EFE* : "Una comisión de investigación de la Unión Europea podría viajar el próximo otoño a Aragón para analizar presuntos casos de urbanismo irregular o desordenado que IU ha agrupado en una queja y que ha servido para que Europa abra diligencias. El eurodiputado de IU Willy Meyer compareció hoy en Zaragoza en una rueda de prensa para explicar el procedimiento que las autoridades europeas van a seguir en su investigación. Así, está previsto que una delegación de IU-Aragón exponga en el Parlamento Europeo su queja y los motivos de la misma, ante un representante de la Comisión Europea, y el Grupo de Izquierda Unida en Bruselas, a su vez, pedirá que una comisión de investigación viaje a Aragón para evaluar sobre el terreno las decisiones urbanísticas sobre las que hay sospecha.
La comparecencia de los peticionarios podría producirse a la vuelta de las vacaciones y la comisión de investigación podría viajar a Aragón en el otoño.
Con toda la documentación en su poder, la comisión de investigación elevará un informe para su votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento que establecerá lo que es necesario corregir en los casos que comprende la queja de IU-Aragón.
En ella se incluyen los casos de las actuaciones urbanísticas en todas las estacione de esquí de Aragón, en Jaca, Sabiñánigo, Biescas y, más recientemente, Berdún (población de poco más de 250 habitantes donde se prevé hacer 1.500 viviendas), así como, en Teruel, Camarena, Monteagudo, San Agustín y las sierras de Gúdar y Javalambre.
También se incluye Zaragoza y toda su área metropolitana, en un cinturón de 25 kilómetros a la redonda.
Meller explicó que su intención es cerrar el actual periodo de sesiones del Parlamento Europeo -que acaba este mes- con un calendario fijado para el proceso.
Cuando la Comisión Europea tome una determinación, la trasladará al Estado español, que debe tomar las medidas necesarias para subsanar los errores.
Meller dijo que en el caso de que el Estado en cuestión haga caso omiso, el asunto puede llegar a los tribunales, que en función de las directivas europeas actúan con exigencia de rectificación o imponiendo sanciones e indemnizaciones.
Aunque la queja es sobre varios proyectos, la resolución será tomada "caso por caso" y en función de qué directivas comunitarias (agua, evaluación ambiental, etc) incumple, presuntamente, cada proyecto denunciado.
El coordinador general de IU-Aragón y diputado electo, Adolfo Barrena, insistió por su parte en que hay todavía una oportunidad de evitar "este tipo de situaciones", toda vez que las leyes de Ordenación Territorial y Urbanística de Aragón están paralizadas desde mayo, y su aprobación con nuevos criterios podría abrir la posibilidad de retomar un urbanismo "en función de las necesidades de Aragón y de las directivas europeas".
Para Barrena, el urbanismo que se desarrolla actualmente en la Comunidad responde no al interés general, sino al particular y al de determinadas empresas, como Montañas de Aragón (ARAMON).
* El Periódico de Aragón - 11/06/2007
Foto: Formigal entorno estación /Ecologistas en Acción
Una Comisión de la UE podría investigar en Aragón casos de urbanismo irregular
El suelo para pisos en las ciudades gallegas triplicó al de parques desde el 2000
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S.Basterrechea.- LaVozdeGalicia* : "El tópico de la Galicia verde cae por su propio peso en las ciudades. Las siete grandes urbes gallegas suman entre todas unos diez millones de metros cuadrados de parques y jardines públicos. El dato, de entrada, puede parecer positivo, pero una vez comparado con las cifras de la construcción se queda en mediocre: las ciudades de la comunidad autónoma gallega son más bosques de cemento salpicados por algún que otro oasis de verdor que modelos de un urbanismo que planifica en color verde.
Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), la superficie edificada de nueva planta para uso residencial ha crecido en el conjunto de las siete urbes un total de 9.015.201 metros cuadrados entre los años 2000 y 2005. Sin embargo, mientras el hormigón aumentó a buen ritmo en el paisaje urbano, las zonas verdes se quedaron rezagadas. Los datos facilitados por los propios ayuntamientos revelan que en los últimos cinco años estas áreas aumentaron 3,4 millones de metros cuadrados (pasaron de cerca de 6,5 millones hacia el año 2002, a los casi 10 actuales). Es decir: el espacio para construcción de viviendas triplicó al que se destinó a nuevos parques y jardines.
A Coruña fue la ciudad que más suelo reservó para levantar pisos, con 2,3 millones de metros cuadrados; seguida de Vigo, con 1,5 millones; Lugo, con 1,4, y Santiago, con 1,3. En la ciudad olívica, además, las zonas verdes únicamente crecieron 10.000 metros cuadrados en los últimos cinco años, pasando de 1.790.000 que había en el 2002 a 1.800.000 que contabiliza ahora. Claro que, como matizaban desde el propio Concello, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de su aprobación definitiva, contempla la creación de cuatro millones de metros cuadrados más de zonas verdes.
156 veces más cemento
Mientras eso no ocurra, el cemento se habrá expandido en los últimos años en Vigo 156 veces más que el césped. En mucha menor proporción, también lo ha hecho en Ourense (10 veces más suelo edificado que de zonas verdes), A Coruña (4,6 veces), Ferrol (3), Santiago (2,4) y Lugo (1,5).
La excepción a esta regla la marca Pontevedra, la única urbe gallega que ha invertido la proporción. Según datos del Instituto Galego de Estatística, la ciudad del Lérez destinó un total de 929.000 metros cuadrados a nuevas viviendas desde el año 2000. En ese mismo período creó 1.217.600 metros cuadrados de parques y jardines públicos
El otro gran despegue en cuestión de parques y jardines lo ha protagonizado Lugo, donde se han triplicado este tipo de áreas al pasar de los poco más de medio millón de metros cuadrados de zonas verdes de los que disponía hace cinco años al casi millón y medio con el que cuenta actualmente.
Si se tuvieran en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece una ratio media de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante, sólo Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense merecerían el aprobado.
* La Voz de Galicia - 11 de Junio de 2007
Foto: Hórreo del Parque de Santa Margarita (A Coruña) /Marcus - wikipedia.org
El TSJ anula el Plan General Forestal en el que se apoyan decenas de planes urbanísticos
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J.Sierra.- Levante* : "EL Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado nulo por ser «contrario a derecho» el Plan General de Ordenación Forestal aprobado en 2004 por la Generalitat Valenciana lo que obligaría a revisar todos los instrumentos urbanísticos aprobados con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma y que estén apoyados en todo o en parte en alguna de sus disposiciones. Territorio sigue dando por válido el texto legal pese a que el auto es de enero de 2007.
La sentencia es firme -tan solo cabía un recurso de casación que no fue presentado en su momento por la Generalitat- y aplicable desde el 26 de enero de 2007, cuando se dictó, aunque la conselleria de Territorio y Vivienda ha ocultado su contenido, ha permitido que los ayuntamientos y promotores siguieran presentando planes afectados por el Plan General de Ordenación Forestal (PGORF) e incluso aprobó una nueva normativa, el decreto 66/2007 de 27 de abril por el que se desarrolla el Registro de Terrenos Forestales Incendiados de la Comunitat Valenciana, que remite, para delimitar qué es «terreno forestal» al PGORF, que para entonces ya estaba declarado «contrario a derecho». La sentencia supone que cualquier inclusión en el registro de una zona incendiada sería también, si se recurre, «contraria a derecho» en cuanto que se basa en una delimitación del suelo forestal que también lo es desde el momento en que la decisión judicial anula el decreto 106/2004.
Ignoró al consejo asesor
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aceptó el recurso presentado por Jorge P. G. solicitando la anulación del decreto por carecer del «preceptivo informe del Consejo Forestal de la Comunidad Valenciana, así como del trámite de información pública a las Entidades Locales y al resto de las Administraciones Públicas afectadas...» Además, alegaba que el decreto omitió «el trámite de evaluación medioambiental» previsto en la ley valenciana.
Sobre el fondo del asunto, el demandante argumentaba que las «imprecisiones» del contenido normativo del PGORF «generan inseguridad jurídica proscrita por el artículo 9 de la Constitución Española». A la Sala del TSJ le ha bastado con analizar la primera parte del recurso para declarar nulo el decreto ya que considera que la omisión del preceptivo informe legal «determina... la nulidad de la aprobación de esta norma reglamentaria, de conformidad con la reiterada doctrina jurisprudencial...»
Blasco echó a los ecologistas
La Sala explica en sus razonamientos que las competencias para emitir un informe previo en materia forestal asignadas al Consejo Forestal de la Comunitat Valenciana en la ley 3/1993 fueron transferidas al Consejo Asesor de Participación de Medio Ambiente (CAPMA) por una ley, la de acompañamiento a los presupuestos, aprobada en 2003 por el Consell.
Víctor Navarro, uno de los portavoces de Acció Ecologista-Agró y representante de esta organización en el CAPMA, recordaba que en marzo de 2004 el entonces conseller de Territorio y Urbanismo, Rafael Blasco, decidió excluir del órgano asesor a Ecologistas en Acción y a Acció Ecologista-Agró, las dos voces más díscolas con las normativas que dictaba en materia de medio ambiente y los sustituyó por dos organizaciones de ámbito nacional: Seo/Birdlife y WWF/Adena.
Noticia relacionada: «Ocultar la sentencia es una indecencia moral y política»
* Levante-EMV - 11 de junio de 2007
Foto: M. Molines (Levante)
Buenas noticias en torno al urbanismo
Vicente Guallart* : "En los últimos meses el urbanismo se ha convertido en el centro de un debate político y mediático en España, debido tanto al reconocimiento de desarrollos urbanos que se han demostrado irregulares, como a que gran cantidad de planes y proyectos acometidos no responden a las expectativas de la sociedad en relación a su territorio. El problema no sólo es que se descubren situaciones ilegales, sino que además aquello que vemos construido en el territorio no nos gusta. El gran desarrollo urbanístico de los últimos años, ocurrido en toda España y a todos los niveles, se ha producido en un momento en el cual el urbanismo parece que ha dejado de ser una disciplina relevante, concentrándose las ciudades más en crear iconos emblemáticos que en generar sistemas urbanos y territoriales de calidad. La actual situación de crisis es por ello una oportunidad para pensar esta situación, y fomentar el debate en torno a los mecanismos de construcción de la ciudad y el territorio con el fin de garantizar que los futuros desarrollos no sólo sean legales, sino que sean buenos.
Porque el desarrollo urbano no ha terminado. En los próximos años se deben crear condiciones para la habitabilidad de jóvenes y mayores con precios y equipamientos adecuados, se debe saber gestionar la integración de población inmigrante en nuestras ciudades, se deben crear territorios para el desarrollo turístico que sean sostenibles a medio y largo plazo, se debe proteger e integrar el paisaje en torno a las ciudades, y valorar no sólo cuantitativamente, sino cualitativamente, los proyectos urbanos. Para ello cabe reconocer al menos cinco estrategias clave para que aquello sea posible.
1. La ordenación del territorio hay que pensarla simultáneamente a múltiples escalas. Ya no habitamos en metrópolis compactas sino metápolis discontinuas, en las que la alta velocidad de trenes o de Internet, comprime el territorio. Por lo tanto el objeto del urbanismo debería ser crear hábitats completos y complejos que sea capaz de ordenar esa ciudad discontinua que habitamos, a todas las escalas, desde la protección de parajes naturales a crear barrios y edificios que fomenten la interacción social. Hace falta un urbanismo multiescalar.
2. La escala de decisión para ordenar el territorio ya no es sólo municipal. Los planes generales sirvieron históricamente para abordar el crecimiento de las ciudades sobre terrenos agrícolas y para ordenar la gestión del suelo urbano. Hoy, al tiempo que múltiples núcleos urbanos se han encontrado con sus vecinos, el proyecto del paisaje y la naturaleza es clave para crear calidad de vida en el territorio. Por ello, hay que crear los mecanismos supramunicipales y en muchas ocasiones a escalas de toda una región, con el fin de abordar la ordenación simultánea del territorio, tanto lo construido como lo natural.
3. El urbanismo necesita integrar la energía y la gestión de recursos en su desarrollo. Tradicionalmente la energía ha sido un recurso externo que hacía funcionar la maquinaria urbana. Pero debido a las condiciones relacionadas con el calentamiento global, hay que fomentar un nuevo modelo de creación y distribución de los recursos que fomente la generación de la energía en el lugar que se consume, a través de sistemas pasivos, así como fomentar el reciclaje inteligente del agua.
Por ello el diseño de la gestión de recursos y del desarrollo urbanos han de hacerse simultáneamente, desarrollando nuevas tecnologías vinculadas al diseño de edificios, a la gestión de los barrios, o al planeamiento territorial.
4. Hay que fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio. Y esto hay que hacerlo de forma sistemática, democrática y estructurada. Evitando tanto el oscurantismo, como el estado permanente de manifestación social. El consenso social no hace sino añadir valor a un proyecto, y por ello la triada entre políticos, técnicos y ciudadanos ha de aprender a trabajar de forma coordinada, aceptando además que la iniciativa de los proyectos estratégicos podrá surgir de cualquiera de estos tres polos. La ciudad y el territorio ya no se gestionan sólo desde lo público.
5. Hay que integrar el ’software’ y las nuevas tecnologías en el urbanismo y en la ciudad. Los futuros planes generales serán aplicaciones on-line, simuladores en los que en tiempo real se puedan conocer los efectos sobre el territorio de una decisión. Además, hay que fomentar el uso del software y las redes sociales para crear barrios y comunidades cohesionadas, evitando fenómenos de exclusión con efectos tan devastadores como han producido en países vecinos.
España es uno de los lugares del mundo con las mejores ciudades históricas y pioneros de los mejores ejemplos urbanos de la era industrial. Por ello, debemos de ser capaces de abordar la era de la información creando nuevos referentes urbanísticos y territoriales que cumplan con las exigencias medioambientales necesarias para vivir en un territorio de más calidad. Ya hay iniciativas por todo el territorio que lideran este cambio de ciclo y que por ello puede ser el momento de generar buenas noticias en torno al urbanismo.
* Vicente Guallart, arquitecto y director del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña - artículo publicado en EL PAÍS, 09/04/07.
*Bitácora Almendrón - Tribuna Libre - 9 de Abril de 2007
Alicante: las urnas dan el sí a planes urbanos en varios pueblos
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J.RAMOS/J.L.OBRADOR.- 20minutos* : "La mayoría de municipios alicantinos salpicados por polémicas urbanísticas que han revalidado el poder local en manos del mismo partido, (Alicante, El Campello, Torrevieja, Orihuela, Tormos, Tibi) construirán miles de viviendas. Pero donde ha variado el signo político (Aspe o Xixona) o puede cambiar (La Vila), apuestan por paralizarlos. El Plan Rabassa sigue adelante, con sus 15.000 viviendas para Alicante. Igual que las 46.000 y dos campos de golf de El Campello, las 1.500 de la oriolana cala de la Mosca, o las 9.800 de Torrevieja, donde además se investiga si el alcalde (PP) dio un pelotazo de cinco millones de euros con unos terrenos.
El alcalde de Tormos (Vicente Javier Ripoll, PP), escogido por sorteo con una moneda de 20 céntimos tras el empate con el PSOE, opina que el nuevo Plan General, con un millón de metros cuadrados (quintuplicará su población de 300 habitantes) «es viable» y que los votos y la suerte les respaldan.
El primer edil de Tibi, Jesús Ferrara (PSOE), mantendrá el Plan Parcial El Aljibe (urbanización de un millón de metros al pie del Maigmó con 1.300 bungalós). «Si los técnicos lo ven sostenible, se hará; la previsión es la reordenación del territorio», anuncia.
En municipios que han cambiado de signo político, no pasa igual. En Aspe, tras la victoria de Nieves Martínez (PP), «no se llevará a cabo el PAI de Tatiana World», anticipa la futura alcaldesa. El proyecto, aprobado por la anterior corporación con 5.400 viviendas en 3,5 millones de metros cuadrados, «no contempla un desarrollo sostenible para Aspe».
En Xixona, la llegada del PSOE (Ferrán Verdú) a la Alcaldía impedirá la puesta en marcha de todos los PAI aprobados antes por el PP, sobre todo el del Espartal (5.000 viviendas y un campo de golf) «porque no son sostenibles, sobre todo en recursos naturales como el agua y también por usar suelo industrial».
Pendientes en La Vila
Y en La Vila, donde previsiblemente perderá el poder el PP, la primera reunión para la formación del próximo gobierno municipal acabó con un acuerdo de los otros cuatro partidos (PSOE, Bloc-NV, II y EU-EV-IR) retirar el Plan General del PP (prevé la construcción de 25.000 viviendas y tres campos de golf).
En la provincia de Valencia, Catarroja, Manises, Cullera y Riba-roja han dado el visto bueno en las urnas a polémicos planes urbanísticos.
Con 89 escaños, el PP ganaba uno
Si Les Corts hubiesen mantenido los 89 diputados de la recién acabada legislatura en lugar de aumentarlos a 99, la victoria del PP no habría sido tan abrumadora, al menos en escaños. Con 99, el PP pasó de 48 a 54 diputados (6 más); el PSOE, de 35 a 38 (3 más), y Compromís ganó uno, de 6 a 7. Extrapolando el número de votos a una cámara con 89 escaños y según la Ley d’Hont, el resultado habría sido de 49 para el PP, 33 para el PSOE y 7 para Compromís. Es decir, que el PP ganaría sólo un diputado (dos más por Valencia y uno menos por Castellón), el PSOE perdería dos (ambos en Valencia) y Compromís ganaría uno, por Castellón.
* 20minutos - 08.06.2007
Foto: Cala la Mosca (Orihuela) /mma.es
Los «Salvem» no deciden elecciones
Levante*/Valencia : "Las movilizaciones sociales en forma de Salvem, colectivos, grupos, coordinadoras, plataformas, asociaciones o entidades vecinales contra decisiones, casi todas de Administraciones del PP, no se han traducido en las últimas elecciones, en la mayoría de casos, en votos para las formaciones progresistas. Algunos vecinos han despuntado en su barrio, pueblo, pedanía o comarca como líderes en ciernes pero luego esas caras no las han encontrado los electores a la hora de depositar su papeleta en las urnas. De forma que estos movimientos, que en ocasiones han dejado en un segundo plano a los partidos de la oposición, en lugar de potenciar sus expectativas, han podido incluso debilitarlos. Otra hipótesis es que los responsables de las quejas sociales no han querido trabajar para la oposición. Tras el 27-M, los representantes de destacados Salvem de Valencia proclamaron que ellos «no atienden a colores políticos», por más que la oposición los haya mimado y se haya fotografiado con ellos. Una oposición que, es evidente, no ha sabido atraerse ese descontento social.
Sea por estos motivos o porque los ciudadanos, a la hora de votar, han puesto otras cuestiones en la balanza (la satisfacción con la situación general, la gestión global o el voto en clave autonómica o nacional), lo cierto es que en la mayoría de casos los pancartistas (Aznar dixit ), no sólo no han hecho una muesca en el fuselaje de la potente maquinaria electoral del PP, sino que el partido de la gaviota ha sido más bien una apisonadora que ha acallado estas voces críticas. Valencia, cuna del primer Salvem, el del Botànic -destinado a impedir la construcción en la manzana de Jesuitas que amenazaba con ahogar el Jardín Botánico-, es paradigmático. El PP ganó las elecciones del 27-M en 86 de los 87 barrios de la ciudad, incluidos los que han contado con movilización organizada, como la citada; la del Cabanyal, con el histórico Salvem el Cabanyal; Nou Moles, donde se reivindica el uso para el barrio de las instalaciones de la cárcel Modelo; Exposició, con el movimiento para la conservación de la Tabacalera; Benicalap, en el que se reclama un polideportivo frente al nuevo Mestalla; y especialmente, la plataforma contra la subestación de Patraix. Protestas a la misma Rita Barberá y en el Ayuntamiento, con explosión en plena campaña. El PP ha barrido igualmente.
El accidente ferroviario más grave de la historia se ensañó con Torrent. La asociación de víctimas ha venido reclamando que alguien asuma alguna responsabilidad política. La queja no ha tenido eco en la población: El PP ha arrebatado al PSPV un feudo histórico. El cinturón rojo de l'Horta se ha teñido de azul en estos comicios, sin que Salvem l'Horta haya movilizado un voto a la izquierda más de los previstos. Es lo que ha ocurrido en Alboraia con Salvem l'Horta de Vera. La lista Ciudadanos de Alboraia ha logrado dos concejales pero el PP ha retenido la mayoría absoluta.
El PP le da la vuelta en Paterna
Los populares le han dado la vuelta al calcetín en Paterna y han canalizado a su favor la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia impulsada para proteger La Vallesa y contra del by-pass. El Consell ha fichado al vicepresidente del colectivo como responsable del futuro parque. La derecha ha arrebatado otro feudo al PSPV. En Tavernes, el PP ha barrido pese a las movilizaciones de la Coordinadora Contra la Alta Tensió per la Valldigna. Una encuesta desvelaba que el 80% estaba en contra del paso de la línea eléctrica. La bandera la asumieron el PSPV, EU y Bloc, pero el PP, único partido que apoya el proyecto, ha barrido con el 45% del voto. El hormigonado que recorre el camino de las murallas de levante motivó la plataforma ciudadana Xàtiva Digna, que ha peleado en defensa de otros elementos clave del patrimonio de la ciudad. Todos los jueves se ha venido concentrando frente al ayuntamiento. Tras el 27-M ha abierto un periodo de reflexión. En Riba-roja, Salvem Porxinos ha sido inocuo electoralmente hablando, pese a sus protestas ante la operación de la Ciudad Deportiva del Valencia (2.800 viviendas) y otros planes en el valle (9.000 viviendas más). Los populares han ampliado su mayoría absoluta. En Zarra, los vecinos han logrado que el Consell cambie de planes y ya no se hará la incineradora (ahora es un parque medioambiental); sin embargo, los comicios los ha ganado la agrupación de electores que encabezaba el ex alcalde del PSPV que apoyaba el que se hiciera algo en la zona.
Por contra, Calp es la excepción. La plataforma «Cambia Calp» se puso en marcha para propiciar un cambio de gobierno y cobró gran importancia cuando, tras la denuncia del alcalde saliente del PP, la Guardia Civil detuvo al administrador de la página web. A partir del 16 gobernará la coalición PSPV-Bloc-PSD. Algo similar puede ocurrir en Benissa , donde entidades y partidos crearon la Plataforma pel patrimoni agrícola, en una zona donde el urbanismo es voraz. Ahora un acuerdo PSPV-Bloc-PSD amenaza al PP. En Ondara, los populares han retrocedido pero mantienen la mayoría absoluta. La movilización de Salvem Segària, un paraje amenazado por una macrourbanización de 2.000 viviendas y un campo de golf, no ha decidido la vara de mando. En Pego , se reeditará el tripartito entre el PSPV, Ciutadans de Pego -que lidera el alcalde y ex del PP- y Bloc, que apoya un proyecto de 1.500 viviendas y un campo de golf. Contra la política del equipo de gobierno se creó el Col.lectiu en Defensa del Territori.
En Sagunt, cuna de numerosos Salvem , la movilización para la Defensa de la Gerencia y que el Consell cumpla la promesa de la Ciudad del Teatre, o el Col . lectiu en Defensa del Patrimoni no han cambiado el respaldo al PP en las autonómicas, ni en las locales. El campanazo, en esta ocasión lo ha dado Segregación Porteña, el movimiento que canaliza el deseo de escisión de un sector del Port. En cuanto a Castelló , las diversas movilizaciones, desde Castelló Sense Soroll, a los afectados del plan urbanístico de Mestrets-Borriolenc y otros no han tenido incidencia y el PP ha repetido victoria.
* Levante-EMV - 10 de junio de 2007
Una urbanización de Mallorca recibe 15 autos judiciales en contra
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A.M.- El País* : "El Tribunal Superior de Justicia de las Baleares ha emitido la decimoquinta sentencia o auto judicial contra la legalidad de las obras -ya paralizadas- de 68 apartamentos, construidos en 1994 en primera línea de costa, justo al lado de la playa virgen de Es Trenc y del núcleo de Ses Covetes de Campos, en la isla de Mallorca. El tribunal ha anulado la licencia municipal de los trece bloques de edificios en la zona costera preservada y ha reseñado que el terreno no es ni fue suelo urbano. Es Trenc es un paraje natural protegido gracias a las movilizaciones populares y es una de las playas naturales mayores y más célebres del Mediterráneo. La construcción de los bloques de viviendas de lujo en sus bordes se consideró una agresión, además de ilegal, en un entorno protegido por la Ley de Costas.
"Se ha cerrado al fin el círculo: se dio una licencia ilegal, en los cien metros de zona de protección marítimo terrestre de la ley de Costas y en un suelo que jamás fue urbano", significó el abogado urbanista Agustí Cerveró, defensor en esta dilatada causa de los intereses del Grupo de Ornitología Balear (GOB) y del Partit Socialista de Mallorca, que encauzaron la protesta por la vía judicial.
La empresa constructora Marina Ersnt cambió de manos varias veces y quebró. Un grupo de empresarios locales se hizo con los bienes. La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Baleares se han pronunciado a favor de la causa ecologista, que siempre ha reclamado el derribo de las obras.
Más de 600.000 euros en defensa y en costas judiciales ha gastado el Ayuntamiento de Campos, del PP -grupo que ha perdido la mayoría absoluta en estas elecciones- para defender la legalidad de la obra y evitar su demolición, en sintonía con la propiedad.
"Hicimos cuanto pudimos para parar esta barbaridad, con muchas irregularidades y un elevado impacto ambiental y paisajístico", reseñó el portavoz del GOB, Miquel Àngel March. Desde 1995 las obras están paralizadas. Las casas estaban a punto de concluir. La empresa promotora declaró en la licencia un presupuesto de 2,5 millones de euros.
* ELPAIS.com - Palma de Mallorca - 09/06/2007
Foto: Ses Covetes (Mallorca) /mallorcadiario.com
Noticia relacionada: mallorcadiario.com: "El TSJB anula la licencia de construcción de los 68 apartamentos de Ses Covetes"
Un magistrado del Supremo critica que el urbanismo se haga desde intereses particulares
L.Ballester.- Levante* : "El magistrado de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, José Díaz, criticó ayer el «problema que supone que el urbanismo se haga desde intereses particulares, respetables, legítimos y de gran incidencia en la economía» pero que convierte en papel mojado las buenas intenciones de las nuevas leyes que entran en vigor. Díaz participó ayer en el curso sobre la Ley del Suelo organizado por Edival y la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. El magistrado del Supremo, buen conocedor de la legislación autóctona ya que fue juez en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, aseguró en su intervención que el urbanismo «se supone que se diseña desde la razón y la planificación por personas competentes que deciden por dónde deben crecer las ciudades. En las leyes se cita la estrategia europea territorial, de crear ciudades compactas... Pero después, en la práctica, se permite todo lo contrario y la nueva Ley del Suelo lo permite también».
«La ciudad no crece de dentro hacia fuera sino al revés. El promotor compra suelo rústico a precios más baratos y, después, propone su reclasificación porque cualquier suelo, hasta el no urbanizable según la legislación valenciana, se puede meter en el mercado. Y esta posibilidad puede que sea buena para el urbanismo pero dudo que sea bueno para los intereses generales y para el medio ambiente» , continuó José Díaz. A esta realidad se añade la posibilidad, criticada por el magistrado, de que «los instrumentos de ordenación se pueden aprobar por silencio positivo» , previsto en la Ley Urbanística Valenciana y que la nueva Ley del Suelo también permite porque lo deja en manos de la administración autonómica, que supone «un problema grave al urbanismo actual», cuyo alcance ha limitado el mismo Tribunal Supremo a través de varias sentencias.
José Díaz también lamentó «otro asunto» que la nueva Ley del Suelo no trata: la aplicación de la ley de contratos en la adjudicación de los programas de actuación integrada (PAI). Ésta es una exigencia que la Comisión Europea demanda a la Ley Urbanística Valenciana, y que la Generalitat se niega a aplicar, por lo que el asunto está pendiente de dirimirse en el tribunal de justicia europeo. El magistrado del Supremo cree que «se ha demonizado la posibilidad de aplicar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en la adjudicación de PAI a pesar de que que garantiza la transparencia en la gestión y evita la corrupción».
* Levante-EMV - 09 de junio de 2007
Una manifestación mundial 'ciclonudista' aboga por un urbanismo sin malos humos
ADN* : "Ecologistas de más de 20 países y 70 capitales alrededor del mundo, como París, Londres, Melbourne o Chicago, calientan músculos para participar en una manifestación ciclonudista global que se desarrollará este viernes y el sábado para reclamar un urbanismo libre de malos humos y más amigable con los peatones. La iniciativa ha sido ideada por diversas asociaciones ecologistas y altermundistas que la organizan como un gesto de "desobediencia civil" con un inequívoco tono festivo. En España, el World Naked Bike Ride cuenta con réplicas en A Coruña, Alicante, Barcelona, Granada, Huesca, Madrid, Murcia, Pamplona, Santander, Valladolid, Valencia y Zaragoza.
“Denunciamos que nuestras calles han sido secuestradas por el coche privado que colapsa las ciudades degenerándolas en lugares hostiles y peligrosos”, dice una suerte de manifiesto divulgado a través en la web española Ciclonudista.net.
“El coche mata y su impunidad nos escandaliza. Demasiados intereses de multinacionales belicistas del petróleo y del automóvil están en juego si esto se cuestiona”, agrega.
* Diario adn - 8 de junio de 2007
Foto: Participantes en el World Naked Bike Ride celebrado en Melbourne (Australia) el pasado año /ADN
Trasladan a Roca a los juzgados para declarar por cuatro delitos urbanísticos
EFE* : "El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha sido trasladado la mañana del viernes a los juzgados de la localidad malagueña para declarar en el juzgado de Instrucción número 1 por cuatro causas en las que se le imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio. Roca llegó a las dependencias judiciales alrededor de las 9:45 horas a bordo de un furgón de la Guardia Civil procedente de la cárcel de Albolote (Granada), donde permanece ingresado a causa de la "Operación Malaya" contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.
El ex asesor fue citado el 11 de mayo para prestar declaración en relación con siete diligencias previas entre los que se encontraban los citados cuatro procedimientos, pero ante la falta de tiempo, la juez Carmen Rodríguez-Medel aplazó su comparecencia hasta este viernes e interrogó al imputado por los tres restantes.
Según explicó entonces su abogado, José Aníbal Álvarez, el ex asesor de Urbanismo negó haber inducido a los ediles que integraban las comisiones de gobierno para la aprobación de tres licencias sobre las que se investiga un presunto delito urbanístico.
Delito contra la ordenación del terriotorio
El letrado precisó que en esos tres casos la juez imputa a Roca un delito por inducción contra la ordenación del territorio y resaltó que las licencias contaban con los informes favorables del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, Jorge González, así como del secretario y del interventor del Consistorio.
Entre los imputados en algunas de estas causas se encuentran también el ex alcalde Julián Muñoz -en al menos cuatro de los procedimientos- y los que fueran tenientes de alcalde Isabel García Marcos y Pedro Román, así como más de una veintena de ex concejales del Ayuntamiento de Marbella de distintas corporaciones municipales.
En al menos una de las diligencias previas, incoadas a partir de la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, está imputado además el ex edil del PA Carlos Fernández, sobre quien pesa una orden de busca y detención desde julio de 2006 por su presunta implicación en el "Caso Malaya".
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* El abogado de Roca afirma que no hay ningún cargo de la Junta al que implicar (29/05/07)
* 20minutos - 08.06.2007
Foto: Marbella Ayuntamiento /UrbPatasArriba
Un catedrático advierte que la ley del suelo dinamitará las normas autonómicas
L.Ballester.- Levante* : «La Ley del Suelo es pura dinamita. Obliga a desmontar la legislación autonómica», aseguró ayer el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, José Manuel Díaz Lema, en las jornadas sobre el nuevo texto legal organizadas por Edival y la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente que se celebran ayer y hoy en Valencia. Díaz Lema destacó que la nueva normativa legal, que entrará en vigor el 1 de julio, aporta entre otras novedades «las bases constitucionales del urbanizador, una figura que aquí en Valencia ya es conocida pero que en algunas comunidades autónomas supondrá una revolución. Domina la libre empresa y el urbanizador que puede actuar sobre un suelo sin ser propietario».
Aunque el verdadero eje central sobre el que se mueve la Ley del Suelo, y su principal objetivo, según Díez Lema, es «dar la vuelta al proceso liberalizador del suelo» y evitar los procesos especulativos. El «todo urbanizable a excepción del suelo que debe ser protegido» de la Ley del Suelo de 1998 aprobada por el PP ha pasado a mejor vida. La nueva Ley del Suelo aprobada por el Gobierno socialista pasa a «eliminar el carácter estatal de la clasificación del suelo (presente desde 1956) porque asegura que es una técnica urbanística que le compete a las comunidades. Para evitar la especulación y la valorización del suelo se evita la clasificación para no pagar [las expectativas] del suelo urbanizable. Es la obsesión» , explicó el catedrático.
Así, el nuevo texto legal sólo diferencia entre el suelo rural y el urbanizado (ya construído y con todos los servicios) por lo que a efectos de expropiaciones no contarán las expectativas de negocio que se esperan conseguir de un suelo rústico pendiente de reclasificarse como urbanizable. «Todo suelo rural seguirá siéndolo hasta que se declare urbanizado y obtenga los servicios básicos completos (la única excepción que admite es que falte la conexión generral de la red de colectores, por ejmplo) por lo que los suelos urbanos consolidados pero sin servicios básicos no se consideran suelo urbano sino que siguen siendo rurales» , apuntó el catedrático. «Este asunto tiene una trascendencia enorme en las valoraciones de suelo. Es un punto delicadísimo aunque la ley incluye para estas situaciones una disposición transitoria que será decisiva» . «Cada palabra en esta ley -incidió Díaz Lema- puede ser un terremoto en las respectivas leyes autonómicas» . Y, de hecho, la Ley del Suelo cuida escrupulosamente el lenguaje que utiliza. En lugar de la palabra «clasificación» del suelo se habla de «situaciones básicas» . Incluso mediante otro juego de palabras se alude la clasificación sin citarla. En el artículo 10 señala que sólo los planes asignarán «destino» al suelo, un concepto inédito, en la legislación urbanístico. Así pues, todo el suelo urbanizable (pendiente de construir) se queda en una especie purgatorio.
* Levante-EMV - 08 de junio de 2007
Las urnas aprueban el ‘ladrillazo’
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20minutos/Valencia* : "Los ciudadanos castigan a algunos alcaldes que proyectaban miles de viviendas en Alicante, pero los respaldan en Manises, Cullera, Riba-roja... y en Catarroja, un solo voto salva 11.500 pisos.
Una moneda al aire o un voto de diferencia en los comicios del pasado 27-M han puesto en juego planes urbanísticos con miles de viviendas en toda la Comunitat. La mayoría de localidades han dado su confianza a alcaldes que apuestan por grandes proyectos, aunque en Alicante ha habido cambios.
Una moneda de 20 céntimos resolvió el empate en Tormos (Alicante) a favor del PP, por lo que quintuplicará su actual población (300 habitantes) y urbanizará un millón de metros cuadrados.
En Catarroja, una papeleta ha dado la mayoría al pacto PP-UV. Este voto ha salvado el programa Nou Mil·leni, que afectará a 1,5 millones de metros y levantará 11.500 pisos.
En la provincia de Valencia, además, Manises, Cullera y Riba-roja han dado luz verde a más planes polémicos. El Gran Manises (50 torres, dos de ellas de 50 plantas y un total de 10.000 pisos) también ha recibido la aprobación en las urnas. El PP baja un concejal, pero conserva una cómoda mayoría absoluta. El Manhattan de Cullera, que prevé miles de apartamentos en 35 torres, saldrá adelante, pues los ciudadanos han reelegido por mayoría a Ernesto Sanjuán (PP).
Otro de los casos polémicos, la ciudad deportiva del Valencia CF en el paraje de Porxinos (Riba-roja), también tiene el apoyo de sus habitantes. Francisco Tarazona (PP), reforzado, lo sacará adelante.
En Alicante, repite el primer edil de Tibi (PSOE), que urbanizará un millón de metros con 1.300 bungalós. Sin embargo, han cambiado de signo La Vila Joiosa, donde el PP iba a hacer 35.000 casas, Aspe (ahora mandará el PP) y Xixona (PSOE). Estos últimos tumbarán los PAI anteriores, que suman 10.000 casas.
Con 89 escaños, el PP ganaba uno
Si Les Corts hubiesen mantenido los 89 diputados de la recién acabada legislatura en lugar de aumentarlos a 99, la victoria del PP no habría sido tan abrumadora, al menos en escaños. Con 99, el PP pasó de 48 a 54 diputados (6 más); el PSOE, de 35 a 38 (3 más), y Compromís ganó uno, de 6 a 7. Extrapolando el número de votos a una cámara con 89 escaños y según la Ley d’Hont, el resultado habría sido de 49 para el PP, 33 para el PSOE y 7 para Compromís. Es decir, que el PP ganaría sólo un diputado (dos más por Valencia y uno menos por Castellón), el PSOE perdería dos (ambos en Valencia) y Compromís ganaría uno, por Castellón.
* 20minutos - J. L. O./J. R./J. A. - 08.06.2007
Foto: Cullera (Valencia), terreno para urbanización con torres de 35 pisos /M.Bruque, EFE
Sigue la lucha por el derecho a la vivienda
João Henrique Galvão* : "Los problemas para acceder al derecho básico a una vivienda digna, con un endeudamiento que puede alcanzar el 70% del salario en los sectores más jóvenes, fue la base de un importante movimiento surgido hace poco más de un año, en medio de la desmovilización general impuesta por una izquierda subordinada al gobierno Zapatero. Con el precio de la vivienda por las nubes (el último aumento, “moderado”, fue del 7,2%) y mientras el 55% de la población tiene dificultad para llegar a final del mes, el gobierno ZP presume de que el 2006 fue el mejor año económico de la “democracia”, mientras el movimiento por una vivienda digna sacó a la luz el debate sobre la situación de los hipotecados de por vida, de los jóvenes que no pueden emanciparse y de los inmigrantes hacinados en cuchitriles.
El boom especulativo toca a su fin
Sólo en el año 2006 se construyeron 830.000 viviendas, la mayor parte destinadas a la especulación. Los bancos, con un patrimonio inmobiliario equivalente a 14 veces las Islas Baleares, mantienen estrechas relaciones con las inmobiliarias y constructoras. El efecto dominó de abril con la devaluación de la inmobiliaria Astroc arrastró a otras inmobiliarias y a empresas como Telefónica, BBVA, Repsol e Iberdrola. Organismos como el FMI apuntan a un crecimiento futuro de la morosidad y comparan la evolución española con la de EEUU, donde prevén una situación de estancamiento. El escenario de recesión económica cobra así visos de realidad.
Los empresarios inmobiliarios esperan contar con la inestimable colaboración del gobierno para estabilizar el sector y garantizar que el sector inmobiliario siga siendo el “pilar de la economía” durante otros 10 años. Sin embargo, la previsión más razonable apunta a una disminución del ritmo de construcción, de modo que empezará a generarse desempleo masivo de obreros de la construcción, el cierre de gran número de empresas de sectores indirectos y un todavía mayor crecimiento de la precariedad.
Corrupción y demagogia
De este entramado de grandes negocios especulativos participan los partidos burgueses y socialdemócratas y las centrales sindicales, que los utilizan como una vía de financiación. El suelo, de recurso natural público pasa a convertirse en moneda de cambio a través de las recalificaciones, que son la base de los escándalos de corrupción que salpican a los ayuntamientos. La nueva Ley del Suelo de ZP entrega a la iniciativa privada los proyectos de urbanización. No por casualidad los principales asesores del Plan de Vivienda y de la Ley del Suelo son los mismos que asesoran a las grandes empresas inmobiliarias y constructoras. Así se entiende como el principal accionista de Astroc, Enrique Bañuelos, ha podido llegar a formar parte de la lista de las diez mayores fortunas del Estado Español, en contraste con el 45% de la población “mileurista” e hipotecada.
Sin duda alguna la falta de soluciones concretas para esta preocupación social fue uno de los factores determinantes del crecimiento de la abstención en las recientes elecciones, a pesar de los esfuerzos de todos los partidos institucionales (desde el PP o el PSOE hasta IU o ERC) por hacer creer lo contrario.
Intentando debilitar la lucha por la vivienda, la ministra Trujillo presentó la promesa de creación de 10.000 viviendas de 35 m2 para jóvenes universitarios. Esta cifra no supera el 2% de los universitarios que buscan pisos de alquiler. Esta medida de última hora, pensada para desactivar la presión que crecía en la calle en período electoral, evidencia la incapacidad del gobierno para impulsar políticas de vivienda pública y de alquiler. Sólo con el presupuesto de este año destinado a la vivienda se podrían construir 150.000 viviendas públicas en alquiler. Sin embargo, ese dinero se destina a apoyar la vivienda en propiedad.
Hay que continuar fortaleciendo la lucha por el derecho a una vivienda digna
El “derecho universal a la vivienda”, reconocido en el artículo 47 de la constitución española, es papel mojado. La única vía capaz de solucionar el problema de la vivienda es invertir radicalmente la lógica actual de promoción de viviendas para la venta, impulsando la vivienda pública en alquiler con precios que no superen el 20% del salario medio. Por el contrario, lo que vemos desde el gobierno ZP y su Plan de Vivienda es el refuerzo de la política de incentivo a la falsa propiedad a través de las Viviendas de Protección Oficial, mientras se favorece y desarrolla una política de viviendas de alquiler residual y cara.
Ante este panorama hay que seguir movilizándose. Las organizaciones de la clase trabajadora deben encabezar esta lucha estableciendo un puente entre la clase trabajadora y el combativo movimiento juvenil por una vivienda digna que, con sus manifestaciones y sentadas, viene demostrando su capacidad para enfrentar al gobierno, denunciando su política en relación a este derecho básico.
* Rebelión - A Luchar por el Socialismo - 08-06-2007
Calp vuelve a dar licencia de obra a un edificio en zona de protección
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N.GÓMEZ.- El País* : "El Ayuntamiento de Calp, presidido por Javier Morató, del PP, ha vuelto a conceder licencia de obra a un edificio cuya piscina, incluida en el proyecto, se sitúa en la zona de protección del dominio público marítimo terrestre. La historia se repite y es la segunda vez, en escasos dos meses, que el gobierno municipal otorga un permiso para edificar en zona protegida, ya que, con el consentimiento de la Consejería de Infraestructuras, el Ayuntamiento autorizó un hotel de 24 pisos de altura a seis metros del mar, lo que ha provocado que el Gobierno emprenda acciones judiciales para paralizar la edificación.
El Ministerio de Medio Ambiente considera esta obra ilegal e insta al Consell a que revoque la licencia inicial de obra para evitar consolidar esta irregularidad.
En esta segunda ocasión, la empresa Calport Marbella, SA, ha obtenido licencia del consistorio calpino para construir un edificio de 17 pisos de altura y piscina, ubicado a pie del paseo marítimo, a 10 metros del mar. El Ayuntamiento, además, tiene que hacer frente a contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al haber sido denunciado por permitir un edificio de 20 plantas, promovido por esta empresa, Calport Marbella S. A., junto a los restos arqueológicos de los Baños de la Reina, en la misma zona donde va a levantar esta nueva construcción que se ha autorizado.
Pese a que en el acta del pleno en el que se otorgó la licencia a la promotora, el consistorio reconoce que la piscina se encuentra en zona de protección, el Ayuntamiento otorga la licencia instando a la mercantil que solicite autorización a la Consejería para la ubicación de la piscina, permiso que debe ser previo, según el PGOU. Mientras tanto, la promotora está publicitando a la venta su residencial, conocido como Edificio Bauprés, incluyendo la piscina.
Modificación PGOU
Las modificaciones realizadas por el grupo del PP en Calp en el PGOU, han permitido que varios promotores puedan levantar desproporcionadas edificaciones en las playas del municipio, al no obligar a retranqueos por estar en primera línea, desprotegiendo el litoral. Además de permitir que se pueda edificar en parcelas de 500 metros cuadrados, cuando antes se exigía un mínimo de 1000 metros cuadrados para levantar edificio en una parcela, como es el caso de esta construcción.
Este tipo de abusos urbanísticos, promovidos por el grupo popular, han favorecido que se urbanice en primerísima línea de playa o junto a restos arqueológicos protegidos, facilitando a los promotores a través del PGOU, ya que cumplen todos los requisitos legales, llegar incluso a proyectar una piscina en zona protegida, obteniendo el correspondiente visto bueno del Ayuntamiento.
* ELPAIS.com - Xàbia - 08/06/2007
Foto: Calpe (Alicante) /mma.es
La Audiencia apunta a que al menos un querellado por La Zerrichera se lucró con las «importantísimas plusvalías»
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R.F./M.B.- La Verdad* : «No se puede descartar una actuación concertada», recoge la resolución.
La investigación judicial sobre el caso Zerrichera seguirá adelante. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado el recurso planteado por cinco altos cargos de la Administración Regional, el alcalde en funciones de Águilas y un ex concejal, que habían reclamado el archivo de la querella presentada por la Fiscalía del TSJ contra todos ellos.
La citada querella, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, imputa la comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho a Encarnación Muñoz, que fue directora general de Medio Natural; Antonio Alvarado Pérez, director general de Calidad Ambiental; Manuel Alfonso Guerrero Zamora, director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo; José María Ródenas Cañada, subdirector general de Vivienda; Juan Ignacio Sánchez Gelabert, jefe de servicio de Calidad Ambiental; Juan Ramírez Soto, alcalde de Águilas; y José López Díaz, ex concejal del PP.
En el auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia, integrada por los magistrados Andrés Pacheco, Francisco Carrillo y Álvaro Castaño, se rechazan todos los argumentos de los querellados, que habían alegado que la querella del fiscal jefe se había presentado fuera de plazo, que no se individualizaban los cargos para cada uno de los imputados y que los hechos relatados no están tipificados como delito, entre otras cuestiones.
Argumentos rechazados
Por lo que se refiere a la denuncia de que la querella estaba fuera de plazo, la Audiencia niega que sea así, ya que se presentó al día siguiente del día tope y ello, sostiene, es legalmente válido. Además señala que, aún en el caso de que realmente se hubiese presentado fuera de plazo, los hechos serían investigables de oficio por el juzgado.
Pero el párrafo más interesante de la resolución es el que se refiere a si los hechos relatados por el fiscal López Bernal pueden ser incluidos en la categoría de delitos. «No es éste el momento de entrar a examinar tales cuestiones, pues lo único que debe tenerse en cuenta es que la querella, en su conjunto, lo que viene a relatar es una actuación concertada de diversas personas, todas ellas con cargos de relevancia en las administraciones local y autonómica, para conseguir el cambio de calificación urbanística de determinados terrenos (los de la finca La Zerrichera), pasando de tener la consideración de no urbanizables a permitir la construcción de una gran urbanización con campo de golf, generando unas importantísimas plusvalías, de las que, al menos, se beneficia uno de los querellados».
Y todo ello, añade, «pese a tener la finca determinadas condiciones medioambientales que le reconocen especial protección, habiendo informes de técnicos y autoridades de la Administración que han mostrado la imposibilidad de tal cambio, pese a lo cual, en un expediente salpicado de irregularidades, se ha llegado finalmente a permitir dicho cambio».
Y concluye: «La mera lectura de la querella evidencia que el Ministerio fiscal atribuye a los distintos partícipes hechos que son susceptibles de encajar en tipos penales como los referidos, no pudiendo, en principio, descartarse que el cambio de calificación urbanística responda a una actuación concertada para conseguir alterar la protección de esos terrenos y conseguir determinados beneficios económicos».
* La Verdad - MURCIA - 7 de junio de 2007
Foto: La Zerrichera (Águilas - Murcia) /laverdad.es
Revalorización social de la corrupción
Manuel Marrero Morales* : "La población está saliendo aún del aturdimiento producido por la campaña electoral y su posterior resaca. La contaminación acústica ha sido excesiva, el cruce de improperios y descalificaciones se ha generalizado, convirtiéndose para algunos en el motivo central de su propio discurso. Programas vacíos de contenidos, sustituídos por declaraciones altisonantes, difamaciones y puesta en tela de juicio de las personas, ya que las ideas han estado prácticamente ausentes del debate electoral. Por todas partes, la imagen de cartón piedra de los candidatos, la frase del publicitario, que ha convertido a la política en un objeto de compra-venta, el intento denodado por convencernos de que hay que depositar una confianza ciega en sus personas, sin proponernos ideas, ni programas, ni alternativas para el cambio social. Sólo por ser ellos, que además ya se han convertido en unos profesionales de vivir de la cosa pública.
Se han acostumbrado a vendernos humo, a comerciar con los elementos identitarios de una sociedad, a disparar con pólvora ajena, a dirigirse a todos nosotros cada cuatro años, en una ceremonia de la confusión, para luego gobernar sólo para unos cuantos, que son los que les financian las costosísimas campañas, porque a cambio están seguros de que recibirán muchas prebendas: recalificaciones de terrenos, concesiones de obras, permisos vergonzantes, facilidades múltiples, adjudicaciones millonarias, favorecimiento de sus negocios privados (en sanidad, por ejemplo) en detrimento del servicio público. La acaparación de medios de comunicación es uno de sus exponentes de poder. Así se silencia y se amordaza la libertad de expresión y se aminora, llegando incluso a ignorarse, toda contestación social.
Esos mismos padrinos están fabricando en estas islas una especie de cosa nostra aliada estrechamente con algunos de los que se han presentado bajo el santo y seña de hecho en Canarias y con confianza en el futuro, cuyos primeros exponentes de presuntas corrupciones habían comenzado a aparecer en los casos de Telde, Mogán, Eolo, Marina deportiva, Fórum Filatélico, Las Teresitas... con encarcelados, imputados, y pendientes de juicios por delitos varios contra los intereses públicos.
Sin embargo, a la vista de los resultados electorales, parece que han desgastado más a algunos partidos sus propias disensiones internas que las imputaciones judiciales. La corrupción ha pasado a ser un valor añadido para muchos individuos que se presentan a los cargos públicos. De un político que no sea un chorizo parece que hay que empezar a dudar, porque es tonto. Esta sociedad está dando un salto cualitativo, que está comenzando a vaciar de contenido una de las esencias de la democracia: la del servicio público, la de la gestión transparente en beneficio de la mayoría. El reconocimiento a través del voto a algunos de los próceres imputados en diversas instituciones de estas islas ha venido a significar un espaldarazo a su manera de actuar, a una forma de gobernar en beneficio propio y de su círculo de influencia, en detrimento del conjunto de la ciudadanía. Nunca el panem et circenses había quedado tan patente en estos treinta años de democracia.
Definitivamente, podemos afirmar -y los resultados electorales así lo confirman- que estamos asistiendo a la revalorización social de la corrupción.
Por tanto, como sigo convencido de que importantes sectores de la sociedad o se han inhibido o han apoyado a los presuntos perdedores o han votado por prometidos cambios, y de que todos los descontentos juntos somos muchos, somos una inmensa mayoría, y que muchas veces hemos estado en las calles codo a codo, y lo vamos a seguir estando, y , además, vamos a seguir vigilando y denunciando los atropellos al paisaje y al paisanaje; por todos estos motivos, sigo esperanzado en que los corredores de fondo, al final, ganaremos esta partida. Como afirmaba el pedagogo brasileño Freire, sin esperanza no podemos ni siquiera empezar procesos transformadores, pero sin procesos la esperanza se corrompe y se convierte en trágica desesperación, y desesperanza es lo mismo que quietud, inmovilismo, mantener el statu quo. El proceso requiere reflexión crítica acerca de los contextos concretos, de los momentos, de los desafíos y de las dificultades que deben superarse. No podemos desertar, hay que seguir, erre que erre, trabajando unidos por la transformación social.
* Canarias7 - Las Palmas de Gran Canaria - 05/06/2007
Carreras de sacos de cemento y los treinta metros cuadrados lisos por una vivienda digna
AGENCIAS* : "Carreras de sacos de cemento, lanzamiento de ladrillo, asalto de altura, 'sogatira', los 30 metros lisos en piso piloto..., y una marcha en bicicleta. Acceder al mercado de la vivienda se ha convertido en toda una gesta olímpica y así quieren escenificarlo el próximo 16 de junio en el centro de Madrid una quincena de colectivos sociales unidos en la Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo y las Asambleas Vecinales, entre los que se encuentra la Plataforma por una Vivienda Digna. La 'bicicletada' y las 'Olimpiadas contra la especulación' se organizan con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre un problema que ha convertido España "en la comidilla de la prensa europea".
No es la primera iniciativa de esta plataforma madrileña, que el pasado 10 de octubre promovió una marcha en bicicleta por las calles de Madrid; en febrero tomó parte en los carnavales de Madrid y hace una semana, varios activistas disfrazados de presidiarios se colaron en el Salón Inmobiliario de Madrid.
Según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Plataforma, José Luis Carretero, las impresiones del colectivo al entrar en el SIMA fueron "positivas" en comparación con lo que presenciaron en la edición de "hace un par de años, cuando el 'boom' urbanístico estaba en plena efervescencia, el salón estaba abarrotado y por allí se paseaba gente con aspecto de haber salido de una película de mafiosos".
Ahora, por el contrario "siendo un viernes por la tarde, había más trabajadores del sector que visitantes" y, "aunque rebajas claramente no había, si se ofrecían regalos caros con la compra de viviendas", lo que a su juicio prueba que "el mercado inmobiliario esta en clarísimo retroceso".
'Las casas más caras del mundo'
Sin embargo "eso no le va a solucionar a la gente sus problemas para acceder a una vivienda porque España sigue teniendo el precio de vivienda más caro del mundo en comparación con los salarios" y mientras "la media de años íntegros de sueldo destinados para comprar una vivienda en el resto de Europa está en cuatro años, en Madrid y Barcelona se ha llegado a los veinte".
En este sentido, la 'bicicletada', que partirá de Nuevos Ministerios a las 18,00 horas con rumbo al Parque del Retiro, pondrá el acento en el hecho de que "la base de la pirámide, que son los jóvenes, ya no puede soportar más carga" y las 'Olimpiadas', que incluirán juegos como el 'lanzamiento del ladrillo', reivindicarán la responsabilidad de las administraciones autonómicas en el precio de la vivienda. Entre las organizaciones convocantes de la jornada se encuentran la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, las asambleas vecinales pro vivienda digna de distintos barrios del centro y la periferia de la región, así como asambleas de otras provincias como Murcia o Almería y los jóvenes de Comisiones Obreras.
* ELMUNDO.ES - 07/06/2007
Foto: Activista de la Plataforma por una Vivienda Digna en los pasados carnavales de Madrid /J.F.L. - ELMUNDO.ES
La financiación de la Comunitat Valenciana depende más del auge inmobiliario que de los ingresos por el IRPF
J.Ruiz.- Levante* : "Mientras los analistas vislumbran a medio plazo el ocaso del ladrillo como motor de la economía, la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas correspondiente a 2005 evidencia la alta dependencia de la valenciana al auge inmobiliario. Las cifras difundidas ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda revelan que ese ejercicio la principal fuente de ingresos del Gobierno valenciano provino de los impuestos que gravan la vivienda. En concreto, el impuesto de transmisiones patrimoniales (que grava la transferencia de inmuebles de segunda mano) y el impuesto de actos jurídicos documentados (escrituras, etc) supusieron a las arcas autonómicas 2.046 millones de euros, 95 millones más de lo recaudado en concepto del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Esta situación, en la que el impuesto ligado al cemento es el tributo más importante, sólo se produce en la Comunitat. Con todo tres autonomías más; Andalucía, Murcia y Baleares, cuyo crecimiento económico también ha estado muy relacionado con la construcción en la costa, ingresan más por el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados que por la renta. En estas autonomías, sin embargo, la principal fuente de financiación es el IVA, un tributo en el que también tiene mucho peso la compra de vivienda nueva y que en 2005 proporcionó los mayores ingresos a casi una docena de comunidades. En 2005 supuso para la Comunitat Valenciana 1.969 millones, el segundo impuesto en importancia.
Cabe recordar que de todos los recursos que configuran el sistema de financiación de las comunidades, una parte es recaudada por los propios gobiernos, como es el caso de los impuestos de transmisiones, patrimonio o sucesiones; mientras que otra es recaudada por la Agencia Estatal Tributaria. Es el caso del IRPF y el IVA, impuestos sobre los que las comunidades autonónomas tiene cedido sólo el 33 y 40% , respectivamente. Respecto a los tributos gestionados por las comunidades autonómicas, el propio ministerio resaltó en su nota de prensa «la importancia cuantitativa» del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que creció en toda España un 23% respecto a 2004. El Gobierno lo achaca «al crecimiento del sector inmobiliario y a los incrementos de los tipos impositivos aprobados por las comunidades autónomas» . Y cita los casos de Murcia, Baleares y Canarias. En términos generales, según la información proporcionada por el Gobierno central, la Comunitat Valenciana obtuvo en 2005, después de la liquidación del sistema de financiación correspondiente a ese año, unos recursos económicos por valor del 10.204 millones de euros, lo que supone un 14,2% más que el año anterior. Esta cifra situa a la Comunitat como la cuarta autonomía con mayor volumen de recursos después de Andalucía, Cataluña y Madrid.
Buen rendimiento
Además, con 7.191 millones de euros, la valenciana fue también la cuarta autonomía con mayor rendimiento de los recursos sujetos a liquidación. Según el ministerio y descontando ya los anticipos entregados en 2005, el Estado deberá pagar a la Comunitat 606 millones de euros.
La Conselleria de Economía y Haacienda destacó ayer en una nota de prensa que frente a los 582 millones de euros que la Generalitat presupuestó en la liquidación correspondiente al año 2005 como ingresos siguiendo la información remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda, el cierre ha arrojado finalmente los citados 606 millones, lo que supone un 4,14 %, respecto a las previsiones iniciales. Para el Consell los resultados «han sido posibles gracias, entre otros factores, a la excelente gestión tributaria realizada por la Generalitat».
* Levante-EMV - Jueves, 07 de junio de 2007
El alcalde de Carnota denuncia presiones de las inmobiliarias
P.LÓPEZ.- El País*/Galicia : "Carnota es todavía una razonable excepción en la fiebre urbanizadora de la costa de Galicia. No sin esfuerzo. "En los últimos años, hemos recibido constantes presiones urbanísticas de decenas de promotoras inmobiliarias para urbanizar el litoral", denunció ayer su alcalde en funciones, Xosé Manuel García. Las empresas llegan a pagar hasta 200 euros por metro cuadrado. "Si las dejamos, nos urbanizan hasta la playa", ironiza.
Xosé Manuel García, del BNG, preside el gobierno local de Carnota desde 1999. En las pasadas municipales no optó a la reelección. Deja el cargo sin sucumbir a la fiebre urbanizadora que está arrasando el litoral gallego, a pesar de las peculiares características geográficas de Carnota, en una estrecha franja entre la Serra de Outes y el mar. Durante estos ocho años, asegura, ha recibido "decenas de proyectos" de promotoras que afectaban al litoral.
"Las empresas presionan para que se construya en la costa y también presionan los propios vecinos, para conseguir que se les revalorice el suelo", afirma el alcalde en funciones, que reconoce la necesidad de tomar medidas urgentes, como la suspensión de los desarrollos urbanísticos en la franja costera de 500 metros. Xosé Manuel García asegura que la presión que el Ayuntamiento recibe de las inmobiliarias ha ido creciendo a lo largo de estos ocho años, especialmente durante los últimos meses.
En estos años, se están promoviendo proyectos de inmobiliarias "sobre todo foráneas". "Vienen de Elche, Alicante, Madrid, Lugo, Vigo, Sanxenxo... Pero también llegan de empresas locales, de Fisterra, Cee o Corcubión". Xosé Manuel García considera que el Ayuntamiento "ha ido atajando" esta presión. "Pero como bajemos un poco la guardia, acaban con todo", apostilla.
El problema, describió el aún alcalde, se encuentra principalmente en los terrenos urbanizables, que van cayendo en manos de los promotores para presentar planes "al límite de la legalidad". El Ayuntamiento de Carnota, que se rige por normas subsidiarias, está tramitando un nuevo plan general de ordenación municipal.
Las declaraciones de García provocaron el asombro del futuro alcalde de Carnota, José Oreiro, del PP. "Si había presiones, no entiendo por qué no las ha denunciado antes", explicó el también diputado nacional, ganador con mayoría absoluta en las pasadas municipales. Pese a todo, Oreiro confirma la existencia de operaciones especulativas relacionadas con el suelo. "Se están pagando auténticas barbaridades por suelo que ahora figura como rústico", denuncia. ¿Información privilegiada? "Yo no he dicho eso, pero alguna referencia tendrían las promotoras para pagar tanto dinero". Oreiro aseguró que conocer la situación urbanística real de Carnota será su primera tarea cuando se siente en el despacho de la alcaldía, el próximo 18 de junio.
* ELPAIS.com - Santiago - 07/06/2007
Foto: Carnota /xunta.es
Inocua corrupción
ANTONIO PAPELL* : "Uno de los fenómenos más llamativos de estas pasadas elecciones, que no ha pasado ni mucho menos inadvertido para buena parte de la opinión pública, ha sido la indolencia con que el electorado ha tratado los numerosos episodios de corrupción, cuyos protagonistas no sólo no han recibido reprobación alguna en la mayoría de los casos sino que, con frecuencia, han sido amorosamente arropados por sus cómplices/víctimas en las urnas.
Esta pérdida de la ética colectiva es muy peligrosa y las fuerzas políticas no deberían ampararse en la generalización del problema para no abordarlo.
La lista es larguísima, y nos consumiría demasiado espacio detallarla. En el País Valenciano, por ejemplo, alcaldes imputados judicialmente por corrupción urbanística como los de Torrevieja u Orihuela han conseguido mayorías absolutas. La divulgación de escándalos protagonizados por Fabra, el sempiterno presiente de la diputación de Castellón, no ha perjudicado a su partido, el Popular, en la provincia, sino al contrario. El ex alcalde socialista de Ciempozuelos, expulsado del PSOE y también procesado, ha fundado un nuevo partido que ha conseguido relevantes apoyos... El propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria, que acaba de ser confirmado con los votos del PP, está imputado por corrupción en el caso de la playa de Las Teresitas...
Incluso han conservado parte de la consideración social que un día alcanzaron algunos responsables de delitos socialmente inaceptables: el alcalde del municipio coruñés de Toques, condenado en 2004 por abusos a una menor, ha encabezado la lista más votada de su circunscripción...
Este estado de cosas constituye sin duda un fracaso de la política, y se ha debido a un uso maniqueo de la corrupción por parte de los partidos políticos. Éstos, abusando de la credulidad de las clientelas, han acusado al adversario de irregularidades y han alardeado de la propia virtud, sobre todo en aquellos casos en que la expansión urbanística irregular ha generado en el municipio sensación de prosperidad, de forma que los ciudadanos, indirectamente beneficiados, han creído oportuno disculpar a los promotores del desaguisado, que casi siempre han sido quienes se han enriquecido irregularmente de forma más inicua. Puesto que la mancha de aceite había contaminado casi todo, los electores han preferido no darse por enterados y mirar hacia otro lado.
Esta pérdida de la ética colectiva es muy peligrosa y las fuerzas políticas no deberían ampararse en la generalización del problema para no abordarlo. De hecho, el mencionado Fabra, al conocer sus buenos resultados y tras insultar a los medios de comunicación que han denunciado sus presuntos abusos, cometió la insensatez de declarar que aquel respaldo equivalía a una «absolución». Obviamente, ello no es así, ni social, ni jurídica ni políticamente. Aunque la tolerancia de los aparatos partidarios con quienes han sido judicialmente imputados. De hecho, es manifiesto que las formaciones que consienten en llevar en sus listas a sospechosos de delitos se arriesgan al escándalo de una ulterior condena, lo que redundará en un mayor descrédito del sistema representativo, ya no muy sobrado de prestigio.
Esta condescendencia malsana con la delincuencia urbanística es síntoma de una relajación moral inconcebible. Porque quien se vale de una información privilegiada o de una influencia para conseguir plusvalías urbanísticas no sólo comete, como parece a veces, una inocua infracción administrativa: está también defraudando a toda la colectividad, está cometiendo un delito que lesiona los intereses de sus convecinos. No es, en definitiva, un «listo» sino un «ladrón», y en definitiva un elemento antisocial, por mucho que estos sujetos -el paradigma era Jesús Gil- alardeen demagógicamente de «crear riqueza» y de fomentar el desarrollo de su comunidad, que de otra forma permanecería inerte y paralizada.
* La Voz Digital - 5 de junio de 2007
