J.FERRANDIS/L.GARRIDO.- El País* : "Carlos Pascual, alcalde de Pego (Alicante) entre 1995 y 2003, se convirtió ayer en el primer cargo público que entra en prisión por delito ecológico. Pascual ingresó en la cárcel de Picassent (Valencia) tras ser rechazado un recurso de súplica que presentó por motivos humanitarios. El ex alcalde está condenado a seis años por causar graves daños en el parque natural del marjal de Pego-Oliva entre 1996 y 1998, al promover la recuperación de cultivos prohibidos y subir el valor de las fincas particulares. El PP presenta a la esposa de Pascual, Maite Ferràndiz, como candidata a la alcaldía.
Carlos Pascual, inhabilitado para ocupar cargo público por un periodo de seis años y esposo de la candidata popular a la alcaldía de Pego, ingresó ayer voluntariamente antes de las ocho de la mañana en el centro penitenciario de Picassent después de que la sección tercera de la Audiencia de Alicante desestimara un recurso de súplica en el que alegaba motivos humanitarios y de salud para eludir la prisión.
Pascual, ex alcalde de Pego entre 1995 y 2003 primero como candidato de Unión Valenciana y luego como independiente, ha sido condenado por actuaciones realizadas entre 1996 y 1998. Años en los que quemó vegetación del marjal del municipio de forma intencionada, rebajó el nivel del agua del humedal, instaló bombas para extraer agua y construyó caminos y diques para facilitar el paso de vehículos. Todo ello basándose en un plan local declarado ilegal y sobre una zona del parque natural declarada de especial protección. A consecuencia de estas actuaciones, 600 hectáreas del parque quedaron afectadas, se registró una muerte masiva de peces, bajó notablemente el nivel del agua del marjal y se constató peligro de desecación.
La Audiencia Provincial de Alicante le condenó en 2004 a tres años de cárcel por delito ecológico, otros tres por desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar, además de una multa de casi 8.000 euros y una indemnización de 1,2 millones de euros. Para el cumplimiento de esta última, se señaló como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento y a la Comunidad de Regantes de Arrozales de Pego, cuyo presidente, José Orihuel, también fue juzgado y condenado en esta causa.
Según el fallo, Carlos Pascual y José Orihuel, pese a "conocer el carácter de parque natural y las medidas del Gobierno valenciano" acordaron realizar actuaciones para recuperar los cultivos de arroz, paralizados desde 1982 de modo generalizado y así "lograr mejores precios para las fincas particulares" ya que la Generalitat estaba comprando terrenos en el parque natural de Pego-Oliva.
La sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Alicante fue recurrida al Tribunal Supremo, que acabó, en noviembre de 2006, por confirmarla. Para los distintos tribunales no cabe duda de la naturaleza ilícita de los hechos, del conocimiento de la ilegalidad que tenían ambos procesados y del agravante que suponía que lo hicieran dos funcionarios públicos, ya que José Orihuel, fue también concejal de Agricultura con Pascual.
La decisión de situar como cabeza de lista del PP a la alcaldía de Pego a Maite Ferràndiz, la esposa del condenado, ha contado con el respaldo pleno de la dirección provincial del partido en Alicante, que preside José Joaquín Ripoll, y no ha encontrado ningún obstáculo en la dirección regional que preside Francisco Camps. Y ello pese a que, con esta decisión, los populares sabían que el actual alcalde Carmelo Ortolá se iba a dar de baja del PP y amenazaba con liderar una candidatura independiente.
Sin embargo, los populares consideran que con Maite Ferràndiz de candidata se garantizan la obtención de un buen resultado electoral en este municipio, clave para seguir gobernando la Diputación de Alicante. El PP da por hecho que la esposa de Carlos Pascual obtendrá los votos de los seguidores del ex alcalde condenado, que gobernó Pego con mayoría absoluta entre 1999 y 2003.
El actual alcalde, Carmelo Ortolà, que se ha dado de baja del PP, manifestó que la creación de un gobierno local de coalición con el PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià en 2003 fue una decisión política "excepcional". El objetivo, al margen de las diferencias ideológicas entre estos tres partidos, era restaurar la normalidad política tras la etapa de gobierno de Carlos Pascual en la que se registraron "graves y reiterados incidentes, que resultaban intolerables en toda sociedad democrática y causuraon una inevitable alarma social". Ortolà advirtió que con Ferràndiz pueden volver los insultos y la confrontación al municipio.
*ELPAIS.com - Valencia - 03/05/2007
Foto: marjal de Pego /accioecologista-agro.org
El ex alcalde de Pego, primer cargo público que ingresa en prisión por delito ecológico
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Madrid 5 de mayo: Manifestación contra la especulación urbanística
Madrid, sábado 5 de mayo, 19h. de Atocha a Sol. Manifestación contra la especulación urbanística, en defensa del territorio y por una vivienda digna.
Convocan: Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo, Plataforma por una Vivienda Digna, Asamblea por el Derecho a Techo Barrio del Pilar, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Asociación de Vecinos La Flor (Barrio del Pilar), Amigos de la Tierra, ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Greenpeace, Jarama Vivo, Asociación Sierra Oeste Desarrollo SOStenible, Salvemos la Sierra, Alpedrete Sostenible, Salvemos las Rozas, Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, ATTAC, CGT, Solidaridad Obrera.
Madrid 5 de mayo de 2007
Manifestación
CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA
EN DEFENSA DEL TERRITORIO
POR UNA VIVIENDA DIGNA
Madrid, sábado 5 de mayo, 19 h, de Atocha a Sol
ecologistasenaccion.org
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Madrid , NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Un cáncer nos devora
MANUEL VILLORIA* : "El modelo español de urbanismo es el que crea mayores incentivos legales para la especulación de entre todos los de los países desarrollados. De ahí el coste de la vivienda en nuestro país. España tiene el esfuerzo familiar más alto en el acceso a la vivienda de toda Europa; necesitamos 7,24 años de renta familiar íntegra para conseguir una vivienda en propiedad o el 40% del sueldo durante 20 años. A esto se añaden los problemas medioambientales y de carencia de servicios básicos en múltiples desarrollos urbanísticos, como consecuencia del furor urbanizador que asola nuestro paisaje. Fruto, a su vez, de la altísima rentabilidad que el negocio del ladrillo genera. Y, para culminar el estado de la situación, la corrupción se expande por nuestros gobiernos locales sin que podamos saber ahora, con mínima certeza, hasta dónde llega el cáncer que nos devora.
La multiplicación de escándalos vinculados a la denominada "corrupción urbanística" refuerza la tradicional visión "cínica" de la ciudadanía española sobre nuestros gobernantes y contribuye a deslegitimar las instituciones democráticas. Conviene, de cara a buscar las soluciones, clarificar conceptos y separar efectos de causas. No es lo mismo la corrupción pública que la especulación inmobiliaria o que los atentados medioambientales y el incumplimiento de normativa urbanística.
La corrupción pública implica un abuso de cargo público para un beneficio privado no aceptable legal o éticamente con el cargo desempeñado. Ya sea beneficio directo, para el político o alto cargo que decide, o indirecto, para el partido en que milita o para familiares y amigos. Sin embargo, hay electos locales que toman decisiones dañinas para el medioambiente y/o incumplidoras de la normativa urbanística. Pero lo hacen creyendo que es beneficioso para su pueblo, bien por generación de empleo o desarrollo económico, bien por ingresos municipales extraordinarios, pero sin beneficio privado. En estos casos, no se puede hablar de corrupción, sino de "cortoplacismo", incompetencia o, incluso, de irresponsabilidad criminal. No obstante, en muchos casos los dos supuestos van unidos, y se incumple la normativa con fines corruptos.
Las modalidades de incumplimiento de normativa urbanística a través de las cuales se realizan actividades corruptas son muy variadas. De acuerdo con un excelente estudio puesto en marcha de la Fundación Alternativas, se podrían poner como ejemplos los siguientes: Clasificación del suelo, por ejemplo, permitir construir en suelo no urbanizable en los supuestos en los que no está autorizado; Planeamiento urbanístico, por ejemplo, utilización de modificaciones puntuales de planeamiento en lugar de revisiones de plan, limitando el trámite de información pública; Gestión urbanística, por ejemplo, actuaciones urbanísticas de suelo urbano no consolidado y urbanizable sin el correspondiente proyecto de reparcelación y por lo tanto sin las correspondientes cesiones urbanísticas; Licencias, por ejemplo, otorgar licencias en contra del planteamiento y, por tanto, ilegales; Convenios urbanísticos, por ejemplo, sustitución de la planificación urbanística por convenios puntuales.
Nuestro sistema legal establece que a los propietarios de suelo, de forma discrecional e incluso arbitraria, se les regala el valor público que crea el Plan General. Y se les regala como un bien patrimonial y derecho adquirido. Imaginemos un terreno de secano con valor muy bajo, pero cerca de la costa. Este terreno se separa por una línea en una parte rústico y otro urbanizable. El propietario del terreno urbanizable, como consecuencia de la decisión del trazador de la línea, a partir de que el Plan está vigente, multiplica el valor de su terreno por 100, o por 200 o por… Y lo incrementa sin haber hecho nada, ninguna inversión, ningún cambio de cultivo en el mismo. La razón es que la ley le permite incorporar al valor del terreno el valor virtual del vuelo o aprovechamiento urbanístico que se le reconozca.
Ese valor añadido por la Administración se puede vender y se puede revender, de forma que a quien se le otorgó ese regalo celestial se hace dueño de un capital público, de una subvención encubierta de muchos millones. Sin que se tenga por qué justificar la razón, ni los costes sociales o ambientales de tal decisión por parte de la autoridad local que hizo ese regalo.
A cambio, el propietario tiene que ceder el 10% del terreno y tiene que urbanizar. Pero puede venderlo antes y el que venga detrás podrá promover un convenio urbanístico para que le permitan una mayor edificabilidad, con lo que recuperará lo pagado y mucho más.
Al final, lo que valía prácticamente nada, vale millones y compra el piso en ese terreno construido lo paga a precio de oro. En suma, un desastre social.
*Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
*El Mercurio - 2 de Mayo del 2007
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Decretada la apertura del juicio contra el ex alcalde de Egüés (Navarra) por irregularidades urbanísticas
EP.- Siglo XXI* : "El juzgado de Instrucción número 1 de Aoiz ordenó hoy la apertura del juicio oral contra Ignacio Galipienzo, ex alcalde del Valle de Egüés (Navarra), y otros nueve acusados en relación con presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en este consistorio, en relación con la concesión de una licencia para construir un apartotel en una parcela de uso escolar. El fiscal sólo pide penas para tres de los diez acusados, para los que el juzgado pide una fianza total superior a los 2 millones.
Corresponderá juzgar el caso a la Audiencia Provincial de Navarra, secciones segunda o tercera, y, según fuentes judiciales, la vista no se producirá antes de otoño, ya que la sección primera tiene que resolver un recurso presentado por varios imputados para que se archive la causa o se retire la acusación. Así, aunque el juzgado decrete el juicio oral contra diez personas, la sección primera podría reducir el número. El fiscal pide penas sólo para tres de ellos.
Además, en el auto de hoy, el juzgado requiere a los diez acusados (además de Galipienzo, su esposa Eva Iglesias, Emilio Izquierdo, José Luis Ruiz Bartolomé, María Concepción Flores, Luis Galo, Oscar Pérez, José Javier Iribarren, Nuria Alas Brun y Jesús Marco) para que en el plazo de un día presten fianza de 2.173.741,76 euros. Además, Flores e Iribarren deben prestar otra fianza de 362.658,30 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran resultar de la causa.
PETICIÓN DEL FISCAL
El fiscal pide 18 meses de prisión para Galipienzo, además de 10 años de inhabilitación para cargo público, por un delito de prevariación urbanística. Y una multa de 10 meses (15.000 euros, a 50 euros por día día) y 3 años de suspensión por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Según el escrito de acusación del fiscal emitido en febrero, Galipienzo otorgó en junio de 2003 licencia de obras para la construcción de un aparthotel en una parcela de "uso exclusivamente escolar", a sabiendas de esta calificación. Se da la circunstancia de que había actuado, meses antes, como intermediario en la compraventa de este terreno. Además, tenía relaciones comerciales con la empresa que iba a construir la infraestructura hotelera.
Además, el fiscal considera que Galipienzo debe restituir los 23 millones de pesetas que cobró a Castillo de Gorraiz-Construcciones Flores, empresa propietaria de la parcela, en cuya venta intermedió.
Considera que el contrato de intermediación entre RMA Urbana y la citada mercantil es contrario a las leyes.
Según el fiscal, si bien Galipienzo fue quien realmente intervino en la compraventa, presentó como mediador a su socio José Luis Ruiz, administrador de RMA Urbana, para ocultar su participación ante Flores.
También pide multa de 6 meses (5 euros por día día) y 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de arquitecto a Nuria Alas Brun, ex arquitecta de Egüés, por el delito de prevaricación.
Por último pide multa de 6 meses (10 euros por día) y suspensión de empleo o cargo público a José Luis Ruiz Bartolomé, socio del ex alcalde de UPN, como cooperador del delito de negociación prohibida.
Respecto a Jesús Marco del Rincón, María Concepción Flores González, José Javier Iribarren, Luis Galo, Emilio Izquierdo, Oscar Pérez Rodríguez y Eva Iglesias, solicita el sobreseimiento provisional.
Además del fiscal, también han formulado acusación el Concejo de Badostain, el Ayuntamiento de Valle de Egüés, el partido político Aralar.
LOS HECHOS
En el auto de cierre de la instrucción iniciada en febrero de 2004, firmado en octubre de 2005, la entonces jueza instructora de Aoiz recogió que existían indicios de delito en 10 personas. Según el auto, Ignacio Galipienzo "intermedió" en la operación de compra-venta de la parcela S22 de Gorraiz para la construcción de un apartotel en un solar que estaba calificado para uso exclusivamente escolar.
Según recogió el auto, "se le pagó por ello no sólo como mediador inmobiliario, sino como alcalde al conceder la licencia que rubricaba la operación", una licencia que la magistrada tildó de "ilegal". Según la juez, queda "acreditado" que cobró de Construcciones Flores, propietaria del solar, y de Aricam, promotor.
Los hechos investigados comenzaron el 28 de junio de 2002. La parcela cambió de dueños y en un día, su precio pasó de 5,4 a 6,4 millones. Según el auto, Construcciones Flores pagó por la operación una comisión de 181.900 euros a la sociedad mercantil RMA, que tenía como administrador único a Ruiz Bartolomé, amigo de Galipienzo, que no quería figurar como titular de RMA. Sin embargo, de esta comisión, cerca de 140.000 euros fueron a parar al ex alcalde, según se hizo constar en el auto.
La jueza consideró que Galipienzo tuvo una "activa intervención" en la adquisición de la parcela S22 por parte de GEA y "por supuesto en la concesión de la licencia para la construcción del apartotel en ella".
Tras el conocimiento público de estos hechos, UPN forzó la dimisión y baja temporal de Galipienzo el 14 de noviembre de 2003. Tras la denuncia de los concejos del valle, la fiscalía inició la investigación. Estos hechos derivaron en la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra.
*diariosigloxxi - 2 de mayo de 2007
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Tema: NOTICIAS Navarra
La Región de Murcia "no se vende": Manifestación 5 de mayo
¡Resérvate el día! El 5 de Mayo todos a Murcia. ¡Otra vez y cuantas sea necesario! No lo van a conseguir, los tenemos que parar!
Manifestación 5 de mayo, 18h. Plaza de Santo Domingo. Murcia.
La especulación y la corrupción no va a ser el futuro de esta región! Masificar y encementar el territorio con nuevas ciudades resort e infraestructuras asociadas a éstas, es un oscuro futuro. Mantener la riqueza natural de la tierra y proteger nuestra forma de vida, es un gran proyecto. Si ha sido posible durante siglos, es mucho más fácil ahora. ¡No nos van a engañar!
¡LOS FAMOSOS BILLETES!: LOS QUE NADIE HABIA VISTO..., AUNQUE LA MITAD ESTABAN EN ESPAÑA...; LOS DEL DINERO NEGRO Y LAS CAJAS FUERTES..., LOS DE LAS BOLSAS DE BASURA... Y LAS CUENTAS SECRETAS....
EL DINERO DE LA ESPECULACIÓN Y LA CORRUPCIÓN HA SALIDO EN LA CALLE..., , LO REPARTEN A LA GENTE...
¡COGE TU PARTE Y NO LA LA MALGASTES, COMPARTELA CON TODOS!
MANIFESTACION 5 MAYO 18h. PLAZA DE SANTO DOMINGO. MURCIA.
Coordinadora Murcia No Se Vende
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Murcia
Abogan por poner límites al bum del ladrillo en los municipios gallegos
R.LIZCANO.- ElCorreoGallego* : "Apuntan la necesidad de liberar la planificación del suelo de las presiones económicas y de que quede sujeta únicamente a criterios técnicos de órganos independientes ·· Denuncian que el “malmanexo” político ha hecho un daño irreparable a la cuestión urbanística. Urbanismo, planeamiento, ordenación... son términos que han dado el salto del ámbito profesional a las conversaciones del día a día como una de las principales preocupaciones de grupos políticos, alcaldes, medios de comunicación y ciudadanos hipotecados. Queda la sensación de que los núcleos y los responsables de su ordenación han perdido la perspectiva y sólo el afán constructivo y el peso del dinero deciden los destinos del suelo.
El arquitecto César Coll, el urbanista y economista Ánxel Viña y los diputados Pilar Rojo (PPdeG), Abel Losada (PSdeG) y Ana Pontón (BNG) fueron reunidos por los debates semanales del Grupo Correo Gallego en el hotel AC Palacio del Carmen de Santiago para reflexionar sobre qué modelo de ciudad debe guiar las decisiones de los responsables de gestionar los destinos del suelo gallego.
Uno de los grandes obstáculos señalados fue la falta de límites: "na lei do 97 pensouse que a moita oferta de solo ía resolver o problema da vivenda e se fixo todo solo urbanizable", dijo Ánxel Viña. A partir de ahí, "a expectativa urbanística transformouse nunha especie de veleno ao que aínda non fomos quen de transmitir que debe ser limitada".
Porque las desenfrenadas expectativas inmobiliarias, continuó, introducen una perversión: la ciudad reivindica espacio para su crecimiento, se habla de zonas de influencia de decenas de kilómetros, aparece la suburbanización en extensas áreas más allá del núcleo planificado y resulta imposible preservar espacios agrarios estables.
"Lo que hay que hacer es liberar el planeamiento de la presión económica. Y hay maneras de hacerlo, de forma que esté regido únicamente por criterios técnicos", apuntó, en la misma línea abierta por Ánxel Viña, César Coll, representante del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Al respecto, Coll se refirió a la presión ejercida por colectivos vecinales, "o asociaciones de propietarios de tierra". Y es que, prosiguió, "los mayores especuladores son los vecinos normales, ya me gustaría a mí ganar lo que ganan ellos en una venta".
César Coll quiso poner los puntos sobre las íes al afirmar que, estrictamente, "en España no hay un problema urbanístico, sino social". Lo explicó con un símil: "en África no hay hospitales, no hay medicinas, no hay médicos... podemos decir entonces que en África hay un problema sanitario, pero aquí hay técnicos suficientes, hay legislación urbanística suficiente. Ningún ayuntamiento me puede decir que no tiene elementos para controlar el precio del suelo. No es algo sin solución, sólo se han hecho las cosas mal y hay que empezar a corregirlas".
Al respecto, Abel Losada censuró la máxima del "ti vai facendo que xa se arranxará". Para Losada, "o urbanismo permite que decisións políticas supoñan enormes beneficios a privados e, mentres non se asegure a transparencia, é, polo menos, un perigo". Denunció que las exageradas previsiones de crecimiento recogidas en los planes generales terminan por crear expectativas de negocio en los ciudadanos y señaló su "preocupación" por el crac de la burbuja.
En la misma línea, Ana Pontón, del Grupo Parlamentario del BNG, lamentó el "submundo que se xera ó redor do urbanismo a partir de persoas sen vocación de servizo público". Pontón hizo notar que incluso se dan casos, "como o de Gondomar, onde compañeiros do BNG foron agredidos por defender a legalidade urbanística".
Desde el Grupo Parlamentario del PPdeG, Pilar Rojo, apuntó que la ordenación del territorio "non é cuestión de partidos, nin de lexislaturas, senón de moito tempo". La planificación "ten que establecerse fóra de calquera confrontación política". "O territorio e a ordenación teñen que estar fóra porque estamos xogándonos o futuro das vindeiras xeracións", señaló Rojo.
Ánxel Viña fue más allá y auguró que el "malmanexo político" de la cuestión urbanística acabará por pasar "unha grave factura en termos de autoridade institucional".
¿Devolver competencias?
En la mesa, se suscitó un debate paralelo a raíz de la intervención de César Coll, que, citando a Ramón Jáuregui, ex vicelehendakari vasco, invitó a "reflexionar sobre la asunción de competencias", indicando que "las comunidades serán maduras en el momento en que devuelvan ciertas competencias al Estado porque entiendan que lo hace mejor". Losada afirmó "non entender por qué o Estado ía xestionar mellor a cuestión urbanística". Pontón señaló que el urbanismo sólo se puede hacer desde dentro, conociendo las particularidades de cada territorio. Coll respondió que eso no impide "que haya un lenguaje común, unos cuerpos normativos comunes".
*El Correo Gallego - 01.05.2007
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Tema: NOTICIAS Galicia
Marbella sobrevive al saqueo
J.VIÚDEZ.- El País* : "Los vecinos de Marbella (Málaga) comienzan a preocuparse por la limpieza de las calles, los horarios de recogida de basuras o el alumbrado público, aunque les cuesta no desayunar cada mañana con titulares relacionados con la trama de corrupción destapada en el caso Malaya. Entre los vaivenes de sus 95 imputados, entre declaraciones y nuevas detenciones, caben otras médidas casi históricas. Se anuncia la construcción de las primeras viviendas protegidas tras los 15 años del gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), subvenciones para rehabilitar edificios en el casco antiguo o la apertura de bolsas de empleo.
La herencia del GIL: 30.000 casas ilegales, 1.000 obras irregulares y 84 autos de paralización
Un año después de que la Comisión Gestora sustituyera a la corporación municipal disuelta tras la entrada en prisión de la alcaldesa Marisol Yagüe, las dependencias municipales parecen otras. Cualquier licencia de obra se mira por lupa y cada céntimo que sale de la caja queda registrado. Su austeridad choca con la imagen de una ciudad famosa por sus excesos.
"Asumíamos un encargo difícil y lo hacíamos con la altura de miras de administrar y gestionar el Ayuntamiento para dejarlo en las mejores condiciones para la corporación que surgiera en las urnas", rememora Diego Martín Reyes, el presidente de la Gestora. El nuevo equipo se encontró 30.000 viviendas ilegales, una deuda municipal estimada en 460 millones de euros y una plantilla sobredimensionada. Hoy tienen fondos suficientes para pagar los gastos ordinarios hasta diciembre de 2007 aunque la situación sigue siendo crítica.
Quince años de licencias en contra de la legalidad urbanística dieron para 30.000 viviendas ilegales, 1.000 expedientes por obras irregulares y 84 autos que pedían la paralización de construcciones. La ciudad cuenta con 80.172 viviendas, de las que 16.418 están vacías todo el año.
Lo primero que hizo el equipo dirigido por el vocal Rafael Duarte fue precintar las 84 construcciones, crear un servicio de disciplina urbanística y organizar un servicio jurídico que, entre otras tareas, ha comenzado a revisar los permisos ilegales detectados -un proceso lento y garantista en el que ya llevan 150 expedientes-.
"Tratamos de orientar las actuaciones hacia la política de regularización planteada por el avance del Plan General del verano de 2005, que exigía a los promotores que compensaran a la ciudad por haber edificado irregularmente", mantiene Duarte. Ahora toca negociar con los constructores para que compensen a la ciudad aportando terrenos para parques, centros escolares o equipamientos. Las demoliciones quedan en manos de los tribunales. "No podemos descartarlas porque hay víctimas, terceras personas a las que se les han tapado las vistas o se les han ocupado los jardines de al lado de casa, pero se decidirán en los juzgados".
Los despachos de Urbanismo de Marbella siguen tramitando licencias de obra mayor, aunque menos. El 2006 se dieron unas 100 y el año anterior se vieron unas 300.
La responsable de Personal, Josefa López, es otra de las que más trabajo ha tenido. Las sociedades municipales han visto reducidas sus plantillas en 185 puestos y la gestora ha tramitado la salida de 27 ex altos cargos que cobraban cada uno entre 4.000 y 10.000 euros mensuales, lo que ha supuesto un ahorro mensual de 164.772 euros. Los jueces están revocando algunos despidos decretados, lo que supone una "decepción" para los miembros de la Comisión Gestora.
Entre los funcionarios y empleados municipales implicados en la mayor trama de corrupción urbanística destapada en España que se han reincorporado a sus puestos están el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo (actualmente suspendido de empleo y sueldo por segunda vez), el ex concejal del GIL Rafael González, empleado en la delegación municipal de Hacienda, y el ex edil del Partido Andalucista Pedro Pérez, que se ha reincorporado como coordinador en la delegación municipal de Deportes.
"Hemos intentado diferentes soluciones que la Ley no ha permitido abordar, pero se ha iniciado lo que para mí es la solución definitiva, que es la valoración y catalogación de los puestos de trabajado contratando a una empresa especializada en esta materia", mantiene Martín Reyes.
El vocal de Hacienda, Carlos Rubio (PP), define de "absoluto descontrol" la situación que encontró. "No había ni una sola contratación que se hiciera conforme a los procedimientos legales, ningún control sobre los pagos y la situación de deuda era calamitosa", explica. La primera medida que impulsó fue la centralización de las contrataciones en el Ayuntamiento, ya que hasta el momento se hacían a través de las diferentes sociedades municipales creadas en la época GIL.
Ante la enorme deuda del Ayuntamiento se impusieron unos límites de gasto que "en ningún caso" podían superar la capacidad de ingreso del Ayuntamiento. También se calculó un presupuesto "en plazo y realista". El último aprobado estaba falseado en unos 67 millones de euros, según estimaciones municipales.
Después tocó negociar con sus deudores: el Estado, la Seguridad Social y Hacienda, además de numerosos acreedores privados. "La colaboración de la Junta de Andalucía, con un anticipo de 100 millones de euros, la de la Diputación; que también dio un anticipo, y los aplazamientos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria han sido claves", subraya el presidente de la Gestora.
*ELPAIS.com - Marbella - 01/05/2007
Foto: Las cifras tras un año de intervención del ayuntamiento- JULIÁN ROJAS (Fotografía) / El País
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El TSJ dice que el alcalde de Valladolid debió abstenerse en la recalificación de Ebro-Puleva
Terra* : "El alcalde de Valladolid debió abstenerse en la votación del acuerdo de recalificación de los terrenos de Ebro-Puleva al tener un «interés personal» por ser consejero de la empresa afectada. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declara la nulidad de pleno derecho la orden de Fomento del 2003 por la que se modificó el Plan General para facilitar esta macroperación urbanística, hace especial hincapié en la incompatibilidad de Francisco Javier León de la Riva (PP) para dar su visto bueno a este cambio de uso del suelo, donde ya hay edificadas 460 viviendas, muchas de ellas habitadas.
La sentencia de sala de lo Contencioso Administrativo, que da la razón a un recurso presentado por el portavoz municipal del PSOE, Ángel Velasco, señala que su condición de miembro del consejo de administración de la compañía, en representación de Caja Duero, colocaba al regidor en una posición «en la que no resulta irrazonable suponer que podía ser difícil conciliar los intereses generales, a los que sirven con objetividad las Administraciones Públicas, y los particulares o privados de una sociedad mercantil a la que la modificación de autos reconocía unos derechos en uno de los ámbitos valorados en más de 2.500 millones de pesetas».
Los magistrados Ana María Martínez Olalla, Javier Oraá y Ramón Sastre recuerdan que la ley «impone el deber de abstención cuando se discute y hay que decidir sobre un asunto en el que se ostenta un interés personal» como es el caso. Además, añaden que la aprobación provisional de una modificación del PGOU exige la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, cifrada en 15, «que se logró justamente con el voto favorable del alcalde, lo que determina también la invalidez de aquel acto».
La sentencia del TSJ supone un importante varapalo a todo el polémico proceso y afecta tanto al equipo de gobierno del Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y León. Entre los motivos de índole formal para declarar la nulidad de la orden, el texto subraya que la modificación del plan no siguió el procedimiento cualificado al que obliga la normativa cuando se va a aprobar una zonificación y uso del suelo diferentes en las zonas verdes y espacios libres previstos en el planeamiento. Esto, a pesar de que tanto el secretario del Consejo de Urbanismo regional como el ponente de la Ponencia Técnica advirtieron que se tenía que seguir este tipo de tramitación.
Así, el TSJ subraya que legalmente la competencia para resolver era de la Junta de Castilla y León, previo informe entonces, del Consejo de Estado. Sin embargo, fue el consejero de Fomento -en marzo del 2003, José Manuel Fernández Santiago- quien lo aprobó de forma ordinaria dando por válida una documentación presentada por el Ayuntamiento para subsanar las deficiencias detectadas, que no fue aprobada por el pleno, como obliga la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
La sentencia recalca, tras una amplia argumentación jurídica, que la finca de Piensos Cía, donde se han construido 460 viviendas, debió considerarse como suelo urbano no consolidado en vez de la calificación de consolidado que se le dio. Y es que la diferencia es notable, ya que en el primer caso las obligaciones de cesión de espacios públicos son mucho mayores. «En la modificación litigiosa se establece una ordenación completamente distinta a la contemplada en el anterior plan general, pues donde estaba previsto un uso industrial (el de vivienda era justamente un uso prohibido) se contempla ahora un uso residencial con un aprovechamiento de 45.644 metros cuadrados, lo que hace necesaria la previsión de nuevas dotaciones y espacios públicos, y el consiguiente cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización», se explica en la sentencia.
Satisfecho con el fallo, Velasco precisó que el TSJ «pone en un su sitio una vez más lo que se ha hecho y se ha vendido como modelo de la gestión urbanística de este alcalde a lo largo y ancho de su mandato».
A su juicio, la sentencia avala el discurso de oposición de su grupo, «que ha defendido el interés general y ha denunciado el abuso en la utilización de los convenios urbanísticos», que «favorecen los pelotazos», a los que definió «como enriquecimientos injustos e injustificados, donde las plusvalías que deberían revertir en el conjunto de la comunidad engrosan los bolsillos de un particular». «Este ha sido de los más claros», concluyó el portavoz socialista en su valoración.
*Terra- 28/04/07
Foto: demolición Piensos Cía. /El Norte de Castilla
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Más de 40 grupos ecologistas, contra la depredación de la costa y los ríos gallegos
EL PAÍS* : "La proclama es "Galiza non se vende". Más de 40 asociaciones ecologistas, casi todas las que operan en Galicia, han logrado unir sus fuerzas para convocar una manifestación conjunta, que se desarrollará el 6 de mayo en Santiago. Los colectivos verdes consideran que el territorio gallego está siendo víctima de "degradación, expolio y depredación", especialmente en zonas sensibles del litoral y de los ríos, por parte de promotoras inmobiliarias, empresas energéticas, acuícolas o mineras. Galiza non se vende entiende que es el momento oportuno para frenar la "nueva oleada depredadora que está trasladando el modelo del Mediterráneo y a empresas del Mediterráneo a la costa gallega".
Las más de 40 asociaciones ecologistas han firmado un manifiesto conjunto, que entregarán al Gobierno de Galicia para pedir el cumplimiento de la Ley y nuevas medidas protectoras del medioambiente gallego. Galiza non se vende ha conseguido agrupar a colectivos multinacionales como Greepeace, estatales como Amigos de la Tierra, autonómicos como Adega o Luita Verde y colectivos locales como, por ejemplo, Ronda non Sanxenxo, Salvemos Monteferro o la Plataforma contra a Piscifactoría de Costa Galloufa.
Además de oponerse a la presión inmobiliaria e industrial sobre áreas delicadas de Galicia, la organización ha elaborado una tabla con varias propuestas: una nueva Ley de Ordenación del Territorio; la elaboración de una auténtica Ley de Protección del Litoral; y la aplicación estricta de toda la legislación medioambiental.
Apoyo de intelectuales
Galiza non se vende ha logrado, además, el apoyo de importantes intelectuales gallegos (profesores, músicos, pintores, científicos, escritores), que ya han prestado su firma al manifiesto conjunto. Hasta el momento, la acción ecologista ha logrado reunir más de 100 firmas, entre las que se incluyen Darío Xohán Cabana, Xosé Luis Méndez Ferrín, Antón Seoane, Xavier Senín, Suso de Toro, Berrogüetto, Álvarez Cáccamo o Fran Alonso.
La actriz Mabel Ribera será la encargada de leer el manifiesto público, en la movilización prevista para el próximo domingo en la capital gallega.
"Pensamos que la depredación, en este momento, está creciendo en progresión geométrica, tanto en la costa como en el interior de Galicia", explicó ayer uno de los portavoces de la rueda de prensa celebrada en Vigo. Los ecologistas se refieren tanto a la degradación urbanística que sufre la costa con las nuevas promociones inmobiliarias, como a la actuación de las pizarreras en Valdeorras o a la destrucción de los ríos a causa de la excesiva concentración de las denominadas centrales minihidráulicas.
Las asociaciones firmantes han consensuado un mismo lema ("terra viva e digna para tod@os"), portavoces públicos y propuestas.
*EL PAÍS - Vigo - 29/04/2007
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Tema: NOTICIAS Galicia
Medioambiente urbano y ciudades sostenibles: la clave de la eficiencia en el uso del territorio
Rafael León Rodríguez* : "Cada vez es más frecuente, sobre todo en tiempos electorales, oír hablar acerca del medio ambiente urbano y del concepto de ciudad sostenible. No en vano, según constata el informe de Naciones Unidas sobre el estado de las ciudades del mundo, hecho público en junio de 2006, durante el año en curso el número de personas que habitarán en zonas urbanas, superará al de las áreas rurales. Y en España estamos próximos a alcanzar un 80 % de población urbana respecto al total. Pero ¿qué entendemos por medio ambiente urbano y por ciudad sostenible?
Para avanzar mínimamente en la definición de ambos conceptos, será preciso, previamente, que tratemos de acercarnos a lo que pretendemos expresar cuando nos referimos al “desarrollo sostenible”. El término aparece por primera vez en 1987 en el documento conocido como Informe Brundtland, que recoge los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983, y sería asumido en 1992 por la Declaración de Río en su Principio 3º: "Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades". Lo cierto es que esta definición es tan vaga y ambigua que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, e, incluso, tras la prostitución que ha sufrido en su semántica por una falta expresa de voluntad política para avanzar en una enumeración -y asunción- pormenorizada de sus contenidos, se utiliza sin un ápice de rubor para justificar actuaciones diametralmente opuestas a la sostenibilidad.
No obstante esta indefinición, podríamos comenzar a hablar de sociedades sostenibles cuando éstas cumpliesen al menos dos condiciones básicas: la no utilización de recursos naturales por encima de su potencial de renovación y la no generación de residuos más allá de la capacidad de su absorción por los ecosistemas. Estas dos condiciones nos introducen de lleno en el más reciente concepto de huella ecológica, indicador agregado o compuesto definido como “el área de territorio ecológicamente productivo, necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefinida”. El objetivo de este indicador consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo de vida y, por lo tanto, su grado de sostenibilidad.
Aplicados todos estos conceptos al modo de vida urbano y, restrictivamente, al espacio ocupado por una urbe determinada, cualquiera que ésta fuese, nos llevaría a tener que inferir que nunca una ciudad podría llegar a ser adjetivada como sostenible. No obstante, sí sería posible definir ciudades tendentes a la sostenibilidad en el contexto más amplio de su hinterland, siempre que su desarrollo se enmarcase en relaciones de eficiencia en el uso de los recursos, en especial el de los no renovables o escasos, y, con una importancia determinante para el hecho urbano, el del suelo.
Sin embargo, cuando en la actualidad se refieren las políticas de medio ambiente urbano, en muy contadas ocasiones se tiene en cuenta la premisa anterior. Así, el medio ambiente urbano queda reducido a una serie de aspectos y políticas inconexos entre sí (calidad del aire, ciclo integral del agua –incipientemente desarrollado aún- recogida y tratamiento de residuos, zonas verdes…) y sin relación alguna con el soporte físico vivo (o, tal vez, sería más apropiado decir moribundo) sobre el que se desarrolla el hecho urbano. No se tiene, pues, en cuenta que un elevado porcentaje de los problemas socio-ambientales (es preciso avanzar en la utilización de este término, pues, a menudo, los impactos negativos para el medio físico, lo son también para la sociedad y los seres humanos que las constituyen) que aquejan a las ciudades y, por extensión de los impactos negativos que éstas producen más allá de sus difusos límites, al conjunto del territorio, tienen su origen en el modelo de ocupación territorial que adopta el hecho urbano.
Pero ¿cuáles son las características principales que en la actualidad definen a ese modelo en lo que denominamos mundo “desarrollado”? Pues en primer lugar, la sectorización y fragmentación sobre el territorio de los diferentes usos urbanos, y, en segundo término, pero no por ello con menor importancia en cuanto a la problemática socio-ambiental que genera, el culto exacerbado y creciente a la baja densidad en la ocupación edificatoria del espacio.
La primera de éstas características opera como insaciable multiplicador en el número de desplazamientos (y en su distancia) necesarios para satisfacer las necesidades individuales y sociales, al situarse cada uno de esos usos del suelo urbano en sectores monoespecíficos diferenciados e inconexos entre sí, en tanto que la segunda obliga al uso del vehículo privado para la realización de esos desplazamientos, al ser el modelo de la baja densidad que preside el crecimiento del parque residencial, incompatible con el desarrollo de un sistema eficaz y accesible de transporte público colectivo. El impacto de este modelo sobre, por ejemplo, la calidad del aire y los problemas de congestión del tráfico, con no pocos efectos perversos de carácter psico-social, no puede ser más evidente.
Resulta, por tanto, un modelo de (no)ciudad que, con la rémora de esas dos características que lo definen, supone la dominancia en el hecho urbano de la (in)cultura de la ineficiencia y el despilfarro. Un modelo ineficiente y despilfarrador que, en primer término, supone el consumo abusivo de un recurso, como es el suelo, claramente no renovable (por la baja densidad, pero también, como factor añadido, por la multiplicación de la necesidad de espacio dedicado a vías de “comunicación” que aquélla requiere). Pero que también supone un despilfarro inasumible, en función del incremento que origina en la dimensión longitudinal de todo tipo de redes de infraestructuras (como las de abastecimiento de agua, con el consiguiente aumento de las pérdidas, o las de alumbrado público, con el despilfarro energético que conlleva), y en las distancias a cubrir para la prestación de determinados servicios públicos básicos (como la recogida de residuos sólidos urbanos). Con todo esto, además, se está produciendo la innecesaria invasión y destrucción sin posibilidad alguna de vuelta atrás, de espacios que, por su calidad natural y su potencial de uso y utilidad social, debieran ser conservados a toda costa.
Y todo ello para mayor gloria del negocio especulativo inmobiliario que es el que decide, en última instancia (para su provecho exclusivo y beneficio privado) y en la mayoría de las ocasiones, la dirección y el modo en que ha de caminar el crecimiento, que no desarrollo, de las ciudades, despojando de este modo al urbanismo y a las políticas de ordenación del territorio del carácter público y la finalidad social que constituyen su razón de ser.
Por lo tanto, si queremos encuadrar nuestras ciudades en el marco de un medio ambiente sano y en tendencias hacia la sostenibilidad y a una verdadera calidad de vida, cualquier camino a seguir ha de partir de la recuperación del carácter público y social del planeamiento urbanístico, para re-densificar las ciudades y dotar a cada uno de sus sectores, siempre con la excepción de actividades peligrosas o nocivas, de la multifuncionalidad suficiente. Sólo así, además, es posible construir ciudades eficientes y con una huella ecológica asumible.
Y es preciso acabar con la burda demagogia, adoctrinamiento sectario, que reza que el modelo actual viene dictado por la demanda y que lo justo es ofrecer lo que dicha demanda requiere. Porque nunca será justo dilapidar el patrimonio social y natural al servicio de las demandas innecesarias de un porcentaje minoritario de ciudadanos. Y porque si todos quisiéramos vivir en el marco del modelo residencial de, por ejemplo, los cien ciudadanos más adinerados del mundo, necesitaríamos arrasar y disponer, para eso sólo, de varios planetas. Y es que el mercado siempre necesitará ser intervenido, en mayor o menor medida según los casos, por los poderes públicos, para evitar que devore insaciablemente los intereses sociales en pro del beneficio privado de unos pocos y los maleficios a que éste da lugar sobre el conjunto.
Así que ya es momento de que, para hablar con un mínimo de seriedad acerca del desarrollo de políticas para el mejoramiento del medio ambiente urbano y la sostenibilidad de “nuestras” ciudades, se comience haciéndolo de la necesaria y radical revolución que es preciso operar sobre los aberrantes modelos urbanísticos al uso. Lo demás, sin esto, son sólo milongas edulcorantes y sin nutrientes, que no merecen la menor confianza por parte del ciudadano.
*Portaldelmedioambiente - 01/05/2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
MaydaySur 07 Málaga
Indymedia* : "Este año el MaydaySur se traslada a Málaga: desde el 27 de abril hasta el 1 de Mayo. 5 días de lucha y creación colectiva contra la precariedad laboral, la especulación, por la vivienda y nuevos derechos para todos. Tras el éxito de los años anteriores celebrados en Sevilla, la convocatoria colectiva de las y los precarios en movimiento y un conjunto amplio movimientos y colectivos sociales nos llaman a todos a Málaga para seguir ampliando y extendiendo la fuerza intempestiva de los trabajadores precarios cuando nos rebelamos.
La creación cultural y social se vincula a los movimientos de lucha contra la especulación y la destrucción del territorio, a los movimientos de migrantes que exigen el derecho a tener derechos... Los creadores, los trabajadores, las mujeres, los sin casa, los migrantes invisibles se unen para decir no a estas políticas neoliberales que limitan la vida.
Precarios y precarias del mundo: ¡conspirar, luchar y uníos!
EURO MAY DAY SUR 2007 en Málaga del 28 de Abril al 1 de Mayo.
5 días de desobediencia contra la especulación y la precariedad por derechos sociales y laborales para todas. Los precarios del sur se rebelan!
Manifiesto y programa
La palabra precariedad nombra las condiciones de la vida hoy. El precio de la vida sigue alzándose mientras los salarios siguen congelados, empleo temporal-precarizado es la norma del mercado de trabajo. La angustia frente un presente inestable y a un futuro incierto y tener que hacer verdaderos malabarismos para llegar a fin de mes es hoy experiencia común de la mayoría de la población.
Mientras los medios de comunicación, las instituciones y el gobierno se limitan a reconocer el problema de la vivienda y de la inestabilidad del trabajo. La desigual social crece con una dualización progresiva de la sociedad. Mientras crecen exponencialmente los beneficios millonarios de los empresarios y los grandes especuladores, inmensas franjas de población sufren lo que llamamos precarización ; combinación entre la dependencia ante este mercado de trabajo agresivo y flexibilizado , la indefensión ante condiciones de contratación, el ascenso continuo del precio de la vivienda y los alquileres, la crisis de los cuidados y el mobbing urbanístico y , precarización de la creación cultural y los modelos educativos. Empeoramiento de las condiciones de vida, jerarquización de los derechos fragrante que sitúa a l@s migrantes en el escalafón más bajo de la ciudadanía. La precarización del trabajo y la vida es una tendencia central que reordena la sociedad en su conjunto. Supone la aceleración progresiva de la crisis del estado de bienestar, los derechos y el sistema de protección social. Al mismo tiempo pone en evidencia y en jaque a las organizaciones que deberían representar los intereses de las diversas figuras que viven de su trabajo y todos estos afectados por esta nueva ofensiva neoliberal.
Nosotros y nosotras invisibles, creadores y trabajadoras atípicos nativos o migrantes, precarios, estudiantes en formación perpetua, licenciados sin futuro, no garantizadas , afectados por el modelo de desarrollo insostenible, cada vez más hartos de aguantar sobreviviendo en la cuerda floja y de la dictadura del cemento, lanzamos este grito colectivo para decir basta; Mayday! Mayday!. Junto a los y las precarias de todo el continente nos rebelamos en busca de un nuevo protagonismo social y nuevos derechos sociales y laborales para todas.
El (Euro) MayDaySur´07 que se celebra este año en Málaga es la tercera edición, quiere reinventar la celebración del 1 de Mayo (día de los y las trabajadores-as ) de un forma conflictiva, creativa y alegre, aprendiendo de la historia de las luchas sociales y sindicales y adaptándolas a la actual situación del mundo capitalista del siglo XXI, tratando de mezclar los aprendizajes de los últimos 10 años de movimiento de resitencia global, los movimientos ecologistas, migrantes, urbanos y contraculturales , inventando formas de sindicalismo social adecuadas para el contexto de la precariedad y actualizando el conflicto de clase.
El MayDaySur ha sido desde el 2005 hasta hoy un laboratorio de dimensión andaluza que intenta pensar y crear formas de agitación, intervención y organización contra de la precarización de la vida. De el han surgido un sin fin de alianzas, acciones, campañas y sobre todo un espacio de encuentro y recombinación entre los movimientos sociales y el sindicalismo de base y combativo en busca de una emergencia de formas organizativas y acción pública que pongan freno cotidiano a la precariedad y pueden engendrar un empoderamiento y contrapoder efectivo de esta constelación de figuras precarizadas.
Por esto y mucho más precarios y precarias de toda Andalucía se darán cita en Málaga desde el 28 de Abril al 1 de Mayo, exigiendo el derecho a tener derechos, portando con su alegría y creatividad un aire nuevo, un actitud desafiante, dispuesta al conflicto contra todos aquellos que precarizan nuestras vidas.
Os esperamos en estos 5 días para conocer, crear y desobedecer juntos y revueltos!!!
No dejaremos de pelear hasta consigamos nuevos derechos colectivos para todas!
PROGRAMA
VIERNES 27
17.00h Bicifestacion por el Balneario
Baños del Carmen
19.00h Cabaret-Acción
Plaza Frente a Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
22.00h Actuación. Poliposeidas. Casa invisible (c/Nosquera, 11)
23.30h Concierto. Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
SABADO 28
11.00h Entrega de Recursos por la defensa del Balneario
Subdelegacion del Gobierno
12.00h Asamblea y preparativos de la manifestacion
Casa invisible (c/Nosquera, 11)
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
17.00h Mani-fiesta-acción. Salida Plaza de la Merced
21.00h Concierto (Tamtatrampa Batucada, SiF, Sanchez no
te enganchez) Proyecciones y DJs. en los Baños del Carmen
DOMINGO 29
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
17.00h Acción contra la Precariedad y por la defensa de los publico
(se ruega puntualidad). Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
LUNES 30
11.00h Marcha por la defensa de la sierra y contra las canteras ilegales
Plaza de Alahurin de la Torre.
19.00h Encuentro-Debate
Experiencias de organización en la era de la precariedad.
Desafíos y Propuestas del Sindicalismo y los Movimientos Sociales
Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
21.00h Amparo de Amparanoia Artistas invitados en Concierto.
En defensa de la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
MARTES 1º MAYO
08.00h Buses gratis manifestacion en apoyo a los trabajadores de Delphi, Cadiz.
Plza de la Merced.
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
16.30h Deriva Piquetera por la ciudad. Salida desde Plaza de la Constitución
info:
maydaysur.org
htttp://estrecho.indymedia.org
malaga2016.info
precariadotube.org
sonidosdelprecariado.org
Indymedia Estrecho -abril 07
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Andalucía
El alcalde de Arona (Tenerife) y su gobierno irán a declarar ante el juez
El Día*.- Tenerife : "El alcalde de Arona y los siete concejales de su grupo de gobierno (formado por una alianza entre CC, CAN y PP) comenzarán a declarar ante el titular del juzgado número ocho de este municipio a partir del próximo día 9 de mayo. Todos ellos fueron objeto de una denuncia de la Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio por la concesión presuntamente ilegal de licencias urbanísticas.
Por este caso está previsto que pasen por el juzgado el propio José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, los tenientes de alcalde Manuel Barrios -que también tiene a su cargo el área de Urbanismo- y Félix Sierra, así como los concejales Sebastián Martín, José Luis González, Alfonso Barroso, Daniel Martín y Juan José Alayón, que tendrán que responder de su presunta responsabilidad en la concesión de licencias y en la adjudicación de concursos públicos entre el 9 de enero de 2004 y el 24 de noviembre de 2006 y que suman entre todas en torno a 300 expedientes que fueron requeridos al ayuntamiento por el juez.
Estos expedientes se dividen en dos grupos: unos son las licencias urbanísticas que fueron concedidas sobre terrenos no gestionados, cuyos propietarios, supuestamente, no cedieron a la corporación los terrenos necesarios en concepto de plusvalías, aprovechamientos, etc. y que, según la valoración hecha por los denunciantes, causaron daños al erario público por valor de al menos 42 millones de euros. En este grupo se encuentra también un conjunto de licencias presuntamente contrarias a las normas urbanísticas, al Plan General o al Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo. La denuncia de la Fiscalía se refiere también a un conjunto de expedientes de contratos concedidos a varias empresas, fundamentalmente tres, y que, según la denuncia, se fraccionaron para evitar tener que sacarlos a concurso.
En este caso se da la circunstancia de que en las licencias se encuentran una y otras vez múltiples advertencias por parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento, que llegaron, incluso, a avisar de la responsabilidad que podían acarrear las decisiones del grupo del gobierno.
*El Día - 28 DE ABRIL DE 2007
Foto: Arona, Los Cristianos /travelguides
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Tema: NOTICIAS Canarias
Anticorrupción investiga al Gobierno de Murcia por prevaricación y malversación
T.CALLEJA.- El País* : "La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.
El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.
El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.
Obligación eximida
Además, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental.
El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas. Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.
La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó "el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". Unos trabajos que seis años después no se han iniciado.
La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona".
La balsa Jenny era un pantano de estériles mineros que tenía su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el área minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco más de ocho hectáreas, y en ella se depositaron residuos sólidos con un volumen de 1.089.925 metros cúbicos.
Subvención retirada
El empresario Mariano Roca Meroño, uno de los propietarios de la empresa Portmán Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administración regional y con la Justicia. Tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidió exigir la devolución de 841.000 euros que había cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercanías del Puerto de la Cadena. El Gobierno consideró que se había producido un incumplimiento por parte de Roca Meroño de los requisitos de la subvención, que según confirmó el director general de Regadíos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consistían en dejar el terreno sin plantar.
Al parecer, y según confirmó Bernal, el empresario puso en producción los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que también ha ampliado regadíos, precisamente en una cuenca en la que está prohibido hacerlo, y además en plena sequía.
La dirección de Regadíos, que además de exigir la devolución de la cantidad ya entregada durante los últimos ocho años ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendrían que haber seguido pagándose unos 12 años más, puso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia la interrupción de la ayuda. Esta decisión fue recurrida por el empresario Roca Meroño, quien pretende que le sigan pagando todos los años unos 40.000 euros, que es la cantidad que viene percibiendo de los fondos comunitarios para no poner en producción los terrenos de su propiedad ubicados en las cercanías del Puerto de la Cadena.
Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaración ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiación de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.
*ELPAIS.com - Murcia - 30/04/2007
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Tema: NOTICIAS Murcia
Arquitectos y jueces piden una "severa corrección" de la corrupción urbanística
M.EL KHATTAT.- GranadaHoy : "Los representantes de los arquitectos y los jueces reunidos en unas jornadas clausuradas ayer en Granada consideraron necesaria "una severa corrección" ante los casos de corrupción urbanística que se están produciendo en España. También concluyeron que el nuevo Código Técnico de la Edificación, que establece los criterios y exigencias en la construcción de edificios y viviendas, presenta errores y carencias que hacen necesaria una moratoria en su aplicación hasta la resolución de las mismas.
Las Jornadas entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España concluyeron ayer tras tres días de debate y análisis centradas en el nuevo Código Técnico de la Edificación. En las conclusiones leídas ayer, los arquitectos peritos forenses de España "se manifiestan especialmente preocupados ante los graves sucesos de corrupción urbanística que vienen produciéndose cada vez con mayor frecuencia, y consideran que las irregularidades detectadas deben ser objeto de una severa corrección".
En este sentido, los reunidos insisten en el llamamiento realizado en la inauguración de las jornadas por el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, sobre el peligro de que el urbanismo sea diseñado por promotores movidos únicamente por el afán de lucro.
Así, advierten de que "las transformaciones del régimen urbanístico del suelo deben efectuarse desde criterios de crecimiento urbano racional, eficiente y sostenible, y no atendiendo, como viene sucediendo en muchos casos, a otros intereses no compatibles con el interés público que debe presidir en todo caso las directrices de la ordenación del territorio".
Al margen de esta advertencia, las jornadas confirmaron la existencia de "errores y contradicciones" entre los documentos básicos que conforman el Código Técnico que entró en vigor a mediados del pasado mes de marzo. Aunque solicitaron al Gobierno una "moratoria" de todo el documento, consideraron especialmente grave lo concerniente a la normativa sobre ruidos, por lo que pidieron su suspensión "en tanto no incluya el catálogo de soluciones constructivas que haga viable su cumplimiento".
Las jornadas sirvieron para reclamar que sean las normas del Código Técnico las que rijan de forma prevalente la construcción y no las normas urbanísticas municipales o de urbanismo.
*Granada Hoy - 29/04/07
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
El ladrillo llega a la frontera con Portugal
M.J.ALBERT.- El País* : "Los márgenes del Guadiana y de ríos vecinos como el Chanza, dentro de la provincia de Huelva, se han hecho especialmente atractivos para los promotores inmobiliarios. Un área, en las inmediaciones con Portugal, que se ha mantenido al margen del gran desarrollo turístico vivido en la última década en la costa occidental onubense y que tiene su paradigma más claro, para algunos, en Ayamonte, concretamente en la urbanización Costa Esuri, al norte del municipio, así como en el asombroso crecimiento residencial de Isla Canela, en dirección a Isla Cristina.
Huelva era una provincia que de alguna manera había esquivado la conurbación urbanística en la que se han convertido zonas de la costa mediterránea andaluza. Pero en los últimos diez años, su costa occidental ha visto levantarse nuevos hoteles, campos de golf y urbanizaciones. Desde Cartaya hasta Ayamonte. Pero allí, justo donde muere el Guadiana, la línea de costa termina.
Por eso, los inversores han girado la cabeza al norte, siguiendo el curso del río. Allí han encontrado bellísimos paisajes y pueblos pintorescos casi intactos, pero que viven una situación económica difícil. Algunos responsables de estos pueblos, en parte, anhelan que un futuro turismo residencial lleve prosperidad a la zona. Pero hay quien recela. Grupos ecologistas de ambos lados de la frontera, de España y Portugal, llevan años reclamando que se constituya un parque natural transfronterizo en el bajo Guadiana que preserve la zona del crecimiento urbanístico.
Recelos ecologistas
Los grupos conservacionistas miran con recelo los planes urbanísticos que algunos ayuntamientos contemplan. En los últimos seis meses, pequeños pueblos como El Granado, gobernado por el PSOE, al igual que Ayamonte, o Sanlúcar del Guadiana, regido hasta hace dos semanas por un alcalde del PP que ha dejado sus filas por desavenencias con la dirección provincial, han anunciado crecimientos desmesurados.
En el Granado (618 habitantes), el alcalde Juan Manuel Burga, proyectaba la construcción de una urbanización de 2.678 chalés, un hotel de 1.800 plazas y un campo de golf en terreno protegido por su valor medioambiental. El proyecto fue paralizado por la Junta. En Sanlúcar, el regidor, Cándido Saldaña, presentó un avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que planteaba ampliar las nueve hectáreas de terreno urbano del municipio a 336 (unas 37 veces más); cifra que el alcalde redujo a 181 (20 veces más) en enero. Saldaña afirma ahora que este número va a reducirse mucho más.
Ambos planes tendrán que adecuarse a Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que impide calificar como urbanizable más del 40% del terreno urbano existente en una localidad, así como aumentos de población superiores al 30%.
Realmente, río arriba no se han repetido intervenciones tan claras como el gran complejo residencial de Costa Esuri, que construye Fadesa. Con sus 6.300 viviendas y dos campos de golf, prácticamente iguala en superficie al mismo pueblo que lo acoge. Costa Esuri se desarrolló a través de Normas Subsidiarias, y Ecologistas en Acción ha denunciado que los estudios de impacto ambiental no se desarrollaron concretamente. El mismo grupo ha presentado alegaciones al PGOU de Ayamonte por considerar que sus criterios respondían a "intereses especuladores". "La tercera, y hasta el momento última, aprobación inicial del PGOU prevé la construcción de 2.762 viviendas nuevas no turísticas, con una ratio de 3,1 habitantes para cada una, en un plazo de ocho años", afirma el portavoz de Ecologistas, Iñaki Olano.
Actualmente hay unas 10.000 viviendas en el núcleo del municipio, según los ecologistas. "A estas nuevas casas habría que sumar otras 6.009 viviendas turísticas, de las que no se especifica su ratio de población, y 3.233 plazas hoteleras", añade. Según los ecologistas, el PGOU no se adapta ni al POTA, ni al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH). "Pero lo terrible es que el grueso del crecimiento queda fuera del PGOU. Se trata de Costa Esuri e Isla Canela, que entre ambos suman más de 50.000 plazas turísticas, juntando hoteles y segundas residencias", dice Olano.
¿En qué situación se encuentran ahora todos estos proyectos? A un mes escaso de las elecciones, los alcaldes y candidatos socialistas de Ayamonte y El Granado prefieren no opinar sobre estos temas y dejan que sea la voz genérica del PSOE la que responda. El partido se reafirma en lo que ya explicó cuando se conoció el caso de El Granado. "Velaremos para que se respete medioambientalmente una zona como la del Guadiana. Por eso acatamos los compromisos del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, como hacemos en el resto de la provincia. Los criterios de sostenibilidad son los que prevalecen en nuestra política", afirman fuentes socialistas.
925 vecinos, 1.150 casas nuevas
Cabezas Rubias (925 habitantes), gobernado por el PA, se ha convertido en el último ayuntamiento del Andévalo occidental que recibe alegaciones a su PGOU por el presunto crecimiento desmesurado que contempla. Según la fundación ecologista Pura Vida, el plan de este pueblo prevé una macrourbanización que incluye un campo de golf de 116 hectáreas que supondría la "destrucción de grandes superficies de arbolado denso, en zonas de alto valor natural, ambiental y paisajístico".
El campo de golf estaría acompañado de unas 1.150 viviendas. En total, el conjunto ocuparía 374 hectáreas de terrenos. Los ecologistas califican de "barbaridad y disparate" el proyecto turístico y consideran que supondría una "innecesaria destrucción de recursos naturales" en esta localidad del Andévalo onubense.
*ELPAIS.com - Huelva - 29/04/2007
Foto: Isla Canela (Huelva) /mma.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La edificación aporta a los concellos gallegos el 60% de sus ingresos en impuestos
J.Pérez.- FarodeVigo* : "Lo ocurrido en el mercado inmobiliario en las dos últimas semanas, con la publicación de los datos del Ministerio de Vivienda que señalan un ligero descenso del precio de los pisos, especialmente en las grandes ciudades; y el incesante desplome en Bolsa de las empresas ligadas al ladrillo, abre muchas interrogantes. ¿Está el sector agotado? ¿Hasta qué nivel se abaratarán los inmuebles y el suelo? ¿El ciclo del boom constructor ha llegado a su fin? Se han escuchado respuestas variadas por parte de empresarios, analistas, incluso partidos políticos y sindicatos. Y, aunque la mayoría de informes señalan que la demanda de viviendas seguirá fuerte, al menos, durante el actual 2007, lo cierto es que todos los indicadores apuntan a un "suave aterrizaje".
Entre las muchas repercusiones que el supuesto freno tendrá para la economía están los ingresos que la actividad inmobiliaria tiene para las administraciones. Especialmente, para los concellos, encargados de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el que grava las construcciones y las obras. Dos tasas que, en Galicia, suponen para los ayuntamientos el 60% de su recaudación impositiva.
La edificación ha permitido a los municipios de la comunidad embolsarse más de 360 millones de euros en 2005, según el último informe sobre presupuestos de entidades locales elaborado por la Agencia Tributaria. Casi la mitad, entre los ayuntamientos coruñeses, donde se recaudaron 168,1 millones de euros. Es también la provincia donde el pago de impuestos relacionados con el sector inmobiliario tiene más peso, en relación al volumen total de impuestos. Un 63%, concretamente, de los 263,210 millones que aportaron impuestos directos e indirectos.
Los concellos de Ourense y Pontevedra se mueven en un porcentaje similar, del 62% y el 60%, respectivamente, con una recaudación total por Bienes Inmuebles y por obras de 39,238 millones de euros y 117,562 millones, según el reciente informe del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La proporción de lo que ambas tasas supone en Lugo se rebaja hasta el 54%, con 41,269 millones de euros recaudados.
El Impuesto de Bienes Inmuebles -conocido como el recibo de la contribución- es, por sí solo, el tributo más elevado para los ayuntamientos gallegos. El que representa más ingresos. Muy cerca incluso de la mayor partida que reflejan los balances municipales, que es la de las transferencias corrientes que se realizan desde el Gobierno central. 120,613 millones de euros para los concellos coruñeses, 35 millones para los de Lugo, 32,4 millones en Ourense, y 90,9 millones en Pontevedra.
*Faro de Vigo - 29 ABRIL 2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Galicia
Querella de la Fiscalía contra el alcalde de Vilaller (Lleida) por un delito urbanístico
LluisVISA.-El País* : "La Fiscalía de Lleida ha presentado una querella contra el alcalde de Vilaller (Alta Ribagorça), Jaume Monsó, de ERC, por un delito urbanístico y tráfico de influencias en el que habría incurrido al autorizar la construcción de 24 viviendas en una zona de equipamientos. Las diligencias también van dirigidas contra el concejal de Cultura, Marc Moreno, y Héctor Jorge Tomás.
La Fiscalía ha enviado al juzgado de Tremp en forma de querella las diligencias de investigación penal que abrió el año pasado contra el consistorio de Vilaller tras una denuncia presentada por los 48 vecinos de los bloques de Mercè y Lavaix de esa localidad. Después de más de siete meses de investigaciones, la Fiscalía considera que existen indicios para imputar en un delito contra la ordenación del territorio y en otro de tráfico de influencias a tres personas, entre ellas el alcalde y el concejal de Cultura.
El Ayuntamiento de Vilaller otorgó el 28 de mayo de 2006 una licencia para la construcción de 24 pisos en un terreno que según la ley es una zona de equipamientos. El consistorio aprobó al mismo tiempo la segregación de los terrenos de la nave de Monthidro, de propiedad municipal y lindante a los bloques de Mercè y Lavaix. La licencia autorizaba no sólo a ampliar la zona de equipamientos, sino a construir pisos encima de los bajos sin que se hubiera recalificado antes el terreno. Según los vecinos, una zona de equipamientos es un bien de público específicamente preservado de actos de edificación ilícita.
De las diligencias se desprende que el expediente de construcción del edificio no fue sometido a exposición pública y la obra fue adjudicada a AZ Promos, que la subcontrató a Construccions Comadelo, propiedad del concejal de Cultura y miembro del equipo de gobierno. El consistorio anuló la licencia tras tener conocimiento de la denuncia vecinal.
*ELPAIS.com - Lleida - 29/04/2007
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Aragón contra la especulación urbanística: manifestación Sábado 5 Mayo
AragónNoSeVende - manifestación contra la especulación urbanística - Sábado 5 Mayo 20.00h - Glorieta de Sasera de Zaragoza.
Las gentes de esta tierra recibimos al nacer un patrimonio colectivo de valor incalculable: Aragón, el territorio que habitamos. Las generaciones precedentes nos transmitieron esta herencia de suelo,paisaje y recursos para administrarla sensatamente. Hoy,la codicia de unos pocos,pone en peligro la conservación de este patrimonio. Nunca en la historia se realizó una ocupación del suelo tan extrema como la actual. Y nunca haciendo tanto daño. Nunca nuestra economía fue tan dependiente de un solo sector,la construcción,que se ha convertido en el refugio del capital más especulativo y del empleo más precario. Nunca fuimos tan esclavos del precio de nuestra vivienda.Y nunca unos pocos se hicieron tan inmensamente ricos a costa de nuestro futuro.
Aragón sufre ya las secuelas de especulación urbanística. El área metropolitana de Zaragoza se expande como una mancha de aceite,dispuesta a ocupar la estepa y el valle del Ebro. Su expansión ilimitada nos esclaviza al coche,deshumaniza la ciudad y perjudica nuestra calidad de vida. También nuestra alta montaña sufre la invasión de las grandes urbanizaciones y la destrucción de santuarios naturales de incalculable valor.La deuda histórica pendiente con la montaña aragonesa,despoblada y sembrada de grandes embalses,se acentúa hoy con el expolio de su suelo y sus espacios naturales.
En el estado español se construyen más pisos que en Francia, Alemania y Gran Bretaña juntas. En medio de esta fiebre urbanística,cada vez es más difícil el acceso a una vivienda digna. La "Ley del Suelo"vigente,aprobada por el anterior gobierno del PP, consagra el expolio del territorio y de nuestros bolsillos. Fomenta el “todo edificable ”sin consideraciones sociales o ambientales, genera lejanía y crea dependencia absoluta del transporte motorizado. Este modelo basado en el hormigón,inédito en la Unión Europea,ni supone un desarrollo social,ni tampoco resulta sostenible,ya que además contribuye gravemente al cambio climático.
Ante la celebración de las próximas elecciones,la manifestación estatal del 5 de mayo quiere ser un toque de atención a la clase política para que asuma cambios estructurales en las líneas de gestión de los gobiernos locales y sobre todo del autonómico y central. Queremos un compromiso firme contra la especulación urbanística y a favor de un Aragón con futuro,en el que merezca la pena vivir:hermoso,saludable, amable. Las generaciones futuras tienen derecho a ello.
Por la Protección del territorio,sus ríos y sus recursos Acceso a vivienda digna,en una ciudad humana y habitable En defensa de la montaña aragonesa y de sus gentes Por la conservación de nuestro patrimonio cultural
CONVOCAN: Aragón No Se Vende /Asociaciones Vecinales de Delicias,La Madalena,La Paz,San José, Venecia,Lanuza-Casco Viejo /Asociación V.Pirineo Central /Amigos de la Tierra/ANSAR/APUDEPA/ Asamblea por la Vivienda Digna/Barrio Verde/Clubes de montaña Albada,Castiliscar,Montañeros en Acción y Venecia/C.O.Rasmia/CC.OO.Aragón/CGT Aragón/Ebro Vivo/Ecologistas en Acción/El Cantero/ Eq.Triacanthos/FABZ/Foro Ciudad y Ciudadanía/Fund.Quebrantahuesos/Greenpeace/La Katxarraka/ Locos por Cerler/Mountain W-AGG/Pedalea/Pirineo Vivo/Plataforma en defensa de las montañas/Rebel/ Red Aragonesa de la Tierra/SEO/Towanda/Unibersida C.Aragonesista
redtierra.org/aragonnosevende
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Aragón
La Audiencia revoca una absolución y condena a un año a Julián Muñoz por delito urbanístico
SUR* /Marbella : "El panorama judicial de Julián Muñoz y de Pedro Román se complica. Ambos ex ediles han sufrido un revés en la Audiencia Provincial, donde se ha revocado la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga en relación con el 'caso Moansa', y los ha condenado a un año de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. La decisión también alcanza a otros seis ex ediles del GIL: Mario Jiménez, José Mariano Pomares Villar, Manuel Calle, María Luisa Alcalá, Rafael González y Juan Antonio Yagüe Reyes.
Sobre los cuatro últimos, al igual que sobre Julián Muñoz, ya pesa una condena anterior por delito similar por el caso Proinsa, y han tenido que pasar por la cárcel, con excepción de Yagüe, que se dio a la fuga tras ser condenado.
El tribunal ha aceptado parcialmente los recursos de apelación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y por Los Verdes contra la absolución de los ocho ex ediles, relativo a un convenio firmado con Moansa para recalificar una zona verde y construir seis viviendas unifamiliares pareadas, según la sentencia a la que tuvo acceso Efe.
Sentencia
En la sentencia se impone la pena de ocho años de inhabilitación para el cargo público a Julián Muñoz, a los citados ex y al que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román, que se encuentra actualmente en busca y captura por su presunta implicación en el 'caso Malaya'.
La sala anula la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 2 de Málaga basándose en que los acusados, «en su condición de miembros de la comisión de gobierno, votaron favorablemente la concesión de una licencia de obra que no se ajustaba a la normativa vigente, a sabiendas de su injusticia e ilegalidad».
De esta forma, invalida los argumentos que en su día emitió el Juzgado de lo Penal, que consideró que, pese a que la actuación fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, quedaba «lejos de las exigencias requeridas por el delito de prevaricación administrativa». La Audiencia ha estimado que tanto Muñoz como el resto de concejales "eran perfectamente conocedores de la situación de confusión" urbanística en Marbella , y que se ampararon en un informe emitido por el ex asesor jurídico externo José Luis Sierra para «considerar legal la concesión de una licencia urbanística».
SurDigital - 28 de abril de 2007
Foto: Ayuntamiento Marbella /UrbPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Las irregularidades urbanísticas en Andalucía salpican a todos los partidos en vísperas del 27-M
E.Sánchez/J.Chaparro/DiariodeSevilla*: "El mapa de Andalucía está enladrillado y fiscales y jueces instructores se afanan en combatir los delitos, sobre todo urbanísticos, que salpican a algunos miembros de los equipos de gobierno municipales. Aunque la operación Malaya sobre la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella ha sido la instrucción más publicitada por la popularidad de algunos de sus protagonistas y la gravedad de los desmanes cometidos por los responsables del Consistorio malagueño, no se trata ni mucho menos de la única localidad con munícipes encausados. A pesar de que los delitos imputados son utilizados por los partidos como arma arrojadiza, todas las formaciones cuentan con algún regidor o edil con cuentas pendientes ante un tribunal.
PSOE y PP, formaciones con más representantes en alcaldías y concejalías, mantienen a muchos de ellos en las listas para las próximas elecciones municipales del 27 de mayo.
Almería, a vueltas con el Cabo de Gata
-Joaquín García Fernández (PSOE). Alcalde de Níjar. Denunciado por Ecologistas en Acción por la aprobación de un convenio para la cesión de suelo en el Cabo de Gata. A raíz de estos hechos, la Audiencia Provincial de Almería le imputa malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. También han sido imputados otros miembros del equipo municipal.
-Cándido Trabalón (PA). Alcalde de Zurgena. La Fiscalía ha imputado por prevaricación y contra la ordenación del territorio a todo el equipo de gobierno (cinco concejales del PA, cuatro del PSOE y uno del PP) por la votación a favor de la construcción de 1.300 chalés en suelo rústico.
-Cristóbal Fernández (PSOE). Alcalde de Carboneras. Condenado por la Audiencia Provincial de Almería a seis meses de inhabilitación por delito electoral, fue indultado en 2006 por el Consejo de Ministros a pesar de la ratificación de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Se le imputaron prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias en la venta de un terreno cercano al hotel El Algarrobico, en el Parque Natural del Cabo de Gata.
-Gabriel Amat (PP). Alcalde de Roquetas de Mar. El también presidente del PP en Almería fue denunciado por la Junta y los Comerciales del Poniente por la licencia de apertura del centro comercial Gran Plaza. La beneficiaria fue Galerías Comerciales, del imputado en la operación Malaya Tomás Olivo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la nulidad de apertura en noviembre.
Cádiz, del GIL al PP pasando por IU
-José Antonio Barroso (IU). Alcalde de Puerto Real. La Consejería de Obras Públicas demandó al Ayuntamiento por la autorización al hermano de regidor para construir una vivienda de 600 metros cuadrados sobre una finca destinada a uso educativo.
-Miguel Manella (PSOE). Alcalde de Tarifa. Imputado por prevaricación y delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el entorno del Castillo de Santa Catalina. Vuelve a ser el candidato socialista el 27 de mayo.
-Juan Carlos Juárez (PP). Alcalde de la Línea de la Concepción. El ex gilista tiene varios frentes abiertos. Destacan el caso Villa Juliana, que le ha supuesto la primera denuncia formal de la Fiscalía por delito urbanístico. El regidor aprobó la venta de una finca municipal y con el dinero habría pagado las nóminas de los trabajadores municipales, lo que contravendría la Ley de Régimen Local. En el caso de los contratos está imputado por prevaricación y malversación de caudales tras 150 presuntas contrataciones irregulares. También deberá rendir cuentas tras la querella por la venta de cuatro parcelas a la empresa Roseworld: una compañía linense hizo una oferta superior y el Ayuntamiento la desestimó por supuestas deudas. Posteriormente se demostró que tales deudas no existían y que el capital social de Roseworld ascendía a poco más de 3.000 euros. Juárez opta a la reelección en las municipales.
-Hernán Díaz (Independiente). Ex alcalde de El Puerto de Santa María. Inhabilitado por el nombramiento irregular del jefe de la Policía Local sin dar publicidad a la plaza vacante. Entre otros asuntos, la Fiscalía investiga la labor del anterior equipo de gobierno por la falta de actuación para evitar diseminados ilegales en zonas protegidas y la venta de terrenos de patrimonio municipal con fines no permitidos por la ley. El Tribunal de Cuentas ha detectado indicios de responsabilidad contable en la gestión municipal entre 1995 y 2000.
-Ernesto Marín (PP). Candidato del PP en Chiclana. La inspección de Trabajo le ha obligado a contratar a cinco empleadas que trabajaban sin contrato en una empresa de su propiedad. El PSOE quiere llevar el asunto a la Fiscalía por delito contra los trabajadores.
Córdoba, coalición fraudulenta
-Antonio Guisado (PSOE). Ex alcalde de Fuente Palmera. El antiguo regidor y posteriormente concejal dimitió de sus funciones tras ser investigado por supuesta venta irregular de suelo municipal destinado a zonas verdes y equipamientos a varias promotoras. Una de esas licencias fue otorgada a una empresa del alcalde de La Carlota, el también socialista Francisco Pulido Aguilar.
-Manuel Baena (IU). Alcalde de Puente Genil. La investigación de la Policía Judicial de la concesión supuestamente irregular de la licencia de obras para la construcción del cuartel de la Guardia Civil ha provocado la imputación de nueve concejales (cuatro de IU, tres del PSOE, uno del PP y otro del PA).
Jaén, proliferación de denuncias
-Blas Sabalete (PSOE). Alcalde de Torredelcampo. Imputado por no denunciar irregularidades urbanísticas. Según el fiscal, el regidor dio lugar a la consolidación de una situación de ilegalidad administrativa y penal. Sabalete vuelve a presentarse a las elecciones.
-Miguel Campillo (PSOE). Alcalde de Baños de la Encina. Denunciado junto al aparejador municipal por corrupción y delitos urbanísticos al permitir construcciones ilegales en el término municipal. Repite candidatura.
-Juan Morillo (PP). Alcalde de La Guardia. Cuenta con más de seis denuncias del grupo socialista, entre otras, la construcción junto a una gasolinera, con informe desfavorable de Obras Públicas, de veinte apartamentos donde sólo se permiten cinco o la alteración de la ficha urbanística de una parcela para construir 44 parcelas más. Vuelve a presentarse.
Huelva, prevaricación y acoso
-José Carlos Hernández Cansino (PP). Alcalde de Punta Umbría. Denunciado por el grupo socialista municipal por negarse a convocar una reunión de la junta general de la radio y televisión municipal. Un juzgado onubense ve indicios de prevaricación, desobediencia continuada y delito societario. Candidato electoral.
-José Cejudo (PSOE). Alcalde de Valverde. Regidor y presidente de la Diputación Provincial, Cejudo, que opta a la reelección, está imputado por prevaricación y en septiembre será juzgado por una denuncia de acoso laboral.
-Carmelo Romero (PP). Alcalde de Palos de la Frontera. Condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 7.213 euros por anomalías contables que provocaron perjuicios a las arcas municipales, es el candidato popular.
*Diario de Sevilla - 28 de Abril de 2007
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