Crítica unánime a la pasividad de los fiscales ante los delitos urbanísticos

DIARIOMONTAÑÉS* : Las críticas al papel de los fiscales en la persecución de los delitos urbanísticos; las limitaciones del Derecho Penal como 'muro' de contención de los desmanes cometidos; el riesgo que supone que la mayor parte de las competencias residan en las administraciones municipales y la necesidad de que un pacto de estado permita «esclarecer los conceptos jurídicos y clarificar las reglas urbanísticas» españolas fueron algunas de las ideas en torno a las cuales giraron, ayer, los debates de la sesión de clausura de las jornadas 'Encuentros frente al mar: el acoso al territorio', celebradas en la Universidad de Cantabria con la presencia de medio centenar de expertos en Derecho Penal y Administrativo, en su mayoría titulares de cátedras en varias universidades. Sobre el papel de los fiscales y sobre las limitaciones del Derecho Penal se dijeron algunas cosas. «Somos plenamente conscientes de que la vía penal no va a solventar los problemas del urbanismo»», aseguró Gonzalo Canales, presidente de Arca. «Ir al fiscal es ir a chocar con la clase política», porque «al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno de la Nación» y «la independencia de la Fiscalía está cuestionada». «Pretender dejar en manos de la Fiscalía casi en exclusiva la acusación constituye un grave error», añadió Javier Álvarez, que, además de profesor universitario y director académico del seminario, es miembro de Arca.

Esta situación -la presencia en los debates de la parte demandante en la mayoría de las sentencias de derribo dictadas en Cantabria y la ausencia de los afectados-, provocó una crítica pública por parte de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), quien acusó a la Universidad de Cantabria de «trato discriminatorio» y de tratarles como «testigos molestos» o «mendigos en un barrio bien», que «molestan».
Pacto de Estado
Sobre el papel de los fiscales y sobre las limitaciones del Derecho Penal hubo otras opiniones, como la de Ana Sánchez Lamelas, directora general de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, quien reconoció que, en un tema como los delitos urbanísticos, en donde las cosas «no son ni blancas ni negras», el Derecho Penal «va a entrar sólo en lo que es negro-negro».
Más optimista fue la visión de Fermín Morales Prats, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, que consideró que «el Código Penal ha hecho hasta cierto punto los deberes».
«Ahora, hace falta una reflexión para esclarecer el concepto jurídico, la creación de reglas... Y ahora es el momento histórico para hacerlo, porque el mercado inmobiliario está muerto». Morales Prats, una de las 'estrellas' del seminario, defendió un 'pacto de estado' para abordar las cuestiones relacionadas con los desmanes urbanísticos.
A su juicio, este acuerdo nacional pasaría por rescatar de manos de los ayuntamientos las competencias de los ayuntamientos -algo que ya se propuso la víspera por otros expertos- y clarificar los procedimientos, eliminando figuras como la del convenio urbanístico, que calificó de «artefacto» donde «todo es posible».
Mecanismos de control
«Mientras no se resuelva el tema de la financiación municipal, la mayor parte del problema va a seguir estando», añadió en esta misma línea el profesor Jordi Jaria, de la Universitat Rovira i Virgili.


* El Diario Montañés - 15.04.11