Hoy la obra casi está lista, pero con secuelas. Su coste se ha inflado en cinco millones de euros y encima de ella hay un problema de carne y hueso: "Me duelen mucho las rodillas; si me pongo de pie me tiemblan las piernas...", dice por teléfono el robinsón de la grúa, un colombiano de 35 años, casado y con tres hijos pequeños, que sufre el paso del tiempo (lleva 272 días subido a la grúa de la obra) y las estrecheces de su hogar, una tienda de campaña.
Ramírez es el sostén de una protesta que empezó en febrero, cuando otro compañero de su empresa subió a la grúa y colgó una pancarta que continúa en el cielo de Pozuelo: "ruina consentida". Jigar fue subcontratada por Ploder para hacer las estructuras, pero dejó de cobrar a finales de 2009. Iniciaron su valiente protesta para cobrar 150.000 euros que les adeudan. Siguen sin pagarles. Y el Ayuntamiento se desmarca del asunto.Para entender los problemas que han acabado con un hombre encaramado a una grúa en solitario (otros dos compañeros estuvieron arriba pero acabaron bajando) es conveniente leer la letra pequeña con que se escribió esta obra.
Meses antes de que se iniciara el proyecto, en octubre de 2007, la interventora municipal de Pozuelo se había opuesto a la obra, atribuyéndole una cadena de defectos administrativos: "Inseguridad jurídica, infracción legal a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, inviabilidad económica de la futura concesión, inviabilidad de la aportación económica municipal al no ser susceptible de concesión de obra pública el edificio de la casa consistorial del Padre Vallet".
La opinión de la interventora municipal estaba clara, pero el entonces concejal de Hacienda, Roberto Fernández, la interpretó a su manera: "Cuando habla de inviabilidad económica no se está refiriendo a que la obra se va a quedar sin fondos. La interventora se está refiriendo a que la mecánica de contratación no es la más adecuada y considera que una parte de la obra debería tener un mayor control por parte del Ayuntamiento a la hora de fiscalizar las certificaciones de obra". Dicho esto, la obra se inició sin modificaciones.
Doney Ramírez es uno de los obreros que han puesto sus manos para ejecutar esta obra, que debería haber finalizado en junio de 2009. Los trabajos continúan. Ayer los obreros picaban una zona del suelo que ya se había terminado. "Han salido humedades", se excusó uno. Aun así queda poco para que se acabe la obra; ni las humedades ni el empeño vehemente de Ramírez por reclamar las deudas con su empresa evitarán que, antes o después, la obra de la plaza del Padre Vallet tenga su feliz inauguración y quede abierta al público, con un nuevo edificio cultural del Ayuntamiento y un aparcamiento que explotará durante 37 años Pozuelo Infraestructuras. Quizás con el tiempo se borren las incógnitas que ha dejado.
La interventora no quería. La oposición (PSOE), tampoco. El Ayuntamiento, sí. Cuando la funcionaria municipal puso pegas al proyecto, la concejal de Contratación, Pilar Garrido, explicó la virtud del plan, que la financiación era mixta, pública y privada, con lo que los vecinos de Pozuelo solo se gastarían cinco millones de euros.
Fueron nueve. La propia Garrido promovió en abril de 2009 una modificación presupuestaria que encareció la obra un 16%. Todo el sobrecoste lo pagó el Ayuntamiento.
El plus se aprobó gracias a que el PP gobernaba en mayoría, con Jesús Sepúlveda de alcalde; Sepúlveda es hoy uno de los imputados en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia en España vinculada a un partido político. Su hombre de confianza en Urbanismo era Gonzalo Aguado, actual alcalde, imputado en otro caso judicial, el del Parque del Arroyo de las Cárcavas, incluido a su vez en el sumario de la operación Gürtel.
Cuando se decidió el sobrecoste el sector de la construcción ya estaba en plena crisis. Pero en la plaza del Padre Vallet no hubo reparos en construir un segundo túnel que no estaba previsto, añadir un piso al aparcamiento sin perder el número de plazas totales del proyecto adjudicado y demoler y reconstruir la antigua Casa Consistorial. Si el aumento del gasto hubiese pasado del 20% del plan original, Pozuelo tendría que haber vuelto a adjudicar el proyecto. Fue un 16%. Cuatro millones de euros más. Un balón de oxígeno para la empresa concesionaria, que además obtuvo una prórroga de año y medio en la concesión, pasando de 35 a 37 años.
Poco después, Ploder dejó de pagar a Estructuras Jigar, la subcontrata que ahora defiende en las alturas Doney Ramírez. Su jefe, Arturo Sendín, no acaba de comprender cómo con el mercado cerca del crac se pudo pagar todo ese dinero a mayores. "Las empresas del sector de la construcción sabemos que si alguien nos pide un trabajo ahora, tenemos que ofrecer un precio hasta un 50% más bajo que hace un año. Y si hay una modificación de proyecto, debería ser para que el precio sea menor", argumenta Sendín, que cobró 150.000 euros por su trabajo y continúa esperando que le den la otra mitad.
El patrón cree que Ploder no va a pagar nunca. Y que el Ayuntamiento no va a hacer nada por forzarlo, apoyándose, como ha hecho desde que empezó el problema, en que ha cumplido con su parte y no es responsable de los impagos de la constructora.Sendín, en cualquier caso, no renuncia a "incordiar". Jigar ya no trabaja en la plaza del Padre Vallet. Otra empresa continuó y cerró su trabajo. Pero el patrón sigue acudiendo al lugar, con un hatillo de comida para dar fuerzas al estilete de Jigar, Doney Ramírez, que sigue arriba por iniciativa propia, cobrando su sueldo y denunciando lo que ha pasado abajo con su fe de Robinsón.
* El país - 23.11.10
Foto: Ramírez, el viernes, subido a la grúa en la que protesta por lo que se debe a su empresa - El País
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