Barcelona.- La trama de Ciutat Vella consiguió licencias ilegales para 34 edificios

ELPAÍS* : Apartamentos turísticos sin licencia, órdenes de cese de actividad incumplidas, pisos segregados sin permiso, certificados falsificados y establecimientos abiertos al público que deberían estar cerrados por deficiencias técnicas. Esas son algunas de las irregularidades que afectan a 34 edificios del distrito de Ciutat Vella que obtuvieron el beneplácito de la Administración para funcionar a cambio del supuesto pago de cantidades de dinero que alcanzaron hasta los 70.000 euros por operación.

El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona investiga esa presunta trama de corrupción y hace unos meses reclamó del Ayuntamiento que le informase de los establecimientos beneficiarios de licencias bajo sospecha y de las personas responsables de las mismas. El informe señala como responsable de muchas de esas licencias ilegales a la jefa de la Asesoría Jurídica de los Servicios Técnicos del distrito de Ciutat Vella. Se trata de Elena Ariza, imputada en esta causa, al igual que el funcionario del Ayuntamiento de Barcelona Heliodoro Lozano y el ingeniero Joaquim Quílez.

En algunas conversaciones telefónicas que aparecen en el sumario se alude a dos cargos municipales y a un ex concejal de Unió en el distrito de Ciutat Vella, pero hasta ahora no han declarado ni ante la policía ni en el juzgado. La Fiscalía, además, no tiene intención de citarlos a declarar, por el momento, ni siquiera como testigos.

Un ejemplo de ilegalidad. El edificio del número 12 de la calle de Gombau tramitó 14 expedientes. Se trata de viviendas de uso turístico que funcionaban sin licencia. El Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad y así lo certificó Ariza, pero no está documentado que se produjera.Otro ejemplo recogido en el informe. La propiedad del número 9 de la calle Comtal pidió licencia de cambio de uso para siete viviendas turísticas. Al final se concedió permiso para una sola, tras la propuesta de la abogada, que ni siquiera fue inscrita en el registro de empresas y actividades turísticas de Cataluña. En realidad, se realizó una segregación en siete pisos nuevos que el informe califica de "imposible" porque incumple la normativa. Lo mismo ocurrió en el número 13 de la calle de Canuda. Se pidió licencia para el cambio de uso de una vivienda turística y así se concedió, pero acabaron saliendo 10 pisos independientes.

Otro ejemplo ilustrativo: el dueño del hotel situado en el número 20 de la calle de Unió pidió licencia para su reforma integral, división y derribo de una planta. La licencia concedida no ampara las obras que se hicieron ni el distrito hizo nada para "restituir la legalidad urbanística alterada".

En una de las conversaciones que constan en el sumario, los papeles se invierten. Y es el consejero de distrito de Ciutat Vella, de Unió, Víctor Badia, el que hace un comentario en tono amenazador al ingeniero Quílez con relación a la construcción de un hotel. Le advierte que puede buscarle problemas en el distrito para obtener la licencia si no se aviene a lo que le plantea. Badia no está inculpado. El presidente del grupo de CiU en el Ayuntamiento, Xavier Trias, conoció esa conversación en julio porque se la explicó la edil Assumpta Escarp. Pese a que Badia le comunicó a Trias que dimitía como consejero, ayer, su nombre seguía en el pleno de Ciutat Vella. Su relevo, formalmente, no se ha realizado, señalaron fuentes de CiU.

Esa conversación, así como la referencia a otros funcionarios municipales en otras intervenciones telefónicas fue motivo de bronca en el pleno del distrito. En algunas llamadas mantenidas por Quílez y Lozano con terceras personas, aparecen los nombres del actual concejal de Comercio del PSC, Roger Pallarols -hasta mayo pasado consejero de distrito y nombrado edil tras el cese de Carles Martí- de Paco Salvador -consejero de Ciutat Vella- y Albert Dalmau, gerente del área de Seguridad. Mientras la portavoz del gobierno municipal y concejal de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, defendía la honorabilidad de aquellos y recalcaba que ninguno de esos funcionarios estaba inculpado, los partidos de la oposición se cebaban en la enésima crisis del gobierno de Jordi Hereu.

Por ejemplo, Esquerra Republicana defendió en el pleno del distrito que los consejeros nombrados en el sumario deberían ser relevados de sus funciones si hay "dudas razonables sobre su honorabilidad" -aunque no estén inculpados - "y en aras de la credibilidad política ante la ciudadanía". Trias también pidió a Hereu que tome decisiones y actúe. Y el PP exigió información. Eso sí, cada uno, por su lado. Tanto que en el pleno no fueron capaces de consensuar una posición.

Lo hicieron ante una sala repleta de vecinos que presenciaban cómo sus más directos representantes hacían todo tipo de fintas para marcar su territorio en un caso que está extendiendo la sombra de la sospecha sobre el funcionariado de Ciutat Vella. Las caras de hastío ante el argumentario político eran evidentes y una mujer abandonó la sala al grito de "sinvergüenzas, chorizos. Lo que se ha sabido es por Itziar González [la ex edil amenazada por la trama]".





* El País - 8.10.10
Foto: Ciutat Vella - Ecodiario

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Castro.- Muguruza declara hoy por la concesión «irregular» de licencias en Santa Catalina

ELDIARIOMONTAÑÉS* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, tendrá que declarar hoy ante el magistrado Luis Acayro Sánchez como imputado por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística en relación a los instrumentos urbanísticos aprobados en la Unidad de Ejecución 1.26 (en un área próxima al polideportivo Pachi Torre) y en el SUP 4 (en la zona de Santa Catalina).Esta imputación del alcalde, que se conoció a finales del mes de agosto, vino aparejada de la paralización de las obras de 51 viviendas, promovidas por Proconor junto al polideportivo Pachi Torre, y de otras 81 construidas por la empresa Azagra entre las calles Alfonso VIII y Libertad.

El juez Acayro asegura en un auto que el 24 de mayo de 2007, Fernando Muguruza otorgó la licencia para la construcción de 51 viviendas sin que «tuviese el informe jurídico que exige el artículo 4 del reglamento de disciplina urbanística que avale que se ajusta a planeamiento». El instructor dice que el alcalde no hizo caso a los cinco informes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) advirtiendo de la ilegalidad de la actuación. «Tampoco se publicó la modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incumpliendo otro trámite esencial para evitar publicidad y posibles recursos. No había informes de los servicios técnicos municipales que avalen tales actuaciones, ni informe jurídico que avale la licencia en la que se basa la promotora». Acayro también destaca el «grave perjuicio» producido al municipio o la «clara connivencia entre el alcalde, el secretario y promotores, acudiendo previamente a un notario que ha actuado, cuanto menos, con falta manifiesta de competencia».
El juez dice que «se ha impuesto la voluntad personal del alcalde sobre la legalidad urbanística reiteradamente advertida y recordada».





* El Diario Montañés - 7.10.10
Foto: Castro Urdiales, ayuntamiento - castro-urdiales.net

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Granada.- 'Cerrojazo' a las plazas públicas

GRANADAHOY* : El Ayuntamiento ha abierto la veda para el cierre de las plazas y espacios públicos. Urbanismo ha accedido a la petición de los vecinos y vallará la Plaza de la Libertad (detrás de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía). El motivo que estos alegan es que están hartos del botellón y de las 'molestias' que les genera que ese espacio sea una plaza pública y abierta. Con esta actuación se pierde la filosofía urbanística y arquitectónica de las plazas: ser lugares públicos para uso y disfrute de los vecinos. Sea la hora que sea y el día que sea.

Ahora, si más vecinos o asociaciones deciden que se tiene que cerrar su plaza para evitar 'molestias', ¿se terminarán cerrando todos los espacios públicos? Lo que está claro es que se abre el 'cerrojazo' de las plazas públicas. Un cierre, además, apoyado en la ordenanza recientemente aprobada por el Ayuntamiento de que las asociaciones de vecinos puedan vallar los espacios de dominio público.

"Estará abierta por el día y cerrada por la noche. Ya veremos cómo se establece el horario porque además hay un colegio cerca y lo lógico es que se abra y cierre con su horario", matizó ayer la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. La Junta de Gobierno Local adjudicará hoy el contrato para el cierre de la misma.

Este espacio se sumará a otros ya cerrados como los jardines del Triunfo, el parque Eras de Cristo, el Cruz de Lagos...

La actuación se suma a otro paquete de medidas de intervención y reforma en calles, plazas y distintas zonas de la ciudad. El valor total será de 1.172.000 euros con cargo al Plan Proteja.

Entre las medidas está la reforma del entorno de la Plaza de Toros. Lo que se pretende es dar tratamiento al suelo para evitar los arrastres del albero de alrededor con la lluvia, limpiar los grafitis, arreglar el mobiliario y las zonas verdes. En total, se invertirán 66.250 euros.

Otra medida es la adjudicación del proyecto de reforestación del Parque Beiro. Esto es un proyecto ambicioso que consiste en crear un gran parque (600.000 metros cuadrados) que conecte la ciudad con Víznar por la zona de El Fargue y toda la rivera del Río Beiro. El problema es que ese suelo tiene que ser urbanizable para hacer un parque y todavía no se ha hecho el cambio, por lo que los trabajos consisten en ir acondicionando el terreno para darle ese tratamiento de parque. La inversión actual será de 90.000 euros.

También merece una reseña el plan de acerado para unir la ciudad con Lancha de Cenes por la Carretera de la Sierra. En total son casi dos kilómetros y ya hay ejecutados más de uno. Ahora se avanzará 180 metros con un gasto de 150.000 euros.

La Glorieta de Arabial también se arreglará para reparar el mobiliario urbano y sustituir la acequia por unas jardineras.





* Granada Hoy - 8.10.10
Foto: La Plaza de la Libertad, detrás de la Delegación del Gobierno de la Junta. - granadahoy

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Rearmar el urbanismo

HERMINIO PICAZO* : Es triste que una tan trascendente técnica, ciencia o como quiera definirse el Urbanismo esté en boca de todos como un escenario en donde parezca sencillo que el dinero fácil cabalgue a lomos del caballo ganador de las malas artes. También es triste que, en los casos en los que urbanismo y prácticas perversas se puedan dar la mano, el objeto de los enriquecimientos ilícitos sea el territorio, un bien que por esencia es de todos. Y es particularmente triste que estas cosas tiendan además a destrozar la imagen y la reputación de zonas completas y sectores de actividad con independencia de la limpieza de muchos negocios o la rigurosidad de tantas otras decisiones, provocando que el ciudadano normal no sepa dónde termina el desarrollo razonable y donde se inicia la truculencia. Y, finalmente, es triste que debamos estar ocupados o preocupados por estos temas en unos momentos en que nuestros políticos, empresarios, agentes sociales e instituciones se deben emplear al ciento veinte por ciento en asuntos tan trascendentes como capear la crisis.

Sé que muchos —la gran mayoría— de los profesionales y gestores que se relacionan con el urbanismo abominan de las prácticas en las que nuestro futuro parece estar más pegado a los intereses personales que al colectivo.

Porque el buen urbanismo, el que se enseña en las escuelas técnicas, tiene mucho que decir hacia el presente y el futuro de unas sociedades y unos territorios que, de no reflexionar, de no intervenir inteligentemente, se nos escaparán de las manos en términos de ocupación del espacio, de movilidad, de paisaje, de impactos ambientales, de estrés, y de formas excesivamente autónomas y compartimentadas de vivir y relacionarse.

El urbanismo es una técnica absolutamente imprescindible para recuperar la cordura en la organización del espacio y para dotar a los lugares de habitación humana de un mínimo de calidad de vida. Las infraestructuras, las garantías de la dotación de los servicios básicos, los espacios de encuentro y ocio ciudadano, la movilidad, el futuro de las ciudades y los ciudadanos, dependen, en suma, de cómo se decida sobre el papel las formas en que se evolucionará sobre el terreno.

Sin buen urbanismo no habrá buenas ciudades y buenos territorios, y sin planificación sensata no será posible aplicar los márgenes razonables de desarrollo que garanticen la satisfacción de las necesidades de la gente y el respeto por los valores subyacentes del nuestra tierra.

Por eso, a despecho de coyunturas, toca formular un rearme moral del urbanismo en el que sus actores —uno a uno y en conjunto— jueguen integralmente al juego de la honradez, la trasparencia y la democracia que quizás unos cuantos —ni idea de cuántos ni de quiénes— hayan decidido abandonar.





* La Opinión de Murcia - Opinión - 8.10.10

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Roca destruyó 15 cajas con pruebas de 'Malaya' tras un chivatazo policial

ECODIARIO/Málaga* : Juan Antonio González, el jefe de la Policía Judicial, hombre de confianza del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y máximo responsables de todas las investigaciones judiciales abiertas, incluido el caso Gürtel, se encuentra entre la espada y la pared. Las agendas personales de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama Malaya, podrían acabar vinculándole con la misma. Sus iniciales aparecen en numerosas ocasiones y en el sumario se deja claro que "J.A.G. conoce la estructura policial" y, presuntamente, habría cobrado 200.000 euros de Roca a cambio de informarle de la evolución de la investigación, tal y como adelantó elEconomista el 19 de marzo de 2009.

¿Pruebas culpatorias?

El problema se agrava, según consta también en el sumario, porque Roca habría utilizado esa información para destruir algunas pruebas que le hubieran acabado inculpando. Gracias a la información recibida, el antiguo responsable del urbanismo marbellí hizo desaparecer a tiempo al menos quince cajas de documentos sobre sus sociedades, de las que nadie sabe su paradero hasta la fecha.

Las investigaciones en torno a J. A. G. siempre estuvieron envueltas en la polémica. De hecho, dos agentes encargados de la investigación presentaron su dimisión al juez que inicio la operación Malaya, Miguel Ángel Torres, por las trabas que les estaban poniendo para "desvelar" lo que había detrás del alto mando policial "que cobraba cantidades millonarias por informar a Roca".
Acusación de un abogado

Torres decidió no investigar y apartó todas las pruebas que apuntaban al jefe de la policía judicial en una pieza separada. Sin embargo, el caso puede revivir ahora porque el abogado de uno de los acusados, el empresario Rafael Gómez, más conocido como Sandokan y presunto testaferro de Roca, ha pedido ahora que se le investigue. Se trata del letrado Antonio Urdiales, para el que no cabe ninguna duda de que las siglas que aparecen en las agendas se corresponden con Juan Antonio González.

Urdiales se ha mostrado contundente ante el actual juez instructor de Malaya, Miguel Ángel Pérez: "Lo poco que tardaron en identificar a quienes aquí se sientan por sus acrónimos, y para identificar a su alto cargo policial con las iniciales J. A. G. aún no sabemos quién es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de los comisarios", aseguró.

El abogado José Cosín revela además en su libro Mafia y Corrupción que en enero de 2005 González acudió como jefe de la Policía Judicial a Marbella "con el fin de instalar una base operativa de la unidad de élite Greco, para lo que solicitó ayuda a Juan Antonio Roca, que propicio una reunión con Marisol Yagüe".





* Ecodiario - 8.10.10
Foto: Roca - ecodiario


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Una sentencia prohíbe construir el edificio judicial y un centro de salud en Ourense

20MINUTOS* : La Xunta no podrá comenzar la construcción de nuevo edifico judicial y del centro de salud de O Couto por una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de Ourense a notificar la expropiación de los terrenos a todos sus herederos. Las dos obras suman más de 20 millones de euros, 18,5 estaban y 2,7 millones, respectivamente. La sentencia del Juzgado nº2 de Ourense retrotrae el proceso expropiatorio al año 2008, momento en que "debió realizarse la primera comunicación o publicación con los datos ya corregidos" en cuanto a los titulares de los terrenos.

Tras conocerse la sentencia, la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Áurea Soto, ha comunicado que en la actualidad, y a pesar de la sentencia, "no hay ningún tipo de excusas" para que la Xunta de Galicia "deje de invertir en Ourense".

En este sentido, Áurea Soto ha explicado que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Ourense "aprobó la licencia de obra" para la construcción del edificio judicial, "lo cual es relevante porque la licencia adquiere firmeza, independientemente de lo que pueda suceder con la caída del plan general".

En cuando la sentencia, Áurea Soto ha indicado que "requiere la subsanación de un defecto de notificación en el proceso de los terrenos", porque "la sentencia dice que hay herederos sin notificar" y "no dice" que tengan que "subsanar esos errores de notificación".

Remisión de providencia

La edila de Urbanismo ha indicado que este mismo miércoles, y tras conocer la sentencia judicial, el Ayuntamiento de Ourense ha remitido un "escrito providencia" para "presentar recurso de apelación de inmediato den el TSXG" por lo que, ha añadido, "no será firme hasta que el TSXG entienda de su firmeza si es que esto es así".

Asimismo, Áurea Soto ha afirmado que, paralelamente y "para subsanar cualquier eventualidad" respecto de la notificación, "se procedió de inmediato la notificación que requiere esta sentencia" a los titulares de la parcela "que por lo vista estaban sin notificar según dice la sentencia sus herederos".

Según ha comentado, "no se generó ningún conflicto" y se pueden ejecutar las obras "cuando está previsto", porque "la situación es exactamente lo mismo". "El recurso de apelación no paraliza porque la situación es la misma", ha advertido la concejala socialista.

Áurea Soto ha indicado que la sentencia "dice que se debía haber notificado a otros cotitulares" de los terrenos, "que no habían sido notificados" en el momento de la expropiación.

En este sentido, quiso destacar que como la situación actual "puede dar por parte de algunos" a "intentar impedir la edificación del proyecto queremos dejar muy claro que no existe ningún motivo de disculpa para que no pueda ser adjudicada la obra del edificio judicial".

Áurea Soto ha señalado que ya comunicaron todo el proceso a la Secretaria Xeral de la Consellería de Presidencia y que "si hay que subsanar un error de notificación se subsanará". "El proyecto puede ejecutarse aunque se caiga el PGOM", ha sentenciado.

Proyecto paralizado por "soberbia"

Por su parte, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ourense junto al candidato a la alcaldía, Rosendo Luis Fernández, han apuntado que se trata de un "día triste, porque es una mala noticia para Ourense" y calificaron al gobierno municipal de "tribipartito" con "su alcalde a la cabeza", que no "es capaz de lograr que se cumplan las inversiones del estado" y "ahora impide que la Xunta de Galicia invierta en Ourense".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Enrique Nóvoa ha asegurado que el proyecto se encuentra "paralizado", porque el gobierno local ourensano "peca de chulería y de soberbia" y de "falta de realidad". "Este fallo judicial viene ahora por no hablar y no ser humilde en política", ha dicho.

Enrique Nóvoa ha señalado que "cuando las cosas se hacen mal y con prepotencia ocurre esto" y "las cosas no se arreglan con chulería" porque "hay que estar con los pies en el suelo, hacer valer el consenso, y hablar con la gente".

En este sentido, se ha referido a la edil de Urbanismo, Áurea Soto, de la que dijo "se cree una Premio Nobel" y le pidió que "baje un par de escalones y hable más con la gente" y "que no vaya con esa soberbia y ésa chulería", porque "sino, frenará proyectos importantes de otras administraciones en Ourense".

"sumido en una crisis"

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Ourene, Rosendo Luis Fernández, ha afirmado que esta sentencia es un "claro ejemplo" de que el gobierno local ourensano "está sumido en una crisis municipal, política e institucional permanente" mientras que "los ourensanos sufren las consecuencias de esta situación".

Rosendo Luis Fernández ha recordado que "ya se marcharon dos tenientes de alcalde y tres directores generales" y por ello, el alcalde de Ourense "está más preocupado en solucionar estas marchas y no se preocupa de los ourensanos", ha diagnosticado. "Además no atiende y no contesta ni las sugerencias del PP en esta cuestión a la que hizo caso omiso y las consecuencias son estas".

En este sentido, Fernández ha señalado que la "falta de diálogo, la prepotencia y el desconocimiento" del "tribipartito" ha posibilitado que la "mayor inversión de la Xunta con Ourense no se pueda efectuar", porque la sentencia "obliga a retrotraer el expediente al año 2008".





* 20 Minutos - EP. - 7.10.10
Foto: Ayuntamiento Ourense - fotosdegalicia.es

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Murcia.- El 'caso Umbra' destapa un pelotazo del gerente de Urbanismo

PÚBLICO* : Alberto Guerra, gerente de Urbanismo de Murcia y detenido el martes, logró en 2005 un beneficio superior a 600.000 euros gracias a la recalificación de unos terrenos que había comprado en el municipio de Ulea junto con el abogado Higinio Pérez Mateos, igualmente arrestado. Según fuentes de la investigación del caso Umbra, fue Pérez Mateos, vinculado al alcalde de Ulea (PP), quien negoció el convenio recalificatorio. Poco después de que, con la venta de esos terrenos, ambos y sus esposas obtuvieran una plusvalía conjunta superior a 1,2 millones de euros, Pérez Mateos firmó con el Ayuntamiento de Murcia (PP) uno de los seis convenios ahora investigados.

El abogado y empresario actuó en representación de las cuatro empresas que, en mayo de 2005, consiguieron que el ayuntamiento les otorgase un plus de edificabilidad cifrado en 138.813 metros cuadrados en el norte de la ciudad. A cambio, garantizaban la rehabilitación del Casino de Murcia.

Anoche, tanto Alberto Guerra como Higinio Pérez Mateos quedaron en libertad bajo fianza: de 100.000 euros en el caso del abogado y de 70.000 en el del gerente. El tercer detenido el martes, el ingeniero Renato del Noce, no irá a prisión si paga los 120.000 euros impuestos por el juez. A los tres se les atribuye un delito de cohecho (soborno). Del Noce también está vinculado al convenio del Casino. Los investigadores creen que en la rehabilitación del edificio se inflaron facturas.

En el sumario, declarado secreto por el juez de instrucción número 8 de Murcia, hay ya diez imputados, entre ellos el edil de Urbanismo, Fernando Berberana, y el presidente del Murcia, Jesús Samper. Basándose en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), quienes conocen el caso sospechan que el ayuntamiento perdonó más de 300 millones de euros a los firmantes de los seis convenios investigados. Presuntamente, el consistorio infravaloró el precio del suelo conveniado, de forma que las compensaciones exigibles a los beneficiarios de los convenios se vieron mermadas.





* Público - 7.10.10
Foto: Berberena, el martes durante el registro en Urbanismo - publico

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Jerez.- Una empresa de 'renting' deja al área de Urbanismo sin coches por los impagos

ELMUNDO* : La Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha perdido 13 coches por impago, después de que la empresa de 'renting' haya ordenado la retirada de esos vehículos que permanecen inmovilizados en un aparcamiento subterráneo. Estos vehículos están destinados a labores de inspección urbanística, de otorgamiento de licencias y de inspección de obra, en definitiva, las labores diarias de la Delegación de Urbanismo.

La deuda que mantiene el Ayuntamiento jerezano con esta empresa asciende a unos 85.000 euros, según el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, que ha reconocido que la empresa emitió un requerimiento al Consistorio hace tres meses reclamando el pago, pasados los cuales, ha decidido retirar los vehículos. "Estamos pendientes de conversaciones para ver si es posible afrontar el pago de alguna manera y poder continuar con las labores".

Crisol no ha ocultado las graves consecuencias que está teniendo en su Delegación el haberse quedado sin los coches, que se encuentran inmovilizados en un aparcamiento subterráneo del centro de la ciudad. "Las consecuencias lógicas de no poder disponer de las herramientas normales del trabajo diario".

Entre otras cosas, que los inspectores y notificadores tengan que cumplir sus obligaciones a pie, mientras que Correos tampoco certifica los avisos y notificaciones a consecuencia de la deuda del Consistorio jerezano. "Ahora mismo estamos haciendo las labores de inspección de la mejor manera posible aunque, obviamente, sin tener los vehículos se ralentizan las tareas de inspección de obra, de otorgamiento de licencias, de comprobación de proyectos. Ese tipo de tareas diarias se ven afectadas por no disponer de los vehículos que facilitan la movilidad del personal", ha subrayado el delegado de Urbanismo.

Juan Pedro Crisol, que no ha ocultado lo complicado de trabajar en estas extremas condiciones, ha manifestado que se está intentado solventar el problema de la mejor manera posible y ha justificado este hecho en la difícil situación económica de las arcas municipales. “Estamos trabajando y a ver si es posible encontrar una solución”.

Algunos trabajadores de la Delegación Municipal de Urbanismo han reconocido que en las últimas fechas llegaron a prestar servicio en los coches sin el pertinente seguro obligatorio ya que la empresa de 'renting' no los renovó debido a los impagos del Ayuntamiento. Este extremo no ha sido desmentido por el delegado de Urbanismo que reconoce que la empresa comunicó al Ayuntamiento la posibilidad de retirar los seguros.

El Ayuntamiento, ante el elevado coste, se está planteando suprimir la figura del 'renting', por lo que la solución podría pasar en un futuro por alquilar o comprar los coches.




* El Mundo - 7.10.10
Foto: Jerez - absolutjerez.com

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La Fiscalía "preocupada" por la puesta en libertad de De Noce en el caso de corrupción de Murcia

EFE* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia está "preocupada" por la puesta en libertad bajo fianza del ingeniero Renato de Noce, uno de los tres detenidos en el marco de un presunto caso de corrupción urbanística relacionado con la expansión de la zona norte de la capital murciana, han informado a EFE fuentes de este órgano judicial.El juez instructor del caso, David Castillejo, decretó ayer, tras tomar declaración a De Noce, la prisión eludible bajo fianza de 120.000 euros, frente a la solicitud del fiscal de prisión incondicional. Para la Fiscalía, existe el riesgo de que Noce se sustraiga a la acción de la Justicia, lo que el juez instructor ha descartado por tratarse de una persona con "arraigo" en Murcia.

El juez Castillejo, que ayer tomó declaración durante todo el día a los tres detenidos, también decretó la puesta en libertad bajo fianza de 70.000 euros del director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y del abogado Higinio Pérez, para quien fijó una fianza de 100.000 euros.

La Fiscalía había pedido para Guerra una fianza de 150.000 euros y para Pérez otra de 240.000.

Los tres tienen de plazo hasta mañana para presentar estas fianzas y eludir la prisión.

En relación con estas diligencias, fuentes judiciales han indicado hoy que numerosos funcionarios públicos y empresarios pasarán en las próximas semanas por el Juzgado, entre ellos personas que puedan contribuir al esclarecimiento del caso como testigos.

Las mismas fuentes no han descartado la posibilidad de que también sea citado algún cargo público.

Todo dependerá, han añadido las fuentes, de la información que se obtenga del material incautado en los registros efectuados el pasado martes, que está siendo analizado por agentes de la Guardia Civil y por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región.

Entre las personas que deberán prestar declaración ante el juez instructor como imputados se encuentran el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, que está citado para mañana, y el empresario y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, que deberá comparecer el próximo 15 de octubre.

La operación, iniciada hace año y medio a instancias del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.

Las investigaciones se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos entre 2001 y 2005 que modificaban la calificación del suelo de esta zona, entre ellos el del complejo Nueva Condomina promovido por Jesús Samper.

Con esta modificación, se incrementaba la edificabilidad del área, con lo que, en lugar de las 5.000 viviendas proyectadas en un principio, se daba luz verde a la construcción de alrededor de 25.000.




* EFE - 7.10.10
Foto: La Fiscalía "preocupada" por la puesta en libertad de De Noce en el caso de corrupción de Murcia - efe

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Valencia disimula sus contratos a dedo con obras del Plan E

ELPAÍS* : En la auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Valencia de 2008, el interventor, director del análisis, informaba de que el Consistorio había adjudicado sin concurso el 71,3% del dinero que dedicó a inversiones. En 2007, el porcentaje resultaba similar, el 72,4%. En la auditoría de las cuentas municipales de 2009, conocida ayer, la cantidad apenas asciende al 13,3%. ¿Es que el Ayuntamiento promueve ahora el concurso público en vez de las adjudicaciones a dedo? No tiene por qué, ya que como explica el interventor, la incidencia del primer Plan E "condiciona de forma sustancial cualquier comparación a efectuar" con años anteriores.

En la auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Valencia de 2008, el interventor, director del análisis, informaba de que el Consistorio había adjudicado sin concurso el 71,3% del dinero que dedicó a inversiones. En 2007, el porcentaje resultaba similar, el 72,4%. En la auditoría de las cuentas municipales de 2009, conocida ayer, la cantidad apenas asciende al 13,3%. ¿Es que el Ayuntamiento promueve ahora el concurso público en vez de las adjudicaciones a dedo? No tiene por qué, ya que como explica el interventor, la incidencia del primer Plan E "condiciona de forma sustancial cualquier comparación a efectuar" con años anteriores.

El Gobierno exigía que las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, el primer Plan E, cumpliesen unos criterios de contratación. Así, la vía municipal mayoritaria de adjudicación de contratos en 2008, que burlaba el concurso público, no servía para las obras del Plan E en 2009. Como el volumen de inversión del fondo estatal triplicó a las inversiones municipales el año pasado, la cantidad de contratos a través de concurso público creció paralelamente, igual que las contrataciones a dedo menguaron.

El interventor analiza al margen de la contratación la gestión del gasto en 2009. De los cientos de inversiones realizadas, la auditoría recoge una muestra y la analiza. Así, el interventor pone reparos a un 38,3% de las inversiones, mayoritariamente por gastar "sin autorización, disposición ni fiscalización previa". En 2008, las objeciones del alto funcionario afectaron al 24,6% del gasto y en 2007 al 15,4%.

Los informes negativos en la gestión del gasto trascienden a las inversiones, pues en el estudio de los gastos en bienes y servicios superiores a 3.005 euros, el interventor observa problemas en el 49,4% del dinero empleado en este apartado en 2009. Igual que con las inversiones, el equipo de Gobierno de la alcaldesa, Rita Barberá, abusó de los gastos "sin autorización, disposición ni fiscalización previa".

El concejal socialista Juan Ferrer, tras estudiar los datos de la auditoría, criticó que "el Ayuntamiento aumenta la opacidad, intensifica la contratación furtiva y vulnera la normativa cada año". Ferrer avisó además del peligro de la llamada cuenta 413, un cajón de facturas sin pagar arrastradas de año en año que disminuyó en 2009 porque Barberá destinó fondos del Plan E a ese fin. "En 2010 crecerá a más de 105 millones de euros", opinó Ferrer, "ya no hay planes E que la paguen".





* El País - 6.10.10
Foto: Ayuntamiento Valencia - wanadoo

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Bruselas sigue viendo "sobrevalorado" el precio de la vivienda en España

ELPAÍS* : La Comisión Europea (CE) cree que los pisos en España, a diferencia del resto de la Eurozona, siguen caros. Dice el Ejecutivo comunitario en un informe trimestral publicado hoy que la corrección de dichos precios se aplicó en casi todos los países de la Eurozona a finales de 2009. Pero no en España, donde se seguía mostrando una "considerable sobrevaloración" del 17% a principios de 2010.

La CE destaca las "diferencias significativas" entre los estados europeos en el ritmo de corrección de los desequilibrios. "A finales de 2009 la corrección en los precios se hallaba bastante avanzada en algunos estados miembros, pero todavía tenía trecho por recorrer en otros", se lee.

De hecho, la Comisión aprecia una tendencia contraria a la española en otros países. El coste de la vivienda en, sobre todo, Alemania está infravalorado. El estudio recuerda que entre 1998 y 2006 estos precios en la Eurozona subieron de media un 4% anual. Esta fase de escalada fue seguida de otra a la baja, a finales de 2007. Su declive llegó en el tercer trimestre de 2009, con una caída acumulada del 8,3%.

La CE reconoce, eso sí, que España es de los países donde más se han equilibrado los costes, con un -18%. Solo la supera Irlanda (-37%).





* El País - 5.10.10
Foto: Carteles de venta de viviendas - elpais.com


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Salarios pésimos - El Roto




El Roto, salarios pésimos - elpais.com 20101001


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Corulla, la dama de hielo

LNE/Marbella* : Es curioso ver la rapidez con la que descarga agua una fugaz tormenta de verano. Pero las malas rachas, sobre todo en la vida, no suelen dejar ver sus consecuencias con la misma prontitud. Esta metáfora debe de haber pasado por la cabeza de Montserrat Corulla (Madrid, 1971) de forma habitual a lo largo de los últimos cuatro años y medio. Montse, como la llaman sus amigos, vive atormentada desde que el 29 de marzo de 2006 fue detenida en el marco de la «operación Malaya», una época aciaga que se ha prolongado hasta estos días, puesto que está acusada de blanquear más de 44 millones de euros para el supuesto cerebro de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca. El fiscal quiere prorrogar sus desvelos, porque le pide cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros.

No es una más entre los 95 procesados de esta causa, y vale más por lo que calla que por lo que dice. Los rumores sobre una hipotética relación de amistad o de negocios con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han provocado que los focos la iluminen a ella con más mimo que a otros procesados.

Pasó cinco meses en prisión preventiva, hasta que el 28 de agosto de 2006 decidió que no aguantaba más y optó por hablar. No le importó que otros tuvieran que pagar un precio alto por sus palabras. La libertad bien vale una delación.

En esa charla, con el juez Miguel Ángel Torres, la letrada reconoció ser supuesta testaferro de Roca, es decir, «una mujer de paja». Es administradora de Condeor, la joya de la corona del imperio del ex asesor urbanístico y de otras tres sociedades, todas con sede en Madrid. Su misión: comprar antiguos palacetes y reconvertirlos en hoteles de lujo.

A finales de los noventa Corulla, una bella mujer que ha dejado tras de sí una retahíla de corazones rotos, conoce a Juan Antonio Roca, todopoderoso asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, a través de unos amigos comunes. Poco después, entra a trabajar en el despacho madrileño Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor, supuestamente la firma que esculpe la red societaria a través de la que el capo marbellí lavó cantidades astronómicas.

Su talento no le pasa desapercibido a nadie: ni a Manuel Sánchez Zubizarreta, el responsable del despacho, ni al propio Roca, que, más allá de sus conocimientos jurídicos, descubre en ella un sexto sentido para los negocios, la capacidad de hacer que los demás se sintieran cómodos y se avinieran al acuerdo del que se tratase. Ella misma fue reclamando a Roca más protagonismo. Su olfato no le falló y la nombró administradora de Condeor en 2002.

Entre las operaciones en las que interviene Corulla santifica la adquisición de dos palacetes en Madrid, así como la compraventa de otras tantas fincas. Está por ver si su intermediación, y las operaciones en sí, son ilegales, algo que su abogado, Gonzalo Rodríguez, rechaza en el escrito de defensa. Cobraba 4.000 mensuales y, según fuentes consultadas por «La Opinión» de Málaga, del grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, utilizaba al chófer que Roca tenía en Madrid para desplazarse, lo que provocó varias discusiones con la hija del ex asesor, que entonces estudiaba Derecho en Madrid y también quería disponer de ese coche.

Tras cambiar la declaración, el juez Torres la dejó en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Cinco meses entre rejas son más que suficientes para ablandarse. Un ex compañero la define como una persona «fría y pija», lo que contrasta con la actitud que mostró hacia su compañera de celda, a la que dio apoyo moral ante la proximidad de su juicio. Aficionada a vestir de marca, Corulla habló claro ante el magistrado: «Para Roca nunca nada es suficiente».

En su charla con Corulla, el juez Torres también descubre su «destacable valía» y su inteligencia, cualidades vitales para la supervivencia de la organización criminal. La abogada aclaró al togado que es habitual ver a Roca dar órdenes a los empleados del bufete madrileño, y aseguró que Sánchez Zubizarreta le ordenó que siempre obedeciera al murciano.

Además de intervenir en numerosas operaciones, Montserrat Corulla realiza diversas gestiones ante la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, no sólo las vinculadas a los palacetes ubicados en esa ciudad, sino que también representa a otros clientes que nada tienen que ver con el «caso Malaya».

Su intensa actividad inmobiliaria tardó poco tiempo en llamar la atención en Madrid. La Policía cree que participó en una operación a través de la cual un grupo inversor trató de construir un hotel de lujo en un antiguo frontón. El PSOE interpuso un recurso ante el Ejecutivo autonómico por las intenciones de la promotora, al estar declarado el edificio bien de interés cultural. La formación socialista pidió que se diese a las instalaciones un uso deportivo y de ocio. Corulla defendió los intereses del grupo privado y, siempre según la Policía, «si sacase adelante el proyecto recibiría una comisión de tres millones de euros a repartir con otro de los intermediarios».

Sus labores profesionales propiciaron que sus relaciones en la capital se desarrollaran en el más alto nivel y, entre otros, es probable que conversara con miembros del equipo de gobierno del PP, incluido Gallardón. Según varias fuentes judiciales, hay conversaciones entre Corulla y el alcalde de Madrid que han sido suprimidas del sumario de «Malaya» porque no tenían interés para la causa. Ni la operación sobre el frontón ni la legalidad de sus relaciones han sido objeto de la investigación.

Corulla saltó a la portada de los medios nacionales cuando Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid en mayo de 2007 y hoy ministro, le preguntó a Ruiz-Gallardón en un debate televisado por los vínculos entre ambos, mostrando a la vez una revista en la que se hallaba la imagen de la abogada. Gallardón montó en cólera por lo que consideró un ataque personal, y acabó arrasando en los comicios.

El hecho de que esas conversaciones desaparecieran del sumario contrasta con que se mantuvieran otras de carácter personal e íntimo. Sobre una de ellas, la Policía llega a decir: «Él intenta ligar con ella». El abogado ha solicitado al tribunal que retire estas grabaciones al haberse lesionado su derecho a la intimidad.

Estos días la abogada ha mostrado su imperturbable rostro a todos los que han acudido al juicio del «caso Malaya». Impecablemente vestida y haciendo uso de tonos pastel para tratar de pasar desapercibida, sus llegadas y salidas de la Ciudad de la Justicia de Málaga han merecido una gran expectación de los medios de comunicación.

En la sala, mira impasible a los letrados y a las cámaras que inmortalizan tan histórico proceso, pero marca distancias con su pasado. Eso sí, cree que no tiene por qué esconderse y se sienta en segunda fila. «Desde que la metieron en prisión, no se relaciona con nadie. Ha roto lazos con todo el mundo, incluido con Roca», señalan las fuentes.

Un nuevo pico informativo en torno a su persona se vivió en junio de 2007, cuando Gallardón y la jurista comieron en el mismo restaurante. El Ayuntamiento negó entonces que hubiera sido beneficiada en operación alguna. Ella lo niega todo y ha pedido una pericial caligráfica para que se decrete la falsedad de su firma en varios documentos. Corulla espera que esta mala racha, de cuatro años y medio, pase pronto. Sólo le queda mirar al cielo para comprobar si todo esto no ha sido más que una tímida tormenta de verano.





* LNE - JOSÉ ANTONIO SAU - 2.10.10
Foto: EL GOLPE DE SEBASTIÁN. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, candidato a la Alcaldía de Madrid en 2007, preguntó a Gallardón en un debate por sus relaciones con Corulla y, por sorpresa, sacó una foto de la letrada, como muestra esta imagen televisiva. El golpe fue considerado bajo. Sebastián perdió.


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'Malaya'.- "¿Qué hace aquí la Junta de Andalucía?"

DIARIODESEVILLA/Málaga : Las defensas de los procesados cuestionan la acción popular que ejerce el Ejecutivo autonómico. El abogado José Rebollo, que representa al promotor granadino José Ávila Rojas, cuestionó ayer el papel de la Junta en el caso Malaya. Aunque se refirió exclusivamente a su posición jurídica, no dejó escapar la ocasión para referirse también al rol político que supuestamente puede jugar cuando dijo que "desde otro punto de vista también cabe preguntarse qué hace aquí la Junta de Andalucía".

La defensa de Ávila Rojas, que se sumó a las cuestiones previas planteadas por otros letrados relativas a la vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales (juez predeterminado por la Ley, legalidad de las escuchas, falta de motivación de autos restrictivos de libertades y escuchas temporalmente sin amparo judicial) criticó que la Administración autonómica, que ejerce la acción popular, acuse al empresario granadino de malversación, en calidad de inductor, cuando nunca ha sido interrogado en el procedimiento por este delito.

"Es una acusación extravagante", porque "no es admisible acusar por unos hechos por los que no ha sido procesado" y "si consideraba que se habían producido que hubiese recurrido el auto de procesamiento". Finalmente resaltó que en su escrito de acusación provisional la Junta no hubiera determinado el importe de la malversación y que se le permita pedir indemnizaciones por responsabilidad civil cuando no es una institución perjudicada.

La postura de la Junta de Andalucía también ha sido cuestionada por la defensa de Carlos García Puente. El abogado Javier Morato tachó de "acusación sorpresiva" porque en el escrito de provisional también le atribuye a este procesado un delito de malversación, mientras que el letrado Javier Álvarez de Neira, que representa al ex comisario Florencio San Agapito, reprochó que se le haya permitido exigir responsabilidad civil. El abogado Manuel Salinero, que defiende a los hermanos Sánchez-Dalp, fue incluso más allá al referirse a la "legitimidad" de la Administración autonómica en esta causa, una situación que sugirió es un "despilfarro" de fondos que sólo "aporta dividendos publicitarios".





* Diario de Sevilla - 6.10.10
Foto: Juicio Malaya - lavozlibre.com

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El Puerto.- Ecologistas acusa a la edil de Urbanismo de «usar el silencio» para legalizar viviendas

LAVOZDIGITAL* : Ecologistas en Acción ha escrito un nuevo capítulo en el libro de las viviendas ilegales de El Puerto de Santa María. La organización acusó ayer a la delegada de Urbanismo, Patricia Ybarra de «dejar pasar el tiempo» en el recurso que interpusieron contra el archivo del expediente abierto contra el ex presidente de Fevema, Francisco García Garrido, por lo que el caso «ha sido desestimado al no haberse contestado dentro del plazo que estipula la ley».Fue en mayo de 2006 cuando Ecologistas en Acción presentó una denuncia contra García Garrido por la construcción de una casa «ilegal» en Los Perales, «en suelo no urbanizable», hecho que, afirman, de sobra «era conocido por el entonces alcalde Hernán Díaz y el concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez», pero nunca le abrieron expediente.

Ante esta denuncia, Rodríguez abrió un expediente pero, que «cerró al poco aduciendo que la vivienda llevaba más de cuatro años construida, en base a un informe técnico que aportó García Garrido». Por su parte, el colectivo recurrió este archivo en junio de 2007, hace más de tres años, y aportó una serie de fotografías aéreas de la parcela de García Garrido en las que dijeron que «se podía comprobar que en 2003 todavía no estaba terminada la casa y que las obras prosiguieron ese año, por lo que la infracción y presunto delito no habían prescrito». También solicitaron al Ayuntamiento que remitiera las mencionadas denuncias y expedientes al Ministerio Fiscal al apreciarse la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y un delito de falsificación de certificado.
Ecologistas denuncian que la contestación por parte de la delegada Patricia Ybarra nunca llegó, «a pesar de los numerosos escritos pidiendo una respuesta». El grupo denuncia que ahora sí que han recibido una contestación, pero la de que el delito ha prescrito «precisamente porque ella nunca resolvió el recurso y se niegan a remitirlo a la Fiscalía a pesar de los claros indicios de que se han podido cometer delitos contra la ordenación del territorio y por falsedad documental, que ahora se podría ampliar a un delito de prevaricación por omisión de la propia Ybarra y del Jefe de Servicio de Disciplina Urbanística».






* La Voza Digital - 6.10.10
Foto: Ayuntamiento El Puerto - wikipedia

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Granada.- Un centenar de municipios están en zona de riesgo de inundaciones

GRANADAHOY* : La alteración del entorno natural de la provincia, en buena medida a golpe de promoción inmobiliaria, ha propiciado que a día de hoy, según los informes que maneja la Agencia Andaluza del Agua, más de la mitad de los municipios granadinos estén en zona vulnerable de sufrir inundaciones en caso de fuertes precipitaciones. Ocupación de cauces de ríos y torrentes, urbanismo desmesurado y la escasez de infraestructuras son algunos de los motivos que colocan al 14,5% de la población granadina en alguno de estos enclaves potencialmente preligrosos en el caso de una tromba de agua.

Tras la experiencia del pasado año hidrológico -el más lluvioso de toda la década- los informes elaborados por los técnicos de la Junta de Andalucía adquieren mayor importancia si cabe. Las fuertes lluvias causaron incluso una víctima mortal, una mujer de 76 años en Valderrubio, que falleció tras el desbordamiento del arroyo Escóznar el 7 de enero.También fueron notables los destrozos en la Costa, en las casas cueva del norte así como los daños en carreteras.

Con esta experiencia tan reciente en el tiempo, es normal que más de uno mire al cielo con preocupación cuando se acerca una nube. Concretamente, según los datos recopilados por la Agencia Andaluza del Agua, hasta 99 municipios de la provincia podrían verse afectados en caso de lluvias fuertes, ya que se encuentran cerca de alguno de los 269 puntos negros que tiene registrados la Consejería de Medio Ambiente sólo en Granada.

Del total de puntos negros existentes en Granada según el Plan de prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos, 44 están en un nivel de riesgo muy grave, 45 grave, 102 moderado y el resto hasta 78, tienen la consideración de riesgo escaso. Según el citado informe, que está disponible en la página web de la Agencia Andaluza del Agua para su consulta pública, el 14,5% de la población -lo que supondría más de cien mil personas- reside en zonas que podrían ser susceptibles de inundarse. Este total de la población se localiza en 99 de los 168 municipios que hay en la provincia.

La importancia de determinar los puntos que pueden ser susceptibles de inundaciones es vital para la elaboración, por ejemplo, de los planes de ordenación urbana. Además, tanto el Acuerdo Andaluz por el Agua firmado el pasado año como el borrador de la futura Ley de Aguas urgen en la actualización tanto de planes como del propio mapa de riesgo. Para ello se ha incorporado el uso de las nuevas tecnologías. Se estima que el trabajo de los técnicos finalice en 2015.






* Granada Hoy - 6.10.10
Foto: Inundaciones - granada hoy

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Implicaciones en otros sumarios por tramas urbanísticas en la Región de Murcia

LAOPINIÓN : Varios de los detenidos ayer en la nueva operación anticorrupción que llevó a cabo la Guardia Civil en Murcia tiene vinculaciones con otros sumarios y casos relevantes de la Región. Uno de ellos es Joaquín Peñalver, que es el principal imputado en la ‘operación Barraca’ y que ayer mismo por la mañana recibió la imputación del Juzgado de Instrucción Número 8 que ha desarrollado esta nueva operación, según confirmó a esta redacción. Peñalver no quiso hacer declaraciones al haberse decretado el secreto de sumario. Otro de los imputados de ayer con vinculaciones en la ‘operación Barraca’ es Renato de Nace, socio de la mujer de Peñalver.

Mientras, Francisco Arqués, antiguo oficial de una notaría del centro de la ciudad de Murcia, está relacionado con uno de los detenidos en el caso del ex alcalde popular de San Javier José Hernández. Fuentes consultadas por este periódico indicaron que un sobrino de la mujer de Arqués fue arrestado en la misma operación que llevó a los calabozos al ex primer edil y, según fuentes financieras, este mismo pariente del empresario detenido ayer actuaría presuntamente de testaferro para este hombre en distintos negocios. Francisco Arqués es un conocido promotor en la costa murciana, ya que al parecer cuenta con el 90% de la propiedad de la urbanización Ladera Dos Mares y Dos Mares del Mediterráneo, en La Manga.

En la operación realizada ayer contra la corrupción urbanística participan dos técnicos de la Agencia Tributaria, cuyas tareas se circunscriben a interpretar la información económica de los documentos requisados en los distintos registros realizados en la Gerencia de Urbanismo de Murcia, domicilios particulares y empresas.






* La Opinión Murcia - 6.10.10
Foto: La Manga (Murcia) - galeon

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Imputan al concejal de Urbanismo y al dueño del Real Murcia por corrupción

LEVANTE/Murcia* : La operación contra la corrupción urbanística se salda con tres detenidos y ocho imputados. El juez investiga las recalificaciones de la Nueva Condomina. El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, y el propietario del equipo de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, han sido imputado en las diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción nº8 de Murcia que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en esta ciudad. En la operación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva a cabo desde primeras horas de ayer fueron arrestados el director de la gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce, vinculado a empresas de la construcción. Además, también están imputados el ex jefe del Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, el empresario Francisco Arqués y la mujer de Alberto Guerra.

El negocio de Samper
La operación se produce en el marco de una investigación iniciada hace un año y medio, a instancias de la fiscalía, sobre la expansión urbanística de la zona norte de la ciudad, donde se ubica, entre otras urbanizaciones y centros comerciales, el complejo residencial Nueva Condomina y el estadio del mismo nombre, en el que juega el Real Murcia. La investigación se centra en lo que cobró el Ayuntamiento como compensación por recalificar los terrenos. Según el PSOE se firmaron unos convenios a cambio de unas compensaciones cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos. Uno de los convenios se firmó en 2001 con Jesús Samper y la compensación fue la construcción del estadio de la Nueva Condomina. Samper había adquirido poco antes por nueve millones 2.000.000 de metros cuadrados de suelo rústico, donde construyó el nuevo estadio, un gran centro comercial y un campo de golf con los que ha ganado 200 millones.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia informó de que el caso está relacionado con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros y que los tres detenidos pasarán hoy a disposición judicial.
Los agentes de la Guardia Civil practicaron desde las ocho de la mañana registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre ellos en la vivienda de la capital del promotor de Nueva Condomina, Jesús Samper, el despacho del concejal de Urbanismo y la sede de la Gerencia de Urbanismo. El Real Murcia negó que Samper hubiera sido detenido y confirmó el registró de la sede social de Sport Management & Project SL, empresa de Samper.
Pero la investigación de este nuevo caso de corrupción que salpica a otro ayuntamiento gobernado por el PP, suscitó un nuevo enfrentamiento entre el PP y el PSOE. La secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, acusó a los socialistas de utilizar distintas varas de medir en las instituciones del Estado y de hacer un ejercicio de «distracción» sobre las primarias socialistas en Madrid. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió a la popular que lo que debería hacer es exigir explicaciones sobre la corrupción en vez de «arremeter» contra quienes investigan, además de revelar que la decisión de llevar a cabo la operación se tomó el 15 de septiembre.






* Levante - 6.10.10
Foto: Nueva Condomina - laopiniondemurcia.es

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El urbanismo mutante de Lugo

LAVOZ/Lugo* : En Lugo, según se ve, el urbanismo es una pasión, lo mismo en la capital que en el resto de la provincia. En la vieja ciudad amurallada se habla de urbanismo como se discuten las jugadas en el fútbol; en Barreiros también, aunque en las conversaciones, ante la desfeita, se recurre más al lenguaje bélico. Y así en toda la provincia. Los alcaldes ayudan mucho a fomentar el interés de los lucenses por el urbanismo. Es un mérito que a estas alturas de la democracia nadie discute. Pero la Xunta colabora también decididamente. Pone empeño, esfuerzo, tesón.

Lo del auditorio de Lugo, cuando Touriño , fue una notable aportación; lo de A Tinería, ahora que gobierna Feijoo , es, sin duda, un paso más en el esfuerzo singular por mantener el interés. La Xunta cambia de criterio y, en Lugo, cambia de opinión el popular Castiñeira que ahora ve fastidiosa la inspección de edificios. Es la pasión por el urbanismo mutante.

La Xunta de Feijoo, que es como decir el partido de José Manuel Barreiro y Jaime Castiñeira , decidió, porque le pareció oportuno, que el proyecto que estaba vigente para la unidad de intervención número 8 del casco histórico (el entorno del Pazo de Dona Urraca) en A Tinería no era el adecuado. Igual tuvo algo que ver que el proyecto fuese el fruto del concurso de ideas convocado y resuelto por el socialista Touriño. Igual no, que todo puede ser y cosas más raras se han visto. Como a Feijoo no le gustó el plan del socialista Touriño volvió los ojos al que tenía Don Manuel, o sea, Fraga , antes de que las urnas lo jubilaran como presidente de la Xunta. Y ahí sigue A Tinería con el pazo sin rehabilitar, el territorio sin ordenar y los pisos sin habilitar. Las arquitectas que ganaron el concurso de ideas que no se aplicará, las viguesas Belinda Besada y Marister Faílde, ven otra oportunidad perdida para la rehabilitación integral del casco histórico de Lugo. Son cosas que pasan. Antes, cuando Touriño, Cultura hizo inviable la reforma del cuartel de San Fernando para convertirlo en el auditorio de la capital. Fue otra oportunidad perdida; el auditorio sigue siendo un proyecto, diseñado ahora para el despeñadero de Magoi.

Los alcaldes, ya se dijo, hacen mucho para mantener el urbanismo al nivel del fútbol en las preferencias para el debate. Claro que sí. En el caso de Lugo, el nuevo PXOM está en boca de casi todos los lucenses. Pero nada comparado con lo que ha dado de sí, como asunto de conversación, el informe de Cultura sobre el citado plan general. Favorable, pero con condiciones. Claro, para eso tiene el PXOM entre sus valedores al portavoz y candidato popular a la alcaldía, Jaime Castiñeira. El mismo al que ahora no le gusta la ordenanza de la inspección técnica de edificios. Es obligatoria, exige un desembolso y, encima, el diagnóstico de los técnicos es de inevitable aplicación. Hay protestas, claro; cómo no va a protestar el administrado cuando lo meten en gastos. Y como hay protestas, y el PP primero apoyó la citada normativa y después exigió su aplicación, teme que, puestas así las cosas, la ordenanza le caiga encima y le haga un chichón en el cuerpo electoral. En esto de la inspección de edificios, el concejal Castiñeira bien puede decir lo que dijo Franco cuando le preguntaron si podían maquillarlo: «Sí, en beneficio de la película». El PP, en el caso de la ITE, está en pleno proceso de maquillaje.

El urbanismo, tal como se va viendo, es blanco cuando conviene y negro cuando aprovecha. Es un ahora sí y después no. Y llegado el caso, cada cual explica su postura al estilo Groucho: «No puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo».

Son cosas que pasan. Como lo de Placebo. Antes dijeron sí, ahora dicen no. Y el programa del San Froilán 2010 se queda cojo, salvo que un poco probable contrato de última hora con otro grupo de primer nivel remedie la cojera. Ya pasó antes que una de las principales atracciones musicales de las fiestas de Lugo tuviese que quedarse en casa por enfermedad. A la joven concejala Nuria Mundiña , que se estrena en la organización de las fiestas, seguramente le habrán dado un buen disgusto. Mundiña, edila discreta, ya dijo que en este año de recursos escasos el Concello resalta las señas de identidad de las fiestas: pulpo, barracas y verbenas. Por eso el socialista Orozco se inventó en esta ocasión la apertura oficial de las casetas del pulpo, justo antes de marcharse a Barcelona a participar en el San Froilán que organizan los gallegos en el Nou Barris.

En Lugo, ya se sabe, cuando llega el San Froilán todo lo demás pasa al segundo plano. Incluso el urbanismo. La fiesta desbanca al PXOM, la rehabilitación de A Tinería, las torres al pie del parque y al follón de Barreiros. Pero la pasión sigue ahí.





* La Voz de Galicia - 3.10.10
Foto: Barreiros (lugo) - mma.es

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Orihuela.- Vecinos afectados por la subestación eléctrica se niegan a su instalación

INFORMACIÓN/Alicante* : En caso de que Iberdrola instale una subestación de Arneva en el barrio Mariano Cases de Orihuela, unas 200 familias, cuyas viviendas se encuentran en un radio de 500 metros, se verían afectadas por el proyecto. Un centenar de residentes de la zona se reunió el pasado miércoles con un abogado para definir los pasos a dar con el fin de paralizar el proyecto. El primero de ellos será presentar alegaciones contra el estudio de integración paisajística elaborado por Iberdrola ante la Generalitat Valenciana o el Ayuntamiento oriolano. Los argumentos que acompañarán a las reclamaciones se basarán en que la subestación está proyectada en suelo inundable y en el número de viviendas edificadas alrededor.

Según explicó Jesús García, uno de los vecinos afectados, los residentes en las inmediaciones de los terrenos donde Iberdrola planea levantar el transformador se constituirán en plataforma para agilizar la toma de decisiones y designar una representación en caso de que deban reunirse con alguien del Ayuntamiento de Orihuela. En este sentido, García trasladó el deseo de los vecinos de que el consistorio se pronuncie acerca de esta cuestión, ya que "en privado sí que nos han dicho que allí no se construirá nada".
De hecho, los afectados se enteraron "por sorpresa" de que el proyecto seguía adelante. Un año después de que Iberdrola manifestase su intención de instalar en este paraje el transformador, y tras reunirse con el pedáneo de Arneva y el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá, pensaban que el plan se había olvidado. Sin embargo, el Boletín Oficial de la Provincia publicó el pasado 8 de septiembre un anuncio por el cual se avisaba de la apertura del período de exposición pública del estudio paisajístico. Desde entonces, los vecinos se han reunido en dos ocasiones para consensuar las actuaciones que llevarán a cabo.

Aspectos
Otros de los aspectos que preocupan a los vecinos del barrio Mariano Cases, Arneva y la vereda de Los Montes es el impacto medioambiental que la subestación pueda tener. "Hay otras zonas más idóneas para su instalación, como las laderas de la sierra o zonas en las que no haya ninguna vivienda". "Tenemos miedo de que esto se resuelva en Valencia y el Ayuntamiento nos diga que ha venido hecho desde allí", añadió.
Conforme se resuelvan las alegaciones que presenten, los afectados decidirán si toman medidas "de presión" como movilizaciones o concentraciones contra la instalación de la subestación. Además, ya han recogido decenas de firmas contra el proyecto. La iniciativa de Iberdrola estuvo motivada por las dificultades que la compañía tiene para cubrir la demanda de suministro eléctrico de Orihuela Esta ciudad se surte de la luz que llega desde Los Rocamora y de Jacarilla, si bien la hidroeléctrica considera necesario levantar otra subestación transformadora para garantizar el suministro actual y el del futuro. Las Espeñetas, Montepinar, Arneva, El Secano, el PAU II y el PAU 12, son algunas de las urbanizaciones que se beneficiarían, entre otras, de la nueva planta.

Un edificio de más de 600 metros cuadrados
Iberdrola adquirió en 2007 una parcela de unos 17.000 metros cuadrados en el barrio Mariano Cases. Según el estudio de integración paisajística, la subestación estará formada por un edificio de 610 metros cuadrados de hormigón que alojará el sistema eléctrico, la salas de celdas, la sala de control y equipos auxiliares. Los tres transformadores de potencia se instalarán a la intemperie. Este informe asegura que la calificación del suelo en el que está proyectada la planta es no urbanizable correspondientes a terrenos de huerta tradicional. Asimismo, expone que la saturación de las líneas que abastecen a Orihuela tienen "repercusiones desfavorables" en la calidad del suministro y en la capacidad para atender la demanda en el futuro.




* Información - 1.10.10
Foto: Terrenos en los que está proyectada la subestación - información

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