LASPROVINCIAS/Valencia* : El alcalde de Massamagrell, el popular Miguel Bailach, comparecerá hoy a las 10 de la mañana ante el juez después de que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias por un presunto delito de prevaricación. El juzgado nº2 de Massamagrell ha citado al alcalde al ser el máximo representante municipal del Ayuntamiento de esta población, que recalificó hace aproximadamente un año los terrenos ubicados junto a la parroquia Virgen del Rosario.
La Fiscalía Anticorrupción entendió que podían existir indicios de prevaricación porque «se estaba beneficiando a una iniciativa privada, en este caso a una parroquia», según el concejal de EU, Alfredo Albornos. Los terrenos que se recalificaron para construir una nueva parroquia iban a ser un espacio público en el barrio de la Magdalena, del que podrían disfrutar todos los vecinos. «La recalificación de los terrenos se había aprobado con los informes desfavorables de los propios técnicos municipales, ya que consideraban que era contrario al interés municipal, además de carecer de las mínimas garantías de legalidad urbanística», explicó Albornos.
La recalificación de los terrenos permite la construcción de una nueva iglesia, pero al mismo tiempo se consigue un incremento del aprovechamiento urbanístico de casi 2.000 metros cuadrados, lo que supone, según el concejal de EU, una plusvalía de más de un millón de euros.
Huelga de hambre
El fraile capuchino Pedro Enrique Rivera ha batallado durante cuatro años para conseguir la recalificación de estos terrenos. El objetivo era construir una nueva parroquia y un local social, además de vender una parte del suelo para urbanizar y así sacar un beneficio que le permitiera financiar la iglesia. En esta lucha llegó incluso a declararse en huelga de hambre durante varios días.
En la pasada campaña electoral, el Partido Popular de Massamagrell decidió incluir esta reivindicación del párroco y de los fieles de la iglesia en su programa electoral. Cuando el popular Miguel Bailach ganó por mayoría absoluta se comprometió a aprobar la recalificación, que llegó el pasado mes de junio, con los votos en contra de los grupos de la oposición.
Pedro Enrique Rivera también ha contado con el apoyo del Arzobispado, y Carlos Osoro llegó a visitar Massamagrell y a oficiar una misa en la actual parroquia, apuntalada por unas vigas de hierro debido a su avanzado deterioro. Los fieles del barrio han denunciado en varias ocasiones que el edificio tiene además goteras y que es demasiado pequeña para el número de personas que asisten a los oficios religiosos. Sin embargo, el triunfo del fraile capuchino ha llevado a quienes le apoyaron a los tribunales.
* Las Provincias - 13.05.10
Foto: Massamagrell (Valencia) - valenciaterraimar.org
La recalificación de la iglesia lleva al alcalde de Massamagrell al juzgado
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Ayudas al alquiler - Forges

* Viñeta Forges, ayudas alquiler - elpais.com 20100508
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
Sant Feliu: El emperador del ladrillo
ELPAÍS/Girona* : Un concejal y constructor de Sant Feliu de Guíxols, con al menos tres obras con irregularidades y una denuncia por amenazas y coacciones, tiene la llave de la gobernabilidad del municipio. El jueves, el ex alcalde de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), el socialista Pere Albó, se levantó y se encontró con un grupo de personas increpándole en la puerta de su casa. Eran los empleados del constructor y concejal del municipio, Pere Luque. Albó, ahora en la oposición, había denunciado al segundo en los medios porque estaba haciendo una obra sin permiso. Luque, a su vez, apoyó unas semanas antes una moción de censura contra Albó. Hubo gritos, amenazas, insultos y, al final, un cristal roto.
Desde entonces, la cosa ha ido a más. El edil en cuestión ha amagado con dimitir. Ahora dice que tendrán que echarle. Luque ha tenido problemas con al menos tres obras por faltas de permisos (dos, ya subsanados) y tiene una denuncia del PSC por amenazas, coacciones y daños contra la propiedad a raíz del incidente con Albó. De él depende la gobernabilidad del municipio de 22.000 habitantes, que tiene un nuevo consistorio desde hace poco más de un mes.
El último tropiezo con la legalidad ha sido en la rehabilitación de una masía en el municipio de Castell-Platja d'Aro. El lunes el Consistorio tuvo constancia de que se estaban haciendo obras sin permiso y ayer la alcaldesa, Dolors Padilla (PSC), firmó el decreto de paralización. No tenía licencia. "Lo hice sabiendo que corro el peligro de una irregularidad. Pero es una rehabilitación", defiende Luque, que ha parado las reformas. A su entender, es básico, en los tiempos que corren, seguir construyendo, incluso infringiendo la ley. "Si el permiso de obras no lo tengo la semana que viene, 20 personas se irán a la calle", amenaza.
Luque hace años que es constructor en Sant Feliu de Guíxols. El hombre tiene 170 trabajadores a su cargo y dice de sí mismo que es de los empresarios más importantes en la zona. Como líder del partido independiente Amics per Sant Feliu, consiguió un concejal en 2007. El pasado 12 de abril, Luque tuvo la llave para derrocar al gobierno local. Su apoyo a la coalición de Carlos Motas, del partido independiente Tots per Sant Feliu, con CiU, les otorgó la mayoría por un concejal en la moción de censura contra el ejecutivo de Albó.
A raíz de los disturbios con el ex alcalde, Luque ofreció su cabeza. "Dimito", asegura que les comunicó a sus socios de gobierno. "Pero ellos me dijeron que no podía ser, que era una persona imprescindible", explica por teléfono. Pero la presión mediática subió tanto de tono que Motas aceptó el lunes su dimisión, siempre según la versión de Luque. "Sería lo más oportuno de cara a las elecciones", asegura que le dijo el alcalde. Este periódico ha tratado, sin éxito, obtener la versión de Motas.
Ahora Luque ha cambiado de opinión y quiere quedarse. "Tengo que supervisar presupuestos", esgrime. ¿Por qué? "Por la sinvergonzonería de los técnicos", lanza, que están aceptando presupuestos inflados. "¿De este pastel, cuánto os lleváis?", les acusa.
"El alcalde me pide por activa y por pasiva que plegue, pero de ninguna manera. Yo he puesto el cargo a su disposición, pero tendrá que ser él quién lo decida", insiste. Si Motas al final lo expulsa del equipo de gobierno, Luque se quedará en la oposición. Y su voto es clave. La coalición de Motas con CiU suma 10 concejales. La oposición tripartita (PSC, ERC e ICV), otros 10. El voto de desempate en cualquier decisión será el de Luque, que no está dispuesto a servir su cabeza en bandeja: "No puedo irme, no hay ningún substituto. Además, quedaríamos ante la ciudadanía como perdedores".
* ELPAIS.com - 12.05.10
Foto: Sant Feliu de Guíxols (Girona) - mma.es
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Tema: NOTICIAS Cataluña
El interminable PGOU de Marbella
LAOPINIÓN/Málaga* : Marbella no ha tramitado su nuevo Plan General. Lo ha parido. Y, ahora, sólo falta registrar al ´bebé´ en el Boletín Oficial. Algo que debía haber ocurrido ayer, para que todos pudieran conocerlo hoy. Pero no ha sido así. Interesados y curiosos se han quedado con las ganas. "Hay que maquetarlo en siete fascículos para incluirlo en el BOJA", argumentó ayer el delegado de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez. Esta "complejidad" ha dificultado el último paso, insignificante pero definitivo. Queda pendiente para esta semana. La administración pública no se atreve a dar fechas. Ni la local ni la autonómica. El PGOU, de nuevo, se retrasa.
No es la primera vez que pasa. El planeamiento de la ciudad juega al escondite desde hace muchos años. Aún hoy, parece no querer perder esta costumbre. Han sido 24 años previos de vacío legal y caos urbanístico. El Plan vigente, aprobado en 1986, no llegó a publicarse hasta el año 2000. Mientras tanto, la ciudad crecía sin norma ni freno.
Punto de partida
La elaboración del nuevo documento comenzó tiempo después. Hace ahora más de seis años, en virtud de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento, por entonces liderado por el tripartito de Marisol Yagüe, y la Junta de Andalucía, gobernada por Manuel Chaves.
No era un matrimonio bien avenido desde el principio. Apenas se conocieron durante siete meses, cuando la Junta no dudó en separarse y engendrar el PGOU sola, por su cuenta y riesgo.
Era el 29 de noviembre, cuando el Gobierno andaluz anunciaba la retirada de competencias urbanísticas al Consistorio marbellí. Le recriminó incumplir el pacto. No paralizaba las obras indicadas por el juez ni dejaba de otorgar licencias de obras, ocupación o apertura.
El escándalo llegó con el nuevo año. El 29 de marzo de 2006 se destapó la ´operación Malaya´. Media corporación municipal, bajo la sombra de la sospecha. La gestora tomó el relevo al frente del municipio.
El embarazo de los 100 millones de pesetas (600.000 euros), precio que se le puso inicialmente al coste de la elaboración del PGOU, seguía su curso.
Los retrasos se mantuvieron bajo el mandato de Ángeles Muñoz. Nada más coger el bastón de mando, aprobó inicialmente un Plan elaborado íntegramente bajo la batuta socialista. Las desavenencias, desde entonces, entre PSOE y PP han sido públicas y numerosas en materia urbanística. Primero con los derribos. Después con la tramitación administrativa.
"El Ayuntamiento confía en que la primera aprobación provisional estará para finales de esta semana... de este mes...de este año", afirmaban sus responsables.
Este diario publicó que se retrasaría en seis meses su primera aprobación provisional y no faltó político que lo tachara de mentira. El tiempo le quitó la razón.
Dos aprobaciones provisionales con cerca de 9.000 alegaciones en contra y una definitiva, el pasado 29 de enero, concluyen una burocracia de cuatro años. Y ahora una vez sea visible y definitivo, ¿cómo le pondrán al niño?
* La Opinión Málaga - 11.05.10
Foto: Revisión. El PGOU ha recibido cerca de 9.000 alegaciones durante cada una de las dos veces que ha sido expuesto. - laopiniondemalaga.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La ciudad del futuro
ADN* : El mundo que viene es urbano. La vida de la mayor parte del planeta se va estructurar en entornos urbanos. Según el último informe sobre el estado de las ciudades elaborado por la ONU, en menos de cuarenta años, el 70% de la población mundial vivirá en urbes. En la actualidad, existe más cantidad de gente viviendo en ciudades que en el medio rural. La necesidad de encontrar puntos de interés común entre urbanismo, arquitectura, demografía y comunicación, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad.
La recién inaugurada exposición universal de Shanghai, bajo el lema Mejor ciudad, mejor vida, expresa el deseo de convertir los núcleos urbanos en entornos acordes con la vida de los millones de personas que los habitarán. La convivencia, la autosuficiencia, las comunicaciones, la renovación -urbanística y arquitectónica- y el comodín de la sostenibilidad, son los ejes temáticos que la organización del evento global chino trae a colación.
Las ciudades se han convertido en el lugar privilegiado donde el universo global se da la mano con las realidades autóctonas. El punto de contacto entre las similitudes y las diferencias sociales, el enclave en el que se pone de manifiesto el futuro común de los casi 7.000 millones personas del planeta.
Urbe colonizadora
Las dudas sobre cómo gestionar unas ciudades que están llamadas a crecer de forma desorbitada, en conurbaciones gigantes, son muchas. La utilización del territorio, la implementación real de la lógica de la sociedad de la información y la necesaria convivencia, plantean un gran interrogante: ¿Cómo debe será la ciudad futura? "Veremos más escenario urbanos que aparecerán en todas las ciudades por igual -asegura Francesc Muñoz, profesor de Geografía urbana de la UAB-. Hay dos a destacar: la ciudad ya existente que se transforma y la que crecerá colonizando nuevos territorios". En cada continente, según las corrientes migratorias, los objetivos medioambientales o la prosperidad económica, el modelo será cambiante, como, de hecho, lo ha sido hasta ahora.
La sostenibilidad parece ser la constante para capear esta histórica crecida. "La políticas urbanas sostenibles son ambiciones a las que no se puede renunciar", recuerda Muñoz. En opinión de Vicente Guallart, Director del Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, el concepto está "vacío", dice. "Se debe definir de forma rigurosa lo qué se entiende por autosuficiencia. Se trataría de desarrollar de una forma activa los elementos de la sociedad de la información en las ciudades, que éstas fuesen capaces de generar sus propia energía, que pudiesen producir sus propios alimentos, por ejemplo".
En opinión de Guallart, de la misma manera que Internet ha cambiado nuestra manera de pensar, también debería virar el rumbo de nuestra manera de vivir".
Transporte e información
Ambos coinciden en señalar que la movilidad, el transporte interno en las ciudades, será uno de los factores que determinará la calidad de vida de la gente. "En las ciudades de antes se separó el lugar de trabajo y el de residencia -recuerda Guallart-; en las del futuro, como se necesita menos espacio para producir, se vivirá muy cerca del trabajo".
La participación ciudadana, incluso en la megalopolis, será otro de las claves para calibrar el bienestar de las ciudades. "Conseguir que una mayoría de la población se sienta representada por las políticas urbanísticas y económicas será fundamental", insiste Muñoz. "En el urbanismo del futuro se deben pensar los problemas como oportunidades que propicien los mecanismo de participación. Las ciudades serán lugares para experimentar".
En la forma de concebir los gobiernos municipales, se reflejará las realidades de ciudades que se convertirán en una suerte de polis griega. "Hasta ahora cada ciudad ha respondido a un modelo tecnológico y cultural -expone Guallart-, en el futuro la participación y la cultura de la colaboración definirán el modelo de vida local".
ASIA
El impracticable modelo chino
Las grandes ciudades del gigante asiático, entre ellas Shanghai, se han postulado como un modelo urbanístico válido para todo un continente en crecimiento como es Asia. Con la organización de la Ex- posición Universal, el Gobierno chino pretendía vender una tipología de ciudad, pero dista mucho de ser un patrón con proyección. "El modelo chino no se puede exportar", dice Muñoz. "El nulo respeto por el medio ambiente y la falta total de democracia evidencia aún más las diferencias". Guallart coincide en señalar que así "no se tiene en cuenta el bienestar" de los habitantes.
CLAVES
1 Lo local: La presencia ubicua y continua de lo autóctono proyectará lo mejor de la ciudad.
2 Sostenibilidad: Una urbe que genere su propia energía y productos será más competitiva.
3 Colaboración: La capacidad para compartir y colaborar dibujará una política local más efectiva.
4 Medio Ambiente: El respeto por el entorno, definirá el bienestar de las megalopolis.
5 Información: La banda ancha llevará la democracia a los 'slums' superpoblados.
6 Movilidad: La red de transportes de una ciudad será el reflejo de su economía.
‘SLUMS’
Guetos: las esquinas del planeta
"El futuro de las ciudades no se podrá pensar sin los grandes cinturones suburbiales que las rodean", recuerda Francesc Muñoz. A día de hoy, mil millones de personas en todo el mundo se hacinan en los denominados 'slums', las esquinas del planeta que no han parado de ensancharse en los últimos años. En 2030, el número se habrá duplicado. Los 'slums' son los núcleos urbanos que crecen que mayor celeridad. Los movimientos migratorios han provocado la sobrepoblación de las grandes ciudades, sobre todo en el Sudeste asiático, India y Latinoamérica. El fenómeno es de fácil explicación: "Las oportunidades de supervivencia económica son siempre mayores donde hay mas densidad de personas y económica; las oportunidades de dar un giro a la vida son mayores". El problema es que en los 'slums' no se ha producido ningún tipo de planificación urbanística, sus habitantes han construido ellos mismos enormes espacios urbanos sin infraestructuras ni servicios, de forma totalmente anárquica. La cuestión del futuro de las ciudades también pasa por la organización de estos zonas. "La solución es dotarlas de equipamientos, mejorar sus condiciones".
DIFERENCIAL
Urbes creativas, urbes decisivas
En la era de la globalización sí importa donde vivimos. Es lo que afirma el escritor Richard Florida, quien teorizó hace más de un lustro acerca de cómo la creciente 'clase creativa' aceleró el nivel económico de las ciudades de Occidente. Decidir en qué ciudad decidimos vivir no sólo define nuestra personalidad, sino que también nuestro nivel económico. Suena a perogrullo, porque la mayor parte de los flujos migratorios se definen por cuestiones de dinero: por pura necesidad de supervivencia. Aunque en el libro 'Las ciudades creativas" , el autor des- grana el proceso de la toma de la decisión de instalarse en un punto u otro del globo. "Todos tomamos las decisiones en función de donde los distintos atributos y cualidades de los lugares que son importantes para nuestra vida", explica. En definitiva, el porqué lo sabemos, lo que nos cuenta es el cómo llegamos al lugar en el que vivimos.
'Las ciudades creativas'
Richard Florida
Paidós
* ADN - 13.05.10
Foto: Infografía de un huerto urbano de la exposición 'Geologics'.- ADN.es
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Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
La mitad de los pueblos de Espadà carece de depuradora tras 12 años de parque natural
LASPROVINCIAS/Castellón* : Nueve de los 19 municipios que integran el parque natural de la Serra d'Espadà carecen de sistemas de depuración de aguas residuales. Alcudia de Veo, Fuentes de Ayódar, Higueras, Matet, Pavías, Torralba del Pinar, Villamalur, Algimia de Almonacid y Vall de Almonacid carecen de estación depuradora de aguas residuales (EDAR) doce años después de que la Generalitat Valenciana aprobase la declaración del parque natural mediante el decreto 161/1998.
Salvo en los casos de Algimia y Vall de Almonacid, donde en estos momentos está en ejecución la construcción de sendas EDAR, los otros siete municipios tienen pendientes y sin plazo la ejecución de sus sistemas de saneamiento de aguas residuales urbanas.
La Societat d'Amics de la Serra d'Espadà (SASE) ve con preocupación el retraso en la dotación a los municipios del parque natural de sistemas que permitan tratar las aguas residuales acorde a los valores ambientales que merecieron hace ya más de una década proteger más de 31.000 hectáreas de la Serra d'Espadà.
Los nueve pueblos que aún carecen de depuradoras suman una población de poco más de 1.300 habitantes y, de ellos, Villamalur, Alcudia de Veo, Fuentes de Ayódar, Higueras, Pavías y Torralba tienen todo su término municipal dentro de los límites del parque natural.
La situación ha llevado a la SASE a ponerse en contacto con la dirección del espacio protegido para conocer cuáles son las previsiones para corregir la situación. «Vemos que son muy pocos los municipios que tienen depuradora de aguas residuales», lamenta la secretaria y portavoz de la Societat d'Amics de la Serra d'Espadà, Carme Orenga.
En el escrito remitido al director del parque natural, Antonio Cases, el pasado mes de diciembre la SASE recuerda que «existe una normativa de la Unión Europea que obliga a tener depuradoras en todos los municipios y especialmente en los pueblos que están dentro de un espacio natural protegido, como es el caso de Espadà».
Además, añade la entidad medioambiental y ecologista que trabaja en la Serra d'Espadà desde los años 90, estas infraestructuras «también se contemplan en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de este parque natural».
El PRUG, aprobado el 11 de marzo de 2005 por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, establece en su artículo 63 que «se garantizará con carácter prioritario la depuración de las aguas residuales de los núcleos de población, incluyendo las urbanizaciones de segunda residencia».
El documento que regula la gestión del espacio natural advierte de que «en todo caso, no se podrá otorgar licencia para la realización de instalaciones o edificaciones fuera del núcleo urbano, residenciales o no, que no cuenten con un sistema de recogida y depuración de aguas residuales y no esté prevista su instalación por el plan director de saneamiento de la Comunitat Valenciana».
Incumplimientos normativos
Asimismo, el artículo 15 del Plan Rector de Uso y Gestión especifica en el punto 3 que «se prohíbe el vertido sin depurar, directo o indirecto, de aguas residuales urbanas al dominio público hidráulico, salvo en el caso de viviendas de tipo familiar aisladas en el campo, granjas avícolas o cunícolas de menos de 100 unidades y estabulaciones de ganado mayor con menos de 10 cabezas». Y añade: «En cualquier caso, el vertido nunca podrá realizarse en un radio inferior a 500 metros de un punto de abastecimiento, fuente o manantial de agua potable, y deberá ser autorizado por el organismo de cuenca y del órgano competente en materia de espacios naturales».
Ante esta situación, la Societat d'Amics de la Serra d'Espadà pregunta a la Conselleria de Medio Ambiente «qué perspectivas de futuro tienen estos municipios en ver instaladas sus depuradoras».
Las dos últimas depuradoras del parque natural que entraron en marcha han sido las de Azuébar y Chóvar, el año pasado. Las dos actuaciones se enmarcaron dentro del II Plan Director de Aguas Residuales de la Comunitat, cuyo desarrollo se produce a través de un convenio suscrito entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón para municipios menores de 5.000 habitantes.
* Las Provincias - 12.05.10
Foto: Vista de Algimia de Almonacid, uno de los pueblos en los que está en ejecución la contrucción de la depuradora. :: JOSÉ PLASENCIA, lasprovincias.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Plataforma Ciudadana Escurialense denuncia graves irregularidades en el proyecto de urbanización SAU II
DIARIODELASIERRA/Madrid* : “San Lorenzo de El Escorial, un paraje privilegiado por su paisaje natural, su arquitectura y su historia, puede verse seriamente dañado si prospera un proyecto para construir un macrocentro comercial en el límite de su término municipal, junto a la autopista A-6, muy cerca de las localidades de Guadarrama, Alpedrete y Collado Villalba”, informan. Aseguran que “el terreno, que se encuentra a la entrada de una zona definida por la propia Comunidad de Madrid como gran reserva natural y cultural de la Región, espera luz verde para la construcción de un polígono que, aunque proyectado inicialmente para talleres e industrias ligeras, se ha desviado a un planeamiento mucho más agresivo de áreas comerciales y de ocio”.
La reciente aprobación por parte del Ayuntamiento del proyecto de Urbanización SAU II, en la franja situada entre la autopista y la nacional M-527 en dirección al Valle de Los Caídos, “marca el inicio de una operación urbanística sin precedentes en esta parte de la sierra. A pesar de que la ficha urbanística del proyecto señala claramente que el terreno mide 384.000 cuadrados, en la última fase de la tramitación la superficie del sector crece hasta los 440.000 metros, por este motivo, la Plataforma Ciudadana Escurialense denunciará ante los tribunales, mediante un recurso contencioso administrativo, las múltiples irregularidades en que el Consistorio incurrirá de llevar a cabo dicho proyecto”, indican.
Señalan que “el proyecto, que se inició hace más de diez años, llega ahora a la fase final tras superar una sucesión de informes desfavorables por parte de distintas instancias de la administración autonómica. La Dirección General de Medio Ambiente, por ejemplo, ha marcado una serie de directrices para su aprobación que no han sido respetadas. A juicio de esta Plataforma, el Ayuntamiento ha podido incluir suelo no urbanizable protegido en esta última fase de la tramitación”.
Según exponen, “la calificación de suelo especialmente protegido rodea en casi todo su perímetro al SAU II, ya que pertenece al territorio comprendido dentro de la Gran Cerca Histórica de Felipe II, declarado por la Comunidad de Madrid Bien de Interés Cultural en 2006. La ley de Patrimonio Histórico establece que cualquier planificación debe ajustarse a las directrices de esta declaración, por lo que este colectivo señala que el Plan Parcial aprobado en su día, debería haberse revisado y el Plan de Urbanización, que ahora se recurre, debía haber quedado en suspenso a la espera del resultado de la revisión”.
La Plataforma Ciudadana Escurialense tampoco ve clara “una permuta realizada para ceder suelo destinado a Viviendas de Integración Social en Colmenarejo, con un tamaño menor y un precio mayor, que el previsto en el municipio escurialense. Una permuta que la legislación prevé llevar a cabo cuando no hay espacio disponible y aquí estamos hablando de algo más de 34 hectáreas”.
Hay que señalar, indican, que “no se han llevado a cabo Planes Directores y Planes Especiales para la protección, ordenación y conservación del BIC de la Cerca Histórica y su entorno. Tampoco se han respetado las determinaciones de cara a la protección de la unidad paisajística y al mantenimiento de un modelo urbano original de ciudad concentrada alrededor del monasterio. Ni se ha tenido en cuenta que el planeamiento del territorio debe efectuarse de manera coordinada entre los distintos municipios implicados en la protección de la Cerca. Además, y aunque el Decreto del BIC lo prohíbe expresamente, con este proyecto de urbanización se eliminan partes del bien, puesto que para poder realizar el acceso al polígono, hay que destruir parte de la Cerca”.
Este territorio, que fue reconocido en 1998 por la UNESCO cuando “El Escorial, Monasterio y Sitio” fue inscrito en la Lista del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, acaba de conseguir otro nuevo nivel de protección al ser incluido finalmente en el recientemente aprobado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama.
“Un mal negocio para los escurialenses”
“La construcción de este macro proyecto a más de 14 kilómetros del actual casco urbano de San Lorenzo, no es contemplado por esta Plataforma ciudadana como beneficioso para la mayor parte de los ciudadanos escurialenses ni siquiera desde el punto de vista económico. El escaso ingreso de alrededor de un millón y medio de euros para las arcas municipales no parece suficiente, dada la envergadura de la operación. Tampoco puede esperarse que la recaudación por IBI compense el alto coste que tendrán los servicios a cubrir en esta zona tan alejada”, denuncian.
Según la Plataforma, “el proyecto no apoya el tejido industrial de la población que lleva pidiendo clamorosamente desde hace tiempo soluciones. El polígono Matacuervos, situado dentro del casco urbano, se ha quedado pequeño pero este proyecto no va a solventar la cuestión. Es más, es inimaginable pensar que la clientela de este polígono tenga que hacer 15 kilómetros para acceder a sus servicios. La promotora ha cedido unos terrenos para equipamiento público dentro del sector en una zona donde existe gran cantidad de arbolado, lo que imposibilita cualquier tipo de construcción. Mientras tanto se computa como zona verde una ridícula franja situada a lo largo de la autopista”.
La Plataforma Ciudadana Escurialense se lamenta “de que el modelo de especulación y urbanismo descontrolado e irreversible, con una clara apuesta por el crecimiento a gran escala para beneficio de unos pocos, sea el que subyace en este proyecto del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”.
* Diario de La Sierra - 12.05.10
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde monte Abantos - madridiario.es
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Valencia: Bellver, imputado por el parking del Jardín de Monforte
LEVANTE* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Valencia ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, por las obras de construcción de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte y le ha citado a declarar como imputado el 8 de junio. Así lo han indicado a EFE fuentes municipales y de la asociación Cercle Obert, que denunció en febrero ante la Fiscalía la iniciativa municipal al considerarla un "expolio". La Fiscalía denunció a Bellver por prevaricación y delito contra el patrimonio por las presuntas irregularidades en la concesión de la licencia para construir, en 2004, el aparcamiento existente en el subsuelo de los Jardines de Monforte, declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
En este sentido, el portavoz de Cercle Obert, Antonio Marín, ha señalado que la justicia "tiene ahora que seguir su camino" y que la asociación ha hecho "lo que tenía que hacer ante presuntas irregularidades". "Todo Bien de Interés Cultural y su entorno merecen protección", ha aseverado Marín, quien ha instado al Ayuntamiento de Valencia a "respetar la Ley y el patrimonio cultural valenciano". Por ello, ha destacado la "necesidad" de aprobar un Plan Especial de Protección, "sin el que no se puede intervenir ningún BIC" porque la actuación se convierte en "un atentado contra el patrimonio".
Por su parte, el concejal socialista Juan Soto ha mostrado su "absoluto respeto a las decisiones de la justicia" y ha destacado también que esta noticia "pone en evidencia la falta de planes especiales de protección de los BIC". Estos planes "determinan las líneas rojas que no se pueden traspasar", como "un aparcamiento contiguo a los Jardines de Monforte, que afectan de manera clara a un bien protegido".
* Levante-EMV - 12.05.10
Foto: Valencia, jardín de Monforte - flickr.com
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Se ofrece empleo: 500 euros al día de peón en Dubai
PÚBLICO* : El boca a boca reunió ayer en Punta Umbría (Huelva) a una multitud, cientos de trabajadores en busca de un supuesto chollo: un contrato como albañil en Dubai, con la promesa de pago de 50 euros la hora, lo que supondría un jornal de más de 500 euros al día. Es decir, quien esté dispuesto a colocar cristales "de unos 8 ó 9 kilos de peso" a destajo, en altura, con un sol de justicia y con un control exhaustivo de su trabajo, cobraría en poco más de un mes el salario medio de un año en España: unos 21.500 euros, según la estimación de la Unión Europea para 2008.
"Tenemos conocidos en los Emiratos. Nos ofrecieron la posibilidad de poner mano de obra para terminar edificios", dijo a Público en conversación telefónica José Manuel Garrido, la persona que se está ocupando de las contrataciones. Garrido, intermediario de unos empresarios a quienes se negó a identificar en reiteradas ocasiones ("no se puede decir; ni a usted ni a nadie", aseguró), organizó ayer unas peculiares pruebas de selección en Punta Umbría.
2.000 peones
Con el objetivo declarado de contratar 2.000 peones, que partirían ya en junio en viajes pagados por "estos señores", según Garrido, el intermediario improvisó una oficina en una tienda de electrodomésticos, Electrofruit, cedida para la ocasión por un responsable, que también se apuntó. Allí recogió las solicitudes, y talló y pesó a los candidatos.
"Allí no se va a jugar ni nada. Se te pone uno pegado a la oreja y si no cumples, pues chico...", afirmó gráficamente Garrido para explicar que los salarios son altos porque la exigencia es muy alta. El requisito principal es medir más de 1,75 metros y pesar no más de 90 kilos.
Además de en Punta Umbría, se llevaron a cabo otras selecciones en Almonte (Huelva), Málaga y Sevilla. Los solicitantes se movían entre la incredulidad y la esperanza. Los elegidos trabajarían seis días a la semana. Ya en Dubai, y después de una prueba de 15 días, se firmaría el contrato por una duración de tres meses. Dubai es un emirato donde los trabajadores, asiáticos en buena parte, cobran salarios bajos, de unos 90 euros al mes.
* Plico - 12.05.10
Foto: Vista panorámica de Jumeirah Beach y Jumeirah Beach Residence (JBR) en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).EFE/ALI HAIDER
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La fiscal de Valladolid investiga una posible mafia en el Seprona
ELPAÍS* : Los agentes cobraban por asesorar a empresas, según su jefe.
La Unión de Oficiales ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por los supuestos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y cohecho.
La denuncia incorpora un informe de más de 100 folios elaborado por el jefe del Seprona de Valladolid, quien al llegar a su puesto, en 2007, según relata, detectó irregularidades en una decena de agentes que se ofrecían como asesores medioambientales a las empresas que debían inspeccionar, aconsejándoles, por ejemplo, sobre cómo evitar costosas sanciones medioambientales a cambio de dinero.
"Iban a inspeccionar una empresa, le decían que habían cometido alguna irregularidad sancionable con 30.000 o 40.000 euros y, acto seguido, se ofrecían a solucionarles el problema facilitándoles la documentación que les hacía falta a cambio de dinero", aseguran fuentes de la Guardia Civil.
La práctica estaba tan instaurada, según las mismas fuentes, que los agentes recibían a las empresas a las que iban a asesorar a cambio de un sobresueldo, en la misma comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. También utilizaban sus correos electrónicos corporativos para hacerles llegar informes medioambientales o consejos para evitar o recurrir sanciones.
Una patrulla de la Guardia Civil ajena al Seprona detectó las irregularidades al presentarse a inspeccionar una empresa que, cuando les vio, según fuentes de la Guardia Civil, les increpó que para qué estaban pagando entonces a la Guardia Civil si iban a inspeccionarles de todos modos.
Los hechos fueron denunciados a nivel interno y se abrió expediente disciplinario por falta muy grave a varios agentes aunque hasta ayer, ninguno había sido apartado de su puesto, según las mismas fuentes.
Uno de los agentes se desplaza a su lugar de trabajo en una motocicleta que está a nombre de una de las empresas que les contrataron y otro de ellos en una furgoneta con el logo de una compañía de gestión de residuos.
En total, según consta en la denuncia, los agentes de los equipos de investigación del Seprona cobraron por prestar asesoramiento medioambiental de al menos 14 empresas y siete Ayuntamientos de Valladolid y Palencia, como Tudela de Duero, Quintanilla de Arriba y Venta de Baños.
El jefe del Seprona asegura en su informe que los agentes implicados utilizaban una fundación sin ánimo de lucro, Proyecto Árbol, para canalizar sus trabajos de asesoramiento hasta el punto que dos agentes del Seprona y la mujer de uno de ellos ocupan cargos en la dirección de la fundación. El Ayuntamiento de Venta de Baños ha cedido a la entidad las instalaciones que utilizan como sede.
Según su página web, esta fundación pone "a disposición de empresas y entidades una serie de servicios, que aplicados al desarrollo de su actividad, tiendan a conseguir reducir costes, impactos en el entorno ambiental y mejora de métodos".
El jefe del Seprona que ha denunciado estas presuntas irregularidades ha sido denunciado a su vez por varios agentes, que le acusan de acoso. La baja psicológica de uno de ellos, según el jefe del Seprona, la firma un abogado vinculado a la Fundación Proyecto Árbol, médico de formación. La Unión de Oficiales vincula la denuncia con las irregularidades destapadas y describe lo ocurrido como "una infundada campaña de descrédito" inmediata a la "alerta por conducto reglamentario" que dio el jefe del Seprona de Valladolid sobre los hechos denunciados.
De momento, no existe una estimación sobre el dinero que los agentes habrían podido reunir con estos trabajos extra, pero el jefe del Seprona que denunció los hechos cree que sin duda, "estaríamos hablando de decenas de miles de euros".
La Unión de Oficiales ha instado a la Dirección General de la Guardia Civil a que intervenga en este asunto y "evite que se pretendan ocultar responsabilidades graves vilipendiando infundadamente a un oficial que se ha limitado a cumplir escrupulosamente con su deber". Hoy se reúnen con el vicepresidente de la Comisión de Interior en el Congreso, Juan Luis Rascón, del Grupo Socialista, para hablar del asunto.
* ELPAÍS.com - 12.05.10
Foto: Seprona, medio ambiente (archivo) - efe
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Acusan al ex alcalde de Gondomar de firmar escritos que se vendían por 500 euros para legalizar casas
LAVOZ/Pontevedra* : El ex alcalde de Gondomar y concejal del PP José Carlos Silva Mariño alegó ayer desconocimiento de los hechos en un juicio por un delito continuado de falsedad documental. El fiscal lo acusa de expedir tres certificados de antigüedad falsos de sendas casas del municipio en el 2005 y el 2006 para los que no tenía competencia y pide para él una pena de dos años de cárcel. Los beneficiados pagaron 500 euros por cada escrito, que usaron para legalizar sus viviendas.
El ex regidor popular, que ocupó ocho años el cargo, reconoció ayer el papel y los sellos de la alcaldía, y su rúbrica en dos de los tres escritos que le mostró la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. Sin embargo, aclaró que pudo haber firmado los papeles que le pasaron los funcionarios en su despacho pero sin leerlos. «No me puedo parar a leer todos los expedientes, me pasan incluso certificados de empadronamiento. Doy por supuesto que vienen revisados por los departamentos», alegó. Rubricaba a toda prisa, incluso de pie, declaró.
La secretaria del Concello aclaró que era difícil que alguien le diese dichos certificados a firmar al alcalde porque, por ley, carece de competencias para rubricarlos. Los empleados que le presentaban la documentación tampoco recuerdan dichos modelos. Y los papeles no iban acompañados de la carpeta con el expediente.
Por ello, el fiscal acusa a Silva de un delito de expedición de certificados falsos, no de cobrar dinero por ellos, pues sería cohecho, ni de legalizar las viviendas. «Emitió un certificado pese a no tener derecho a ello sobre algo que no era acorde con la realidad». Sospecha que la única finalidad de dichos documentos, que otorgaban entre seis y diez años de antigüedad a tres construcciones, era darles apariencia de legalidad. Los papeles eran usados para formalizar una escritura notarial de obra nueva. El objetivo final era que prescribiese una irregularidad y el Concello «legalizase lo ilegalizable».
Arreglos en un bar
La defensa quiso demostrar que las tres viviendas afectadas ya existían en las cartografías y planes urbanísticos de hace 15 años, lo que probaría que realmente eran antiguas y que no hubo delito en los certificados.
Todo empezó en abril del 2005. El propietario de una casa y su esposa tenían problemas urbanísticos con dos viviendas situadas en la zona de Prado. Este declaró ayer que compró una finca en el 2005 que el vendedor no quiso escriturar. La casa tenía un porche como elemento moderno. El vecino contactó con una persona que conoció en un bar, que le presentó a un experto que se dedicaba a arreglar herencias y que podría resolverle a buen precio el problema de su casa y la de su mujer. «Le pagué 500 euros por cada certificado», dijo.
Agentes de la Guardia Civil interrogaron al alcalde, quien reconoció su rúbrica, pero no se acordaba de los papeles. La defensa planteó que alguien pudiese haber entrado en la alcaldía y usar los sellos, guardados bajo llave, pues las puertas seguían abiertas por la limpieza. En el juicio declaró como testigo el ex concejal de Urbanismo Alejandro Gómez, quien será juzgado el día 31 por cohecho.
Por otra parte, Silva ha recurrido una condena de 18 meses de prisión por conceder decenas de licencias con un Plan Xeral anulado.
* La Voz de galicia - 12.05.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
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Tema: NOTICIAS Galicia
El fiscal insiste en derribar una plaza de tientas junto a Medina Azahara
ELDÍA/Córdoba* : La Fiscalía Provincial de Córdoba insistió ayer en pedir el derribo de una plaza de tientas levantada en el entorno de Medina Azahara después de que en febrero del año pasado el Juzgado de lo Penal número 1 rechazara la acusación y absolviera in voce a los tres encartados, entre los que se encuentra el empresario taurino y ex matador Fermín Vioque. La acusación pública se reservó entonces la posibilidad de apelar y ayer se materializó el recurso por un presunto delito contra la ordenación del territorio ante la Audiencia.
Los hechos se remontan a noviembre de 2004, pocos meses después de que la Junta de Andalucía ampliara la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en las proximidades del monumento omeya. El ex matador encargó el proyecto de diversas obras a un arquitecto -F. J. V. T.- y contrató su ejecución a R. J. C. D. Las actuaciones consistieron en la cimentación de una nave de nueva planta, el allanamiento del terreno para la construcción de una plaza de tientas y un almacén y la apertura de zanjas para la instalación de riego y conducción de agua con una finalidad agrícola y ganadera.
Según la Fiscalía, el propietario encargó el proyecto al arquitecto, quien lo redactó supuestamente sin el visado del colegio profesional y sin haber iniciado ningún trámite para obtener la correspondiente licencia de obras, según pudo comprobar directamente la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento el 17 de octubre de 2005. Para el fiscal, por tanto, los acusados "conocían" la ilegalidad de la actuación.
El ganadero procesado, que ayer no acudió a su cita con el tribunal, alegó en febrero del año pasado que "obró con la mejor intención" y que le encargó al arquitecto "que todo estuviera en condiciones". El encartado aseguró que "todo estaba legalizado" y reconoció que, al no poder reformar el inmueble por su deficiente conservación, "se pensó en hacer una nueva plaza de menores dimensiones". Cuando Cultura ordenó la paralización de las obras, ya no volvieron a moverse ladrillos, aseguró el encartado.
* El Día de Córdoba - 12.05.10
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los técnicos de Patrimonio se plantan ante las licencias de derribo del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : La comisión municipal de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia ha echado atrás en tres ocasiones cinco licencias de derribo tramitadas por el equipo de gobierno en el conjunto histórico del Cabanyal. A la vista de la nueva situación jurídica derivada de la orden de suspensión del plan especial del Cabanyal del Ministerio de Cultura avalada por el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, los técnicos no quieren incurrir en una ilegalidad y se resisten a dar el informa favorable a los derribos.
La comisión de Patrimonio, que está formada por técnicos municipales y una representante de la Conselleria de Cultura, dejó sobre la mesa y sin informar en las reuniones de los días 22 y 29 de abril y 6 de mayo cinco licencias de derribo en la zona Bien de Interés Cultural del Cabanyal. Los expedientes bloqueados afectan a los edificios protegios ubicados en las calles Padre Luis Navarro 221 y 193, Progreso 202 y 170 y José Benlliure 185. Los tres primeros están protegido con nivel 2.
37 edificios en el punto de mira
El ayuntamiento gobernado por el PP ha derribado ya 16 edificios (40 viviendas) protegidas en las calles San Pedro, Escalante, Los Ángeles, Progreso, Barraca, Padre Luis Navarro y José Benlliure. El ayuntamiento también ha ido adquiriendo para su posterior derribo otros 37 inmuebles (80 viviendas) a los que el PGOU otorga algún grado de protección.
Las incertidumbres que plantea a los jefes de servicio y técnicos de la delegación de Urbanismo la orden de suspensión del plan han obligado al secretario del área, Manuel Latorre, a emitir una nota aclaratoria en la que informa de que sigan adelante con la tramitación de los expedientes hasta el último trámite, la firma de la resolución, en espera de que los tribunales resuelvan.
Tres de los edificios que plantea derribar el ayuntamiento están protegidos por el PGOU con nivel dos. El concejal de Urbanismo asegura que la suspensión cautelar del plan especial que incluye la prolongación de Blasco Ibáñez no supone que rige la norma de planeamiento anterior, esto es, el PGOU de 1988 como sostiene el concejal socialista Vicente González Móstoles. El edil de la oposición critica la paralización de todas las licencias de derribo, rehabilitación e incluso obras menores adoptada por el ayuntamiento en cumplimiento de la orden ministerial. Según Móstoles, en base al PGOU "se podrían otorgar licencias" y actuar hasta que resuelvan los tribunales.
Al respecto, la Asociación de Vecinos del Cabanyal sugirió ayer al concejal de Urbanismo que incorpore al PGOU y proteja el centenar de edificios que salvaguardaba el Pepri ahora suspendido, entre los que se incluye la Casa dels Bous. De esta forma, apuntan los vecinos, se evitaría que alguien pida la licencia de derribo como apuntó el lunes Jorge Bellver.
* Levante-EMV - 12.05.10
Foto: Valencia, protesta vecinos Cabanyal (archivo) - levante-emv.com
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Torrejón: La justicia anula la gestión privada de un servicio municipal
ELPAÍS/Madrid* : La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Torrejón de Ardoz (116.455 habitantes) no puede estar en manos privadas. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En una sentencia, ratifica que el Ayuntamiento torrejonense no ha justificado la necesidad de gestión privada en esta empresa pública (adjudicada en 2007) y tampoco ha estipulado de forma clara cómo va a retribuirla. El Tribunal Contencioso Administrativo ya anuló el pasado junio la gestión privada de la EMVS. Ahora el TSJM da por buena aquella resolución con un fallo que es firme.
Pero entre una sentencia y otra, el escenario ha cambiado. Poco después del primer fallo, el Ayuntamiento hizo un nuevo pliego, con correcciones, y sacó de nuevo a concurso la EMVS. Lo ganó una empresa del mismo grupo que la ganadora anterior. La oposición socialista ha llevado a los tribunales esta segunda adjudicación. El equipo de gobierno cree que la nueva adjudicación ha resuelto el asunto.La EMVS de Torrejón empezó a funcionar a finales de 2007, poco después de que el PP llegara al poder en el municipio. El equipo de gobierno redactó los estatutos y sacó a concurso la gestión de la empresa de vivienda. El PSOE denunció el pliego de condiciones ante los tribunales, que le han dado la razón en dos ocasiones, el último caso con una sentencia firme.
Ambas sentencias, la del Contencioso y la del TSJM, consideran que no existía en esa adjudicación "ni un sólo documento" que justificara que es necesaria una gestora privada. Y añaden que el pliego de condiciones no incluye un precio "cierto ni referencial". Los honorarios marcados por los pliegos de la EMVS eran del 6% "del coste total de las actuaciones que se acometan", lo que para el alto tribunal es "ciertamente un precio indeterminado".
Tras la sentencia de junio de 2009, el equipo de gobierno volvió a sacar a concurso la gestión de la empresa municipal, adjudicándola a otra empresa "del mismo grupo que la anterior", según el concejal de Urbanismo, José Luis Navarro, que figura como vicepresidente de la EMVS que preside el alcalde, Pedro Rollán (PP).
"A raíz de la sentencia del Contencioso adaptamos los pliegos de condiciones para sacar adelante la gestión de la empresa municipal", añade el regidor. El equipo de gobierno considera que con estos cambios, el fallo del TSJM ya no les afecta.
"Con este segundo contrato intentan bordear la ley, por eso hemos vuelto a denunciarlo", según el edil Francisco Martín Rojas (PSOE). "Los socialistas tienen una pataleta porque la gestión de la EMVS está sacando muchos proyectos adelante", le acusa el edil de Urbanismo, que pide que "dejen de judicializar" un asunto "que puede crear alarmismo entre la población", aunque admite que, hasta la fecha, los vecinos de Torrejón no están alarmados.
* ELPAIS.com - 12.05.10
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com
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Claro presenta en Bruselas 7.000 firmas para salvar Cala Mosca
LAVERDAD/Alicante* : El Parlamento Europeo de Bruselas ha sido la última instancia hasta la que el presidente del partido para Orihuela Costa Claro, Robert Houliston, ha hecho llegar la nueva petición respaldada con las 7.000 firmas recogidas en la campaña 'Salvad Cala Mosca', en contra de la construcción de 1.500 viviendas en este espacio litoral hasta ahora el único virgen de la zona. Con la atención fijada en la actual legislación que sobre el Medio Ambiente se rige en la Unión Europea y tras la nueva petición presentada desde Claro se asegura que «en Bruselas se ha mostrado un máximo interés por lo que van a recabar más información de los estamentos implicados».
Claro califica de «abusivo» el proyecto que el gobierno municipal de Orihuela quiere llevar a cabo en el litoral «en el último reducto verde que existe en la costa oriolana donde se encuentran especies protegidas de fauna y flora» y que a raíz de las denuncias efectuadas «se ha forzado la modificación del proyecto por orden expresa de la Conselleria de Agua, Urbanismo y Vivienda, para tratar de justificar lo injustificable y para preservar las vulneradas plantas y caracolillos, catalogadas así por la propia Generalitat y la alcaldesa de Orihuela», explican desde Claro.
Ahora los promotores «tratan de justificar este abuso ecológico que no respetaron antes de urbanizar la parcela de Cala Mosca queriendo preservar la flora, por lo que proponen una siembra de semillas».
* La Verdad - 11.05.10
Foto de archivo de una protesta contra la urbanización. :: T. S., laverdad.es
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Chile: Mall en un terreno no apto
LANACIÓN/Santiago* : En el Plan Regulador de Las Condes se describe el área E-e1, que corresponde a Edificación Especial Nº 1: Equipamientos. Estos sectores están constituidos por los terrenos y las edificaciones destinados a complementar las funciones urbanas básicas, según lo fijado en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo de mayor jerarquía vigente desde 1994.
El área E-e1 de esa comuna está conformada por tres tipos de equipamientos; uno de ellos es el denominado “equipamientos comunales culturales”, donde se listan todos los colegios, escuelas y centros de estudios localizados en el territorio jurisdiccional de la comuna. Uno de los anteriores es el Colegio Nuestra Señora del Pilar, que ocupa un amplio terreno de tres hectáreas que enfrenta la calle Martín de Zamora por el norte y Avenida Cristóbal Colón por el sur, más hacia el oriente de la Avenida Américo Vespucio. Estas tres vialidades están muy congestionadas, sobre todo en horas de mayor flujo vehicular, lo que es padecido por quienes viven en sus inmediaciones y conocido por los técnicos del sector transporte.
Hace tres años las monjitas españolas dueñas del establecimiento educacional decidieron venderlo y así llamaron a una licitación, a la cual llegaron varias empresas constructoras interesadas en ese terreno. Pero al conocerse las restricciones del uso del suelo, todas ellas, por razones entendibles, se desistieron de seguir conversando con la congregación religiosa. Sin embargo, uno de los atraídos por el paño, vocablo que se utiliza en el ámbito inmobiliario, tomó la decisión de comprar para construir un supermercado tipo Jumbo y un mall con todos los ornatos que invitan al consumo.
El comprador fue Cencosud, sociedad controlada por el audaz y a la vez simpático Horst Paulmann, empresario que se caracteriza por sostener que “la carga se arregla en el camino”. Vale decir, este influyente hombre de negocios, chileno por decisión parlamentaria, tomó una decisión muy arriesgada, porque los tipos de edificaciones previstos están prohibidos en las reglas del juego urbanístico vigente en Las Condes. ¿En Alemania, Paulmann hubiera tenido este mismo comportamiento? Naturalmente que no, porque en ese país, como en todos los países serios, son inaceptables las prácticas que ponen en entredicho el sistema económico de libre mercado.
No conocemos el precio del terreno pagado por el único interesado, pero si hubiera existido competencia abierta en la demanda, obviamente que el valor de transacción hubiera sido más elevado, con el beneficio implícito para las religiosas vendedoras. Suponemos que Paulmann ya tenía acordada la modificación urbanística con los mandamases de Las Condes o bien especuló, estimando que esas autoridades iban a consentir en autorizar tales cambios que hacían posible su obra.
La prensa ha informado que el proyecto contempla la construcción de cines, restaurantes, estacionamientos subterráneos, infinidad de tiendas chicas, medianas y anclas, con una inversión de 30 millones de dólares y Cencosud, especialista en marketing, ya ha estado convenciendo a los vecinos para que, en una próxima consulta restringida a un cierto perímetro, “aprueben” las bondades de esta intrusión en el barrio. Las juntas de vecinos C-14, C-2 y C-11 de Las Condes, presididas por Rafael Arteche, Carola de Orte y Enrique Cisternas, respectivamente, ya han expresado su decidida oposición no sólo a la consulta no vinculante, prevista para los primeros días de junio, convocada por el alcalde Francisco de la Maza, por considerarla insuficiente y meramente propagandística, sino al mall porque, según ellos, si se realizan las obras irremediablemente se empeorarán las condiciones de vida de los residentes aledaños a la intervención y por ello han llamado a expresar uno no rotundo al proyecto.
Este negocio privado de retail necesita que el uso de suelo de las tres hectáreas se transforme en equipamiento comercial y servicios en el Plan Regulador Comunal y para ello Cencosud, apoyado con recursos municipales, ha efectuado infinidad de actos comunicacionales para convencer a los votantes de las maravillas del proyecto, que ahora se llama amigablemente Jardines de Colón.
Coherente con lo anterior, las azoteas de las edificaciones están proyectadas con cubiertas verdes y no se conocen todavía, por razones obvias, las medidas de mitigación vial, que deberán considerar, entre otras tantas, los ensanches de calles Martín de Zamora y Colón para dar paso al aumento vehicular y básicamente para admitir las circulaciones diarias de los colosales camiones que transportarán las mercaderías que allí se venderán.
Recordemos que estos grandes centros comerciales llamados malls se masificaron más allá de los suburbios de las ciudades de EEUU, después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando el uso de los automóviles en las excelentes carreteras que se construían por todos lados. En Chile, malos copiadores, se levantan en las zonas densificadas para facilitar el acceso a ellos.
La consulta limitada a un ínfimo número de votantes será inocua y no le asignamos valor, porque el asunto de fondo es lo impresentable de que un municipio, servicio público, proceda de acuerdo a las premuras de un actor privado que sabe motivar a quienes ejercen la administración del Estado. A Paulmann no le importa que ese barrio se desnaturalice, porque él tiene otros intereses y lo asombroso es que el concejo municipal de Las Condes consienta en hacer lo que aquél desea.
He aquí la diferencia entre los países desarrollados, que tienen políticas urbanas que buscan el bien colectivo, y Chile, que continúa con sus “trajes a la medida” para algunos pedigüeños.
* Fundación Defendamos la Ciudad
* LaNación.cl - 11.05.10
Foto: lanacion.cl
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Tema: NOTICIAS Latinoamérica
El ex alcalde de Gondomar será juzgado hoy por un presunto delito de falsedad documental
LAVOZ/Pontevedra* : Carlos Silva Mariño vuelve a sentarse hoy en el banquillo de los acusados para rendir cuentas por un presunto delito de falsedad documental de certificados cometido durante los años en los que ocupó el cargo de alcalde de Gondomar. La Fiscalía pide para él dos años de cárcel y su inhabilitación para ser miembro de la corporación durante el mismo período. Se da la circunstancia de que el antiguo regidor del PP ya está condenado por prevaricación urbanística e inhabilitado, si bien se mantiene activo en la política puesto que ha recurrido la sentencia.
El imputado firmó presuntamente al menos en tres ocasiones certificados de obras ilegales haciendo constar que sobre las mismas no se había incoado ningún expediente de reposición de la legalidad urbanística. Estos informes sirvieron a sus beneficiarios para registrar como obra nueva viviendas construidas sin licencia y darles así apariencia de legalidad.
Realizó estas gestiones empleando folios con el escudo del Concello de Gondomar, pero de espaldas a la secretaría general del Ayuntamiento, que es la encargada de emitir toda clase de documentos oficiales.
Informe jurídico
Un informe jurídico interno del Concello realizado a instancias del Seprona, que llevó a cabo las investigaciones, señala que la firma de estos certificados se hizo de espaldas a la legalidad vigente y que de los mismos no existe ninguna copia en las dependencias de urbanismo.
El acusado basará su defensa en el desconocimiento que tenía de aquellos polémicos informes. «Firmaba más de un centenar de papeles al día y he de suponer que todo debía de estar debidamente fiscalizado con anterioridad», declaró poco después de declararse la fecha del juicio.
Carlos Silva Mariño está citado a las once de la mañana de hoy martes para asistir a la vista oral en el juzgado de lo penal número 1 de Vigo.
* La Voz de galicia - 11.05.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Vecinos denuncian que Adif cierra ilegalmente un camino público en Los Molinos y que les impide acceder a la estación
QUÉ/Madrid* : Los afectados emprenderán acciones si la empresa y el Ayuntamiento no les da soluciones. La plataforma Salvemos la Sierra denunció hoy que Adif cerró la semana pasada el acceso al histórico camino público que une Los Molinos con Navacerrada y que sale de la estación de Los Molinos atravesando la finca de El Chaparral, cerrando "ilegalmente" un camino público y dejando "encerrados" a los vecinos de la zona.
Por su parte, Adif aseguró que el proyecto constructivo y las actuaciones que realizaron para la supresión del paso a nivel situado en el P.K 14/226 de la Línea Villalba-Segovia, el afectado, fueron consensuadas con el Ayuntamiento Los Molinos.
Esto, a juicio de la organización, además de ser una "usurpación" de un bien y un derecho público, ha estado a punto de convertirse en una "tragedia" cuando el pasado miércoles, una vecina jubilada, imposibilitada de recorrer esos tres kilómetros por la carretera, decidió caminar junto a las vías para intentar entrar por otro lado y estuvo a punto de ser arrollada por un tren al que no vio y que le pasó a menos de un metro provocando su caída.
Desde hace dos años, vecinos que viven al otro lado de la estación de Los Molinos, vienen realizando gestiones ante el Ministerio de Fomento y Adif, quienes, según la Plataforma, les dijeron que la supresión del paso de vehículos a través de la estación de Los Molinos no afectaría al paso peatonal que comunicaba con la red de caminos públicos de la finca El Chaparral.
Finalmente, explican que una vez construida una pista alternativa para vehículos, que da acceso a El Chaparral por el norte, Adif ha cerrado con llave el portón que había puesto para delimitar un aparcamiento de la empresa concesionaria Mafevi, que tiene desde hace unos tres años instalaciones en la estación de Los Molinos.
Ese portón, cerrado desde la semana pasada, impide el acceso peatonal desde la estación a El Chaparral, donde hay varias viviendas (cuatro casas habitadas, dos más deshabitadas) y una residencia con 37 habitaciones. Ahora los vecinos, algunos de edad avanzada, si quieren llegar a las mismas desde la estación, o viceversa, se ven obligados a hacerlo en vehículo o, si no lo disponen de él, a recorrer más de 3 kilómetros por la carretera M-614, "con el consiguiente peligro e incomodidad".
Así, la plataforma señaló que esa carretera "carece de arcén peatonal y les expone a la intemperie, en una zona de vientos y frío en invierno y fuerte insolación en verano, cuando antes podían hacerlo caminando unos 250 metros".
Por otro lado, el Ayuntamiento de Los Molinos, "que es la institución encargada de dar la licencia de obras y velar por la integridad de la red de caminos públicos vecinales, a pesar de haber sido avisado, no ha defendido el derecho de paso consuetudinario a través de ese camino", denuncian.
Para la Coordinadora Salvemos la Sierra, "no es casualidad ni descuido" lo que ha pasado, pues el monte de El Chaparral viene siendo "objeto" desde hace más de veinte años "de intentos de urbanización y de construcción de una carretera que lo atraviese, para justificar después su reclasificación".
Además, señalan que se da la circunstancia de que el concejal de Urbanismo de Los Molinos es propietario de una finca en su interior y "él mismo afirmó, este jueves 9 de mayo, en el Pleno municipal que le parece bien, como propietario, que se cierre ese camino para que la gente no acceda al Chaparral y que él había estado cada semana con el técnico responsable de la obra viendo y controlando su desarrollo, contradiciendo las palabras del alcalde que dijo en el Pleno desconocer ese cierre y prometió actuar al respecto".
Como vecinos de la Sierra, aseguran, son conscientes de que promotoras, al hacerse con grupos de fincas colindantes, han procedido después a cerrar los caminos que las comunicaban o rodeaban, "apropiándose así de una propiedad pública". "La red de caminos vecinales y vía pecuarias de la comarca de la Sierra es uno de los bienes públicos más valiosos que tenemos", apuntaron.
Por esto, las organizaciones que forman la coordinadora Salvemos la Sierra, entre ellas la Sociedad Caminera del Real de Manzanares, manifestaron su solidaridad con los vecinos afectados y anunciaron que si Adif y el Ayuntamiento de Los Molinos no les da una solución inmediata, emprenderán las acciones necesarias para que el camino de Los Molinos a Navacerrada siga siendo de uso público.
CONSENSUADO CON EL AYUNTAMIENTO
Adif explicó que estas actuaciones fueron consensuadas con el Ayuntamiento de Los Molinos y que consistieron en la instalación de un vial por el monte de la Jarahonda desde el Paso a Nivel hasta el depósito de agua del Canal de Isabel II, y su conexión con la carretera M-614 que parte de la Residencia 'Hermanos de San Juan de Dios'.
En un comunicado, la administradora explicó que antes de comenzar las obras, Adif solicitó la conformidad del Ayuntamiento a las soluciones de supresión proyectadas, a lo que éste respondió favorablemente.
Actualmente, las obras se encuentran terminadas y el paso a nivel cerrado al tráfico de personas y coches. Además, se ha construido un portón para el acceso del personal de mantenimiento de Adif, que, según denuncian, fue vandalizado la semana pasada. Posteriormente, fue reparado dicho portón, "y nuevamente vandalizado durante el fin de semana".
Asimismo, Adif señaló que el acceso a la Residencia 'Hermanos de San Juan de Dios' se hacía anteriormente a través de la carretera M-614, dado que no existía camino entre el paso a nivel y dicha residencia.
Esta actuación responde al compromiso de Adif de mejorar la seguridad en el ferrocarril, con actuaciones de supresión de pasos a nivel, mejora de la protección de los mismos y campañas de sensibilización. En concreto, forma parte del Plan de Supresión y Mejora de Pasos a Nivel puesto en marcha por el Ministerio de Fomento en 2005 con un presupuesto total de 1.320 millones de euros.
Este Plan prioriza las actuaciones en función del nivel de riesgo de cada paso y coordina su ejecución tanto con los diferentes titulares de los viales (ayuntamientos y comunidades autónomas, fundamentalmente) como con los nuevos trazados previstos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). En virtud del Plan de Supresión y Mejora de Pasos a Nivel, en el año 2012 se habrán eliminado 1.931 pasos a nivel.
* Qué - EP: - 11.05.10
Foto: Los Molinos (Madrid), ayuntamiento - madridiario.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
El Consell es responsable civil en el 'caso Catral', según un experto
ELPAÍS/Alicante* : El Consell y el Ayuntamiento de Catral podrían ser responsables civiles de los daños causados a los dueños de las 1.272 casas ilegales levantadas en la huerta de este municipio de La Vega Baja. Esta posibilidad jurídica ha sido corroborada por un catedrático de Derecho Administrativo y Urbanístico de la Universidad de Alicante consultado por la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU), entidad que llevó el caso a los tribunales en 2004.
Seis años después, ante el estancamiento de la investigación judicial y el anuncio del Ayuntamiento, gobernado por el PP, de repercutir en los dueños de las casas los gastos de la regularización de las viviendas ilegales, el colectivo se plantea recurrir a la vía de lo contencioso-administrativo para que sean el Consistorio y el Consell los que asuman ese coste. De acuerdo al criterio del mencionado catedrático, El Ayuntamiento de Catral es responsable "como poder público local, y autoridad urbanística competente", precisa una nota de AECU. Mientras, el Consell también es responsable y puede ser demandado, ya que tiene competencia subsidiaria y superior concurrente. "Ambos son responsables civiles subsidiarios al menos por omisión al no aplicar las medidas prevista en la legislación urbanística valenciana y por consentir e incluso a animar de facto el urbanismo salvaje", añade el comunicado.
Legalización
Según AECU sólo existen dos vías para la legalización de una infracción urbanística, la demolición o cambiar la ley para su regularización. "En Catral, el Ayuntamiento y el Consell han optado por esta segunda opción, pero cargando al comprador engañado casi todos los costes de la legalización", explica la entidad. Los propietarios de las casas, en su mayoría residentes ingleses, denuncian que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, pretende repercutirles el coste de la "regularización" de viviendas, alrededor de unos 20.000 euros por dueño. Los afectados también resaltan la impunidad en la que permanecen hasta ahora los, a su juicio, verdaderos responsables de las casas ilegales: los promotores y constructores.
La proliferación de casas ilegales en Catral motivó que el Consell interviniera el planeamiento del municipio en octubre de 2006. El ejecutivo valenciano ya ha devuelto las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, pero aún no se ha aprobado el proyecto para regularizar las casas.
* ELPAIS.com - 10.05.10
Foto: Catral (Alicante), casas ilegales - C.Lucas (El Mundo)
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Mercado y Vivienda en España: Ada Colau 4
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11.5.10
por UrbanismoPatasArriba
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