CanalSur* : "La Fiscalía especial andaluza para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo pidió hoy la creación de Unidades Adscritas formadas por expertos para colaborar en la investigación de las denuncias, que en 2006 se duplicaron en asuntos de Medio Ambiente y se triplicaron en Urbanismo. El fiscal coordinador andaluz, Luis Carlos Rodríguez, presentó hoy en rueda de prensa su Memoria Anual, en la que recoge que los delitos en materia de Medio Ambiente en toda Andalucía pasaron de los 224 investigados en 2005 a 425 en 2006, y los de Urbanismo de 348 en 2005 a 925 en 2006.
El tercer pilar de esta Fiscalía especial, los delitos contra el Patrimonio Histórico, pasaron de 35 en 2005 a 40 en 2006, aunque en ese año se incluyó la llamada Operación Thertis contra el expolio arqueológico, que investiga un juzgado de Marchena (Sevilla) y que, con sus 300.000 piezas intervenidas, ha sido la mayor operación de este tipo desarrollada en España y en Europa, según Rodríguez León.
El fiscal coordinador andaluz dijo que la creación de Unidades Adscritas es una necesidad "evidente e irrenunciable" para el trabajo de estos fiscales, que contarían así con equipos especializados integrados por expertos en Urbanismo, Medio Ambiente, Toxicología y Patrimonio, junto a policías y representantes del SEPRONA de la Guardia Civil.
Esta Fiscalía especial comenzó en funcionar en 2003 y el aumento de los asuntos encomendados "son un claro exponente de la confianza que han generado y la eficacia de su intervención", según Rodríguez León.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, dijo en la presentación de la Memoria que, en el caso de esta provincia, los fiscales de Urbanismo y Medio Ambiente han sufrido un incremento de carga de trabajo del 110 por ciento en el último año y en la actualidad son responsables del 60 por ciento de las diligencias de investigación de la Fiscalía sevillana.
El fiscal especial destacó entre los casos de 2006 la Operación Malaya en Marbella y el caso de la provincia de Sevilla, donde "todas las grandes urbanizaciones ilegales están siendo investigadas".
A su juicio, el hecho de que muchos alcaldes o concejales estén imputados en las diligencias abiertas refleja "una falta de medios en localidades pequeñas pero también una cierta pasividad" porque "las corporaciones tratan con vecinos a los que ven todos los días y es humanamente más difícil la persecución de esos delitos".
Entre los asuntos más destacados de 2006, Rodríguez León destacó el derribo del hotel El Algarrobico de Almería y la lucha contra los expolios de buques hundidos en la provincia de Cádiz.
En Córdoba, la Memoria resalta el "acoso urbanístico" a Medina Azahara y la sierra de Córdoba, así como la investigación de la subasta de vigas de la mezquita en la casa londinense Christie's.
En la provincia de Granada, la Fiscalía destacó los problemas de la sobreexplotación de canteras y acuíferos, así como la investigación sobre la destrucción de la rotativa del antiguo diario "Patria".
El uso de cebos envenenados en la sierra de Aracena y el impacto ecológico del nuevo puente España-Portugal son los aspectos más destacados en Huelva, y de Jaén Rodríguez León destacó que es la provincia con mayor sensibilidad judicial en materia de Medio Ambiente, pues de 32 sentencias registradas en 2006, solo 6 fueron absolutorias y dos de ellas fueron revocadas luego por la Audiencia.
En Málaga, junto a la Operación Malaya, Rodríguez León destacó el caso de la localidad de Tolox, de 2.000 habitantes, donde existen 17 promociones de viviendas con un total de 2.000 viviendas que "son todas ilegales".
Finalmente, en la provincia de Sevilla la Fiscalía destacó los 215 expedientes abiertos en 2006 en materia de Medio Ambiente, que incluyen la consideración del ruido como contaminación acústica, así como la campaña contra las urbanizaciones ilegales.
*CanalSur Informativos - 14/05/2007
Foto: Tribunal Justicia Andalucía en Granada /junta andalucía
En Andalucía se triplican los delitos de urbanismo y se duplican los de Medio Ambiente
"Mi socio dice que no paga 24 millones de pesetas"; "Vale, yo voy a pararle la obra"
F.MERCADO.- El País* : "La investigación judicial del caso Alhaurín el Grande, una supuesta trama en la que participarían el alcalde de esta localidad malagueña, Juan Martín Serón (PP), y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra (PP), para cobrar comisiones ilegales a cambio de licencias, incluye una grabación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que evidencia la presunta corrupción. En esa grabación, el socio de un promotor comunica al concejal de Urbanismo que no van a pagar la comisión de 121.600 euros que se les reclama a través de una firma vinculada a Serón por ser ilegal. Ante su negativa, el edil de Urbanismo, amén de recordar que tampoco era legal la licencia urbanística que tenía concedida, le plantea una clara amenaza: "Entonces yo voy a parar la obra". El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga, 21.000 habitantes), Juan Martín Serón, y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, fueron detenidos horas después de la conversación que el segundo mantuvo en su despacho oficial con un promotor con un proyecto en el municipio. Este último la grabó, con permiso judicial, como denunciante y testigo protegido.
En esa conversación, el edil de Urbanismo recordó cómo el alcalde avaló esta operación ilegal -"Me dijo: 'Juan, tú tiras para adelante que con P. [el empresario extorsionado] no hay ningún problema"- y explicó a su interlocutor, el promotor, que desde el Ayuntamiento habían hecho esfuerzos, más allá de la ley, para cambiar los informes técnicos de forma que éste pudiera continuar las obras, con la condición de que pagase una comisión de 121.600 euros.
Ante la negativa del promotor a pagar la comisión, el concejal de Urbanismo le amenazó con revisar la licencia concedida y paralizar las obras "porque las cosas cuando se hablan se mantienen". La comisión exigida debía abonarse a una empresa vinculada al alcalde, según la investigación judicial.
Durante la conversación grabada por el promotor, el concejal de Urbanismo le detalló cómo habían tenido que cambiar informes técnicos negativos por otros positivos para que pudiera hacerse la obra. El edil, según la investigación, llamó inmediatamente al alcalde, Juan Martín Serón, para informarle del fracaso de la reunión con el promotor.
Tras tener constancia de las irregularidades registradas en la cinta, la policía lo puso en conocimiento de la juez que investigaba el caso, quien ordenó la detención del edil y del alcalde.
Los arrestos se produjeron a las 18.30 del pasado 18 de enero, cuando los dos cargos municipales salían de una cafetería de Marbella tras asistir a una comida-mitin protagonizada por el presidente del PP, Mariano Rajoy. Los detenidos quedaron en libertad un día después, tras depositar 100.000 euros de fianza impuesta a cada uno por la juez, que les imputó sendos delitos de prevaricación y cohecho.
Comparece el promotor
Un promotor inmobiliario, cuyo nombre responde a las siglas J. B., compareció días después como testigo ante la juez que investigaba el caso de corrupción de Alhaurín el Grande. Este promotor fue el que, supuestamente, rehusó pagar la comisión a cambio de una licencia de obra.
Sin embargo, negó a la juez que hubiera sido el denunciante del caso y desmintió haber hecho la grabación que desembocó en la detención de ambos ediles. J. B. declaró durante poco más de media hora. A la salida del juzgado, el promotor, dueño de una empresa de fontanería, rehusó hacer declaraciones amparándose en el secreto de sumario.
El 18 de enero por la mañana fue la última vez que el edil de Urbanismo exigió al promotor dinero por la licencia urbanística, aunque hubo anteriores contactos, también grabados con autorización judicial y del fiscal anticorrupción. Pero esa última conversación, a la vista de su grave y elocuente contenido, fue el detonante para que esa tarde ambos ediles fueran detenidos.
El alcalde, Juan Marín Serón, declaró tras quedar en libertad bajo fianza: "Hemos podido meter la pata, nos habremos equivocado, pero la mano nunca la hemos metido. Nos han detenido, nos han registrado y no han encontrado absolutamente nada. Otra cosa es que a lo que hayan encontrado le quieran dar otra interpretación". El alcalde culpó de su detención al Gobierno socialista: "Los etarras están en la calle y los humildes, detenidos. Ésta es la política de Zapatero".
El PP responsabilizó a la Fiscalía General del Estado de las detenciones de militantes del PP que luego quedaban libres y censuró que la operación policial se desarrollara tras la comida en Marbella presidida por Rajoy.
Según los investigadores, la detención se practicó con el conocimiento de la juez y de la forma más adecuada para que la imagen del regidor no se viera afectada. "No sólo se esperó a la conclusión del acto, sino también a que acabaran las copas. La decisión se adoptó por un jefe policial que se encontraba junto a la juez y al fiscal en los juzgados".
En Alhaurín el Grande gobierna el PP con mayoría absoluta. En las elecciones municipales de 2003, los populares consiguieron el 60% de los votos y 11 de los 17 ediles. En los dos mandatos anteriores, la hegemonía fue del PSOE. Serón repite como candidato a alcalde por el PP.
EL 'CASO ALHAURÍN EL GRANDE'
- El alcalde y el edil de Urbanismo fueron detenidos acusados de cohecho y prevaricación y quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros.- Horas antes de las detenciones el concejal exigió una comisión de 121.600 euros al socio de un promotor. La conversación fue grabada.- El alcalde guardaba 63.000 euros en metálico en su casa y 7.000 en el despacho municipal.
*ELPAIS.com - Madrid - 14/05/2007
La policía impide la acampada por la vivienda digna frente al Museo del Prado
20minutos/EFE* : "Unas fuertes medidas de seguridad impidieron que ayer por la tarde se llevara a cabo en Madrid, en concreto frente al Museo del Prado, una "sentada-acampada" de jóvenes para reclamar a las distintas administraciones una vivienda digna. Convocados por la "Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna", los manifestantes, alrededor de un centenar, se fueron dando cita a las 18.00 horas en los aledaños del Museo del Prado, para llevar a cabo su protesta.
Sin embargo, no pudieron ni siquiera llegar al lugar previsto, frente a la "puerta Murillo", debido a las fuertes medidas de seguridad que había en la zona y que impedían el acceso de los jóvenes que tenían intención de participar en la misma.
Por este motivo, los manifestantes decidieron trasladarse a las inmediaciones del Centro de Arte Reina Sofía, donde tampoco se les permitió ni concentrarse ni instalar las tiendas de campaña.
Los organizadores habían anunciado su intención de permanecer acampados en las proximidades del Museo del Prado hasta que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas, el próximo 27 de mayo.
Un portavoz de la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna Raúl de la Fuente lamentó, en declaraciones a los periodistas, que se impidiera celebrar este "acto pacífico", cuyo único objetivo, comentó, es exigir a las administraciones viviendas dignas.
Según señalaron los organizadores, la Delegación del Gobierno en Madrid había prohibido esta protesta argumentando que se podría enmarcar en un acto electoral, algo que ellos negaron al asegurar que no solicitaban el voto para ningún partido.
Los convocantes de la protesta decidieron llevar a cabo a última hora una asamblea con todos los asistentes para pensar lo que harán a partir de ahora, aseguraron las mismas fuentes. Según indican en su página web: madrid.vdevivienda.net, finalmente acamparon en Ciudad Universitaria.
*20MINUTOS.ES / EFE. 14.05.2007
Ecologistas en Acción denuncia un incremento del 150% en el precio de la vivienda en 8 años
EuropaPress* : "La coordinadora del Área de Urbanismo de Ecologistas en Acción, María Angeles Nieto, denunció hoy, durante la celebración de la 'II Jornadas sobre delincuencia urbanística', que desde 1997 hasta 2005 'se ha producido un incremento del ciento cincuenta por ciento en el precio de la vivienda y, en casos como el suelo urbano, de hasta el quinientos por ciento', como resultado de la pérdida de la función social de la construcción. En declaraciones a E.P.Televisión, Nieto admitió que 'el análisis de la situación no es muy optimista, ya que la construcción en los últimos años está devorando el territorio y ésta destrucción no responde a las necesidades de la sociedad'. 'El urbanismo debe recuperar su función social', reclamó Nieto, quien denunció que, 'ahora mismo', la construcción de vivienda, 'es una mera herramienta de obtención de altos beneficios y un medio de inversión'.
En este sentido, hizo un llamamiento 'a la voluntad política para parar la dinámica urbanística que hay ahora mismo, ya que los problemas de corrupción y especulación están salpicando a todos los partidos'.
En relación a la recién aprobada Ley del Suelo, realizó una 'valoración positiva'. Según explicó, hasta ahora, 'la Ley de 1998 exigía justificar por qué se quería proteger un suelo' y, con la nueva ley, lo que hay que justificar es por qué se desea 'urbanizar un terreno'.
'Son cambios importantes en los que se pone de manifiesto y se realza el derecho del ciudadano a la participación, la transparencia de los procesos urbanísticos y, si bien la Ley no va a para la especulación, desde luego es una herramienta que va a ayudar', aseguró.
'UNA HERRAMIENTA MUY BUENA'
También Vicente Corral, capitán del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil se mostró 'convencido de que, cuando la nueva Ley del Suelo entre en vigor, va a ser una herramienta muy buena para ayudar a la persecución de estos delitos'.
Corral explicó que el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil es una 'unidad de nueva creación que lleva dos meses funcionando'. 'Estamos encuadrados en la unidad central operativa de la Guardia Civil, que es la que se dedica a las investigaciones de mayor complejidad en todos los campos', precisó.
Según indicó, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil se encarga de 'aquellos casos de delincuencia que son especialmente complejos, bien porque tengan tramas económicas detrás, bien porque estén implicados con la corrupción, porque tengan consecuencias de entradas y salidas dentro del territorio nacional o porque afecten a más de una comunidad autónoma'. En este sentido, subrayó que 'su ámbito de actuación es todo el territorio nacional'.
En cuanto a los medios destinados a combatir la corrupción urbanística en España, el capitán opinó que éstos 'nunca son suficientes'. 'A todos nos gustaría contar con más personas y con más efectivos, pero la creación de este nuevo grupo supone un avance muy importante y va a ayudar a atajar este problema de delincuencia que tanto preocupa a los ciudadanos', dijo.
*Terra Actualidad - Europa Press - 13-05-2007
La dejadez ha facilitado los `pelotazos´
N.T.- El PeriódicoExtremadura* : "El control depende de las comunidades autónomas, que en muchos casos no han aplicado ningún tipo de disciplina urbanística. Los impuestos vinculados a la construcción son fundamentales para la financiación municipal. "La tierra para el que la recalifica". Esta adaptación libre de la vieja máxima de las revoluciones agrarias ilustra uno de los principios que en los últimos años ha regido el urbanismo en España. Los expertos coinciden en que la discrecionalidad que acompaña a la disciplina urbanística, sumada a la codicia, ha facilitado tantos pelotazos en el sector.
Que un terreno sin valor pase a ser un preciado solar depende de una decisión arbitraria, como explica el urbanista y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Gerardo Roger, que la define como la "alquimia que transforma los patatales en solares". Cataluña y País Vasco han optado por redactar reglamentos que establecen un control sobre las planificaciones urbanísticas y territoriales. Pero el resto de comunidades, pudiendo hacerlo, se han inhibido y han dejado vía libre a los ayuntamientos.
La Administración, sobre todo los ayuntamientos, es la que decide si un terreno es urbanizable o no, si no vale nada o cuesta miles o millones de euros. Así, para un municipio mediano, los ingresos vinculados al urbanismo (el impuesto sobre bienes inmuebles, las licencias de obras y las transacciones inmobiliarias) suponen más del 60% de la recaudación. Es decir, las haciendas locales dependen de estos impuestos.
La lotería urbanística
A diferencia de las obras públicas, el urbanismo no está vinculado a concursos. Por eso los expertos hablan de lotería urbanística. El mapa de la corrupción ocupa con mayor o menor intensidad toda la geografía y los casos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y falsificación han proliferado sin distinción de siglas políticas ni tamaño del municipio. En cambio puede comprobarse que en zonas como la costa mediterránea hay mayor concentración de presuntas irregularidades.
"La corrupción forma parte del sistema", afirma el profesor de la Universidad Pompeu Fabra Carles Pareja, que añade que por eso es imposible erradicar las prácticas abusivas. Pero los expertos coinciden en que la legislación dota a la Administración de instrumentos suficientes para establecer un control.
Pero, ¿cuántas Marbellas hay en España? Los expertos consideran que por cifra de implicados y volumen de dinero es difícil que pueda aparecer otra igual, pero eso no significa que a menor escala no surjan nuevos casos.El secretario de Planificación Territorial de la Generalitat de Cataluña, Oriol Nel-lo, afirma que el problema "no reside en lo adjetivo, o sea la corrupción, sino en lo sustantivo, la ocupación del territorio".
Sobre la protección del territorio, hay un antes y un después de 1998. Ese año el PP aprobó una ley de liberalización del suelo que convirtió en potencialmente urbanizable todo aquello que no estuviera expresamente protegido. Como ironiza el profesor Roger, España es "una, grande, libre y urbanizable".
El año pasado se inició la construcción de 800.000 viviendas, una cifra similar al total de las existentes en una ciudad como Barcelona. Tanta demanda, facilidad y discrecionalidad en manos municipales son una terrible tentación que algunas autonomías han combatido ejerciendo competencias para regular el urbanismo a escala supramunicipal. Cataluña y País Vasco fueron las primeras, pero a otras, como a Andalucía con Marbella, "les ha pillado el toro", señala el profesor Roger.
Pugna de competencias
La pugna entre autonomías y municipios, celosos de sus competencias, ha sido una constante. Pese a ello, hay ediles que reconocen que la "injerencia" de los gobiernos autonómicos ha salvado a más de un alcalde.
La nueva ley de suelo, que entrará en vigor el 1 de julio, intenta poner orden en el caos. Todos los convenios urbanísticos deberán contar con la aprobación del pleno municipal. Además, la Administración, a la hora de expropiar, evaluará el terreno a partir del precio que tenga en ese momento y no por lo que pueda llegar a costar una vez urbanizado. Sus impulsores confían en que si la Administración da ejemplo podrá influir en todo el sector.
El ritmo de entrada de activos financieros, la capacidad de endeudamiento de las familias y las políticas públicas determinarán el futuro. El objetivo es acabar con la paradoja de que cada vez haya más viviendas y, en cambio, aumente la dificultad para acceder a ellas. Mientras, aquellas urbanizaciones --por abusivas que sean-- que ya están aprobadas difícilmente se modificarán porque la seguridad jurídica les ampara.
*elperiodicoextremadura.com - 13/05/2007
Foto: Sembrado de grúas Bosque de grúas en la playa de la Malvarrosa, en Valencia /REUTERS
La corrupción urbanística deja a Lisboa sin Ayuntamiento
EFE* : "La corrupción inmobiliaria que ha salpicado al alcalde y varios altos cargos municipales de Lisboa tiene a la capital lusa sin Ayuntamiento y pendiente de la celebración de nuevas elecciones antes de dos meses. Mientras los principales partidos políticos lusos abrían hoy el debate sobre los posibles candidatos para dirigir la urbe más importante del país, que ha servido de trampolín político a muchos dirigentes, los lisboetas no tenían claro quién dirige su ciudad. El alcalde cesante, Antonio Carmona Rodrigues, cuya caída se precipitó al ser investigado por la policía en el escándalo urbanístico, se mantiene formalmente al frente del consistorio mientras se nombra una administración provisional y se convocan los comicios.
La dimisión en masa, esta semana, de una treintena de concejales titulares y suplentes de la cámara municipal obligó a su disolución pese a la voluntad de mantenerse en el cargo expresada por Carmona, que se ha declarado inocente y víctima de jugarretas políticas.
Pero al quedarse sólo con la renuncia de casi todos los miembros de la cámara, incluidos los del partido que le apoyaba, el Social Demócrata (PSD), se produjo la ausencia formal de quórum en la institución que obliga a su disolución.
Aunque en Lisboa vota menos de medio millón de portugueses, en la ciudad y su área de influencia vive más de una cuarta parte de los 10 millones de habitantes que tiene el país y el color político de su ayuntamiento tiene un gran valor para los partidos lusos.
Hasta ahora gobernaba la ciudad con Carmona, que formalmente es un independiente, el PSD, de centroderecha, que constituye la principal oposición al gobierno de la nación encabezado por el primer ministro socialista, José Sócrates.
Las inminentes elecciones lisboetas, a mitad de mandato del actual ayuntamiento, empiezan a ser vistas ya como un examen político al país, donde los próximos comicios parlamentarios y municipales no están previstos antes de 2009.
Las especulaciones sobre la posibilidad de que el actual ministro del Interior, Antonio Costa, sea el candidato socialista a la Alcaldía obligaron hoy al propio Sócrates a negar los rumores y subrayar que su partido aún ha tomado una decisión.
Por la alcaldía lisboeta pasaron con buen aprovechamiento, entre otros políticos lusos, el ex primer ministro Pedro Santana Lopes y el ex presidente de la República Jorge Sampaio.
Pero Carmona, que no ha anunciado nada sobre su inmediato futuro político, ha tenido peor suerte.
'Fui elegido por las personas de mi ciudad. Fui elegido por los lisboetas y salgo ahora por el voto de los partidos', dijo el alcalde el jueves en una dolida declaración en la que se consideró un 'chivo expiatorio' y a partir de la cual ha guardado silencio.
Sus desgracias arrancan de un contrato suscrito en julio de 2005 entre la compañía lusa Bragaparques y el Consistorio para la permuta de terrenos de una antigua zona de recreación del centro de Lisboa.
La operación incluía la venta en subasta de una parte del suelo cuya adjudicación logró una filial de esa empresa a pesar de que había otras ofertas mejores.
En medio de una maraña de denuncias de corrupción e intento de soborno de un concejal de la izquierda, la Fiscalía lusa investigó a varios miembros de la Cámara y dos ellos, el teniente de alcalde, Carlos Fontao de Carvalho, y la concejala de Urbanismo, Gabriela Seara, están suspendidos en sus cargos.
Carmona y sus colaboradores cercanos fueron declarados 'implicados' por la policía y aunque la investigación no ha concluido y tampoco el caso ha sido examinado por la justicia, el PSD creyó lo mejor retirar el apoyó al alcalde.
Cuando, lejos de dimitir, Carmona anunció, hace dos semanas, que 'no iba a abandonar el barco ni dejar que le tiraran por la borda' se produjo la renuncia masiva que le dejó sólo y que obliga a convocar elecciones.
Este proceso está ahora pendiente de que Carmona comunique oficialmente la situación de la alcaldía, a lo que hoy le instaron los principales partidos.
*Terra Actualidad - EFE - 11-05-2007
El urbanismo, un parámetro político
ORIOL BOHIGAS*.- ElPeriódico**: "Hace ya tiempo que se comprobaron las deficiencias de la planificación urbana tal y como se produce en este país, siguiendo el método obsoleto de los planes generales. Esos planes no han alcanzado los propósitos que parecían más necesarios: la adecuada coherencia formal y funcional de los nuevos barrios y el control de las expansiones que anulan la concreción urbana, deterioran el paisaje y, además, echan a perder la economía. Cuantos más planes se aprueban, más desbarajuste suburbial existe, más costas estrujadas por las urbanizaciones y más paisajes malogrados por la especulación. Lo único que han logrado es clasificar las funciones según el viejo método del zooning, establecer unas normas abstractas que determinan formas inadecuadas a cada problema concreto e imponer redes circulatorias sobre las existentes, tres consecuencias que no ayudan a configurar urbanidad, la estropean.
QUIZÁ ES una casualidad, pero, sea cómo sea, la coincidencia entre planificación-desbarajuste formal-especulación es la demostración de que el control urbano, su equilibrio funcional y su coherencia formal --indispensables para los propósitos del bienestar social-- deben generarse con otras herramientas que comporten operaciones proyectuales concretas y suficientemente coherentes para abarcar la totalidad de la ciudad. Deben generarse con proyectos urbanos puntuales y realizables, un método que Barcelona inició ya en los años 80 y del que, hasta la fecha, ha obtenido interesantes rendimientos, con unos gobiernos que han sabido resistir la tentación de hacer un nuevo plan general --revolucionario o más conformista aun--, una operación que seguramente habría disfrazado por un tiempo los auténticos problemas políticos.
No obstante, no creer en el actual sistema de planificación no significa que no haga falta la afirmación previa de una idea global de la ciudad e incluso de la comarca o de la región a la que pertenece. Y esta idea debe ser lo suficientemente explícita para que promueva y justifique la sucesión de proyectos urbanos y los métodos de control directo. Para serlo, es necesario que se afiance en una propuesta política de la ciudad. Es decir, en lugar de un Plan General debemos reclamar un Plan Político Urbano que, lógicamente, debe corresponder a las diferentes ideas y presupuestos de gobierno de cada partido. Si, ingenuamente, se solía reclamar la apoliticidad de los Planes Generales, relegándolos a simples consideraciones técnicas que pretendían ser evidentes, ahora hay que subrayar su politicidad fundamental y su dependencia directa de la ideología de los partidos que regentan la ciudad.
POR EJEMPLO, en Barcelona, los planes que pueden sustentar PSC, CiU y PP deben ser substancialmente distintos. Puede que haya coincidencias muy generales y a menudo inconcretas, pero si al hablar del AVE, del aeropuerto, del Área Metropolitana, de la expansión suburbial, de la red de transporte público, de la conservación de monumentos, defienden posiciones distintas, no se trata de una anécdota de detalle, un simple criterio tecnológico, sino la consecuencia trascendental de diferentes ideas políticas. La discusión sobre el futuro paso del AVE y su relación con el aeropuerto no es un tema técnico, económico, funcional: es consecuencia de las diferentes maneras de entender el contenido social y la marcha política del área central de Barcelona. Por lo tanto, el Plan Político no puede ser sólo una suma de propuestas puntuales, un resumen oportunista de términos dispersos, sino su justificación referida a la teoría política de cada partido y de cada candidato.
Así, pues, sería muy eficaz que en unas elecciones municipales cada grupo presentara el esquema de su Plan Político Urbano que después --una vez resuelta la elección y formado el gobierno-- sería necesario convertir en el documento marco para todas las realizaciones urbanísticas, un documento más flexible en el detalle que un plan general, aunque, en realidad, más inflexible en las concepciones básicas. Y más realista. Porque no hay que olvidar que las ciudades no las hacen ni los urbanistas, ni los arquitectos, ni los ingenieros, ni los economistas, ni los sociólogos: las hacen los políticos que mandan en virtud de unos sufragios populares. Es decir, los ciudadanos. Aunque haya gente dificultada de representación, intromisiones de poder y errores de mando, es el método más próximo a la democracia.
PERO, como los programas electorales se han convertido en un batiburrillo de contradicciones para conquistar votos de centro, es decir, votos sin ideología, son muy pocos los que se atreven a declarar los principios políticos que deberían motivarlos y se dedican, sin embargo, a hacer listas de temas puntuales. Está muy bien concretar actuaciones para asegurar un mínimo de solvencia y compromiso, pero si estas no se subrayan con la intención política que los ha generado, no podrán llegar a convencer a la ciudadanía, más dispuesta a moverse conscientemente por las ideas generales que permiten la situación y las consecuencias, que a discutir los detalles técnicos de cada una, su oportunidad y su jerarquía. Ya se entiende que, a la vista de estos programas asépticos y aideológicos, los ciudadanos caigan en el desencanto político y, así pues, en la abstención. Sólo hay un remedio: hacer de cada propuesta un acto de afirmación política, tan radical como haga falta.
* Arquitecto
**El Periódico - 13/5/2007
60.000 euros de fianza al alcalde de Xàbia por un presunto delito urbanístico
N.GÓMEZ.- ElPaís*/Alicante : "El actual alcalde de Xàbia (La Marina Alta), Eduardo Monfort, y aspirante a reeditar su puesto por Bloc-Centristes; su antecesor en el cargo, Juan Moragues, de nuevo candidato por el PP; la presidenta de la Cruz Roja local, Antonia Sebastià, y ocho concejales que formaron parte de la Corporación en el año 1997, han tenido que depositar una fianza de 60.000 euros cada uno para seguir en libertad acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Eduardo Monfort, además, acumula a este cargo el de falsedad en documento público.
Laura Alabau, titular del juzgado número 3 de Dénia, fue más allá de la petición del fiscal y el pasado 23 de marzo dictaba un auto de apertura de juicio oral contra el alcalde y todos los concejales que formaban parte de la comisión de gobierno y de servicios del Ayuntamiento de Xàbia entre julio y noviembre de 1997. La magistrada amplió la petición del Ministerio Fiscal, que en febrero de este año sólo pedía la imputación de un delito contra la ordenación del territorio, interesando el sobreseimiento respecto del delito de falsedad.
Alabau ha decretado además una indemnización de 120.000 euros para los dos vecinos que denunciaron los hechos y que forman parte de la acusación particular, José Corbín y José Salva, en concepto de responsabilidad civil, que deberá ser abonada por los integrantes de la Comisión de Servicios, que se celebró en julio de 1997 que presidía Eduardo Monfort, por entonces socio de gobierno del entonces alcalde Juan Moragues.
Corbín y Salva denunciaron en su momento que Afinsa, empresa propietaria del aparthotel El Rodat estaba abusando de la licencia inicial y "estaba vendiendo apartamentos a terceros para uso residencial particular". Los querellantes sostenían que se estaba infringiendo el plan parcial del proyecto y el PGOU, utilizando la normativa de tolerancia hotelera que no cuenta los espacios comunes, por lo que se aprovechaban más metros cuadrados para edificar sin base legal.
Afinsa, según el fiscal, había modificado su proyecto inicial y había construido dos módulos comunes más destinados a congresos y fitness y un total de 93 chalets con el propósito de venderlos a particulares, publicitándolos con carteles de venta, pese a que carecían de licencia para ello. La comisión de servicios municipal se reunió y concedió los permisos "a sabiendas", según la fiscalía, de que se estaba infringiendo el plan general y pese a que el aparajedor municipal había advertido de la ilegalidad.
Sin embargo, en el acta oficial de la comisión de servicios no se hace referencia alguna a los 93 chales independientes, sino que únicamente se otorga licencia de actividad al módulo común, la sala de congresos y el gimnasio, y se lee que "según el arquitecto municipal se permite la edificabilidad al ajustarse a las determinaciones del plan parcial y del PGOU y cuenta con los informes técnicos oportunos".
Esta acta de la comisión municipal fue votada por unanimidad por los ediles que allí se encontraban presentes Eduardo Monfort, Jaime Soler, Francisco Mestre, Vicenta Mata, Vicenta Ribes y en la oposición Josep Segarra y Pascual Codina.
*ELPAIS.com - Xàbia - 13/05/2007
Foto: El litoral de Xàbia es el tramo de costa que más desarrollo urbanístico ha tenido durante los últimos años /lasprovincias.es
NOTICIA RELACIONADA: "Los expertos alertan de que el modelo turístico de Xàbia es insostenible" / Las Provincias - 6 de mayo de 2007
El esfuerzo económico para mantener una vivienda aumenta el número de personas en la pobreza
CanalSolidario* : "Poner sobre la mesa la realidad de la exclusión residencial en España y actuar para revertir la situación. Es la petición que Feantsa hace a las administraciones con motivo de las próximas elecciones locales y autonómicas. Las 13 organizaciones sociales que forman esta plataforma advierten que la vivienda ha perdido su papel de “cohesión social” y “ha dejado de ser un derecho” para convertirse en un bien de “especulación” que tiene serias consecuencias “económicas, medioambientales y de desintegración social”.
Según Feantsa, las medidas que en la actualidad contemplan los diferentes Planes de Vivienda y las acciones de vivienda protegida que han llevado a cabo las administraciones en todos sus niveles “no tienen en cuenta la realidad socioeconómica de los sectores de población con mayores desventajas” y han provocado que las personas en riesgo de exclusión queden fuera de estas políticas.
La realidad más visible de esta situación es la que viven las personas sin hogar. Cifras del Instituto Nacional de Estadística alertan de que 21.000 personas viven esta situación en España. Para Feantsa, esto no es más que “la punta de iceberg” de la exclusión residencial en la que se encuentran los colectivos más desfavorecidos.
El resto del iceberg está formado por familias que sufren el llamado ‘chabolismo vertical’, es decir, que viven en pisos muy deteriorados y que no tienen suficientes recursos para rehabilitarlos o directamente acceder a pisos dignos; y por personas y unidades familiares cuyas viviendas no se adaptan a sus necesidades (personas con discapacidad, gente mayor en pisos sin ascensores…).
“En las circunstancias actuales, el mercado de la vivienda resulta ser un factor que produce vulnerabilidad y exclusión. El esfuerzo económico que hay que realizar para mantener una vivienda conduce a mecanismos que, a medio plazo, puede dar lugar a un aumento de las personas en situación de pobreza”, afirman desde Feantsa.
Prevención y viviendas públicas
Para paliar esta situación, las organizaciones que forman Feantsa apelan a la responsabilidad política y piden a las formaciones que se presentan a las próximas elecciones del 27 de mayo que se comprometan activamente en asegurar el acceso a la vivienda de todas las personas. Entre las peticiones de Feantsa destaca que las Comunidades Autónomas establezcan cuotas mínimas anuales de construcción de vivienda de promoción pública que tengan como a colectivos “preferentes” a las personas en situación de exclusión.
Asimismo, la plataforma considera que la manera de acceder a las viviendas públicas debería ser el alquiler, “sin opción a compra”, para evitar pérdidas de patrimonio público y favorecer que más personas se beneficien de esta práctica.
Estas medidas deberían complementarse con la elaboración de una Ley Estatal de Vivienda “que garantice el derecho y haga exigible el derecho a la vivienda” y con actuaciones “socioresidenciales” preventivas e integrales para evitar el deterioro de las viviendas y recuperar las infraviviendas.
En este contexto, y para apoyar también a las personas sin hogar, desde Feantsa recuerdan la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la inclusión de estas personas mediante el acceso a una vivienda de carácter estable y alternativas residenciales temporales que incluyan también un acompañamiento durante todo el proceso.
*Canal Solidario-OneWorld 2007 - 11/05/2007
El tsunami urbanístico
C.VÁZQUEZ.- El País*/Valencia : "Ha sido la legislatura del cemento y del tsunami urbanístico. La de la avalancha de Programas de Actuación Integrada (PAI), del adiós a la LRAU y de la movilización ciudadana contra la destrucción del territorio con el lema de "somos un país, no un PAI". En estos cuatro años se han sucedido escándalos como el del Atrium Beach, pelotazos como el de Porxinos, las inspecciones del Parlamento Europeo y la condena que supuso el Informe Fourtou de las prácticas urbanísticas valencianas. Si en una década el suelo urbanizado ha crecido un 60% en la Comunidad Valenciana, a partir del año 2000 el ritmo de urbanización parece precipitarse.
El informe Destrucción a toda costa de Greenpeace del año 2006 concluía que el litoral valenciano tiene el 33% de su primer kilómetro de costa urbanizado. Alicante sobrepasa la media con cerca del 50% -una de las más elevadas del litoral español-, seguida de Valencia, con el 29% y Castellón, con el 23,5%. Casi la mitad del litoral está urbanizado y está previsto que se urbanice otra quinta parte del mismo. Según el Instituto Internacional de Economía de la Universitat de València se ha recalificado suelo para triplicar los actuales niveles de urbanización. "Ahora nos encontramos con ese mismo avance pero en sólo cinco años", dice Carles Arribas, de Ecologistas en Acción.
El Consell no proporciona datos sobre el suelo reclasificado en esta etapa de vorágine. Sólo en dos ocasiones la Consejería de Territorio ha hecho públicas las solicitudes que tenía encima de la mesa. A finales de 2006 su titular, Esteban González Pons, explicaba que tenía peticiones de ayuntamientos para recalificar cerca de 195 millones de metros cuadrados de suelo fuera de los planes generales.
De 542 corporaciones municipales, 123 pedían recalificar de rústico a urbanizable 67,2 millones de metros cuadrados en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59 millones en la de Alicante. Entre un 30% y un 40% del total pueden salir adelante, según fuentes de la consejería. Un año antes Blasco cifró en 55 millones de metros cuadrados las solicitudes de reclasificación de suelo.
"Es verdad que ha habido un bajón en esta última etapa, pero en pocos días aprueban ahora miles de nuevos pisos", apostilla Arribas, en alusión a los 35.000 pisos proyectados en Manises, Catarroja y Alicante, concretamente en el PAI de Rabassa, el más grande de la Comunidad Valenciana, con 4,5 millones de metros.
Compromís pel Territori, altavoz de decenas de plataformas vecinales, habla de 412 millones de metros cuadrados urbanizados, de un millón de nuevas viviendas previstas y de 95 campos de golf solicitados.
La coordinadora ofrece algunos datos. San Miguel de Salinas, un pueblo de 6.600 habitantes, proyecta la construcción de 70.000 nuevas residencias. Vilamarxant es el municipio con más PAI, con 13 proyectos en total; Cabanes, en Castellón, tiene el de mayor extensión, y Cullera es la población con más rascacielos proyectados, 33 en total. "Es el periodo en que se ha destruido más territorio en menos tiempo" apostilla Paco Sanz.
Para el decano de los arquitectos valencianos, Juan Castillo, ésta ha sido una legislatura convulsa y de final complicado. Convulsa por los cambios de titulares en la consejería -dos en cuatro años- y por la renovación de toda la legislación urbanística.
En esta vorágine, el Consell y el Gobierno central se han visto las caras a propósito del agua. La valenciana lidera el ránking de comunidades que proyecta más viviendas sin garantía de suministro. La Confederación Hidrográfica del Júcar calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se verifique la garantía de abastecimiento de agua y otras 100.000 han recibido una resolución negativa. La Delegación del Gobierno ha recurrido una docena de PAI al no estar garantizado el suministro hídrico o por otras deficiencias. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha paralizado ya cautelarmente dos PAI proyectados en Parcent y La Nucia.
La sensación de desorden urbanístico se ha trasladado a la población. Así la opinión de los valencianos sobre la política urbanística y de ordenación del Consell empeoró el año pasado, según un sondeo de Opina para EL PAÍS. Con una nota media del 2,56, la gran mayoría de los valencianos opinaba que las actuaciones del Ejecutivo del PP relacionadas con el urbanismo han ido a peor. Un 21,9% cree que la situación es muy mala (15,3% hace un año); un 14,1% califica esta política de mala (13,2% en 2005) y el 27,5% de regular. Un 36% de los encuestados reprobaba la gestión del Consell en esta materia.
Los promotores inmobiliarios descargan la responsabilidad de lo que sucede sobre la Administración. "Si se construye mucho es porque se dan muchas licencias", decía en su día Benjamín Muñoz.
LOS COMPROMISOS ELECTORALES SOBRE EL URBANISMO
PP: Conseguir en la próxima legislatura que el 95% del territorio se encuentre ordenado por planes generales. Desacelerar el ritmo de crecimiento del consumo de suelo hasta que sea inferior a la tasa de crecimiento del PIB valenciano. Potenciar el modelo urbano policéntrico concentrado y aprobar los planes de protección de la huerta y del litoral. Plan especial para las actuaciones urbanísticas en terrenos situados en la franja litoral de 500 metros, donde sólo se permitirán densidades bajas y equipamientos públicos.
PSPV-PSOE: Poner fin al crecimiento urbanístico descontrolado y a las reclasificaciones de suelo al margen de los planes generales. Proteger una franja litoral de 500 metros. Presentar los planes de protección de l'Horta y del Litoral. Modificar la ley del Golf. Fomentar la participación de los ciudadanos en los procesos de ordenación del territorio.
COMPROMÍS PEL PAÍS VALENCIÀ: Moratoria urbanística inmediata que permita una ordenación territorial sostenible. Paralización de los proyectos que no acrediten la suficiente transparencia informativa y anulación de todo PAI aprobado fuera de los planes generales.
*ELPAIS.com - Valencia - 12/05/2007
Foto: manifestación depredacion territorio valencia 21 abril/ elpais.com
El 'boom' alimenta la demanda de vivienda social en Barcelona
LL.PELLICER.- El País* : "Barcelona tiene una demanda de vivienda insaciable. Como prueba, el último sorteo de viviendas de protección, en el que 54.440 personas optaron a 1.509 pisos. Sólo había casa para el 2,8% de los solicitantes. En todo 2006 se rifaron 2.200 viviendas, insuficientes para una ciudad que ha sufrido una de las mayores escaladas inflacionistas de España. En la última legislatura la obra nueva se ha encarecido el 66,6%, mientras que la segunda mano, el 55,6%. El perfil de un piso nuevo en la capital catalana es, según los promotores, el de una vivienda de 71,3 metros cuadrados que cuesta 590.000 euros.
Paradójicamente, Barcelona es la ciudad que más pisos sociales construye en Cataluña. A pesar de que el número de pisos protegidos el año pasado fue el 12% inferior al de 2005, la capital catalana concentra uno de cada cuatro pisos iniciados en toda la comunidad. El gobierno municipal (PSC, ERC e ICV) se propuso promover 10.000 pisos públicos entre 2004 y 2007. El último balance del Ayuntamiento señala que el 41,8% de las viviendas prometidas están terminadas, mientras que el 43,6% están en construcción o ya pueden empezar las obras. Las licencias del resto, 1.530 pisos, aún están en trámite.
La producción de vivienda pública ha dado un salto cuantitativo en los dos últimos años. Antes era más bien nula. En 2001, en pleno comienzo del boom inmobiliario, sólo el 5% de las licencias otorgadas por el consistorio correspondían a pisos sociales. ¿El culpable? Los socialistas apuntan a los gobiernos de la Generalitat que lideró CiU durante 23 años, que, dicen, ignoraron las necesidades de Barcelona. CiU acusa a los tripartitos municipales de dejadez y de haber malvendido suelo que poseía en el frente litoral.
La inversión del Ayuntamiento a partir de 2003 ha empezado a dar sus frutos en los últimos años. El consistorio inyectó 540 millones de euros en la compra de solares y otros 172 millones en la promoción de pisos y empezó a levantar viviendas para jóvenes y ancianos en suelo dotacional. Todo eso ha permitido que en los dos últimos años uno de cada tres pisos construidos en Barcelona sean protegidos. En cuatro años la promoción ha crecido el 139%.
Sin embargo, la entrada de más pisos sociales en el mercado no ha podido contener los precios de la vivienda ni acercar la producción de pisos públicos a la de otras ciudades. Madrid (35.000 viviendas), Sevilla (15.000) y Valencia (12.500) siguen teniendo los planes de vivienda más ambiciosos de España, aunque no escapan a la tragedia de los sorteos. El jueves, en Madrid 217.000 ciudadanos optaban a 1.378 pisos públicos.
Para los próximos años, Barcelona cuenta con nuevos desarrollos que suman cerca de seis millones de metros cuadrados de techo para viviendas, de las cuales el 54% serán públicas. Pero la lista de demandantes, lejos de irse desinflando, parece que puede engrosarse. El 25% de los ciudadanos con menos recursos hoy no podría acceder a un piso, ni tan sólo de protección, según el Libro Blanco de la Vivienda en Barcelona, de Antón Costas. De acuerdo con el informe, al próximo gobierno local se le plantea un reto nada fácil: dar alas al alquiler social, dar prioridad a los colectivos con riesgo de exclusión y buscar fórmulas imaginativas para crear más vivienda pública. Y deberá hacerlo ante una ciudadanía no sólo preocupada, sino también movilizada, ante el difícil acceso a una vivienda digna.
LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS
PSC. 12.000 pisos públicos, más de la mitad de alquiler. Creación de una bolsa de intermediación que administre 10.000 pisos. Expropiación de solares y fincas abandonadas para crear vivienda social.
CiU. 6.000 pisos para mayores y otros 3.000 para jóvenes, pero ayer propuso construir otros 10.000 en los muelles del puerto de Barcelona. Aportaciones del 20% del precio del piso por parte del Ayuntamiento, que sería copropietario.
PP. 12.000 pisos protegidos. Fomento del alquiler para que salgan al mercado 10.000 viviendas vacías. Pisos de alquiler a 20 años con opción a compra. Ayudas directas para la entrada de un piso a jóvenes, familias numerosas, discapacitados y ancianos.
ERC. 10.000 pisos públicos y 10.000 rehabilitaciones de pisos para destinarlos al alquiler. Mejora de la lucha contra el acoso inmobiliario. Creación de pisos en edificios en desuso del Ministerio de Defensa.
ICV-EUiA. 12.000 pisos públicos la mitad de alquiler. 2.500 pisos dotacionales para personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social. Los nuevos desarrollos deberán tener entre un 35% y un 50% de vivienda pública.
Ciutadans. Prioridad a la vivienda pública de alquiler. Impedir la venta de suelo público hasta alcanzar los compromisos de construcción de vivienda protegida. Atraer al sector privado a la promoción de vivienda pública.
*ELPAIS.com - Barcelona - 12/05/2007
Nueva Ley del Suelo: fuegos artificiales que no acabarán con la especulación urbanística
La Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna de Madrid manifiesta su clara decepción por el contenido definitivo aprobado de la Ley del Suelo y anuncia una sentada acampada el próximo domingo 13 de mayo a las 18:00h frente al Museo del Prado al cumplirse un año de las primeras sentadas espontáneas por la vivienda digna. La nueva Ley del Suelo que hoy se ha aprobado definitivamente en el Congreso pone coto a algunos de los desmanes que consagraba la anterior norma de 1998, pero ni mucho menos es el instrumento decisivo que se necesitaba para frenar la especulación urbanística, poner coto al destrozo medioambiental del urbanismo salvaje o garantizar el acceso a una vivienda digna a un coste asequible.
Con el suelo urbano ya disponible se puede seguir manteniendo los insostenibles ritmos de promoción inmobiliaria actuales durante años. Por tanto, lo mínimo necesario antes de entrar a legislar y desarrollar nuevas leyes en las que todo cambie aparentemente para que lo sustancial siga igual, hubiera sido decretar una moratoria urbanística temporal en todo el país. Haber paralizado la generación de nuevo suelo urbano y haber analizado a fondo las necesidades reales (no especulativas) y sostenibles de suelo y vivienda de la población.
La nueva ley del suelo recupera medidas que ya estuvieron vigentes hasta 1998 en anteriores leyes del suelo. Si durante décadas, redactados similares no han logrado acabar con una especulación que todas las legislaciones anteriores decían combatir, no hay elementos nuevos que justifiquen ahora un análisis diferente.
La nueva ley abre numerosas excepciones y vías de escape en los limitados avances que plantea (valoración del suelo, 30% de vivienda protegida). Vistos los antecedentes, las excepciones se convertirán en la norma de funcionamiento de ayuntamientos y promotores. Al mismo tiempo consagra legalmente elementos claramente regresivos como la monetización de los patrimonios municipales de suelo, que podrán subastarse y destinarse a otros fines diferentes de la promoción de vivienda social.
Esta Ley del Suelo es una oportunidad perdida (una más) de poner realmente el urbanismo y el suelo al servicio de la ciudadanía y de necesidades sociales básicas y derechos fundamentales, como es el acceso a una vivienda digna a un coste asequible, entendido éste como un alquiler no lucrativo fuera de los mecanismos de mercado.
Los derechos no se compran, tampoco se mendigan
Los derechos son de tod@s y para tod@s
La vivienda es un derecho y no un negocio
Domingo 13 de mayo. 18:00h. Madrid. Frente al Museo del Prado
Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna
VdeVivienda Madrid
*Kaos en la Red - 10.05.2007
La Ley del Suelo entrará en vigor el próximo 1 de julio
Consumer* : "El Congreso de los Diputados aprobó ayer el texto definitivo del proyecto de la Ley del Suelo, que durante más de un año y medio ha sido objeto de críticas y controversias. Su entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio, una vez se hayan constituido los ejecutivos autonómicos y locales tras los comicios del 27 de mayo. Esta normativa viene a sustituir a la vigente desde 1998. Entre las novedades que recoge destaca el nuevo sistema de valoración de los suelos, que considerará sus rendimientos de explotación y excluirá de dicha valoración sus expectativas. En relación a la vivienda de protección oficial (VPO), la ley busca fomentarla, para lo cual contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos para la construcción de este tipo de casas. Asimismo, fija un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%.
El Gobierno pretende además que la nueva norma sea un arma eficaz contra la especulación urbanística. En este sentido, establece la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.
El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien decidió intervenir a petición propia en el debate, dijo que espera que la normativa aprobada ayude también a "frenar la espiral de precios desorbitados de la vivienda vivida en los últimos años, aún cuando empieza a ralentizarse su crecimiento".
Zapatero aseguró además que corregirá "una etapa de decrecimiento de la VPO, la anomalía de las viviendas desocupadas, conducirá el aumento del suelo urbanizado, preservará el patrimonio paisajístico y medioambiental, y plantará cara a la corrupción, cumpliendo con el sentido social del urbanismo y del suelo".
Reacciones dispares
La aprobación de la Ley del Suelo ha provocado reacciones de diversa índole. A favor se han pronunciado algunas asociaciones de consumidores, como CECU, y en contra, los promotores y constructores.
La Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) se ha felicitado por la nueva norma y las medidas recogidas en ella, especialmente las que se refieren a la vivienda protegida y las encaminadas a frenar la especulación.
CECU ha recordado que la vivienda es aún el principal problema de los ciudadanos, especialmente en cuanto al acceso a la misma, debido a "un incremento excesivo de los precios", al que se une "una progresiva pérdida de poder adquisitivo" por parte de las familias constatada en la cada vez más baja tasa de ahorro.
Asimismo, ha señalado que los problemas en la vivienda no concluyen con su compra, sino que, en ocasiones, su adquisición es sólo el principio: retrasos en las entregas, desperfectos o incumplimientos en las memorias de calidades son algunos de los contratiempos más habituales, destacando también la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
La visión negativa de la ley la aporta la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). A su juicio, los efectos de la normativa serán todo lo contrario a lo que se persigue. La APCE augura el encarecimiento de las viviendas de segunda mano y un endurecimiento de los préstamos para la promoción de nuevas viviendas.
A los promotores y constructores les preocupa sobre todo el aumento del porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida y de las cesiones a los ayuntamientos. En este sentido, dicen que estos incrementos "conllevarán, inevitablemente, un aumento de los costes del suelo, el primero repercutiendo sobre toda clase de viviendas y el segundo sobre las libres".
El único efecto de la ley que ven a corto plazo es al abaratamiento del coste de las expropiaciones por razón de obras públicas, que perjudicará a todos los que hayan comprado suelo a precio de mercado.
*Consumer.es - 11 de mayo de 2007
Alrededor de 4.000 personas se manifiestan en La Vila contra la especulación urbanística
S.CASTILLO.- El País*/Alicante : "Unas cuatro mil personas, según la organización -500 en estimación de la Policía Local- participaron ayer en la manifestación celebrada en La Vila Joiosa bajo el lema "La Vila no es ven" convocada por la Asamblea Ciudadana contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la Junta de Personal del Hospital Comarcal. Los manifestantes exigieron al PP la "inmediata retirada" de la propuesta urbanística y la construcción de un aparcamiento público y gratuito en el hospital.
Aunque en un principio estaba prevista la celebración de dos marchas separadas, los convocantes decidieron unirse bajo un lema común de lucha contra la especulación de terrenos, "que es lo que se esconde detrás de ambos casos", según explicó Antonio Garcimartín, portavoz de la asamblea. La marcha partió del Centro Social y recorrió las principales calles de la ciudad en un ambiente festivo, con animación de músicos y con muchos manifestantes con silbatos y cacerolas para hacerse sentir. Los manifestantes también llegaron a cortar el tráfico en la travesía urbana de la N-332. Entre los participantes figuraban miembros del colectivo Abusos Urbanísticos No, dirigentes del PSPV-PSOE, Bloc Nacionalista e Iniciativa Independiente en la Marina Baixa.
El concierto previo del PGOU está aprobado a falta de la resolución de alegaciones, y prevé la transformación de este municipio del litoral que multiplicaría por seis su población hasta alcanzar los 137.448 habitantes. El documento prevé 25.671 nuevas viviendas en 19 nuevos planes parciales, y tres campos de golf. Los 16 millones de metros cuadrados que deja por urbanizar agotarían las expansiones futuras del municipio, con escasos recursos hídricos. El proceso de tramitación ha estado rodeado de varios escándalos, con la dimisión del arquitecto redactor, denuncias en el juzgado.
Por otra parte, la privatización del parking del hospital tendrá un coste de 35 euros por día a todos los pacientes, familiares y trabajadores que lo utilicen. El centro sanitario está alejado del núcleo urbana y la única forma de desplazarse allí es en vehículo privado.
*ELPAIS.com - La Vila Joiosa - 11/05/2007
Foto: La Vila Joiosa /comunitatvalenciana.com
101 gotas malayas sobre la roca marbellí
J.VIÚDEZ.- El País* : "El investigador que bautizó el mayor caso de corrupción municipal de España con el nombre de Malaya acertó de pleno. Durante un año y dos meses los imputados han ido cayendo, como gotas malayas, sobre la piedra, hasta resquebrajarla. El martes la trama alcanzó los 100 detenidos, aunque el número redondo sólo se mantuvo pocas horas. Ya van 101. Entre el centenar de imputados que supuestamente contribuyeron al saqueo de las arcas de Marbella (Málaga), hay tres alcaldes, una quincena de concejales, 11 abogados y más de 40 empresarios, de los que cerca de la mitad tienen negocios en la construcción.
El juez Miguel Ángel Torres ha ido definiendo el papel de cada uno. Los empresarios pagaban a ex asesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama, para obtener resoluciones urbanísticas favorables y éste distribuía el botín entre los concejales y la alcaldesa Marisol Yagüe. Unos abogados desviaban el dinero en una maraña societaria y otros le servían de testaferros.
Pocas personas vinculadas al equipo de gobierno o que hicieron algún trato con Juan Antonio Roca se atreven presumir de inocencia. La instrucción continúa y cada día arroja una nueva sorpresa. Los últimos en caer han sido un marchante de arte, a través del que Roca podría haber blanqueado cantidades millonarias procedentes de operaciones urbanísticas irregulares, y un empresario.
La trama ha salpicado a funcionarios judiciales, miembros de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, hijos y allegados de dos de los imputados más relevantes: Roca y Julián Muñoz, elegido alcalde de Marbella en las pasadas elecciones municipales, pero defenestrado la famosa moción de censura de verano de 2003.
La aprehensión el pasado 2 de mayo de la tonadillera Isabel Pantoja, que ha sido pareja sentimental de Muñoz, ha revitalizado el interés por el caso. El juez imputa a la conocida cantante un delito de blanqueo de capitales y fraude contra la Hacienda Pública y los investigadores creen que ayudó a su pareja sentimental a blanquear una gran cantidad de dinero sucio.
Por el momento el instructor mantiene en prisión a cuatro personas: Juan Antonio Roca, Julián Muñoz; el abogado Juan Germán Hoffmann, al que considera testaferro de Roca en paraísos fiscales; y Pedro Román, que fue mano derecha del fallecido Jesús Gil y teniente de alcalde en Marbella entre 1991 y 1998. Éste último fue detenido el 1 de mayo, cuando regresaba de Zurich (Suiza) junto a su hija, abogada de profesión.
La operación arrancó el 31 de marzo de 2006 con 29 detenidos, entre los que destacaron Roca, Yagüe y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos. En la segunda fase, en julio, cayeron 30 personas más. Entre ellos estaba el ex alcalde Julián Muñoz y el resto de miembros de la Corporación que había firmado la moción de censura que desbancó a aquél, además de constructores y personal municipal. La tercera entrega, en noviembre, afectó a la esposa de Julián Muñoz, su hija, familiares, y empresarios como José María González de Caldas, ex presidente del Sevilla y empresario taurino.
En 2007, se ha producido un goteo incesante de aprehensiones entre las que se encuentra la esposa de Roca, su hija y su cuñado por una trama de compra de billetes de lotería para blanquear dinero. Desde entonces, ya nadie cuenta las fases. Ahora, se suman detenidos. Sin embargo, no están todos los que son: la Policía busca aún al empresario Carlos Llorca, al ex edil Carlos Fernández y al galerista Alberto Pedranzo, al que se dio como detenido por error.
Isabel Pantoja recurre
La defensa de la cantante Isabel Pantoja presentó ayer un recurso de apelación contra el auto del juez Torres que imponía a la artista una fianza de 90.000 euros para evitar ir a prisión por blanqueo en el caso Malaya. La abogada de Pantoja, Graciela Otondo, señaló que el recurso se basa "sólo en argumentos procesales" como que la resolución del magistrado "carecía de motivación". La apelación no entra a aportar pruebas sobre el origen de los ingresos de Pantoja, a la que Hacienda acusa de no haber justificado 1,2 millones de euros entre 2003 y 2007. La defensa de la artista calcula que "en unos 20 días" se habrá reunido la documentación para certificar el origen del dinero.
Ayer pasó a disposición judicial el galerista Jean Fournets, principal proveedor de obras de arte para Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama corrupta. Fournets pidió ser asistido en su declaración por un intérprete. Además, el juez dejó en libertad con cargos de blanqueo y alzamiento de bienes al empresario Carlos García-Puente, que figura como presidente de la sociedad CCF21, relacionada con el también imputado Andrés Liétor.
Por otro lado, Julián Muñoz, abandonó ayer la huelga de hambre que inició el 3 de mayo.
*ELPAIS.com - Marbella - 11/05/2007
Foto: Ayuntamiento Marbella /urbpatasarriba
Campaña "ni un metro más de hormigón"
*Ecologistas en Acción presenta la campaña "Ni un metro más de hormigón". Un Mapa de la especulación en constante elaboración visibiliza el seguimiento de los casos especulativos en cualquier punto del territorio. La organización denuncia que asistimos cada día a un nuevo escándalo urbanístico, constantes ejemplos de un, cada vez más generalizado, uso irresponsable y devastador del territorio. "Lo que debía ser un uso racional del suelo se ha transformado en una ocupación especulativa del territorio, generando graves problemas ambientales y sociales y fomentando modelos de corrupción generalizados", sostienen. Hoy el urbanismo y la construcción son las principales causas de destrucción del territorio.
Los datos son elocuentes: Entre 1987 y 2000 la superficie urbanizada en España se incrementó un 29,5%. Se estima que de 1987 a 2005 este incremento alcanzó el 40%. En ese periodo algunas provincias, como Madrid, urbanizaron más del 50% de su superficie urbana previa. El propio Parlamento Europeo, en un reciente informe, califica de "enladrillado" y "expolio de una cultura" la actividad urbanística que se realiza en algunas zonas de España.
Como resultado final de esta actividad frenética, el Estado español tiene el mayor parque inmobiliario de la UE. Somos el país con un ritmo de construcción más alto, pero también paradójicamente el país donde resulta más difícil el acceso a la vivienda: Entre 1987 y 2005 el aumento acumulado del precio de la vivienda fue del 250% y el nivel de endeudamiento familiar alcanzó el 125% de la renta disponible. Hacer frente al préstamo contraído para comprar un piso detrae de media más del 40% del salario. Así pues, "el problema va mucho más allá de que unos cuantos listos se enriquezcan, está en juego la destrucción del medio ambiente, nuestra calidad de vida y nuestro futuro".
Como esta lacra se puede observar en todo el Estado español, Ecologistas en Acción pone en marcha "Ni un metro más de hormigón", una campaña de ámbito estatal que pretende servir para coordinar las distintas iniciativas locales contra la especulación urbanística, dotando a cada grupo de la asociación de herramientas que potencien su trabajo y faciliten su difusión.
La campaña incluye cursos y materiales de asesoramiento jurídico en el ámbito urbanístico así como herramientas de coordinación como el Mapa de la especulación, una aplicación en Internet que permite mostrar y poner en común el seguimiento de los distintos casos de especulación, a través de unas sencillas fichas que describen cada caso registrado en una base
de datos común.
El mapa de la especulación se elabora colectivamente aprovechando la potencialidad de la llamada web 2.0, siendo una plataforma horizontal resultado de la colaboración en red de los distintos responsables locales de urbanismo de Ecologistas en Acción. De esta forma, la asociación comparte información y recursos de la forma eficaz que este problema exige. Por eso mismo, el Mapa de la especulación es un proyecto en continuo desarrollo, que permite un seguimiento informativo y jurídico de las distintas etapas que sigue un caso detectado de especulación urbanística en cualquier punto del Estado español.
*Portaldelmedioambiente.com - Jueves - 10/05/2007
La política de vivienda en la Comunidad de Madrid ‘ha sido un fracaso y un engaño a los jóvenes’
MadridDigital* : "La Plataforma por una Vivienda Digna, Comité territorial de Madrid (PVD), dio a conocer un documento en el cual valora que la política de vivienda de Esperanza Aguirre “ha sido un fracaso y un engaño a los jóvenes”, y que su Plan “no soluciona el problema y usa recursos públicos para apoyar los intereses de promotores y especuladores”. Según la PVD, los problemas de vivienda de los jóvenes madrileños “no tienen visos de solucionarse a corto y medio plazo por las iniciativas de la Comunidad de Madrid”, ya que el Plan de Vivienda Joven 2005/2008 publicado recientemente por la plataforma, es “un mero instrumento para aparecer en los medios de comunicación anunciando viviendas de promoción pública, mientras se apoyan los intereses de promotores y constructores”.
La Plataforma señala además que, en cualquier caso, las viviendas prometidas para esta legislatura no se han construido. Según un portavoz de la organización, “de las 79.000 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra para menores de 35 años prometidas por Esperanza Aguirre para 2007, apenas se han hecho realidad unas 400”.
La PVD considera que, de todas formas, “la solución no está sólo en construir más vivienda sea del tipo que sea”, sino en efectuar reformas en aspectos como la ley del suelo, la regulación de las cooperativas, la inspección del fraude, la protección de zonas de valor ecológico, la penalización fiscal de los pisos vacíos, rebajar el módulo de la VPO, “aspectos sobre los que Aguirre nunca se pronuncia”.
En cuanto al contenido del Plan, la Plataforma destaca en su análisis los siguientes puntos.
- En vez de viviendas protegidas, precios protegidos
Las viviendas protegidas del Plan de Vivienda Joven 2005/2008, en prácticamente todas sus modalidades, son tan caras que son difícilmente pagables por un titular que cumpla los requisitos de renta para acceder a ellas.
En concreto, todas las viviendas del plan tienen precios que oscilan entre los 138.000 y los 213.000 euros, a lo que se sumarían los gastos de escrituración y seguros. Teniendo en cuenta los umbrales máximos de renta necesarios para acceder a los sorteos, un gran número de los pocos “agraciados” se ve en la situación de que una vez que le ha correspondido la vivienda, no pueden pagarla.
Sabiendo además que más del 70% de los jóvenes madrileños entre 18 y 29 años tienen un contrato temporal, tras los sorteos, otra consecuencia frecuente es que aquellos a los que les ha correspondido una vivienda sólo puedan pagarla si tienen aval y se hipotecan a 50 años "y eso dejando para la vivienda un porcentaje muy elevado de su sueldo”, afirma el representante de la PVD.
“Recordemos que esto ocurre porque el ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre, ayudado por la permisividad del Ministerio de la Vivienda, ha subido el precio oficial de las viviendas protegidas dos veces en la última legislatura, hasta duplicarlo”, agrega.
Según la PVD, lo que ofrece este plan “no puede llamarse vivienda de protección pública, que por definición ofrece viviendas de coste bajo para personas de rentas bajas. Lo único que realmente protege la Comunidad de Madrid es el precio de la vivienda en general”.
- En vez de ayudas a jóvenes, ayudas a promotores y propietarios
Otro de los aspectos que resulta incomprensible para la PVD dentro del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid son las ayudas económicas directas a personas que ya son beneficiarias de una vivienda protegida. Según la Plataforma en defensa del artículo 47 de la Constitución, el hecho de que alguien a quien ya ha correspondido una VPP necesite recibir una ayuda directa para poder pagarla es una confirmación de que el precio es demasiado alto.
“Nos parece escandaloso, ya que estas ayudas directas (cheque vivienda) en realidad acaban en el bolsillo de los promotores. Lo lógico sería bajar el precio de las VPP y adecuarlo a los niveles de renta requeridos para optar a una de ellas”, sostiene la PVD.
Por otro lado, la Plataforma recuerda que existen en el plan ayudas a promotores para incentivarles en la construcción de vivienda protegida, “como si la construcción de este tipo de viviendas no generase suficiente rentabilidad, cuando el suelo sobre el que se construye no es suelo privado”.
“Si el pocero de Fuenlabrada, un promotor privado, vende viviendas de tres dormitorios a 88.000 euros en suelos del ayuntamiento y no pierde dinero, ¿Cómo se explica que pisos similares en otros pueblos de Madrid, en suelos de la comunidad autónoma o de ayuntamientos, cuesten hasta 200.000 euros y además se ayude económicamente a los promotores?”, se pregunta la Plataforma.
Además, la PVD considera errónea la forma en la que el Plan de Vivienda Joven incluye las ayudas a propietarios para rehabilitar viviendas para el alquiler. En esta categoría de ayudas, “el plan no recoge ningún tipo de regulación que garantice que el posterior alquiler será para personas necesitadas, ni el precio de dicho alquiler una vez rehabilitada la propiedad”.
- Sorteos municipales presentados como autonómicos y lista única engañosa
En muchas de las promociones, tras la firma del convenio pertinente con la CAM, son los ayuntamientos los que establecen los requisitos para poder optar al sorteo de esas viviendas protegidas y llevan a cabo la construcción de las mismas. Muchos ayuntamientos limitan la participación a las personas empadronadas en el mismo. Sin embargo, la Comunidad de Madrid realiza el sorteo y se anota esas viviendas como suyas. Es decir, “realmente son sorteos municipales pero la CAM los presenta y anota como suyos”.
Por la misma razón, según apunta el informe, la llamada lista única “es un engaño”. La Comunidad de Madrid publicita una lista única de demandantes que optan a todos los pisos protegidos que se construyan al amparo de este plan, pero son los municipios adheridos al mismo los que eligen qué lista –única o propia- utilizar. Así, los incluidos en la “lista única” no participan en todos los sorteos, como intenta transmitir la CAM, sino sólo en algunos.
- Protegida hoy, especulativa mañana
Según el plan de vivienda joven actual, después de 25 años las viviendas pasarían a ser de régimen libre, por lo que sus propietarios podrían venderlas al precio de mercado y sacar beneficio de ellas. “Para la PVD el régimen legal de protección pública no debería ser finito, las viviendas no deberían pasar al mercado libre nunca, ya que esto favorece la especulación, el fraude y desvirtúa el sentido de crear viviendas protegidas”.
Estas son sólo algunas de las conclusiones de la Plataforma por una Vivienda Digna en su análisis del Plan de Vivienda Joven. El texto completo del análisis puede encontrarse en su página web, dentro de la sección de documentos, en el apartado destinado a la Comunidad de Madrid. En él se señalan también contradicciones entre los diferentes decretos en los que se articula el plan de vivienda joven, como es el caso del momento de la solicitud del Cheque Vivienda.
*MadridDigital - 10/05/2007
Foto: manifestación vivienda digna 24 Marzo / viviendadigna.org
Agentes forestales y corrupción municipal
J.García Jiménez/G.Palomo Gallego*.- El País : "Los pelotazos urbanísticos, la construcción ilegal en los montes, el expolio del medio natural, son y serán temas de actualidad en la próxima campaña electoral. Se aportarán las correspondientes promesas electorales redentoras, después de las pertinentes acusaciones de "y tú más", a las que los políticos nos tienen acostumbrados. Lo que nunca será tema de debate, porque no interesa políticamente, es por qué los responsables de las consejerías con competencias sobre la materia establecen criterios de oportunidad y no de legalidad para ejercer las potestades de coacción administrativa; por qué ese interés en anular los controles administrativos, creados con una finalidad disuasoria, para que no sean plenamente operativos; qué motivación lleva a consejeros y directores generales a establecer un funcionamiento para los funcionarios públicos, con misiones de policía, vigilancia e inspección del medio ambiente, basado en que éstos hagan la vista gorda en determinadas ocasiones.
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid llevamos ya bastante tiempo denunciando que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no nos deja trabajar. No nos reconoce nuestra condición de Policía Administrativa Especial en materia medioambiental, aun cuando lo marca la Ley 1/2002 de Creación del Cuerpo de Agentes Forestales, para minimizar o anular el ejercicio de coacción administrativa; tampoco nos reconoce la condición de Policía Judicial Genérica, establecida en la Ley 10/2006 de Montes, para que no podamos investigar adecuada y convenientemente los ilícitos penales sobre Medio Ambiente, a la vez que se nos niega la elaboración de protocolos profesionales, para que no sea eficaz el servicio prestado.
Se nos prohíbe remitir las denuncias por posibles ilícitos penales a los juzgados, por lo que produce la paralización en instancias administrativas de este tipo de denuncias que en raras ocasiones llegan, según prescribe la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al juzgado correspondiente.
El asunto no es que los agentes forestales no denunciemos, de lo que se trata es que el comisario político de turno discrimine previamente qué denuncias se tramitarán y cuáles no, con la finalidad de que no salten a la actualidad casos de corrupción ligados a ediles y personajes públicos relevantes del propio partido político.
*Jesús García Jiménez y Gregorio Palomo Gallego (El primero, secretario general del Sindicato de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid; el segundo, vicepresidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales.)
ELPAIS.com - 10/05/2007
La Asamblea contra la precariedad y la Vivienda Digna publica un diario de la acampada del 13
MadridDigital* : "La Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna de Madrid tiene una nueva página web: “Diario de una acampada por una Vivienda Digna”, en la que se divulgan documentos, convocatorias y preparativos para la acampada que comenzará el próximo domingo 13 de mayo, a las 18:00hs frente al Museo del Prado, y según los organizadores, continuará hasta el día de las elecciones. Entre los documentos, se publica uno que bajo el título de “Razones para una acampada”, recuerda que “el urbanismo debe estar al servicio de los ciudadanos y no al dictado de los intereses de los propietarios del suelo, promotores inmobiliarios y constructores”.
“Las recetas neoliberales de liberalización y desregulación del suelo (plasmadas en la Ley del Suelo de 1998) o de desregulación del urbanismo con figuras como el agente urbanizador privado, han aumentado el poder y capacidad de actuación de los grandes propietarios del suelo y promotores inmobiliarios. Actualmente, el suelo es el principal componente del encarecimiento de la vivienda y supone de media el 50% del precio final de la vivienda”, agrega el documento.
Explica que la mayor parte del suelo que rodea a las ciudades y las zonas de expansión urbanísticas “está en poder de unas pocas grandes manos (terratenientes, inmobiliarias, bancos y cajas,…). No sirven las recetas neoliberales de recalificar y urbanizar nuevo suelo y edificar cientos de miles de vivienda cuando es un oligopolio privado el que controla el suelo, fija los ritmos y cantidades con que sale al mercado y se construye sobre ellos, y puede fijar al alza los precios en función del máximo que se pueda extraer en cada momento al comprador final de las viviendas”.
Para la Asamblea, “los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el gobierno central son cómplices necesarios del proceso de especulación urbanística. Sin la participación corrupta, la dejación de funciones o su propia promoción de actuaciones especulativas no hubiera sido posible el proceso de especulación urbanística y exclusión del acceso a la vivienda digna y asequible de amplias capas de este país”.
Sostiene el documento que en general, los ayuntamientos han especulado en unos casos y en otros han malvendido los patrimonios municipales de suelo, “pero éstos no se han destinado a promover vivienda social asequible sino a impulsar unos planes de urbanismo al servicio del lucro de la minoría que los promovía. Las comunidades autónomas –agrega-, que ejercen las competencias urbanísticas, se han dedicado a mirar para otro lado, a autorizar planes urbanísticos salvajes y a permitir que se incumplan sistemáticamente las leyes autonómicas de vivienda y suelo, como la que estipula en el caso de la Comunidad de Madrid de que más del 50% de las viviendas que se edifiquen deben contar con algún tipo de protección oficial”.
Reivindicaciones
La Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna de Madrid plantea entonces una serie de reivindicaciones y propuestas básicas:
- El urbanismo debe estar al servicio de los ciudadanos y no al dictado de los intereses de los propietarios del suelo, promotores inmobiliarios y constructores. La ciudad existente y la posible expansión de la misma deben responder a las necesidades de sus habitantes y de la población en general, no al lucro privado y excluyente de unos pocos.
- Los ciudadanos deben ser agentes activos que participen y determinen los procesos de desarrollo y gestión de las ciudades, y entre ellas el proceso urbanístico, y no meros espectadores de adorno como hasta ahora. Todos los planeamientos urbanísticos, allí donde se decide el futuro de la ciudad, deben generarse desde procesos radicalmente democráticos y participativos y aprobados en última instancia mediante referéndum.
- Los poderes públicos no pueden hacer dejación de funciones y dejar el urbanismo y el control y gestión del suelo en manos privadas. Debe impulsarse la gestión pública y directa de los procesos urbanísticos.
- Debe actuarse primordialmente sobre la ciudad existente y sobre las viviendas existentes. El primer paso para frenar con la especulación urbanística es acabar con la lógica desarrollista del ladrillo de que hace falta construir y recalificar más. Al acento debe ponerse en rehabilitar y potenciar la ciudad existente y en dar un uso social al parque de viviendas existentes y promover el alquiler de esas viviendas fuera de los mecanismos del mercado.
Por último, la Asamblea sostiene que “debe abaratarse el suelo a efectos de expropiación para poder promover parques públicos de vivienda en alquiler con alquileres sociales fuera de los mecanismos del mercado”.
*MadridDigital 08/05/2007
Foto: vdevivienda - MadridDigital - 08/05/2007
Tu voto legitima su corrupción
vdenovotes* : "La corrupción viene en los últimos tiempos de la mano del ladrillo, y ninguno de nuestros políticos se quiere quedar atrás, así no dejan de ser cómplices de los procesos de especulación urbanística que están teniendo lugar en toda España. Ningún partido se escapa (PP,PSOE, IU, CiU, etc), podemos comprobar los casos denunciados sobre corrupción urbanística en la Wikipedia, en el blog corrupción 2006, o más casos de corrupción urbanística en el 20minutos. También podemos verlo gráficamente en el mapa de la corrupción urbanística que nos muestra El País o leer más en el especial de El Mundo sobre corrupción urbanística.
En la Comunidad de Madrid, el propio director general de Urbanismo, tuvo que dimitir ante las evidencias de su corrupción en temas de urbanismo en dicha comunidad, el PSOE no se queda atrás, como demuestran sus múltiples casos de corrupción en, lo que considera su coto privado, Andalucía, ni tampoco IU en la trama urbanística de la bahía de Poniente.
Ante nuestros ojos tenemos la corrupción de todos partidos sin excepción, en ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central, todos son cómplices de la actual regulación del suelo o más bien deberíamos decir de su liberalización.
Nos venden como bonanza económica, el haber puesto al servicio de la industria del ladrillo la economía de un país, cuando es un espejismo, la burbuja se pincha y cuando las cosas se pinchan “algo” explota. ¿Con nuestro voto?.
Se están destruyendo zonas protegidas, espacios verdes, montes, para el beneficio de los corruptos. ¿Con nuestro voto?.
El acceso a una vivienda cada día es más difícil, se da en peores condiciones, a más largo plazo resultando beneficiados especuladores, banqueros y políticos y ahora nos quieren contar que están preocupados por la situación. ¿Con nuestro voto?.
En muchas ocasiones sale la pregunta de porqué de no votar, puede parecer una pataleta o puede pensarse que está más relacionado con un análisis de qué nos están aportando los partidos.
¿Con nuestro voto?, no.ABSTENCIÓN.
*vdenovotes.net - May 7, 2007
