La Región necesita, como el agua, justicia contra la corrupción

VEGAMEDIAPRESS/Murcia* : La Justicia en Murcia tiene ante sí un reto hasta ahora inédito por sus vastas dimensiones y consecuencias de alto valor terapéutico para la sociedad a la que sirve por mandato constitucional. Es verdad que en los treinta años de democracia española y autonomía regional ha habido casos en esta comunidad en los que han sido sustanciados judicialmente supuestos hechos y actos delictivos en los que presuntamente han estado implicados cargos públicos de alto rango y representación institucional. Pero la situación actual, además de inédita, es de unas consecuencias impresionantes.

Son demasiados los casos de supuesta corrupción de carácter político-urbanístico en manos de los tribunales de esta región: el noventa y nueve por ciento de ellos tienen empapelados a directores generales, alcaldes, concejales, secretarios y arquitectos de ayuntamientos, empresarios y, por el momento, a un diputado regional del partido que, desde 1995, viene gobernando esta región y la mayor parte de sus municipios: el Partido Popular liderado por Valcárcel, Cámara, Barreiro...

No se trata en estos casos, en contra de lo que han dicho ciertos leguleyos y políticos al caso, de una judicialización de la política. Aclaremos este punto. El poder corrompe y el absoluto tiende a corromper absolutamente. Las mayorías políticas absolutas que se vienen sucediendo en el gobierno regional y en la mayoría de los ayuntamientos, la ley del Suelo de Aznar, que abrió la veda a todo el territorio sin miramiento alguno, y el enriquecimiento a través de procedimientos antijurídicos y corruptos ha estado originando decenas de denuncias no sólo políticas sino judiciales de los partidos de la oposición (PSOE e IU), de organizaciones ecologistas (ANSE y Ecologistas en Acción) y actuaciones de investigación de la Fiscalía.

Las insidias, más que insinuaciones, que desde el Partido Popular (Matínez Pujalte, Zaplana, Valcárcel, Cámara, Barreiro...) se han vertido sí que pretenden pervertir la actuación de la Administración de Justicia en este territorio. Atacaron la autonomía del fiscal jefe de Murcia a través de espurios ataques a su cónyuge. Hubo hasta un fiscal que “huyó”quizá despavorido ante lo que estaba en ciernes investigando. Se ha acusado veladamente de instrumentalización al ministro de Justicia y cabeza de la candidatura socialista en las próximas elecciones del nueve de marzo. Los gerifaltes de la derecha murciana sí que han pretendido torticeramente atacar a uno de los pilares básicos de la democracia española: la Justicia y su principio fundamental, la independencia.

Pero ello, de ser gravísimo, lo es aún más cuando los medios de comunicación hegemónicos en esta región dan la espalda a la verdad a la que están obligados no sólo por mandato constitucional sino por el código de ética profesional. Y ello es así porque están en estrecha connivencia con el poder absoluto de la derecha política, económica y financiera. ¿Por qué dan distinto trato informativo a los escasos casos de supuesta corrupción socialista frente a la ingente corrupción de la derecha, que es precisamente la que controla casi la totalidad de las administraciones regional y local en esta comunidad y cuyos políticos están acudiendo a un sin número de tribunales de justicia a prestar declaración la mayor de las veces como imputados? Su intoxicador producto está cada día menos valorado en el mercado editorial de esta región.

Y si esos medios no han tomado partido contra la corrupción de la casta dominante no es por otra cosa que porque forman parte de ella o la sirven como vasallos. ¿Cómo no se va a denunciar ante los tribunales de justicia el pago de más de seis mil millones de euros a las mismas empresas de la construcción (los dueños de El Pozos son los que más kilómetros cuadrados tienen amasados en sus manos en todo el territorio español) para controlar la radiotelevisión pública autonómica? Por mucho menos dinero los salmantinos se han echado en masa a las calles de su ciudad.

No de otra forma se entiende el masivo voto de los murcianos a quienes le están esquilmando el territorio y los dineros de forma masiva a través de corruptelas que los tienen empapelados en los tribunales de justicia. En manos del PP la pancarta del agua para todos es un agravio, la bandera con la que pretenden ocultar su corrupción y bajo la cual quieren quedar impunes de sus latrocinios.

La justicia tiene sus procedimientos, sus garantías jurídico-técnicas, pero es la que necesitan, como el agua, las murcianas y los murcianos. Una justicia que no debe caer en la trampa de las dilaciones de leguleyos y poderes más que fácticos. ¿A cuento de qué pide casi en proceso electoral las competencias de la Administración de Justicia el ex fiscal de Tráfico y desde mayo diputado regional del PP? ¿A qué juega tan insigne jurisconsulto metido a político en tiempos de la epidemia infame de la que estamos hablando? Si no hay justicia la democracia y el Estado de derecho no existe. Y la justicia murciana tiene que ser ejemplar.






* VegamediaPress - FM&M - 24/01/2008