Cómo vivir sin ladrillos y sin hipoteca

ELPAÍS/Reportaje* : Imagínese las próximas vacaciones de verano. Primero, decidir el sitio; luego la casa o el hotel y, además, hacer la reserva con antelación. A la hora de fantasear con la futura casa suele ser inevitable pensar en unas cuantas paredes, ventanas... y en la hipoteca. La exposición Efímeras alternativas habitables rechaza estos esquemas tan poco flexibles y parte de una idea sugerente y optimista: existen otras maneras de construir (con cartón, con plástico), otras propuestas de viviendas (fáciles y rápidas de hacer, desmontables y baratas) y otras filosofías de vida. O sea, otros mundos después del ladrillo y la deuda con el banco. Esta exposición, que da a conocer los grandes ejemplos de esta arquitectura, supone una de las pocas veces, por no decir la única, que se cataloga la obra efímera, a la que incluso los propios profesionales han prestado poca atención. A pesar de que no surgió precisamente ayer. Parte de postulados (la ecología, sostenibilidad, atención al paisaje) que ya se debatían hace 80 años: fueron las reivindicaciones del movimiento moderno de finales de los veinte y principios de los treinta. Luego la idea de una vivienda asequible recibió un impulso -obligado- tras las cenizas de la II Guerra Mundial, que exigía casas para todos, y su proceso se industrializó.

La idea de esta muestra, a la que también se puede acceder en www.efimeras.com, partió de Carmen Blasco, la comisaria y profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y la ha montado con el grupo de alumnos con el que investiga. Cada una de las seis salas de exposición responde a un apartado. En Hazlo tu mismo está la Tenda rosa (1974- 1975), del arquitecto italiano Franco Raggi, una especie de templo romano de tela que quiere reflejar la estabilidad de lo sagrado y lo provisional de la residencia del nómada contemporáneo. Las Casas de cartón (1969), diseñadas para durar tres meses y ser quemadas tras las vacaciones, de Guy Rottier. O la Ciudad instantánea, en Ibiza, que el impulsor de la arquitectura hippie, José Miguel Prada Pool, construyó para el Congreso Internacional de diseño ADI-FAD en 1971.

Bajo el epígrafe de Emergencia, se encuentran dos llamativos proyectos: Casas de cartón, Paper Log House (1995), de Shigeru Ban, que se hicieron tras los terremotos de Kobe (Japón), Turquía e India. Son autoconstruidas, con cajas de refrescos llenas de arena como cimentación y paredes de tubos de cartón. No superan los 2.000 dólares (1.500 euros). Sirvieron de vivienda para los damnificados durante seis meses hasta que les construyeron las suyas. El otro proyecto es el Pink proyect (2008) o ciudad virtual de la esperanza, levantado en Nueva Orleans tras el Katrina y que es parte del proyecto solidario de Brad Pitt. Ha estado en la Bienal de Venecia y ahora llega a España.

La exposición, en la que han participado otros arquitectos como Juan Herreros, Alejandro Zaera, Ecosistema Urbano o Ángel Borrego, también echa mano de los recursos audiovisuales. El alumno José Díez del Corral ha ingeniado una mesa de cristal donde se pueden destripar todos estos proyectos... ¿utópicos? "En absoluto", responde la comisaria. "Ikea, empresas de ropa y la industria del automóvil ya se ha lanzado a hacer las cosas más sencillas y asequibles a todo el mundo".

* Efímeras alternativas habitables. Hasta el 29 de mayo en La Arquería de Nuevos Ministerios.


* El País - 23.02.11
Foto: Tree Tent' (1998), proyecto de gran éxito de Dré Wapenaar, una caseta transportable concebida para apoyar acciones ecologistas.- elpais


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Medio Ambiente impide la ampliación del puerto de Tarifa

DIARIODECÁDIZ* : Las causas del rechazo no se conocerán hasta su próxima publicación en el BOE. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha emitido una resolución desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de ampliación del puerto de Tarifa. Una noticia que ha traído frustración a técnicos, estudiosos, a quienes veían en este relleno portuario una fuente de empleo y al presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Manuel Morón, que dejará en manos del consejo de administración de la entidad la decisión de abandonar un proyecto en el que llevan trabajando desde 2004 y que ya sufrió grandes modificaciones para minimizar el impacto ambiental sobre las mareas y la Isla de las Palomas.

El presidente contó ayer la noticia a la prensa local, aunque el máximo representante del Organismo Público Puertos del Estado, Fernando González Laxe, se la comunicó el pasado lunes en Madrid. "Es una resolución que acatamos pero no compartimos", declaró Morón, que explicó que en su experiencia en la Autoridad Portuaria no conoce proyecto que se haya realizado con "tantísimos estudios" como éste. Han sido un total de 26, en los que han participado las universidades de Cádiz, Málaga y Sevilla, "y ninguno de los estudios concluye con que el proyecto no sea viable". El presidente de la APBA se refirió a felicitaciones de científicos participantes en estos estudios por la innovación en el planteamiento del dique de abrigo, curvo y permeable, que permitía la navegación segura dentro de la dársena comercial y la renovación de las aguas a la Isla de Las Palomas. Además, recordó que el Centro de Estudios de Puertos y Costas (Cepyc) verificó con un modelo reducido recientemente la operatividad del diseño.

El MARM ha rechazado así las 22 hectáreas de relleno y las 14 de dársena con cuatro atraques de fast-ferries y otras de cruceros que, según el estudio de la Universidad de Cádiz podría haber creado en 2015 unos 2.652, entre directos, indirectos e inducidos. Un proyecto que queda en el aire y que surgía ante el incremento de tráfico de pasajeros. Morón manifestó ayer, además, que de octubre a enero, fechas fuera de la conocida Operación Paso del Estrecho, el tráfico de pasajeros desde Tarifa ha crecido un 17% y el de vehículos, un 15%. Datos que ensalzan a Tarifa como el tercer puerto peninsular de España en tráfico de viajeros, y el segundo en cuanto al transporte de vehículos en régimen de pasaje y que se alejan de las acusaciones que hablaban de un puerto nuevo para unas semanas al año.

Las causas por las que el MARM ha decidido rechazar el proyecto se conocerán cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Antes, el presidente agradeció el apoyo de los ciudadanos que se mostraron a favor del proyecto, así como a las instituciones, palabras que suenan a abandono del proyecto. "No se nos ocurren qué más estudios hacer. Pero no quisiera tomar una decisión personal sobre la continuidad del proyecto. Lo que he comentado con la Junta de Andalucía y con Puertos del Estado es que vamos a someter la situación a la consideración de nuestro consejo de administración, donde están representadas las dos administraciones y ahí se adoptará la decisión que convenga", declaró Morón.



* Diario de Cádiz - 23.02.11
Foto: Tarifa (Cádiz), aérea - diariodelviajero

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Un juez plantea la inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias por generar "exclusión social"

COTIZALIA/Barcelona* : Un juez de Sabadell ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) la normativa actual sobre desahucios y ejecución de las hipotecas por considerar que perjudica a los ciudadanos embargados al vulnerar la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda, según el auto al que tuvo acceso Europa Press. El titular del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Sabadell, Guillem Soler, pide así al TC que estudie si es necesaria una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria. El juez considera que la legislación debe adaptarse a las condiciones sociales y económicas actuales para evitar que los numerosos desahucios "generen exclusión social". Además, en el auto se pide también al TC que contemple elevar el valor de la vivienda que finalmente se quedan las entidades financieras, dado que actualmente, después de la subasta, bancos y cajas adquieren el inmueble por el 50% de su valor inicial.

Esta práctica obliga a los ciudadanos desahuciados a seguir endeudados para cubrir la diferencia entre el valor de la vivienda y el importe total de la hipoteca que firmaron. Contra el auto no cabe recurso alguno, por lo que se espera ya una resolución por parte del Tribunal Constitucional, que no cuenta con un plazo determinado para dictar sentencia. El magistrado de Sabadell considera que las cláusulas hipotecarias contienen un "intenso desequilibrio contractual" entre la entidad y el cliente, y, considera, que éstos contienen "abusos" porque "no son efectivamente negociados entre las partes sino mayoritariamente predispuestos por la entidad financiera".

El juez, además, pone en cuestión que se decrete que el ciudadano haya incumplido su obligación de pago si ello no va acompañado del contexto en que se produce el impago. "Las garantías que ofrece al ejecutado la remisión legal al juicio declarativo correspondiente son tan frágiles e insubstanciales que no permiten superar el referido juicio de proporcionalidad constitucional", concluye el magistrado. De esta forma, el TC tendrá que dirimir la contradicción creada por dos secciones de la Audiencia Provincial de Navarra, que emitieron un auto a favor de la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria y otro que concluyó lo contrario.

Por último, en un comunicado, la asociación de consumidores Adicae aplaudió esta iniciativa, que "pone de manifiesto la sensibilidad de algunos jueces con el grave problema hipotecario que atraviesa una buena parte de la sociedad española". "Se espera que sean muchos más magistrados los que se unan a este camino, en pos de una reforma justa de la legislación vigente en materia de embargos y ejecuciones hipotecarias", pidió Adicae.


* Cotizalia - EP. - 22.02.11
Foto: Tribunal Constitucional - publico

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Axarquía.- Alertan de la ‘perversa’ aplicación del urbanismo en algunos municipios

INFOAXARQUÍA/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), ha dirigido un escrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el que alerta de la “perversa” aplicación que, a su juicio, están haciendo algunos ayuntamientos andaluces del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. El presidente de Gena, Rafael Yus, ha puesto como ejemplo de esta situación al municipio de Almáchar, donde el Ayuntamiento aprobó en junio de 2010 una ordenanza municipal de disciplina urbanística, cuyo objetivo, según sospechan los ecologistas, sería aprovechar los resquicios de la normativa autonómica para legalizar, bajo la calificación de fuera de ordenación, muchas de las construcciones ilegales en suelo rústico del municipio. En un comunicado, Yus ha explicado que el contenido de esta ordenanza “se centra exclusivamente en el proceso administrativo de asimilación a la condición legal de fuera de ordenación, desentendiéndose de los restantes elementos que prevé el reglamento autonómico, tales como el sistema de sanciones y los expedientes de reposición de la legalidad urbanística”.

Así, la ordenanza se refiere de forma “muy exhaustiva” a los requisitos para poder declarar las viviendas con una antigüedad superior a cuatro años bajo el estatus de “fuera de ordenación”, pero no establece “medidas contundentes” para impedir el proceso urbanizador espontáneo en suelo rústico.

“Si, tal como suponemos, este ayuntamiento abre Expedientes de Protección de la Legalidad Urbanística (EPLU), pero finalmente las viviendas siguen en pie y los expedientes prescriben al superar los cuatro años previstos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se estaría incurriendo en un delito de prevaricación omisiva, incluido tras la reforma del Código Penal como una forma de delito contra la ordenación del territorio”, ha añadido Yus.

Gena considera que es “casi obligado” entender que existe una relación entre la “parcializada ordenanza” de disciplina urbanística del Ayuntamiento y el interés de legalizar viviendas, “a las que de manera intencionada no se les quieren aplicar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, y de este modo se les otorga el premio de su legalización, aunque sea con las limitaciones del estatus de fuera de ordenación”.

De este modo, a juicio de Gena, el Ayuntamiento “también elude la espinosa responsabilidad de dictaminar órdenes impopulares como la demolición de viviendas, posiblemente por el precio electoral que ello comportaría”.

El colectivo ha mostrado su “firme convencimiento” de que la aprobación de esta ordenanza “es una estrategia encubierta para soslayar la obligación de aplicar la disciplina urbanística desde los entes locales que, a la larga, supondrá la total reurbanización del campo, justamente en el orden inverso al efecto disuasorio con que fue concebido el reglamento autonómico”.

Del mismo modo, Yus ha indicado que esta ordenanza puede tener “un perverso efecto llamada” para futuros constructores de viviendas en suelo rústico, “a los cuales parece garantizársele la hibernación durante cuatro años de su correspondiente EPLU, para posteriormente legalizarlo mediante esta ordenanza”.

En este sentido, ha asegurado que otros ayuntamientos andaluces, como los de Marchena (Sevilla), Vejer de la Frontera y Barbate (Cádiz), e incluso el de Sevilla capital, utilizan “el mismo criterio” que Almáchar para aplicar el reglamento autonómico de disciplina urbanística, “y tenemos fundamentada inquietud de que tal estrategia se está difundiendo entre consistorios como vía de escape para las presiones urbanizadoras del campo en toda Andalucía”.

Ante lo que considera una “perversa” aplicación del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, GENA ha anunciado que recurrirá a sus servicios jurídicos “para interponer las correspondientes denuncias por presuntos delitos penales”.



* InfoAxarquía - 21.02.11
Foto: Almáchar (Málaga), vista - multimania

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¿Se cobran las sanciones urbanísticas?

FARODEVIGO* : Hace justo ahora dos años, Cangas tenía abierto un proceso de embargo por 55.000 euros, por multas por infracciones urbanísticas. Los afectados debían abonar el dinero que reclamaba el Concello en 20 días. Pero no se sabe si este proceso concluyó. Tampoco nada de las otras deudas que el exconcejal de Urbanismo Mariano Abalo había paralizado, pendientes de un informe jurídico. El Concello había remitido al ORAL 16 sanciones; una de 9.000 euros, 10 de 6.001 euros, 2 de 3.150 y de 300 euros y una de 60 euros. Hubo otras que nunca llegaron hasta el ORAL, el concejal Mariano Abalo estaba convencido de que durante el gobierno del Partido Popular que presidía José Enrique Sotelo se habían impuesto sanciones que no se corresponden con la categoría de la infracción. La propia Ley del Suelo señala que todos los expedientes que concluyen con que la infracción cometida no es legalizable es tipificada en la propia ley como grave, de ahí que la cuantía mínima sea de 6.001 euros.

El candidato a la alcaldía de Cangas por el Partido Popular, José Enrique Sotelo, exigió, en su momento, acceder a los datos relacionados con las sanciones urbanísticas que fueron remitidas al ORAL para su puesta al cobro y que se encontraban en fase de embargo. Sotelo acusó a Mariano Abalo e actuar con imparcialidad y pretendía saber porque unas sanciones urbanísticas sí se pasaron al ORAL para su cobro y otras no. Todo este conflicto quedó sepultado por los conflictos políticos y nada se sabe de todos estos embargos. Nadie arroja una luz sobre todos estos datos. La recaudación de sanciones por infracciones urbanísticas en Cangas sigue siendo una verdadera incógnita.



* Faro de Vigo - 22.02.11
Foto: Cangas (Pontevedra) - farodevigo.es


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Qué fue de la ética

JOSÉ MANUEL ATENCIA* : No tengo certeza de cuándo se produjo ese momento. El caso es que llegó un día en que la mujer del César dejó de importarnos lo que pareciera. Y la moral y la ética, esas normas de convivencia tan difíciles de definir, dejaron de tener importancia en política. De un tiempo a esta parte la mujer del César, e incluso el César, puede hacer lo que le venga en gana, ya que pocos van a censurárselo, y muchos, van a salir en su defensa. Hubo una vez una época donde un político inmerso en una polémica presentaba su dimisión para defender su honorabilidad y no poner en duda la institución a la que pertenecía con una maraña de acusaciones. Algunos de los afectados, años después, recuperaban su honor, pero casi nunca retornaban al cargo. Era el precio a pagar por la decencia personal y por la defensa de los valores democráticos, entre ellos, el de su propio partido. Había una clara línea que separaba la presunción de inocencia desde el punto de vista de la Justicia de la presunción de decencia en la política. Porque las cosas pueden ser legales y no éticas, e incluso éticas pero poco estéticas. Todas, sin embargo, provocaban una reacción de rechazo moral de los ciudadanos. Y de los políticos.

Aunque la reflexión sobre la ética viene de la antigua Grecia, no ha sido hasta hace unos años cuando se ha desarrollado una práctica en los partidos políticos que parte de una premisa intolerable: la Justicia, además de velar por la legalidad, es la única que, con sus sentencias, puede establecer la medida de la moral, de la ética e incluso de la estética. Por ello, la mujer del César ya no tiene que parecerlo, tiene que estar condenada para no serlo. Y ni tan siquiera vale una condena cualquiera. Hoy en la política, hay condenas asumibles y hasta condenas tolerables.

El día que dejó de importar lo que pareciera la mujer del César, muchos políticos establecieron una vara de medir para los suyos y otra para los demás, al igual que optaron por establecer una unidad de medida para la ética y para la estética. Desde ese instante, en cuestiones de decencia dejaron de ser lo mismo cuatro trajes que cuatro coches, los ERE que los seres, e incluso las verdades que las mentiras. Por las rendijas de esta práctica política tenemos en España a Francisco Camps, presidente de la comunidad autónoma de Valencia y autoproclamado candidato a la reelección, supeditando su ética a la lentitud de la Justicia y a la importancia de unos regalos. O a un partido político, el PSOE, que sustenta el Gobierno de Andalucía, manteniendo en sus cargos políticos a unos dirigentes que, en su etapa de miembros del Ejecutivo, no lograron descubrir una trama de falsos prejubilados pagados con dinero público que se coció en sus propios departamentos. Y eso, por ponerme en el mejor de los casos.

Por los agujeros de la estética se ha colado también, en los últimos días, el concejal de Urbanismo de Málaga que adjudicó la gestión de una piscina a dos empresarios. El primero, un amigo íntimo de su hermano. El segundo, un constructor al que le compró, a buen precio, su vehículo todoterreno. Como no hay dos sin tres, en la historia aparece otro empresario, presunto mediador del concurso, que le facilitó los trabajadores que luego hicieron unas obras de remodelación en su vivienda. El edil afectado ha hecho público los pagos que acreditan la supuesta legalidad de todo, pero no tiene un único argumento que avale la estética en nada.

Los tres casos relatados tienen un denominador común, las centurias de romanos que han salido para defender la honorabilidad del César, de la mujer del César, y de la tropa que rodea al César. Alguien me podrá reprochar que estos asuntos no son comparables. Pero entonces, ese alguien tendrá que admitir que ha aceptado medir la ética. Y que la moral y la estética han pasado a depender de la administración de Justicia.

* El País - Opinión - 22.02.11


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El tasador tasado

ELPAÍS/Reportaje* : La crisis inmobiliaria sigue dando sus coletazos. Con el desnudo de sus balances ante el Banco de España, los bancos y cajas de ahorros han admitido que una de cada cinco hipotecas concedidas a particulares tiene alto riesgo de impago. Son los créditos que dieron por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda que les sirve de garantía, ese porcentaje al que obliga la ortodoxia financiera y que las entidades se han saltado a la torera durante los años del boom inmobiliario, en la creencia de que el precio de los pisos seguiría subiendo indefinidamente. Son las subprime españolas y suman más de 100.000 millones de euros. Aunque, por ahora, solo unos 5.000 millones son calificados de dudosos por los propios bancos y cajas, la cifra podría ser mucho más elevada en el futuro. Representan casi el 18% de la cartera hipotecaria de las entidades. A la vista del riesgo, los ojos han vuelto a ponerse en las tasaciones inmobiliarias, en la sobrevaloración de unas viviendas que, según el mito no iban a bajar nunca de precio. Un mito que ha quedado desterrado en los últimos tres años, con descensos acumulados del 12%, según el Ministerio de Fomento, y superiores al 20%, con los datos de las principales sociedades de tasación.

¿Son responsables las tasadoras de haber engordado el valor de las casas para que los bancos concediesen esas hipotecas del 100% e incluso del 120% del valor de tasación?, ¿de haber admitido las presiones de sus principales clientes y, a menudo, accionistas?

Luis Leirado, presidente de la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (Atasa) y hasta esta semana vicepresidente de la tasadora líder, Tinsa, niega la mayor: "No hemos valorado ni por encima ni por debajo del mercado. Hemos sido muy escrupulosos con que las tasaciones se correspondieran con el valor del mercado. La política que han seguido las entidades bancarias es otra cosa".

"Las sociedades de tasación reflejaban los precios que había en el mercado, como ahora. Nuestros criterios de valoración no han cambiado. Nos podemos haber equivocado como los primeros...", admite Gustavo Saiz Robres, director general de Tasaciones Hipotecarias. "El sector fue muy agresivo porque los objetivos que fijaban los bancos eran estratosféricos. Los directores de las oficinas bancarias decían que el dinero era casi gratis, los promotores inmobiliarios tenían una lista de espera de entidades para financiarles... había una serie de señales que hacían que todos los actores involucrados en el proceso perdiéramos el sentido de la realidad. Y, mientras, el aumento de los precios de la vivienda tapaba todos estos errores. El resultado ha sido un daño profundo al sector financiero", afirma.

Menos políticamente correcto se muestra el director general de Sociedad de Tasación, entre las tres primeras del sector, Juan Fernández-Aceytuno, quien reconoce que hubo sobrevaloración. "Con financiación ilimitada, tipos de interés en mínimos y la renta familiar en pleno crecimiento, que son las variables que mueven el precio de la vivienda, era imposible que no hubiera sobrevaloración en el mercado inmobiliario. Pero la gente no se creyó las pocas alertas que hubo en su día sobre que los precios de las casas podían bajar, cuando no dejaban de encarecerse año tras año". La gente, continúa, confunde valor y precio y piensa que la tasación es un seguro que garantiza el valor de la vivienda durante toda la vida. Sin embargo, tiene una validez de seis meses porque el valor fluctúa, como en la Bolsa.

Otra cosa son las malas prácticas o prácticas irregulares, es decir, aquellas tasaciones que no solo estaban sobrevaloradas, como el mercado en general, sino que estaban infladas para que la caja de ahorros o banco pudiese dar una hipoteca del 100% a un cliente sin ahorro previo o para que ese préstamo cubriese las comisiones del agente inmobiliario o el intermediario financiero, o para amueblase la casa; en definitiva, para que la operación cuadrase. Que también las hubo. Como también hubo quien tasó viviendas de protección oficial como si fueran de precio libre o suelos rústicos como si fueran urbanizables.

"El sistema funcionaba con un comprador que llegaba a un banco para pedir una hipoteca sobre su vivienda; el banco le decía que el organismo supervisor pedía aportar el 20% del valor del piso con ahorro y, como el comprador no lo tenía y entonces el negocio se escapaba, el banco optaba por presionar a la tasadora para que su valoración cubriese el 100% del valor de la casa y pudiese cerrar la operación", explica José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

Para Fernández-Aceytuno, "hay tasaciones bien hechas y tasaciones mejorables. Realizadas bajo presión y sin presión. Procedentes de un canal o de otro. Las tasadoras que han inflado las viviendas en la última década han creado un efecto perverso sobre las hipotecas, pues la probabilidad de impago se multiplica por cuatro cuando el hipotecado no ha puesto dinero porque no tiene ahorro previo, ese 20% del valor de tasación que sirve de colchón por si los precios se mueven a la baja y que aconseja la prudencia financiera".

Aunque prudencia es lo único que no hubo. Y el Banco de España dejó que siguiesen estas prácticas, mientras alertaba del riesgo que entrañaba prestar dinero por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda, de que los precios de los pisos estaban sobrevalorados y de que podían bajar.

El director general de Sociedad de Tasación pide más control por parte del Banco de España, aunque, al igual que sus colegas, remarca que las tasaciones no son más que una de las referencias que usan las entidades bancarias para conceder sus hipotecas; tienen otros instrumentos internos, como los avales y los seguros, para mitigar el riesgo de impago. En definitiva, son ellas las que aprueban o no la concesión de hipotecas. Y las que tienen que aportar mayores provisiones para cubrir los préstamos que superan el 80% del valor de tasación.

"Las responsables de este tipo de operaciones hemos sido las entidades financieras. No fue más que un intento, en medio de una economía que prometía, de dar entrada a los jóvenes en el mercado hipotecario. Había financiación más que suficiente para compensar su falta de ahorro previo. Y, si tienes un comprador en la puerta, no le puedes decir que no. Todos descontamos un escenario económico positivo que no se ha cumplido, calculamos mal y hemos pagado el error con una caída brusca", reconoce el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González. Por primera vez desde que en 1992 comenzaron las estadísticas hipotecarias, el año pasado el saldo vivo de las hipotecas cayó en unos 25.000 millones de euros, explica.

Sin embargo, recalca que, "aunque el nivel de paro nos ha dejado con una cartera que tenemos que recomponer, lo cierto es que la morosidad de las familias es realmente baja, del 2,58%, gracias a la especialización en los sistemas de cobro de las entidades y a que los particulares no quieren perder sus pisos. Ello demuestra la solvencia de bancos y cajas".

Las entidades financieras han sido los principales actores de las hipotecas de alto riesgo, señala Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Irea. Las tasadoras y las agencias inmobiliarias han sido sus cooperadores necesarios. Pero también tiene responsabilidad el Banco de España, que solo ha regulado a la mitad del sector, las tasadoras hipotecarias, y ha permitido prácticas que atentan contra la competencia, como que los bancos participen en el capital de las sociedades de valoración y que les cobren comisiones de peaje del 10% anual por facilitarles los clientes.

Y no solo ellos. También las promotoras inmobiliarias, las consultoras y los propios particulares que compraron casas para venderlas sin escriturar cuando su precio había subido un 20%... "Fue una histeria colectiva alimentada por el sector financiero, que ha creado dinero de forma ficticia y con él una hiperinflación de la vivienda y el suelo", asegura Echavarren.

José García Montalvo alerta otra vez sobre las tasaciones, pero en esta ocasión sobre las presentadas al Banco de España por las cajas de ahorros y los bancos. "Hoy más del 17% de todas las hipotecas concedidas está por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda. Pero este porcentaje podría dispararse más si los bancos reconociesen el valor real de los inmuebles; no el valor hinchado. Hay que saber cuándo ha actualizado la banca estos valores, ya que la normativa del Banco de España no es clara. Y cada entidad los está actualizando como quiere. Hay muchas operaciones históricas que no se han cambiado". A su juicio, el inversor que las cajas de ahorros quieren conseguir para la reestructuración del sector no entrará en el capital de las entidades si no sabe "cuándo se han dado los créditos y a qué valor", advierte.

Además, hay que tener en cuenta que la digestión de las hipotecas de alto riesgo no es más que una pequeña parte de la digestión del boom inmobiliario. Los créditos a particulares serán la parte más suave, mantiene el consejero delegado de Irea, a quien le preocupan mucho más los préstamos al promotor y las hipotecas que tienen como garantía suelos, al igual que al profesor de la Pompeu Fabra, ya que se trata de productos mucho menos líquidos.

Todavía no ha llegado el final. Aunque está claro que, como en el cuento de la lechera, el cántaro se ha roto por la codicia de promotoras, entidades financieras, intermediarios, particulares y todos aquellos que quisieron beneficiarse del constante incremento de las casas sin medir con prudencia los riesgos que comportaba; lo cierto es que aún quedan coletazos de la crisis inmobiliaria.
Negocios que son la sombra de sí mismos

Ni sombra del que fue. Así es como ha dejado la crisis inmobiliaria a su propio sector y a aquellos negocios que giraban a su alrededor, como el hipotecario o el tasador. Si en los ocho primeros años de la década de los 2000 se vendían anualmente en España cerca de un millón de viviendas, se construían unas 600.000 y sus precios escalaban a ritmos frenéticos hasta triplicarse; hoy las estadísticas reflejan los efectos del tsunami: se edifican poco más de 100.000 pisos, se venden 400.000 y sus precios bajan entre el 3% y el 6% anual.

Y lo mismo ocurre con las hipotecas y las tasaciones. Bancos y cajas veían cómo los saldos vivos hipotecarios aumentaban a porcentajes superiores al 20%, entre 150.000 y 180.000 millones de euros al año, según el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, mientras que ahora decrecen en torno a 25.000 millones de euros. Y las sociedades de valoración, que realizaban en torno a dos millones de tasaciones al año y facturaban unos 600 millones de euros anuales, actualmente hacen un millón de informes e ingresan 378 millones de euros. En el sector se cree que buena parte de las 54 sociedades existentes están en pérdidas. Igual que en el bancario se dice que las hipotecas ya no son demasiado rentables. "Los márgenes se han estrechado porque la financiación se ha vuelto muy complicada y las hipotecas están más caras", admite González.

"El grueso del negocio actual son las valoraciones de los activos adjudicados, daciones en pago y renegociaciones de créditos", mantiene el presidente de Atasa, Luis Leirado. Este espera, como el resto de sus colegas consultados, que el número de sociedades que operan bajo la regulación del Banco de España se reduzca. "El sector sufrió concentración en la crisis de los noventa, cuando había unas 175 empresas. Ahora se puede producir un efecto similar", vaticina.

"El sector financiero está cambiando y eso hará cambiar a las sociedades de tasación", dice Gustavo Saiz Robres, director general de Tasaciones Inmobiliarias. Su homólogo en Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, considera que estos movimientos pueden llevar al sector tasador hacia la independencia de las entidades bancarias. El primer ejemplo lo ha dado Tinsa, la compañía más grande, que a finales del pasado año fue comprada a las principales cajas de ahorros por parte del fondo de capital riesgo Advent.


* El País - 22.02.11
Foto: El mito de que el precio de las viviendas no iba a caer nunca quedó brutalmente desmentido por la crisis económica - elpais

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Torremolinos.- "Sacrificar perros era una rutina"

PÚBLICO/Málaga* : La organización contra el maltrato animal El Refugio se ha personado hoy como acusación popular en el Juzgado de Instrucción nº5 de Torremolinos (Málaga) por el caso del albergue Parque Animal, cuyos responsables fueron detenidos acusados de maltrato animal. Según ha informado hoy la asociación en un comunicado, el Seprona ha realizado un trabajo de investigación "impecable y muy meticuloso" y ha destacado que sea "la primera vez en España que se detiene e imputa por maltrato animal a la presidenta de una asociación protectora de animales". El colectivo ha denunciado que el Ayuntamiento de Torremolinos tardara "más de tres meses" en clausurar "y de forma temporal" el albergue, "un lugar terrorífico donde sacrificar perros y gatos era una rutina" y anuncia que pondrá todos sus medios legales "para que los presuntos autores sean castigados". Según la Guardia Civil, a los dos responsables de la protectora, detenidos el pasado 12 de noviembre, se les imputó el delito de maltrato animal por sacrificar "de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada" hasta 2.230 animales aplicando bajas dosis de medicamento letal, lo que producía una muerte lenta.

Otros cuatro delitos

A la directora de la protectora se le imputaron cuatro delitos más, entre ellos intrusismo profesional, al inyectar a los animales un producto eutanásico sin título para ello, y apropiación indebida, por no devolver en el plazo de permanencia legal animales entregados en su centro para su posterior adopción.

El Ayuntamiento de Torremolinos suspendió temporalmente el contrato a Parque Animal, anunció el precinto de sus instalaciones por seis meses, impuso una multa de 15.000 euros y adjudicó el servicio a IVC Paraíso Residencial Canina, ubicada en Alhaurín de la Torre (Málaga), donde aseguró que fueron trasladados los animales. Por su parte, Parque Animal pidió respeto a la presunción de inocencia y aseguró que "demostrará ante la Justicia que siempre ha actuado con arreglo a la legalidad" y que "el dato de animales sacrificados que se ha hecho público no se corresponde con la realidad".


* Público - 22.02.11
Foto: Animales sacrificados, inspeccionados por un agente del Seprona - publico

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El Obispado lucense lleva ante el juez a 53 feligreses por una finca

ELPAÍS* : El conflicto entre el Obispado de Lugo y los vecinos de Ribadulla, en el municipio coruñés de Santiso, por la propiedad de los terrenos que los parroquianos utilizan para la fiesta y otros eventos, llegará este jueves, en forma de demanda civil, al juzgado de Arzúa (A Coruña). El Obispado no ha cedido en la reivindicación de la propiedad y los vecinos insisten en ser los titulares del terreno de 2.400 metros cuadrados. El jueves acudirán como demandados por el Obispado 53 vecinos de Ribadulla, la práctica totalidad de los habitantes, además de 10 testigos por la parte vecinal y cuatro propuestos por la parte demandante. Tampoco faltarán pruebas periciales, una de ellas caligráfica y otra elaborada por un perito agrícola. El conflicto se remonta a hace más de dos años, cuando los feligreses abortaron un intento de venta por parte del Obispado de la casa rectoral, que también incluía el campo de la fiesta que está justo enfrente.

Una escritura desconocida

La oposición vecinal y el miedo que esgrimió el párroco de entonces llevó al prelado de la diócesis, Alfonso Carrasco Rouco, a dejarlos sin misa y cerrar el templo durante una temporada. El Obispado reclama la titularidad de la finca exhibiendo una escritura, hasta ahora desconocida para los vecinos, del año 1967, cuando esta parroquia quedó parcialmente inundada por el embalse de Portodemouros. Esta prueba la rebaten los residentes en Ribadulla con documentación catastral a su nombre y una escritura pública donde se recoge la venta del campo que realizaron habitantes de la parroquia a la asociación de vecinos.

Ribadulla tiene poco más de 30 casas habitadas y la Iglesia ha demandado a la práctica totalidad de los residentes. En uno de los casos, serán los ocho integrantes de una familia los que tendrán que pasar el jueves por el juzgado. El celo del Obispado lucense lo llevó a incluir en la denuncia a los herederos de una persona fallecida, aunque posteriormente tuvo que excluirlos, ya que la muerte del demandado se produjo antes de la firma de compraventa del terreno en litigio.



* El País - 22.02.11
Foto: Ribadulla (Lugo), el obispo dejó sin misa - secuoyas

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La presión vecinal dispara las denuncias por obras en Alicante

ELPAÍS* : La detección de infracciones se ha disparado en Alicante en los últimos años. El aumento de las denuncias ciudadanas, principalmente, pero también el mayor control consecuencia de distintos cambios normativos están llevando a los despachos de la Gerencia de Urbanismo una cifra desconocida hasta la fecha de expedientes de denuncia en distintas áreas. Solo en obras, por ejemplo, los expedientes de denuncia han crecido en casi un 21% entre 2008, cuando se sumaron 350, y el año pasado, ejercicio en el que se alcanzaron 423, según datos oficiales. Los expedientes de denuncia se abren a raíz de un acta policial o, lo más habitual, tras una denuncia ciudadana. Son previos, en cualquier caso, a una sanción o a la legalización de una obra. Las infracciones se corresponden principalmente con pequeñas obras y el origen de las denuncias son sobre todo los ruidos o conflictos vecinales que se generan, apuntan fuentes de Urbanismo.

Las sanciones más habituales, mientras, se aplican a obras de más envergadura y que persiguen un beneficio económico, como podría ser cerramientos de áticos por parte de empresas constructoras.

Pero las sanciones son pocas, y de escasa cuantía en líneas generales (ya que se obliga a pagar entre el 2% y el 6% del valor de una obra casi siempre menor), y las fuentes consultadas subrayan que el objetivo de la inspección no es recaudador, sino que lo que se pretende es corregir las irregularidades para legalizar la obra.

Las denuncias vecinales son también el origen de la mayor parte de expedientes de denuncia de actividades, principalmente derivados de negocios profesionales. Las infracciones denunciadas se han duplicado ampliamente en cuatro años. En 2007 se registraron 204 expedientes de denuncia y el año pasado esta cifra alcanzó los 484. Molestias por ruido, olores o humos son los problemas más comunes con la actividad de negocios y los que suman más denuncias, tanto por una mayor sensibilidad del público como por un incremento de la actividad inspectora. Las actividades de espectáculos y recreativas, sobre todo las hosteleras, son las que dan lugar a la mayoría de denuncias en Alicante. Y el año pasado 151 de estas denuncias se acabaron traduciendo en resoluciones municipales (que ordenan una medida), frente a las 126 de un año antes.

En materia de ruido, en 2009 y a raíz de diversas protestas vecinales en el casco antiguo de Alicante, el Ayuntamiento reforzó las inspecciones en los bares de la zona de ocio más concurrida, aunque endureció la política sobre esta actividad en toda la ciudad. Solo hasta marzo se tramitaron tantas denuncias por ruido como en todo 2008.

Además, un cambio en la ordenanza sirvió desde la segunda mitad de 2008 como detonante de lo que se ha convertido casi en una cruzada contra las vallas ilegales. Alicante está repleta de vallas que se han ido instalando en distintos puntos y que en un 99% carecen de licencia y son, además, muy difíciles de legalizar, explican fuentes policiales encargadas del área. Solo en un tramo de poco más de tres kilómetros en la avenida de Dénia, por ejemplo, se han retirado 144 vallas y nueve monopostes. En este caso, la actuación de la Administración es de oficio.

La inspección y retirada de vallas se ha centrado, de momento, en las entradas a Alicante y en puntos estratégicos como la rotonda del hospital General, Padre Esplá o la playa de San Juan. Y la intención es terminar con las vallas ilegales, en manos de una docena de empresas de publicidad. En 2010 se abrieron 188 expedientes sancionadores y se calcula que este año la cifra se elevará hasta los 600. Las inspecciones elevaron las multas desde los 77.413 euros de 2009 a 214.000 euros el año pasado.
Infracciones a las ordenanzas locales

- Obras: El número de expedientes ha aumentado un 21% entre 2008, con 350 posibles infracciones, y 2010, cuando se abrieron 423.

- Actividades de ocio y otros negocios: Las denuncias se han duplicado en cuatro años y han pasado de 204 expedientes en 2007 a 484 el año pasado. Las molestias por ruidos, olores o humos de locales son la queja más común. El año pasado 151 de esas denuncias acabaron en una resolución municipal con medidas contra los infractores, frente a 126 del ejercicio anterior.

- Ruidos: Las protestas vecinales han propiciado un mayor control en las zonas de ocio. Entre enero y marzo de 2010 se tramitaron tantas denuncias como en todo 2008.

- Vallas ilegales: Un cambio de ordenanza en 2008 ha servido para retirar parte de las vallas ilegales. En 2010 se abrieron 188 expedientes de sanción y este año se calcula que serán 600.



* El País - 21.02.11
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es

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Llanes.- El urbanismo local, un mar de dudas

LNE/Asturias* : La reciente anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes ha dejado tras de sí un mar de dudas. Las autoridades municipales han insistido en que no habrá derribos y en que el urbanismo local volverá a su cauce con las normas provisionales que el Gobierno del Principado ha prometido aprobar antes de tres meses. En contraposición a esos mensajes tranquilizadores, algunos juristas han manifestado serias dudas sobre el futuro urbanístico inmediato del concejo, e incluso sobre la posibilidad de que todo los que se ha construido en los últimos veinticinco años pueda ser legalizado con un nuevo Plan General. «No todo podrá ser legalizado», insistieron varios abogados consultados por este periódico. El asunto es sumamente complicado, porque en Llanes han sido anulados por los tribunales de justicia los tres últimos planes de urbanismo, los aprobados en 2002, 1992 y 1986. Además, el anterior, de 1976, el primero de carácter municipal, fue derogado diez años más tarde por el Gobierno del Principado. Así que Llanes carece en la actualidad de planeamiento urbanístico municipal, y sólo pueden aplicarse las leyes y normas generales, regionales y estatales.

Esta situación, única en España, genera una duda: ¿en qué situación quedan las construcciones que se han levantado en el concejo de Llanes en los últimos veinticinco años?

No hay unanimidad. De los cinco juristas con los que ha hablado LA NUEVA ESPAÑA uno ha asegurado que los planeamientos anulados por los tribunales de justicia, salvo, quizás, el de 1986, sí han estado plenamente vigentes desde su aprobación hasta su anulación definitiva por parte del Tribunal Supremo. De este modo, la mayor parte de las construcciones ejecutadas en Llanes en el último cuarto de siglo tuvo en su momento un amparo jurídico que, aunque luego se demostrara que incumplía las normas vigentes, sería «suficiente» para que «ningún juez se atreviera a ordenar derribos». Claro que este jurista habla de «la mayor parte» de las edificaciones, no de todas. La duda recae en aquellas actuaciones urbanísticas ejecutadas, por ejemplo, a menos de 200 metros de la línea costera, o en zonas en las que no se haya demostrado su condición de suelo urbano. En estos casos «sí podría haber problemas», si se denuncian las actuaciones concretas ante los tribunales.

Los otros cuatro juristas consultados hablan de un escenario mucho más problemático. A su entender, todas las construcciones realizadas en el concejo llanisco en los últimos veinticinco años están, tras la sentencia del Supremo, en situación «alegal», en una especie de «limbo» jurídico, sin un planeamiento urbanístico que las ampare.

La mayor parte de esas construcciones «alegales» podrán ser «legalizadas» cuando se apruebe un nuevo Plan General -las autoridades locales estiman que será dentro de un año, como máximo-. Pero los cuatro juristas creen que «no será posible legalizarlo todo». Los argumentos son similares a las del abogado que se oponía al término «alegal»: será imposible legalizar aquellas actuaciones urbanísticas que no puedan conseguir amparo jurídico por asuntos como la invasión de suelo protegido o de protección de Costas o la ampliación injustificada de suelos urbanos, por ejemplo.



* LNE - 22.02.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio

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Valladolid.- El juez imputa a seis funcionarios municipales por la alteración del PGOU

ELMUNDO* : Seis funcionarios de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid están imputados por el caso de la alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según confirmaron fuentes cercanas al caso. Los seis declararán a petición de la Fiscalía los próximos 16, 17, 18 y 23 de marzo ante el juez de Instrucción nº1, encargado de la investigación desde 2008, cuando el PSOE denunció los hechos. Los funcionarios encausados son técnicos de 'primera línea', la mayoría de ellos con cargos de responsabilidad en el Área de Planeamiento de la Concejalía en el momento de los hechos, como M.M.G, L.A.A. y R.N.S. Algunos habrían participado directamente en la redacción del PGOU. Se amplía así el círculo que antes sólo enmarcaba al que era concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca cuando se alteraron los más de 80 artículos y del que el fiscal jefe apuntó que había efectuado "alteraciones subrepticias solo o en compañía de otros".

Hasta ahora, García de Coca era el único imputado formal en la causa. Desde que empezó la investigación tan sólo han declarado tres personas, el exconcejal en calidad de imputado y dos trabajadores de Inzamac, la empresa encargada de la elaboración de planos y documentos municipales.

El desfile de técnicos de Urbanismo por los juzgados en calidad de encausados apunta a que las alteraciones se produjeron o bien en las dependencias municipales o bien con conocimiento de estos.
Preguntas

La investigación debería pasar por varias cuestiones. La primera es aclarar quién o quienes alteraron los artículos del Plan y por qué. La segunda es determinar qué licencias y estudios de detalle se dieron al amparo de esos artículos manipulados y la tercera es averiguar por qué el Ayuntamiento y la Consejería Fomento tramitaron el asunto como una corrección de errores ahora descartada por la Sala de lo Contencioso de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un fallo del pasado 2 de febrero y que se ha unido a la causa penal.

Mientras la investigación penal empieza a avanzar después de tres años, el Ayuntamiento no ha movido ficha. Ni siquiera después de la contundente sentencia del TSJ. En 2008 desestimó dos veces consecutivas la petición de los socialistas de una comisión de investigación para aclarar los hechos.

Ahora, con el caso de vuelta a la actualidad con esa última sentencia del TSJ, el alcalde, Javier León de la Riva, se ha despachado diciendo que abrirá la comisión "cuando el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, autorice una para el 'caso Mercasevilla'".


* El Mundo - 22.02.11
Foto: Alcalde de Valladolid - nortecastilla

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"No volverá a darse una burbuja inmobiliaria así"

JOSÉ MANUEL NAREDO /Entrevista* : Su despacho es una mezcla del espacio personal de un estadista, un crítico y un apasionado por el mundo inmobiliario. "No volverá a darse una burbuja como esta, de tan grandes proporciones", asegura José Manuel Naredo (1942), quien en su último libro repasa cómo el cambio de modelo (alquiler por compra) durante el franquismo sigue azotando a España en la actualidad.

-¿Quiénes han tenido más culpa de la burbuja: políticos o banca?
-Ambos por igual. Por una parte, el tándem banca-inmobiliarias ha organizado el negocio fomentado por los políticos que han tenido la llave a nivel local y regional. Las limitaciones presupuestarias de los ayuntamientos les han inducido a buscarse la vida para obtener financiación. Ese contexto es muy favorable a la connivencia de megaproyectos discrecionales que nacen entre bastidores al margen del sentido común de un plan urbanístico.
-¿Se ha aprendido lo suficiente de esta burbuja inmobiliaria para que no se vuelva a repetir?
-A corto plazo, más que aprender, lo que se impone es la coyuntura. Con este último boom del ladrillo, España ha pasado de ser uno de los últimos países en tasa de endeudamiento familiar a estar por encima de todos. Por tanto, cuando el ahorro de los hogares está devorado, es imposible que la burbuja se infle en poco tiempo. Hasta que se digiera todo el stock de viviendas, y se vaya amortizando y reduciendo el endeudamiento, la crisis seguirá cortando las alas a este modelo del andamio especulativo inmobiliario-financiero. Sin embargo, puede que dentro de 20 años nos hayamos olvidado de todo y vuelva a suceder.

¿Qué condiciones deben darse para evitar otro boom' del ladrillo?

Por una parte, el cambio del modelo productivo. Un aviso que la inversión extranjera ya ha mostrado trasladando el chiringuito a empresas de energía o países como Polonia o Cabo Verde. Por otra parte, tendría que haber una reorientación del parque de viviendas. Hay que tender a más fórmulas de alquileres y vivienda social.

¿La corrección del stock' es más una cuestión de tiempo o más bien de reducción de precios?

Se puede facilitar el ajuste con la bajada de precios, pero el gran problema es que la demanda está muy de capa caída por la crisis. Además, existe el gran forcejeo en los precios porque en España no hay estadísticas de precios de mercado sino de las tasadoras que trabajan para las entidades financieras, que acaban siendo juez y parte. Los precios de tasación caen la mitad que los anuncios y eso no es real porque, al final, las operaciones se acaban realizando por debajo de lo que aparece en los anuncios.

Este año se van a construir 100.000 viviendas en España. ¿Es una cifra útil para corregir el stock' o se debería llegar a construcción cero?

La cifra es consecuente con el reequilibrio que se inició en 2010 y la escasez de demanda. El gran problema es que no hay una visión política clara para dar salida a la crisis. También echo en falta una crítica ciudadana que solicitase el aprovechamiento del stock para vivienda social. Eso denota que el país está en encefalograma plano.

¿Qué salida le daría a los pisos en manos de las cajas por los impagos?

Su conversión en vivienda social. El Gobierno se lo debería haber pedido a las cajas como pago al FROB.

El Gobierno vasco tiene intención de gravar los pisos desocupados. ¿Es una fórmula para aumentar el parque de vivienda social?

Sin duda. De hecho, en otros países hay experiencias en este sentido. En Francia ni siquiera existe una ley de vivienda, sino de cohesión social que dice que es impresentable que en una zona donde hay necesidad de viviendas las haya desocupadas. Existe un impuesto creciente que llega a ser casi confiscatorio y eso engrosa el stock de vivienda social que allí tiene mucha importancia.

Ahora se construyen urbanizaciones y no ciudades. ¿Se ha cambiado la necesidad de tener una vivienda por el lujo?

Sin duda. El modelo promueve la adquisición de las viviendas como objeto de inversión y de lujo para hacer negocio con el alza del precio. Eso ha generado búnkers de ricos con todas las comodidades frente a los guetos de pobreza.

* Fuente: http://www.publico.es/dinero/362361/no-volvera-a-darse-una-burbuja-inmobiliaria-asi


* Rebelión - 22.02.11

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El principio del fin de la Ley de Costas

ELPAÍS* : La Ley de Costas está tocada, quizá herida de muerte. Puede que caiga este año o el que viene. Puede que la legislatura se agote antes de que cuajen los cambios legales en marcha que pretenden minarla. Pero eso no es lo más relevante. La ola contra la ley, aprobada en julio de 1988, la presión para mantener la ocupación del litoral es tan grande y procede de tantos frentes, que caerá más temprano que tarde. Esa es al menos la impresión de ecologistas, perjudicados por la ley y la mayoría de partidos políticos. La recopilación de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que está sometida la norma. En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utilizó la Ley de Navegación Marítima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender. La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo criticó la opacidad del trámite, pero la técnica se repitió.

En agosto llegó la Ley de Puertos, de Fomento, que suavizó las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay más: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Economía Sostenible apoyó una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesión a una refinería en dominio público. El objetivo es que la instalación de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesión caduca en 2012, siga en pie después de esa fecha. El presidente de Petronor, el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando fórmulas para eludir la Ley de Costas.

En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretaría de Estado de Vivienda, se llegó a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer más atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, según fuentes próximas a la negociación. La ley no incluirá ninguna medida en este sentido, según una portavoz de Vivienda.

El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, no parece cómodo justificando estos cambios: "Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Economía Sostenible no me parece riguroso, creo que sería mejor decir qué quieres hacer con la ley". Ríos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: "Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habrá hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien".

Ríos sostiene que no hay que exagerar la polémica: "El 94% de la aplicación de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertación. No amañamos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en función del territorio".

Los ecologistas critican que "quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar fábricas por la puerta trasera", como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.

La oposición va más allá. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho años de Gobierno del PP se aplicó la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en otoño y las perdieron por un voto en la Comisión de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consiguió los diputados suficientes para tumbarlas.

Pero el empeño no acabó. El pasado 9 de febrero, el Senado aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que definió como "ciudades navegables", en alusión a la Marina de Empuriabrava, una urbanización con puntos de amarre junto a los chalés en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicación de la ley.

El PP logró aprobar otra proposición para indemnizar a los dueños de fábricas construidas en dominio público antes de 1988. El PP, que durante años criticó la aplicación de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en sí. Según el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta "permite abrir vías claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos españoles y superar así la situación de inseguridad jurídica". Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deberán debatir y donde CiU y PP tiene más difícil conseguir una mayoría como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.

La portavoz popular en el Senado, Leticia Díaz, declaró en la tribuna: "La redacción de esta ley permite su aplicación arbitraria, porque está plagada de conceptos jurídicos indeterminados". La norma no fija una distancia para definir el dominio público, sino que utiliza conceptos geográficos como las playas, "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, marjales y esteros".

Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años, ampliables a 60, en una singular expropiación que el Tribunal Constitucional avaló en 1991. El plazo, que se veía como inalcanzable, comenzará a vencer en 2018. Los dueños ya ven próximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.

José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atrás: "Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos".

Algunos Parlamentos autonómicos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurrió al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunció con otra ley gallega pero finalmente lo desestimó al pactar con la Xunta la interpretación.

¿Por qué ahora? ¿Por qué una ley vigente durante más de 20 años recibe de repente un ataque tan directo? Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplicó con lo que él define como sentido común. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambió todo al aplicar la ley con firmeza.

Los números muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el trámite que delimita la zona pública y privada de costa- 4.659 kilómetros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kilómetros, según las cifras del PSOE. Ya está deslindado un 95% de la costa y la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.

Ríos critica que PP y CiU "intentan amañar la ley". "Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio público, un concepto prohibido en la Constitución".

La ley es, sin duda, polémica. Es difícil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando después ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas españolas están jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco años parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chalés son expropiados.

Ríos admite que ha habido problemas de inscripción de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: "Ha habido registro de propiedades en la costa, sí. Pero no solo en la costa, también en los ríos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deberíamos haber tenido". El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.

Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la polémica: "Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda España. Suponiendo que sea así, es muy poca gente frente a la mayoría del país. Algo que no justifica recortar la norma".

Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: "La ley trata de prevenir los atentados de privatización del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayoría no sale a defender lo público". WWF ganó en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la razón y anuló la decisión del Gobierno de construir un macropolígono industrial en dominio público en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.

Los defensores de la ley ven otra nube: la cesión de competencias a las autonomías. Cataluña recibió competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andalucía. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterró de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Doñana, que Costas ejecutó bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma más proteccionista posible.

Ríos defiende los traspasos: "Lo razonable es que la codecisión funcione de distinta manera pero en todas las comunidades". El director general defiende la gestión a base de pactos con alcaldes y consejeros ("no vale un concepto policial de la acción, en el que se aplica a rajatabla una política") y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: "La ley no está agotada pero ha cumplido una etapa".

El catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada discrepa: "No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es más difícil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los españoles por no hacer frente a una situación compleja".
Frentes del litoral

- Galicia. La Xunta de Galicia y el Ministerio de Medio Ambiente buscan legalizar los núcleos costeros de Marín (Pontevedra). El bipartito (PSOE-BNG) llegó a aprobar una ley contra Costas que está recurrida.

- Cataluña. CiU intenta evitar que la ley se aplique a las "ciudades navegables", como la Marina de Empuriabrava, en Girona.

- Comunidad Valenciana. La comunidad reclama competencias sobre los chiringuitos, cuya concesión se ha renovado. Una comisión mixta con el Gobierno estudiará los casos.

- Canarias. La comunidad aprobó una ley para evitar derribos como el de Cho Vito por su valor etnográfico. La ley está recurrida. Costas creará con ellos una comisión paritaria para estudiar caso a caso y dice que antes de marzo habrá traslados en Cho Vito.

- País Vasco. La Ley de Economía Sostenible permite mantener la refinería de Petronor en la marisma de Muskiz.

- Andalucía. La situación de los chiringuitos y el deslinde de Doñana enfrentaron a la Junta andaluza (PSOE) con el ministerio. El pacto de las transferencias ha acabado con la polémica.

- Cantabria. Hay 78 empresas en dominio público que han conseguido el apoyo del PP para intentar cambiar la ley. Costas busca soluciones sin cambiar la norma.



* El País - 22.02.11
Foto: La Pobla de Farnals, en el litoral de la Comunidad Valenciana.- elpais

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La juez imputa al gerente de Urbanismo por la licencia concedida en Mercasevilla

DIARIODESEVILLA* : La titular del juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla, ha imputado al gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, por la concesión de la licencia de primera ocupación a la empresa Sanma, filial de la constructora malagueña Sando. La magistrada ha dictado un auto en el que señala que la imputación de Miguel Ángel Millán y del funcionario de Urbanismo José Manuel Ferrera -aparejador adjunto al jefe de Sección del servicio de Licencias de Primera Ocupación- es procedente una vez analizados los "expedientes de licencia de edificación, de licencia de primera ocupación, la documental remitida por Sevillana-Endesa", y las declaraciones de la funcionaria de Urbanismo Emilia Barrial, que también está imputada, y del técnico Luis Gómez. Miguel Ángel Millán y José Manuel Ferrera comparecerán ante la juez el próximo 2 de marzo.

La última declaración en esta causa fue precisamente la de la subjefa del Servicio de Licencias Urbanísticas, Emilia Barrial, quien aseguró a la juez que no recibió ninguna orden del entonces gerente Manuel Marchena para que paralizase la licencia que había solicitado la inmobiliaria Larena 98, que tenía un derecho de superficie para construir unas naves y oficinas en los suelos del Mercado Central de Abastos.

La juez entiende que hubo un tratamiento distinto para la solicitud de licencias realizadas por Larena 98 y Sanma. En cuanto a esta última empresa, la instructora considera su solicitud de edificación, a pesar de que subsistían los mismos problemas por la ausencia de infraestructura eléctrica, "corrió distinta suerte que la de Larena, pues existía indiciariamente interés por parte del Ayuntamiento y por ende del gerente de Urbanismo Manuel Marchena de que dicha licencia se otorgara", según recogió entre los hechos que imputó en su día a la funcionaria Emilia Barrial.

En esta ramificación del caso Mercasevilla están imputados también el ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, que aún no ha sido citado a declarar, dos funcionarias de Urbanismo, María Victoria Bustamante y Emilia Barrial, y el ex asesor jurídico del Mercado central, el abogado Jorge Piñero. En esta causa, la más voluminosa, la juez mantiene imputadas a 15 personas, entre ellas el ex edil del PSOE y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, y el ex asesor del alcalde y del grupo socialista y ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño.

La juez investiga en esta variante del caso la presunta autoría de delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales de funcionarios públicos, entre otros.



* Diario de Sevilla - 22.02.11
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es

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El Consell se queda sin fondos para pagar la ayuda a la vivienda a 800 valencianos

LEVANTE* : La conselleria concedió el año pasado más subsidios de los previstos por el Gobierno central porque pensaba cubrir el desfase con el cupo de 2011. Tienen las ayudas concedidas pero ya no queda dinero. El Ministerio de la Vivienda ha suprimido la ayuda directa a la compra de vivienda de segunda mano para 2011 y 2012 a cambio de hacer más flexibles las condiciones para que los jóvenes accedan a una hipoteca. Sin embargo, esta medida ha supuesto que 800 valencianos se queden sin cobrar una subvención que oscila entre 5.000 y 12.000 euros, según fuentes del ministerio. El Estado ha cerrado el grifo y la Conselleria de la Vivienda no recibirá la cuantía necesaria para cubrir el desfase que se ha producido al conceder más subvenciones de las contempladas en el plan Estatal. El Gobierno central realizó un plan de vivienda y rehabilitación que reflejaba el cobro de una ayuda directa a la entrada (AEDE) para quien comprara una vivienda usada y cumpliera los requisitos. Por regla general, la concesión era de 8.000 euros para aquellos compradores con ingresos anuales inferiores a 15.975 euros. Ahora bien, si los compradores eran jóvenes, la subvención podía superar los 11.000 euros por vivienda.

La previsión era que el plan estatal fuera efectivo hasta 2012. El ministerio pagaba y las comunidades autónomas tramitaban y gestionaban las ayudas.
Sin embargo, en la Comunitat Valenciana el plan estatal de la vivienda se ha desmadrado ya que, para 2010, el ministerio de la Vivienda había pactado la financiación de 650 objetivos en materia de vivienda usada, pero en el mes de abril la Generalitat Valenciana ya había sobrepasado el cupo previsto al autorizar las ayudas a 1.260 familias. En cuatro meses, la conselleria concedió casi la misma cuantía de subvenciones que durante todo 2009 (se subvencionaron 1.320 objetivos) con la intención de drenar el excedente de vivienda usada y revitalizar el mercado.
El número de ayudas se disparó y la Generalitat solicitó al ministerio aumentar el cupo otorgado. El Gobierno cedió y las subvenciones se triplicaron hasta alcanzar las financiación para 1.850 valencianos.
Sin embargo, la Comunitat Valenciana siguió reconociendo ayudas hasta agosto confiando en poder pagar con la partida económica que el Gobierno destinase para 2011.
Según el ministerio de la Vivienda son 800 los valencianos que tienen un documento de la Generalitat Valenciana donde se les reconoce una ayuda que no podrán cobrar porque no hay dinero para ello.

Tres meses para presentar otra solicitud
El 14 de febrero la Conselleria de Vivienda publicó una orden en la que reconoce que no todo el mundo que tiene concedidas las ayudas las va a cobrar. El texto informa sobre las medidas que la Generalitat va a adoptar tras la modificación del plan estatal de la vivienda y abre un nuevo plazo para que quien esté en esta situación presente otra solicitud para acceder al préstamo convenido. Esta medida implica, sin embargo, anular el derecho a cobrar las ayudas directas a la entrada (AEDE) que ya tiene aprobada. Ahora bien, los afectados tienen tres meses de plazo para hacer el cambio ya que "si no se cumplimenta dicho trámite se producirá el archivo del expediente". La conselleria explica que debe modificar la concesión de ayudas porque el Estado no destina este año presupuesto alguno para ayudas directas a la entrada de la compra de una vivienda y acusa al ministerio de modificar un plan que fijaba los objetivos para cuatro años.


* Levante - 21.02.11
Foto: Un grupo de personas frente al edificio del PROP donde se gestionan las ayudas.- levante

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Calonge paga sus desmanes urbanísticos

ELPAÍS/Girona* : Desde su balcón, Florence Avedissian, de 40 años, ve el mar. Si baja a la calle, está en la playa. La mujer vive con sus dos hijos en Calonge (Baix Empordà), en la zona de Sant Antoni. Compró en 1999 sobre planos los dos bajos del bloque de pisos Josep i Bonaventura, en el paseo marítimo, popularmente conocido como El Queixal. Ella vive tranquila, a pesar de que el Tribunal Supremo ha ordenado derribar las cuatro últimas plantas de las ocho que tiene el edificio. Calonge, una localidad de la Costa Brava con poco más de 10.000 habitantes, acumula cuatro sentencias de demolición por infracciones urbanísticas que afectan a 60 viviendas. Además, el verano del año pasado, el Ayuntamiento ya echó abajo un complejo de 43 apartamentos, el Armona Resort, porque no cumplía con lo que dice la ley. El último revés judicial va contra El Queixal. El Supremo ratifica una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dice que el edificio tiene cuatro plantas más de las permitidas.

A simple vista, no es una construcción más escandalosa que el resto. En el paseo marítimo, el hormigón abunda. Gigantes de ocho o nueve plantas se levantan frente a la costa para servir, casi siempre, de segunda residencia. Es el urbanismo salvaje que ha deteriorado buena parte de la Costa Brava.Florence asegura que no tiene noticias del Ayuntamiento sobre el problema que amenaza su casa. "Pero les afecta a los de arriba, ¿no?", se pregunta. Ciertamente, la sentencia no pide que se derribe todo el bloque. Otra cosa es que sea posible echar abajo cuatro plantas y mantener el resto.

El concejal de Urbanismo de la localidad, Martí Fonalleras (ERC), niega la responsabilidad de su gobierno. Todos los edificios afectados se hicieron durante la alcaldía de Josep Roselló Pijoan, explica. Roselló, que fue alcalde más de 20 años (por CiU hasta 2003, independiente desde entonces), defiende que no dio un solo permiso que tuviese un informe en contra.

La batalla entre los polticos en Calonge es encarnizada. La corporación municipal, capitaneado por Jordi Soler (CiU), llegó al poder después de una moción de censura, que acabó en una declaración de transfuguismo para todo el equipo de gobierno. Por el camino ha habido querellas y una investigacin de la fiscalía.

Mientras, los propietarios ven como las casas que compraron ahora amenazan ruina. No porque estén viejas, si no porque las cosas no se hicieron como es debido. Los dos bloques del edificio bautizado como Llevant de Mar, en la avenida de Pau Casals, están pendientes de los últimos recursos que ha puesto el Consistorio. Incluso ya existe un presupuesto de derribo de 230.000 euros para los 28 apartamentos. Las persianas están bajadas, los buzones prácticamente vacíos y cubiertos de polvo. Solo en uno de los apartamentos hay signos de vida, pero nadie responde al interfono.

Lo mismo ocurre con el bloque de edificios y locales comerciales Anna I, en la avenida de la Unin, junto al mar. En este caso son 16 apartamentos, la mayoría segundas residencias, y bares. A este caso se suman las ocho viviendas en Treumal de Dalt, que no llegaron ni a venderse.

Las infracciones suelen ser en muchos casos por defectos de forma. En el Anna I se hicieron unos cambios puntuales en los terrenos a través de un mecanismo que no era el adecuado. Para levantar el Llevant se acumuló la edificabilidad de dos parcelas en una. Las casas de la zona de Treumal de Dalt superan el techo máximo de metros construidos.

El objetivo del consistorio es evitar los derribos, explica Fonalleras. Están agotando la vía judicial para intentar retardar todo lo posible el proceso y legalizar las edificaciones a posteriori en el Plan General de Ordenación Urbana. Aunque el temor de verdad es afrontar las indemnizaciones que pueden acarrear las demoliciones. El Armona Resort, en la zona del Collet, fue al suelo en 2010 y costó 134.000 euros derribarlo. Ahora los dueños piden 9,8 millones al Ayuntamiento, que tiene un presupuesto de unos 15.

"Si nos lo echasen abajo, nos pagaran, ¿no?", se pregunta Florence, desde el balcón donde da el sol. "Aunque nos darán menos de lo que nos costó...", se responde ella misma. Sus hijos la interrumpen. Alguien llama a la puerta y es la hora de comer. Se excusa y se va hacia el interior del piso con la cabeza gacha. A lo lejos, se diría que parece preocupada.



* El País - 21.02.11
Foto: Calonge (Girona), vista - masnou465

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Valencia.- Dos años con la obra parada

LEVANTE* : Las obras del nuevo estadio de Mestalla cumplen esta semana dos años de inactividad y sólo se reanudarán cuando haya recursos económicos para afrontarlas, tal y como ha reiterado el presidente del Valencia CF, Manuel Llorente. El presidente del club valenciano ha indicado que el club trabaja en la búsqueda de recursos propios para retomar las obras del estadio y ante la junta de accionistas del pasado mes de noviembre ya dijo que había sido un error iniciarlas sin un plan de financiación para afrontarlas. Cuando Llorente accedió a la presidencia del club, en junio de 2009, las obras ya llevaban cuatro meses paradas y, aunque inicialmente admitió alguna posibilidad de que éstas se reanudaran en breve, ya en la última junta de accionistas afirmó que lo harán cuando se puedan financiar. También explicó que, cuando se retomen, podrán estar concluidas en aproximadamente un año y medio.

El 25 de febrero de 2009, con Vicente Soriano como presidente del Valencia, el club admitió que las obras, en las que apenas había actividad en las semanas inmediatas, estaban paralizadas y lo iban a estar hasta que existiera liquidez para afrontar una nueva fase de su construcción.

"Esta determinación no supone un parón definitivo, sino que se trata de una decisión temporal condicionada por el elevado coste de la adquisición de determinados materiales", se informó desde el club en aquel momento, aunque las obras ya no volvieron a tener actividad.

El Valencia había iniciado los trabajos de su nuevo estadio en agosto de 2007, por lo que en estos momentos, el periodo de inactividad ya es más largo que el del año y medio en el que se trabajó en su construcción.

Originariamente, el club aspiraba a que los partidos de la Liga actual, la 2010-2011, ya se disputarán en el nuevo campo, tal y como se apuntó en el acto de presentación del nuevo estadio, celebrado en 2006 con Juan Soler como presidente del club de Mestalla.

El proyecto del actual campo de Mestalla se dio a conocer el 10 de noviembre de 2006. Soler fue el principal valedor de esta iniciativa, en la que cifró su mayor reto presidencial, y que contó con respaldos institucionales, políticos y de diferentes instancias del fútbol español.

El nuevo campo está ubicado en un solar de 90.000 metros cuadrados junto a la Avenida de las Cortes Valencianas, en la salida noroeste de la ciudad, al que el club accedió tras un acuerdo con las autoridades valencianas para una permuta de terrenos que el ayuntamiento de la ciudad aprobó a finales de 2005.

La aprobación de estas permutas provocó controversias y acciones legales por parte de la oposición municipal, cuyo recurso fue desestimado por los tribunales.

El proyecto inicial del nuevo campo preveía un aforo de 75.000 localidades, 25.000 más de los que tiene el actual campo de Mestalla. El objetivo inicial era que el nuevo campo fuera uno de los recintos de referencia a nivel mundial con calificación de estadio "cinco estrellas".

El Valencia ya ha gastado 150 millones de euros en el nuevo campo, cuyo precio inicial estaba fijado en torno a los 350, por lo que, aunque este presupuesto se va a reducir, al club le restan por invertir en la obra al menos otros 150 millones de euros.

Llorente también ha afirmado que los presupuestos de los nuevos campos del Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao rondan los doscientos millones de euros, cifras a las que considera se podía haber acercado inicialmente el Valencia a la hora de construir un campo "necesario", pero también "austero y realista".

El Valencia CF ha tenido dos campos a lo largo de sus más de noventa años de existencia, el primero el de Algirós, que el club utilizó desde 1919 hasta 1923, y el segundo el de Mestalla que se estrenó en 1923.

Este campo, tras varias remodelaciones, ha sido escenario hasta hoy de los encuentros del club, así como de partidos importantes de la selección, finales de Copa, la Copa del Mundo de 1982 y el torneo olímpico de 1992. El próximo 20 de abril acogerá la final de la Copa del Rey, la novena de este torneo que se disputa en Mestalla.



* Levante - 21.02.11
Foto: Valencia, nuevo Mestalla parado - levante

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Córdoba.- Expertos se debaten entre derribar o regularizar las casas anegadas

ABC* : Tirar o regularizar las casas anegadas. He ahí el dilema. Arquitectos y abogados especializados en urbanismo consultados por ABC no contemplan más alternativas que ésas para dar una solución definitiva a la marea de edificaciones asentadas junto al río cuando se cumple un año de la riada que asoló casi medio millar de viviendas, la mayoría ilegales. Las administraciones son conscientes de que ambas salidas acarrean un elevado coste desde el punto de vista social, económico y hasta político. De ahí que los responsables municipales y autonómicos, que se reparten las competencias legislativas y de control, opten, en general, por esperar a que escampe para pasar de puntillas por un asunto tan complejo como impopular, pese al riesgo que ello acarrea. Si ha habido dos inundaciones en apenas diez meses, nada evitará que el río vuelva a sacar sus escrituras otra vez con consecuencias aún más trágicas que hasta ahora.

Con los instrumentos que hay, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), poco (o mucho) se puede hacer, según se mire.

De esta opinión es el abogado Cecilio Valverde, quien señala que «con la normativa actual, no veo solución». En todo caso cabría modificarla para buscar un encaje para que algunas viviendas, tras realizar unas medidas preventivas y un estudio de impacto ambiental, pudieran obtener salvoconducto legal. En todo caso, Valverde sostiene que se trata de una cuestión de carácter técnico más que jurídico. Esto es, para regularizarlas habría que cambiar las normas.

El PGOU de 2001 reconoce la existencia de núcleos como La Altea, Guadalvalle o Pilar de la Vega, por citar tres parcelaciones que de modo sistemático sufren el azote del agua, pero las deja en una especie de limbo legal que les permite seguir en pie salvo que el riesgo sea extremo y adquieran la condición de inhabitables. Pero hay núcleos como Fontanar de Quintos, El Sol o Majaneque, que se han regularizado y también se vieron anegadas. El PGOU da la posibilidad a parcelas catalogadas como no reconducibles de presentar un plan de mejora del medio rural, que deben proponer y costear los propios vecinos, donde se incluirían medidas para contrarrestar las inundaciones. «Cada parcelación tiene una situación distinta, pero no hay una solución mágica», señalan fuentes técnicas del Ayuntamiento.
Informes técnicos

El precinto de las parcelas afectadas lleva aparejado otro problema: ¿quién se hace responsable de garantizar la vuelta de las familias desalojadas a sus casas a sabiendas de que el riesgo de inundaciones sigue existiendo? «Ningún técnico va a certificar la habitabilidad de la vivienda en esas condiciones», advierten las mismas fuentes.

El abogado José María Muriel, que se ha hecho cargo de casos de parcelas ilegales en la vía penal, apunta que «la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene competencias para pedir el derribo como consecuencia de un expediente disciplinario». «El problema es que se atreva a hacerlo con una elecciones de por medio y quién va a costear este tipo de obras», añade. Muriel destaca la complejidad de este asunto, que tiene «soluciones de tipo urbanístico y técnico», como la construcción de muros de contención, cuya eficacia cuando llega una riada es dispar.

Por su parte, el decano del Colegio de Arquitectos, Manuel Moreno, es partidario de soluciones drásticas ante el peligro que supone estar sometido a duras adversidades climatológicas. «Hay que distinguir —explica— entre edificaciones ilegales o legales; si el PGOU no permite construir, no se puede mantener esa situación de ilegalidad». En el caso de que sí estén en el marco legal, hay propuestas técnicas que se pueden acometer, como diques o cambios del curso del agua, que «requieren un estudio hidrológico serio». Moreno sostiene que, «aunque las viviendas ilegales se hayan dejado hacer, y en esto las administraciones tienen su parte de responsabilidad, habría que demolerlas y erradicarlas, facilitando las ayudas que se planteen desde el punto de vista social a las familias».


* ABC - 21.02.11
Foto: Córdoba, inundaciones Guadalquivir - elpais.com

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Ante la "implosión" de los Ayuntamientos españoles

GUILLERMO LAGO NÚÑEZ* : El nuevo orden internacional está basado en ciudades. En ellas reside la mayor parte de la población mundial. Frente a los vacíos poderes estatales o regionales, se alzan en el plano global las ciudades-estado (Londres, París, Singapur, Tel Aviv o Abu Dabi). No es un fenómeno nuevo, aunque sí la tendencia, aún sin confirmar, hacia ciudades con una población de entre 100.000 a 2,2 millones de habitantes (E. Glaeser, J. Kotkin) como espacio eficiente y sustentable. En este contexto, ¿tiene algún sentido la actual división territorial de la Administración Local en España? Las provincias, que se crearon por una simple circular, de noviembre de 1833, del entonces secretario de Estado de Fomento Javier de Burgos, han permanecido prácticamente inalteradas hasta hoy. Sin embargo, los municipios, desde la Constitución de Cádiz que ponía Ayuntamientos en los pueblos "que lleguen a mil almas" (artículo 310), han ido reduciendo su número. Partiendo de los 11.500 Ayuntamientos del llamado Censo de la Matrícula Catastral (1842) la reducción más drástica se produjo hasta 1857 con la extinción de 2.274 suprimiéndose entidades hasta los años ochenta del siglo XX. El advenimiento de las comunidades autónomas ha supuesto paradójicamente que se hayan creado nuevos municipios.

¿Tiene sentido que, de los 8.114 municipios españoles, 7.363 tengan menos de 10.000 habitantes? ¿Acaso son sostenibles, por ejemplo, 3.801 municipios con menos de 500 habitantes que cuentan prácticamente con las mismas competencias que uno de 100.000? A la espera de que el Tribunal de Cuentas haga público su último Informe de Fiscalización de los Sectores Públicos Autonómico y Local (2004 y 2005), sobre la base del informe de fiscalización del ejercicio 2003, lo cierto es que durante el quinquenio anterior no presentaron las cuentas 788 Ayuntamientos. Ni que decir que los que incumplen los plazos o presentan las cuentas defectuosas ascienden aproximadamente a ese número multiplicado por 10.

Un dato alarmante reflejado en el referido informe era la situación de las sociedades mercantiles del sector público local cuyo número, imitando el modelo autonómico, alcanza en esa fecha la cifra de 1.122. Las empresas locales, descontando el apoyo recibido por vía de subvenciones públicas, contaban con una rentabilidad operativa de -6,89% y una rentabilidad financiera de -17,35% . Esto es la "burbuja del servicio público" (F. Longo).

Existe un número considerable de Ayuntamientos (y de otros tipos de entidades locales) que carecen de fundamento, sin apenas capacidad siquiera para organizar sus propias fiestas locales. Su anexión con otros municipios, a través de los sistemas de integración o fusión no supone un menoscabo de la democracia, ¿acaso no pueden constituirse en entes desconcertados de la propia administración? ¿no existen mecanismos participativos a través de barrios, juntas de distritos o cualquier otro tipo de ente donde puedan debatirse los asuntos sobre la base de una democracia participativa en lugar de meramente representativa?

Para poder prestar los servicios públicos y competencias con recursos suficientes y mejorar su calidad (también de sus representantes) se pueden y deben integrar en otros unos 7.363 municipios, con poblaciones inferiores a los 10.000 habitantes (también lo deberían hacer otros de mayor población), o, en su caso, fusionar. Esta anexión debería partir de los propios Ayuntamientos que deben negociar las fórmulas que más conviene a los vecinos en la integración, o esperar que venga impuesta desde fuera. No se trata de concentrar el poder, acaso diluir equilibradamente la representación en un número razonable de electores, de individuos emancipados.

Se quiera ver o no estamos ante lo que podemos describir como una auténtica "implosión" de los Ayuntamientos españoles ya que la destructiva onda expansiva se dirige hacia su interior. Quedarán las fachadas de las casas consistoriales, los bastones de mando, los ordinales tenientes de alcalde, las variopintas delegaciones de todo tipo, los sellos, escudos e himnos. Dentro, en el interior de los Ayuntamientos, silencio, ninguna posibilidad de gestión. La cuestión se limita a saber si los partidos políticos están dispuestos a renunciar a más de dos tercios de los 66.099 concejales que nos van a representar los próximos cuatro años.

* Guillermo Lago Núñez es secretario de Administración Local con habilitación estatal


* El País - Tribuna - 21.02.11


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