ELPAÍS/Alicante* : La investigación de los contratos de basura adjudicados en la provincia de Alicante ha puesto al descubierto el supuesto pago de comisiones ilegales. En este caso se trataría de pago en especie: dos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros, supuestamente entregados a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación Provincial de Alicante, por la adjudicación de un negocio multimillonario al empresario Enrique Ortiz, implicado también en la financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel, e indirectamente, al industrial Ángel Fenoll, imputado también en el caso Brugal.
El informe policial que figura en el sumario apunta a que "la contraprestación" a favor de Ripoll "se vería materializada en dos viviendas unidas de la promoción inmobiliaria ubicada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante a desarrollar por la promotora Calamerced".
El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incorpora una serie de conversaciones telefónicas mantenidas entre distintos intermediarios y el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, que ocupaba además el cargo de presidente del Consorcio para el desarrollo del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la zona de la Vega Baja, desde el que se adjudicó el contrato de las basuras.
Los investigadores sostienen que esas conversaciones demuestran que Ripoll negoció con intermediarios de los empresarios que se llevaron el contrato de basuras el cobro de una contraprestación, en este caso, dos viviendas, que incluso visitó en compañía de su esposa, que también se preocupó por los pisos.
La primera conversación que destaca el informe policial y que, como el resto, está incorporada al sumario del caso, se refiere a la mantenida por Rafael Gregori, intermediario entre los empresarios adjudicatarios del negocio de las basuras, y el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, en relación con los dos pisos que supuestamente iba a cobrar a cambio de favorecer una determinada adjudicación.
Rafael Gregori: (que ha llamado al teléfono de la mujer de Ripoll y habla con el presidente de la Diputación Provincial): Oye, vamos a ver. Me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis.
Joaquín Ripoll: Espérate que te lo mire y te lo digo.
Rafael Gregori: Míralo y me lo dices.
Joaquín Ripoll: Espérate, que lo tengo aquí al lado.
Rafael Gregori: Porque había varios quintos, ¿no?
Joaquín Ripoll: Sí. Yo creo que eran, a ver.
Rafael Gregori: Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?
Joaquín Ripoll: Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E.
Rafael Gregori: El D y el E, ¿no?
Joaquín Ripoll: El D y el E, sí.
Rafael Gregori: Vale. El cinco D y cinco E.
Joaquín Ripoll: Cinco D y cinco E. D, de dedo y E, de España.
Rafael Gregori: Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados.
Joaquín Ripoll: Venga, de acuerdo. Hasta luego.
Rafael Gregori: Venga Joaquín, un abrazo, hasta luego.
El intermediario habla después con su hermano José y tratan el tema de los pisos y se refieren al jefe, en relación a su padre, que forma parte del consejo de administración de la inmobiliaria que promueve los pisos que supuestamente iban a regalar a Ripoll. Los hermanos coinciden en que, antes de comprometerse, tienen que tener claro el negocio.
José Gregori: Oye, tienes que pensar una cosa Rafa, que se ve que éstos le están apretando ya al jefe para los pisos de....
Rafael Gregori: No, ya, ya me lo ha dicho, pero yo se lo he dicho al jefe, que a su momento, tío.
J: Eh, vamos a asegurarnos eso, ¿no?
R: Y si no, no hay pisos.
J: Antes de comprometernos.
R: José, yo hasta que no tenga el tema claro, no hay (no se entiende).
J: No vayamos a comprometernos nosotros con más pisos, ¿no?
R: José, tranquilo, ya lo hablamos mañana, ¿eh?
J: Venga, pues nada, ¿eh?, mañana nos vemos.
R: Lo comentamos mañana y ya te digo lo que quiero.
J: Muy bien.
R: Venga, hasta luego
El intermediario vuelve a hablar con el presidente de la Diputación Provincial de Alicante.
Rafael Gregori: Joaquín.
Joaquín Ripoll: Rafa, buenos días.
R: Llamé ayer a Margarita y no me lo cogió.
J: Bueno, yo hablo con ella y luego quedamos, oye, ¿podíamos ver los pisos?
R: Claro, coño.
J: ¿Los podemos ver mañana?
R: Claro que sí.
El intermediario Rafael Gregori trata sobre el tema de los pisos con la mujer de Ripoll, Margarita de la Vega.
Gregori le dice que habló con su marido Joaquín Ripoll y con Enrique Ortiz, el empresario al que se adjudica el contrato de las basuras, y quedaron a las diez para cenar en Petrel, que él le recoge a las 21.30.
Margarita de la Vega: Oye, por cierto, que además yo quería hablar contigo porque los pisos esos, le he preguntado que si ya los tenemos y me ha dicho que sí.
R: Vamos a verlos mañana, dice.
M: Ah, es que yo quiero verlos.
R: Eh, vamos a verlos mañana.
M: Que él ya mire a ver si se puede o con otra cosa, ah, ¿ves como le aprieto? En el fondo no hay nada más que pegarle para que reaccione.
R: Vamos a... vamos a... vamos a verlos mañana.
M: Ah, vale, vale, vale, es que le he dicho, oye, ¿esto cómo está, qué pasa y qué tal?, vale, vale, estupendo.
R: De momento los tenemos comprados.
M: De momento los tenemos comprados , bueno, je, je.
R: De momento.
M: Espero que no los tengamos que vender, je, je.
R: Veremos a ver lo que tenemos que hacer, je, je, de momento sí.
M: Efectivamente, vale, vale.
R: Yo voy a organizarme hoy para verlos mañana.
Durante aquellos días, los funcionarios del grupo de Delincuencia Económica de Alicante establecieron un dispositivo de Vigilancia en las inmediaciones de la vivienda situada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante, en última fase de construcción. En ese momento, identificaron plenamente a Rafael Gregori y José Joaquín Ripoll, acompañados de sus respectivas esposas, accediendo al edificio situado en dicha Avenida, entre las calles Tucumán y Catedrático Ferré Vidiella.
El informe policial adjunta fotografías de la visita que realizaron al inmueble. Y aporta conversaciones del industrial Ángel Fenoll, que tuvo una participación activa para beneficiarse del negocio al vender un terreno propio que había comprado por 800.000 euros por cuatro millones de euros a Enrique Ortiz para que construyera allí la planta de tratamiento de la basura.
Ángel Fenoll: Rafa.
Rafa: Ángel.
Á: ¿Ha firmado ya o no?
R: Vamos a ver, le he dicho, he dicho lo siguiente, ¿no?, oye, que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh?, y los limones los recogerán cuando paguen, después de Navidad.
Á: Si, o...sí, un tema solo, un punto.
R: Exactamente, el cambio de los limones.
Á: Vale, vale, vale, y ya está, ¿eh?
R: Y los limones los recogerán cuando paguen.
Á: Exactamente, si no pagan los limones nada, ni un punto, ¿eh?, nada, nada.
R: Eso está dicho ya, ¿eh?
Á: Está dicho, ¿no?
R: Sí.
Á: Vale, vale, vale, muy bien, vale, vale. Esperemos que sea así, ¿no?, no nos vaya...
R: Si no, no, es así seguro.
Á: Que los limones están colgados.
R: No, no y además es que no los recoge que no le dejo yo recogerlo, ¡coño!
Á: Exactamente, eso es.
R: Y si mañana firma, y si mañana firma pues oye, ya.... recogerá los limones después.
Á: Claro, ¿sabes?, se le puede dar más plazo.
R: Claro.
Á: ¿Sabes?, están baratos, están cayéndose del suelo
R: (risas). Venga.
Á: ¿Eh?
R: Está todo arreglado.
Á: Vale.
* El País - 10.09.10
Foto: José Joaquín Ripoll (izquierda), presidente de la Diputación de Alicante, y el empresario Ángel Fenoll.- elpais.com
Intermediario: "¿Qué pisos quieres?" Ripoll: "Dos de distinto ascensor, D y E"
Zamora.- El TSJ declara ilegal el «Edificio Villalar»
LAOPINIÓN* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha revocado la licencia concedida en 2005 al denominado «Edificio Villalar», un inmueble de viviendas, garajes, locales y trasteros promovido en las calles Villalar, San Antón y Toril de Benavente por la constructora para la que trabajaba el entonces edil de Urbanismo del PSOE, Justo Fernández Valverde. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso -Administrativo acaban de pronunciarse en sentencia firme y han resuelto que la licencia no se podía conceder porque el proyecto del edificio incumplía el Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente «al estar afectado por la suspensión del otorgamiento de licencias derivado de esa aprobación inicial».
El TSJ estima por completo el recurso de apelación presentado por el arquitecto del «Edificio Mercantil», Román Ávila, que desde marzo de 2005 denunció que la polémica licencia -llamada «exprés» porque el equipo de Gobierno socialista la otorgó en unos pocos días- conculcaba el Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente.
Como consecuencia del incumplimiento, los magistrados anulan el acuerdo de concesión de licencia adoptado por el Ayuntamiento el 1 de marzo de 2005 y los decretos de Alcaldía de 20 de diciembre de 2005 y 27 de diciembre de 2006 que no accedieron a la solicitud de revocación de la licencia planteada formalmente por Ávila.
La sentencia, de nueve folios, razona en uno de sus fundamentos el carácter reglado de las licencias urbanísticas, «de manera que han de concederse si lo solicitado es conforme a la legislación y al planeamiento urbanístico aplicable y denegarse en caso contrario», y al respecto recuerda que en este supuesto, al haberse producido la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas, «únicamente podía concederse la licencia litigiosa si lo solicitado fuera conforme con las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal (NSPM) y con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUB) aprobado inicialmente», lo que no ocurrió, como en su día denunció el demandante.
Los «otros incumplimientos» del PGOUB
También hace hincapié el Alto Tribunal de la región en el hecho de que la conformidad o no con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Benavente había de hacerse en función de lo previsto en el proyecto presentado para el que se concedió la licencia por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Gobierno y no respecto de lo ejecutado, en contra de lo que dice la sentencia apelada. La resolución del TSJ recuerda en este sentido que la obra no estaba terminada cuando se solicitó la revocación de la licencia el 2 de noviembre de 2005 por parte de Ávila. De hecho el certificado final de obra no fue visado hasta el 7 de junio y el 3 de agosto de 2006.
«Llegados a este punto es claro que el proyecto presentado no se ajustaba al PGOU aprobado inicialmente por lo que no era procedente el otorgamiento de la licencia litigiosa por el Acuerdo municipal de 1 de marzo de 2005, lo que determina que el mismo haya de ser anulado», dice la sentencia a renglón seguido antes de enumerar los incumplimientos acreditados del proyecto.
El TSJ reitera en varias ocasiones a lo largo de la sentencia que no «no es necesario» que el tipo infracciones urbanísticas sean mas o menos graves en este caso «para que la licencia deba ser anulada, pues no podía concederse al no ajustarse lo proyectado a la normativa del PGOU aprobado inicialmente, lo que es suficiente para la anulación de esa licencia y de los demás actos impugnados, y ello aunque no se considere acreditada la vulneración del PGOU».
Al respecto, el TSJ tiene en cuenta el informe pericial para concluir también que, además de las infracciones acreditadas de manera precisa, el proyecto presentado para el que se concedió la licencia de obras también incumplía ese PGOU en otros aspectos.
* La Opinión de Zamora - 10.09.10
Foto: Imagen del denominado «Edificio Villalar» tomada ayer al mediodía. El Tribunal Superior de Justicia acaba de revocar la licencia que permitió su construcción.- laopiniondezamora.es
El arquitecto del Palau pone en aprietos al edil García-Bragado
ELPERIÓDICO/Barcelona* : El arquitecto Carles Díaz, empleado del despacho de Óscar Tusquets y que durante 30 años ha trabajado para el Palau de la Música, admitió ayer ante la jueza Miriam de Rosa Palacio que es el autor del manuscrito que fijaba el camino a seguir para que la operación urbanística por la que se pretendía construir un hotel impulsado por Fèlix Millet se hiciera sin publicidad y en base a unos criterios sospechosos. El documento, fechado en marzo del 2006 (antes de que se iniciara los trámites) resume una conversación entre el arquitecto y el entonces responsable municipal de Urbanismo de Barcelona, Ramon García-Bragado.
El manuscrito, hallado en el despacho de Jordi Montull, mano derecha de Millet, es una de las principales pruebas de la fiscalía, hasta el punto de que fue usada por la jueza para imputar a García-Bragado, al gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, y al mismo arquitecto Carles Díaz. El documento apunta a que los ideólogos del proyecto del hotel, desde el punto de vista de la tramitación administrativa, son el teniente de alcalde y el gerente de Urbanismo, ya que se indica en el mismo escrito que García Bragado y Massaguer habían acordado los pasos que se debían realizar para la recalificación de uso del solar donde iba a ir el equipamiento hotelero.
El documento, titulado «Plan especial entorno Palau de la Música», detalla que el convenio que debía firmarse entre la Generalitat y la entidad cultual debía hacerse «sin publicidad» (así ocurrió), y que posteriormente se tenía que rubricar otro acuerdo a tres bandas, con la participación del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, para realizar este tramite se debía solicitar a la Administración autonómica un dictamen positivo sobre el hotel.
LOS PARTIDOS / «Antes de enviar a la Generalitat (Departament de Cultura) hay que enviar copia a Ramon García-Bragado para que de el visto bueno y avise a Cultura que es muy urgente hacer el informe favorable», dice el texto. Y añade: «Es necesario que Fèlix Millet tenga políticamente [esta palabra está subrayada] el trámite controlado ante TODOS [en mayúsculas] los partidos políticos».
Díaz declaró ayer durante una hora y media como imputado ante la jueza que investiga la operación urbanística, que al final fue paralizada, y ha reconocido la conversación con García Bragado, que este el miércoles negó haber mantenido. Montull, por su parte, declaró también ayer que había recibido el manuscrito que se halló en su despacho de manos del arquitecto.
El arquitecto, defendido por el abogado Cristóbal Martell, reconoció que fue él quien redactó el manuscrito, pero precisó que no se trataba de una transcripción literal de la conversación que había mantenido con García-Bragado, sino que el texto incluye reflexiones suyas. Fuentes jurídicas explicaron que Díaz afirmó que al referirse a que el convenio entre la Generalitat y el Palau se debía hacer «sin publicidad» quería decir que no tenía que ser sometido a información pública.
LA OCULTACIÓN / No obstante, según fuentes de la acusación, Montull interpretó que la firma del convenio debía permanecer oculta, por lo que el Palau, a diferencia de la difusión de otras actividades, no informó del acuerdo, rubricado el 8 de marzo del 2006, unos días después de establecerse la hoja de ruta.
La fiscalía sostiene que resultaba clave para que «la operación especulativa» entorno al hotel tuviera éxito que el convenio con la Generalitat permaneciera escondido durante la tramitación urbanística. El hecho es que no fue ni aportado al expediente que tramitó el ayuntamiento para la modificar el uso del solar.
* El Periódico - 7.09.10
Foto: Barcelona, interior Palau_Musica - eldebat.cat
Andratx.- Hidalgo pacta un acuerdo con el fiscal sobre todas las causas pendientes
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DIARIODEMALLORCA* : Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx por el PP, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía anticorrupción para declararse culpable, o ser exculpado en todas las piezas separadas del caso Voramar, la presunta trama de corrupción urbanística, que tiene pendientes. Fruto de ese pacto fue ayer la sentencia de conformidad rubricada por Hidalgo, quien aceptó dos penas de un año de cárcel, tres multas y varios años de inhabilitación por cobrar sobornos de un constructor, prevaricar en su favor y destruir documentos públicos.
Tal como adelantó DIARIO de MALLORCA el pasado miércoles, Hidalgo ha cambiado de estrategia jurídica y ha decidido declararse culpable a cambio de una importante reducción en sus futuras condenas para limitar el número de años de estancia en prisión. El Código Penal reduce la duración de la reclusión al triple de la condena mayor en causas con un tronco común, como el caso Andratx.
Hidalgo, hasta el momento, ha sido condenado a sendas penas de un año de prisión por prevaricación urbanística y de tres años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. También ha sido sentenciado a penas pequeñas, en algunas causas por injurias relacionadas con el caso Andratx y absuelto por el Tribunal Supremo de prevaricación. Desde el 28 de diciembre del año pasado se halla ingresado en la cárcel de Palma y periódicamente es excarcelado para declarar como imputado o testigo o asistir a juicios.
El principal implicado en la trama de corrupción urbanística, defendido por M. Zapata y Manuel Murillo, ha negociado con la fiscalía anticorrupción y el Ayuntamiento de Andratx, representado por Isabel Fluxà y Josep de Luis, para arreglar su situación procesal y pasar el menor tiempo posible en prisión. Ayer Murillo enmarcó en esa estrategia la conformidad ante la sala segunda de la Audiencia por cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación urbanística y destrucción de documentos urbanísticos. Todo ello para favorecer al constructor Manuel Zapata, con el que, entre 2001 y 2006, hizo varios suculentos negocios urbanísticos en Andratx.
Murillo señaló que su cliente es la persona de Balears "que más duro está pagando por delitos urbanísticos" y añadió que, tras sopesar las posibles condenas en las piezas que Hidalgo tiene pendientes, le han aconsejado que pacte. Fuentes próximas al caso Andratx han explicado que al ex alcalde le será retirada la imputación en algunas piezas y en el resto pactará penas menores de multa, cárcel o inhabilitación.
Ayer el que también fuera durante años edil de urbanismo en Andratx, se conformó con dos penas de 1 año de prisión, tres multas por un total de 9.300 euros y el pago de otros 31.023 euros, la cantidad a la que ascendió el soborno recibido de Manuel Zapata. Este constructor, defendido por Plabo Mas, se reconoció culpable de pagar sendos sobornos a Hidalgo y a Jaime Gibert, el ex celador municipal de obras de Andratx. Zapata pactó una pena de un año de prisión, que le será sustituida por una multa de 7.200 euros; otra multa de 3.600 euros; otra de 480 euros y el abono de 31.023 euros, la cantidad del soborno. Gibert, representado por Juan Luis Matas y que en su día pactó un acuerdo para todo el caso que no conlleve su ingreso en prisión, admitió ayer haber sido sobornado. Pagará una multa de 1.500 euros y otros 18.000 euros.
* Diario de Mallorca - 10.09.10
Foto: Hidalgo, Gibert y Zapata, ayer en el banquillo.- diariodemallorca.es
El ex alcalde de Xeresa ingresará en prisión tras ver rechazado su último recurso
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LEVANTE* : La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el último recurso presentado por el ex alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà, para evitar cumplir la condena de un año de prisión por delito medioambiental.Fluixà, el primer alcalde condenado por delito ecológico en la Comunitat Valenciana, deberá ingresar en prisión en los próximos días. Ayer, Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, avanzaba que si Fluixà no se persona "voluntariamente" para cumplir la sentencia, "pediremos la ejecución y que la Guardia Civil vaya a buscarlo". Según aseguran, el caso de Xeresa debe servir de "ejemplo de que ha pasado el tiempo en el que las autoridades tenían carta blanca para hacer lo que quisieran con el territorio con la excusa de generar ingresos para el municipio".
Tras una denuncia de Ecologistas en Acción por los aterramientos-consentidos por Fluixà- que se estaban produciendo en el marjal de La Safor, se inició un proceso judicial que desembocó en septiembre de 2009 en una condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El alcalde fue condenado como autor responsable de un delito de prevaricación medioambiental en concurso ideal con el delito contra el medio ambiente a las penas de veinticuatro meses de multa a razón de 50.000 pesetas por día y a ocho años de inhabilitación. La sentencia incluía también la condena a un año de prisión por un delito contra el medio ambiente.
Fluixà recurrió al Tribunal Supremo y luego al Constitucional con objeto de revocar la condena o no cumplirla. En septiembre de 2009 y con todos los recurso agotados, Ciprià Fluixà pidió la suspensión de la pena de prisión y una reducción de la multa impuesta en la sentencia condenatoria. La sala accedió en un auto de 19 de diciembre de 2009.
Sin embargo, Ecologistas en Acción presentó un recurso en el que acreditaba que el condenado no había declarado los ingresos familiares- su mujer es funcionaria- ni los de la empresa de su propiedad.
En otro auto posterior de fecha 2 de diciembre, la sala comprobó la existencia de estos ingresos no declarados, aceptó el recurso ecologista y declaró nulo el acuerdo que habría rebajado la condena de Fluixà.
El ex alcalde de Xeresa fue condenado únicamente a un año, por lo que la práctica jurídica aplicable en estos casos por los tribunales es "suspender" la ejecución del ingreso en prisión. Sin embargo, el auto de la Audiencia recuerda que Fluixà ya fue condenado con una pena de multa por hechos similares a los que obligan ahora a su ingreso en prisión y destaca "el nulo esfuerzo del Sr. Fluixà dirigido al cumplimiento de las penas impuestas". La Audiencia tampoco acepta rebajar la multa impuesta.
"No creo que vaya a la cárcel pero siempre llevaré el sambenito
El ex alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà, señaló ayer, en declaraciones a Levante-EMV, que desconocía "totalmente" la existencia de un auto judicial que puede llevarle a prisión en cuestión de días por haber permitido, hace una década, el aterramiento del marjal en su término municipal. Por ese motivo, evitó cualquier valoración del mismo. Fluixà, en cualquier caso, mostró su escepticismo y dudó de que "ningún juez vaya a mandar a prisión a alguien por una condena de un año", dado que, por sus informaciones, siempre tendría la posibilidad de permutar esa condena con una multa o por trabajos en beneficio de la comunidad. Justamente en ese proceso estaba trabajando su abogado Javier Boix, que representa también, entre otros, al presidente de la Generalitat Francisco Camps, en el caso "Gürtel".
Siempre desde la cautela por el desconocimiento de la última resolución judicial sobre el caso, el ex alcalde de Xeresa concluyó que, si finalmente el recurso que presentó para cambiar la prisión por una multa o trabajos sociales ha sido desestimado, será "porque la justicia española es así, y a mí me corresponderá llevar siempre el sambenito".
* Levante - 9.09.10
Foto: Xeresa (Valencia) - casaturismorural.com
Santa Cruz.- Indicios de delito en los imputados del ´caso mamotreto´
LAOPINIÓN/Tenerife* : La fiscal de delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, considera que del conjunto de investigaciones llevadas en el conocido como caso mamotreto se desprenden ya "suficientes indicios de criminalidad" contra la totalidad de los imputados por la presunta comisión de un delito de ordenación del territorio. Las personas investigadas por una supuesta prevaricación urbanística son la actual concejal de Urbanismo, Luz Reverón, el anterior responsable de este área y teniente de alcalde, Manuel Parejo, el concejal de Obras, Norberto Plasencia y el anterior responsable de este área, José Domingo Pastor, hoy retirado.
Aparte están también formalmente imputados los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez. La juez, Sonia Martínez Uceda, por su parte, ha asumido la petición de la fiscal y ha solicitado los antecedentes penales de todos los imputados lo que se ha interpretado como el paso previo a su acusación formal.
La magistrada también recoge la petición de que la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias remita una copia literal y testimoniada de los informes técnicos y jurídicos que se hubiesen evacuado hasta la fecha por los técnicos de este Departamento. La fiscal indica que ni en el dictamen pericial ni de los informes elaborados por los peritos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apnum), "se desprenden con claridad los cálculos de los excesos cometidos en cuanto a edificabilidad y ocupación del edificio proyectado".
Por lo tanto, la fiscal pide, y así lo asume también la juez, que el Gobierno de Canarias remita copia literal y testimoniada de los informes técnicos y jurídicos que se hubiera evacuado hasta la fecha por los técnicos sobre este proyecto. Los documentos deben abarcar aspectos relativos a la normativa urbanística de aplicación, tales como los parámetros de alineaciones, coeficiente de edificabilidad y ocupación de la parcela en la que se asienta el mamotreto y demás edificaciones y construcciones contempladas en el proyecto de urbanización de la playa de Las Teresitas.
Las acusaciones sobre la parcialidad de los informes emitidos por el Apnum no son nuevas. En el propio Parlamento de Canarias, la portavoz socialista, Gloria Gutiérrez, fue clara al manifestarse en este sentido. Han sido varias las ocasiones en las que técnicos de este Departamento tuvieron que ir a declarar ante la magistrada y la fiscal, ya que éstas no consideraban suficientes las explicaciones ofrecidas. La Fiscalía, en las diligencias previas, dos años y medio después de haberse iniciado las investigaciones, señala que todos los imputados, tanto los concejales como los técnicos, "tramitaron, informaron o aprobaron las obras contenidas en el proyecto".
Añade que estas actuaciones "no fueron oportunamente informadas por el servicio correspondiente, sobre aspectos relativos a su adecuación al planeamiento en vigor, y que se tramitó sin que fueran solicitadas ni obtenidas las correspondientes autorizaciones por parte de la Consejería de Política Territorial ni de la Dirección General de Costas".
Dominio público
La gravedad de los hechos vendría dada porque el citado proyecto contemplaba obras de edificación y otra serie de construcciones en zona de dominio público marítimo-terrestre y de servidumbre de protección, y entre ellas el edificio conocido como mamotreto. La fiscal cree probado que si hubiese continuado la construcción de este edificio habría llegado a ocupar 1.223 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, además de la totalidad de la servidumbre de protección, incluida la de tránsito, según el informe elaborado en su momento por Costas.
La fiscal apunta que si bien el proyecto se empezó a ejecutar comenzando por las obras de la cabecera de la playa y más concretamente por el mamotreto, éste se vería luego interrumpido por los requerimientos que hizo Costas.
En esta paralización tuvo también mucho que ver la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del año 2007 que anuló la compra de los terrenos y afectó a su disponibilidad. En estas fechas, sin embargo, el edificio se había levantado parcialmente, ocupando la servidumbre de protección en al menos 6,5 metros cuadrados de ancho a lo largo de todo el frente o fachada.
"Al día de la fecha, se ha producido ocupación efectiva de servidumbre de protección-marítimo terrestre", concluye la fiscal. A principios de julio, la juez emitió un auto a través del cual consideraba que este edificio no era autorizable y por lo tanto descartaba la petición del abogado defensor de Reverón para que el Ejecutivo autónomo emitiera un informe sobre su posible legalización.
* La Opinión Tenerife - 9.09.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
Madrid.- La plataforma vecinal contra la subasta de pisos de la EMVS dice que la acción es "ilegal" e inmoral"
EUROPAPRESS* : La plataforma de afectados por la subasta de pisos en alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) considera que esta acción no sólo es "inmoral" sino que también podría ser "ilegal". Un total de 630 familias de Carabanchel, Moratalaz, Sanchinarro y Vallecas han hecho una denuncia pública por la subasta de pisos en alquiler por parte del Ayuntamiento de Madrid criticando la decisión del pasado 30 de julio de los responsables de la EMVS de sacar al mercado estas promociones para su venta a promotores privados o a fondos de inversión inmobiliaria. La subasta está prevista para el 13 de septiembre.
La plataforma vecinal ha asegurado que el pliego de condiciones por el que se rige la subasta convocada contiene "ilegalidades que pueden afectar gravemente al mismo proceso y su futuro". Y es que el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid establece que a las promociones anteriores a 2005 (como las afectadas por la subasta) les será de aplicación lo dispuesto en el reglamento aprobado por el decreto 11/2005, respetando incluso los plazos y módulos económicos de protección que tuvieran incluso a la fecha del contrato.
Este "error legal", como lo han calificado, tendría importantes repercusiones en la subasta augurando que incluso "podría ser suspendida". Desde la plataforma apuntan que se restringe la licitación a personas jurídicas, cuando el reglamento de 2005 admite todo tipo de entidades y personas, incluso individuales.
A eso añaden que se limita a 15 años el plazo en el que la empresa adjudicataria debe mantener el régimen de alquiler y las cuantías protegidas, mientras que estas promociones tienen un período de calificación de 25 años, "lo que sin duda resulta un cambio sustancial de las condiciones de explotación futura que hace menos atractiva la inversión".
Asimismo, el reglamento de 2005 contempla la posibilidad de que la EMVS venda a los inquilinos las viviendas, como reflejan los mismos contratos de alquiler,, incluso antes de finalizar el plazo de calificación.
La conclusión que extraen los vecinos afectados es que la subasta "corre el peligro de ser suspendida cautelarmente o bien transcurridos unos años de celebrada y ser adjudicada, los tribunales podrían declararla nula, con los perjuicios que esto ocasionaría a las empresas , a la propia EMVS y, sobre todo, a los inquilinos".
Precisamente esta tarde tendrá lugar una reunión en la EMVS entre los afectados y los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. A eso suman la concentración que tendrá lugar el viernes, a las 19 horas, ante la sede del Palacio de Cibeles mientras que el lunes, el día de la subasta, acompañarán el acto desde las 16.30 horas con pitos y otros artilugios sonoros.
* Europa Press - 9.09.10
Foto: Madrid, sede del ivima - casaspisosyapartamentos.blogspot.com
Barcelona: La desmemoria de Millet
ELPAÍS* : El ex presidente del Palau de la Música, Félix Millet, ha apelado esta mañana a su desmemoria para contestar a las preguntas que se le han formulado sobre la operación urbanística del hotel del Palau. "Pregunten a Montull, yo no me acuerdo de nada", ha declarado el saqueador confeso de la institución cultural catalana en el juzgado de instrucción número 10. La juez investiga el proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al edificio modernista.
En otro momento de su comparecencia, Millet ha dicho que "era de dominio público" que había variado la titularidad de las fincas de la calle Sant Pere Més Alt donde se tenía que edificar el hotel. "Yo lo expliqué en la junta del Palau", ha dicho Millet, con lo que daba por supuesto que la fundación cultural había traspasado la titularidad a la empresa Olivia Hotels S. A. En su declaración de ayer el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Ramon García-Bragado, explicó que se enteró por la prensa en agosto de 2009 del cambio de titularidad, un cambio que se materializó dos años antes. El fiscal cree que pactó con Millet y Montull ocultar el verdadero titular.
Según la juez, los responsables del Palau Millet y su mano derecha, Jordi Montull (ambos acusados de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y apropiación indebida), impulsaron las operaciones necesarias "dirigidas a la modificación de la calificación urbanística" de los terrenos donde querían construir el hotel. Millet y Montull estuvieron en la cárcel durante 13 días por considerar la juez que existía riesgo de que ocultara pruebas o influyera en testigos. Otra cosa es la causa judicial por el saqueo, que continúa su tramitación en el Juzgado de Instrucción número 30, a cargo del magistrado Juli Solaz.
Afeitado, con americana y sin corbata, Millet ha recorrido los pasillos de los juzgados, acompañado de su nueva abogada, Mireia Astor, y se ha detenido a hablar con el letrado del bufete que le representaba, Jordi Pina, aunque no ha querido hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación congregados en el lugar. Esta mañana también declara Montull y el arquitecto Carles Díaz.
García-Bragado sostiene, y así lo explicó ayer en su declaración, que se enteró por una llamada de una periodista de EL PAÍS, en agosto de 2009, de que las fincas de la calle de Sant Pere més Alt donde se había de construir el hotel habían cambiado de titularidad tras el pacto alcanzado en julio de 2007 entre Millet y Montull, y la empresa Olivia Hotels. De haberlo sabido antes, dijo, se habría incorporado esta información al expediente y se habrían pedido explicaciones, porque, en su opinión, tenía trascendencia política conocer el verdadero propietario de los solares, aunque en ningún momento aventuró que eso hubiera paralizado el proyecto. García-Bragado dimitió de sus funciones como regidor de urbanismo el pasado mes de junio.
* El País - 11.09.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
La Fiscalía pide inhabilitar ocho años al alcalde de Borriol por prevaricación
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LEVANTE/Castelló* : La Fiscalía Provincial de Castelló ha solicitado la apertura de juicio oral ante el juzgado de lo Penal contra el alcalde de Borriol, el popular Adelino Santamaría, para el que piden ocho años de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de prevaricación por no ejecutar las órdenes de derribo que se habían dictado contra una cuadra ilegal de caballos de un matrimonio, al que se le imputa un delito contra la ordenación del territorio.
El escrito de la Fiscalía, firmado por la fiscal Dolores Ofrecio el pasado 26 de julio, ha sido remitido al juzgado de Instrucción número 1 de Castelló, que sigue desde 2006 la investigación sobre estas construcciones irregulares, denunciadas por un vecino, y contra las que el alcalde presuntamente no habría actuado pese a los requerimientos.
En el escrito, la fiscal sustenta su petición de inhabilitación para Santamaría asegurando que el alcalde tenía "constancia de la ilicitud" de la cuadra levantada por el matrimonio y firmó el 22 de junio de 2004 y el 2 de agosto de 2005, dos decretos acordando "la suspensión inmediata de las obras y desmonte de las mismas, respectivamente, sin adoptar medida alguna al respecto de la ejecución de los mencionados decretos, que fueron notificados en tiempo y forma a los otros acusados, quienes hicieron caso omiso a su contenido e incumplieron ambas resoluciones".
De hecho, en el escrito de la fiscal se hace constar que, en este tiempo, las cuadras tampoco han sido demolidas ni se han adoptado medidas por parte del alcalde "para la ejecución de las mencionadas resoluciones firmes". Para el matrimonio de vecinos responsable de levantar la cuadra, la Fiscalía pide una pena de un año de prisión para cada uno, inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses con cuota diaria de 20 euros. Deberán pagar además la demolición "de lo indebidamente construido".
Apertura de juicio oral
Tras la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía serán el resto de partes personadas; la acusación particular y las defensas, las que tendrán que confeccionar sus correspondientes escritos y será el juzgado quien decida, a la vista de las conclusiones de las partes si abre o no juicio oral ante el juzgado de la penal contra el alcalde y el matrimonio responsable de levantar la cuadra ilegal como pide el Ministerio Fiscal.
La instrucción sobres estas construcciones sigue adelante después de que haya estado cerca de tres años parada por los múltiples recursos interpuestos por las partes. La Audiencia resolvía en un auto que se dio a conocer el pasado mes de junio desestimar el último recurso presentado por el matrimonio y el alcalde para evitar que las diligencias se convirtieran en procedimiento abreviado.
Sin comunicación oficial
El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, declinó ayer realizar ningún tipo de pronunciamiento oficial al respecto del escrito de acusaciones emitido por la Fiscalía de Castelló ya que, tal como explicó, todavía no tenía "comunicación oficial" a través de sus abogados de la petición de inhabilitación. "Nos defenderemos en los juzgados cuando sea oficial", aseguró el munícipe que dejó entrever, sin embargo, que la noticia de la petición de ocho años de inhabilitación no le sorprendía teniendo en cuenta "que estamos en campaña preelectoral".
* Levante - 8.09.10
Foto: Borriol (Castelló) - absolutcastellon.com
El ex concejal de Urbanismo de Gondomar deberá pagar una multa de 540.000 euros
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LAVOZDEGALICIA/Pontevedra* : El caso Gondomar ya tiene sentencia. Esta mañana la sección quinta de la Audiencia Provincial ha dado a conocer las penas establecidas para los tres implicados en la trama, dos ex concejales populares y un arquitecto a los que el jurado popular consideró culpables de un delito de cohecho por al solicitar dinero a cambio de su apoyo a proyectos urbanísticos. La mayor pena recae en el concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, el único que mantuvo durante el juicio que era inocente.
A Gómez se le inhabilita un año para ocupar cargos públicos y se le impone una multa de 540.000 euros, una pena que se redujo casi a la mitad ya que se pedía inicialmente en torno al millón de euros.
Al otro concejal imputado, José Luis Mosquera, se le impone la multa de 135.000 euros que solicitaba la fiscalía y se le inhabilita durante cinco meses para desempeñar cargos públicos. Por último, al arquitecto Borja Ramilo, se le impone una multa de 67.500 euros y se le impide trabajar durante cinco meses para administraciones públicas.
El abogado del ex concejal de Urbanismo ya ha anunciado tras recoger la sentencia en los juzgados de Vigo su intención de presentar un recurso.
La trama
El caso de la trama urbanística de Gondomar fue desvelado por un empresario vigués, intermediario de una de las urbanizaciones que se pretendían llevar a cabo en la villa, quien se prestó, tras presentar la denuncia, a grabar en vídeo de forma secreta algunas de las reuniones llevadas a cabo con los ediles y el arquitecto en las que estos le habrían solicitado dinero a cambio de allanar el camino en el Concello a uno de dichos proyectos inmobiliarios.
Una sucesión de llamadas intervenidas judicialmente y la grabación de la petición del cohecho desde una cámara oculta en un botón de una chaqueta desencadenaron las detenciones el 14 de febrero del 2007. Dos de los inculpados fueron cogidos con las manos en la masa. El entonces concejal de Cultura de Gondomar, José Luis Mosquera, y su pareja, Belén Fernández, recibían aquella noche en la cafetería de un céntrico hotel de Vigo un paquete con 60.000 euros en concepto del primer pago por incluir en el nuevo Plan Xeral de la localidad el permiso para construir en una finca de 33.335 metros cuadrados. El segundo pago se libraría con la aprobación por parte de la Xunta del PXOM.
La sentencia reconoce la inocencia de la ex novia de uno de los concejales, Belén Fernández, a la que al inicio del juicio se le pedía una sanción de 135.000 euros.
* La Voz de Galicia - 8.09.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), juicio - lavozdegalicia.es
'Operación Gürtel': cronología de la investigación por presunta corrupción
20MINUTOS* : La 'operación Gürtel' ('correa' en alemán, denominada así por el apellido de Francisco Correa considerado el líder de la trama de corrupción), ha costado ya el puesto a tres alcaldes, una concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de Ayuntamiento, dos cargos de confianza; y el último, el tesorero del PP, Luis Bárcenas. Todos son del PP. Este es el desarrollo cronológico para entender la presunta red de corrupción y connivencia entre empresas y políticos.
2009
6 de febrero: La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
Comienzan a surgir los vínculos de los detenidos con el PP: uno de los cinco detenidos es un empresario muy ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP. Después de sabría que el detenido es Francisco Correa, al que se considera cabecilla de la supuesta red corrupta.
8 de febrero: Salen a la luz en distintos medios de comunicación los nombres de algunos de los miembros del PP presuntamente implicados en la trama: Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.
9 de febrero: Ante las sospechas de la imputación de González Panero, López Viejo y Ortega, comienzan las dimisiones. La más sonada, la del consejero de Esperanza Aguirre, López Viejo; también cesa en su puesto Guillermo Ortega y Rajoy anuncia la dimisión del alcalde de Boadilla, aunque González Panero tardó 24 horas en hacerlo, desmintió a Rajoy y finalmente dimitió como alcalde, pero no como concejal.
Un nuevo detenido se suma a la lista: Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market, que organizó actos para el PP.
10 de febrero: Garzón amplía su auto y ya son 37 los imputados en la presunta trama.
El PP se queja ante el juez de la Audiencia por las filtraciones del sumario que llegan a la prensa y 24 horas después pide la recusación del juez y anuncia el fin del pacto de la Justicia firmado por el Gobierno al conocerse que el entonces ministro Bermejo coincidió con Garzón en una cacería sólo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional.
12 de febrero: Garzón manda a prisión a tres de los detenidos por la presunta trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El juez los acusa de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Por otro lado, queda en libertad Álvaro Pérez Alonso.
19 de febrero: Dos periódicos relacionan al presidente valenciano, Francisco Camps, con la trama. Al parecer, habría conseguido trajes por valor de 30.000 euros por favores a la trama.
Camps comparece esa misma mañana para desmentir por completo las acusaciones y defiende sus "20 años de vida pública al servicio del interés general".
20 de febrero: Nueva víctima política por la trama en la Comunidad de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón cesa a José Javier Nombela, asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, también imputado por Garzón. También fue apartado de su cargo el director de la Empresa Municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente.
En plena investigación, el juez Garzón ingresa en una clínica por una crisis de ansiedad, un día después le dan el alta. Durante su baja, se encarga del caso el juez Pedraz, que se limitó a aplazar las declaraciones que Garzón tenía previstas.
25 de febrero: Con Garzón recién incorporado al trabajo, el PP presenta una querella contra el juez por prevaricación. Horas después, el magistrado implica en la trama al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador Luis Bárcenas. Además, Garzón desmiente las informaciones aparecidas en prensa que involucran en la trama al diputado del PP Esteban González Pons. Lejos de celebrarlo, el PP acusa al juez de haberse saltado el secreto del sumario del caso.
5 de marzo: Tras las peticiones de la Fiscalía y el PP, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso 'Gürtel' y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez amplía las imputaciones a otros seis miembros del PP: Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte), Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (alcalde de Arganda del Rey).
2 de abril. El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, supuestamente implicado en la trama, dimite como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid. Es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea, junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh, sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos.
14 de abril. La Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso.
5 de mayo. El Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa. La decisión la adopta el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.
7 de mayo. El juez Antonio Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
14 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cita para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Ambos declararán como imputados.
18 de mayo. El magistrado instructor del 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) traslada al miércoles la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Mientras, más de un centenar de cargos públicos del PP arropa a Camps durante un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat.
19 de mayo. El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa declara por el 'caso Gürtel' y asegura que su comportamiento ha sido legal.
20 de mayo. Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJV. A su salida dice estar "satisfecho y muy contento" de haber contado su verdad. El TSJV mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares.
21 de mayo. Detienen en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.
José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que "todos" los trajes que constan en el sumario del caso Gürtel fueron pagados por Pablo Crespo, 'número dos' del empresario Francisco Correa, administrador único de Orange Market y en prisión desde el mes de febrero por este caso.
22 de mayo. Nueva víctima política del 'caso Gürtel'. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP.
9 de junio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el caso Gürtel, impone una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados en el 'caso Gürtel'.
16 de junio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decide remitir la causa del 'caso Gürtel' al Tribunal Supremo (TS), al que pide que llame a declarar como imputados, y "con carácter urgente", al tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas así como a los parlamentarios Jesús Merino y Gerardo Galeote. A Bárcenas le imputa un delito fiscal y otro de cohecho.
22 de junio. La Fiscalía reclama también al Tribunal Supremo que asuma la investigación de todo el 'caso Gürtel' -salvo la parte que se instruye en Valencia- y que pida el suplicatorio ante el Parlamento para proceder contra los parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino así como del eurodiputado popular saliente Gerardo Galeote.
24 de junio. El Tribunal Supremo asume la investigación del tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, pero descarta hacerse cargo de todo el 'caso Gürtel'.
6 de julio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors decide continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho y fija la apertura de juicio oral para el próximo día 15.
10 de julio. La Fiscalía pide por segunda vez al Supremo que pida la autorización del Congreso y del Senado para proceder contra Bárcenas y Merino. A su vez, Bárcenas declara que si el juez lo imputa podría dejar su cargo "de forma transitoria".
17 de julio. El Tribunal Supremo llama a declarar como "imputados provisionales" al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido, Jesús Merino. Bárcelas declarará el 22 de julio y Merino, el 23.
18 y 19 de julio. Uno de los responsables de la trama Gürtel asegura que regaló bolsos de lujo a Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. La primera edil anuncia que se querellará contra quien difunda "calumnias" contra su persona y el PP emite un duro comunicado en el exige la comparecencia de los ministros de Interior y Justicia por las filtraciones.
22 de julio. El tesorero del PP y senador Luis Bárcenas comparece durante casi tres horas en el Tribunal Supremo como imputado provisional ante el magistrado Francisco Monterde. A su salida del Supremo, Bárcenas declara sentirse "muy contento de poder haber aportado todas las pruebas que demuestran mi inocencia".
23 de julio. El diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, imputado provisional en el 'caso Gürtel', afirma que espera que su declaración en el Tribunal Supremo (TS) "sirva para aclarar todas y cada una de las dudas que estaban planteadas" sobre su implicación en el caso. Tras abandonar la sede judicial, donde declara durante cerca de dos horas ante el magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, Merino añade que confía en la Justicia y expresa su satisfacción por haber podido declarar sobre este asunto tal y como había pedido. Preguntado sobre si ha justificado su patrimonio ante el magistrado instructor, asegura que no podía decir "nada más" porque las actuaciones están bajo secreto de sumario.
28 de julio. El senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, presenta su dimisión. Bárcenas declaró el pasado 10 de julio que dejaría "de forma transitoria" su cargo como tesorero del partido si, tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo, finalmente el juez pide autorización a las Cortes para imputarle en el caso Gürtel.
29 de julio. Un día después de que dimitiera el tesorero del PP, Luis Bárcenas, el diputado popular Jesús Merino renuncia al cargo que ocupaba como miembro de la dirección del partido en el Congreso, si bien mantendrá su escaño de parlamentario del PP. Además, la Sala de los Penal del Tribunal Supremo acuerda elevar al Senado y al Congreso los suplicatorios para seguir investigando a Bárcenas y a Merino por los delitos de cohecho y fraude fiscal.
3 de agosto. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana archiva la causa interpuesta contra los cuatro acusados por la trama en la Comunidad Valenciana, tras estimar sus recursos. La resolución incluye un voto particular de un magistrado que cree que sólo se debería archivar la causa contra Ricardo Costa, secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts. Ese mismo día, María Teresa Fernández de la Vega anuncia que la Fiscalía General del Estado recurrirá el fallo del TSJCV.
10 de agosto. La Policía registra la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en busca de vínculos con el caso 'Gürtel'. En concreto, las autoridades buscan documentación sobre contratos de la etapa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al frente de la institución. Al parecer, se trata de documentación reclamada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ocupa de la ramificación madrileña de la operación Gürtel.
28 de agosto. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) deniega la libertad provisional a Francisco Correa, principal imputado por el caso Gürtel, alegando a la posible obstrucción de pruebas y riesgo de fuga. Por otro lado, dimite el director de la TV valenciana. También el ex ministro de Justicia José María Michavila renunció a su escaño en el Congreso, alegando motivos personales y familiares. El despacho de abogados en el que trabaja el se vio relacionado con el caso, ya que varios de sus abogados defendieron al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.
2 de septiembre. El TSJM revela las razones por las que denegó la libertad provisional a Francisco Correa. Señala que el principal imputado intentó fugarse y conseguir residencia legal en Colombia y Panamá. Además, el magistrado prorrogó por un mes más el secreto del sumario.
15 de septiembre. El Pleno del Congreso vota a favor del suplicatorio del diputado popular Jesús Merino, de manera que el Tribunal Supremo puede proseguir investigándole por su presunta implicación en el caso y procesarle, si así lo considera.
24 de septiembre. La 'trama Gürtel' financiaba ilegalmente al PP valenciano. Así lo recoge el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el 'caso Gürtel'. Éste apunta a la existencia de una doble contabilidad y a una serie de facturas falsas a cargo del PP valenciano.
25 de septiembre. Varias voces dentro del PP han desacreditado el informe policial, desde Mariano Rajoy a Ricardo Costa, pasando por Javier Arenas y Federico Trillo.
29 de septiembre. El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), acuerda en un auto levantar parcialmente el secreto del sumario. En el listado de los 71 imputados en la causa, entre otros, está la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.
1 de octubre. La Fiscalía Anticorrupción recurre ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa por un supuesto delito de cohecho que se tramitaba contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
6 de octubre. El juez ha entregado a los abogados parte del sumario de la trama madrileña de 'Gürtel'. En él se habla de financiación ilegal en el PP de Galicia, en el de Valencia, sale el nombre de Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar, y otros muchos políticos relacionados con el PP.
8 de octubre. Los tres diputados imputados en 'Gürtel' dejan el PP en la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre asegura que no se pone "como ejemplo para nadie".
9 de octubre. El PP valenciano anuncia que propondrá el "cese temporal" de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano.
13 de octubre. El secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, asegura que no va a dimitir en un comunicado leído en la sede del partido en Valencia, donde reitera que ni él, ni Camps, han incumplido la ley, y recalca su lealtad al PP, a Camps y a Rajoy.
Horas después, Génova da por hecho la "suspensión" de Costa, pero el PP valenciano lo niega. Camps mantiene a Costa en el cargo, pese a que la dirección nacional del partido le considera destituido.
14 de octubre. La guerra entre el PP nacional y el valenciano parece tener un ganador, Mariano Rajoy. Francisco Camps destituye a Ricardo Costa de sus cargos como secretario general del PP valenciano y portavoz en las Corts. Génova estaba dispuesto a expulsar a Costa si éste se empeñaba en aferrarse a sus cargos.
15 de octubre. Rajoy comparece en rueda de prensa y asegura sobre Camps que mantiene "el mismo nivel de confianza de siempre". "No tengo ninguna duda sobre su honradez, dijo, antes de recordar que, "una vez archivado el caso en el TSJ de Valencia, no hay ningún elemento nuevo que haga que deba ser cesado". Además, adelantó que su voluntad es que siga siendo presidente de la Comunitat Valenciana y candidato en las elecciones de 2011. "A mí el señor Camps no me ha mentido", recalcó.
27 de octubre. El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ordena la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros de Antoine Sánchez, uno de los tres imputados que, junto a los líderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, permanecía en prisión preventiva.
23 de noviembre. Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de una de las sociedades de la trama de corrupción.
2010
25 de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las escuchas grabadas en la cárcel y ordenadas por el Juez Garzón entre los imputados y sus abogados.
5 de abril. El juez exige más de 200 millones de fianza a Correa y a sus colaboradores en "Gürtel".
6 de abril. Se levanta parcialmente el secreto de sumario. Entre otras cosas, los 50.000 folios de la instrucción recogen declaraciones de agentes de la Policía que dan por hecho que Luis Bárcenas cobró 1,3 millones de euros de la "caja B" de la trama "Gürtel".
8 de abril. Luis Bárcenas solicita la baja temporal como militante del PP y deja definitivamente sus funciones como tesorero del partido. Bárcenas, sin embargo, seguirá como senador por Cantabria. También pide la baja del PP el diputado Jesús Merino.
La frase del día la pronuncia Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid al asegurar, entre las carcajadas de la oposición, que ella "destapó la trama Gürtel".
9 de abril. María Dolores de Cospedal confirma que Bárcenas dejará de tener despacho en la sede nacional del PP, también asegura que "no ve obstáculos" para que el ex tesorero siga como senador adscrito al grupo popular.
13 de abril. La trama Gürtel salpica a Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar. El 'cerebro' de la trama, Correa, fue testigo de honor en la boda de Ana Aznar y Agag. Leire Pajín asegura que la trama corrupta se introdujo en el PP de la mano de Agag y Ana Botella le defiende recordando que no está imputado.
14 de abril. El PP pagaba 350 euros la hora al bufete del prestigioso penalista Miguel Bajo por defender al imputado Luis Bárcenas.
16 de abril. El Tribunal Supremo ha confirmado la admisión a trámite de la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, en relación a la intervención de comunicaciones en prisión entre acusados del 'caso Gürtel' y sus letrados.
19 de abril. El ex tesorero del PP Luis Bárcenas presenta en el registro del Senado un escrito por el que renuncia a su escaño en esta Cámara, al igual que el también imputado en la trama Jesús Merino.
22 de abril. La 'mano derecha' del cerebro de la trama, Pablo Crespo, queda en libertad tras pagar 1,2 millones de euros. El juez le retira el pasaporte.
29 de abril. Franciso Correa, el jefe de la trama Gürtel, se llevaba el 2% de los contratos de los ayuntamientos madrileños de Boadilla y Majadahonda. También se desvela que los miembros de la trama compraron libros para aprender a delinquir y que Correa fue timado en varias ocasiones.
En el terreno judicial, un juez del Supremo cita a Baltasar Garzón el 10 de mayo para que declare como imputado por las escuchas que ordenó a los encarcelados por su relación con la trama.
El PSPV presenta un informe en Les Corts que asegura que la Generalitat valenciana "ha vulnerado la ley en más de 50 ocasiones" con fraccionamientos de contratos para evitar la publicidad y concurrencia.
1o de mayo. Baltasar Garzón asegura al juez que "las escuchas eran la única vía para no perder los fondos del Gürtel".
18 de mayo. El Tribunal Supremo argumenta su decisión de ordenar a la Justicia valenciana que se siga investigando a Camps por aceptar trajes de la trama Gürtel. El Supremo explica en su sentencia que considera delito el simple hecho de que Francisco Camps aceptara los trajes.
26 de mayo. El juez Pedreira, del TSJM, ve indicios de delito electoral y cohecho en el Gobierno de Camps y remite parte de la investigación al TSJ de la Comunidad Valenciana. Camps, por su parte, afirma que el caso "es un montaje" y asegura que "terminará en nada".
21 de julio. El juez Pedreira, del TSJM, , cita a declarar en calidad de imputados a dos empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, por los supuestos delitos de cohecho, falsedad y fraude fiscal dentro de la trama. Son Rafael Naranjo Anegón,Luis Valor San Román y José Luis Cortés Bañares.
1 de septiembre. Un nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel insiste en que varios empresarios financiaron actos del PP valenciano pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con la sociedad Orange Market.
2de septiembre. El juez instructor del caso, Antonio Pedreira, ha concedido un plazo de diez días al ex diputado Jesús Merino y al ex senador Luis Bárcenas para que se personen en la causa tras la pérdida de su condición de aforados después de renunciar a sus escaños.
3 de septiembre. El Partido Popular ha levantado este viernes la suspensión de militancia al ex-secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, diez meses después de ser suspendido por su posible relación con la trama. También ha devuelto la militancia al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
* 20 Minutos - 3.09.10
Foto: Garzón y 10 de los implicados en la 'operación Gürtel'. (Imagen: 20MINUTOS.ES)
Alicante.- El 'caso Brugal' investiga el regalo a Ripoll de dos pisos por una contrata
ELPAÍS* : El caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) investiga la entrega de dos pisos o su equivalente en metálico a José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante, a cambio de favores a dos empresarios en la adjudicación de la contrata de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. El también titular de la Diputación recibió la dádiva por supuestos favores a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, dueño del Hércules CF.
La adjudicación de la planta del plan zonal es uno de los dos pilares de un sumario que se incoó en marzo de 2007. El segundo es la adjudicación de la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela. En esta parte, la investigación indaga la supuesta financiación ilegal del PP por parte del empresario Fenoll. El objetivo del industrial, siempre según las diligencias del sumario, era asegurarse la victoria de los populares, como así ocurrió, y poder hacerse con la concesión del servicio.
El magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, dictó el pasado día 2 un auto en virtud del cual levanta el secreto del sumario de esas dos piezas principales del sumario, y de otras ocho sobre las que inicialmente se inhibió por motivos de competencia territorial, pero que los jueces sobre los que recayeron han rechazado.
La planta del plan zonal la adjudicó el 3 de enero de 2008 el consorcio provincial de residuos (órgano dependiente de la Diputación de Alicante y presidido por Ripoll) a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Cespa y una empresa de Enrique Ortiz. La contrata del plan zonal de La Vega Baja acaba de ser declarada ilegal en el plano del Derecho Administrativo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante ha anulado el proceso por entender que se vulneró el pliego de condiciones en el apartado del emplazamiento de la industria. El Consorcio optó por ubicar la planta en una finca de la pedanía oriolana de Torremendo, alternativa peor valorada que la oferta base, en el municipio de Albatera. Unos meses después de la adjudicación, la junta del consorcio provincial volvió a operar un nuevo cambio en la ubicación de la planta a una finca contigua, también en la pedanía de Torremendo, pero propiedad de Fenoll.
La contrata de la basura de Orihuela se adjudicó en octubre de 2008 a una UTE integrada por SUFI y las firmas Liasur y Gobancast. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes. La investigación cree que Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll. El contrato incluye una flota de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory, amigo de Ripoll y también imputado en el sumario.
En el caso Brugal hay 54 imputados: 15, tras ser arrestados por la policía: cuatro en la primera fase del caso (30 de mayo de 2007) y los 11 restantes, el pasado día 6 de julio . El imputado de mayor calado es Ripol l, y, junto a él, tres ediles del PP de Orihuela y varios empresarios, entre ellos destacan Ortiz y Fenoll, cabecilla de la trama, según la investigación. El juez también ha imputado a otras 39 personas, que no fueron previamente detenidas ni han comparecido aún ante el magistrado. De este grupo, la más relevante es la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP.
* El País - 08.09.10
Foto: Alicante, estadio Rico Pérez - urbanity
Málaga.- Secretarios piden más fondos para cumplir la ley urbanística
MÁLAGAHOY* : El presidente del colegio de secretarios, tesoreros e interventores de la Administración pública de Málaga, Domingo Gallego, pidió ayer "suficiente financiación" para que las entidades locales puedan desarrollar con plenas garantías las competencias que tienen atribuidas por ley en materia de urbanismo. En este sentido, explicó a Efe que, en el caso de las corporaciones que precisen de auxilio para cumplir la normativa por falta de medios, sea la Diputación Provincial la que preste ese servicio y colaboración a quienes lo demanden.
A su juicio, para acabar con los problemas urbanísticos, tampoco contribuye la proliferación de modificaciones de normativa, ya que, según ha apuntó, éste no es el mejor panorama para que haya estabilidad y seguridad jurídica en la interpretación de las normas.
Por otro lado, Gallego aseguró que "no se puede pensar que todos los municipios disponen de los mismos medios para el control de la materia, dado que no es lo mismo tener 2.000 habitantes que 30.000, ni tampoco estar ubicado en el interior o en la costa".
Además, subrayó a Efe la importancia de la colaboración entre las distintas entidades locales y otras administraciones públicas, de manera que se coordinen y establezcan pautas y un protocolo de actuaciones concretas, además de prestar servicio de auxilio a los ayuntamientos que lo requieran. También destacó el papel que desempeña la educación en la ciudadanía, que debe ser "consciente" de que la normativa debe cumplirse para un desarrollo urbanístico adecuado.
* Málaga Hoy - EFE - 8.09.10
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
Ecologistas denuncia a la Fiscalía a dos ex delegadas de Medio Ambiente
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DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Cádiz contra las dos anteriores delegadas de la Consejería de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Isabel Gómez y Gema Araujo. Según ha explicado a este diario el portavoz del colectivo, Juan Clavero, los conservacionistas consideran que ambas podrían haber cometido sendos supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental para que a la empresa promotora de las obras que desviaron el cauce del río Guadalete, en Grazalema, Inmocentral, se le impusieran penas mínimas. Y es que, denuncia Clavero, "Isabel Gómez y Gema Araujo certificaron que Grazalema no pertenece al Parque Natural para justificar sanciones mínimas por el desvío del río".
La historia se remonta a octubre de 2005. Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente por las obras que se estaban llevando a cabo en Grazalema, consistentes en el encauzamiento y desvío del cauce del río Guadalete para favorecer la construcción de un bloque de pisos. El colectivo advertía entonces que los trabajos (que desviaron el originario cauce fluvial, sobre el que comenzó a levantarse la promoción de viviendas) infringían la normativa del Parque Natural Sierra de Grazalema así como la Declaración de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
A raíz de esta denuncia, rememoran desde Ecologistas, "se procedió a la paralización de las obras y a la apertura del correspondiente expediente sancionador por parte de Medio Ambiente, que culminó en marzo de 2006 con una resolución de la entonces delegada provincial Isabel Gómez García por la que se sancionaba a la empresa constructora Inmocentral a una multa de 6.010 euros, el mínimo que estipula la Ley, y a restaurar el río a su estado original".
Cuando Ecologistas en Acción pidió explicaciones de por qué se imponía "una sanción tan ridícula por hechos tan graves ocurridos en un cauce público y en el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema", la entonces delegada Gemma Araujo, agrega Clavero, " contestó textualmente que no se estimó la concurrencia de agravante alguna, entre las previstas en el artículo 65 de la Ley 7/1994, ya que las obras se ejecutaban en el casco urbano de Grazalema y no en el interior del Parque Natural, tal como recogía el informe del director conservado".
Ante lo que los ecologistas tildan de "evidente falta a la verdad para justificar una sanción mínima", solicitaron un informe jurídico a la Consejería de Medio Ambiente para determinar si los núcleos urbanos pertenecen a este parque natural. Tras más de dos años, por fin los servicios jurídicos de la Junta dictaminaron que los cascos urbanos de los municipios incluidos en este parque natural pertenecen al mismo. Por ello, a juicio de Juan Clavero, "queda en evidencia que estas dos responsables públicas, y el anterior director del parque que, según asegura Araujo en su escrito, certificó que el pueblo de Grazalema no pertenecía al parque natural, podrían haber incurrido en sendos delitos de falsedad documental y prevaricación".
Ecologistas en Acción espera que la Fiscalía tome cartas en este asunto "que tiene una gran trascendencia, pues en estos últimos años la Consejería de Medio Ambiente se ha negado a intervenir ante las numerosas ilegalidades que se han venido cometiendo en los cascos urbanos del parque natural aduciendo que no pertenecían al parque".
El colectivo se ha dirigido también a la actual delegada, Silvia López, para que se pronuncie sobre el asunto, y quiere que se aborde en Junta Rectora del Parque. Este diario intentó ayer contactar con la delegada, no siendo posible.
* Diario de Cádiz - 7.09.10
Foto: Cauce desviado del río, y a la izquierda, bloque erigido sobre el primitivo cauce en Grazalema.- diariodecadiz.es
La Confederación del Segura advierte de los 'tapones' urbanísticos
LAVERDAD/Murcia* : Las asociaciones de vecinos de La Palma y La Puebla han hecho pública su preocupación por el aumento del riesgo de inundaciones que supone la falta de limpieza de canales de riego y ramblas. Mientras los habitantes de esa zona esperan una respuesta de la Comunidad de Regantes, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha asegurado que tendrá limpias todas las ramblas de cara al inicio del otoño. No obstante, la CHS ha llamado la atención sobre la existencia de numerosas zonas que quedaron anegadas por las lluvias torrenciales de septiembre del año pasado y que son competencia del Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma.
Calles con baches, carreteras que pasan sobre ramblas o muy cerca de ellas, muros que bloquean la salida natural del agua o casas construidas en zonas inundables forman parte del catálogo de lugares donde el 28 de septiembre de 2009 la Policía Local, los bomberos y Protección Civil tuvieron que actuar con urgencia ante el estancamiento de las aguas.
Aquel día, sobre la comarca del Campo de Cartagena cayó cerca de la mitad de agua que suele llover en todo un año, y a pesar de que el sistema de colectores y alcantarillado funcionó mucho mejor que otros años, hubo problemas de envergadura en casi todos los barrios y diputaciones.
El Ayuntamiento asegura que toma nota de cada incidencia para resolverla lo antes posible a través de sus equipos de emergencias, Urbanismo, Infraestructuras o la empresa de aguas Aquagest.
ZONAS CONFLICTIVAS
Tentegorra: Los García de Abajo. Tentegorra: En la carretera, cercad del Hospital Perpetuo Socorro. Rambla de Canteras: Desbordada detrás del hospital. La Loma de Canteras: Inundación en la urbanización. Santa Ana: Calle Don Rodrigo, cerca de la carretera N-301. La Aljorra: Rambla de Benipila desbordada a la altura del Circuito de Velocidad. Bº de la Concepción: Asilo de las Hermanitas de los Pobres. Rambla del Portús: Tráiler arrastrado al mar. Cámping del Portús: Barranco a punto de desbordarse. Tentegorra: A la altura de los concesionarios, cerca del cruce de Cuatro Caminos. Perín: Carretera Cartagena-La Azohía, a la entrada del pueblo. Miranda: En la carretera, Frente a Muebles Rey. Santa Ana: Calle Fernández de Moratín. Los Dolores: Calle Santa Ana. Nueva Cartagena: Cerca de las viviendas sociales y la rambla de Los Barreros. La Algameca: A la altura del Club Naval de Suboficiales. La Palma: Calle Mayor. Los Dolores: Rambla desbordada a la altura de las casas del Retiro. Santa Ana: Muro que impide el paso en la calle Don Rodrigo. El Bohío: A la altura del antiguo puente de la carretera de Los Dolores a El Bohío. La rambla fue cegada y cerca hicieron una urbanización. Rambla del Portús: Cerca de la Venta Ramírez. Rambla de Los Dolores: Desbordamiento de la rambla de Los Dolores junto a la carretera de la diputación de El Plan, al salir del Eje Transversal.
Las Tejeras: Junto al puente de hierro. Rambla de San Isidro: Desbordamiento. Polígono de Santa Ana: Calle Siracusa. Rambla de Miranda: Cerca de la carretera del Trasvase, junto a las bombas de agua. Los Barreros: Calles Mayor y La Palma. Las Lomas de Pozo Estrecho: Urbanización Las Lomas. Roche Alto: En la carretera (bajo la autovía), entre Cartagena, Los Camachos y Roche.Rambla de Cuesta Blanca: Carretera de Tallante a Las Palas. Rambla de Santa Ana: Calle Don Rodrigo. Santa Ana: Muro en la calle General Marín Alonso. Rambla de Cuesta Blanca: Carretera de Tallante a Las Palas. Rambla de Santa Ana: Calle Don Rodrigo. Santa Ana: Muro en la calle General Marín Alonso. Carretera El Sifón: Carretera Los Dolores-La Palma, a la altura del Restaurante El Paraíso. Rambla de Cuesta Blanca-San Isidro: Carretera N-332. La Aparecida: Rotonda de entrada al pueblo. La Algameca Chica: Desbordamiento de la rambla de Canteras.La Puebla: Carretera de La Palma. La Palma: Entrada por la carretera. Los Urrutias: Carretera de Los Alcázares Rambla de El Albujón: Desbordamiento. Fuente: Dirección General de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.
* La Verdad - 7.09.10
Foto: Murcia, inundaciones 2007 - laverdad.es
Los vecinos de la Playa de Palma se concentrarán el próximo 14 de septiembre frente al Consolat de Mar
EUROPAPRESS* : La Plataforma de Vecinos y Comerciantes de la Playa de Palma y Llucmajor se concentrará el próximo 14 de septiembre a las 20.00 horas frente al Consolat de Mar para mostrar su rechazo al derrumbe y expropiación de entre 250 y 300 viviendas y un centenar de locales comerciales, contemplada en el Plan Director para la reconversión de esta zona turística. Así lo ha informado el portavoz de la plataforma, Enrique Salvà, tras registrar esta mañana un escrito en el Consell de Mallorca en el que insta a la Comisión de Urbanismo a que se oponga al derrumbe de las viviendas y locales comerciales y rechace la construcción de un centro comercial en Ses Fontanelles y de un bulevar en el Torrent des Jueus, al considerar que estas actuaciones "se saltan a la torera" el Plan Territorial de Mallorca (PTM).
Por otro lado, ha instado a todos los ciudadanos, vecinos o no de la Playa de Palma, a que participen en la citada concentración para "solidarizare" con las personas que tienen un "drama" con el proyecto de reforma de la Playa de Palma, dado que su futuro "no está garantizado".
Precisamente, este acto tendrá lugar pocos días después de que la citada plataforma se reúna el 8 de septiembre a las 17.00 horas con el presidente del Govern, Francesc Antich, con el fin de exigirle "no que paralice la expropiación y el derribo de las viviendas y locales comerciales, sino que retire el proyecto o que lo modifique, para que, en lugar de un derrumbe, se plantee una rehabilitación".
Salvà también ha acusado al Consorcio, dirigido por Margarita Nájera, de haber "despreciado totalmente" la participación ciudadana a la hora de elaborar el Plan Director para la reconversión de la Playa de Palma, dado que los vecinos y comerciantes "no tenían ni idea" de lo que se pretendía hacer en esta zona.
No obstante, ha admitido que sí ha habido una participación "muy pequeña" en la elaboración de los proyectos por parte de "enlaces de diferentes asociaciones", si bien a estas personas "se le dijeron una serie de cosas y, sin embargo, lo que ha salido no ha tenido nada que ver".
"De lo que se sabía a lo que se ha hecho no hay color", ha zanjado, al tiempo que ha instado a los ciudadanos a que presenten alegaciones al Plan Director de "manera masiva" durante el periodo en el que está en exposición pública.
* Europa Press - 1.09.10
Foto: Palma, aérea Can-Pastilla - qhacerenmallorca.com
Confirman la condena por prevaricación urbanística para el alcalde de Canillas de Albaida
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SUR/Málaga* : La Audiencia de Málaga ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal nº5 que condenó al alcalde del municipio de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz (PP), a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación urbanística, al conceder una licencia de obra para una vivienda en suelo no urbanizable y sin constar toda la documentación. En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado y se señala que con su manera de actuar el alcalde «eludió los controles legalmente previstos por la normativa para evitar decisiones administrativas contrarias a la misma con el consiguiente daño para el medio ambiente».
El Juzgado de lo Penal consideró probado que el propietario y promotor y el constructor llevaron a cabo a lo largo de 2006 la construcción de una vivienda en el paraje denominado El Mosquín de unos 137 metros cuadrados, presentando solicitud en el Ayuntamiento en julio de 2004 «sin el preceptivo proyecto técnico ni visado, ni proyecto de actuación», precisos al ser suelo no urbanizable.
A pesar de esto, el permiso fue concedido por decreto del alcalde, «omitiendo la reclamación de documentación técnica visada del arquitecto municipal en su informe, con grave incumplimiento de la normativa reguladora de la concesión de licencias urbanísticas», en concreto de varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Procedimiento
La Sala destaca que la omisión del procedimiento legalmente establecido «ha sido considerada como una de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos» y explica que «las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen normalmente la función de alejar los peligros de arbitrariedad y la contradicción con el derecho».
Aunque precisa que no se puede identificar automáticamente la omisión del procedimiento con el delito de prevaricación, apunta que en este caso el acusado concedió la licencia «a pesar de que obraba en el expediente administrativo informe del arquitecto técnico del Ayuntamiento en el que se hacía constar expresamente que no se acompañaba a la solicitud la documentación técnica visada».
Además, se hacía constar en informes posteriores que al estar calificada la parcela como no urbanizable «era preciso», además, un proyecto de actuación y el alcalde «a pesar de ser plenamente consciente de que faltaba dicha documentación, como admitió en el juicio, concedió la licencia alegando que le insistían mucho», con lo que «se ha obviado el procedimiento legalmente establecido».
Regidor
El alcalde, Antonio Díaz (PP), que desconocía ayer la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, no quiso pronunciarse sobre las acciones que llevará a cabo o si piensa dimitir del cargo, al menos, hasta tanto no habla con su abogado. «No conozco la sentencia y por tanto no puedo decir nada, salvo que me voy a tomar el asunto como mucha tranquilidad», dijo.
* SUR - 7.09.10
Foto: Canillas de Albaida (Málaga) - wikimedia.org
El penelopismo urbanístico
ALFONSO VILLAGÓMEZ* : En efecto, una ley tras otra del Parlamento de Galicia han provocado la irritación en los ciudadanos, el desconcierto en los profesionales y un sobreesfuerzo añadido para los tribunales de justicia. A una regulación que inicialmente solo incidía sobre aspectos organizativos de la competencia autonómica, le siguieron nuevas disposiciones legales que abordaban ya la actuación, los medios de intervención y definición de las distintas categorias del suelo por parte de las administraciones públicas de Galicia. Y, así, en el primer día del año 2003, entraba en vigor la ley de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga), que pretendía sentar las bases para un urbanismo moderno a partir de un nuevo planeamiento municipal ajustado a la realidad territorial, costera y rural del país. Sin embargo, las ambiciosas novedades normativas que se contenían en el articulado de esta ley quedaron en gran parte amortiguadas por las eclécticas y comprensivas disposiciones adicionales y transitorias incorporadas en la misma.
Los limites edificatorios que se establecieron en el articulado de la Louga para los suelos rústicos y de protección especial parecían evaporarse en función de criterios utilitaristas contrarios al espíritu de la misma ley; y similar suerte corrieron las serias advertencias impuestas a los municipios para que procedieran a la adaptación de los instrumentos del planeamiento en sus respectivos ámbitos territoriales. Todo lo cual se materializó en una nueva reforma legislativa que ha sido aprobada hace sólo unos meses.
Pero lo peor es que el 90 por ciento de los municipios de Galicia no han adaptado sus planes generales de ordenación, y, una vez más, por medio de estas nuevas modificaciones legislativas se trastocaron aquellos aspectos mas conflictivos referidos a los límites para la construcción en los municipios del litoral o las medidas de disciplina para las construcciones carentes de la preceptiva licencia, sin que el legislador autonómico se inmutara. El resultado de este desorden no podía ser así otro que un semillero de pleitos para nuestra muy estresada administración de justicia. ¿Cuándo finalizará la procelosa travesía por consellerías, ayuntamientos y juzgados a que obliga este desorden urbanístico? Quizá solo el día que se tome plena conciencia de que nuestras casas solo serán en un futuro próximo sostenibles si lo es la tierra sobre la que se levantan.
* Alfonso Villagómez. Maxistrado
* Xornal - Opinión - 5.09.10
La trama corrupta del negocio de la basura en el sur de Alicante se extiende a seis nuevos municipios
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ELPAÍS* : La trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante se extiende a seis nuevos municipios: Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar de la Horadada, Jacarilla y Callosa del Segura. El dato está incluido en el auto del juez instructor del sumario general de la causa, conocida como caso Brugal. El magistrado ha decretado el levantamiento del secreto de las diligencias, en reserva desde marzo de 2007 cuando comenzó la investigación por lo supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.
En ese sumario hay ya formalmente 15 imputados después de ser arrestados por la policía. El imputado de mayor calado es el presidente de la Diputación de Alicante y líder de los conservadores alicantinos, José Joaquín Ripoll, y junto a él tres ediles del PP de Orihuela y varios empresarios. En esta segunda categoría destacan el industrial Ángel Fenoll y el promotor Enrique Ortiz. Además, el juez también ha imputado a otras 39 personas, encabezadas por la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP. Ninguno de estos últimos imputados ha sido detenido ni comparecido ante el magistrado.
El magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, ha acordado la alzada del secreto sobre la parte del sumario que inicialmente asumió (adjudicación de la contrata de basuras del municipio de Orihuela) y también sobre el resto de piezas de las que se inhibió por motivos de competencia territorial y que los nuevos jueces en los que recayó han rechazado. Entre esas piezas, según recoge el auto firmado por San Martín el pasado día 2, se encuentran el proceso de adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja. Este proyecto lo adjudicó el consorcio provincial de la Diputación, que también preside Ripoll. El adjudicatario fue una UTE integrada por la firma Cespa y una empresa del grupo de Enrique Ortiz. El resto de las causas desglosadas que han sido devueltas a la oficina judicial de San Martín son las siguientes: Recogidas de algas del municipio de Orihuela, caminos a la planta de la mercantil Proambiente (propiedad de Ángel Fenoll), Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar de la Horadada, Jacarilla y recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Callosa del Segura. El empresario Ángel Fenoll es el adjudicatario de la basura en Callosa del Segura, Rafal y Algorfa.
El auto de levantamiento del secreto del sumario no es firme. Las partes tienen un plazo de cinco días para apelar a la Audiencia de Alicante. Ninguna de la partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido aún si recurrirá.
* El País - 7.09.10
Foto: Callosa (Alicante) , ayuntamiento - turiscam.gva.es
