LNE/Asturias* : Los expertos en derecho urbanístico auguran una «lluvia de pleitos» y de reclamaciones patrimoniales como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes, ratificada hace dos meses por el Tribunal Supremo. Los participantes en el debate «SOS Llanes: 20 años después», celebrado ayer en el Club Prensa Asturiana de LNE, dibujaron un negro panorama para el urbanismo llanisco, tras la anulación de todos sus planeamientos anteriores. El acto, organizado en colaboración con la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), contó con la participación de la secretaria de este colectivo, María José Rodríguez; Javier Calzadilla Pérez, ex decano del Colegio de Arquitectos de Asturias; Gerardo de la Iglesia Guerra, letrado especialista en urbanismo; Jorge Álvarez de Linera Prado, letrado de Andecha Astur en la sentencia que anuló el último planeamiento de Llanes, y Olga Álvarez, abogada de AVALL para el recurso contra el plan de Llanes.
María José Rodríguez señaló al delegado del Gobierno y anterior alcalde de Llanes, Antonio Trevín, como «autor y madre poderosa del engendro» urbanístico. Aseguró que el anunciado régimen provisional de cooperación con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) que permitirá seguir concediendo algunas licencias en el concejo es, «dicho en cristiano, una retirada de competencias». Con la ayuda de fotografías aéreas ejemplificó el «deterioro» y la «destrucción» de diversas zonas del municipio. Y habló abiertamente de «tremendo pelotazo» cuando detalló las sucesivas ventas de La Talá, una de las actuaciones «estrella» del plan de Llanes, desde que, en 1990, la adquirieron en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) dos inversores madrileños, hasta que Cajastur la compró al Grupo Nózar, en 2008, en 47 millones de euros, según las cuentas que ofreció Rodríguez.
Gerardo de la Iglesia indicó que el urbanismo llanisco es «la historia del empecinamiento y del engaño político continuado y doloso». Aseguró que a partir de ahora llegará «el vacío total y absoluto», pues las competencias del Ayuntamiento «son cero» y «todo depende del Principado». Advirtió sobre las responsabilidades patrimoniales del Ayuntamiento, al que «le lloverán pleitos». Por ejemplo, los ciudadanos afectados por la anulación podrán exigir al Ayuntamiento «la devolución de los pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años, más los intereses correspondientes».
Javier Calzadilla relató el «pintoresco» proceso urbanístico de Llanes, desde que, en 1988, el Ayuntamiento llamó a participar en el avance a «inversores reales y comprometidos», en lugar de a todos los ciudadanos, como exige la ley. Calzadilla recordó que el Colegio de Arquitectos alegó en contra de aquel planeamiento, al considerarlo «altamente especulativo», «técnicamente confuso», «absolutamente irrespetuoso con el medio ambiente» y «lleno de defectos procedimentales». Desde entonces, Ayuntamiento y Principado se han dedicado a «sostenella y no enmendalla», lo que ha desembocado en la «calamitosa situación actual», según Calzadilla.
Olga Álvarez criticó el empeño de las autoridades en «tirar p'alante» pese a las continuas sentencias condenatorias y advirtió sobre un «grave problema»: las autoridades han aprobado planes después de las sentencias anulatorias; entre ellos, los de La Portiella-La Llavandera, Los Barquitos, La Talá, La Huertona y Los Altares. Esta circunstancia deja, en su opinión, en el aire el futuro de estas actuaciones, algunas de ellas ya desarrolladas.
Jorge Álvarez de Linera destacó los numerosos «errores de bulto» cometidos durante la tramitación por el Ayuntamiento y el Principado y señaló que los últimos veinte años de urbanismo en Llanes han sido «un homenaje a la chapuza» y un «despropósito hecho a propósito». Anunció que ya se ha investigado el patrimonio de los miembros de la CUOTA que dieron «luz verde» al plan de Llanes, con vistas a la petición de «responsabilidades económicas personales» por el «altísimo coste» que tendrá la anulación del plan general, que, en su opinión, implicará «derribos» en algunas zonas, como La Talá.
* La Nueva España - 16.04.11
Foto: Llanes (Asturias), urbanización La Talá - elcomerciodigital.com
.................................... Leer más...
SUR/Málaga* : El fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez-Villarejo no ahorró calificativos ayer para explicar por qué pide al tribunal que juzga el 'caso Minutas' que condene a 30 años de cárcel al abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido. El acusador público, en una extensa intervención en su informe final, reprendió con dureza al letrado sevillano por su actuación en el Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003, donde se realizaron encargos jurídicos supuestamente irregulares por más de seis millones de euros. Lejos de considerarle cooperador necesario, Jiménez-Villarejo colocó a Del Nido en una «posición de dominio», en el «núcleo duro de la toma de decisiones» del área jurídica desde la que, en su opinión, se pudo «descapitalizar» el Consistorio marbellí. El acusador público fue más lejos al afirmar que en Marbella se produjo «una perniciosa y promiscua confusión entre lo privado y lo público», que es el germen del desarrollo de la corrupción, porque «este proceso no es ni más ni menos que un proceso sobre un caso de corrupción pura y dura».
Tras recordar que 'Minutas' es un «caso atípico» porque no tuvo una investigación policial ni hubo escuchas telefónicas, sino que comenzó con un informe del Tribunal de Cuentas que provocó una querella de la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal dijo que «este proceso judicial hay que contextualizarlo en el marco social en el que se produjeron los hechos, en el único ayuntamiento que ha sido disuelto por corrupción en la etapa democrática».
El papel de Del Nido, según el fiscal, fue el de «abogado de confianza» del fallecido Jesús Gil, con el que tenía una relación directa, «de tú a tú», quien lo contrató para el Ayuntamiento obviando los más elementales sistemas legales de la contratación administrativa. Y para ello puso un ejemplo muy gráfico: «Una cena en Puerto Banús entre Gil y Del Nido. Ese fue el expediente de contratación», espetó.
Para Jiménez-Villarejo, el ingreso en prisión en 1999 de Gil por el 'caso Camisetas' marcó un punto de inflexión en su forma de actuar. «En esos tres días en la cárcel -agregó- Gil sacó sus conclusiones: primera, que no iba a figurar ya más en papel alguno, delegando luego en Julián Muñoz, y segunda, sustituir a su abogado de confianza que entonces era José Luis Sierra, con el que se había peleado, por José María del Nido».
La confusión entre lo público y lo privado en Marbella, la comparó el fiscal con las formas del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi: «Él dirige el país desde un palacio que no es la sede de la presidencia del gobierno y Gil dirigía el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades desde un anejo (el Club Financiero) de su mansión 'Villa Ángeles' en la avenida Ricardo Soriano».
«Todo se decidía allí con un desprecio absoluto a la legalidad», añadió el acusador, quien aseguró que existía una asesoría jurídica municipal perfectamente organizada, pero fuera del Ayuntamiento, en el Club Financiero, que fue montada por José Luis Sierra y en la que luego, a partir de 1999, se instaló Del Nido, que «no era un asesor jurídico externo, sino interno».
Luego el fiscal se dirigió a los trece acusados en este proceso, entre ellos Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, para advertirles: «Todo el mundo le echa la culpa al muerto (Jesús Gil), pero eso no sirve en el ámbito penal. Las personas que firmaban y daban apoyo a este 'sistema' paralelo a la legalidad, son responsables y están sentadas en esta sala».
* SUR - 16.04.11
Foto: Marbella, imputado Del Nido (archivo) - elmundo
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : Gemma Montull no tiene ni la más remota idea de supuestos pagos de Ferrovial a Convergència a través del Palau de la Música. La exdirectora financiera de la institución musical tampoco sabe quién es "Daniel", el nombre que aparece ligado al cobro de comisiones irregulares y que para Hacienda no es ni más ni menos que Daniel Osácar, extesorero del partido nacionalista. Montull, en definitiva, no conoce nada del caso ni quiso indagar más en su día, pues se limitaba a ejecutar órdenes de sus superiores, los saqueadores confesos del Palau: Fèlix Millet y su padre, Jordi Montull. "No me pagan por pensar", afirmó ayer ante el juez la que fue responsable de finanzas del Palau. Montull declaró como imputada en la pieza separada del caso Palau que indaga el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica a cambio de la adjudicación de obra pública. En esa trama, los exresponsables del Palau actuaron como intermediarios.
Los peritos judiciales de la Agencia Tributaria ratificaron ayer, durante una declaración de casi tres horas, el contenido del informe que acredita los presuntos pagos a Convergència. Según el informe, las partidas que podrían haber servido para satisfacer comisiones a CDC suman 2,33 millones. Las comisiones se pagaban camufladas como patrocinios al Palau y suponían el 4% del valor de las obras que se acababan adjudicando a Ferrovial. Las obras bajo sospecha son de envergadura: la línea 9 del metro y la misma Ciudad de la Justicia en la que ayer declararon los imputados.
Mera hipótesis
La conclusión de Hacienda sobre el desvío de fondos del Palau al partido nacionalista se basa en buena medida en un documento en el que aparece consignada una relación de años y de pagos bajo el epígrafe "Daniel", en alusión a Daniel Osácar. De ese documento se incautaron los Mossos d'Esquadra en el registro del Palau de la Música, en julio de 2009.
Los abogados de los imputados trataron de cuestionar la credibilidad del informe. El letrado Javier Melero afirmó que los peritos describieron su informe como una mera hipótesis. Según los abogados de GPO y Ferrovial, el peritaje de Hacienda se hizo de forma "vaga", ya que no se estudió la documentación relativa a los concursos o a los convenios de patrocinio de Ferrovial, ni los convenios de la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC.
* El País - 14.04.11
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
.................................... Leer más...
LAVOZ/A Coruña* : Los agentes que investigaron las adjudicaciones de obras en la operación Orquesta -por la que fueron intervenidos los ayuntamientos de Cee, Mazaricos y Fisterra- dejan claro en sus informes que las adjudicaciones de obras a una misma empresa -Construcciones Ogando- se hacían de modo irregular. «Dichas adjudicaciones -dicen refiriéndose al caso de Cee- se hacían a sabiendas de su injusticia, a través de una resolución arbitraria en procedimiento administrativo, como es la resolución de adjudicación definitiva de las obras, la cual consta firmada en todos los casos por el alcalde de Cee, Ramón Vigo», dicen los investigadores en el sumario. En Cee la empresa Ogando se llevó dos obras importantes, la del campo de fútbol, de unos 400.000 euros, y la de la Casa da Cultura, en distintas fases. En el primer caso el pliego utilizado no fue el correcto, ya que se empleó uno para un procedimiento negociado con publicidad y no para un procedimiento abierto. Donde debía haber una valoración puntuada de distintos aspectos de las ofertas presentadas, lo que había eran solo unas casillas en las que los técnicos apuntaban «muy bien, bien, regular o mal». A la oferta pública se presentaron nueve empresas, y la de Ogando, con el presupuesto más caro, fue la que salió elegida.
Otra compañía ofreció algo similar pero con cinco días de plazo de ejecución más y 30.000 euros menos de coste. Fue rechazada. Es más, Ogando consiguió esa obra ofreciendo un plazo de ejecución de un mes, que después hubo de ampliar en contra de los criterios de la intervención municipal.
Más allá de las cifras hay conversaciones intervenidas en las que se habla de comisiones del 5% y en las que el alcalde se refiere a futuras actuaciones dando por hecho que las iba a hacer la misma empresa, antes de que se convocara el concurso.
Criterios subjetivos
En la Casa da Cultura, la de Ogando fue la segunda oferta más cara de las ocho presentadas. Un informe de la Interventora deja claro que de un total de 100 puntos «tan solo 15 se adjudicarán en virtud a aspectos objetivos y 85 puntos serán sometidos al discernimiento de quien sea el encargado de valorarlos». La empresa ganadora, además, presentó su oferta fuera de plazo, y fue aceptada por la mesa de contratación en contra del criterio de la secretaria.
En Fisterra, en la adjudicación de otro campo de fútbol de hierba artificial, los investigadores constatan que el arquitecto «contravino de manera ilícita sus obligaciones al facilitar asesoramiento a una empresa privada en un asunto en el que debía intervenir por razón de su cargo». Ogando se llevó la obra sin que existan en el Ayuntamiento los informes preceptivos del secretario. En la trama Orquesta hay hasta el momento 23 imputados. Hoy declararán en el Juzgado de Corcubión varios funcionarios de Cee.
* La Voz de Galicia - 14.04.11
Foto: Cee (A Coruña), registro ayuntamiento (archivo) - lavoz
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Madrid* : La alcaldesa de Guadarrama, C.Pérez del Molino, ha presentado esta mañana su baja en el PP junto a otros seis integrantes del equipo de Gobierno, que hasta esta renuncia estaba compuesto por once concejales. Y lo ha hecho tras asegurar que su partido ha prescindido de ella por oponerse a prorrogar un contrato de una permuta firmada de forma "irregular" por el entonces regidor y presidente del PP local, José I.Fernández Rubio. Según la alcaldesa, el PP de Guadarrama le anunció después de prescindir de ella su intención de llegar a un acuerdo con la familia que había denunciado el incumplimiento del contrato, que no fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, especifica la primera edil. En una rueda de prensa celebrada en el salón de plenos del Consistorio, la regidora explicó que el exalcalde del municipio y ahora candidato del PP en Las Rozas, José I.Fernández Rubio, aprobó desde la sociedad del suelo una permuta de unos terrenos con un privado sin conocimiento del resto del Ayuntamiento. Según Pérez del Molino este acuerdo sería irregular, ya que los terrenos eran del Ayuntamiento y no de la sociedad municipal del suelo, que fue la entidad que acordó el contrato. Además, explicó que la valoración del suelo intercambiado perjudicaría claramente los intereses del Consistorio.
La alcaldesa especificó en declaraciones a Europa Press que las discrepancias con el seno del Partido Popular de Guadarrama, cuyo presidente es el viceconsejero de Empleo y Mujer, y exalcalde de la localidad, Juan Ignacio Fernández Rubio, vinieron motivadas su negativa a llevar adelante un convenio urbanístico que "él había firmado y con el que no estábamos de acuerdo" y por "no estar de acuerdo con la política económica que él había llevado a cabo en el Ayuntamiento". "Éramos conscientes de que Fernández Rubio nos iba a echar por nuestra forma de gobernar a lo largo de este tiempo. Hemos hecho justo lo contrario que él nos pidió que hiciéramos", puntualizó.
Según Pérez del Molino, cuando Fernández Rubio abandonó la alcaldía "dejó una deuda municipal de 30 millones de euros". "Nosotros hemos retomado el Ayuntamiento con una política de ahorro y austeridad diferente a la que él había llevado a cabo. Esto ha indignado mucho al presidente del
PP y ha puesto de candidato a su mano derecha", apostilló.
A juicio de la alcaldesa, el Partido Popular "no ha valorada nada" el trabajo realizado por su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento. "El PP no ha estado a la altura del esfuerzo que hemos llevado a cabo en
estos dos últimos años, donde el gasto corriente superaba en 7 millones de euros a los ingresos. Los ingresos se desplomaron. Tirar para adelante en esas condiciones ha sido un trabajo y un esfuerzo increíble. Muchos concejales han estado al pie del cañón junto a todo el personal del Ayuntamiento", ha concluido.
La primera edil reseñó que hasta que se celebren las elecciones continuará gobernando la localidad sin
adscripción política, aunque si los concejales del Ayuntamiento "creen necesaria" una moción de censura "a estas alturas, están en su derecho". Pérez del Molino ha anunciado que se presentará como candidata a la Alcaldía por la formación política que ha creado bajo la denominación
Agrupación Popular por Guadarrama (APPG). Su intención es continuar gobernando la localidad "como hasta ahora" y fomentar la creación de empleo, entre otras medidas. "Me presento a las elecciones satisfecha con el trabajo realizado", dijo.
* El País - 14.04.11
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es
.................................... Leer más...
ANDALUCÍAINFORMACIÓN : El Tribunal Supremo acaba de ratificar la condena emitida en 2009 por la Audiencia provincial de Cádiz en la que condenaba al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar, Alfonso Rodríguez, a siete años de inhabilitación especial como responsable de un delito de prevaricación y al pago de 6.000 euros en concepto de indemnización a los vecinos que denunciaron los hechos. La sentencia se refiere al proceso judicial abierto a raíz de la denuncia de dos vecinos de la calle Nao Victoria de Sanlúcar, donde se ubican los multicines Al-Andalus, que denunciaron la apertura de estos sin la preceptiva licencia municipal y el funcionamiento de los cines con dos generadores de electricidad que provocaron numerosas molestias al vecindario por el ruido que producían.
En la sentencia que Rodríguez impugnó, consta que éste reiteradamente omitió firmar la propuesta de decreto de clausura de los multicines, siendo el competente para ello y la GMU el único órgano resolutorio. Además, se refleja en la sentencia que existían varias denuncias que se habían presentado ante la Policía Local de Sanlúcar al no cumplir el establecimiento la normativa vigente relativa a las salidas de emergencia o a la falta de energía eléctrica, estando sustituida por generadores , así como que los multicines carecían de la preceptiva licencia municipal de apertura para la actividad de bar.
RECURSO
El abogado de Alfonso Rodríguez recurrió el fallo emitido por la Audiencia provincial de Cádiz refiriéndose a documentos que demostrarían la equivocación del tribunal, en cuanto a que aporta documentación en la que aduce que la apertura del centro sin licencia “se debió a actos y acciones producidas por otros, políticos del Ayuntamiento de Sanlúcar e Barrameda, quienes, de común acuerdo con promotor y constructor, sin el consentimiento ni comunicación al gerente de Urbanismo, deciden abrir el centro (...) por su exclusiva responsabilidad”, llamando la atención de otros que no han sido acusados. Además alega que la firma del decreto de clausura de los cines que le fue presentado de forma reiterada para su firma, hubiera vulnerado el derecho a la igualdad”.
Sin embargo, el Alto Tribunal, en su fallo del 1 de febrero al que ha accedido este medio, considera que, por un lado, la existencia de otros responsables por esta causa que no hayan sido juzgados, no exime de su responsabilidad al condenado, así como que otros locales no hubieran sido clausurados. Por otro, existían motivos más que argumentados para proceder a la clausura de los cines, más aún, cuando se ponen de relieve irregularidades que impedían autorizar la apertura y, como ésta se había producido al margen de la legalidad, la negativa de Rodríguez a firmar el decreto de clausura “constituye una falta de aplicación del derecho”.
En la sentencia que dictó la Audiencia provincial de Cádiz se señala que Alfonso Rodríguez “omitió el funcionamiento normal del derecho sobre licencias de apertura de establecimientos, aceptando pasivamente que la instalación continuara funcionando, pese a las deficiencias de seguridad y perjuicios causados a los vecinos que sufrían el ruido procedente de las obras”. En la misma línea el magistrado señala que “el acusado ha incurrido en una evidente, patente, flagrante y clamorosa acción por omisión en el ejercicio de sus funciones, ha ejercido arbitrariamente el poder que le confiere su condición de gerente de urbanismo (...) actuando por mor de su capricho”.
Una sentencia que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Supremo y contra la que ya no cabe presentar recurso. Del mismo modo, además de ratificar la pena de siete años de inhabilitación especial a Rodríguez por un delito de prevaricación, el ex gerente de Urbanismo tendrá que pagar 6.000 euros en concepto de indemnización a los vecinos sanluqueños y correr también con las costas del proceso judicial iniciado a raíz de la presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
* Andalucía Información - 14.04.11
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir - elpais
.................................... Leer más...
X.ÁLVAREZ CORBACHO* : Las elecciones locales deberían ser una magnífica oportunidad para aflorar los graves problemas del municipalismo gallego. Los desajustes institucionales son diversos y se motivan por razones demográficas, financieras, urbanísticas y económicas.
1. Desajustes demográficos.
Los desajustes demográficos afectan principalmente a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes (200 concellos), aunque el epicentro y las urgencias se encuentren en los municipios menores de 2.000 habitantes (94 concellos), concentrados en las provincias de Ourense y Lugo. Por otro lado, están las áreas urbanas (ciudades y municipios limítrofes). En ambos casos la demografía exige cambios inexorables en la ordenación del territorio y en el mapa municipal. Apreciamos que para atender a una población reducida existen (período 1960-2025) cada vez mas concellos inválidos, provocando así una divergencia imposible. El panorama se resume de la siguiente manera. Por un lado, hay una población menguante, envejecida (los mayores de 64 años oscilan entre el 30 y el 50% de la población municipal), dispersa (encarece los servicios) y dependiente del sector público (pensiones, sanidad, servicios sociales). Por otro, hay municipios menores de 2.000 habitantes con una debilidad financiera acusada y con escasa profesionalidad y desarrollo tecnológico.
Todo ello explica las dificultades de la institución para desarrollar los servicios a los que la ley obliga. Estamos ante un desajuste estructural evidente entre la demografía, el territorio y la institución municipal. La solución exige cambios radicales.
2. Agonía financiera
El presupuesto municipal se nutre, básicamente, de tributos y subvenciones. En las ciudades, los ingresos tributarios representan casi el 60% del total, mientras las transferencias y subvenciones apenas suman el 30%. En los municipios menores de 5.000 habitantes esas cifras se invierten. Los ingresos tributarios suelen ser inferiores al 30%, mientras las subvenciones rondan el 70% del presupuesto. Los tributos son importantes porque sin responsabilidad fiscal no existe responsabilidad política.
¿Cómo son los tributos en los municipios gallegos? La respuesta se resume en el cuadro adjunto. Los municipios están fiscalmente normalizados o son de fácil normalización cuando sus ingresos tributarios per cápita se aproximan a la cifra media de los municipios españoles de población similar, atendiendo a su capacidad fiscal. Si esos ingresos se distancian, la normalización tributaria es difícil, problemática o imposible a medio plazo. En Galicia solo el 22% de los municipios están normalizados o son de fácil normalización, mientras el 78% restante (246 concellos) operan en escenarios problemáticos que, en general, se agravan a medida que el municipio es más pequeño. Las consecuencias de estos hechos son relevantes (dependencia, clientelismo, agravios comparativos, voto cautivo, etcétera) y exigen cambios importantes en el diseño político e institucional.
3. Convivencia con el territorio.
El planeamiento urbanístico y su gestión son una parte esencial de las políticas públicas locales. Por su dimensión de pacto social básico, por sus efectos en el crecimiento ordenado de la ciudad, pues introduce racionalidad en el reparto de beneficios y costes del proceso urbanizador y añade disciplina y sensibilidad a nuestra convivencia con el territorio. Pero urbanismo y fiscalidad -expresiones genuinas del poder político municipal- no parecen preocupar a nuestros gobernantes.
La Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural daba tres años para que los municipios adaptasen su planeamiento a las condiciones exigidas. Pero van allá ocho años y los concellos que cumplen la norma son 46 (14% del total). El resto funcionan a su manera con riesgos evidentes. Pero sin planeamiento no hay proyecto de urbanización, ni redistribución de fincas, ni cesión obligatoria y gratuita de terrenos, ni financiación a cargo de los interesados. Además, edificar vía licencia directa es socializar infraestructuras y servicios, construyendo así un país insostenible. El círculo se cierra cuando la indisciplina triunfa rodeada de silencios cómplices y de sentencias judiciales incumplidas. Los cambios aquí también deben ser profundos.
4. Promoción económica y desarrollo endógeno
Es otro déficit que acumulan los municipios gallegos. Anclados en geografías distintas, el factor territorio (comarcas) es clave para entender y desarrollar las ventajas competitivas de empresas y actividades que operan ya en una economía globalizada.
El gobierno municipal está obligado a promocionar y ayudar esas actividades económicas, incentivando la especialización, la innovación y la excelencia. Elaborando programaciones estratégicas con los municipios limítrofes y otras Administraciones, implicando a empresas y profesionales interesados. El gobierno local ya no es el último eslabón de una cadena de mando, sino una institución abierta que opera y se relaciona en red con otros actores. Las políticas económicas locales experimentan así transformaciones sustantivas en objetivos y funcionamiento. Todo un mundo por descubrir y recorrer.
¿Hablarán los partidos políticos de estas cosas en las próximas elecciones? ¿Se protegerá la dignidad de nuestros mayores? ¿Se entenderá que el territorio es más que una mercancía y que el clientelismo político hunde sus raíces en la lógica de la corrupción? Stéphane Hessel escribió un libro y quiere que nos indignemos. Y eso está bien. Pero sin olvidar que la actividad municipal pone a todos ante el espejo. Es la grandeza oculta que también encierra el más humilde de los municipios.
* La Voz de Galicia - Opinión - 13.04.11
.................................... Leer más...
ELPERIÓDICO* : España recibió ayer un nuevo y severo varapalo de la Unión Europea en materia medioambiental. En esta ocasión, la reprimenda está motivada por sus persistentes carencias en la depuración de aguas residuales, concretamente en 38 ciudades repartidas por todo el país, a pesar de las reiteradas advertencias de la Comisión Europea desde hace más de seis años. El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por no respetar la directiva de 1991 de saneamiento de aguas residuales urbanas, pese a los sucesivos requerimientos que el Ejecutivo comunitario emitió en los años 2004, 2007 y, nuevamente, en el 2008, como detalla la sentencia. Las estaciones de depuración de aguas residuales debían de haber estado ya en funcionamiento como muy tarde el 1 de enero del 2001, hace más de una década. Si España no corrige en breve esas deficiencias, la Comisión Europea abrirá un nuevo expediente y solicitará al Tribunal de la UE la imposición de elevadas sanciones económicas.
La sentencia del tribunal precisa que España no ha podido demostrar en sus alegaciones que Arenys de Mar disponga de un sistema de tratamiento adecuado y que en su respuesta a los requerimientos de la Comisión Europea el Gobierno reconoció que "la instalación de depuración que existe en la aglomeración no tiene capacidad suficiente para llevar a cabo el tratamiento secundario de las aguas residuales".
Respecto a Pineda de Mar, el Gobierno español aseguró, en sus alegaciones a las amonestaciones, que la estación depuradora ya ha entrado en funcionamiento. Pero el Tribunal de la UE señaló que las obras se finalizaron en un plazo posterior al fijado por la Comisión Europea, por lo que España "incumplió" la directiva y no respetó los dictámenes del Ejecutivo comunitario.
GALICIA, ANDALUCIA Y LEVANTE El Tribunal de la UE indicó que tampoco se respetó la obligación de depuración de las aguas residuales en ciudades tan importantes como A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Baiona, Tui, Noia, Irún, Llanes, Gijón , Tarifa, Chipiona, Barbate, Estepona, Nerja, Elx, Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Alcossebre y Ceuta.
La sentencia indica que el Gobierno reconoce que aún está elaborando los proyectos o iniciando la construcción de las depuradoras de la mayoría de las 13 ciudades andaluzas denunciadas por la Comisión Europea. España también anunció que ya ha iniciado el concurso para las obras de las depuradoras de Llanes y Gijón--en el este en Asturias-- y para la ampliación de las del valle de Guerra y la licitación de la del valle de Güimar, ambas en Santa Cruz de Tenerife.
El Gobierno, asimismo, aseguró en sus alegaciones que las depuradoras pendientes de Castellón y de Alicante estarán finalizadas en el 2013. Además, España reconoce que debe mejorarse la depuradora de Irún y que la licitación de las obras para las depuradoras de Vigo y Santiago aún están pendientes de licitación.
* El Periódico - 15.04.11
Foto: La riera de Arenys, en Arenys Munt, ayer - elperiodico
.................................... Leer más...
LAPROVINCIA* : El "perverso" sistema de planificación territorial que hay en Canarias favorece que se multipliquen los delitos vinculados a la corrupción urbanística. Javier Varona, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), considera que el "fracaso" del sistema en las Islas ha provocado que el suelo sea el más caro del mundo, que haya aumentado la especulación urbanística y que la protección medioambiental sea aún insuficiente. Para Varona, "hay un poder político y unos planificadores omnímodos que con sus lápices y cambiando las rayas del planeamiento de un sitio a otro pueden generar o destruir millones de euros en plusvalías, esto supone una tentación muy grande y lo normal es que el que tiene la tentación acabe delinquiendo".
Canarias es una de las comunidades con mayor número de delitos de corrupción asociados al urbanismo y el Código Penal actual no favorece que se castiguen las infracciones como se debiera. El magistrado Varona echa de menos un mayor incremento de las penas para los que cometen delitos de cohecho o prevaricación porque, pese a las reformas que se han realizado del Código Penal, "realmente la figura de los delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos ha experimentado una sola reforma en el Código de 1995 y se contemplan penas de inhabilitación o multas pero las de prisión son escasas".
Javier Varona cree que la superposición de leyes y planes entorpece la ordenación territorial de las Islas. En su opinión, el texto refundido del año 2000 de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias es "complejo, engorroso y prolijo", lo que la convierte en una de las leyes más complicadas que existen.
Ejemplos
El magistrado se ha enfrentado en su trabajo a problemas relacionados con esta situación y pone como ejemplo el caso de un inversor extranjero que quería saber lo que se podía hacer en una parcela en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana. Realizó una consulta urbanística al Ayuntamiento y a la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario y, tras más de un año de espera, recurrió a la Justicia ante la falta de respuesta de la Administración.
"Entre menos leyes y más cortas mejor", advierte Varona, lo contrario de lo que sucede en Canarias, donde "las leyes son malas y se han multiplicado desde que se redactaron las primeras normas sobre el territorio en los años 80". En los últimos 30 años "las leyes se han sucediendo una tras otra y todas han sido malas y han provocado lo contrario de lo que se pretendía", advierte el juez de lo contencioso.
Tampoco la moratoria turística ha solucionado las cosas, más bien al contrario. Varona recuerda que la víspera de su aprobación por el Parlamento los ayuntamientos aprobaron cientos de licencias para construir camas turísticas. Además, la ley de Directrices es una norma "cómoda" que emplaza la ordenación territorial a la redacción de planes y que, 10 años después, se ha incumplido.
Javier Varona participará mañana en una mesa de debate con motivo del III Congreso de Derecho Urbanístico, que se inaugura hoy en el Auditorio de La Oliva, en Fuerteventura, junto a otros expertos y especialistas en urbanismo y territorio.
* La Provincia - 14.04.11
Foto: Mogán (Gran Canaria), excesos urbanísticos - google
.................................... Leer más...
ELALMERÍA* : A Helen Prior jamás le pasó por la cabeza que algún día habría de sentarse en el Parlamento Europeo para reclamar sus derechos. Ayer lo hizo acompañada de la presidenta de AUAN, Maura Hillen, en la Comisión de Peticiones. Al finalizar ambas sus intervenciones, todos los parlamentarios europeos intervinientes ayer en el Comité coincidieron en afirmar que había sido realmente emotivo escuchar el relato de las comparecientes y, en especial, el de la señora Prior que narró los sucesos vividos desde que compraron una parcela en el municipio de Vera, con sus licencias urbanísticas. "El abogado, el banco, el Ayuntamiento", explicaba Helen, "nos afirmaron que todo estaba en regla y en octubre del mismo año comenzamos la construcción". El resto de la historia es conocida internacionalmente: su casa fue derribada a petición de ejecución de sentencia por parte de la Junta de Andalucía. A fecha de hoy los señores Prior esperan una solución que parece no llegar.
La Presidenta de AUAN resumió el, a su juicio, asunto de abusos urbanísticos en el Levante y Almanzora almerienses para, a continuación, expresar que "consideramos que estamos hablando de un ataque a los pilares fundamentales de la legislación comunitaria, en relación con la libertad de circulación de capitales y de personas. Tenemos ciudadanos europeos que invierten en España, que proceden de países bien regulados y donde existen verdaderas salvaguardias y esperan que este tipo de normas se apliquen en España. Luego, se encuentran con que las cosas no son así".
Maura Hillen se refirió a una posible "discriminación directa, dadas las observaciones de la Consejera de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía que, cuando debatió este problema, se refirió a una serie de personas que se han asentado 'ilegalmente' en nuestro territorio".
De otro lado, Hillen realizó críticas acerca de incumplimientos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El parlamentario europeo británico Roger Helmer, expuso que "la hora de la acción ha llegado, basta ya de palabras. Hago un llamamiento a esta Comisión para que elabore una Resolución pidiendo que los fondos de ayuda a las Comunidades Autónomas españolas donde ocurren estos acontecimientos, se congelen. Le pido al Primer Ministro británico que se una a esta solicitud para que retenga las contribuciones a la Unión Europea para satisfacer a estas personas". A esta petición se unieron parlamentarios europeos, como Marta Andreasen, quien añadía además que "el Estado de Derecho no se ha cumplido en España, se están comportando como bandidos. Esto es un despropósito escandaloso".
Otra de las intervenciones especialmente duras fue la del parlamentario Michael Cashman: "es totalmente inaceptable lo que está ocurriendo. Las autoridades españolas no han cumplido con su deber, por exceso de celo o por falta del mismo. Si un Ayuntamiento no sabe lo que se está construyendo en una parcela de diez mil metros cuadrados en su municipio, es que no hace su trabajo y no representa correctamente a los que supuestamente tiene que representar".
Unas declaraciones que ha llevado a todos los grupos políticos en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a estudiar en su próxima reunión de mayo si trasladar al pleno de la Eurocámara el debate sobre estos presuntos abusos urbanísticos.
* El Almería - 15.04.11
Foto: Hellen Prior y Maura Hillen durante su intervención en el Parlamento - elalmeria
.................................... Leer más...
DIARIOMONTAÑÉS* : Las críticas al papel de los fiscales en la persecución de los delitos urbanísticos; las limitaciones del Derecho Penal como 'muro' de contención de los desmanes cometidos; el riesgo que supone que la mayor parte de las competencias residan en las administraciones municipales y la necesidad de que un pacto de estado permita «esclarecer los conceptos jurídicos y clarificar las reglas urbanísticas» españolas fueron algunas de las ideas en torno a las cuales giraron, ayer, los debates de la sesión de clausura de las jornadas 'Encuentros frente al mar: el acoso al territorio', celebradas en la Universidad de Cantabria con la presencia de medio centenar de expertos en Derecho Penal y Administrativo, en su mayoría titulares de cátedras en varias universidades. Sobre el papel de los fiscales y sobre las limitaciones del Derecho Penal se dijeron algunas cosas. «Somos plenamente conscientes de que la vía penal no va a solventar los problemas del urbanismo»», aseguró Gonzalo Canales, presidente de Arca. «Ir al fiscal es ir a chocar con la clase política», porque «al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno de la Nación» y «la independencia de la Fiscalía está cuestionada». «Pretender dejar en manos de la Fiscalía casi en exclusiva la acusación constituye un grave error», añadió Javier Álvarez, que, además de profesor universitario y director académico del seminario, es miembro de Arca.
Esta situación -la presencia en los debates de la parte demandante en la mayoría de las sentencias de derribo dictadas en Cantabria y la ausencia de los afectados-, provocó una crítica pública por parte de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), quien acusó a la Universidad de Cantabria de «trato discriminatorio» y de tratarles como «testigos molestos» o «mendigos en un barrio bien», que «molestan».
Pacto de Estado
Sobre el papel de los fiscales y sobre las limitaciones del Derecho Penal hubo otras opiniones, como la de Ana Sánchez Lamelas, directora general de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, quien reconoció que, en un tema como los delitos urbanísticos, en donde las cosas «no son ni blancas ni negras», el Derecho Penal «va a entrar sólo en lo que es negro-negro».
Más optimista fue la visión de Fermín Morales Prats, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, que consideró que «el Código Penal ha hecho hasta cierto punto los deberes».
«Ahora, hace falta una reflexión para esclarecer el concepto jurídico, la creación de reglas... Y ahora es el momento histórico para hacerlo, porque el mercado inmobiliario está muerto». Morales Prats, una de las 'estrellas' del seminario, defendió un 'pacto de estado' para abordar las cuestiones relacionadas con los desmanes urbanísticos.
A su juicio, este acuerdo nacional pasaría por rescatar de manos de los ayuntamientos las competencias de los ayuntamientos -algo que ya se propuso la víspera por otros expertos- y clarificar los procedimientos, eliminando figuras como la del convenio urbanístico, que calificó de «artefacto» donde «todo es posible».
Mecanismos de control
«Mientras no se resuelva el tema de la financiación municipal, la mayor parte del problema va a seguir estando», añadió en esta misma línea el profesor Jordi Jaria, de la Universitat Rovira i Virgili.
* El Diario Montañés - 15.04.11
.................................... Leer más...
ADN/Málaga* : La Policía cree que el exconcejal del PP en Estepona, Ricardo Galeote, "valiéndose de su situación" en el Ayuntamiento otorgó contratos a las empresas de la red Gürtel a cambio de viajes a Munich o al Caribe que pagaba la agencia Pasadena del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa. Así consta en un informe fechado ayer y al que ha tenido acceso Efe, en el que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detalla sus investigaciones sobre las relaciones entre Galeote y la organización de Correa a la que atribuye el pago de desplazamientos y alojamientos del exconcejal del PP y de personas vinculadas a él entre 2001 y 2003 por valor de 7.969,96 euros. En concreto, el informe menciona varios viajes en avión desde Málaga a Múnich o Londres en 2001 y otro a la República Dominicana, valorado en 2.898 euros en 2002.
Las facturas de la Agencia Pasadena que reflejan el pago de estos servicios turísticos figuran a nombre de Annette Pichlmaier, que, según recuerda la Policía, era "una persona vinculada" a Galeote en esa época.
La UDEF sostiene que la utilización de su identidad en los recibos "responde al interés del propio Galeote en ocultar su vinculación con los servicios prestados y no aparecer de forma directa en los documentos mercantiles".
Otra de las personas que figuraron como beneficiarias de los servicios turísticos pagados por la red de Correa fueron María Isabel García Caballero, con la que realizó un viaje al Caribe, así como una hermana del exconcejal.
El propio Galeote, cuando declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, primer instructor de la causa, explicó que había viajado a Santo Domingo con una ex pareja suya de la que se acababa de divorciar y que por eso la invitó.
La Policía concreta el papel de Galeote desde su posición como concejal de Turismo y Director de la Sociedad Turismo y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Estepona, que contrató distintos productos y materiales, entre ellos el suministro de "moquetas, plástico y carpas", a la empresa Special Events, y servicios turísticos a través de Pasadena, propiedad de Correa, de quien recibía contraprestaciones económicas destinadas a viajes particulares.
"Ha obtenido un provecho propio y para personas de su entorno mediante la percepción de servicios de carácter turístico por parte de la sociedad Pasadena; viajes pagados con los fondos procedentes de las comisiones percibidas por el suministro de materiales", concluye la UDEF.
Precisamente hoy, Ricardo Galeote, hermano del exeurodiputado Gerardo Galeote -también imputado en el "caso Gürtel, al igual que su padre José Galeote- ha declarado ante el juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que le ha imputado un delito de blanqueo de capitales.
* ADN - EFE - 15.04.11
Foto: EStepona - google
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Barcelona* : El exalcalde de Montcada i Reixac César Arrizabalaga y la actual concejal de Medio Ambiente, Eva Gonzalo, declararon ayer como imputados por la contaminación ambiental y acústica generada por la cementera Lafarge de la localidad. Según la fiscalía, el Consistorio fue "pasivo" ante los elevados índices de polución, que superan lo permitido por la ley. Los regidores apuntaron ayer a la Generalitat como máxima responsable del problema. En 2008, entidades de Montcada denunciaron el caso ante el fiscal, que se querelló por un delito contra el medio ambiente. Además de Arrizabalaga y Gonzalo, el Juzgado de Instrucción nº2 de Cerdanyola ha imputado al entonces director de la fábrica, Osvaldo Pereda, por prevaricación.
Los Mossos constataron que las emisiones a la atmósfera de polvo de cemento generan "una evidente contaminación sobre las viviendas y los habitantes" del barrio de Can Sant Joan, el más próximo a la fábrica. Lo mismo pasa con el ruido, que "vulnera" de forma "reiterada" los límites.
Frente a las acusaciones de la fiscalía de "actitud de tolerancia, complicidad y pasividad", el exalcalde y la concejal declararon ayer que presionaron a Lafarge y a la Generalitat para que resolvieran los problemas. Ambos admitieron que conocieron diversos "episodios de polvo negro" procedente de la fábrica, pero se justificaron aduciendo que es el Gobierno catalán el que tiene las competencias en materia de contaminación atmosférica.
* El País - 14.04.11
Foto: Montcada (Barcelona) - montcadapost
.................................... Leer más...
ELDÍA/Entrevista* : El fuera de ordenación, como consecuencia de los planes generales, será el tema sobre el que disertará Eduardo Risueño Díaz, gerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se desarrollará en el Auditorio de La Oliva de Fuerteventura.
-¿Qué efectos tiene el fuera de ordenación en una edificación?
-El régimen jurídico aplicable a estas construcciones depende del plan general de cada municipio, porque la normativa urbanística remite esa decisión a cada instrumento de ordenación, por lo que depende de la voluntad de cada ayuntamiento. En el caso de Santa Cruz, se establece un régimen más flexible que el previsto en la normativa urbanística, por lo que en las edificaciones que queden fuera de ordenación se podrán hacer obras de consolidación, modernización y mejora, pero no incrementos de su volumen. A la hora de reconstruirlas, tiene que hacerse según el nuevo planeamiento.
¿Por qué hay tantos municipios que aún no han aprobado sus planes de ordenación?
El principal motivo es la sucesión de normas que se ha producido tanto en el ámbito autonómico como nacional. Se trata de leyes a las que los planes se han tenido que ir adaptando de forma sucesiva, lo que implica que, cuando ya se tiene hecho un trabajo, hay que volver atrás para adaptarse a la nueva normativa y, además, seguir la tramitación que marca el nuevo criterio. Otro problema es la falta de presupuesto de los propios municipios para poder afrontar la formulación de instrumentos.
¿La falta de aprobación de PGO paraliza las ciudades?
Sin los planes no se pueden obtener licencias, por lo que se frena el desarrollo. Por ello, aprobar los planes generales de ordenación ayuda a renovar y dinamizar la ciudad desde un punto vista urbanístico, económico y social. Cabe señalar que, conforme al plan anterior, se pueden seguir otorgando licencias, lo que ocurre es que el plan nuevo de alguna manera establece las necesidades actuales de la ciudad, por lo que muchos promotores no piden licencias conforme al planeamiento anterior.
¿Qué ocurre con el plan general de Santa Cruz?
Es cierto que en Santa Cruz la tramitación del plan general se ha dilatado en exceso, pero también es que ha habido una serie de periodos de información pública sucesivos que no han tenido otros instrumentos de ordenación. Santa Cruz, al ser una capital de provincia, es una ciudad compleja con un territorio diverso, donde hay espacios naturales protegidos, suelo urbano consolidado y suelo pendiente de desarrollo. A esta diversidad territorial que no tienen otros municipios de las islas, se suma la existencia de movimientos ciudadanos que están en contra del PGO por diversas razones que pueden ser legítimas.
¿Se debería simplificar la tramitación urbanística?
Creo que debemos simplificar los trámites, pero también la normativa, pues hay un exceso de normas concurrentes sobre una misma parcela. Esto significa que los promotores tienen que ser auténticos expertos en toda esta normativa. Por ello, lo primero que deberíamos hacer es una reflexión calmada sobre cuáles son los cambios necesarios en la Ley del Suelo, aunque el principal problema está en esa concurrencia de normas municipales y supramunicipales sobre ámbitos coincidentes.
¿Hay que poner freno definitivo al crecimiento urbanístico de los municipios turísticos?
Desde el año 2001 se ha pretendido incrementar la calidad frente a la cantidad, y de ahí derivan las medidas de moratoria turística y de contención del crecimiento. Pero esto no significa una paralización absoluta, sino que las actuaciones que se realicen sean de la mayor calidad. Ese es el caso de la moratoria, cuyo objetivo es la renovación turística en ciudades obsoletas, como pueden ser Puerto de la Cruz o Corralejo. Estas renovaciones hay que fomentarlas a través de inversiones públicas y de la legislación, pues se debe ofrecer alguna compensación normativa a quien se comprometa con este objetivo.
Desde el punto de vista urbanístico. ¿Cuál es su idea de ciudad ideal?
Una ciudad diversa donde los ciudadanos, que tienen también unos estilos de vida muy diversos, puedan desarrollar su vida sin limitaciones frente a los demás. Esto implica compatibilizar ocio con descanso y con atractivos dentro de la ciudad. Una ciudad de calidad implica una movilidad adecuada, donde no existan colas para poder desplazarse de un lugar a otro y con un transporte público adecuado. Todo esto pasa por una planificación previa, pues una ciudad adecuada necesita unos sistemas de ocio que admitan la demanda que exista y que sean aptos para la población existente.
¿Deberían sacarse de las ciudades las actividades industriales y las grandes superficies?
Las grandes superficies, hasta cierta capacidad, pueden estar perfectamente integradas en una ciudad, de manera que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta el extraradio, pero las que superen esa capacidad deben estar fuera. Respecto a las actividades industriales, han existido siempre, y de alguna manera dan una visión de la ciudad que tenemos y es la que siempre hemos vivido. Otra cosa son las actividades que sí perjudican, por el ruido o la contaminación que producen, y deberían estar en lugares adecuados.
Parece que está de "moda" imputar a políticos.
En la actualidad el urbanismo se ha convertido en una profesión de riesgo. Ya es raro el día que no vemos en los periódicos que se haya imputado a alguna persona que se dedique a esta labor. Más que una moda, creo que es una pena, porque estoy seguro de que en un 98% los profesionales del urbanismo son igual de honrados que los de otros sectores. Hay una difusión excesiva de la posibilidad de resultar condenado por determinadas cuestiones, y estas muchas veces no llegan, aunque se le da menor difusión a las absoluciones. Es un problema de la sociedad, pues parece que nos regodeamos con el mal ajeno.
Quizás el problema sea las facilidades que da ley para imputar.
Imputar es una garantía, lo que ocurre es que en determinados ámbitos se asocia imputación a precondena. Sin embargo, el derecho penal está ahí, y en mi opinión determinadas personas lo utilizan de una manera excesiva y fraudulenta. El derecho penal está regido por el principio de intervención mínima, que es el que debe seguirse, y mientras existan otros órganos jurisdiccionales donde se puedan discutir los conflictos respecto a las acciones administrativas, deberían ser esos los que decidieran esas cuestiones.
* El Día Tenerife - 14.04.11
Foto: La Oliva (Fuerteventura), Plan Majanicho anulado - laprovincia
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Alicante* : José Manuel Medina, exalcalde del PP en Orihuela, se enfrenta a una pena de inhabilitación seis años después de que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante presentara una denuncia contra él por supuestas ilegalidades contables y urbanísticas en la gestión municipal. El fiscal desglosó la denuncia en 16 sumarios. Por uno de ellos, relacionado con una permuta de suelo, el Juzgado de Intrucción nº2 de Orihuela ha decretado apertura de juicio oral. Por este caso, el ministerio fiscal solicita una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Medina por un supuesto delito de prevaricación en comisión por omisión, al no solicitar a un agente urbanizador (Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas) 4.220,50 metros cuadrados -o en su defecto una indemnización de 2.105.006,50 euros- que faltaban por aportar en una finca entregada al Consistorio por la sociedad como condición para desarrollar un proyecto de reparcelación del municipio.
En su escrito de acusación, el fiscal recoge que en diciembre de 2003 el Ayuntamiento adjudicó a la mercantil Residencia Vistalegre, SA una parcela de 27.270 metros cuadrados, por un precio de 13.601.194 euros, y que posteriormente esta empresa informó al Consistorio que, tras una medición, la parcela tenía 23.310 metros cuadrados. Tras recibir esta información, el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Orihuela constató que la parcela adjudicada medía 4.220,50 metros menos de los que debía, por lo que fijó su precio en 11.496.187,50 millones de euros.
Así, y para "restaurar el equilibrio patrimonial de la Corporación", la entonces concejal delegada de patrimonio, Eva Ortiz Vilella, propuso en mayo de 2004 iniciar los trámites para que se resaciera al Ayuntamiento por la diferencia de superficie de la parcela, una propuesta aprobada en junta de gobierno local. En junio del mismo año, el que fuera alcalde de Orihuela hasta 2007, José Manuel Medina, dictó un decreto en el que informaba a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas -que fue quien aportó la finca para convertirse en agente urbanizador del proyecto de reparcelación- que la parcela que entregó al Ayuntamiento tenía 4.220,50 metros cuadrados menos de los que debía tener , por lo que le solicitaba que aportara el resto de la superficie que faltaba o procediera a su indemnización.
Puesto que el agente urbanizador no dio respuesta alguna a este decreto, Medina dictó otro, el 6 de julio de 2004, en el que daba a la Agrupación de Interés Urbanístico un plazo de 15 días para aportar los metros cuadrados o el dinero equivalente, y le informaba de que si no se obtenía respuesta al problema, el Ayuntamiento ejecutaría las acciones que procedieran ante los tribunales.
El acusador público sostiene que Medina, siendo "plenamente consciente de lo injusto y arbitrario de su pasividad, no solo no acordó la ejecución de las acciones pertinentes ante los tribunales de justicia, tal y como anunciaba el decreto, sino que además no realizó actividad alguna tendente a restaurar el equilibrio patrimonial del consistorio, que había resultado mermado como consecuencia de la falta de cabida" en la parcela.
* El País - EP - 13.04.11
Foto: Orihuela, ayuntamiento - aquagest
.................................... Leer más...
CANARIASAHORA* : Kanarileaks ha publicado nuevos vídeos sobre las declaraciones judiciales de personas implicadas en el denominado caso Las Teresitas. En esta ocasión, se trata de los testimonios de Manuel Parejo, actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz y responsable de la Gerencia de Urbanismo en el pleno en el que se aprobó la compraventa de las once parcelas del frente de playa de Las Teresitas; de Emilio Fresco, portavoz del PSC en aquel momento, y José Emilio García Gómez, portavoz del PP entonces. Estos tres testimonios están incluidos en las diligencias previas 17/2006, declaradas secretas que, en febrero de 2008, levantó parcialmente la magistrada que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y se suman a las que la web ya publicó el pasado 14 de marzo, en la que los protagonistas eran Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y principal imputado, Víctor Reyes, secretario de la Gerencia de Urbanismo y la testigo Pía Oramas, arquitecta municipal que realizó un informe contradictorio con respecto al precio que se pagó por el frente de playa de Las Teresitas.
Manuel Parejo, concejal de Urbanismo del consistorio santacrucero entre 1999 y 2007, está imputado en el caso Las Teresitas por prevaricación y malversación de caudales públicos. Como máximo responsable del área, todas las decisiones en materia urbanística pasaban por sus manos. Según informa Kanarileaks, el secretario de la Gerencia, Víctor Reyes, hacía constantes referencias en sus declaraciones a Parejo, al que situaba como su superior jerárquico, del que recibía órdenes durante la tramitación del expediente.
Parejo formó parte del jurado del concurso de ideas que ganó Dominique Perrault y estuvo presente en la reunión de 11 de enero de 2001, donde se negoció el acuerdo marco. Recientemente, la Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado la apertura del juicio oral del conocido como caso mamotreto, que investiga la presunta construcción ilegal del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, contemplado en el proyecto de Perrault. En su escrito de acusación, la fiscal pide tres años de cárcel para Parejo por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.
Emilio Fresco aparece también imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. El que fuera portavoz del PSC votó a favor del pago de 8.750 millones de pesetas por las once parcelas en el pleno del 23 de julio de 2001, estuvo presente en la reunión en la que se negoció el acuerdo marco y formó parte del jurado del concurso de ideas para la playa que ganó Perrrault., donde fue el único que emitió un voto particular.
Su apoyo a esta operación desembocó en su salida del PSC, partido que abandonó por desavenencias internas. Durante la fase de instrucción, después de su declaración, también se le imputó el delito de cohecho.
José Emilio García Gómez, por su parte, fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife entre 1991 y 1995 como miembro de la Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI), partido que abandonó para enrolarse en las filas del PP. En el pleno en el que se aprobó la operación de compraventa, ostentaba la portavocía de los populares.
Kanarileaks destaca que, por su experiencia en política municipal, es el querellado que recuerda con mayor precisión las vicisitudes del expediente histórico de Las Teresitas, cuyo inicio se remonta a mitad del siglo pasado.
Al igual que Manuel Parejo y Emilio Fresco, García Gómez estuvo presente en la reunión en la que se negoció el acuerdo marco y formó parte del jurado del concurso de ideas para la playa. Tras su declaración, durante la fase de instrucción, se le imputó también por cohecho.
* Canarias Ahora - 12.04.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com
.................................... Leer más...
DIARIOMONTAÑÉS* : La jornada inaugural de los 'Encuentros frente al mar: acoso al territorio', celebrada ayer en las aulas de la Universidad de Cantabria, arrojó una conclusión: las competencias urbanísticas que actualmente están en manos de los ayuntamientos deben ser limitadas. Fue una de las ideas principales que cabe deducir de las intervenciones de algunos de los catedráticos, como Gonzalo Quintero Olivares, Javier Álvarez García o Luis Martín Rebollo. Para el primero de ellos -ponente de la primera de las conferencias- «la tradición española no era que el urbanismo fuera una decisión libérrima de los ayuntamientos», como parece que ahora ocurre, y «no lo ha sido tampoco en Europa». Todo cambió a partir de los años cincuenta y de ese cambio se deducen, según Quintero Olivares (penalista Universidad de Tarragona), algunos de los problemas sobrevenidos en la actualidad. Por eso defendió que «el nivel de competencias de los ayuntamientos debe ser urgentemente revisado».
También habló del difícil reto de «buscar el objeto de intervención del Derecho Penal» y, en este sentido, apuntó a la necesidad de juzgar «la omisión, la pasividad, la falta de eficacia de quienes deben vigilar las infracciones urbanísticas», en un país en el que el número de infracciones es altísimo y en el que, en cambio, «el número de procesos penales por delitos urbanísticos es bajísimo».
Luis Martín Rebollo habló de que «el Derecho difícilmente puede solucionar un problema que excede del Derecho» y que, a su juicio, tiene raíces «culturales», en tanto que Javier Álvarez habló de un «sistema» concebido para «la explotación del territorio e, indirectamente, de las personas».
Las afirmaciones de los tres profesores tuvieron lugar en la sesión de apertura de las jornadas, a la que asistieron, además, la vicerrectora de Difusión del Conocimiento, Consuelo Arranz; el decano de la Facultad de Derecho, Juan Baró; y la directora del curso, Paz de la Cuesta Aguado,.
Además intervino Juan Manuel Alegre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, quien aseguró que «es el órgano judicial el que tiene que valorar» y, aunque se refirió a las obras públicas, advirtió que «puede haber razones de interés público en la preservación de obras privadas».
* El Diario Montañés - 14.04.11
Foto: De izquierda a derecha, Baró, Arranz, Quintero, Olivares, Alegre y De la Cuesta.- diariomontañés
.................................... Leer más...
LAVOZ/A Coruña* : La operación Orquesta supuso la intervención de los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos, pero dentro del sumario se aprecia cómo los tentáculos de la constructora de Daniel Ogando iban más allá. La empresa se dedicaba a captar clientes mediante comidas y reuniones. No se sabe si también con el pago de comisiones, aunque en las escuchas telefónicas hay numerosas referencias a ellas. De una charla entre Daniel Ogando y un tal Luis se deduce, según los agentes, «que el alcalde de Moaña (BNG) ??suele coger cazo?? y básicamente se vende al mejor postor». Ese municipio no fue finalmente investigado. Sí hubo solicitudes judiciales de informes en el Concello de Carnota (gobernado por el PP). Allí trabaja el arquitecto que dirige la obra de la Casa da Cultura de Cee, José Carlos Leis, también imputado. En Cee, de sus conversaciones se desprende su interés en dividir partidas para que sean adjudicadas a una misma empresa sin concurso público.
Leis, sin embargo, aclaró a este medio que su interés en que la obra la hiciera una sola compañía era meramente técnico, y asegura que jamás tomó parte en ninguna mesa de contratación, por lo que no pudo haber participado en la decisión final.
Sí hay una conversación de Miguel Ángel Rodríguez López de la Llave, aparejador de Ogando, en la que se habla de determinada contratación en Carnota, donde Leis sí toma decisiones, en la que se sugiere que puede «tomar partido». Sin embargo, ese extremo no se ha probado y el Ayuntamiento no fue intervenido. En otra conversación del sumario, Ogando habla de cómo conseguir una obra en Coristanco (gobierna el grupo popular), apuntando que en ese caso «hai que tocar ao xefe», refiriéndose, según los investigadores, al alcalde. Ese Ayuntamiento tampoco fue finalmente investigado.
Además de las adjudicaciones, la operación Orquesta se centra en la falsificación de facturas para optar a subvenciones, algo que ocurriría en Cee. Según los instructores, «existen indicios que evidencian que en el Concello de Muxía (PSOE) sucedía algo similar». Ogando habla también de una comida a la que asisten varios técnicos y en la que supuestamente estaría el alcalde de Vimianzo. «Estarán con algunha obra tongo», dice el empresario a su interlocutor.
Hay conversaciones intervenidas también entre el mismo Ogando y un concejal de Corcubión (concello en el que gobierna el PSOE) en las que el constructor le dice que si no hay ninguna obra a la que acceder, dejará de hacer el mantenimiento de unos jardines. «Pois non sei, home, abandonalos está ben, pero tanto, polo menos cortarlles un pouco a herba, ¿entendes? Repartir o chollo e ver no futuro se hai algunha obra para compensar», le dice el edil.
Existe, además, constancia de varias comidas organizadas y pagadas por los Ogando, interesados en que a sus comensales «non lles falte de nada» y a las que invitaron a un buen número de políticos y técnicos. Las invitaciones se cursaron a los ayuntamientos de Fisterra, Cee, Muxía, Noia, Lousame, Corcubión, Porto do Son, Brión y Ordes. A esa misma comida, en un restaurante de Sardiñeiro, fueron convocados también un arquitecto de la Consellería de Educación así como una alto cargo provincial de ese organismo, que finalmente no asistió. Sí lo hicieron muchos ediles y alcaldes.
Ogando padre y Ogando hijo mantienen una conversación en la que hablan de la posibilidad de que la pareja del hijo trabaje para la empresa. «Pero date conta ti que fagamos algunha cousa así, cousas secretas non as ten que saber nin a muller de verdade, porque as mulleres sempre se van da lingua, ¿entendes?», le dice el padre.
* La Voz de Galicia - 13.04.11
Foto: Moaña (Pontevedra), urbanización - lavozdegalicia.es
.................................... Leer más...
MÁLAGAHOY* : La abogada Montserrat Corulla que se encargaba de gestionar los negocios hoteleros de Juan Antonio Roca intentó ocultar tres cajas con documentación minutos antes de que la Policía irrumpiera en sus oficinas y la detuviera. Así al menos lo explicó ayer un agente de la unidad de blanqueo (UDEF-Bla) de la Comisaría General de Madrid durante su declaración como testigo en el juicio por el caso Malaya. El policía indicó que los teléfonos de Corulla estaban pinchados lo que les permitió escuchar cómo ordenaba durante una conversación telefónica con su secretaria, la procesada Úrsula Quinzano, que entregara tres cajas con papeles al portero de la finca, presumiblemente con la intención de evitar que fuesen intervenidos por la Policía. Estas instrucciones, de acuerdo con la declaración del agente, precipitaron la actuación policial en las oficinas de la abogada y administradora de sociedades de Juan Antonio Roca.
No obstante, a preguntas del abogado de la defensa el policía admitió que él no pudo oír esas instrucciones de Corulla a su secretaria, fundamentalmente porque no se ocupaba de escuchar los teléfonos intervenidos y que esa explicación se la proporcionó otro investigador. El letrado, no obstante, se apresuró a precisar que en ninguna de las conversaciones telefónicas que forman en las actuaciones figura esta charla entre la abogada y Úrsula Quinzano.
Montserrat Corulla durante su declaración en esta fase del juicio por el caso Malaya, referida a delitos de blanqueo de capitales, negó que hubiera dado instrucciones de ningún tipo en relación con las cajas de documentos. Según su versión, Roca le había encargado a Úrsula Quinzano que realizara unas copias de ese material y la secretaria había aceptado con el objetivo de ganar algún dinero extra sin que ella estuviera al tanto ni de los pormenores ni del contenido de esos documentos.
El juicio continúa mañana con la declaración de otros policías que participaron en las decenas de registros y detenciones que se practicaron en Malaya.
* Málaga Hoy - 13.04.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio con Benavente, Corulla y Hachuel - malagahoy
.................................... Leer más...
