cambio clasifica como suelo residencial “una o varias zonas aportadas” por la promotora, las cuales “serían las primeras a desarrollar en el horizonte de los próximos diez años, aptas para implantar viviendas libres, viviendas sociales y los servicios requeridos”.

Todo esto suma 2.300 segundas residencias en terrenos de Aramon, 1.200 para otros promotores y 3.500 plazas hoteleras. Aramon se compromete a invertir los beneficios obtenidos con esas iniciativas en la puesta en marcha de un complejo invernal con cuatro dominios esquiables y remontes de varios kilómetros de longitud.

Paralelamente, el municipio recibiría, ya urbanizado, el 10% del suelo de los planes parciales y unidades de actuación que se fueran desarrollando. El documento señala que “la superficie de suelo urbanizable que debe entrar en el convenio será la necesaria para asegurar la viabilidad del proyecto”. El PGOU fue aprobado por el Ayuntamiento el pasado mes de julio con los votos a favor de los 4 concejales del PSOE y los votos en contra de los tres concejales del PAR (2) y CHA (1).




* Nevasport Noticias - Catalunya-ivan 29/08/2007
Foto: Montanuy (Huesca) - Servicio Especial


Noticia relacionada: El Tribunal de Cuentas envía a Fiscalía de Huesca el convenio de Castanesa /El Periódico de Aragón



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Caso Andratx: más imputados en la presunta trama de corrupción urbanística

EFE/Mallorca* : El titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Álvaro Latorre, interrogó hoy a más imputados en el "caso Andratx", la supuesta trama de corrupción urbanística en ese municipio mallorquín que investiga desde el pasado mes de noviembre. El juez, junto al fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, y los abogados personados en la causa, estuvieron presentes en las declaraciones correspondientes a una de las más de 60 piezas separadas del sumario principal.

En los próximos días está previsto que comparezcan en tres ocasiones los principales imputados en el "caso Andratx", el ex alcalde Eugenio Hidalgo, el ex celador municipal del municipio Jaume Gibert y el ex director general de Ordenación del Territorio del anterior Govern Jaume Massot.

Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de un centenar de personas supuestamente vinculadas a los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción, que imputa a los principales acusados de la comisión de al menos seis delitos, entre ellos cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.

A la larga lista de imputados, se ha unido el presidente del Consell Consultiu, órgano de consulta del Ejecutivo balear, Miguel Coll, que ya ha prestado declaración ante el juez en la pieza abierta por la millonaria reclamación de una empresa inmobiliaria contra el Govern por la pérdida de unos derechos para construir una urbanización en el Puerto de Andratx.

El "caso Andratx" estalló en noviembre de 2006 con la detención del entonces alcalde de ese municipio Eugenio Hidalgo y el celador Jaume Gibert. Ambos ingresaron en prisión en dos ocasiones y, más tarde, un auto dictado por la Audiencia de Palma ordenó su puesta en libertad.




* Mallorca Confidencial - 04-09-2007
Foto: Andratx (Mallorca) - mallorcaconfidencial.com



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La crisis tiene dos caras

JOSÉ Mª GARCÍA-HOZ* : Ocupados como estábamos en determinar las consecuencias en España de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, hemos acabado por confundir las incertidumbres que hoy dominan el escenario financiero mundial con la propia incertidumbre sobre el crecimiento de la economía nacional. Siendo verdad que una eventual crisis en la economía financiera del mundo repercutiría muy negativamente en España, no resulta menos cierto que, independientemente de que el sistema financiero mundial vaya bien o vaya mal, la economía española se enfrenta ahora a desafíos que no tuvo en los últimos doce años. La raíz del problema español se llama vivienda. Todo tiene un límite; en el sector inmobiliario y de la construcción en España, el límite está en las 800.000 viviendas que se han construido y vendido anualmente durante el último lustro: esto ya no da más de sí.

Esa ya es una cifra irrepetible, este año se terminarán «sólo» 600.000 casas, y no es seguro que lleguen a venderse, aun sumando la demanda de los inmigrantes, con la de los guiris que vienen a jubilarse, con la de los jóvenes que quieren vivir dignamente lejos de la casa paterna y con la de los inversores que compran casas para ahorrar o especular (que en el fondo es lo mismo: el que ahorra especula no vendiendo porque piensa que los precios no bajarán, y el que especula vende porque cree que sí bajaran).

En los últimos años las casas han proporcionado, además de techo físico para sus moradores, una plataforma financiera desde la que sus propietarios se endeudaban y consumían. Como el valor de la vivienda no dejaba de subir, no existía límite de crédito ni del consumo correspondiente. Económicamente, España, con un espectacular crecimiento del consumo interno, y por tanto del conjunto del PIB, era el pasmo del mundo y la envidia de sus socios europeos, cuyos consumidores no acababan de arrancar; pero, como digo, el límite ya ha sido alcanzado.

La única pregunta que cabe hacerse gira en torno a si la fiesta en la discoteca acabará con la despedida paulatina de los clientes después de satisfacer sus respectivas facturas o con la irrupción de la Policía, llamada por el dueño ante la negativa del personal a pagar la cuenta. Ya se conoce el pronóstico del vicepresidente económico del Gobierno, pues el viernes pasado manifestó que el aterrizaje sería suave; con el debido respeto, cabe señalar que nunca se ha visto a ningún responsable económico de ningún país decir que las cosas irían a peor, es decir, que el señor Solbes no puede decir otra cosa que la que dijo.

Con este marrón del fin del boom de la construcción como perspectiva interna, lo menos oportuno ha sido la borrasca financiera internacional, cuyos orígenes no guardan relación alguna con la situación española y cuyas consecuencias más catastróficas parecen haberse despejado, por lo menos de momento. Pero así como los huracanes dejan a su paso un paisaje de desolación y ruina, esta turbulencia financiera ha dejado una estela de suspicacia hacia todo aquél que debe dinero o pide un préstamo. Una vez más, hemos pasado de calvos a taparnos con siete pelucas: de no detectar ningún riesgo en ninguna operación, por muy subprime que ésta fuera, los banqueros internacionales y nacionales han pasado a sospechar unos de otros, y todos de los clientes no financieros.

Esa desconfianza generalizada hacia los deudores es noticia mala para quien tiene un montón de deudas, ya sea un país, como España, o unos particulares, como empresas y personas españolas. Restringir, o endurecer, el crédito sólo puede contribuir a hacer más brusca la frenada del conjunto de la economía. Pero ésa es una decisión que ya no está en manos españolas: por un lado, los tipos de interés los marca el Banco Central Europeo y, por otro, una parte muy significativa de los créditos e hipotecas concedidos a empresas y particulares está financiada con dinero de bancos extranjeros, porque los españoles ya no tenían más capacidad: aquí también se ha llegado al límite. Esperemos que no suba el nivel del agua.


josemaria@garcia-hoz.com




* ABC - Opinión - 4 de septiembre de 2007



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¿Crisis inmobiliaria?

GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL* : Las agencias que se benefician de la intermediación entre comprador/ofertante o arrendatario/arrendador de viviendas comienzan a sufrir los efectos del llamado 'cambio de ciclo inmobiliario'. Estas empresas se lucran a cambio de absorber el mercado inmobiliario, y así obligan a los agentes involucrados a tener que recurrir a sus servicios. Debido al juego especulativo de estas empresas, el precio de alquiler y compra de una vivienda ha subido de forma estrepitosa en los últimos años.

No obstante, el 30% de las agencias inmobiliarias que operan en España podrían cerrar en 2007, mientras que el resto adaptarán sus fórmulas de marketing para poder seguir beneficiándose de esta coyuntura en el mercado, y evitar la reducción de ventas de viviendas que desde el segundo trimestre del año viene anunciando el inicio de un nuevo ciclo en el sector, según la Red de Expertos Inmobiliarios (REI).


La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI) ya pronosticó hace unos meses que esta situación podría provocar el cierre de una de cada tres agencias inmobiliarias, de forma que se clausurarían 18.000 de las cerca de 60.000 oficinas que hay en España, según sus datos.

Expertos del sector consideran que serán sólo las pequeñas agencias inmobiliarias especializadas en el mercado residencial de segunda mano y aquellas que no tengan un negocio diversificado, las que sufrirán las consecuencias del descenso de ventas.

"Antes, la intermediación inmobiliaria estaba regularizada, pero en 2004 se cambió la norma y comenzaron a surgir multitud de pequeñas agencias que han funcionado mientras ha habido negocio", explicó el consejero delegado de la inmobiliaria. Que tambien confirmó "que el sector inmobiliario ha sufrido un parón muy importante desde el segundo trimestre del año, que se ha materializado en un descenso de las ventas de viviendas, situación ante la cual muchas agencias no pueden aguantar".

Este hecho está afectando a firmas como Re/Max, Best House o Look & Find, que se están viendo obligadas a cerrar oficinas por la falta de negocio, y que tendrá que despedir a miles de trabajadores.

El mes de septiembre será el eje que hará conocer el alcance de la desaceleración del mercado en el ámbito de las agencias inmobiliarias, o lo que es lo mismo, que hará ver cuantas agencias vuelven a abrir tras haber colgado el cartel de cerrado por vacaciones.




* Grupo de Acción Social - 04-09-2007
Foto: Se alquila - europapress.es



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Un experto asegura que las costas españolas son "irrecuperables"

ELPERIÓDICOdeARAGÓN* : El catedrático de Ecología y presidente de WWF-España (Adena), Francisco Díaz Pineda, sostuvo hoy que las costas españolas son "irrecuperables" debido a que las frecuentes construcciones han creado una "barrera de hormigón" que, a su entender, "ha roto la conectividad territorial" del litoral con el resto de los espacios. En declaraciones a los periodistas, en el marco de los cursos que organiza la Universidad Internacional de Andalucía en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), Díaz Pineda consideró que en los planteamientos actuales, donde los valores naturales son "un atractivo enorme" para el turismo, "se han perdido cosas irreemplazables" como determinadas culturas rurales. Asimismo, subrayó que, si se viaja desde Tarifa (Cádiz) a Cataluña y se tiene "algo de sensibilidad ambiental", la situación es "muy lamentable".

De igual modo abogó por no culpar a los mandatarios de entonces por estos motivos ya que en la década de los años 60 y 70, cuando se puso en marcha el modelo turístico, "no se tenia la conciencia ambiental de hoy". "Si hubiéramos canalizado el turismo por la vía cultural --observó-- nos hubiera asegurado un futuro turístico mas halagüeño que el que tenemos ahora". Esto no implica, según el catedrático, "que se sustituya el turismo de masas por el cultural" y es que "no todo está acabado", ya que el turismo cultural "debe crecer como complemento al masificado hasta llegar a sustituirlo". Al hilo, hizo mención a la preocupación del Gobierno por las zonas costeras y detalló los "pasos importantes" que se han dado en la materia "por lo menos en la declaración de intenciones" para crear zonas protegidas en el mar, a pesar de que abogó por "pasar ahora a la realidad".

A este respecto, apuntó que "los primeros beneficiados" de la creación de esas zonas y de este uso sostenible son los propios pescadores, ya que las especies "consiguen rehacer su población cuando la tasa de explotación comienza a ser inferior que la tasa de recuperación". Así, destacó que la conservación de la naturaleza "si se hace bien es económicamente rentable", aunque en la actualidad y a su entender, "escasean los expertos que hagan trabajo de calle". De otro lado, explicó que los ríos son "el resultado de una trama de relaciones territoriales que convergen en algo que las desagua" por lo que el agua de los mismos "denuncia y refleja la gestión de un territorio entero". Según afirmó, las aguas de los ríos españoles "no podrán volver nunca a ser lo que eran", ya que los territorios están "muy alterados y no se les ha tenido en cuenta".

Seguidamente, Pineda concretó que el patrimonio "fundamental" de la naturaleza de los suelos mediterráneos que "se ha perdido en gran medida" es el humus. Si no se preserva esta materia, formada por los organismos que se pudren lentamente gracias a la acción de las bacterias y los hongos, "no tendremos agua, ni agricultura, ni águila imperial". Por ello, aseguró que recuperar el humus del suelo "requiere siglos" y matizó que, para conseguirlo, se necesita "una apuesta firme y convencida" de las industrias agrícolas, en las que el suelo hoy en día "ha pasado de ser el capital a ser el soporte de la producción".

PROTECCION DEL PAISAJE CULTURAL

A continuación, Díaz Pineda apuntó que la cultura mediterránea está "impregnando" el territorio español y que en él "cabría hablar más de conservación del paisaje cultural rural que de la conservación de la naturaleza salvaje", por lo que aclaró que el reto de la conservación en España está en "proteger el paisaje cultural rural". En la misma línea puntualizó que, aunque los espacios naturales protegidos son "un logro" de la conservación de la naturaleza porque en ellos "existe un soporte jurídico en el que basar la práctica", es necesario "difuminar la idea de frontera ecológica" que existe entre el espacio protegido y lo que le rodea porque el agua, los animales, el movimiento de ganado y las fincas "no entienden de fronteras".

Esta relación, denominada por el experto como 'movilidad o conectividad horizontal', también sucede de forma vertical y está basada, según explicó, en las relaciones que se establecen entre el espacio territorial y la estructura socioeconómica del mismo. Los municipios son "una combinación de estructuras socioeconómicas que se reflejan históricamente en un paisaje". Por ello, insistió en que la conservación esta "anticuada" como logro y expresó que los retos de la próxima década se centrarán en "conservar fenómenos físicos y procesos" entre los que se encuentran procesos rurales culturales "que además se están perdiendo a una gran velocidad" y cuya conservación "pone muy nerviosos a los políticos", a pesar de que indicó que la Junta ya encargó un estudio al respecto.





* EL Periódico de Aragón - 03/09/2007
Foto: Torremolinos (Málaga), vista aérea - SUR



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A veces hay cosas que salen bien

FRANCESC ARROYO* : "Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada". Son versos de Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo, que vienen a cuento porque, tal vez, los poetas son quienes mejor pueden explicar las cosas: solos no son nada; juntos pueden cambiar el mundo. Sirven aquí para narrar una historia de la que se dio cuenta en esta misma sección a finales de junio: un grupo de vecinos del barrio barcelonés de Sant Gervasi se había conjurado para la extraña misión de salvar un azufaifo (ginjoler, en catalán) centenario, amenazado por la vorágine urbanística.

Dos meses después, los vecinos han triunfado. El Ayuntamiento de Barcelona les ha comunicado su voluntad de que se salve el azufaifo y, más aún, de conseguir que lo que fuera su hábitat, otrora jardín de una casita hoy derruida, se convierta en espacio público cuyo destino final no está aún determinado.

Los vecinos están encantados y han organizado para el próximo 16 de septiembre la "fiesta del azufaifo", en la que, no podría ser de otro modo, habrá un recital poético.

Isabel Núñez, una de las almas de esta batalla, se muestra exultante (sin olvidar la vigilancia), porque, dice, se trata de evitar que se instale en el antiguo jardín un "equipamiento de hormigón" que acabara con el árbol. Pero la incertidumbre es, en este caso, menor al lado de la alegría por la victoria. En un escrito, reflexiona: "Incluso en una cosa tan pequeña como ésta, hemos tenido adversarios", entre los que cita a "todos aquellos que desaprueban que alguien se moleste en defender un árbol cuando hay tanto sufrimiento humano en la Tierra, como si una reivindicación negara a la otra, como si impedir que ganen siempre los intereses inmobiliarios excluyera todo lo demás".

Este pequeño triunfo es, en buena medida, el triunfo de una forma de vida. Sant Gervasi es aún un pequeño pueblo en el que no se ha impuesto la anomia ni el anonimato propio de la gran ciudad. Dispone aún de un tejido urbano, gente que se conoce y se saluda, que habla de las cosas pequeñas sin desdeñar las grandes.

Hoy, en la ciudad, hablar con el vecino es casi un acto revolucionario. Saludar a quien comparte la parada del autobús parece un acto antisocial. Conviene volver al poema, el mismo que abre este texto: "Tu destino está en los demás / tu futuro es tu propia vida / tu dignidad es la de todos".

Por una vez, algo funciona. ¡Hasta la fiesta del azufaifo!





* ELPAIS.com - Barcelona - 03/09/2007




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Alcanar protesta contra el depósito de gas de Vinaròs

ELPERIÓDICO* : Unas 5.000 personas realizaron ayer una marcha desde Alcanar (Montsià) y una finca de la partida de la Devesa, en el término de Vinaròs (Castellón), para expresar su oposición al proyecto Castor. Éste prevé el aprovechamiento del antiguo pozo petrolífero Amposta, situado frente a la costa de ambos municipios, como almacén de gas, así como la construcción de una planta de tratamiento en los terrenos que ayer pisaron los manifestantes, a menos de dos kilómetros de Alcanar.


La Plataforma en Defensa de las Tierras del Río Sènia, organizadora de la protesta, argumenta que el proyecto implica un riesgo para la salud y fundamenta su oposición en su impacto paisajístico, medioambiental y económico. En ese aspecto, alude a las repercusiones para la pesca que podría tener el almacén submarino y la tubería de 20 kilómetros que uniría el depósito con la planta de regasificación. Sobre esta última instalación, consideran que afectaría a la agricultura y, en especial, al turismo, en una zona aún sin explotar urbanísticamente.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

La protesta reunió a una buena representación de partidos políticos de Alcanar, así como a varios alcaldes y dos diputadas de la zona. Se echó en falta, sin embargo, a miembros del gobierno de Vinaròs, si bien el Ayuntamiento tiene previsto realizar hoy lunes un pleno para exponer su rechazo al proyecto. Sí estuvieron presentes algunos cargos políticos del PP, entre ellos representantes en la Diputación de Castellón y el dirigente del PP catalán Alberto Fernández Díaz, que veranea en la zona.
El teniente de alcalde de Alcanar, Josep Mª Sancho (ERC), aseguró: "Tenemos que decir que no porque se nos está expoliando y se nos dispensa un trato colonial, trayéndonos toda la basura sin dejar riqueza". Sancho emplazó a los ciudadanos de las comarcas del Ebro para que se opongan a la planta de tratamiento, "cuya chimenea --señaló-- será visible desde el delta del Ebro".

El portavoz de la plataforma, Joan Ferrando, defendió como alternativa "la construcción de varios depósitos de menor envergadura y ubicados en aquellas zonas donde hay mayor demanda". Ahora esperan la comparecencia del ministro de Industria, Joan Clos, ante el Congreso, para explicar el proyecto.





* El Periódico - SíLVIA BERBíS - 3/9/2007
Foto: Manifestantes, ayer durante un momento de la protesta /JOAN PUIG (El Periódico)


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