PERE GONZÁLEZ NEBREDA*/LUIS ANTONIO CORRAL JUAN*.- El País** : "El suelo es una materia prima básica para el desarrollo de nuestras poblaciones. La ciudad evoluciona y necesita suelo donde construir viviendas para sus nuevos habitantes y para albergar los usos y actividades que se generan, para sumar activos a la reutilización del existente. Detener el crecimiento del suelo es causar su decaimiento. Pero ese crecimiento debe ser realizado con criterios de sostenibilidad, algo en lo que, a estas alturas, todos estamos de acuerdo, estableciéndose un equilibrio entre los distintos factores sociales, económicos y medioambientales existentes. Se trata de crecer sin despilfarrar ese bien básico tan escaso que es el suelo, que no es renovable y cuya transformación en suelo urbano deviene irreversible.
El crecimiento de la ciudad debe tener en cuenta factores sociales para evitar desequilibrios y expulsiones indeseadas tanto de la población, ya sean nuevas generaciones o segmentos de menor solvencia, como de las nuevas actividades productivas y de servicios. Y debe propiciar, al mismo tiempo una movilidad razonable de sus ciudadanos. Deben tenerse en cuenta factores económicos, que resulten eficientes y favorables al progreso o, de lo contrario, su potencial como motor económico puede decaer. Sin embargo, todo argumento económico debe ser consecuente con el bien general y compatible con el respeto al medioambiente, que debe primar en el tratamiento del territorio, tanto en lo que se refiere al paisaje natural como al urbano, y asegurar requisitos de eficiencia energética y de salubridad. Por todo eso, el consumo de suelo, su transformación de suelo rural a suelo urbanizado, debe ser cuidadosamente estudiado. El desarrollo urbano debe ser escrupulosamente planificado en función de las auténticas necesidades de la sociedad y de la ciudad y no de otros intereses particulares.
Pero no es eso lo que está sucediendo. La expansión de las ciudades españolas no se produce en función de sus necesidades reales y están creciendo de manera deforme y en ocasiones aberrante. El crecimiento razonable, equilibrado y sostenible de la ciudad, y de la sociedad que alberga, tropieza actualmente con un obstáculo difícilmente salvable: la especulación del suelo. Llamamos especulación al encarecimiento artificioso generado por el acaparamiento y la escasez originada por su empleo como mercancía urbana.
En ese escenario parece necesario un golpe de timón enérgico para recuperar la iniciativa sobre la gestión del suelo. Pero ¿a quién le interesa acabar con la especulación del suelo? Sin duda alguna a las ciudades, a sus ciudadanos, a las personas. Esto está claro. Pero no tenemos tanta certeza, en ocasiones, de que haya alguien más interesado en ello. Administraciones y políticos no está claro que estén por la labor. Algunos se llenan la boca con eso, pero nadie quiere matar la gallina de los huevos de oro, huevos que alimentan municipios y munícipes, partidos y partidarios, y en ocasiones a otras especies menos respetables.
Casi una quinta parte del suelo urbanizado en España lo ha sido en los últimos 10 años; lo que quiere decir que en ese tiempo se ha incrementado el 25% de lo que se había urbanizado en los 2.000 años anteriores.
La ley ha obligado a que el 10% de ese suelo haya ido a manos de los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos lo han dilapidado o incluso han especulado con él. Salvo honrosas excepciones, la mayor parte de esas inmensas extensiones de nuevo suelo urbanizado, no se han destinado a construir viviendas sociales, protegidas o asequibles, sino a financiar otras actividades. Y eso ha sido así por decisión de los ayuntamientos, con su exclusiva responsabilidad algunas veces y con su aquiescencia en otras.
La Constitución obliga a luchar contra la especulación. Todas las leyes del suelo que se han aprobado en España hacen de eso uno de los aspectos más relevantes en sus exposiciones de motivos. La realidad nos dice que nunca se pasó de las teóricas buenas intenciones. Las dos primeras, las legisladas en los años 1956 y 1976, lo pretendieron mediante el impuesto progresivo municipal de solares sin edificar. La de 1992 mediante la expropiación, a la mitad de su valor, de todos aquellos solares que no hubieran sido edificados al cabo de un año. El resultado en todos los casos fue el mismo: prácticamente nunca se aplicaron.
La actual, del año 1998, con la pretensión de abaratar el suelo, aplicó lógicas de mercado de bienes de consumo, propiciando que todo el suelo pudiera ser urbanizado. El resultado ha sido que la creación de suelo urbanizable se ha desorbitado y al mismo tiempo su precio se ha multiplicado. El último capítulo se escribe ahora en las Cortes españolas, con otra nueva ley. De su lectura y análisis se saca una primera conclusión: más de lo mismo.
Se pretende, supuestamente, avanzar en la lucha contra la especulación desvinculando la propiedad del suelo del derecho a edificar, e incluso del derecho a urbanizar. Solución aplicada, con éxito, en países tan dispares, en su concepción social, como EE UU y Suecia; pero que aquí, en la práctica, sólo se materializará cuando se trate de la venta forzosa, y ésta se utilizará como instrumento arbitrario, de forma aleatoria y discrecional, ya que la ley no precisa con claridad su aplicación.
Se convierte así la expropiación en un peligroso instrumento en manos de quienes, hasta ahora, han demostrado su incapacidad para gestionar adecuadamente la transformación del suelo y para administrar las plusvalías generadas en el proceso.
La introducción que la nueva ley propicia, generalizada para toda España, la figura del agente urbanizador como presunto destinatario de los aprovechamientos de suelo, ha originado, donde hasta ahora se ha aplicado, no pocos conflictos y la reprimenda enérgica de las autoridades europeas por el expolio y la indefensión de los propietarios afectados.
Se limita a los propietarios de suelo el derecho a urbanizar, pero al mismo tiempo se entrega ese derecho a terceros, sin garantizar con eso que la colectividad se beneficie de las plusvalías generadas. Y, a estas alturas, todo el mundo sabe que las plusvalías que genera la transformación del suelo suelen ser de una cuantía económica muy considerable.
Se trata de expropiar barato para especular mejor. ¿No será peor el remedio que la enfermedad?
* Pere González Nebreda es presidente de la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y Forenses de Cataluña (AAEPFC) y Luis Antonio Corral Juan es decano del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares.
**ELPAIS.com - 27/04/2007
Especulación del suelo: la enfermedad y el remedio
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28.4.07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
El ‘ladrillo’ amenaza 16.000 hectáreas muy verdes
20minutos*/Murcia : "Equivalen a unos 20.000 campos de fútbol. La mayoría se desprotegieron con la Ley del Suelo del Gobierno murciano (PP) en la zona del litoral. El ladrillo tiene espacio de sobra para colocarse en la Región. A las 15.000 hectáreas que el Gobierno regional desprotegió en 2001 con la Ley del Suelo, se le suman otras 1.340 hectáreas en espacios protegidos, en Águilas y Cartagena, en las que se pretende urbanizar. Los promotores disponen del equivalente a 20.000 estadios de fútbol para viviendas y campos de golf.
Ecologistas en Acción y los Naturalistas del Sureste protestaron ayer para que se paralicen y blinden, al menos, cinco grandes proyectos urbanísticos en zonas con valor medioambiental: La Zerrichera, Lo Poyo, Marina Cope, Novo Carthago y Puerto Mayor.
La Consejería de Industria y Medio Ambiente anunció en enero la aprobación de un Plan de Ordenación del Mar Menor (para que no se construya en Lo Poyo) y un Plan de Gestión para la Sierra de Almenara que fije si se puede edificar en la Zerrichera. Pero no se sabe nada. El PP dice que se aprobará pronto.
El PSOE espera la marcha de su recurso a la Ley del Suelo ante el Constitucional.
Las zonas en peligro
Marina Cope: 2.000 hectáreas (Águilas y Lorca).
Carrascoy-El Valle: 7.000 has (Murcia, Alhama de Murcia y Fuente Álamo).
Barranco de Gebas: 1.800 has (Alhama y Librilla).
Saladares de Guadalentí: 1.500 has (Alhama de Murcia y Totana).
La Zerrichera: 240 hectáreas (Águilas).
Lo Poyo y Novo Carthago: 900 has (Cartagena).
Puerto Mayor: 100 hectáreas (Cartagena).
Otras zonas: 2.800 has (Sierra de las Moreras...).
Ecologistas con ropa de albañil
Una veintena de activistas Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción, vestidos de albañiles y constructores, trasladaron ayer a la Consejería de Industria y Medio Ambiente un cargamento de ladrillos con los que hicieron una parodia de urbanizar la Consejería. Querían simular la construcción de una residencial de lujo en pleno centro de la ciudad de Murcia para protestar por la desprotección de espacios naturales en la Comunidad.
*20minutos - Murcia - 27.04.2007
Foto: Marina de Cope (Murcia)/Ecologistas en Acción
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27.4.07
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Tema: NOTICIAS Murcia
La Fiscalía investiga un posible soborno por la reforma urbanística de Ibiza
Diario de Mallorca* : "El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, informó ayer de la apertura de una investigación por "el presunto soborno" que se podría haber producido en torno al proyecto de reforma del centro de Vila conocido como Eivissa Centre, que impulsa la sociedad mixta Itusa formada por el Ayuntamiento y la constructora Brues SA. El Ministerio Público anunció ayer esta actuación a raíz de la reproducción de extractos de conversaciones mantenidas por el ex secretario general de la Federación Socialista de las Pitiüses (FSP-PSOE) Roque López con la edil Sandra Mayans y el gerente de Itusa, Josep Marí Ribas, Agustinet, que también es candidato de la izquierda a la alcaldía de Sant Josep, sobre el posible cobro de comisiones.
En estas grabaciones Roque López asegura que la empresa constructora podría llegar a pagar hasta "250 millones de pesetas" con dinero negro obtenido a través de la comercialización de parte de las viviendas y locales comerciales previstos en el proyecto. López llega a decir a Mayans, según la grabación, que se trata del "mayor pastel de la historia que puede ir tanto al PSOE como al PP" y que dispone de información de Antonio Pinal, presidente de Brues.
Brues y el Govern
La constructora Brues ha recibido importantes adjudicaciones del Govern balear. En concreto ha trabajado en las obras de la variante de Son Ferriol al Camí de sa Síquia, inicio de la autopista de Manacor, por valor de 19 millones de euros. Asimismo ha construido un instituto en Marratxí por valor de 5,8 millones y ha trabajado en la construcción del metro de Palma. También Cort le adjudicó construir los aparcamientos de Santa Payesa por valor de 12 millones de euros.
El alcalde lo niega y anuncia acciones judiciales
El alcalde de Eivissa, Xicu Tarrés, anunció ayer acciones judiciales contra los responsables de la "campaña de difamación" contra el PSOE de Eivissa, en referencia a la reproducción de la grabación de Roque López. Tarrés, estuvo apoyado por el gerente de la empresa pública Itusa, Josep Marí Ribas Agustinet, y el concejal de Urbanismo, Vicent Torres.
El primer edil aseguró que los abogados del Ayuntamiento se han puesto en contacto con la Fiscalía para que la justicia aclare los hechos, "con el fin de que los responsables de esta campaña de difamación comparezcan ante el juez y ante la opinión pública". Tarrés afirmó también que "se trata de un montaje con falsas acusaciones y calumnias", además de una "infamia sin fundamento". En relación al proyecto Eivissa Centre, el primer edil resaltó que es "inmaculado".
Por su parte, Josep Marí Ribas, reconoció haber hablado con mucha gente sobre el proyecto y "las teorías, falsedades y bulos que había hecho circular el PP y determinados medios de comunicación". Marí aseguró también que las declaraciones podrían estar descontextualizadas, a la vez que destacó que no recibió ningún papel con cuentas paralelas del presidente de Brues, Antonio Pinal.
El alcalde de Eivissa defendió la actuación de la edil Sandra Mayans e insistió en la "manipulación" de las grabaciones difundidas.
*Diario de Mallorca - 27 de abril de 2007
Foto: Ibiza /patrimonio-humanidad.com
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Tema: NOTICIAS Baleares
El nuevo PGOU de La Romana (Alicante) no garantiza el suministro de agua
El País* /Alicante : "El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Romana no tiene justificada la disponibilidad de recursos hídricos y, además, fue aprobado sin la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según denuncia el colectivo Acció Ecologista-Agró. El planeamiento prevé la construcción de 2.000 nuevas viviendas, extremo que multiplicará por cuatro su actual censo -2.200 habitantes-.
Los ecologistas sostienen que la Comisión Territorial de Urbanismo ha incumplido uno de los condicionantes de la declaración de impacto ambiental al aprobar el nuevo planeamiento sin el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la disponibilidad de recursos hídricos para abastecer la futura población "y sobreexpootando aún más el ya esquilmado acuífero de Quibas".
Según el grupo conservacionista, la dirección general de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Territorio y Vivienda aprobó el 3 de mayo de 2005 la Declaración de Impacto Ambiental del PGOU, "a pesar de la obligación legal de hacerlo", precisa una nota de los ecologistas. La Consejería de Territorio y Vivienda no ha contestado al requerimiento de este periódico sobre afirmación de Acció Ecologista-Agró.
*EL PAÍS - Alicante - 27/04/2007
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El alcalde de Cudillero será juzgado por prevaricación en materia de urbanismo
J.CUARTAS.- El País* : "El alcalde de Cudillero (Asturias), Francisco González, del PSOE, será procesado el próximo 2 de octubre en vista oral por el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés tras haber sido acusado por unos particulares de la supuesta comisión de un delito de prevaricación en la ordenación sobre el territorio por el que le piden una pena de un año de prisión y ocho años de inhabilitación especial.
González, que en mayo concurrirá a su reelección para un quinto mandato, fue denunciado por unos vecinos por haber autorizado en 2002 la construcción de un bloque de apartamentos en la localidad El Pito en una zona calificada como núcleo rural y en el que, según la acusación particular, sólo se podían construir viviendas unifamiliares o edificaciones adosadas.
La Comisión de Gobierno de Cudillero aprobó la concesión de una licencia para la construcción de 24 viviendas y locales en el núcleo rural de El Pito y pese a la que, según la acusación particular, la entonces secretaria general del Ayuntamiento, Mari Luz Loredo, advirtió en un informe que la naturaleza del suelo sobre el que se iba a actuar impedía la concesión de la licencia finalmente otorgada. Los denunciantes argumentan también en su querella que la autorización fue concedida sin informe previo del arquitecto municipal
La denuncia de los vecinos fue cursada en diciembre de 2004 ante el Juzgado de Pravia, cuya titular, tras tomar declaración al alcalde de Cudillero, resolvió en enero de 2006 admitir y cursar la querella por el procedimiento abreviado. El Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, al que se dio traslado del caso, ha fijado ahora la celebración de juicio oral para el 2 de octubre. La fiscalía no presentará cargos, según informó ayer el diario La Nueva España.
El consejero de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, Francisco González Buendía, también del PSOE, calificó tiempo atrás en el Parlamento autónomo de "difícilmente legalizables" las viviendas en cuestión.
Pero el alcalde de Cudillero sostuvo ante el Juzgado de Pravia, cuando compareció como imputado, que el Principado de Asturias "interpuso un recurso contencioso-administrativo y la suspensión cautelar de la obra con resultados favorables al Ayuntamiento".
*ELPAIS.com - Oviedo - 27/04/2007
Foto: Cudillero /asturiasverde.com
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Tema: NOTICIAS Asturias
Solicitan el bloqueo de los fondos comunitarios para el PEIT
Las principales organizaciones ecologistas españolas, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han enviado una carta al Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Stavros Dimas, para solicitar que se bloquee la financiación comunitaria al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), en tanto no cumpla la legislación europea en materia de medio ambiente. En resumen, las organizaciones ecologistas valoramos positivamente la iniciativa de la Comisión Europea de apercibir al Estado español por no tener en cuenta la legislación ambiental a la hora de planificar las infraestructuras a desarrollar y esperamos que sirvan para dar un giro a la política de transportes hacia su sostenibilidad.
Las organizaciones ecologistas enviaron en junio de 2006 una Queja ante la Comisión Europea por no haber evaluado el Ministerio de Fomento el impacto sobre la Red de espacios Natura 2000 tal y como obliga la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta Directiva obliga a los estados miembros a evitar la degradación de cualquier espacio perteneciente a la Red Natura 2000, así como a evaluar los efectos de cualquier plan o proyecto que se lleve a cabo en estas áreas antes de aprobarlos. Esta queja se traduce ahora en el procedimiento de infracción comunicado por la Unión Europea el 22 de marzo.
Dado que los reglamentos de la Unión Europea impiden que se financien con fondos europeos actuaciones contrarias al derecho comunitario las organizaciones ecologistas han solicitado la paralización de los fondos hasta que el Estado español garantice que las infraestructuras del PEIT no afectarán a los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Esto supondrá eliminar del PEIT las infraestructuras más impactantes (se incluyen algunos ejemplos al final del comunicado) y condicionar la construcción y financiación de las infraestructuras a la no afección a la Red Natura 2000.
Según el análisis llevado a cabo por las entidades ecologistas más de 1.800 km de carreteras y ferrocarriles propuestos en el PEIT afectan, al menos, a 327 espacios de la Red Natura 2000 (tabla).
Efectivamente, el PEIT aprobado sigue recogiendo la construcción de 6.000 km de autovías y 9.000 km de líneas de alta velocidad ferroviaria. Sin embargo, España es el segundo país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas (sólo superado por Alemania, con apenas 600 km más, por lo que lo rebasaremos en breve) y el primero en términos relativos en número de kilómetros de autovía por vehículo o por habitante. Además, la gran mayoría de las nuevas autovías previstas en el PEIT se construirán en itinerarios que no llegan ni a los 5.000 vehículos por día, cuando los manuales señalan como razonable el desdoblamiento de una carretera a partir de los 10-15.000 vehículos día.
Pero, a juicio de las organizaciones de defensa de la naturaleza, el PEIT además adolece de otros graves problemas que no lo hacen compatible con un transporte sostenible. Por ejemplo, el PEIT dificultará mucho la lucha contra el principal problema ambiental al que se enfrenta la Humanidad: el cambio climático. Y no es de extrañar que así sea: en 1998 había 9.649 km de autovías y autopistas, mientras que en 2012, si se cumplen las previsiones del PEIT, tendremos 17.450 km (15.000 km estatales y 2.450 km ya existentes de las Comunidades Autónomas). Si a esto le añadimos que la carretera es la responsable del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero relativas al transporte, es fácil ver hasta qué punto es contraproducente esta enorme construcción de autovías para limitar las emisiones de CO2.
En resumen, las organizaciones ecologistas valoramos positivamente la iniciativa de la Comisión Europea de apercibir al Estado español por no tener en cuenta la legislación ambiental a la hora de planificar las infraestructuras a desarrollar y esperamos que sirvan para dar un giro a la política de transportes hacia su sostenibilidad.
Algunas de las infraestructuras incluidas en el PEIT con mayor impacto sobre la Red Natura 2000, y por lo tanto las más “culpables” de que España se arriesgue a no recibir los fondos europeos, son:
1. Autovía A43 Puertollano-Mérida. Entre las especies afectadas debe destacarse el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra, el águila-azor perdicera y al lince ibérico.
2. Toledo-Ciudad Real-Córdoba. Afecta a las LIC y ZEPA de Montes de Toledo y Sierra Morena (con presencia importante de especies como lince, águila imperial, buitre nego, cigüeña negra). El tramo Puertollano-Córdoba produciría un impacto medioambiental enorme, al atravesar el valle de Alcudia y una de las áreas mejor conservadas de Sierra Morena y no significará una mejora en las comunicaciones entre ambas localidades.
3. Autovía Linares-Albacete. Afectará significativamente el LIC Sierra de Alcaraz y LIC Río Guadalmena, afectando a la mejor zona para el lince de Albacete.
4. Autovía ruta de la plata A66 de Gijón a Sevilla. El tramo: Zafra-Sevilla afectará a numerosos espacios de la Red Natura 2000 y afectará a zonas muy importantes para el lince, el águila imperial o la cigüeña negra. Afectaría necesariamente a la Sierra de Aracena. En concreto, el vial afectaría a dehesas de encina y alcornoques en muy buen estado de conservación, así como a monte y matorral mediterráneo denso. Contribuiría a una mayor fragmentación de Sierra Morena, produciendo un efecto barrera importante. El Tramo Benavente-Zamora afectaría a la Reserva de Villafáfila (avutarda común, cernícalo primilla, etc.)
5. Autovía A48 Costa de la Luz (Cádiz-Algeciras). Afectaría al Parque Natural de los Alcornocales, así como a los montes de Tarifa, un área de gran valor ambiental. Es una zona de paso de aves en migración muy importante.
6. Autovía Cuenca-Teruel. Atraviesa por medio de los Montes Universales. Se trata de un área de gran valor natural con un relieve muy quebrado. Afectaría a la LIC-ZEPA de la Serranía de Cuenca (águila real y alimoche).
7. Autovía IV Centenario (Ciudad Real-Valencia). Afectará a la ZEPA Campo de Calatrava (avutarda, cernícalo primilla, sisón) y a la ZEPA Campo de Montiel (águila imperial ibérica).
8. Linea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. El tramo de tren da alta velocidad Madrid-Cáceres afectará a un gran número de espacios de la Red Natura 2000 y a especies emblemáticas como avutarda común o el lince ibérico.
9. Ampliación del Puerto Norte de Valencia. Generará un fuerte impacto sobre la Albufera y las playas situadas al sur del puerto.
10. Puerto de Granadilla (Tenerife). Afectaría a uno de los tramos de litoral mejor conservados de la isla y a hábitats marinos protegidos.
Longitud y número de espacios de la red Natura 2000 afectadas por la propuesta de PEIT
CARRETERAS Kilómetros Nº Espacios
Afección Km LIC 682,52 131
Afección Km ZEPA 491,87 50
Afección RED NATURA 775,67 134
TREN Kilómetros Nº Espacios
Afección Km LIC 913,03 188
Afección Km ZEPA 630,22 56
Afección RED NATURA 1026,69 192
TREN + CARRETERAS Kilómetros Nº Espacios
Afección RED NATURA 1802,36 327
*Ecologistas en Acción - Transporte - 26 de abril
Foto: Ecologistas en Acción
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO
¿Qué pasará cuando los precios de la vivienda empiecen a caer?
GUILLERMO DE LA DEHESA*.- El País**: "La burbuja de la vivienda española no es nueva. En todos los países desarrollados los precios de la vivienda han sido siempre procíclicos y han mostrado una tendencia recurrente a experimentar periodos duraderos y persistentes de auge de precios y de volatilidad baja, seguidos de otros, igualmente persistentes, de precios estancados o cayendo y volatilidad elevada, y la española se acerca a esta segunda fase. En todo caso, la volatilidad de los precios de la vivienda (activos reales) es mucho menor que la de la Bolsa (activos financieros), por ello no hay que extrapolar lo ocurrido estos últimos días al mercado de la vivienda.
Las burbujas de la vivienda y sus desinfles han tenido siempre que ver con la evolución demográfica, así como con el nivel de empleo, de la renta por habitante y de la confianza de los consumidores, pero sus detonantes suelen ser el nivel de los tipos de interés, ya que los precios de la vivienda suelen ser tan sensibles a los cambios en los tipos de interés nominales o reales o más que los bursátiles. Cuando los tipos reales de interés son casi cero o negativos durante cierto tiempo (como ha ocurrido en España en los últimos cinco años), los precios de la vivienda tienden a subir rápidamente, dada una oferta con crecimiento normal, ya que su demanda tiende a dispararse.
Por el contrario, cuando los bancos centrales suben los tipos de interés para moderar las tensiones de precios, la carga de intereses y de principal de las hipotecas aumenta, su renta disponible, su consumo y su demanda de viviendas tiende a reducirse y sus precios terminan cayendo, pudiendo incluso provocar una recesión, ya que dicha caída no sólo afecta negativamente al consumo agregado, sino también al número de viviendas iniciadas, lo que hace que la actividad de una parte del sector de la construcción se deteriore y éste reduzca su actividad y su empleo.
El FMI hizo un estudio en 2003 en el que identificaba 20 casos de burbujas de los precios de la vivienda en 14 países desarrollados (incluida España) que posteriormente estallaron entre 1970 y 2001, con una caída media de sus precios de un 30%. Los resultados mostraban que la duración media de dicha contracción de precios había sido de cuatro años, que la probabilidad media de que la burbuja de vivienda terminase en una fuerte contracción de precios había sido del 40%, que algunas de dichas contracciones de precios precedieron, coincidieron o se solaparon con recesiones en sus economías, que la reducción del crecimiento se iniciaba inmediatamente después de dicha caída y que la recuperación total de la tasa de crecimiento previa tardaba otros tres años.
Sin embargo, en estos últimos años, las burbujas de Australia y del Reino Unido se han desinflado moderadamente y no han provocado recesión alguna. Por un lado, porque la subida de tipos de interés por parte de sus bancos centrales ha sido gradual y, por otro, porque ésta ha coincidido con el nivel de desempleo mínimo, y la evidencia muestra que una tasa elevada y mantenida de empleo tiende a sostener la demanda de vivienda así como sus precios.
Dicha evidencia histórica también demostraba que el precio de las viviendas empieza a crecer por debajo de la inflación y luego a caer en términos nominales una vez que los tipos de interés de las hipotecas superan el 6% o se mantienen ligeramente por debajo de dicho nivel durante cierto tiempo, y que su caída se inicia 12 meses después que los tipos alcanzan dichos niveles.
Finalmente, estimaba que el efecto de la subida de tipos de interés sobre los precios de la vivienda primero y sobre la actividad económica después, tiende a ser mayor: cuanto mayor sea el porcentaje del total de familias que han contratado una hipoteca; cuanto mayor sea el porcentaje de las hipotecas contratadas a tipo de interés variable y cuanto mayor sea el porcentaje del valor de la hipoteca en relación al precio total de la vivienda y menor sea el porcentaje del pago al contado de entrada; y por otro lado, cuanto mayor sea el porcentaje de hipotecas contratadas al final de la burbuja, ya que éstas tienden contratarse más alegremente.
En España está iniciándose una fase clara de moderación de los precios de la vivienda tras una fuerte subida que les ha llevado a una sobrevaloración de alrededor del 30%. ¿Qué efectos puede tener sobre la renta disponible de las familias, el consumo y el crecimiento y la estabilidad de las entidades de crédito?
En primer lugar, hay que reconocer que España es hoy uno de los países del mundo con mayor porcentaje de familias con vivienda propia, alcanzando un 84% del total, frente a una media en la UE del 66%. A pesar de ello, el valor agregado de las hipotecas en porcentaje del PIB español es todavía menor que en la media de la UE (un 48% frente a un 56%).
En segundo lugar, es, paradójicamente, uno de los países del mundo con mayor porcentaje de hipotecas contratadas a tipo variable o ajustable: un 98% del total, frente a un porcentaje medio del 51% de la UE. Este porcentaje es excesivamente elevado. Aunque la mayoría de los préstamos hipotecarios se financian con depósitos, lo que justifica que las entidades de crédito españolas prefieran los créditos a tipo variable, existen las cédulas hipotecarias, parecidas a los pfandbriefe de Alemania o los covered bonds de Holanda, de Dinamarca o del Reino Unido que permiten refinanciarlas a mayor plazo. Estos otros cuatro países mencionados tienen un porcentaje de hipotecas a tipo variable mucho más bajo: el 17%, 13%, 18% y 53%, respectivamente.
En tercer lugar, el porcentaje de hipotecas recientes ha sido elevado, ya que en estos dos últimos años, en el pico de la burbuja, han seguido aumentado a ritmos del 20% en promedio. En cuarto lugar, en parte a causa de la fuerte demanda de vivienda y en parte debido a las grandes obras públicas cofinanciadas con transferencias comunitarias, la construcción ha llegado a representar, en 2006, el 16% del PIB (frente a un 9% de media en la UE), el 10% del valor añadido bruto y el 14% del empleo.
Finalmente, otro aspecto paradójico del caso español es que otra parte importante del aumento del precio de la vivienda por el lado de la oferta se debe al fuerte aumento del precio del suelo, ya que los costes de la construcción de viviendas no han crecido, en promedio, más que el IPC, cuando la densidad de población española es de 83 personas por kilómetro cuadrado, frente a 245 del Reino Unido, 479 de Holanda o 350 de Japón, por poner tres claros ejemplos de burbujas recientes. Sin embargo, existen otros factores que pueden compensar el efecto de los anteriores:
En primer lugar, la burbuja está cediendo con moderación. Desde que el Banco Central Europeo ha empezado a aumentar los tipos de interés, estos aumentos se han trasladado, más que íntegramente, a los préstamos hipotecarios (ya que están descontándose alzas futuras), que han experimentado la mayor subida de los últimos seis años, acercándose al 5%. En consecuencia, el crecimiento interanual de los precios de la vivienda ha pasado del 17% en 2004 y del 14% en 2005, a un 9% en 2006, al 7% ahora, al 3% el próximo diciembre y, en 2008, podrían ya subir menos que la inflación o caer.
En segundo lugar, el crecimiento anual de la demanda de crédito hipotecario, medida en número de hipotecas, se ha ralentizado al 5,2%, frente a un 17% hace un año (aunque ha aumentado su importe medio en un 14%), en parte porque las entidades financieras han comenzado a endurecer sus criterios de aprobación, especialmente en la relación préstamo-valor de la vivienda, aunque todavía alargan sus plazos ligeramente.
En tercer lugar, una burbuja tiende a mantenerse más tiempo o a moderarse, en lugar de desinflarse bruscamente, siempre que la economía siga aumentando su población y su número de hogares, pero sobre todo siempre que su población en edad de trabajar y su empleo sigan creciendo.
La entrada masiva de extranjeros en España, en su gran mayoría inmigrantes (de 1 millón en 2000 a 4,7 millones a finales de 2006), ha hecho que la población total haya aumentado a un ritmo del 1,5% anual entre 2000 y 2006 y que el número de hogares haya aumentado en 2,5 millones. A pesar de ello, el número de viviendas aumentó en 3,0 millones, luego se ha creado un exceso de oferta de unas 500.000 viviendas. Estos excesos de viviendas se concentran en las regiones con menores tasas de inmigración y, salvo Andalucía, en las menos turísticas, mientras que en Baleares, el País Vasco y sobre todo Madrid existe todavía un déficit (decreciente) de viviendas respecto a los hogares existentes.
Además, un 90% de dichos inmigrantes tiene edades entre 20 y 40 años, permitiendo aumentar la población en edad de trabajar (entre 20 y 64) de forma muy importante, lo que, unido a su elevada tasa de participación y movilidad funcional y territorial, ha hecho que su empleo aumente rápidamente. Si se añade otro 10% de jubilados extranjeros con mayor capacidad de compra, ambos factores podrían todavía llegar a sostener una demanda razonable de vivienda durante cierto tiempo, evitando una caída brusca de sus precios. De ahí que el FMI calcule que el crecimiento promedio de 2007 y 2008 vaya a ser del 3,25%. De cumplirse estas previsiones, el problema principal residiría fundamentalmente en el efecto de la subida de tipos de interés sobre el coste anual de la hipoteca en relación a la renta disponible de los hogares.
Si suponemos que del actual nivel del 3,5% el BCE sube al 4,0% este año e incluso hasta el 4,5% en 2008 y el volumen de hipotecas aumenta en un 5% en ambos años, el coste anual neto del principal e intereses de las hipotecas (incluidas su deducción en el IRPF) podría llegar a aumentar unos 3 puntos porcentuales respecto a la renta disponible después de impuestos de un hogar medio, con lo que pasaría del 30% actual al 33% en 2008, todavía muy lejos del 49% alcanzado en el peor momento de la recesión de 1993.
Por otro lado, la inversión en vivienda y sus precios tendrían que caer mucho para que la deuda hipotecaria total de la media de familias españolas empezara a ser un peligro para su balance patrimonial, ya que actualmente sólo representa el 11% de su patrimonio no financiero total, el porcentaje más bajo de la UE después del de Italia.
Finalmente, los elevados niveles de solvencia de las entidades de crédito y su amplio exceso de provisiones sobre la morosidad efectiva neta (añadiendo fallidos y restando recuperaciones) van a evitar que se planteen problemas de estabilidad del sistema financiero, incluso en el caso de que la caída de la inversión y los precios de la vivienda llegara a ser profunda en los próximos años.
*Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research.
**ELPAIS.com - 26/04/2007
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Los expertos avalan paralizar la construcción en la franja costera
P.LÓPEZ.- El País*/Galicia : "La suspensión de los desarrollos urbanísticos a 500 metros de la costa es una medida no sólo conveniente, sino indispensable, siempre y cuando se haga "de forma competente". Es la opinión de los arquitectos y responsables de urbanismo de Cataluña, Asturias y Menorca, que debatieron ayer en Santiago sobre la planificación del litoral, convocados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
La prohibición de desarrollar suelo urbano a menos de 500 metros del mar en Galicia, que figura en la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Litoral, fue el telón de fondo de la jornada organizada por los arquitectos gallegos. En ella intervinieron el director general de Urbanismo de la Generalitat, Joan Llort, el responsable del Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA); el arquitecto Ramón Rañadas, y el del Plan Territorial Insular de Menorca, el arquitecto y sociólogo José María Ezquiaga.
Los tres hablaron de sus experiencias en tres territorios donde se adoptaron medidas similares a la ahora emprendida por la Xunta en la franja costera, como es el caso de Asturias y Cataluña, o de un plan que, como el de Menorca, desclasificó 20.000 viviendas previstas en suelos que pasaron a convertirse en rústico de protección. La mesa redonda que siguió a sus exposiciones giró en torno a la ley de medidas urgentes de Galicia, para la que reclamaron consenso social y político.
Rañadas rompió el hielo: "Yo no tendría miedo a una suspensión, siempre que sea de forma competente". Su opinión fue suscrita por los otros dos ponentes. Joan Llort puso el acento en la necesidad de lograr una "aceptación tácita" de los ciudadanos respecto a este tipo de medidas, para lo que destacó el papel de los medios de comunicación y su creciente sensibilidad medioambiental, mientras que Ezquiaga agregó la necesidad de que este tipo de medidas cautelares no se prolonguen excesivamente.
El factor tiempo es fundamental, concluyeron los ponentes. En primer lugar, para adoptar la suspensión sin previo aviso, de forma que se eviten movimientos especulativos. Y en segundo, con una tramitación rápida que devuelva sus derechos a los propietarios en el más corto período de tiempo posible. En el caso de Galicia, el límite legal será de dos años desde que entre en vigor la ley, el mes próximo, aunque se derogará en cuanto entre en vigor el Plan de Protección del Litoral.
En Cataluña, la Generalitat se vio "sorprendida por la aceptación tácita" de la suspensión, que se produjo "como el regreso de las tropas de Irak: por sorpresa y de golpe", en palabras de José María Ezquiaga. Así, los ciudadanos comprobaron después que el plan definitivo fue "menos grave de lo que se podía imaginar". En Menorca ocurrió algo similar. Se suspendieron cautelarmente tantos suelos que el plan litoral posterior sólo pudo ser visto con buenos ojos. "Los propietarios comprobaron que no podía ser peor", bromeó el director del plan insular. Llort consideró el momento apropiado para adoptar una medida como la aprobada por la Xunta.
*ELPAIS.com - Santiago - 26/04/2007
Foto: Oleiros - Sta. Cristina (A Coruña) /turismo
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Tema: NOTICIAS Galicia
La UE investigará la construcción de 12.000 viviendas en Catarroja
ADA DASÍ.- Las Provincias*/Valencia : "La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido a trámite la solicitud de la plataforma Salvem Catarroja y ha pedido a la Comisión Europea que abra un expediente de investigación prelimilar sobre el Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil·lenni, de Catarroja, aprobado por Territorio y que prevé la recalificación de 1.700.000 metros cuadrados de terrenos agrícolas para construir 12.000 viviendas, más de la mitad de ellas de protección oficial.
Este documento, en el que se solicita comprobar si procede la paralización de Nou Mil.lenni, se presentó el pasado mes de enero y ha sido ahora cuando la Unión Europea ha dado su conformidad porque, según se argumenta en la carta recibida, “las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea”. Por esta misma razón la Comisión de Peticiones ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación sobre el problema.
La argumentación de la plataforma Salvem Catarroja se basa en que el PAI Nou Mil.lenni “no respeta las convenciones ni acuerdos europeos para la protección del medio ambiente, perjudica y desatiende a los ciudadanos, no sólo del municipio sino también del resto de la comarca, y viola derechos básicos como el de la propiedad”.
Además, como cuestiones añadidas Salvem Catarroja hace referencia al crecimiento desproporcionado de la población, los posibles problemas de inundación, la escasez de agua o la destrucción de las seis masías existentes en la zona y que forman parte del patrimonio arquitectónico, así como la forma en que se aprobó durante una sesión plenaria extraordinaria en la que se quedaron fuera de la sala 160 personas.
La Plataforma adjunta a la petición, además de otros documentos, las 3.200 firmas recogidas contra este proyecto y los resultados de las encuestas del Plan Estratégico Local de Catarroja 2010, donde los ciudadanos planteaban sus propuestas para el desarrollo sostenible de la población.
Concentración el 19 de mayo
Por parte de la Plataforma Salvem Catarroja la satisfacción es evidente, “éste era uno de nuestros objetivos y consideramos que es un paso adelante”, señalan, a la vez que advierten que continuarán en su lucha particular contra Nou Mil.lenni. “Hemos enviado toda la documentación de la que disponemos a la Comisión Europea, ahora confiamos en la justicia para que resuelva”, añaden. La Plataforma, continúa recogiendo firmas y ha previsto una concentración ante el ayuntamiento el próximo día 19 de mayo a las seis de la tarde.
Por su parte el concejal de Urbanismo, Francisco Chirivella, ha señalado que el proyecto Nou Mil.lenni está aprobado y que sigue su trámite, “ningún tribunal español ha aceptado a trámite la denuncia presentada por la izquierda contra la aprobación provisional del PAI, por tanto no me preocupa y también creo en la justicia”.
Chirivella ha añadido que “la izquierda está en contra de todas las iniciativas de la Comunitat, desde el agua hasta el urbanismo. Mientras que el PSOE urbaniza millones de metros cuadrados, cuando lo hace la derecha todo son pegas”. De igual forma ha advertido que “cuando la Administración aprueba una iniciativa ya no puede paralizarse”.
El gobierno PP-UV de Catarroja y la Generalitat han defendido el proyecto pues se trata de una de las mayores promociones de viviendas protegidas para que los jóvenes puedan adquirir una casa a un precio al alcance de su bolsillo.
*Las Provincias - 26 de abril de 2007
Foto: Maqueta del proyecto de Nou Mil.lenni de Catarroja, que contempla 12.000 viviendas /lasprovincias.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Un alto cargo de Castilla y León dice que dio un trámite "novedoso" a la tala de Las Navas
R.MÉNDEZ.- El País* : "El director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, declaró ayer como imputado ante el juez que fue el alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, quien pactó con el promotor recalificar el pinar años antes de iniciar la recalificación e indemnizarlo si los técnicos frenaban el plan. Torre, que citó como positivo un informe contrario a la urbanización, declaró que ese informe no era necesario y que la zona no podía ser área crítica para la cigüeña negra puesto que el ayuntamiento de Las Navas había declarado el terreno urbanizable. Aceptó, eso sí, que esta recalificación de un área crítica fue "un caso novedoso".
El juzgado de Ávila que investiga el permiso de construcción de 1.600 chalés, hotel y campo de golf a costa de 35.000 pinos en un espacio protegido de Las Navas del Marqués recibió ayer la declaración de uno de los principales imputados, Mariano Torre. El director de Medio Natural desde 1999 defendió a su salida del juzgado su actuación: "Todo se ha hecho de forma legal y transparente", fue su única declaración a la salida.
En la sala descargó buena parte de la responsabilidad en el alcalde de Las Navas y en el secretario municipal, también imputados, y cuya declaración se pospuso al haber llegado el día anterior documentación relativa a su actuación. Torre afirmó desconocer gran parte de las negociaciones con el promotor de la urbanización previas a la adjudicación de la parcela. Preguntado por qué en la compraventa la Sociedad Montes de Las Navas -de la que Torre era consejero- se comprometió a indemnizar al constructor si los técnicos frenaban la obra, Torre replicó que "no sabe quién incluyó la cláusula en el contrato (...) que no recuerda que se discutiera en el consejo de administración y que no sabe de quién partió la idea". Torre aseguró que él pasaba por allí y que los que hacían y deshacían en la empresa eran los representantes municipales.
Desprotegido "de hecho"
Torre, que en noviembre de 2003 desprotegió "de hecho" mediante un informe -aunque no lo publicó en el boletín de Castilla y León- 12 hectáreas que eran área crítica para la cigüeña negra, afirmó ayer que, en realidad, tal informe no era necesario puesto que si el ayuntamiento había dicho antes que el suelo era urbanizable, eso invalidaba la protección para las aves.
Entonces, un abogado de las acusaciones -que ejercen Centaurea, Comisiones Obreras y Cantueso- preguntó si era normal que un ayuntamiento decidiese qué zonas eran vitales para las especies en extinción. Torre admitió que no ha habido ningún caso similar a este "que es un caso novedoso".
Torre alegó que no tenía que abstenerse en la tramitación del proyecto pese a que era consejero de la empresa pública que impulsaba la recalificación y el alto cargo que debía dar el visto bueno a la tala del pinar.
*ELPAIS.com - Madrid - 26/04/2007
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Jueces y arquitectos rechazan que promotores con afán de lucro 'diseñen' el urbanismo
El Confidencial* : " Algunos de los profesionales que participan en las Sextas Jornadas del Consejo General de Poder Judicial y el Consejo Superior de Arquitectos de España apostaron este jueves por una ordenación del territorio, en la que promotores guiados por un afán de lucro no sean los encargados de diseñar el urbanismo. Así lo manifestó hoy el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando Salinas Molina, durante la inauguración de este encuentro centrado en el desarrollo de la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico de la Edificación.
Según Salinas, se necesitan colectivos y colegios profesionales "fuertes", principalmente de magistrados, letrados, arquitectos y peritos, que sean capaces de "poner unos límites" a promotores, quienes guiados por un "afán de lucro" pretenden diseñar "nuestras vidas" en el ámbito del medio ambiente o el urbanismo.
El vicepresidente del CGPJ señaló que los profesionales en estos ámbitos no pueden "darse por satisfechos" haciendo su trabajo de forma individual, sino que requieren más bien una visión global de sus actuaciones.
En este sentido, manifestó que los magistrados deben tener un conocimiento de la realidad social y de sus problemas así como de la incidencia que tienen "en el mundo real" sus decisiones o sentencias.
Para el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, que también participó en las jornadas, la Justicia puede ser criticada en un Estado Democrático de Derecho pero no "acosada".
Afloramiento de comportamientos irregulares
Al respecto, se refirió al afloramiento "por muchos sitios" de comportamientos irregulares que conllevan "desorden ambiental, social y territorial" y frente al que los jueces y profesionales deben intervenir en establecer el orden donde éste haya sido conculcado.
Hernández dijo que la Justicia y la arquitectura están favoreciendo una "noción de orden" que resulta "vital" para poder entender espacios de emancipación, de belleza y de ética, ésta última la que, a su juicio, se ha perdido en España.
Destacó asimismo la valía del Código Ético de la Edificación como "una de las normativas más importantes que se han producido en los últimos años" y que, añadió, se considera "imprescindible" para aumentar la calidad de los entornos.
Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, apostó por conseguir un nivel de especialización que conduzca a una seguridad jurídica en estos ámbitos.
Según García, interesa desarrollar también mecanismos de prevención especialmente con carácter previo a los accidentes laborales en urbanismo, con una eficiente persecución de los delitos de riesgo.
Junto a los anteriores, también participaron en la inauguración de las jornadas, que reunirán en Granada a más de 300 profesionales hasta el próximo sábado, las consejeras andaluzas de Justicia y Obras Públicas, María José López y Concepción Gutiérrez, respectivamente.
*El Confidencial - 26/04/2007
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
La Guardia Civil implica a altos cargos de Baleares en el 'caso Andratx'
EFE.- Palma* : "Un informe elaborado por la Guardia Civil y que obra en poder del juez instructor del 'caso Andratx', Álvaro Latorre, implica en la causa al ex director de Ordenación del Territorio del Govern Jaume Massot, al presidente del Consejo Consultivo, Miguel Coll, y al empresario catalán Mariano Vives. Según confirmaron fuentes judiciales, la Guardia Civil señala en el atestado que Massot, Coll y Vives "actuaron de forma concertada para el logro de sus intereses", al tiempo que abre nuevas vías de investigación sobre la supuesta corrupción urbanística en el municipio mallorquín de Andratx.
Los diarios locales 'Última Hora' y 'Balears' publican parte del informe elaborado por agentes de la Guardia Civil a partir del interrogatorio al que sometieron a Coll en su calidad de imputado por el supuesto delito de tráfico de influencias.
El abogado Miguel Coll, presidente del Consejo Consultivo, órgano que asesora en temas jurídicos al Govern, es el representante legal del empresario Mariano Vives, presidente a su vez de Urbanización S'Almudaina Dos.
Vives mantiene un litigio con el Ejecutivo autonómico en el Tribunal Supremo por una urbanización en Andratx que no pudo ejecutar al ser desclasificados los terrenos, que pasaron de urbanizables a protegidos cuando en Baleares gobernaba el 'Pacto de Progreso'. Por ello, reclama 34 millones de euros.
Jaime Massot, asimismo, creó la empresa Territorio Asesores que realizó un informe para Vives cuando desempeñaba el cargo de director del área de urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, actuación que la Guardia Civil ha comprobado con un recibo firmado por Massot tras cobrar 12.000 euros por ese encargo.
Tanto Massot como Coll y Vives están citados a declarar en los próximos días en calidad de imputados ante el juez del 'caso Andratx'. Con respecto al presidente del Consejo Consultivo, el PSIB-PSOE viene solicitando de forma reiterada al presidente del Govern, Jaume Matas, que le destituya y reprocha la actitud de Coll, un veterano jurista de 92 años, de negarse sistemáticamente a dimitir.
*El Mundo - jueves 26/04/2007
Foto: Andratx /guides
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Tema: NOTICIAS Baleares
El PGMO de La Unión prevé la urbanización masiva del municipio y deja sin protección la Sierra Minera
Ecologistas en Acción de la Región Murciana* : "El Plan General Municipal de Ordenación de La Unión, aprobado provisionalmente por el pleno de la corporación en diciembre de 2006, supondrá recalificar como Suelo Urbanizable Sectorizado y No Sectorizado unos 11.000.000 m2, la construcción de unas 22.500 viviendas potenciales y unos 66.000 nuevos habitantes, incrementando en un 500 % la población del municipio. Los principales daños ambientales y sociales suponen: La desaparición del patrimonio agrícola de la zona norte del municipio y área de Roche, unas 250 has. Se trata de un paisaje insustituible y garantía de diversificación económica.
No se protege el patrimonio arqueológico de la Sierra Minera, ni se establece normativa de protección, motivo por el cual la dirección general de cultura no ha aprobado definitivamente el PGMO, instando por segunda vez al Ayuntamiento (la primera vez fue después de la aprobación inicial) a que incorpore esa protección, además de ampliar el número de elementos del patrimonio minero a proteger, creando en torno a estos elementos un perímetro de protección que tampoco se incluye en el PGMO.
No se protege el patrimonio natural de la Sierra Minera, que incluye hábitats muy raros de Cornical y cuya protección fue propuesta por la Comunidad Autónoma como compensación a la reducción de la protección del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.
La cuenca visual de la Bahía de Portmán incluye unas 8.500 viviendas, lo que supone una presión urbanística insostenible sobre un área a recuperar en sus valores ambientales.
El PGMO se ha remitido a la Comunidad Autónoma sin Declaración de Impacto Ambiental, ni Estudio de Impacto Territorial, razón por la cual la Dirección General de Vivienda ha suspendido la tramitación del plan. El concejal de Urbanismo ha declarado en la última sesión plenaria del Ayuntamiento, que va a solicitar a la Comunidad Autónoma que exima al planeamiento urbanístico de La Unión de la Declaración de Impacto Ambiental.
El plan incluye un convenio urbanístico que ha merecido la valoración del Colegio de Arquitectos como de perdida patrimonial para el Ayuntamiento en unos 1.400 millones de las antiguas pesetas. Igualmente contempla que uno de los sectores a reclasificar como Suelo Urbanizable Sectorizado incluya una edificabilidad del 0,35%, de manera que se levantarán 1.600 viviendas en unos 450.000 m2.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Segura no garantiza la disponibilidad de recursos hídricos suficientes.
ESAMUR (Entidad regional de saneamiento), ha emitido informe instando a contemplar en el plan los nuevos sistemas de depuración de aguas residuales, que no iban incluidos en el mismo, dado el importante aumento de población previsto.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción solicita la paralización inmediata de la tramitación de este plan urbanístico y su profunda revisión, paralizando las actuaciones urbanísticas desmesuradas previstas y otorgando la protección adecuada al rico patrimonio arqueológico y natural de la Sierra Minera.
*Ecologistas en Acción de la Región Murciana - 25 de abril
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Murcia
¡ Fiera de Abril !
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Viñeta de Forges /El País
ELPAIS.com - Jueves, 26/4/2007
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
Torrevieja: Caos urbanístico y alcalde imputado en el paradigma de ciudad sostenible de Camps
S.NAVARRO.- El País* : "Crecimiento urbano horizontal a golpe de modificaciones puntuales del planteamiento -100 en 20 años- que ha agotado el suelo, desajuste entre la capacidad de los servicios y la demanda y altas tasas de criminalidad a consecuencia, según jueces y policías, de la caótica trama urbana, conforman los rasgos distintivos de Torrevieja. La guinda a esta postal urbana, la pone su alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, imputado por especulación. El regidor obtuvo una plusvalía de 5,2 millones de euros con la compra de una finca.
El lunes, el presidente del Consell, Francisco Camps, dulcificó esa foto fija de Torrevieja y elevó al municipio a la categoría de "modelo de sostenibilidad". La reacción de la oposición ha sido fulminante. "Camps vive en un mundo virtual. Torrevieja es la ciudad más caótica e inseguridad precisamente por su modelo de crecimiento urbano", aseguró Ángel Jiménez, candidato del PSPV a la alcaldía. "El presidente Camps no parece dominar muy bien el concepto de sostenibilidad y podría estar confundiéndolo con el enriquecimiento de algunos de sus alcaldes, como sucede con el caso de Hernández Mateo", destacó su homólogo de Los Verdes, José Manuel Dolón.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrevieja esta vigente desde 1984. Desde entonces ha sufrido más de un centenar de modificaciones puntuales para dar cabida a otras tantas iniciativas urbanísticas, "la mayoría mediante negociaciones privadas entre el alcalde y los promotores para recalificar fincas rústicas", precisa Dolón.
El desajuste entre la capacidad de los servicios y la demanda debido al constante y acelerado crecimiento de la ciudad -96.000 habitantes, y un parque de 160.000 viviendas- queda reflejado en la depuradora que en época estival no puede tratar los volúmenes de agua que recibe. La población tampoco dispone de una red de evacuación de aguas pluviales.
Patrullas vecinales
Los cortes en servicio de agua son constantes, mientras los vecinos denuncian el baldeo de calles con agua potable y el Ayuntamiento se opone a la planta desaladora. El tráfico rodado -saturación de la N-332 y falta de aparcamientos- y la contaminación acústica derivada de la actividad de los locales de ocio son otras carencias del municipio.
Y, por último, el caótico modelo urbano, ha convertido al municipio en el refugio perfecto para las mafias, que entre 1999 y 2003 elevó los índices de criminalidad y llevó a los vecinos a organizar patrullas nocturnas para combatir la oleada de asaltos a casas. "El modelo de urbanismo de Torrevieja es del promotor y la especulación, supermasificado, desintegrado y privatizado", resume Honorio Fernández, presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo.
*ELPAIS.com - Alicante - 25/04/2007
Foto: Torrevieja /Deran - wikimedia.org
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Fiscalía pide información sobre el proyecto urbanístico en la Cala de la Mosca de Orihuela
EFE* : "La Fiscalía de Alicante ha pedido al Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, información sobre el proyecto de construcción de 1.700 viviendas en la Cala de la Mosca, según anunció hoy la candidata socialista a la Alcaldía de este municipio, Antonia Moreno. El pasado 13 de febrero, el pleno del Consistorio de Orihuela aprobó, con los votos a favor del grupo popular, la segunda fase del proyecto Alameda del Mar, que prevé la edificación de 1.700 viviendas en lo que la oposición considera la "última zona virgen de la costa oriolana".
El PSPV-PSOE denunció ante el fiscal-coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado (FGE), Antonio Vercher, este proyecto urbanístico al alegar que carecía, al parecer, del pertinente informe de impacto medioambiental.
La FGE tramitó esa denuncia a la fiscalía de Alicante, que, a su vez, ha solicitado al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, y a los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Eva Ortiz y David Costa, respectivamente, diversa información sobre el proyecto.
En concreto, el ministerio público desea saber, entre otros datos, si la mercantil encargada de ejecutar esta actuación urbanística dispone de licencia municipal de obras y ha realizado el certificado de retranqueo de la urbanización antes del pasado 16 de marzo, fecha en que comenzaron las obras.
En su escrito, la Fiscalía señala que, según la inspección ocular realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, existen siete especies protegidas en la zona.
En rueda de prensa, la candidata socialista a la Alcaldía de Orihuela criticó "el urbanismo salvaje y depredador del suelo" que, en su opinión, desarrolla el PP.
Moreno apostó por "dar otra solución diferente para la Cala de la Mosca" que, según propuso, podría destinarse "a un gran parque Mediterráneo, con un gran auditorio para disfrute de los oriolanos".
Anunció también que el PSPV-PSOE presentará un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de construcción en Cala de la Mosca.
*La Verdad - 25 de abril de 2007
Foto: Cala la Mosca (Orihuela) /mma.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Crecen en Pontevedra las denuncias contra alcaldes por urbanismo
El Correo Gallego* : "Cada vez son más los ciudadanos que acuden a la vía penal para denunciar presuntos delitos contra la ordenación del territorio o medioambiente. Esta es la tendencia detectada el pasado año en la provincia de Pontevedra, de acuerdo con los datos de la Memoria Fiscal que hizo pública César del Pozo, fiscal jefe en esta provincia. De las treinta y tres denuncias de 2005, se pasó a las 54 del pasado año. No obstante, Del Pozo matiza que muchas de ellas no llegan a juicio al no detectarse materia delictiva.
En opinión del fiscal, son muchos los que en "el fragor de que en Marbella hay mucho delito de este tipo, piensen que todo es Marbella y que cualquier actuación, de cualquier alcalde, merece el reproche penal", dijo César del Pozo, que matizó que "no toda licencia para construir un muro puede ser constitutiva de delito". Por ello, el fiscal entiende que en los últimos tiempos se está "abusando" de la vía penal para resolver problemas cuando lo adecuado es recurrir al contencioso administrativo.
Observa Del Pozo que, cada vez más, son más los ciudadanos que señalan a sus alcaldes. Aunque el fiscal jefe no quiso precisar en que ayuntamientos de la provincia se han presentado más denuncias, sí subrayó que "muchas veces no podemos saber si el ciudadano es el adversario político disfrazado. En ocasiones es directamente el partido político pero otras es el ciudadano que está enfadado porque no le dio una licencia". También hay vecinos que repiten las denuncias contra muchos alcaldes porque "tienen mucho tiempo libre".
*El Correo Gallego - 25.04.2007
Foto: A Estrada /elconfidencial.com
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Tema: NOTICIAS Galicia
El gobierno municipal de Úbeda aprueba por vía de urgencia un complejo urbanístico en suelo protegido
G.DONAIRE.- El País* : "El equipo de gobierno municipal de Úbeda (Jaén), compuesto por PP y PA, aprobó ayer por vía de urgencia y en el último pleno del actual mandato, el convenio que permitirá la construcción de un campo de golf en un espacio natural calificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como zona de interés biótico y suelo rústico de especial protección. El complejo incluye la construcción de 1.159 viviendas y un hotel de lujo.
El portavoz del grupo socialista y candidato a la alcaldía, Marcelino Sánchez, criticó la "urgencia" con la que se aprobó este convenio, que tachó de "ilegal". Según dijo, el complejo no cuenta con los informes medioambientales favorables y, por el contrario, fue descalificado por el secretario de la Corporación.
El proyecto, afirmó el socialista, "acabará con uno de los pocos testimonios de bosque mediterráneo que se conservan en la comarca".
Sánchez acusó al PP-PA de "saltarse" el PGOU de la ciudad y afirmó que el alcalde, Juan Pizarro (PP), y el edil de Urbanismo, Francisco Mendieta (PA), "tras la aprobación de este convenio, ocultan una operación de especulación urbanística".
El PSOE mostró su convencimiento de que el siguiente paso del PP-PA será modificar el PGOU de Úbeda para desproteger este paraje y poder hacer viable el proyecto, "provocando la destrucción de los valores medioambientales patrimonio de todos los ciudadanos".
66 millones de euros
El convenio urbanístico se localiza a menos de 10 kilómetros de Úbeda, en el paraje conocido como la Torrecilla de Monsalve, y afecta a 103 hectáreas, un buen número de éstas de bosque mediterráneo. El concejal de Urbanismo, Francisco Mendieta, lo defiende en base a la creación de riqueza, destacando la inversión de seis millones de euros para las instalaciones del campo de golf y 60 millones de euros para la urbanización anexa, incidiendo en que toda la inversión será privada y que todos los gastos de mantenimiento correrán a cargo de los propietarios.
Mendieta argumenta que existirá un aumento de patrimonio para el Ayuntamiento con 500.000 metros cuadrados de zona verde correspondientes a la cesión obligatoria, 24.000 metros residenciales que también serán cedidos en favor del Consistorio y el ingreso de tres millones de euros en licencias municipales.
También dijo que el consumo de agua será mínimo y que el riego se hará, principalmente, con agua de la red de saneamiento. Recordó que el consumo estimado por hectárea de un campo de golf es similar al de una explotación agrícola intensiva. De esta manera, concluyó Mendieta, Úbeda entrará en el circuito europeo de golf y en las campañas publicitarias de la Junta sobre turismo de golf, y podrá crearse una escuela municipal de este deporte.
*ELPAIS.com - Jaén - 25/04/2007
Foto: Úbeda /Wikimedia.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Castilla y León omitió el trámite legal para talar el refugio de aves de Navas del Marqués
R.MÉNDEZ.- El País* : "Los dos técnicos de la Junta de Castilla y León que abrieron ayer las declaraciones por el caso Navas del Marqués (Ávila) admitieron que la Junta de Castilla y León ignoró el trámite imprescindible para urbanizar en un área crítica para la cigüeña negra, ya que modificaron los límites de protección para la especie sin justificación y para satisfacer al constructor. Aun así, el entonces jefe de Espacios Naturales de Ávila, Sabas Yagüe, y el técnico de Impacto Ambiental, Alfredo Martín Ramírez, defendieron la construcción de 1.600 chalés y cuatro campos de golf a costa de 35.000 pinos. El Tribunal Superior de Castilla y León ya ha declarado ilegal ese plan por afectar a la cigüeña negra.
El caso Navas del Marqués comenzó ayer su andadura en el juzgado número 2 de Ávila. El Tribunal de superior de Justicia de Castilla y León sentenció en octubre pasado que no se podía construir la Ciudad del Golf porque violaba la normativa urbanística. La urbanización estaba impulsada por el Ayuntamiento de Las Navas, la Junta de Castilla y León y la Diputación, todas del PP, que crearon una empresa pública con el fin de "proteger el monte" y se dedicaron a recalificarlo. El juzgado intenta ahora ver si los que impulsaron la urbanización en 210 hectáreas de pinar cometieron un delito, como ocurre en Marbella con los concejales que aprueban las licencias declaradas ilegales.
Hoy declararán como imputados por corrupción al director general del Medio Natural, alcalde, Gerardo Pérez, y el ex delegado territorial de la Junta en Ávila, Félix San Segundo.
Los dos técnicos que declararon ayer en calidad de testigos dejaron claro que la Junta decidió urbanizar 12 hectáreas de área crítica para la cigüeña negra -una especie en extinción-. Para urbanizar ese terreno, la Junta debió haber emitido una orden con un periodo de alegaciones, algo que habría recibido oposición ecologista y científica. En su lugar, la Junta optó por desprotegerla "de hecho" con un documento interno firmado por el director de Medio Natural, Mariano Torre, que hoy declarará como imputado por corrupción. Esa zona ocupa sólo el 5% del total de la urbanización pero era imprescindible para el promotor.
Alfredo Martín Ramírez afirmó que cuando el plan llegó a la ponencia técnica "no quedaba claro la afección al área crítica [para la cigüeña] si quedaba o no excluida" y que por eso "se solicitaron informes a la dirección de Medio natural". El técnico añadió: "La Ley establece que si se quiere excluir, y que si lo que querían es que se hiciera, se debería hacer mediante una orden". Y concluyó que estaba "a favor del proyecto, pero que consideraba que la forma de excluir el área crítica no era la correcta". En su declaración, Martín Ramírez minimizó el impacto del proyecto, y afirmó que nadie le presionó.
Tras él, declaró Sabas Yagüe, entonces jefe de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente en Ávila. A preguntas del abogado de la asociación Ecologista Centaurea, Yagüe afirmó "que varios vocales de la ponencia técnica, entre ellos él, tenían dudas sobre si esa parcela estaba en área crítica o no", en cuyo caso no se podría urbanizar. Esa duda se la transmitieron al director de Medio Natural, que a su vez le pidió un informe al propio Yagüe sobre el tema. Este emitió entonces, noviembre de 2003, un informe en el que "implícitamente sostiene que la parcela está en área crítica", según declaró ayer.
El director de Medio Natural, Mariano Torre, eligió las partes en las que Yagüe minimiza el impacto de la urbanización y dio luz verde a la Ciudad del Golf.
Yagüe reconoció ante el juez que esa parcela "no había perdido su valor y que no había razón objetiva" para que fuera excluida y admitió que "se recalificaron los terrenos del área crítica" y que en la evaluación "no se valoró" que el terreno es Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.
A preguntas de la defensa, Yagüe restó valor a la pérdida de las 12 hectáreas. Las defensas de los imputado no intentaron defender el trámite de la recalificación, sino destacar que las 12 hectáreas suponen una parte muy pequeña de la zona de protección para las aves y que no es vital para la especie.
El Tribunal Superior declaró que el pinar no se podía urbanizar y que la legislación al respecto "lleva necesaria y regladamente a tener que clasificar dicho terreno como suelo no urbanizable con protección natural".
*ELPAIS.com - Madrid - 25/04/2007
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Asamblea para la Vivienda Digna exige que se garantice la vivienda a todos al margen de la bolsa
Bottup* : "El Banco de España espera una desaceleración progresiva de los precios de la vivienda ante las fuertes caidas en la bolsa de constructoras e inmobiliarias... El portavoz de la Asamblea para la Vivienda Digna, Diego Pacheco, manifestó hoy que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda de todos los españoles, al margen de que la bolsa suba o se desplome. Pacheco manifestó a la agencia Servimedia que "debería dar igual que se desplome" la bolsa porque el Estado tendría que facilitar una alternativa "que garantizara que todas las personas, pase lo que pase, van a tener derecho a un techo".
Lamentó que, aunque baje la bolsa, los pisos seguirán siendo muy caros, tanto para "los jóvenes mileuristas que no pueden pagar un alquiler como los que están en la calle, porque no pueden acceder a nada y nadie les da una vivienda digna".
El portavoz de la Asamblea para la Vivienda Digna exigió a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que deje de hacer declaraciones sobre "si los pisos cuestan un 10% más o menos" porque el problema estriba en que "la vivienda es un derecho y se está tratando como un negocio".
A su juicio, el Gobierno actual y los anteriores han aplicado una política que considera a la vivienda como un bien de especulación "para lucrarse".
"Hemos entregado toda la vivienda a lo privado, no hay nada público. En el momento en que lo privado empiece a fallar, veremos lo que hay detrás, y nosotros creemos que no hay nada", señaló.
¿El pinchazo de la burbuja inmobiliaria?
A pesar de la fuerte caída bursátil de ASTROC el Banco de España espera una desaceleración progresiva de los precios del mercado inmobiliario. Según el gobernador del Banco de España se prevé una "desaceleración suave y gradual", al margen de que las compañías del sector de desplomen.
El Ibex 35 se dejó en la jornada de hoy un 2,73% y descendió hasta los 14.578,70 puntos, arrastrado por la caída de constructoras e inmobiliarias, que se extendió al conjunto del selectivo, en el que todos los valores cerraron la sesión en negativo.
Entre las mayores caídas, la registrada por Inmocaral, que retrocedió un 11,27%; mientras que Sacyr cayó un 8,15%; FCC se dejó un 6,7%; Bankinter un 5,24%; Acciona un 5,07%, y el Banco Sabadell un 5,05%.
Del sector inmobiliario y constructor, sobresalen, asimismo, los descensos de Metrovacesa (-4,55%); ACS (-3,99%), y Ferrovial (-3,62%).
*Bottup - 24 de abril de 2007
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por UrbanismoPatasArriba
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