Con los instrumentos que hay, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), poco (o mucho) se puede hacer, según se mire.
De esta opinión es el abogado Cecilio Valverde, quien señala que «con la normativa actual, no veo solución». En todo caso cabría modificarla para buscar un encaje para que algunas viviendas, tras realizar unas medidas preventivas y un estudio de impacto ambiental, pudieran obtener salvoconducto legal. En todo caso, Valverde sostiene que se trata de una cuestión de carácter técnico más que jurídico. Esto es, para regularizarlas habría que cambiar las normas.
El PGOU de 2001 reconoce la existencia de núcleos como La Altea, Guadalvalle o Pilar de la Vega, por citar tres parcelaciones que de modo sistemático sufren el azote del agua, pero las deja en una especie de limbo legal que les permite seguir en pie salvo que el riesgo sea extremo y adquieran la condición de inhabitables. Pero hay núcleos como Fontanar de Quintos, El Sol o Majaneque, que se han regularizado y también se vieron anegadas. El PGOU da la posibilidad a parcelas catalogadas como no reconducibles de presentar un plan de mejora del medio rural, que deben proponer y costear los propios vecinos, donde se incluirían medidas para contrarrestar las inundaciones. «Cada parcelación tiene una situación distinta, pero no hay una solución mágica», señalan fuentes técnicas del Ayuntamiento.
Informes técnicos
El precinto de las parcelas afectadas lleva aparejado otro problema: ¿quién se hace responsable de garantizar la vuelta de las familias desalojadas a sus casas a sabiendas de que el riesgo de inundaciones sigue existiendo? «Ningún técnico va a certificar la habitabilidad de la vivienda en esas condiciones», advierten las mismas fuentes.
El abogado José María Muriel, que se ha hecho cargo de casos de parcelas ilegales en la vía penal, apunta que «la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene competencias para pedir el derribo como consecuencia de un expediente disciplinario». «El problema es que se atreva a hacerlo con una elecciones de por medio y quién va a costear este tipo de obras», añade. Muriel destaca la complejidad de este asunto, que tiene «soluciones de tipo urbanístico y técnico», como la construcción de muros de contención, cuya eficacia cuando llega una riada es dispar.
Por su parte, el decano del Colegio de Arquitectos, Manuel Moreno, es partidario de soluciones drásticas ante el peligro que supone estar sometido a duras adversidades climatológicas. «Hay que distinguir —explica— entre edificaciones ilegales o legales; si el PGOU no permite construir, no se puede mantener esa situación de ilegalidad». En el caso de que sí estén en el marco legal, hay propuestas técnicas que se pueden acometer, como diques o cambios del curso del agua, que «requieren un estudio hidrológico serio». Moreno sostiene que, «aunque las viviendas ilegales se hayan dejado hacer, y en esto las administraciones tienen su parte de responsabilidad, habría que demolerlas y erradicarlas, facilitando las ayudas que se planteen desde el punto de vista social a las familias».
* ABC - 21.02.11
Foto: Córdoba, inundaciones Guadalquivir - elpais.com
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