ELPAÍS* : Los millones de personas que visitan la Puerta del Sol en verano se topan con una enorme publicidad: un cartel de la película Origen de unos 390 metros cuadrados cubre la fachada del número 6 de la emblemática plaza. Durante el Mundial, la pared estuvo cubierta por una publicidad de Nike con Andrés Iniesta, Cesc Fábregas y Sergio Ramos. Sin embargo, el andamio del edificio no esconde ninguna obra. El dueño del inmueble empezó a cubrirlo con la tela el 7 de junio, pero ningún albañil ha acudido a la supuesta reforma.
La empresa dueña del andamio admite que tienen previsto que la obra dure unos tres meses como mucho, pero que han pedido permiso al Ayuntamiento para colocar la publicidad durante ocho meses. En ese periodo se burla la ordenanza municipal de 2009 que prohíbe colocar publicidad en lugares emblemáticos.
El edificio, situado en la esquina de la calle de Carretas, a solo unos metros de la sede de la Comunidad de Madrid, está en buen estado, rehabilitado recientemente. La impresión que uno saca al visitarlo es que está casi nuevo. Alberga oficinas en alquiler.
Los inquilinos se sorprendieron cuando el pasado 3 de junio recibieron una carta en la que les anunciaban que iban a emprender una obra para "arreglar balcones, ventanas y persianas de madera". La carta decía que la reforma duraría unos seis meses. Se colocó la publicidad, pero dos meses y medio después los obreros solo han aparecido a cambiar el cartel. La empresa dueña del edificio no quiso ayer comentar la situación, aunque insistió en que "se va a rehabilitar la fachada". Un portavoz de la firma que gestiona la publicidad, Soportes y Medianeras SL, afirma que ha habido un retraso.
Sin embargo, Andamios Aniber, la firma que ha colocado la estructura, ofrece otra versión. "Han contratado el andamio para ocho meses y la rehabilitación es de tres meses", según explicó ayer una portavoz de esta empresa. Contratar un andamio es caro, porque hay que pagar alquiler diario en función de la superficie que cubra. Para esta estructura (cubre unos 390 metros cuadrados, 26 de ancho por 15 de alto), el alquiler es de unos 585 euros al mes, a los que hay que sumar unos 4.800 euros de montaje y desmontaje y otros 1.800 de transporte, según las tarifas que ofrece Andamios Aniber. El Ayuntamiento también cobra. La firma de andamios explica que la publicidad -y más en un sitio tan concurrido- paga de sobra las obras y por eso a los dueños les interesa. Añade que lo habitual es compensar a los comercios que se vean afectados. Ellos ganan. Pierden los viandantes y los inquilinos.
El Ayuntamiento de Madrid se remite a la ordenanza de publicidad exterior, aprobada el año pasado. Un portavoz municipal explicó que la publicidad en fachadas está vinculada a las licencias de obras que permiten el andamio. "Si tiene la correspondiente licencia de obras podrá tener publicidad exterior", apunta. Las mismas fuentes no pudieron precisar en qué situación se encuentran los permisos urbanísticos del inmueble.
La obra inexistente
- El 3 de junio pasado, el dueño del número 6 de la Puerta del Sol comunicó a los inquilinos que iba a cubrir el edifico por una reforma pese a que el edificio fue rehabilitado hace pocos años.
- El edificio fue cubierto con una lona publicitaria y desde entonces solo han ido obreros para cambiar la publicidad.
- La empresa de la publicidad asegura que ha habido retrasos, pero la firma del andamio revela que les contrataron para cinco meses, tres más de lo previsto para la reforma.
* El País - 27.08.10
Foto: Madrid, sede de la presidencia de la Comunidad en la Puerta del Sol - google
Madrid.- Una enorme publicidad cubre un edificio en Sol que no está en obras
Medina construirá el 'parking' en la Plaza Mayor después de las Edades
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NORTECASTILLA/Valladolid* : El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Medina del Campo ya tiene elaborado el pliego de condiciones para la creación de un 'parking' subterráneo en la Plaza Mayor con más de 400 plazas, según confirmó el alcalde de la localidad, Crescencio Martín Pascual. El documento se publicaría de forma legal durante el último año de esta legislatura del PP en la administración local y, nada más finalizar la exposición de las Edades del Hombre, se sacará a concurso público para que las empresas nacionales e internacionales especializadas puedan pujar por su construcción.
«No hemos pensado en levantar la Plaza Mayor antes de las Edades del Hombre» apeló Martín Pascual, quien añadió que «mientras esté la exposición abierta en Medina del Campo, no se iniciarán las obras del 'parking'». De manera habitual la muestra de las Edades del Hombre tiene una duración de seis meses y se inauguraría después de Semana Santa. Además, cabe la posibilidad de solicitar una prórroga de cuatro meses más, por lo que la muestra de arte sacro podría estar abierta unos 10 meses. Una vez finalizada, y según se desprende de las declaraciones del regidor, el pliego de condiciones sería publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Promesa electoral
Este proyecto, que estaba incluido en el programa electoral del grupo de gobierno local, pretende terminar por fin con los diferentes problemas de infraestructura del coso medinense y con la falta de plazas de estacionamiento del centro. Martín Pascual aseguró en declaraciones a EL NORTE DE CASTILLA que este futuro plan era una de las principales propuestas del grupo de gobierno desde hace más de 12 años, cuando él entro en el consistorio. «En el año 1999 finalizó la última remodelación y no se aprovechó esa ocasión para haber hecho lo que realmente necesitaba la plaza y lo que se pedía desde la calle, que era el parking» aseguró, mientras añadía que «además de gastar una cantidad elevada en ese esa última remodelación, continuaron y continúan los problemas».
Desde 1999 se han hecho diversos estudios, algunos de ellos desde la Asociación de Empresarios de Medina, en la que se estudiaron las diferentes propuestas realizadas por empresas en las que se ponían de manifiesto las mejores técnicas para el futuro 'parking' subterráneo. Asimismo, y desde la asociación declaran que «el nuevo cambio de la plaza sea a mejor y que debe atender las necesidades de la población».
La elaboración del pliego de condiciones se puso en marcha hace más de seis meses. En él destacan puntos importantes como que «la creación total del 'parking' tendrá un cero coste a los bolsillos de los medinenses», como aseguró el concejal delegado de Urbanismo, Javier Rodríguez, quien agregó que «será la empresa que haga el aparcamiento la que tendrá que abonar todos los gastos de inversión para la construcción».
Además de ser cero el coste para los vecinos de la localidad, la empresa ganadora del concurso público tendrá la explotación en exclusiva del inmueble por 59 años, tiempo permitido por la Ley de Contratos del Estado. El 'parking' deberá tener dos plantas. En la segunda planta se crearán 200 plazas de estacionamiento en régimen de venta para residentes, según confirmó Rodríguez. El concejal añadió que «con el AIR y el PECH muchas de las casas del centro se revitalizarán, por lo que muchos medinenses irán a vivir en régimen de compra o alquiler a estos edificios, con lo que a la hora de encontrar plaza de aparcamiento será más fácil con el 'parking'». En la primera planta se crearán otras 200 plazas en régimen rotacional.
Tres proyectos
«La empresa recuperará la inversión empleada en la construcción, tanto por lass ventas de plazas como por las rotatorias», explicó Rodríguez, quien añadió que «el pliego también incluye el proyecto superior de la plaza», es decir que aquellas empresas que quieran hacer el parking también deberán presentar tres proyectos para la creación de la superficie.
Los tres proyectos de la empresa ganadora del concurso público se publicitarán para que los medinenses ejerciten su derecho al voto y decidan su plaza mayor. A pesar de que aún se desconoce dónde se colocarán las maquetas y cuál será la fórmula perfecta para hacer partícipes a todos los medinenses, tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo lo tienen muy claro: «la remodelación se hará a gusto de todos los medinenses».
* El Norte de Castilla - 2.08.10
Foto: Plaza Mayor de Medina, con la escultura de Isabel la Católica.- F. JIMÉNEZ, nortecastilla.es
Chile.- Serviu hace denuncia por presuntas nuevas irregularidades en proyecto
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ELMERCURIO/Valparaíso* : Nuevas irregularidades que podrían constituir delitos de fraude al Fisco, detectó el Servicio de la Vivienda y Urbanismo (Serviu) en cuatro proyectos habitacionales desarrollados entre los años 2007 y 2008 en la comuna de La Ligua, donde aparentemente habría una sobre valoración de los terrenos y una entrega inadecuada de subsidios de localización, tal como se detectó en un millonario proyecto ejecutado en El Quisco.
Los hechos fueron denunciados ayer por la directora del Serviu, María Francisca Cruz. En el documento, se precisa que se trata de los proyectos habitacionales San Expedito, San Alberto Hurtado, El Arrayán y Don Zacarías.
Según se informó, estos proyectos presentaron observaciones en diferentes aspectos, principalmente en la calidad de los terrenos y en la diferencias de precios que se detectaron entre el precio de adquisición y de venta al Serviu.
Entre los años 2007 y 2008 se aprobaron proyectos habitacionales del Programa de Fondo Solidario de Vivienda señalados en el párrafo precedente.
Se trata de los proyectos San Expedito, postulado “por la Egis de la Cámara Chilena de la Construcción, benefició a 150 familias, con un subsidio promedio solicitado de 342 UF por beneficiario. El total del subsidio ascendió a 51.300 UF de las cuales 17.775 corresponden al subsidio de localización”.
El proyecto habitacional San Alberto Hurtado también fue postulado por la Egis de la Cámara Chilena de la Construcción, benefició a 150 familias, con un subsidio promedio de 397 UF por beneficiario.
El total de subsidio ascendió a 59 mil 490 UF, de las cuales 29 mil 700 correspondieron al subsidio de localización. Otro proyecto fue El Arrayán, postulado por la Egis Agencia Habitacional, que benefició a 126 familias con un subsidio promedio solicitado de 382 UF por beneficiario.
El total de subsidio llegó a las 48 mil 132 UF, de las cuales 25 mil 200 correspondieron a subsidio de localización.
De acuerdo con la denuncia, algunas de las irregularidades detectadas fue la incorporación de terrenos de terceros dentro de uno de los lotes para obtener acceso a la vía pública. Dichos antecedentes fueron presentados sin consentimiento de los dueños.
* El Mercurio - Erica Bravo - 26.08.10
Foto: Valparaíso (Chile), viviendas irregulares - mercuriovalpo.cl
Arca asegura que la remodelación de la Playa de Palma 'destruye patrimonio'
EUROPAPRESS* : La Asociación para la Rehabilitación de los Centros Antiguos (ARCA) ha asegurado que, si bien es cierto que la remodelación de la Platja de Palma es necesaria, también lo es que "no tiene en cuenta los bienes patrimoniales más sencillos", por lo que ha anunciado que está preparando alegaciones al proyecto. Así, ha señalado en un comunicado que por el momento han detectado cuatro aspectos patrimoniales que están en peligro y por los que pide una rectificación del proyecto.
En primer lugar, ha indicado que existe "una casa rural, una casa de 'trencadors de pedra', una casa de 'saliners', molinos y canteras ubicadas al oeste de la zona húmeda de Ses Fontanelles. De hecho, estos elementos ya fueron objeto hace un año de una propuesta de protección por parte de Arca, la cual propuso crear un itinerario cultural y paisajístico en la zona. La asociación ha afirmado que el Consorcio encargado del proyecto de reforma integral no sólo ignoró esta iniciativa, sino que además pretende construir "un macrocentro de ocio y comercio encima".
Por otra parte, Arca ha indicado que en la franja de las calles Virgilio, Horacio y Sant Antoni de la Platja, en las que se pretende expropiar viviendas, existen chalets de los años 30 y 40. En opinión de la asociación, la alternativa debería ser "recuperar o crear un ambiente de pueblo de veraneo tal como se quería hacer al principio". En este sentido, ha subrayado que casas conocidas como Can Monroy y la de Can Pomar tendrían que protegerse "por su singularidad".
Además, también ha destacado entre los elementos a proteger las canteras de marés que "forman parte del patrimonio etnológico de Mallorca". Así, ha indicado que el Consorcio "pretende utilizarlas como un enorme contenedor para proyectos de servicios de lujo sin darse cuenta de que son un patrimonio único y que se puede aprovechar turísticamente por su interés paisajístico".
Catálogo insuficiente
Por otra parte, la asociación conservacionista ha afirmado que el catálogo de elementos patrimoniales que el mismo Consorcio encargó "tiene que ser ampliado con muchos pequeños elementos que aún se conservan", "De todas las canteras, sólo se protege una y casas particulares y otros elementos, pero faltan bastantes".
Por ello, Arca ha anunciado que está analizando el proyecto de reforma para presentar alegaciones y ha apostillado que cada día encuentran "nuevos elementos patrimoniales que valen la pena y que no se han considerado".
* El Mundo - E.P. - 26.08.10
Foto: Palma, aérea Can Pastilla - laterooms.com
Blanco cede ante las constructoras y reduce el recorte en infraestructuras de 6.400 a 5.700 millones
COTIZALIA* : El ministro de Fomento, José Blanco, avanzó que el reajuste del recorte de la inversión en obra pública se elevará a 700 millones de euros, en lugar de los 500 millones de euros anunciados la pasada semana, y que salvará un total de 49 infraestructuras. De esta manera, los 6.400 millones de euros de recorte en obra pública aplicado por el Ministerio de Fomento se quedará en cerca de 5.700 millones de euros, un 10% menos que el objetivo inicial del pasado mes de mayo. "La mejora en la reprogramación se situará en el entorno de unos 700 millones de euros", afirmó Blanco durante su comparecencia ante la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. El ministro de Fomento explicó que la inversión recuperada se destinará a 49 infraestructuras que corresponden a 98 actuaciones en los próximos dos años.
Blanco ha anunciado la licitación de las ocho primeras obras que se incluirán en el Plan Extraordinario de Infraestruturas (PEI) de financiación público-privada y que se adjudicarán antes del fin de 2010, durante su comprecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso.
El ministro consideró que "hacer público este listado es importante, tanto para los ciudadanos como para las administraciones", así como "para que las empresas del sector puedan plantear sus estrategias internas y su política de alianzas a la hora de acudir a estas actuaciones".
Las ocho actuaciones son: el acceso ferroviario al Aeropuerto de Alicante; el acceso ferroviario al Puerto de Algeciras; la autovía A-66 en el tramo Benavente-Zamora; el centro logístico ferroviario de Aranjuez; la línea de Alta Velocidad Albacete-La Encina-Alicante (Instalaciones); la línea de Alta Velocidad Olmedo-Ourense-Santiago; la línea de Alta Velocidad Zaragoza-Teruel (electrificación), y el Complejo Vialia de Vigo-Estación de Alta Velocidad.
El PEI, que movilizará una inversión de 17.000 millones en los dos próximos años (el equivalente al 1,7% del PIB), es una apuesta conjunta del Gobierno, las entidades financieras y las empresas del sector para relanzar la actividad económica y generar empleo.
En torno al 70% de las inversiones se destinan al ferrocarril, por su demostrada contribución a la sostenibilidad del sistema de transportes. Alrededor del 30% de las inversiones restantes se reservan a la mejora de las infraestructuras viarias, incluyendo mejoras en el transporte colectivo por carretera.
Basado en un modelo concesional, el PEI establece el pago de las infraestructuras una vez se haya finalizado y puesto en servicio la obra, a lo largo de un amplio periodo de tiempo (de 25 a 30 años). De esta forma su repercusión sobre las cuentas públicas se aplaza a 2014. Con ello, el Plan no compromete los objetivos del Gobierno de disminución del déficit público para 2013.
Para su realización, el Plan cuenta con la participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y la colaboración de la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).
A juicio de Fomento, el PEI es "plenamente financiable", ya que se ha diseñado para que las entidades financieras puedan asumir los riesgos asociados a los proyectos y, a su vez, recibir una rentabilidad adecuada. El Gobierno confía en que el PEI favorecerá la creación de empleo tanto a corto como a largo plazo, primero, para la construcción de infraestructuras y posteriormente, para su conservación y mantenimiento.
* 26.08.10
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com
Cartagena: La Autoridad Portuaria embarga las cuentas bancarias a ocho miembros de Ecologistas en Acción
ALASBARRICADAS* : La Agencia Tributaria ha embargado las cuentas de ocho militantes de la organización Ecologistas en Acción de Murcia, tras la sanción administrativa por parte de la Autoridad Portuaria por una acción de protesta que se produjo en agosto del año pasado en las instalaciones del puerto de Cartagena. Entonces, ocho miembros de la organización accedieron a la Autoridad Portuaria y bloquearon una puerta de acceso durante media hora, protestando así contra la instalación de una terminal de contenedores en El Gorguel. Los manifestantes colocaron además un cartel que ponía “Fuera de servicio por incompetencia”.
Un años después, los ecologistas, entre ellos el secretario general, Ruben Vives, y la responsable nacional de Costas, Natalia Martín, han visto sus cuentas embargadas. Aunque inicialmente la Autoridad Portuaria pedía una sanción de 430.000 euros, esta se vio reducida a 8.000 euros, por lo que a cada uno de los que participaron en la protesta le han embargado de su cuenta bancaria unos 1.200 euros, incluidos los intereses de demora.
Según ha manifestado Natalia Martín a VMPres, en la actualidad hay un contencioso administrativo para que se aclares esta situación, ya que la “Autoridad Portuaria ha mentido en todo momento. Nos acusan de cosas que no son reales, como que bloqueamos totalmente el acceso al edificio y actuamos con violencia, cuando fue un acto pacífico”.
Ahora esperan ganar el juicio y recuperar el dinero, porque los treinta minutos de acción reivindicativa les ha salido muy caros. “Es totalmente desproporcionado y con acusaciones falsas”, lamenta Natalia.
Desde Ecologistas se han dirigido al ministerio de Fomento, para informar de la situación de El Gorguel, pero hasta el momento no han recibido respuestas. También mantuvieron una entrevista con el Delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, que no se ha pronunciado sobre el caso, todavía.
Ecologistas en Acción ha pedido al gobierno de la Nación la destitución del máximo responsable de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, “por incompetente en la mayoría de los asuntos que viene gestionando”.
Mientras, las denuncias de los trabajadores del Puerto de Cartagena se acumulan.
Según fuentes sindicales, el puerto de Cartagena es el único en todo el territorio español que tiene una sentencia por vulneración de derechos fundamentales y libertad sindical. Además, es el único que tiene una sentencia por no aplicar la polivalencia e “incumple las leyes de estiba, acuerdos marcos, convenios colectivos y todos los pactos firmados”.
* A Las Barricadas - 25.08.10
Foto: Esta acción de protesta les cuesta 1.000 euros a cada uno - alasbarricadas.org
Caso MALAYA: A un mes del mayor juicio por corrupción
ELCORREOWEB/Marbella* : Todo empezó un 29 de marzo de 2006, o más bien, salió a la luz a partir de esa fecha. Por primera vez se vio una imagen desde entonces repetida más de lo deseable. A primera hora de la mañana, un ayuntamiento, el de la hasta entonces capital del lujo, Marbella (Málaga), fue rodeado por furgones policiales y hasta 150 agentes irrumpieron en las dependencias municipales para sacar detenidos a gran parte del gobierno municipal, con la alcaldesa Marisol Yagüe (ex del GIL y entonces del grupo mixto) a la cabeza y el asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca. Fue el comienzo de una operación contra la mayor trama de corrupción municipal, que se remonta a los años 90 con Jesús Gil como alcalde, cuando Roca, presunto cerebro de la trama, se convirtió en su persona de confianza para hacer y deshacer a su antojo las tropelías urbanísticas. 95 imputados se sentarán en el banquillo para responder de esta trama dentro de un mes.
Entre ellos hay dos ex alcaldes -Julián Muñoz y Marisol Yagüe, que derrocó a su antecesor vía moción de censura instigada por Roca-, numerosos ex ediles y empleados municipales, empresarios, abogados y hasta un jefe de Policía Local y un funcionario judicial. Otros tres permanecen huidos de la justicia: los ex concejales Carlos Fernández (PA) y Javier Lendínez (GIL), y el empresario Carlos Llorca. Juntos urdieron presuntamente, o hicieron la vista gorda, a una red de concesión de licencias de obras a cambio de comisiones, creación de empresas pantalla -desde Gibraltar a las Islas Vírgenes- usadas para adquirir o negociar con bienes municipales, blanqueo de capitales (hasta 240 millones), sobornos, falsificación documental y un largo etcétera por el que se enfrentan a décadas de cárcel y a multas millonarias.
Tras una instrucción de cinco años que ocupa 200.000 folios en 196 tomos, el 27 de septiembre comenzará el macrojuicio para el que incluso se ha acondicionado la Ciudad de la Justicia de Málaga, construida en ese tiempo. Aunque fue en marzo de 2006 cuando se desencadenó la primera fase de la operación (a la que siguieron otras dos en junio y noviembre de ese mismo año), si de la instrucción principal se han extraído piezas separadas en las que se repiten algunos implicados, la primera pista de este caso también derivó de otro. En marzo de 2005, el jefe del servicio jurídico de Urbanismo del ayuntamiento, Jorge González, en el caso Ballena Blanca fue llamado a declarar como testigo por las presuntas irregularidades en el hotel Guadalpín, de la constructora Aifos.
El titular del juzgado de instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, autorizó unas escuchas telefónicas que apuntaron a la trama de corrupción municipal.Torres se convirtió en juez estrella como primer instructor de Malaya, una causa que luego heredó el juez Óscar Pérez, más controvertido por dejar en libertad provisional de Roca, presunto cerebro de la trama, previo pago, eso sí, de un millón de euros de fianza. Luego volvió a la cárcel por piezas separadas. También tuvo su minuto de gloria por dictar el auto que imputó a la cantante Isabel Pantoja, ex pareja de Julián Muñoz, en una causa aparte.
El juicio se celebrará en la Sala Primera de la Audiencia de Málaga bajo la presidencia de su titular, José Godino. Se prevé que dure un año con sesiones los lunes, martes y miércoles de 10.00 a 14.30 horas para evitar, según explicó el magistrado en una entrevista a Efe, que se solape con una causa precisamente derivada de ésta, el caso Minutas. Los 95 imputados no tendrán que acudir cada día, sólo una vez al mes y cuando se trate su supuesta implicación en los hechos.
Durante los cinco años transcurridos, la operación Malaya ha copado titulares no sólo de la crónica juidicial y política sino incluso de la prensa rosa, ante la popularidad de personajes como Julián Muñoz y las dos mujeres de su vida: su ex esposa Mayte Zaldívar y su ex pareja Isabel Pantoja. Las bolsas de basura en la que la primera veía almacenar el dinero en su casa, sin hacer preguntas; la ausencia de visitas de Pantoja a Muñoz en la cárcel que desataron los rumores, luego confirmados, sobre su separación; la imagen de la entrada en prisión de la tonadillera, finalmente imputado (salió bajo fianza y se subió a un escenario a los pocos días) se han colado en este tiempo en los programas de corazón.
Julián Muñoz llegó a conceder una entrevista en exclusiva a Telecinco tras recibir el tercer grado penitenciario, en noviembre de 2008, por la que cobró 350.000 euros que el juez le embargó. Para el recuerdo quedan también las imágenes del cuadro de Miró colgado en el cuarto de baño de la mansión de Roca. En los registros domiciliarios de los principales imputados llegaron a incautarse 275 obras de arte, 103 caballos purasangre, un helicóptero, catorce coches de lujo y cinco furgonetas, cinco kilos de joya y un sinfín de bienes valorados en más de 2.400 millones.La expectación mediática ante el juicio ha llevado a la Consejería de Justicia a invertir 500.000 euros en el acondicionamiento y, sobre todo, la dotación de medios técnicos, de la sala de vistas (de 350 metros cuadrados) y otras colindantes para su uso como sala de prensa y de realización con el fin de emitir en varias pantallas las sesiones y dar señal audiovisual a los medios.
La condena o no de los procesados y su castigo se desvelará tras el macrojuicio. Pero hay una incógnita que en estos años no se ha resuelto: el origen del ya famoso nombre con el que la Policía bautizó a la operación. Circulan varias versiones, desde que corresponde al inicio de Málaga y Ayamonte (Huelva) como los límites iniciales de la red o la que lo vincula al nombre y apellido de Marisol Yagüe. Pero la que más éxito tiene es la más peliculera, que alude al sistema de tortura de la gota malaya usada para hacer confesar a los reos duros como una roca.
* El Correo de Andalucía - 25.08.10
El Ivima debe 2.367 millones de euros, según la Cámara de Cuentas
ELPAÍS/Madrid* : El mayor constructor de vivienda social en España, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), ha tenido que frenar su actividad abruptamente. Las deudas del organismo dependiente de la Comunidad de Madrid y el brutal descenso de la financiación del Gobierno regional (tres millones de euros en 2010, frente a 26 en 2009 y 57 en 2008) contribuyeron a que el Ivima entregase en 2009 menos de la mitad de pisos nuevos que hace dos años y que rebaje su presupuesto un 15% en 2010.
Hace 25 años que el Ivima se encarga de construir inmuebles en la Comunidad de Madrid para alquilar y vender los pisos a un precio más bajo que el del mercado a familias con pocos recursos. Actualmente gestiona 23.000 viviendas, con un precio de alquiler medio de 250 euros al mes, que baja hasta los 41 euros en casos de inquilinos a los que se concede un descuento excepcional por dos años en caso de insolvencia. Su función principal es levantar edificios para recibir ciudadanos con carencias económicas. Ahí es donde flaquea hoy su actividad.
En 2009 el instituto de vivienda entregó 712 pisos nuevos. Respecto a los dos años previos, la disminución de su actividad es significativa: en 2008 otorgó 2.034 viviendas para estrenar y en 2007, 2.300.
Detrás de la caída de la construcción del Ivima, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se encuentra la debilidad de sus finanzas. El último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de diciembre de 2008, establecía que este organismo tenía un patrimonio de 3.235 millones de euros y una deuda de 2.367 millones.
La relación entre el agujero económico y el frenazo de la actividad del Ivima está en la diana de la oposición en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista de Madrid (PSM) vincula directamente una cosa y la otra. "Este año tendrán que gastarse la mitad del presupuesto en pagar deudas y apenas harán obra nueva, para la que tienen solo dos millones de euros", afirma el portavoz socialista de Vivienda, Antonio Fernández Gordillo, que subraya la desproporción actual entre la oferta y la disponibilidad de vivienda protegida: "Solo en la Oficina de Vivienda ha habido, desde 2005, 220.000 peticiones de pisos por parte de menores de 35 años. La demanda es brutal porque el empleo ha caído, la gente tiene menos recursos y el precio de mercado de la vivienda en Madrid todavía es altísimo".
La deuda, de acuerdo con la Cámara de Cuentas, proviene de lo que el Ivima tiene que pagar a bancos y acreedores (1.779 millones de euros) y a promotoras inmobiliarias por el arrendamiento de construcciones que hicieron para el instituto en el pasado (588 millones de euros). El Ivima relativiza estas cifras. Su director, José Antonio Martínez Páramo, asegura que no deben más que 500 millones en créditos bancarios. "El resto no es deuda", dice.
Argumenta que los otros 1.200 millones que incluye la Cámara de Cuentas como deudas a acreedores a corto y largo plazo (constructoras que hacen obras para el Ivima, por ejemplo) son "una inversión de promociones en marcha". En cuanto a los 588 millones de arrendamiento de inmuebles a constructoras, Martínez Páramo reduce la cifra a 450 millones y tampoco considera que forme parte de la deuda. La situación del Ivima, según su director, es "manejable". "Tenemos un patrimonio de 3.500 millones de euros", aduce.
Cuentas e interpretaciones: lo que el responsable de Ivima ve como una inversión (lo que se debe a acreedores), es una deuda para el vocal de UGT en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, Julio Rodríguez. "Lo que hay que pagarle a los acreedores es una deuda contante y sonante como la de créditos bancarios", juzga. "El endeudamiento es significativo, y el problema es que afecte a la creación de vivienda social. El Ivima viene menguando su actividad, movido por la política social regresiva de [la presidenta de la Comunidad de Madrid] Esperanza Aguirre", opina Rodríguez.
Por su parte, el Gobierno regional ha cerrado el grifo al Ivima. En 2010 lo ha financiado con tres millones de euros, un bajón del 95% con respecto al 2008, cuando la inversión fue de 57 millones. Martínez Páramo razona que la financiación ha bajado por el compromiso del Ivima de no costar dinero a los madrileños. "Queremos financiarnos con fondos propios, no ser una carga en tiempos de crisis", asegura.
El director excusa a la Comunidad. Afirma que su intención era ganar dinero vendiendo más casas a inquilinos que lleven más de siete años de alquiler. Pero en 2009 se encontró con un problema serio: a causa de la crisis, hubo un 80% de peticiones de compra menos. El dinero no corrió hacia las arcas del instituto. Así que vuelta al cauce. "En 2011 volveremos a pedir una subvención fuerte a la Comunidad", anuncia Martínez Páramo. Falta por ver si el cauce lleva agua.
* El País - 26.08.10
Foto: Madrid, sede del ivima - casaspisosyapartamentos.blogspot.com
Un disparate llamado Hotel Algarrobico
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ELCONFIDENCIAL* : A cinco kilómetros del destino la vía se estrecha. Vértigo por la altura y vértigo por lo que empiezo a adivinar: un mastodonte de 22 plantas de altura. El hotel Algarrobico a la vista. Este disparate urbanístico, ubicado en zona protegida, preside una presunta playa virgen de Carboneras (Almería). El Algarrobico como emblema y como síntoma. Preguntemos a los nativos. “Ni lo tiran, ni lo terminan”. Lola tiene 36 años. Nació en el pueblo. Vive en Madrid. Miguel, su marido, de la misma edad, no se explica cómo dejaron construir a la promotora Azata Sol este establecimiento turístico comiéndose la montaña. “Es salvaje, una vergüenza para todos”, insiste Lola.
“Lo increíble es que si tenía todos los permisos no sería ilegal”.
En esta playa almeriense, situada en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, la reserva natural marítimo-terrestre más antigua de Andalucía, piensan que ya que el daño es irreparable lo mejor sería que dejaran la estructura tal y como está. Que no derribaran el edificio, que contempla 411 habitaciones y se empezó a construir en mayo de 2003. ¿Qué harían con el escombro? La montaña, aseguran, saldría aún más perjudicada.
El impacto ecológico en lo que muchos consideran el peor ejemplo de destrucción costera en España, sería de mucho más calibre. Es lo que opina Antonio, de 42 años. Su madre nació aquí al lado. Frecuenta la playa desde chico. Su mujer retira la toalla de la arena y su hija, de cinco años, está muy preguntona.
“Mira, sería peor el remedio que la enfermedad. El cemento está enganchado a la montaña. Y esto no se puede demoler con dinamita y ya está. No”. La luna llena que ilumina la playa a las 21.45 horas motiva a Antonio para echar la culpa a políticos y ecologistas. “Aquí construyeron el hotel más de cuatro años y no vi a nadie de Greenpeace. Y no digamos nada de [la ex ministra Cristina] Narbona. Fue la que puso la primera piedra con el alcalde”. La Junta de Andalucía también autorizó la construcción. Ahora recula con la boca pequeña, aunque los ecologistas denuncian que el Gobierno andaluz apuesta en los juzgados por continuar con el hotel.
El socialista Cristóbal Fernández, primer edil de Carboneras, se acaba de topar con la prohibición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para urbanizar el Algarrobico. Una de las claves de la historia es la propiedad de los terrenos del hotel. Parte de ellos eran públicos y pasaron a manos de Azata del Sol, que prometió 300 puestos de trabajo. La promotora ha levantado otro desmán urbanístico a menos de un kilómetro: Tortugas I, unos bloques de apartamentos escalonados en dirección al centro de Carboneras. Fernández pretendía impulsar el Tortugas II. Lo tendrá difícil.
Botellas y bolsas de plástico
El Algarrobico (por cierto aún reserva de la Biosfera por la UNESCO) ya no es un lugar idílico. Sucia, llena de botellas y bolsas de plástico, la playa ha perdido un 25% de arena y, desde principios de los ochenta, se ha estrechado 12 metros. Todo empeoró con la construcción en 1996 del puerto pesquero de Carboneras. “La playa de Mojácar se ha hecho con la arena de aquí”, lamenta Antonio.
Francisco José Ruiz, de Almería capital, viene de pescar doncellas y brecas. Sugiere que el hotel se termine e inaugure. “Ya que está, que lo dejen”, apunta. El ecologista Mario Sanz opina justo al revés. “Claro que deberían derribar el hotel, pero no creo que lleguen a hacerlo. El que esté a medio terminar permitirá una zona urbana donde no lo había y así dejas paso para construir más cosas. Tiene que ser un aviso a navegantes para que no lo hagan en otro sitio”. ¿Por qué no avisaron antes de la construcción del Algarrobico? “Yo mismo llamé a Seprona, siempre se ha estado encima”, se excusa Sanz.
El mastodonte de 22 plantas queda ya atrás. Aún no me explico cómo este soberbio paraje natural del Levante mediterráneo se ha convertido en un perfecto monumento al disparate de la irresponsabilidad humana.
* El Confidencial - @Agustín Rivera - 26/08/2010
Foto: Hotel Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel mar08 - F.Bonilla, publico.es
Gijón.- Los vecinos se resisten al plan del Muro pese a los últimos toques de atención de Urbanismo
LNE* : La Concejalía de Urbanismo ha amonestado a todas aquellas comunidades del paseo marítimo que no acaban de tomar medidas ante los problemas de conservación que presentan sus edificios. Pero no todos los propietarios han respondido al ultimátum municipal adheriéndose, como esperaba el Ayuntamiento, al plan especial que subvenciona la rehabilitación de la fachada de El Muro. Muchos vecinos se niegan a entrar por el aro. Consideran que la intervención programada por el Ayuntamiento no siempre mejora la estética de los edificios y, en algunos casos, incluso interfiere en las vistas de sus viviendas.
También les preocupa la repercusión que la limpieza de las nuevas fachadas -donde cobra protagonismo el revestimiento de vidrio- pudiera tener sobre los gastos de comunidad. Por eso, ante la amenaza de multa, se decantan por reparar daños en lugar de una rehabilitación como la que pauta el plan de El Muro.
El Ayuntamiento apercibió, entre los meses de abril y junio, a una decena de comunidades de las avenidas de Rufo García Rendueles y Castilla, así como de las calles de Menéndez Pelayo y Emilio Tuya. Sus edificios llevan años con bandejas de seguridad por riesgo de desprendimientos. Las discrepancias vecinales van aplazando una solución que los servicios técnicos municipales empiezan a considerar urgente. El plazo para subsanar esta situación ya ha expirado, en algunos casos, y los propietarios siguen sin llegar a un acuerdo.
Los vecinos del número 6 de Rufo García Rendueles discutían el asunto esta misma semana. Ya han votado en tres ocasiones sobre la conveniencia o no de acogerse al plan especial de El Muro y ninguna de esas votaciones se ha traducido en una decisión definitiva. Aunque «se impone el no», recalcan los más críticos, frente a quienes opinan que es mejor reformar a fondo el edificio que «andar con parches».
El apercibimiento de la Concejalía de Urbanismo no ha tenido ningún efecto persuasivo. En la reunión de comunidad celebrada esta semana, la tensión vecinal obligó a posponer una vez más la toma de decisiones, pese a ser una de los puntos fuertes del orden del día. Uno de los asistentes dejó sobre la mesa una propuesta intermedia: la de acometer las reparaciones exigidas por el Ayuntamiento de forma inminente -vierteaguas, desprendimiento de gressite y cargaderos de ventanas- para estudiar una posible rehabilitación con detenimiento.
Según el responsable del Urbanismo gijonés, Pedro Sanjurjo, los edificios expedientados afean una de las zonas más visibles y emblemáticas de la ciudad. El concejal socialista no ve justificación a que las comunidades afectadas mantengan los inmuebles en mal estado cuando existe un plan de ayudas específico para lavarle la cara a la fachada marítima de San Lorenzo. Pero hay quienes piensan que esas subvenciones no compensan.
* La Nueva España - 26.08.10
Foto: Fachada de uno de los edificios del paseo marítimo expedientados por el Ayuntamiento.- lne.es
Madrid.- Una plaga de chinches y garrapatas prolifera por los Juzgados de Plaza de Castilla
20MINUTOS* : Un funcionario y un juez y un forense han necesitado tratamiento médico u hospitalización por picaduras de insectos. Los funcionarios del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid han presentaron escrito al subdirector general de Infraestructuras de la Comunidad en el que denuncian las "pésimas condiciones de salubridad e higiene" en las que se encuentra el Juzgado de Guardia de Diligencias de Madrid, concretamente por la presencia de garrapatas y otras parásitos, ha señalado este miércoles CC OO.
De hecho, según explicó, un funcionario se encuentra hospitalizado por una picadura de ácaros, mientras que el médico forense Alejandro López Iranzo ha sufrido picaduras de garrapatas, por lo que ha necesitado tratamiento médico. Además, el magistrado Marcelino Sexmero, del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, también sufrió la picadura de un chinche durante la realización de una reciente guardia de diligencias.
El sindicato ha recordado que anteriormente ha denunciado la aparición de ratas en dependencias judiciales en esta sede, concretamente en el Juzgado de Instrucción número 2. Por otro lado, se quejan de que este mismo Juzgado se encuentra con parte del techo dañado como consecuencia de humedades.
"Consideramos destacable y denunciable la lamentable situación de dejadez y suciedad en la que se encuentran las zonas ajardinadas que rodean a estos Juzgados, tanto las situadas en la calle Bravo Murillo como la zona situada en la calle Capitán Haya", ha agregado CC OO, que considera que esta "degradación medioambiental puede ser uno de los motivos por los que comienzan a aparecer los insectos y ratas".
En este sentido, el sector de la Administración de Justicia del sindicato ha exigido a la Comunidad que gestione "de forma urgente" la limpieza general, desratización y desinsectación de estas dos zonas, incluyendo un mantenimiento habitual y cotidiano de las mismas, así como de todos los Juzgados y dependencias de este edificio.
Ante estas informaciones, que desde la Consejería de Justicia afirmaron desconocer hasta ahora, la Comunidad de Madrid emprenderá una "urgente" desratización, desinfección y desinsectación de las dependencias judiciales de Plaza de Castilla.
Además, desde el departamento que dirige Francisco Granados han explicado a Europa Press que cada año una empresa realiza estas labores de fumigación y de colocación de trampas y que, por tanto, analizarán qué ha fallado para que hayan detectado estos recientes casos de picaduras de insectos.
CC OO cree que estas medidas son necesarias para que todos los empleados y demás personal usuario de las dependencias judiciales de Plaza de Castilla realicen sus cometidos de manera segura para su salud y con la higiene adecuada.
"De ninguna manera los trabajadores y usuarios de este edificio podemos consentir ni pagar las consecuencias del lamentable estado general en el que se encuentra el mismo. Hasta tanto se ejecuten las medidas solicitadas debería ser necesario a juicio de este sindicato se produzca el cierre temporal de las dependencias del Juzgado de Guardia de Diligencias y su ubicación en lugar diferente al habitual", argumentan.
* "0 Minutos - 25.08.10
Foto: Madrid, juzgados - EFE
León.- Ecologistas en Acción exige los permisos o paralizar las obras
DIARIODELEÓN* : Ecologistas en Acción remitió ayer un escrito al alcalde y al concejal de Urbanismo exigiendo la «paralización de las obras en el entorno de la estación de Feve y demás actos que modifiquen el suelo en este sector; el inicio de un procedimiento de restauración de la legalidad que obligue a Feve a reconstruir el edificio demolido y la apertura de un expediente sancionador» a la ferroviaria.
Este colectivo considera que el derrumbe del bar el Hullero «se ha ejecutado presumiblemente sin licencia urbanística y a sabiendas de que el proyecto no ha sido aprobado por el Pleno». Recuerdan que la construcción del tren-tram supone «un despilfarro intolerable en tiempos de crisis» y -”explican-” penaliza la llegada de los trenes regionales y turísticos hasta el centro de León. No descartan acudir a la vía judicial si Feve no presenta la documentación requerida.
* Diario de León - 25.08.10
Foto: León, ayuntamiento - leon-virtual.es
El desorden urbanístico en Galicia
ALFONSO VILLAGÓMEZ* : En ningún sector del ordenamiento se ha manifestado tanto, y con tan graves consecuencias, las variaciones legislativas como en el urbanismo. Llevamos mas de veinte años tejiendo y destejiendo la legislación del suelo. Galicia es un mal ejemplo de este penelopismo normativo sobre una materia que es crucial para nuestra comunidad autónoma como es la ordenación del territorio. Una materia que reclama más que ninguna la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica. En efecto, una ley tras otra del Parlamento de Galicia han provocado la irritación en los ciudadanos, el desconcierto en los profesionales y un sobresfuerzo añadido para los tribunales de justicia. A una regulación que inicialmente solo incidía sobre aspectos organizativos de la competencia autonómica, le siguieron nuevas disposiciones legales que abordaban ya la actuación, los medios de intervención y definición de las distintas categorías del suelo por parte la por parte de las administraciones publicas de Galicia.
Y, así, en el primer día del año 2003, entraba en vigor la ley de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA), que pretendía sentar las bases para un urbanismo moderno a partir de un nuevo planeamiento municipal ajustado a la realidad territorial, costera y rural del país. Sin embargo, las ambiciosas novedades normativa que se contenían en el articulado de esta ley quedaron en gran parte amortiguadas por las eclécticas y comprensivas disposiciones adicionales y transitorias incorporadas en la misma . Los límites edificatorios que se establecen en el articulado de la Louga para los suelos rústicos y de protección especial, parecían evaporarse en función de criterios utilitaristas contrarios al espíritu de la misma ley; y similar suerte corrieron las serias advertencias impuestas a los municipios para que procedieran a la adaptación de los instrumentos del planeamiento en sus respectivos ámbitos territoriales.
Pero lo peor estaba todavía por llegar. El 90% de los municipios de Galicia no han adaptado sus planes generales de ordenación, y, una vez más, por medio de nuevas modificaciones legislativas, se trastocaron aquellos aspectos mas conflictivos referidos a los límites para la construcción en los municipios del litoral o las medidas de disciplina para las construcciones carentes de la preceptiva licencia, sin que el legislador autonómico se inmutara. El resultado de este desorden no podía ser así otro que un semillero de pleitos para nuestra muy estresada Justicia.
* El Correo Gallego - Opinión - 22.08.10
El TSJA prohíbe acometer actuaciones urbanísticas en paraje El Algarrobico
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ELALMERÍA* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha acordado prohibir al alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, que acometa actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le ha advertido de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobedencia después de que la corporación local aprobase hace un año la adaptación de sus Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en la que mantenía la calificación de urbanizable para el sector. La providencia dictada por el Alto Tribunal Andaluz, requiere "personalmente" al regidor carbonero para que "se abstenga de cualquier actuación urbanística" en la zona donde se asienta el macrohotel promovido por la mercantil Azata del Sol y en la que se proyecta, además, la construcción de unas 250 viviendas "al estar pendiente de decisión judicial", subraya, el nivel de protección del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
La decisión, contra la que ha interpuesto recurso de súplica el Consistorio de Carboneras que aún se tramita tras la impugnación de la organización Greenpeace, se enmarca en la pieza separada abierta por el TSJA en la que decretó, en noviembre de 2008, la suspensión cautelar de lo dispuesto respecto al paraje de El Algarrobico en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en vigor desde nueve meses antes al considerar los tres magistrados de la sala que podría permitir el "uso efectivo" del macrohotel de Azata del Sol.
El Alto Tribunal andaluz prohíbe al socialista Cristóbal Fernández acometer actuaciones urbanísticas en esta zona del litoral carbonero después de que tres colectivos ecologistas pusieran en su conocimiento a finales de 2009 la existencia del acuerdo municipal donde la corporación local dio luz verde a una adaptación de su planeamiento en que continuaba clasificando el paraje de El Algarrobico como urbanizable y autorizaba, implícitamente, la construcción de 250 viviendas, lo que, a juicio de los demandantes, suponía desobedecer al tribunal que ordenó mantener el grado de protección que tenía en el anterior PORN. En el auto, la sala de lo contencioso administrativo requiere al Consistorio el citado acuerdo de pleno, que se justificó por parte del Ayuntamiento en que adaptación de las NNSS a la LOUA es de un procedimiento "y no un instrumento de planeamiento", por lo que, a su juicio, no puede "alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas". Sostiene el Consistorio, al hilo de esto, que el suelo de El Algarrobico era urbanizable en el PORN de 1994, que derogaba el ahora suspendido y al que el TSJA ordenó retrotraerse, un extremo muy controvertido ya que los cambios en la planimetría efectuados por la Junta de Andalucía fueron tachados por un juez como una "burda maniobra" e investigados por la Fiscalía, que ordenó el archivo.
* El Almería - 25.08.10
Foto: Hotel El Algarrobico (Almería), obras prohibidas - elalmeria.es
Ecologistas considera "vergonzoso" el cierre continuo de playas derivado del mal estado de las depuradoras
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QUÉ/Murcia : Ecologistas en Acción considera "vergonzoso" el cierre continuo de playas en la Región de Murcia derivado del mal estado de las depuradoras, estaciones de bombeo y redes de alcantarillado, así como "la falta de previsión ante el aumento de caudal de aguas residuales a tratar en la costa derivado del turismo masivo en época estival". El informe elaborado de banderas negras 2010 'Caos en la Costa', elaborado por esta organización ambiental, destaca los vertidos orgánicos como unos de los elementos más importantes que afectan a nuestras costas.
Ecologistas en Acción viene denunciando desde hace muchos años la deficiencia en la depuración de aguas en la Región de Murcia. Este hecho, se ve agravado en época veraniega, donde la población de las zonas costeras aumenta considerablemente. A su juicio, "las depuradoras no están preparadas para tratar tal cantidad de aguas residuales, por lo que se producen averías y vertidos a nuestras costas".
El cierre de dos playas en Águilas y tres playas en Mazarrón por vertidos de aguas residuales, con las presencia de bacterias coliformes fecales y suciedad por doquier, "son un ejemplo clarísimo de las deficiencias que este colectivo denuncia sistemáticamente", apuntó la organización.
En concreto, la playa de Calabardina permaneció cerrada cinco días y su contigua; la playa de Poniente, lo hizo la friolera de 13 días, casi medio mes de vacaciones para habitantes y turistas llegados a Águilas. Las playas de Mazarrón, La Ermita y El Castellar, también han sufrido vertidos recientes de aguas fecales, derivadas de una rotura en la estación de bombeo del puerto que, junto con las lluvias, ha hecho que estos vertidos lleguen al mar.
En el caso de Mazarrón la situación se agravó debido a las últimas inundaciones y al urbanismo "desmesurado" como ya denunciaba este colectivo hace unos días. No hay que olvidar que las aguas siempre vuelven a su cauce y los obstáculos incrementan gravemente los daños ambientales, económicos y sociales causados en los municipios costeros.
ILÓGICO E "IMPRESENTABLE"
La falta de planificación y de gestión de las administraciones y la dejadez de los ayuntamientos, dejan totalmente en evidencia las buenas prácticas ambientales de su gran "marketing verde".
Estos hechos chocan directamente con los galardones de Bandera azul que ostentan Calabardina y la Playa de Poniente, distintivos que para este colectivo carecen totalmente de rigor ya que evalúan ciertos aspectos, que aún siendo importantes, no son suficientes ya que la parte ambiental queda completamente al margen.
Una región que pretende vivir en su mayor parte del turismo de sol y playa debe cuidar sus playas y prever el incremento poblacional y revisar el estado de sus depuradoras para evitar este tipo de incidentes. El que una playa permanezca cerrada medio mes por contaminación orgánica es del todo "ilógico e impresentable".
Episodios como el de este verano, no pueden ni deben producirse, por ello Ecologistas en Acción exige un compromiso ambiental real a las Administraciones Públicas, cumpliendo las funciones a las que están obligados, siendo transparentes en cuanto a la información que se le da a la sociedad murciana y planificando de una vez por todas el incremento poblacional que sufre la costa en verano.
* Qué - E.P. - 24.08.10
Foto: Mazarrón (Murcia) - guiaplayas.es
Aguirre dio 13 millones a las firmas de publicidad fantasma
PÚBLICO/Madrid* : El Gobierno regional adjudicó a las tres agencias que se coordinaban con la 'Gürtel' 20 contratos entre 2004 y 2008. La mayoría de adjudicaciones coincidieron con la precampaña de 2007. Las tres agencias que se beneficiaron de la publicidad fantasma en Madrid las campañas que el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2006 pero que nunca llegaron a realizarse en los términos acordados firmaron un mínimo de 20 contratos con la Comunidad entre 2004 y 2008, el periodo de máxima penetración de la trama Gürtel en el Gobierno regional.
Swat SL, la consultora que sugirió las adjudicaciones fantasma, y Over Marketing y Comunicación (Over MC) y Marketing Quality Management (MQM), las dos empresas que en teoría idearon las campañas Made in Madrid y El motor de nuestro desarrollo, sumaron en total adjudicaciones por valor de 12,8 millones de euros en este periodo, repartidas en ocho consejerías. Todas ellas en concursos abiertos, legales y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad.
En estos años, el entramado del grupo de Francisco Correa concentró su actuación en Madrid y Valencia. Entre 2004 y 2008, facturó al Gobierno de Aguirre a través de las empresas que controlaba directamente como Easy Concept y Servimadrid alrededor de 3,5 millones de euros. Esta cifra equivale apenas al 30% de lo recaudado por las tres empresas beneficiarias de la publicidad fantasma que pagó el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), dirigido por Aurelio García de Sola y adscrito a Economía.
Las tres agencias se coordinaron con la trama en varias ocasiones, según la documentación que maneja el juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira.
Según correos electrónicos aportados al juez por el ex concejal que denunció el entramado corrupto, José Luis Peñas, Swat SL organizó para la Gürtel adjudicaciones en Majadahonda cuando el alcalde era el hoy imputado Guillermo Ortega y su jefa de gabinete era Carmen Rodríguez, la esposa de Correa. Los emails, firmados por un ejecutivo de Swat SL, daban instrucciones sobre cómo trocear contratos para evitar el concurso público y repartirlos a dedo entre varias empresas amigas.
Empresas pantalla
Por su parte, Over MC ayudaba a la trama a asociarse con empresas pantalla para poder acceder a concursos en Madrid sin dejar rastro, según ha declarado ante el juez la imputada Isabel Jordán, ex administradora de Easy Concept. La empresa trabajó en Balears para otro imputado, Pau Collado, durante la etapa de este como alto cargo de Jaume Matas, antes de asumir él mismo la dirección de Easy Concept.
Según Jordán, fue un directivo de Over MC, Javier Rodríguez Monasterio, quien puso en contacto a la trama con MQM, la otra beneficiaria de la publicidad fantasma. MQM, que acabó contratando a Jordán, fue la empresa elegida por el hoy imputado Alberto López Viejo en 2007 para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre. Pese a ello, las empresas de la Gürtel siguieron facturando a Presidencia por el mismo concepto.
Ese mismo año 2007, MQM abonó a la trama 409.000 euros. El fiscal del caso Gürtel ha pedido la imputación de su administrador, Antonio Martín Sánchez, después de que la diputada de Izquierda Unida Reyes Montiel presentara un escrito al fiscal tras descubrir que la campaña Made in Madrid nunca llegó a realizarse.
De las tres empresas de la publicidad fantasma, la mejor conectada con el Gobierno regional era Over MC. Entre 2004 y 2008 obtuvo siete millones en contratos, ya sea directamente o a través de Traci Comunicación, compañía gemela con la que compartía administrador y apoderado.
Consultorías millonarias
Además del contrato del Imade, Over MC logró otras siete adjudicaciones entre 2004 y 2007, que oscilan entre los 190.000 euros para una campaña publicitaria de Educación, en septiembre de 2006, y 1,31 millones por una consultoría para Familia y Asuntos Sociales, en abril del mismo año. Traci ganó otros cinco concursos. El mayor, para otra campaña en Educación, adjudicada en noviembre de 2006 por 223.000 euros.
Por su parte, Swat SL, que firmó con el Imade un contrato de consultoría en agosto de 2006, justo a tiempo para sugerir el nombre de las empresas adjudicatarias de la publicidad fantasma, había ganado otro concurso análogo en 2004 en el Canal de Isabel II, aunque por más dinero: 1,9 millones.
Finalmente, MQM obtuvo 2,7 millones en cuatro grandes contratos, incluido el del Imade, entre septiembre de 2006 y octubre de 2008, cuando fue contratada por López Viejo en Deportes. El de los actos de Presidencia, firmado justo antes del arranque de la campaña electoral de 2007, se gastó íntegramente durante la campaña. Luego el contrato fue ampliado y se extendió a 2008.
El semestre preelectoral de 2007 fue el momento más intenso de adjudicaciones del Gobierno de Aguirre a las empresas de la publicidad fantasma. En este periodo, la Comunidad firmó diez contratos con estas agencias: cuatro en Educación por un total de 711.000 euros, dos en el Imade por 3,25 millones; y uno en Sanidad (672.000 euros), Medio Ambiente (919.000), Economía (490.000) y Presidencia (250.000). Además, hubo dos modificaciones de contrato, que favorecieron a MQM y a Over MC.
Ni ‘Made in Madrid’ ni ‘El motor de nuestro desarrollo’
En 2006, el Instituto Madrileño de Desarrollo adjudicó, a propuesta de Swat SL, dos grandes contratos de creatividad publicitaria muy por encima del precio de mercado: uno, para reforzar la importancia del “desarrollo equilibrado”, por 1,25 millones, lo ganó Marketing Quality Management (MQM) con el lema ‘Made in Madrid’. El otro, dirigido a autónomos y pymes, lo ganó Over MC por dos millones. Su lema: ‘El motor de nuestro desarrollo’. Los dos proyectos eran prácticamente clónicos, según los expedientes que se entregaron a la Asamblea de Madrid a petición de Reyes Montiel (IU) y Livia Castillo (PSOE). El de Over MC, al ser más cuantioso, incluía elementos propios, como un ciclo de teatro, otro de cine y un gran congreso de pymes y autónomos.Ambas campañas se pagaron, pero no hay rastro de que se realizaran. El consejero de Economía, Antonio Beteta, dijo en abril que se habían integrado en otras campañas para aprovechar “sinergias”.
* 23.08.10
Foto: Pagos del Gobierno de Aguirre precampaña 2007 - público.es
Hasta 8.000 jóvenes podrían tener que devolver las ayudas de 210 euros al alquiler
ELMUNDO* : Malas noticias para muchos de los jóvenes inquilinos de vacaciones que reciben la popular Renta Básica de Emancipación y que no hicieron bien sus deberes el año pasado. El Ministerio de Vivienda ha detectado a través de la Agencia Tributaria que unos 8.000 jóvenes a los que se les había concedido la ayuda de 210 euros en 2008 superaron el requisito de ingresos de 22.000 euros brutos anuales fruto de rendimientos del trabajo. Muchos de ellos tendrán que devolverlas, pero corresponde a las Comunidades Autónomas dirimir cada caso, por lo que aún se desconoce cuántos de los 8.000 beneficiarios tendrán que devolver las aportaciones recibidas, entre otras cosas, porque Vivienda desconoce aún cuántos de esos jóvenes siguen cobrando las ayudas.
En cualquier caso, el Ministerio afirma ha "suspendido cautelarmente el pago de la ayuda a los jóvenes -en los casos en que aún estuviera activo el derecho pues otros casos están ya extinguidos- para asegurar así que sólo reciben la RBE quienes tienen derecho a ella", aunque desconoce el número exacto de las suspensiones, ya que buena parte de los 8.000 beneficiarios puede que ya no la estén cobrando, bien por haber comunicado su situación o por haber superado la edad (30 años).
Obligación de avisar
"Si un joven es despedido y recibe un finito o indemnización, cuando presente su declaración del IRPF y constate que ha superado el límite de 22.000 euros, habrá de comunicarlo inmediatamente a la CCAA", explican en Vivienda. Asimismo, los beneficiarios también deben comunicar con precisión si le comunican un aumento de sueldo. De ho haberlo hecho, tendrán que devolver las ayudas.
Por eso, "eso no significa que el 100% tenga que devolver las ayudas, pues entre ellos, habrá quienes habrán cumplido con su obligación de comunicar que iban a superar los ingresos y quienes no", explican el Ministerio.
La noticia se le ha comunicado directamente a los jóvenes por carta y por medio de un sms, aunque que serán finalmente las CCAA -que manejan los expedientes de las ayudas- quienes verifiquen sus niveles de ingresos reales y analicen caso a caso si pueden o no cobrar las ayudas.
Las críticas de la oposición no se han hecho esperar, ya que los aumentos de renta pueden deberse a horas extra o gratificaciones, factores ajenos al nivel salarial.
Actualmente 213.000 jóvenes. Según reza el Real Decreto que regula la Renta Básica, éstos tienen la obligación de transmitir inmediatamente a sus respectivas CCAA cualquier modificación de los requisitos por los que se le reconoció el derecho a la ayuda.
Por eso, en la misiva enviada por el Ministerio a los adjudicatarios previene de que aquellos que no hubieran avisado de su incremento salarial o de ingresos cuando éste se produjo serán penalizados con unos intereses del 5%.
* El Mundo - 20.08.10
Foto: Se alquila (archivo)- elmundo.es
Benidorm.- Empresarios y políticos admiten que Terra Mítica se hizo deprisa y mal
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ELPAÍS/Alicante* : Sobredimensionado. Terra Mítica nació con un pecado original. Y los sobrecostes derivados de las prisas, principalmente, así como una gestión más política que profesional hicieron el resto. Estos son los problemas más reconocidos por políticos y empresarios tras diez años de rodaje del parque y cuando la Generalitat, Bancaja y la CAM, sus socios de referencia, la acaban de dejar en manos de la gestión privada para lograr una rentabilidad hasta ahora quimérica.
Pero cuando se colocó la primera piedra del parque, el 20 de febrero de 1998, eran los años del boom económico, "una época de esplendor y no dolieron prendas", recuerda un empresario de Benidorm. Aquellos años son ya historia y los nuevos gestores del parque, Aqualandia, ha anunciado un viraje drástico del parque.
Matías Pérez Such, que fue secretario autonómico de Turismo, participó en las primeras reuniones entre los empresarios que pretendían construir un parque en Benidorm, una idea que asumió primero como propia la patronal hotelera Hosbec y después la Generalitat. "Era una demanda empresarial a la que había que darle curso, de eso nadie duda, aunque probablemente el diseño y la dimensión del recinto no fue la más adecuada", reflexiona quien todavía es miembro del consejo de administración de Terra Mítica. En la misma línea, el presidente de Hosbec, Antoni Mayor, cree que se podría haber hecho un parque un 30% más pequeño. La opinión es compartida por otros empresarios. "El diseño que se hizo para acoger más de tres millones de visitantes y las prisas por terminarlo abocaron a una carrera inversora disparatada", aporta una fuente próxima a las negociaciones para levantar el parque. También hay coincidencia al lamentar a falta de un gestor profesional.
Terra Mítica fue un empeño del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que inició su carrera política en Benidorm. En agosto de 1992 un gran incendio intencionado arrasó con 450 hectáreas de masa forestal y sería en parte de esa zona y en otros centenares de hectáreas de monte bajo y matorral donde se planteó el parque. La Generalitat expropió 10 millones de metros cuadrados en Benidorm y Finestrat para la Sociedad Parque Temático de Alicante, SA, creada en 1996
El accionariado original de Terra Mítica lo conformaron la Generalitat (14,86%), la CAM y Bancaja, con un 15% cada una, las cajas rurales (10%) y el 45% restante se lo repartieron empresarios valencianos como José Lladró, el naviero Javier Cremades, el promotor inmobiliario Andrés Ballester, la patronal textil, Aumar, así como hoteleros y otros empresarios de Benidorm. Reunieron 120 millones de capital social, aunque la inversión final fue de unos 460 millones.
La construcción fue un camino plagado de despilfarro y sospechas de malversación de fondos públicos, amén de servir como agencia de colocación de familiares, amigos y conocidos de los principales políticos populares valencianos. El parque se dimensionó para recibir 10.000 visitas diarias en temporada alta y entre 3 y 3,5 millones a lo largo del año. Pero desde el inicio incumplió sus previsiones y ya en la primera temporada (abrió en julio de 2000) apenas superó las 2.700 visitas al día. La facturación siempre estuvo lejos de los 90 millones anuales anunciados.
El descalabro económico obligó a buscar socio tecnológico. Entre octubre de 2001 y finales de 2003, Paramount se hizo con la gestión. Otro fiasco abocado a la rescisión, que costó 12 millones más. A finales de 2002 la deuda era de 240 millones. Ese año la empresa facturó 43,5 millones y, aún así, perdió 34,4 millones. En 2009 el volumen de negocio cayó hasta los 17,9 millones, frente a los 24,3 de 2008.
Los accionistas de referencia tuvieron que afrontar una ampliación de capital de 110 millones en 2003 y una suspensión de pagos entre 2004 y 2005, con un pasivo de 218 millones y pérdidas operativas por 120 millones. Una operación acordeón de reducción y ampliación de capital, la aceptación de una quita del 50% de la deuda y la venta del suelo de reserva del parque a Enrique Ortiz por 85 millones permitieron superar el bache y que el parque se jactara de tener beneficios operativos en 2006 y 2007.
Fue un espejismo. Agotado el líquido, Terra Mítica volvió a perder 15 millones y un 10% de visitantes en 2008. Y el año pasado, la CAM y Bancaja desembolsaron tres millones cada una sólo para abrir las puertas en primavera. Ese ejercicio cerró con 16,4 millones de pérdidas.
"Los dos directores generales que más tiempo han gestionado el parque, Miguel Navarro y John Fitzgerald, han vivido de espaldas a Benidorm. Aunque ya se habían dado pasos para integrar el parque en la ciudad, eso no volverá a pasar con los nuevos gestores de Aqualandia", defiende una fuente política. Aqualandia, de hecho, ya está dando pasos para acercar el parque a Benidorm. Una de las tres nuevas áreas que proyecta en el parque es un espacio para la tercera edad y Benidorm cuenta con 200.000 plazas del Imserso. Los nuevos gestores están avalados por el éxito de sus dos parques, Aqualandia y Mundomar, con 900.000 visitantes anuales, casi el doble que Terra Mítica.
Gema Amor, directora del Patronato Provincial de Turismo, defiende que con los nuevos gestores Terra Mítica "levantará el vuelo". La que fuera directora de la Sociedad Parque Temático de Alicante reconoce el poco éxito de la gestión: "Seguramente no hemos acertado hasta ahora en la elección de la mejor gestión". Pero defiende la idea inicial: "La necesidad de levantar Terra Mítica en su momento y la viabilidad en el futuro está fuera de dudas".
Los nuevos gestores confían en elevar las visitas hasta 1,2 millones y no perder dinero desde el primer año. Por eso cerrarán seis meses para hacer obras, invertirán 15 millones en tres años y reestructurarán la plantilla, ahora de más de 600 personas. Luego lo comprarán.
* El País - 23.08.10
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org
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De la destrucción del litoral a las Conspiraciones Tóxicas
CUARTOPODER* : Entre la apreciables novedades del décimo informe Destrucción a Toda Costa publicado por Greenpeace recientemente –ya reflejado en cuartopoder– hay una que destaca por su acierto: el lazo necesario entre la corrupción política y urbanística con la devastación del litoral español. Señala el informe en sus conclusiones que “como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos: la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no”. Efectivamente en esa decisión está la madre del cordero. Pero la capacidad de ejercerla no se la han inventado las corporaciones locales, aunque imaginación sí le han echado. Es peor. La potestad la otorgó en su momento la Ley estatal del Suelo de finales de 1998 que consecuentemente secundada por las diversas leyes autonómicas del ramo dejó en manos de los poderes periféricos la decisión de declarar lo que es suelo urbanizable y lo que no lo es.
A eso se sumó la lenta y tímida aplicación de la Ley de Costas de 1988, a pesar de los esfuerzos del periodo inicial de Cristina Narbona en el Ministerio de Medio Ambiente, véase el caso de El Algarrobico o el lío de los chiringuitos playeros. El resultado ha sido que las administraciones locales y regionales han tenido carta blanca para cambiar clasificaciones de suelo, presionadas siempre por la avidez constructora que no ha parado en mientes a la hora sobornar a quien fuera necesario, seguros como estaban los promotores de la multiplicación de los beneficios. Hasta el estallido de la crisis y el hundimiento de bastantes chiringuitos que no eran playeros, sino ladrilleros.
En el momento en que estamos es cuando afloran sin parar las consecuencias legales de todo ese caos urbanístico en el que el dinero mandaba sin cortapisas legales. Son cientos los sumarios abiertos en juzgados de toda España, sobre todo en comunidades costeras, por corrupción político-urbanística en sus múltiples variantes: desde reclasificaciones irregulares de espacios protegidos hasta compra directa de concesiones de servicios públicos pasando por alteraciones de documentos públicos para conseguir los objetivos inmobiliarios deseados.
Hay múltiples ejemplos que se conocen cada día, por lo que una lista exhaustiva para ser justa ocuparía cientos de páginas referidas a toda España. Aunque el informe de Greenpeace que comento es solamente sobre la costa, no se puede ignorar que la locura corruptora relacionada con el urbanismo ha alcanzado también a territorios interiores y a las montañas españolas, donde también hay decenas de actuaciones judiciales.
El problema es transversal. Lo vemos en la personalidad de los que ahora comparten banquillo con algunos políticos para explicar cómo hicieron determinadas trapacerías: hay viejos y nuevos ricos, grandes empresarios y empresas, representantes de profesiones de prestigio, advenedizos sin oficio ni beneficio, mafiosos, conseguidores, lacayos que se escudan en la obediencia debida y oportunistas cuya única habilidad consiste en arrimarse a donde huela a dinero.
Y todos ellos relacionados convenientemente con prebostes de primera y segunda fila que han tenido la capacidad de permitir los negocios sucios y lo han hecho a cambio de participación en beneficios a priori o a posteriori. Aquí y ahora, sigue siendo tremendamente revelador de cómo se ha ejercido el tráfico de influencias urbanísticas y corruptas el libro “Conspiraciones Tóxicas” escrito por los periodistas Rafael Carrasco, Miguel Jara y Joaquín Vidal, con quienes, por cierto, no tengo otra cosa que la admiración a su trabajo. El subtítulo es revelador: “Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales”. Muy recomendable para comprender el daño moral perpetrado por los lobbies a la clase política en general y a la mayoritaria ciudadanía honrada. Perjuicio que va a ser difícil de eliminar, casi tanto como la destrucción material a la que ha sido sometida la costa, reflejada en el informe de Greenpeace, y en la que todos hemos perdido algo de nuestro patrimonio público.
* Cuarto Poder - 22.08.10
Madrid.- Donde dije alquiler social digo subasta
ELMUNDO* : Cuando en mayo de 2005 Alberto Ruiz Gallardón les hizo entrega de sus viviendas, los vecinos de la promoción Sanchinarro X -al noreste de Madrid- oyeron de los labios de su alcalde que "cuando la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna, éste tiene que ser articulado por las administraciones públicas, y muy especialmente de los ayuntamientos". Un lustro después, la misma institución pública, ese mismo alcalde, ha decidido vender al mejor postor esas viviendas dignas y las que albergan otros tres edificios municipales.Escribe el resto del post aqui
Los inquilinos creen que el futuro propietario lo primero que hará, entre otras cosas, será actualizar los alquileres a precios de mercado. "Si no conseguimos parar esto ahora, más adelante vendrán más subastas y habrá más afectados", estima Alejandro Muñoz, portavoz de las 630 familias afectadas.
No van desencaminados. La EMVS -la sociedad que desarrolla la política de Vivienda municipal- necesita fondos. De otra manera, jamás hubiera puesto a la venta cuatro promociones en los barrios de Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas y Pavones, todas entregadas entre 2003 y 2005, por los que espera obtener 64 millones de euros, a razón de 102.000 euros por vivienda.
De hecho, es la primera vez que el Ayuntamiento emprende una operación semejante, la cual materializará, con extrema rapidez, el próximo 13 de septiembre. "La EMVS pone en marcha medidas aprobadas por el gobierno Zapatero dentro de su Plan de Vivienda, que permite la enajenación de promociones completas destinadas a alquiler, no permitiendo la enajenación de las viviendas de manera individual mientras las viviendas estén sujetas al régimen de protección de alquiler", justifica Pablo Olangua, su director general de Gestión de la EMVS.
Por el mencionado edificio de Sanchinarro, de 300 viviendas, el ayuntamiento espera obtener 29 millones, cuando hace cinco años declaró que había invertido apenas quince.
Lo miren por donde lo miren, los vecinos se sienten engañados. Nadie les consultó y, más allá de una carta enviada el 2 de agosto, nadie se ha dirigido a ellos. Tampoco les ha sentado bien que la decisión se haya hecho pública en verano. Les ha costado reunirse y aclararse y planificar una estrategia en torno a una Plataforma de Afectados por la subasta municipal. Ahora lo tienen claro, hacerse oír hasta el final.
A mediados de agosto, durante un primer plante frente a las oficinas de la EMVS, "nos dijeron que la cosa no tenía marcha atrás", dice Muñoz. Los vecinos no pararán hasta que alguien les haga caso y mañana por la mañana se personarán por tercera vez ante la sede de la EMVS en la calle de Palos de la Frontera de Madrid. Después volverán a hacerlo el 27 de agosto y 1 el 3 de septiembre.
Saben que la Ley no permite que les vendan a ellos las casas individualmente, "por mucho que nos gustase", pero también estiman que "ninguna Ley obliga al Ayuntamiento a tomar esta decisión y podrían esperar hasta la finalización del contrato de arrendamiento y buscar otra opción que no fuese el vender el conjunto de viviendas a una empresa privada".
Además, están convencidos de que, de alguna manera, se les había dado a entender que al cabo de diez años, cuando terminase el contrato de arrendamiento, podrían optar a comprar las casas. Es decir, que se trataba -como reza la nota de prensa que el ayuntamiento envió a los medios de comunicación en su día- de un régimen en alquiler con opción a compra.
Sin embargo, el Ayuntamiento les invita a revisar los contratos que ellos mismos firmaron "Los contratos suscritos en todas estas promociones son de alquiler, conforme a la calificación que tienen las viviendas. En ningún caso puede hablarse de contratos de alquiler con opción a compra, ya que las viviendas no tienen esa calificación", afirma Olangua.
Sin políticos detrás
Los vecinos no quieren que se les vincule con ningún partido político, aunque por ellos se han interesado representantes de PSOE e IU. Se consideran la avanzadilla de un movimiento vecinal que, creen, aflorará a medida que más promociones se vean afectadas. "Las actuaciones futuras dependerán de la situación económica del sector inmobiliario y de las posibilidades que ofrezcan los planes de vivienda estatales", señala Olangua, que no se cierra puertas a futuras ventas.
A los inmuebles no les faltarán novias. El alquiler cautivo y de renta elevable a partir de 2015 y con fecha de caducidad, como es el caso, se ha convertido en uno de los segmentos de inversión refugio para fondos patrimoniales, gestoras inmobiliarias y grandes 'family offices'. Firmas como Lazora, especializadas en gestión de alquiler protegido, los fondos de Amancio Ortega, la familia Lara, Alicia Koplowitz o Manuel Jove podrían optar a la compra.
* El Mundo 23.08.10
Foto: Gallardón, rodeado de los inquilinos de la promoción Sanchinarro X, en Hortaleza, en el año 2005. | Elmundo.es
