Un alcalde y un edil y ex regidor del PP condenados por delitos urbanísticos no dimitirán

ELMUNDO/Málaga* : El alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz (PP), y el ex regidor de Salares y concejal del PP en el municipio malagueño, Jorge Luis Fernández, no dimitirán de sus cargos, después de haber sido condenados por delitos urbanísticos. El presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, ha informado a los periodistas de que tanto Díaz como Fernández recurrirán sus sentencias y ha afirmado que su partido no adoptará ninguna decisión sobre ellos hasta que no haya un pronunciamiento judicial firme.

"Los partidos políticos están para hacer política y los jueces son los que tienen que administrar justicia", ha señalado Bendodo, que ha criticado la actitud que mantenía el PSOE con la expulsión de alcaldes y concejales nada más conocer si eran imputados.

"El PSOE no interpreta que los partidos nunca deben asumir las funciones del poder judicial, pero ahora parece que han vuelto a la lógica", ha añadido el presidente del PP malagueño, que ha visitado el municipio de Vélez-Málaga.

El alcalde de Canillas de Albaida ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga a siete años de inhabilitación para cargo público de concejal o alcalde, y a una multa de quince meses por un delito de prevaricación urbanística.

El tribunal considera aprobado que el alcalde concedió una licencia de obras de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable "con grave incumplimiento de la normativa reguladora de la concepción de licencias", según la sentencia.

Por su parte, el ex alcalde de Salares y concejal en el Ayuntamiento ha sido condenado ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga a un año de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez considera como hechos probados que Fernández tenía pleno conocimiento de unas obras irregulares para la construcción de una vivienda unifamiliar ejecutadas en el paraje "El Pino" entre 2001 y 2007 sin la correspondiente licencia y en suelo no urbanizable.

El ex regidor, "plenamente consciente de la ilegalidad de los trabajos", hizo caso omiso a las advertencias de la secretaria municipal y a las denuncias interpuestas por el propietario de una parcela situada junto a la que se desarrollaron las obras.





* El Mundo - 4.05.10
Foto: Canillas de Albaida (Málaga) - wikimedia.org

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Colmenar de Oreja persiste en la política del todo urbanizable

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar de Oreja, dado a conocer en un nuevo periodo de información pública, pretende multiplicar por cuatro el número de viviendas y por seis la población actual. Este plan general se divide en dos fases para eludir requisitos ambientales. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE MADRID* lamenta que este municipio siga anclado en la política urbanística del “todo urbanizable”.

Colmenar de Oreja es un municipio situado al sur de la Comunidad de Madrid, colindante con Aranjuez. Con 8.357 habitantes, el Plan general de Ordenación Urbana (PGOU), plantea la construcción de 15.516 viviendas y la reclasificación de 7.424.449 m2 de suelo. Estas previsiones permitirían alcanzar una población superior a los 50.000 habitantes, lo que supone un incremento del 620%.

Los principales crecimientos se plantean en torno al núcleo principal, con la reclasificación de 264 ha (2.645.952 m2) distribuidos en diez sectores. En esta zona se prevé la construcción de 3.516 viviendas. Pero el desarrollo más importante se sitúa al oeste del casco urbano, separado más de 11 km, junto al casino de Aranjuez Este nuevo sector, conocido como Valdeguerra, tiene una superficie de 4.822.600 m2 y albergaría 12.000 viviendas.

Parte de los terrenos de Valdeguerra son propiedad de Fadesa que en 2006 adquirió, al menos 148 ha, por cesión del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, propietario hasta entonces. Sin embargo, el Plan General expuesto a información pública, ha omitido cualquier información al respecto de esta empresa que en 2009 presentó suspensión de pagos. Se da la circunstancia de que aunque el suelo actualmente es no urbanizable, en la publicidad que facilita Martinsa-Fadesa se afirma que es suelo urbanizable sectorizado ordenado pormenorizadamente en el PGOU de Colmenar de Oreja.

El nuevo PGOU de Colmenar de Oreja que ahora se ha dividido en dos fases, sigue utilizando el criterio del “todo urbanizable”, ignorando así los principios de la Ley de Suelo estatal. En ningún caso se justifica la enorme reclasificación de suelo urbanizable, a pesar de que así se solicita en informes de las Direcciones Generales de Evaluación Ambiental y de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Sin duda con la fragmentación del PGOU en dos fases se pretende eludir requisitos ambientales y minimizar el impacto de la reclasificación de suelo.

Ecologistas en Acción considera muy preocupante la actitud del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja que, a pesar de la crisis inmobiliaria y del daño que la especulación urbanística ha causado a la economía española y al medio ambiente, siga empeñado en mantener un modelo desarrollista caduco e injustificado.





* Ecologistas en Acción > Comunidad de Madrid - 3.05.10
Foto: Colmenar de Oreja (Madrid) - cosasdemadrid.es

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Santo Domingo somos todos

7DÍAS/R.Dominicana* : La ciudad es intercambio, comercio y cultura. Cuando hace un par de años, algunos ciudadanos nos opusimos al crimen ecológico urbano que iniciaba el síndico de la capital en su aplicación del “Plan Verde”. Nunca pensamos que ese movimiento debía estructurarse permanentemente. Fue un error. Había surgido por la indignación que suscitaba la tala de árboles de sombra -necesarios en nuestro medio tropical-, para sembrar palmas ya que el impacto ecológico negativo era muy alto, tanto en el lugar de extracción de las palmas como en la ciudad porque sus probabilidades de sobrevivencia eran muy remotas por el ambiente urbano hostil y la falta de mantenimiento (riego).

Las razones se diversificaron por el abusivo costo de esas palmas, lo que suponía un negocio rentable entre las partes involucradas y, sobre todo, por los métodos antidemocráticos del síndico que revelaba su autoritarismo.

Ese movimiento había sido precedido de varias protestas contra la construcción de la Isla Artificial y de un helipuerto en la plaza Omar Torrijos y la copa de la indignación rebozó con las “canquiñas”. ¿Por qué? Porque se evidencia, una concepción errónea de la gestión de los espacios públicos, una actuación autoritaria orientada hacia objetivos que no son incluyentes y además, implementa políticas transculturales extrañas a nuestra cultura y a nuestra cotidianidad, que no se adaptan a nuestro clima, a nuestra ciudad, a su escala y volúmenes, que deben estar acordes con su tamaño.

El espacio público tiene varias dimensiones:

Dimensión política: Si la política es el encuentro de los intereses en conflicto, de la expresión colectiva de intereses comunes, de la visibilización de lo que somos, el espacio público no es sólo representación de todo ello, sino también vehículo para poder expresarlo, es el ágora moderna..

Dimensión urbanística: Construir ciudad, hacer ciudad mejor dicho, es dar forma al espacio público y articular en torno a él el diseño urbano, no lo contrario.

Dimensión cultural: La ciudad es centro y es periferia, es edificios, es equipamientos e infraestructura, y todos estos elementos forman parte de la vida colectiva y deberían tener un objetivo cultural, de formación de valores cívicos.

Dimensión social: Frente a las estrategias de privatización, de fortress o fortificación, de gentrificación, de unificación, de especialización, de expulsión, de tecnificación… el espacio público redistribuye el espacio, es una forma de redistribución de la riqueza, es una forma de dar acceso al derecho a la ciudad, es una forma de dar acceso al "derecho a la belleza", que comenta Jordi Borja: la peatonización de calles y su devolución a los peatones, la regeneración de zonas especializadas como puertos, muelles, almacenes, la renovación del diseño urbano para crear "amabilidad" en la calle, la dotación de equipamientos públicos de proximidad de alta calidad urbanística son algunas de las intervenciones que se pueden realizar. Ganar espacio, hacer mejores espacios, convertir espacios y dar prioridad a esos espacios es gestionar contrario a la gestión pública de esos espacios que es imponer un nuevo uso al espacio urbano, tal como hace Roberto Salcedo, el alcalde que no consulta e impone.

Hoy, por su permeabilidad cultural, el alcalde de la capital, impone a la ciudadanía un parque temático, con animales de tamaño exagerado, más cerca de una película de terror que de un parque para infantes. Como idea importada de los Estados Unidos, el alcalde no se percató de que en los países donde se construyen parques temáticos se toman en cuenta algunas consideraciones como espacio, lugar, volumen y tamaño. Así, los parques que se refieren a la era prehistórica (Santiago de Cuba) reconstituyen animales gigantescos porque la fauna de esa era tenía dimensiones extraordinarias y todos los escolares lo aprenden; se muestran y se discute su evolución con la fauna actual a partir de los procesos de adaptación al medio (clima, flora, océanos, ríos) por eso, se construyen en espacios naturales, grandes, abiertos donde las dimensiones de los animales son reales pero relativizadas por la naturaleza abierta del parque. Y en estos casos, los infantes no se asustan porque ya se lo representaron mentalmente.

En otros casos, esos terrenos son suburbanos y los visitantes no tienen posibilidades de comparación con los edificios circundantes, pues no existen, sicológicamente las dimensiones son vividas como irreales por exageradas por eso no asustan, los niños saben que son recreaciones al limite del arte, de lo sobrenatural, de lo teatral, de lo espectacular a veces de lo cómico. (El Fairchild Tropical Botanical Garden en el lago Pandanus, Miami).

Pero no es el caso del parque temático de la Av. Lincoln con Kennedy, en plena ciudad, arriba del elevado, debajo, las bestias recreadas son vistas como agresivas, agigantadas por el entorno; en esa esquina no se integraran jamás con o sin hiedra, se elevan contrastando con los usos habituales de la ciudad en ese lugar y con el entorno general del terreno escogido. Esas dimensiones y tamaños de animales familiares para los niños no responden a las imágenes que de ellos se formaron. Por lo tanto, provocan terror y espanto en los infantes que no esperan ver en ese entorno figuras tan espectaculares porque nunca las vieron y nunca nadie les enseñó con esas proporciones. De ahí que el parque temático no sea pedagógico, sino contraproducente sicológicamente y cumple menos esa función “ecológica” que le atribuye el síndico al revestir de hiedra animales de África, dándoles una espectacularidad aterrorizante para cualquiera.

Analizando el lugar del parque temático

Lugar escogido: un terreno baldío, en conflicto jurídico, en una intersección de avenidas de tránsito permanente hasta altas horas de la noche, con semáforos en todas las esquinas que provocan filas interminables, contaminación y ruido incesante.

Accesibilidad: solo a partir de la av. De los Próceres, dirección norte-sur, con una diagonal, sin parqueo.

Uso común de la intersección: Eminentemente comercial por lo que el uso recomendado debía ser similar al existente: sede de oficinas comerciales, exhibición para ventas de carros o paradas de autobuses o estación de bomberos o de Amet.

Uso común circundante: Eminentemente comercial, administrativo y universitario con un progresivo cambio a edificios residenciales incluyendo residencias unifamiliares de baja densidad poblacional.

Conclusión: el terreno, por su dimensión y su ubicación en la salida de la ciudad hacia el Cibao ofrece posibilidades urbanísticas que hacen factible su dedicación a actividades comerciales-administrativas, pero no tiene vocación lúdica, ni recreativa, ni cultural por esas mismas condiciones. Los habitantes de Arroyo Hondo, beneficiados con condiciones ambientales excepcionales no necesitan parque temático, ni van a adoptar ese lugar como su lugar de recreación… al menos que jevitos adopten el parque para sus desmanes nocturnos, encaramándose encima de esas criaturas y otros placeres,porque el lugar así como el ocio expresan valores personales y sociales y son una necesidad psicológica, un prerrequisito social y un atributo espiritual. ¡Que sorpresa podrían darnos ese parque y la juventud actual!

La ciudad es intercambio, comercio y cultura. Es concentración física de personas y edificios, diversidad de usos y de grupos. Es el lugar del civismo, donde se dan procesos de cohesión social y se perciben los de exclusión, de pautas culturales que regulan relativamente los comportamientos colectivos, de identidad que se expresa material y simbólicamente en el espacio público y en la vida ciudadana. Es, en definitiva, donde la ciudadanía se realiza mediante su participación en los asuntos públicos de la ciudad, en sus asuntos.


* Amparo Chantada



* 7 Días - 2.05.10
Foto: Santo Domingo, elefantes - 7días.com


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Indisciplina urbanistica en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

TARA* : De los 10 técnicos municipales que existían hace años, ha quedado solo reducidos a 4, un equipo jurídico mermado por épocas, idas y venidas de personal auxiliar y demás hechos que imposibilita la razón de la existencia del departamento, hacer cumplir las ordenanzas a todos, actualmente se están realizando traslados forzosos de personal encargado de tramitar los expedientes sancionadores, sin que se repongan los efectivos desalojados por personal de refuerzo

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Las palmas Denuncia públicamente las graves anomalías en la tramitación de expedientes sancionadores en materia de urbanismo y la tramitación sin seguir el orden de entrada, sino un sistema arbitrario y politizado.

Por lo cual la mayoría prescriben o simplemente no se cursan denuncias, por lo que el urbanismo en esta ciudad está totalmente fuera de la legalidad vigente.

La grave falta de personal en el área técnica de la Sección de Protección del Medio Urbano y Rural (antigua Disciplina Urbanística) hace que los expedientes se acumulen en las estanterías de las oficinas, sin que por medio humanos sean capaces de digerir, este departamento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llego a contar con 10 técnicos encargados de velar por la normalidad y corrección de las Normativas Municipales tanto de particulares como de empresas que realizan obras o instalaciones en el exterior.

De media 20 denuncias diarias de particulares, Policía Local y otros Servicios, cuatro técnicos municipales emiten informes técnicos con una media de poco más de uno al día (además de los expedientes ya en curso), la media de las inspecciones son del 20 % de las denuncias que se registran en el Ayuntamiento, este mínimo porcentaje tan solo cubre normalmente asuntos urgentes de mal estado y conservación de inmuebles, muros u obras sin licencia de envergadura o en inmuebles catalogados, quedando el otro 80% de las obras ilegales, la mayoría de las denuncias sin licencia, sin visitar y sin informar, sin expedientar y sin actuar, ya que con el personal técnico existente es materialmente imposible visitar los hechos denunciados.

De los 10 técnicos municipales que existían hace años, ha quedado solo reducidos a 4, un equipo jurídico mermado por épocas, idas y venidas de personal auxiliar y demás hechos que imposibilita la razón de la existencia del departamento, hacer cumplir las ordenanzas a todos, actualmente se están realizando traslados forzosos de personal encargado de tramitar los expedientes sancionadores, sin que se repongan los efectivos desalojados por personal de refuerzo, ni un estudio real sobre las deficiencias de organización con lo que se agrava las circunstancias del servicio.

En el 80% del desecho de oficio del departamento están las denuncias que en el cumplimiento de su deber diario se encuentran las de los agentes de la Policía Local, entendemos así su malestar cuando realizan sus boletines de denuncias, la mayoría de la veces a petición de los ciudadanos, sabiendo a priori que dicha denuncia quedará archivada a la espera de inspección técnica en función de los medios humanos de los que disponga el Área.

De ahí el agravio comparativo que sufren los ciudadanos que sí cumplen la ley y realizan obras ajustadas a licencia, pagan sus cuotas y tasas, cuentan con técnicos profesionales que avalan las obras e instalaciones y cumplen con sus respectivos tasas manteniendo sus propiedades en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y decoro, observan impotentes como obras sin licencia de todo tipo realizadas en el municipio no son sancionados si no bendecidas por silencio administrativo.

Por lo que desde este consistorio anima a la población a no solicitar licencias urbanísticas, a que ejecuten lo que les de la gana, como puedan, cuando quieran y donde quieran, que las ordenanzas de convivencia ciudadana están hechas solo para unos pocos, así con este orden y conciencia común nos acercamos a un estado bananero de desorden y colorido.

Desde esta sección sindical creemos necesario el estudio real de los puestos de trabajo adjudicándole su respectiva estructura organizativa, buscando medios humanos e implicación política para la gestión efectiva de sus funciones, gestionando así el bien común y el interés general.

La policía local cuenta con 550 agentes en el municipio y cuya función es la de hacer respetar las ordenanzas Municipales y las de Convivencia Ciudadana, el hecho que este tipo de sanciones no se gestionen adecuadamente hace que vuelva a florecer el concepto de ciudad espontanea con diversidad de formas en los edificios, solares y en general en las construcciones, afeando considerablemente el espacio urbano donde se implantan estas actuaciones ilegales.

Por todo ello solicitamos que se dote a este departamento del personal adecuado y se gestionen los expedientes por orden de entrada, sin dejar ninguno atrás, ni por falta de personal, ni por caprichos políticos que rozan la corrupción.






* Revista Tara - 4.05.10
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, ayuntamiento - flickr.com

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Concluye hoy la declaración de testigos en el juicio por la tramitación irregular del Nevada

20MINUTOS/Granada* : El juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada por la supuesta tramitación irregular del Centro Comercial Nevada de Armilla vivirá hoy su séptima sesión, en la que está previsto que concluya la declaración de todos los testigos propuestos por las partes personadas, informaron a Europa Press fuentes del caso. Concretamente, mañana declararán cuatro testigos de la defensa: el que fuera secretario general de la Delegación Provincial de Medio Ambiente; una funcionaria del Ayuntamiento de Armilla; la secretaria del ex alcalde José Antonio Morales Cara, imputado en la causa junto a otras diez personas más, entre ellas el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate y el promotor de la construcción, Tomás Olivo; y el ingeniero industrial del Consistorio que realizó un informe en el que alertaba de que, para la concesión de licencia, era necesario incluir en el expediente urbanístico el proyecto de actividad.

Hasta ahora, además de los once imputados en la causa, han declarado el letrado municipal, el secretario y la que fuera jefa de Urbanismo en el Ayuntamiento.

Sus testimonios han rebatido los argumentos esgrimidos durante todo el proceso judicial por los responsables municipales, que sostienen que la tramitación fue legal y que el informe del arquitecto municipal no fue desfavorable, sino que contenía unas "observaciones" que fueron incorporadas al expediente por el que se concedió la licencia de obra, y que además no existió el redactado por el letrado municipal en el que se advertía de que el Nevada conculcaba la legalidad urbanística.

En contra de esas afirmaciones, tanto el letrado como el secretario municipal aseguraron en la sesión que tuvo lugar el pasado viernes 23 de abril que el informe jurídico existió pero que "desapareció" en la misma mañana en la que se iba a probar la licencia del Nevada, el 30 de septiembre de 2005, por causas que desconocen. El contenido del documento, según el propio letrado, era conocido tanto por Morales Cara como Cañavate, que además le "presionaron" para que cambiara su sentido.

"muchas presiones y prisas"

El secretario dijo por su parte haberse "sorprendido" de que a pesar de que era notorio en todo el área de Urbanismo del contenido de este informe, y de que se adjuntó al expediente el informe "desfavorable" del arquitecto municipal, la concesión de licencia se aprobó. Así, aunque él avisó en la Junta de Gobierno local de la ausencia del informe "preceptivo" del letrado, se le dio luz verde al proyecto. "Había muchas presiones y muy fuertes, prisas e interés en que se diera la licencia. La hubieran aprobado aunque yo hubiera dicho misa en latín", señaló ante el tribunal.

La jefa de Urbanismo coincidió con el secretario en que en el expediente se incluyeron informes externos, "demasiados", que no eran habituales en el Ayuntamiento, como tampoco lo era contar con informes del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, como así se hizo, razón por la que está imputada en la causa una letrada de la institución provincial.

También ha testificado ya el arquitecto de la Consejería de Obras Públicas que redactó un informe sobre el plan parcial sobre el que se levantaría el Centro Comercial, que confirmó que detectó irregularidades en los aparcamientos —que debían ser públicos y no de titularidad privada— o en el establecimiento de criterios urbanísticos contradictorios en materia de edificabilidad o medición de alturas con el planeamiento urbanístico superior.

El actual arquitecto municipal declaró también el 28 de abril que en una primera inspección del Nevada, para constatar si se ajustaba o no la licencia concedida en septiembre de 2005, fue cuando detectó la "invasión" de espacios dotacionales, tras lo que el Ayuntamiento decretó la paralización de las obras de ejecución.

El arquitecto que redactó el informe previo a la concesión de licencia, de fecha 20 de septiembre, en el que alertaba de que se habían proyectado aparcamientos en suelo no urbanizable, escaleras en zonas verdes o del incumplimiento en el cómputo del número de alturas, declarará previsiblemente sobre el 20 de mayo, ya que se encuentra de viaje y tiene previsto regresar a España en esa fecha. Así, aunque la pretensión de las partes era que ofreciera su testimonio antes de que comiencen a declarar los peritos, por ahora se cree que sólo podrá asistir a la vista una vez que culminen todas las pruebas.

Después de las testificales, el día 5 se dará paso a las periciales, tras las que las partes definirán sus conclusiones definitivas y expondrán sus informes para dar fin, el 27 de mayo según lo previsto, a uno de los juicios más prolongados en tiempo de la historia judicial de Granada.






* 20 Minutos - EP. - 4.05.10
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - ideal.es

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Urbanidad para El Cabanyal

GERARDO ROGER* : La resolución del Tribunal Constitucional que suspende la ejecución del Plan de El Cabanyal, supone una sobrevenida oportunidad para reflexionar, desde el sosiego, y tratar de reconducir, desde el consenso, una intervención urbanística tan controvertida y que tanta crispación ha venido generando en la ciudadanía. La finalidad básica de la intervención, según sus promotores, es la de acceder al mar mediante la prolongación de Blasco Ibáñez, atravesando la trama urbana y sustituyendo edificios por viario en un ámbito espacial declarado Conjunto Histórico-artístico y Bien de Interés Cultural.

Como ejemplos de actuaciones históricas de cirugía urbana análogas, se señalan las operaciones de Haussmann en Paris o la recientemente centenaria Gran Vía de Madrid.

Sin embargo, desde la urbanística, el objetivo defendido como básico de acercamiento al mar resulta técnicamente cuestionable. Si lo que se pretende es facilitar el acceso al litoral desde la mayor parte de la ciudad, dada la considerable distancia existente entre ambos polos, solo se satisfaría solventemente mediante la utilización del transporte público o privado y para ello, en la actualidad, ya se dispone de las avenidas de los Naranjos, del Puerto, y de Baleares. Por tanto, una nueva vía rodada no resulta imprescindible para satisfacer la finalidad expuesta. Consecuentemente, debería plantearse otra modalidad de accesibilidad que partiera del final inacabado de Blasco Ibáñez mediante la disposición de sistemas de movilidad blanda, de carácter más urbano y calmado y siempre menos traumática que la planteada, aprovechando inteligentemente las condiciones espaciales preexistentes.

Para ello, podemos adoptar como referencia la solución que se dio en Lisboa en los siglos XVIII y XIX. El terremoto que asoló la ciudad en 1755 propició la construcción del barrio de la Baixa por el Marqués de Pombal, dotándolo de una estructura urbana de calles paralelas y perpendiculares al frente fluvial (análoga al Cabanyal), articulándose con él, a través de la plaza Do Comercio abierta al Tajo. Un siglo después (1880), el gobierno liberal construyó la avenida de la Liberdade, bulevar arbolado a la manera francesa, de trazado casi ortogonal a la Baixa, pero que renuncia lúcida y prudencialmente a seccionarla, vertebrándose con el barrio a través de la disposición de dos plazas contiguas, la del Rossio y la de los Restauradores, y accediendo al frente fluvial a través de la utilización en peine de la estructura de calles de la Baixa como viarios peatonales y de coexistencia que desembocan en la plaza Do Comercio y en el Tajo.

Este tipo de solución, que responde más a criterios de una deseable urbanidad urbana que a las intervenciones duras haussmannianas, podría ser un ejemplo muy sugerente para su aplicación en Valencia, permitiendo satisfacer los objetivos de facilitar un acceso sosegado al mar desde la utilización de criterios de explícita e intencionada sostenibilidad urbana y de tráfico blando, que posibilitaría, adicionalmente, rehabilitar El Cabanyal en su integridad, poniendo en valor y revitalizando sus singulares características arquitectónicas y sociales y aprovechando, para ello, los trascendentales recursos económicos y normativos que las administraciones y, en concreto la general del Estado, están disponiendo en el Plan de Vivienda 2009-12 y en el proyecto de Ley de Economía Sostenible y ello, aún más, en una etapa histórica, en que la promoción de nueva urbanización y, sobre todo, su financiación, se encuentran gravemente comprometidas.

Esperemos que la tregua que comporta la resolución del tribunal posibilite llegar a un acuerdo tranquilo y desde la urbanidad, abriéndose un debate profesional que abandone posicionamientos extremos y permita analizar, desde el consenso, soluciones asumibles que vengan a favorecer el desarrollo urbano equilibrado y solvente que nuestra ciudad viene demandando, porque hay que tener en cuenta que estosololoarreglamosentretodos.org.


* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y Profesor de Urbanismo.




* ELPAIS.com - opinión - 2.05.10


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¿Para qué sirve el Ministerio de Vivienda?

PERIODISTADIGITAL* : Cuando en abril de 2008 José Luis Rodríguez Zapatero nombró ministra de Vivienda a Beatriz Corredor Sierra, (Madrid, 1968), muchos pensaron que el ministerio maverick (inconformista) del Gobierno encontraría su rumbo. Ella, recuperada de las listas de su amigo Miguel Sebastián en el Ayuntamiento madrileño, es registradora de la propiedad. Cabía pensar, por tanto, que superaría los “logros” de María Antonia Trujillo, con sus esperpénticas zapatillas kelly-finder, que ayudaban a buscar piso; y de Carmen Chacón, que pasó por Vivienda como un cohete en plena ascensión.

Dos años después, es evidente que no ha sido así. Corredor adoptó un perfil bajo. Su presupuesto cayó este año un 7%, a 1.400 millones de euros. Vivienda pasó a convertirse en un comodín presupuestario, una pagadora de favores territoriales, poco más que su predecesora la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.

Para la estructura con que cuenta el Ministerio de la Vivienda (393 funcionarios que cuestan 9,5 millones de euros al año), su actuación en materia de política de vivienda parece muy pobre. Mientras, se inmiscuye en competencias o actuaciones que deberían ser propias de otros organismos o ministerios, como luego veremos.

En síntesis, una de las principales promesas de aquel Zapatero electo: recuperar el Ministerio de Vivienda. Ni el final del boom inmobiliario ni la crisis han inquietado los méritos de aquel invento franquista que fueron las VPO”o Viviendas de Protección Oficial. Al trio “de cuota” Trujillo-Chacón-Corredor, le secundan dos subsecretarios, cuatro directores generales, 15 subdirectores generales y numerosos entes de nueva planta, como la Entidad Pública Empresarial del Suelo o la Sociedad Pública del Alquiler, de escasa efectividad y enorme gasto publicitario.

Si su propósito era favorecer el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos mediante “edificación, urbanismo y acciones en suelo y arquitectura”, sólo en la población asturiana de Mieres se acercan a ese objetivo con la edificación de 131 viviendas. Los estudios sobre la oferta de vivienda en las respectivas ciudades –que costaron más de un millón de euros y que encomendaron a Valtecnic SA– se han quedado en humo sin actuaciones posteriores que es lo que esperaba del ministerio.


EL AUTOBOMBO

El autobombo se ha llevado 1,3 millones de euros esta legislatura en contratos de publicidad con empresas como Thinking Forward Spain, Avante Comunicación o Crespogomar. Su propósito era difundir el Plan de Vivienda 2009-2012, las medidas estatales de fomento del alquiler, el Plan Renove de la vivienda... que cosecharon sonoros fracasos.

Vivienda se ha dedicado a cerrar un buen número de contratos de rehabilitación de edificios históricos, como la alcazaba árabe de Badajoz; urbanizaciones industriales; actuaciones de impacto ambiental, o la recuperación de pueblos abandonados, como Bubal (Huesca) o Granadilla (Cáceres).

Las competencias en celosas manos autonómicas dejaban averiado el gran proyecto de Zapatero. Eso explica que se haya inflado con supuestas inversiones como la gestión de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes (622 millones de euros este año).

También se asumen inversiones más propias de Patrimonio, Asuntos Sociales, Fomento o Medio Ambiente. Vivienda ha sido el pagano de las obras de mejora, urbanización y acondicionamiento de numerosos polígonos industriales. Es el caso del parque empresarial Entrecaminos, en Valdepeñas (Ciudad Real); el de Vilar do Colo, en Fene y Cabañas (Coruña); Los Rosales, en Coria (Cáceres); el parque tecnológico de Paterna (Valencia); el polígono industrial Los Tobares de Molina de Aragón (Guadalajara); Morcín (Asturias); Ayamonte (Huelva); Campollano Norte en Albacete o Morelle, en Sarria (Lugo).

En fin, conocida la amistad de Corredor con el titular de Industria, Miguel Sebastián, debe tratarse de favores presupuestarios interministeriales. El Ministerio de Vivienda ha pagado proyectos arquitectónicos en los que no viven los ciudadanos como Torrecremada en Denia (Alicante) e incluso obras y “proyectos acústicos” para rehabilitar el edificio metálico del rectorado de la Universidad de Extremadura; o la rehabilitación de la Real Fábrica de Tabacos de A Coruña.


LA CASA DEL PUEBLO

Lo mismo ocurre con la conversión en centro cívico de la prisión de Palencia; las nuevas dependencias municipales de Amoharín (Cáceres); la Hospedería del Monasterio de Poblet, en Vimbodí (Tarragona); el aula magna-paraninfo de la Universidad de Gerona, o el Castillo de la Trinidad, en Rosas (Gerona).

Cosas que parecen más de Patrimonio que de Vivienda, pero que dan “prestancia” y peso a los números del ministerio de Beatriz Corredor. Algunas incluso rozan lo sentimental político típico del PSOE, como la rehabilitación de la Casa del Pueblo en Esporlas (Mallorca). Sin duda una interpretación rupturista del latiguillo fundacional “desarrollar políticas activas de vivienda con carácter integral” con el que nos ha obsequiado el ministerio seis años.

También se han colado asuntos culturales, como el Museo del Palacio Episcopal de Llerena (Badajoz); las obras del Teatro Real Coliseo Carlos III y la rehabilitación de la “manzana cisneriana” (ambos en Alcalá de Henares); la restauración de los vitrales de la catedral de Barcelona o de la colegiata de Alfaro (La Rioja); o del castillo de Garcimuñoz (Cuenca). Corredor ha financiado reconversiones no en vivienda sino en usos culturales como el de la plaza de toros de El Bosque (Cádiz); la rehabilitación del mercado central de Valencia, la ermita de Trobajo del Camino, en San Andrés de Rabanedo (León) o las obras del Museo del Sitio de Monte Buciero, en Santoña (Cantabria).

Es Vivienda quien sufraga el Puente Histórico de Ajuda, en Olivenza (Badajoz), y no Fomento. Todo enmarcado en una visión muy llamativa de la política gubernamental de “acceso a la vivienda de todos los ciudadanos” como reza en la publicidad oficial.

Nótese una cierta abundancia de proyectos en Extremadura y Cataluña que puede que tenga que ver con el origen de María Antonia Trujillo primero y de Carmen Chacón después. En los presupuestos del ministerio hay incluso inversiones descritas directamente en catalán como: Coberta Esglèsia Monestir de Vallbona de les Monges (sic), por valor de 4,6 millones de euros. Ni siquiera se guardan las formas.


IMPERA LA CONFUSIÓN

Otra aproximación a las actuaciones de la ministra Corredor son los convenios con los que el ministerio favorece proyectos de las comunidades autónomas. Cuatro millones de euros para rehabilitación integral del barrio de El Carmel en Barcelona. Donde la Generalitat del Tripartito tuvo uno de sus más graves fracasos gestores, con el hundimiento de las obras del metro.

Otros 4,5 millones para rehabilitar el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres). Fueron 8,2 millones para restaurar el monasterio y la iglesia de Cornellana, en Salas (Asturias). Cuatro millones para rehabilitar el Santuario de la Peregrina en Sahagún (León). Seis millones para rehabilitar la Casa de la Moneda de Segovia y otras aportaciones menores como la recuperación de la primera calzada romana de La Plata en Extremadura; el realojo de los vecinos del barrio de Hermanos Laguna en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o el Balneario de Caldas de Reis.


* Originalmente publicado en La Gaceta.



* Periodista Digital - 3.05.10
Foto: Madrid, Ministerio de Vivienda - madridmasd.org

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El edil de Urbanismo de Relleu vive en un chalé ilegal

ELPAÍS/Alicante* : El actual concejal del área de Urbanismo de Relleu, Antonio García Doménech, del PP, utiliza como residencia desde principios del año 2007 un chalé ilegal de alrededor de 150 metros cuadrados de superficie, con piscina, construido en una parcela de suelo rústico que es propiedad de su suegro, Vicente Brotons Sirvent.

La citada vivienda unifamiliar se construyó con una licencia para casa de aperos que tampoco podía haberse concedido porque la parcela donde se levantó ya tenía una superficie construida de 450 metros cuadrados que databa de principios del siglo XX.

El propietario de la finca obtuvo el 21 de diciembre de 2005, sólo dos días después de haberla solicitado, una licencia para construir una caseta de aperos agrícolas en la parcela 235 del polígono 4 de la partida de Margelet de Relleu, que tenía una superficie de 15.474 metros.

Sin embargo, según la documentación del catastro, en esa misma parcela existía ya una construcción de 452 metros con dos casas levantadas desde el año 1900, que agotaban la superficie edificable, ya que en suelo rústico sólo está autorizada la ocupación del 2% de la totalidad de cada parcela. Es decir, ni siquiera habría podido serle concedida la licencia que pidió.

García accedió al cargo de concejal en las elecciones de 2007 y en fecha de 20 de abril de 2009 el Ayuntamiento le notificó al familiar del regidor la necesidad de legalizar la vivienda ejecutada por no ajustarse a la licencia de obras concedida. Relleu, ubicada en La Marina Baixa, tiene 1.262 habitantes, según el último censo.El Ayuntamiento de Relleu sólo actuó tras la denuncia de un particular presentada el 25 de febrero de 2009 ante la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. El 1 de junio de 2009 el propietario presentó el proyecto de legalización redactado por un arquitecto y visado por el colegio profesional, que fue informado favorablemente por los servicios técnicos municipales, a cargo del regidor. Se inició así el procedimiento administrativo de legalización que aún está pendiente de resolución final.

El chalé dispone del servicio de luz y agua potable, gestionado por el Ayuntamiento, pero el gobierno local, del PP, no ha procedido al corte de ambos suministros tras detectar la ilegalidad. Los suministros sólo pueden restablecerse cuando se haya procedido, en su caso, a la legalización de las obras, según establece el régimen sancionador de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Casi al mismo tiempo, y sólo para legalizar la licencia de casa de aperos que se le concedió en 2005, el Ayuntamiento de Relleu consintió la segregación catastral de la casa de 452 metros, que ha quedado registrada en la parcela contigua, la número 256, con una superficie de 1.526 metros, aprovechando un convenio firmado con SUMA-Gestión Tributaria a finales de 2005 para la actualización del catastro de las edificaciones en suelo no urbanizable, que desde entonces depende del propio Ayuntamiento.

Esta operación ha permitido liberar el resto de la parcela y darle rango de legalidad a la licencia de casa de aperos, aunque en ningún caso a la vivienda unifamiliar con piscina donde vive el regidor de Urbanismo. Además, la edificación de la vivienda invadió un azagador, cortando un camino de ovejas y cabras con el que lindaban las parcelas, que podría ser público.

Antonio García Doménech se negó a hablar por teléfono o personalmente con este periódico, limitándose a decir en diversas ocasiones que "del dicho al hecho, hay un trecho", aunque el asunto ha trascendido ya al Síndic de Greuges por la reclamación de un vecino y está publicado en su página web. El número de queja 92.834 se tramitó porque uno de los propietarios colindantes denunció la invasión del azagador. La petición de documentación por parte de la Sindicatura que dirige José Cholbi al Ayuntamiento alicantino deja al descubierto un informe del arquitecto municipal de Relleu que recoge la ilegalidad cometida en la parcela.

El Síndic de Greuges aconseja al Consistorio que inicie un expediente de investigación para determinar la titularidad pública o privada del camino objeto de la reclamación, pero en su solicitud, el organismo también incluye una recomendación para que "continúe con la tramitación de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística, disponiendo la demolición de las obras ilegalizables".






* ELPAIS.com - 3.05.10
Foto: Relleu (Alicante) - intercentres.edu.gva.es

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Otros cinco ayuntamientos, bajo la lupa de los jueces por irregularidades urbanísticas

LAOPINIÓN/Murcia* : El ex alcalde Juan Morales será, previsiblemente, el primero en ser juzgado por corrupción. Pero no es el único. Junto a él, hay casi una decena de ayuntamientos pendientes de los tribunales. Estas son las investigaciones sobre corrupción urbanística -una de las secuelas de la era del ladrillo- más significativas de los últimos tres años... La Zerrichera, Torre Pacheco y Fuente Álamo, Los Alcázares, Librilla.

La Zerrichera. Fue el primer caso sonado por presunta corrupción urbanística. Se inició en el año 2006 y llegó a los juzgados en febrero del año 2007. En él están imputados varios altos cargos del Gobierno regional -entre los que hay dos directores generales- y del ayuntamiento de Águilas, incluido el alcalde, Juan Ramírez. En marzo de 2009 fue detenido Francisco Marqués, ex consejero de Medio Ambiente, Sanidad y ex delegado del Gobierno en la Región. La investigación ha sufrido un parón después de que el juez instructor, Antonio Alcázar, cambiase de juzgado a finales del año 2009.

Torre Pacheco y Fuente Álamo. Operación Camelot. Fueron los primeros en recibir la visita de una comisión judicial. Era junio del año 2007. Casi un año después, en abril del año 2008, la Guardia Civil detuvo al alcalde pachequero, el popular Daniel García Madrid, por las presuntas irregularidades en la permuta de unos terrenos con el grupo empresarial Polaris World. García Madrid pasó cerca de un mes en prisión provisional.

Los Alcázares. Operación Ninette. La sombra de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la operación Malaya, acabó cayendo sobre el consistorio alcazareño. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional entró en el consistorio en enero de 2008. El ex alcalde, Juan Escudero, fue detenido. Junto a él cayeron el arquitecto municipal, Mariano Escudero, y varios concejales.

Librilla. Operación Biblioteca. En noviembre de 2008, un año después de que estallase la operación Tótem, la Guardia Civil detuvo al alcalde de Librilla, José Martínez, al concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, a varios empresarios y a un funcionario que, supuestamente, había organizado un complejo entramado societario en torno al consistorio para adjudicarse 'a dedo' varias obras municipales.





* La Opinión - 2.05.10
Foto: Torre Pacheco, ayuntamiento - lomejordemurcia.com

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La Fiscalía denuncia a dos funcionarios municipales por dar licencia a un ex ministro para que construya una mansión en Navalcán

LATRIBUNA/Toledo* : La Fiscalía Provincial de Toledo ha denunciado ante los juzgados de Talavera de la Reina a dos funcionarios municipales de Navalcán, acusándoles de una presunta prevaricación urbanística por dar licencia para edificar una mansión en una zona rústica y protegida. Esta licencia fue concedida a la compañía Esersa, controlada entre otros por Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa durante la etapa de Gobierno del PP.


La acción de la Fiscalía deriva de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción, según explicó su responsable regional Miguel Ángel Hernández. El colectivo ecologista acompañó su primer escrito de denuncia, presentado el pasado mes de junio ante la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, con diversos documentos que a su entender demuestran la ilegalidad de este permiso.
Destaca un informe solicitado por Ecologistas en Acción a la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio sobre la legalidad de esta construcción. En ese estudio, este departamento de la Junta señala que está «expresamente prohibido» construir viviendas en esa zona.

El inmueble en cuestión es un «palacete», como lo describió Hernández, con planta en forma de ‘U’ y que podría contar con unos 2.400 metros cuadrados de superficie construida. La licencia municipal para su edificación, otorgada en septiembre de 2005, se basaba en los informes favorables de los dos funcionarios ahora imputados, el secretario V.J.C. y el arquitecto R.R.M. Preguntado por si considera que este asunto puede afectar al alcalde (entonces y ahora, el socialista Jaime David Corregidor), Hernández no lo descartó, aunque matizó que su organización no ha tenido acceso a la licencia en sí y desconoce qué autoridad la sancionó.

El miembro de Ecologistas en Acción incidió en las dos vertientes por las que la construcción sería ilegal. Por una parte, su ubicación en la zona natural del Valle del Tiétar, un área forestal en la que confluyen una zona de especial de protección de aves (ZEPA) y un lugar de interés comunitario (LIC) recogidos en la red Natura 2000 de la UE. Además, se la considera un área crítica para conservar especies en peligro de extinción como el área imperial ibérica, la cigüeña negra y el buitre negro.

Aparte, está la cuestión urbanística. Hernández incidió en que, al no contar con un Plan de Ordenación Municipal, el Ayuntamiento estaba obligado a seguir las Normas Subsidiarias Provinciales y debía poner la solicitud de licencia en conocimiento de Ordenación del Territorio para que el departamento de la Junta diera el visto bueno definitivo, lo que no ocurrió.

Esta actuación de Ecologistas en Acción nace de la denuncia que hizo el colectivo de la construcción de una línea eléctrica para esta finca, ubicada en el paraje de Los Torreones junto al camino a Arenas de San Pedro. La construcción de este tendido fue aprobada, con diversas condiciones medioambientales, por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Junta hace dos años. Sin embargo, Hernández recordó que la colocación de esta línea provocó numerosas quejas entre los vecinos de Navalcán, por la invasión de fincas de labranza y caminos de uso público, e incumplió las condiciones para su construcción. Por eso, hace un año el colectivo medioambiental reclamó a la Junta que se revocará la autorización para desmantelar la línea, algo que hace extensivo a la propia mansión.

Hernández calificó de «muy grave» no solo que un ayuntamiento permita una construcción en suelo protegido, sino que la acción involucre a una persona como el ex ministro Serra. con su trayectoria de servidor público y de abogado. «No podemos entender -dijo- como una persona con el rango social de un ex ministro puede llegar a construirse una vivienda ilegal».

El alcalde de Navalcán respondió que la polémica licencia fue legal. Destacó la existencia de un informe de la Consejería de Medio Ambiente que avala la construcción. Además, matizó que esta construcción se aprobó dos años antes de que entrará en vigor la inclusión del área afectada en la red Natura 2000. «Estoy totalmente tranquilo, que averigüen lo que quieran porque esto es legal», remarcó Corregidor.

De UCD al PP, pasando por el PSOE y la empresa privada.

Eduardo Serra Rexach (madrileño, nacido en 1946) es una excepción entre los ex ministros de la actual etapa democrática porque puede presumir de haber sido alto cargo con los tres partidos que han dirigido el Gobierno de España en este tiempo.
Tras aprobar las oposiciones de abogado del Estado como el primero de su promoción, comenzaba su carrera pública en 1977, como responsable del gabinete del Ministerio de Industria cuando la UCD ganaba las primeras elecciones tras la Dictadura de Franco. En 1981, tras el golpe de Estado del 23-F, ascendía a subsecretario del Ministerio más difícil en aquel momento: Defensa. Un año después, el PSOE ganaba sus primeros comicios generales. Sin embargo, su perfil técnico hizo que el nuevo ministro, Narcís Serra (no son parientes) le mantuviera como su ‘número 2’ hasta 1987. En aquel año, Eduardo Serra dimitió para dedicarse a la empresa privada hasta 1996, cuando tras la primera victoria electoral del PP retornaba a Defensa como ministro. Ostentó el cargo hasta la segunda victoria de José María Aznar en el 2000, y volvió al sector privado. Ha presidido compañías como Peugeot-España y Airtel (ahora Vodafone), junto con sus negocios familiares.




* La Tribuna de Toledo - 29.04.10
Foto: latribunadetoledo.es


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Las plazas no están para sentarse

ELPAÍS/Madrid* : La Puerta del Sol parece un solárium. Es viernes, siete de la tarde. Decenas de turistas y madrileños que buscan un respiro para consultar sus mapas, aplaudir la música callejera o dejarse caer para ver la vida pasar, tienen que tirarse en el suelo o en el bordillo de las fuentes porque la Puerta del Sol, como la mayoría de las últimas zonas peatonalizadas, en las que se han invertido 15 millones de euros, no tiene bancos. Tampoco sombras. "Es un lugar de paso, no estancial", se justifican diferentes fuentes oficiales del Ayuntamiento de Madrid, pero los ciudadanos piden sentarse, refugiarse del calor y que las nuevas plazas no les alejen de vivir la calle.

A pocos metros, en la plaza de Callao, convertida en una árida explanada de 10.000 metros cuadrados de granito, se repite la escena. Seis sillas individuales permanecen ocupadas, mientras que a la sombra del único árbol se apelotona una decena de personas. También se aprietan los que se apoyan en las rejas de la boca de metro y en las escaleras del cine.

"Estamos esperando a una amiga, queríamos un banco para sentarnos pero sólo hay cuatro sillas y ocupadas", lamentan las jóvenes Inés y Sara, recién llegadas de Galicia para conocer la ciudad. "Nunca están de más unos bancos, siempre acabo sentada en el suelo", dice Alba Serrano desde el pavimento, mientras fuma un cigarro con sus amigas.

El proyecto, ideado por el Ayuntamiento y financiado por el Gobierno central, incluía la plantación de 48 plataneros (ninguno está ubicado en la plaza) y la renovación del mobiliario urbano con nuevos bancos, pero Callao es un lugar de incesante tránsito y el Ayuntamiento no quiere que se obstaculice el paso con mobiliario urbano. Para desgracia de ancianos, embarazadas y todo tipo de personas con dificultades de movilidad. La falta de asientos es además una forma de combatir el botellón, según el Consistorio. De ahí que los nuevos bancos sean butacones individuales y aislados. Sobre la ausencia de árboles y plantas que den sombra, se repite el mismo argumento oficial: "No hay subsuelo suficiente".

Desde la céntrica Asociación de Vecinos Acibu, Jordi Gordon valora los "nuevos espacios peatonales hechos con cuentagotas", pero cree que no se proyectan a instancias de los vecinos, sino de los comerciantes. La asociación vecinal de Gordon presentó para la remodelación de la plaza de Soledad Torres Acosta una playa urbana y una alfombra de césped, pero el Ayuntamiento optó por una "plaza dura", sin zonas verdes ni sombras. "Sólo sirve para montar tenderetes, no favorece la convivencia, sino el comercio", lamenta Gordon. IU también pidió explicaciones al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón sobre esta plaza, "con una zona infantil ridícula y unos bancos de granito que parecen ataúdes".

La calle de Fuencarral, recién peatonalizada con 10.000 metros cuadrados de granito, es otro de esos espacios que el Ayuntamiento considera de paso. Por eso, en ese tramo de 500 metros, sólo hay siete de esas sillas individuales. Es lo que Carlos de Riaño, coautor del proyecto del eje Prado-Recoletos, considera "un éxito comercial". El arquitecto no entra a valorar los bancos o el pavimento que él habría puesto, pero defiende el proyecto de Fuencarral, "una zona eminentemente comercial y una calle muy estrecha donde introducir material urbano es complicado". ¿Pero y quién no va a Fuencarral de compras?"Pues para la gente un poco mayor como yo... Muchas veces pienso en lo bien que me vendría encontrar, de vez en cuando, un asiento", comenta María Santamarta, de 74 años, agarrada del brazo de su marido.

"Hemos tenido que hacer malabares para darle de mamar al bebé", dice Nuria Menargues con su hijo aún enganchado a la teta. A la joven mamá se le ha echado encima la hora de comer del niño y ha buscado un banco. No había. "Se echan en falta zonas cómodas en la ciudad, me he tenido que meter en una tienda y he acabado comprando un pantalón, muerta de la vergüenza", cuenta con sorna.

"El nuevo Madrid es hostil, no hay nada. ¡No hay un solo lugar donde pararse y disfrutar un poco de la ciudad!", reivindica Eukene Goicoechea, de 24 años. "Además, donde sí hay bancos no son sitios que inviten a sentarte. Son monolíticos y para estar viendo hormigón... Lo que nos queda es la plaza de España o los jardines del palacio Real".

Estos asientos monolíticos son los que se han plantado en la nueva plaza de Santa Bárbara, los que algunos llaman "tumbas". Las obras de remodelación de esta zona, con una inversión de 3,8 millones de euros, no sólo acabaron con un templete de hace más de 60 años, una construcción única en el centro de Madrid, sino que también desaparecieron los jardines que lo circundaban, con una protección de nivel 4.

A cambio, 27 bancos o bloques de granito salpican la explanada. Gema Portoles es de las que prefiere hacer equilibrios en el férreo borde que enlatan las zonas verdes de la plaza antes que acomodarse en un bloque pétreo sin respaldo ni apoyabrazos. "He estado sentada un rato en el banco, pero es demasiado frío, no me gusta tanto lo minimalista, prefiero estar un poquito cerca del poco verde que hay", explica.

"Hay que tener en cuenta que son intervenciones delicadas que están cambiando el modelo de ciudad", explica Eduardo Delgado, profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid. "Pero es verdad que exigen algo más que una explanada, hace falta un diseño conceptualmente acorde a la peatonalización".

"No estamos tratando un espacio para el coche sino para el peatón, que requiere unos pavimentos próximos, por ejemplo tierras compactadas o granitos, pero combinados", opina el arquitecto Tito Alonso. "Hay propuestas muy interesantes y sobre todo de mobiliario urbano". "Muchas de las actuaciones se llevan a cabo donde el subsuelo no permite plantar árboles, que hay que recuperar junto a sistemas que den sombra, desde árboles a pérgolas", concluye el arquitecto.

El nuevo paisaje urbano que conquista espacio del vehículo privado para dárselo al peatón es la batalla que vecinos y arquitectos defienden. Pero ciudadanos como Manuel Cañedo, que se dirigió por carta a este periódico para quejarse del aspecto "desolador" de las nuevas zonas del centro, muestran su preocupación por la palpable tendencia comercial de los nuevos proyectos. "La tan esperada supresión del tráfico rodado ha dado paso a despejadas vías cuyo fin exclusivo es el consumo comercial voraz y no la vertebración del tejido urbano y social, ni el paseo demorado como se viene haciendo en Bilbao o en Sevilla", rezaba la carta.

"La peatonalización radical sin diagnóstico previo inicia un proceso de gentrificación", opina José Luis Vallejo, del estudio de arquitectura y urbanismo Ecosistema Urbano refiriéndose a las calles de Arenal, Fuencarral o Montera. Se refiere a la transformación con la que un barrio degradado se convierte en lugar de moda, que simplifica el tejido social, expulsando a los residentes y fomentando la instalación de una actividad comercial enfocada exclusivamente en el turista.




* ELPAIS.com - MARÍA MARTÍN - Madrid - 18/04/2010
Foto: Madrid, entorno Puerta del Sol - elpais.com


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Arquitectura y urbanismo

SALVADOR FRAGA* : Atenerse a los hechos de lo que ocurre en el mundo del urbanismo significa en primer lugar interpretar la llamada de auxilio que late detrás de la actualidad. Oído el recado, lo consecuente es movilizar los compromisos de colaboración e intentar concretar iniciativas que de verdad no defrauden. Extramuros del estricto sector hay, obviamente, multitud de implicaciones, algunas determinantes como las de la esfera financiera, pero mirar fuera no puede distraer la obligación de arreglar el mal que se agazapa dentro de casa. La gestión urbanística lleva demasiados años en el abismo de la quiebra de plazos. Se sabe y se acepta, a pesar de su extraordinaria gravedad pues conlleva el descrédito de los canales reglamentarios, cuestiona la función pública, actúa de estimulo directo de indisciplina e indirecto de posteriores legalizaciones. Los costos inducidos son disparatados, sociales, políticos, técnicos y empresariales. Hay preguntas, que pueden parecer fácilmente excesivas, pero que procede plantearse.

¿Estamos realmente seguros de que, procedimientos, plazos y normativa aplicable, sean ciertamente aplicables?, ¿por qué hay tanto que corregir?, ¿no queda más remedio que una escalada de fiereza en la disciplina urbanística?, ¿por qué las alegaciones a los Planes ya se cuentan por decenas de miles? ¿por qué resulta tan difícil promover la legalidad?. Como hipótesis de trabajo; prescindir de la presunción de racionalidad del marco técnico-político que administra el territorio es un ejercicio muy útil para indagar en el fondo de nuestra enigmática torpeza.
La figura del Plan General municipal es el centro alrededor del cual gravita toda la cosmología del sistema. Ocurre que luego hay que desarrollarlos hacia abajo, pero ya en su redacción el propio plan desconfía tanto de su futura gestión que elude riesgos transformándose en contenedor de ordenaciones con definición de detalle. Algo "contra natura" de su carácter genérico, dilatando plazos y conflictos. En sus obligaciones hacia arriba se revelan como seres permanentemente inadaptados a algo. Y allá, en su génesis, por la esencia del ámbito y el adjetivo de su financiación, se les impele a una racionalidad, a menudo, llena de sinrazones.
La incongruencia organizativa está ya tan íntimamente adherida al dominio de nuestras convicciones que posterga los hábitos de ver con objetividad que ocurre. Su funcionamiento se basa en movimientos "tipo ascensor", lineal de arriba abajo y de abajo arriba, históricamente bloqueados por la rigidez conectiva de los procedimientos y la cortedad e incompatibilidad de herramientas de ajuste. A mayores hoy, no sé ha integrado el impacto de la tercera revolución moderna (cartografía digital, telemática, "google maps", o los gis), de modo que en plena era ideológica de la red y la malla ya no se sostiene la camisa de fuerza de la vieja estructura piramidal.
Y si hay que retocar la arquitectura del sistema, bueno recordar el consejo de J.A. Coderch: mejor pocos materiales. Siendo difícil, sería deseable cristalizar una figura de síntesis. Un personaje central metodológicamente equidistante entre el proyecto de edificación, la ordenación detallada y el proyecto de urbanización, con tamaño, piezas y ámbito flexible. Muchas administraciones públicas lo llevan haciendo amparándose en su posición y buscando la legitimidad (alternativa al Plan) de arquitectos mediáticos.
Un formato fluido entre arquitectura y urbanismo, entre como se trabaja un edificio y un entorno urbano, que sume de modo creativo las diferentes disciplinas, el derecho, las ciencias medioambientales, el diseño o la economía. Un proyecto de reedificación urbana adecuado tanto para estimular nuevas propuestas, como para reparar un daño (estético, funcional o constructivo). Un marco flexible adaptable a las intervenciones de mejora en el territorio y en el patrimonio heredado.
El planeamiento supramunicipal y sectorial no puede escurrir por más tiempo su responsabilidad de orientar con sus obligadas indicaciones y directrices el uso sensato de los recursos de Galicia, la protección del medio natural y las estrategias de recuperación territorial. Un status emergente que demanda una cultura nueva. Mucho ayudará instrumentar mecanismos que con naturalidad e inteligencia canalicen el intercambio de contenidos y controles con los planes generales municipales y viceversa. Las adaptaciones deben plantearse desde supuestos verosímiles, con visos de poder compartir visión, requisitos y plazos.
E identificar con mejor fortuna el deseo social. La voluntad expresa (mayoritaria y amplia) es la razón de ser y quien legitima actuar sobre la materialidad y los aspectos más sensitivos del urbanismo. Quizás proceda desplazar el centro de gravedad de la participación, desde la mera alegación (un énfasis de la etapa preparticipativa) hacia la libertad de asumir ser coprotagonista a lo largo de los procesos. Invocar verdad, acuerdo y trabajo como hábito de trabajo de la función de habitar con responsabilidad.
Un habitar razonable y acompasado, sin demonizar la acción urbanística y confiado sin prejuicios en el creciente aroma de tierra. Precisamente nuestro territorio, rico en valores y asentada su recualificación, será nuestro mejor credencial y ayuda para hacer efectiva la incorporación de Galicia a la mejor Europa.


* Salvador Fraga - Arquitecto


* La Voz de Galicia - Opinión - 23.04.10


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La alcaldesa y el ex alcalde de Elche de la Sierra, procesados penalmente

LAVERDAD/Albacete* : La alcaldesa socialista de Elche de la Sierra, Mª Carmen Ruiz Escudero, el ex alcalde Domingo del Val, el ex concejal Juan Fernández Sánchez y el concejal Juan Carlos Belmonte, se encuentran procesados, en situación de libertad provisional sin fianza, según el auto del Juzgado de Instrucción nº2 de Hellín que ha decidido abrir juicio oral por «un delito continuado de prevaricación administrativa».

El juzgado ha adoptado esta decisión tras resolver los escritos de acusación del fiscal, que pide penas de un año y medio de prisión y nueve de inhabilitación para cada uno de los acusados, por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística; y de la acusación particular, que eleva su petición a penas de dos años y seis meses, e inhabilitación de doce años, por los mismos delitos. La causa pasará ahora al Juzgado de lo Penal de Albacete. Para dar a conocer este auto, y exigir responsabilidades políticas en este asunto, comparecieron ayer en la sede del PP el portavoz Juan Marcos Molina, y los concejales populares de Elche de la Sierra Cayetano Guerrero, Javier Gomáriz y Asensio Moreno.
Explicaron que los hechos que han dado lugar a este procesamiento se remontan «a las denuncias que realizó el PP en 2005 porque se habían autorizado cinco licencias contra los informes de secretaría y el arquitecto técnico municipal».
Indicaron que cuatro de las licencias eran para viviendas unifamiliares, y que en dos de ellas los beneficiarios tenían relación de parentesco con los concejales; la otra licencia era para diez casas rurales, «que además de autorizarse en suelo no urbanizable se ubican en zona Zepa, de especial protección para las aves», en la zona del paraje de El Gallego.
Renuncia frustrada
El noviembre de 2008, cuando el fiscal formuló su acusación contra estos cuatro componentes de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Elche de la Sierra, la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Belmonte, presentaron su renuncia a los cargos que ocupaban, si bien pocos días después rectificaron y decidieron seguir en sus puestos.
Juan Marcos Molina aseguró que «si ya es grave esta situación, es sorprendente que después de conocer esas acusaciones, la alcaldesa haya seguido dando licencias contra los informes técnicos». Y señaló como especialmente grave que «además ha cesado al aparejador, que no parecía dispuesto a cubrirle las espaldas». El portavoz popular en Elche, Cayetano Guerrero, añadió que «a pesar de las imputaciones, sigue haciendo de su capa un sayo; abre expediente al aparejador, y además lo denuncia a la Fiscalía, utilizando un abogado externo al Ayuntamiento, curiosamente el mismo que utiliza en su defensa, y todo además coincide con el auto».
Tanto el portavoz de la oposición en Elche como Juan Marcos Molina dijeron que con la alcaldesa y sus compañeros procesados «el Partido Socialista no puede seguir manteniendo su estrategia de silencio cómplice; estaría bien que el señor Francisco Pardo o José María Barreda dijeran su opinión sobre estas personas, no ya imputados, sino procesadas».
Molina añadió que «parece que estamos otra vez ante el síndrome de los alcaldes del PSOE, como estamos viendo aquí, o en Hellín o Villarrobledo, que parece que no se sienten vinculados por la ley».
Cayetano Guerrero explicó que su acción no ha ido en ningún momento contra los promotores de las viviendas, «que se limitaron a construir porque tenían su licencia», sino contra la actuación irregular del alcalde y sus concejales en estos casos.




* La Verdad - 2.05.10
Foto: Elche de la Sierra - entrepueblos.com


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La Policía Judicial cuestiona las licencias urbanísticas de 678 viviendas en Viveiro

ABC/Lugo* : Tres informes de la Policía Judicial estiman que el Ayuntamiento de Viveiro concedió de forma presuntamente ilegal hasta once licencias urbanísticas, que permitirían la construcción de 678 viviendas y un hotel en el término municipal, valiéndose del trámite del silencio administrativo. Las pruebas periciales forman parte de la extensa investigación que desde hace tres años desarrolla el Juzgado de Instrucción nº2 de la localidad, después de que estas posibles prácticas del alcalde, el socialista Melchor Roel, fueran denunciadas por el anterior regidor, el popular César Aja.

Las once licencias concedidas -nueve en construcción, una finalizada y otra paralizada- tienen en común los informes en contra -entre otros-de los técnicos municipales de urbanismo, que según queda de relieve en las diligencias periciales, fueron ignorados por la Junta de Gobierno que preside Roel «para aprobarlas a través del silencio administrativo». Una de las más representativas corresponde a la promoción de 154 viviendas «Primeira Calidade», actualmente en construcción en una parcela de suelo urbano no consolidado en la que según «reiterados informes emitidos por el ingeniero municipal» no se puede edificar por carecer de la condición de solar al no haberse realizado obras de urbanización en el entorno.
En un informe fechado a 5 de febrero de 2009, la Policía Judicial recoge cómo el ingeniero aconsejó al alcalde en julio de 2006 consultar a la Xunta la calificación urbanística de la parcela. Roel, sin embargo, optó seis meses más tarde por pagar una asesoría técnica a un arquitecto externo, Manuel Cortón, para que le justifique «la viabilidad de la construcción». Los instructores no sólo creen «que la licencia no se podía conceder por no reunir los requisitos» que marca la ley y entienden que Roel y su Junta de Gobierno pudieran haber incurrido en un hipotético delito de prevaricación, sino que atribuyen a Cortón un supuesto delito de falsedad documental por «un informe carente de fundamento legal y faltando a la verdad».
Contra el Patrimonio
La única promoción paralizada por el momento corresponde a un proyecto de «Construcciones Furadiña» de 200 viviendas en el entorno de la Iglesia de Covas, un bien inventariado dentro del patrimonio histórico-artístico y con una zona de protección de 100 metros. La urbanización proyectada invadía ese espacio protegido e inviolable, y contraviniendo los informes del técnico municipal y el vinculante de la Delegación Provincial de la Consellería de Cultura, el 22 de noviembre de 2006 el Ayuntamiento concede la licencia por silencio administrativo.
En el segundo de los informes periciales, del 19 de octubre de 2009, los instructores sentencian que «no se debía haber concedido» dicha licencia ya que «en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo» autorizaciones «en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico».
Entre la documentación presentada ante el juzgado instructor consta copia de un correo electrónico enviado por un técnico de urbanismo al alcalde, en el que se adjuntaba un informe que desaconsejaba la concesión de la licencia por falta de plazos y requisitos legales. Sobre este proyecto ya se pronunció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo en diciembre de 2008, que anuló la licencia e incluso dio traslado de los hechos a la Fiscalía ante la existencia de «indicios» de infracción penal por posible delito contra el patrimonio, el territorio y otro de prevaricación.
Imputación de Roel
En el primero de los documentos periciales, del que ya informó ABC en diciembre de 2008, la Policía Judicial imputaba a Roel y su Junta de Gobierno la presunta comisión de cuatro delitos de prevaricación y otro relativo a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico. Se trataba de seis expedientes urbanísticos, uno de los cuales se refería a una promoción de 15 viviendas ya construidas, a las que el alcalde incluso ha concedido la cédula de primera ocupación, antes incluso de la resolución judicial.
Sin embargo, la causa contra Roel no acaba de concretarse, ya que tres años después de la apertura de diligencias previas, la instructora del caso no ha formulado escrito de acusación, mientras acumula sobre la mesa informes de la Policía Judicial que ponen de manifiesto las prácticas urbanísticas en el concello de Viveiro. Ante esta situación, el demandante solicitó la pasada semana -por tercera vez desde el inicio del proceso judicial- el fin de la instrucción y la apertura de juicio oral.





* ABC - 2.05.10
Foto: abc.es

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Derribábamos ayer ....

DIARIODECÁDIZ/Grazalema* : Parafraseando con ironía a Fray Luis de León, cuando volvió a dar clases a sus alumnos de la Universidad, tras pasar cinco años en la cárcel, como si no hubiera pasado el tiempo, bien podríamos decir en este caso "Derribábamos ayer". Porque han hecho falta que transcurran cerca de cinco años desde el inicio de las obras que desviaron el cauce del río Guadalete, en pleno casco urbano de Grazalema, para que el Ayuntamiento de esta localidad serrana acuerde la demolición de lo edificado.

La Junta de Gobierno Local, que preside la alcaldesa, María José Lara Mateos (PSOE), en sesión celebrada el pasado día 16 de este mes, ha acordado la demolición parcial de edificio de viviendas erigido sobre el cauce del Guadalete por parte de la empresa Inmocentral. En el acuerdo adoptado, el gobierno municipal da un plazo de un mes a la empresa para que acometa el derribo de todo lo que se construyó sobre el río, cuyo cauce fue desviado, construyendo otro artificial con hormigón y piedras.

Entra de este modo por fin en su recta final el último expediente de restitución de la legalidad urbanística que le fue incoado a la empresa promotora. Se atisba por fin al fondo del túnel la luz de una controvertida actuación que arrancó en julio de 2005, cuando los promotores, comenzaron a hacer unos trabajos que, aunque en origen carecían de la preceptiva licencia de obras, no fueron paralizados hasta cerca de tres meses después. Cuando ya habían destrozado el cauce para erigir en dominio público hidráulico un bloque de viviendas, con fachada a la plaza de la Asamblea y a la calle del Chorrito, y a raíz de denunciar el destrozo Ecologistas en Acción.

Desde entonces, han transcurrido otros cuatro años y medio más durante los que varios de los expedientes abiertos por el Ayuntamiento a la empresa han llegado a caducar, debiendo ser sucesivamente reabiertos. Cuatro años y medio de dilaciones, cruces de papeles, y hasta una petición de prórroga por parte de la empresa para presentar el obligado proyecto para instar a la legalización de los trabajos realizados, derribando lo hecho y restaurando el cauce originario, que les fue concedida por el Ayuntamiento. Por pedir, hasta Inmocentral llegó a requerir que la Agencia Andaluza del Agua realizara un informe para decirles por dónde debían volver a poner al cauce primitivo. Y todo ello, para acabar presentando el mismo proyecto que había provocado el desvío. En paralelo, el expediente sancionador también se ha dilatado en demasía en el tiempo. Tanto que hasta el pasado diciembre, más de cuatro años después, no les impuso el Ayuntamiento la primera multa coercitiva (por 9.000 euros, el 10% del valor estimado de las obras hechas). Después, han llegado dos o tres más, pero la empresa hasta el momento no ha abonado ni un euro.

Ahora, por fin, Inmocentral ha presentado el proyecto de restauración exigido que, con todos los informes favorables, ha aprobado el Ayuntamiento, urgiéndoles a que derriben en un mes.




* Diario de Cádiz - 1.05.10
Foto: A la izquierda, edificio construido en el cauce originario del río, que debe ser demolido en un mes. - diariodecadiz.es

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El Ayuntamiento de Málaga adjudica más de un millón de euros para soterrar la basura a una empresa "pringada" en el caso Gürtel

REBELIÓN* : El Ayuntamiento de Málaga gobernado por el PP con mayoría absoluta ha adjudicado un contrato de 1.156.810 euros para el soterramiento de contenedores urbanos de basura a la empresa Sufi, informa la web municipal consultada por El Observador. Esta misma sociedad figura en el sumario del caso Gürtel por obtener contratos municipales similares en los ayuntamientos de Madrid, Boadilla del Monte y Majadahonda -también gobernados por el PP- mediante el pago de comisiones a empresas relacionadas con la red de Francisco Correa, cabecilla de la mayor trama de corrupción destapada en España en los últimos años.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz Guirado, adjudicó por decreto el pasado 14 de abril un contrato de 1.156.810 euros para el soterramiento de contenedores urbanos de basura a la empresa Sufi S.A., dentro del paquete de actuaciones financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo. Anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa municipal Promálaga había optado por Sufi SA en un concurso público realizado en 2007, que contempla la ejecución de cincuenta y seis (56) “islas ecológicas”.

Según han recogido varios medios de comunicación tras hacerse público parte del sumario del caso Gürtel, la empresa Sufi SA figura como una de las sociedades que pagó comisiones a la red corrupta tejida po r Francisco Correa para obtener contratos municipales de limpieza en varios ayuntamientos de Madrid gobernados por el Partido Popular. Así lo explica el diario El País en la noticia titulada ‘Un pelotazo de 1,2 millones por un contrato en la capital’ publicada a comienzos de este mes de abril: “Limpiar Moratalaz (un distrito madrileño) era un negocio jugoso en 2002. La empresa que lo consiguiera obtendría 48 millones de euros durante 10 años (algo más de cuatro anuales). La ganadora fue Sufi, SA, presidida por Rafael Naranjo. El alcalde de la ciudad era entonces José María Álvarez del Manzano y su concejal de Limpieza Urbana -que formaría después parte del Gobierno de Esperanza Aguirre como consejero de Deportes- se llamaba Alberto López Viejo, ahora imputado en la causa. Naranjo logró la adjudicación, según un informe policial que consta en el sumario del caso, gracias a una comisión millonaria que entregó a la red de Correa. La trama corrupta se habría embolsado el 3% de la operación, 1.200.000 euros. No fue la única vez que esta empresa conseguía contratos de limpieza en municipios madrileños; y, casualmente, muchos de ellos eran adjudicaciones de Ayuntamientos como Majadahonda o Boadilla del Monte, cuyos alcaldes de la época están imputados en este procedimiento. Había contratos muy similares al de Moratalaz: limpieza viaria o recogida de basuras que se desarrollaban durante 10 o 12 años. Gonzalo Naranjo, hi jo de Rafael y ex contable de Sufi, negó ante el juez que hubiera pagos irregulares, pero reconoció que en dos contratos con Boadilla y Majadahonda aparecía una partida del 2% del presupuesto de adjudicación que ellos debían dedicar a algo llamado "campañas de comunicación". Las reglas eran precisas: no podían hacer ellos mismos la campaña, sino que tenían que pagar por ello a quien les ordenara el consistorio. Y las afortunadas eran, de nuevo casualmente , empresas de Correa”.

Hay que advertir, por otra parte, que Sufi SA fue adquirida por la constructora Sacyr Vallehermoso en abril de 2005 por 142 millones de euros.

No es esta la única vinculación del Ayuntamiento de Málaga con empresas implicadas en el caso Gürtel. El equipo gobernado por Francisco de la Torre eligió a Begar Construcciones y Contratas, empresa constructora propiedad de José Luis Ulibarri, para hacer una promoción de 66 Viviendas de Protección Oficial en calle Curadero que tuvieron un presupuesto de 3,6 millones de euros y fueron entregadas en mayo de 2008. Aunque el plato fuerte de la obra pública para Begar en Málaga llegó en 2007, cuando el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) le adjudicó, junto a Ferrovial Agromán, las obras de 280 VPO de Soliva Este por un importe de 22 millones y medio de euros.

A José Luis Uliba rri se le sitúa como un íntimo amigo del ‘cerebro’ de la trama Gürtel, Francisco Correa , con quien (según pública el diario El País) tiene un trato casi íntimo. Su nombre aparece en múltiples conversaciones grabadas: “Os traigo a Ulibarri y se sienta con vosotros dos; soy amigo de los dos; le he vendido mi barco a Ulibarri, en la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarlo”. Aparte de las obras promovidas por el Consistorio malagueño, Ulibarri construye también obra privada en la ciudad de Málaga a través de la promotora UFC, responsable de la urbanización La Senda, proyecto de 93 viviendas en la zona de Puerto de la Torre, en el cañaveral, cerca de la zona universitaria, tal y como adelantó El Observador en febrero de 2009.

También la constructora ‘gurtelliana’ Teconsa, actualmente en suspensión de pagos y señalada en un informe policial por financiar al PP valenciano, extendió sus actividades a Málaga capital. La Fiscalía de Málaga investiga supuestos pagos realizados desde el Consistorio de esta ciudad a esta mercantil por unos trabajos no realizados en la carretera Azucarera-Intelhorce. El grupo popular en el Ayuntamiento de Málaga tumbó con su mayoría absoluta la propuesta de realizar una comisión de investigación que aclarase lo ocurrido en la actuación de este vial, que estuvo parado durante meses, en el que se produjeron impagos y retrasos a las empresas subcontratadas, y en el que hay indicios de facturación de materiales que no han sido utilizados.


Fuente: http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3609&Itemid=29



* Rebelión - El Observador - 29.04.10
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu


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Un millón de afectados por los desahucios - Ada Colau 3



* sicomtv — 19 de febrero de 2010

— En España una vivienda desahuciada va a subasta. El precio de salida es el correspondiente al de la burbuja financiera. Ante el precio fuera de mercado, la subasta queda desierta. En este caso la entidad financiera puede quedarse el piso a mitad de precio. Resultado: la familia se queda sin la vivienda y en la práctica con la misma deuda. ¿Cómo es posible tamaña injusticia?
Pues la crisis ha empeorado la situación con la aprobación gubernamental del llamado desahucio exprés.

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La mitad de los habitantes del mundo viven en el "urbanismo informal"

E-CONSULTA MAGAZINE* : La mitad de los habitantes de las grandes urbes y aldeas del planeta ha construido sus viviendas en el urbanismo informal, es decir, sin normas de la construcción ni planeación territorial o urbanística. Para el año 2030 habrá tenido que duplicarse la vivienda existente desde 2000; eso significaría la construcción de 23 millones de viviendas, de las cuales nueve millones serían producto del urbanismo informal.

Estos y otros importantes aspectos acerca de la vivienda son revelados en el libro "Urbanismo Informal" que coordinó el maestro Sergio Padilla Galicia, investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Durante la presentación dicha obra -efectuada en el Museo Franz Mayer- el doctor Adrián de Garay Sánchez, investigador del Departamento Sociología de la misma universidad, explicó que en 20 años no se resolverán los problemas que genera el urbanismo informal, por lo que las universidades deberán participar con propuestas para resolver este fenómeno.

El miembro del Sistema Nacional de Investigadores subrayó que la gobernanza, tema que también aborda la publicación, debe entenderse como un proceso para dialogar y negociar con múltiples actores sociales medidas de solución adecuadas a problemáticas de distinta índole; tal es el caso de una gestión fluida, transparente, participativa y creativa que reconozca a sectores desconocidos y minorías silenciosas.

Para el especialista la gobernanza se convierte en piedra angular para repensar la democracia, la participación social, la toma de decisiones y la nueva función de los gobiernos. "Es aceptar la construcción de una reforma novedosa de hacer política e impulsar la búsqueda de alternativas de bienestar y calidad de vida para millones de habitantes que viven en el urbanismo informal".

De acuerdo con De Garay Sánchez, el libro es referencia obligada para urbanistas y arquitectos, además de que brinda aportaciones a la Sociología urbana, pues trata temas sobre asentamientos en México, Colombia, Bolivia, así como la situación de los campos de refugiados en los territorios autónomos de Palestina, un conflicto que se originó desde fines de la Segunda Guerra Mundial.

En el acto, el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio Isaza, quien se congratuló por la publicación, señaló que el urbanismo informal "nos invadió en varios países". En el caso de Colombia el rescate de Cartagena es un ejemplo exitoso que se comenta en el volumen.

Padilla Galicia explicó que el volumen editado por la UAM es un esfuerzo colectivo de revisión de la urbanización espontánea y auto-constructiva y recupera experiencias de otras latitudes.

Contiene diez casos seleccionados de urbanización en África, Medio Oriente y América Latina, en los que los urbanistas presentan propuestas concretas para mejorar la vivienda y urbanización, así como sugerencias para aplicar políticas públicas en materia de urbanización y vivienda. (Con información de uam.mx)




* E-CONSULTA MAGAZINE - 20 de abril de 2010
Foto: La mitad de los habitantes de las grandes urbes y aldeas del planeta ha construido sus viviendas en el urbanismo informal, es decir, sin normas de la construcción ni planeación territorial o urbanística - e-consulta.com


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"Que la ministra Corredor anime a comprar vivienda en plena crisis es deplorable"

VIVIENDADIGNA* : La Plataforma por una Vivienda Digna quiere transmitir que considera una provocación las últimas declaraciones de la Ministra de Vivienda Beatriz Corredor -que se suman a las muchas ya realizadas en el mismo sentido-, al afirmar que en 2010 las familias tienen muchas cosas a su favor para comprar una casa. Queremos recordar a la ministra que actualmente, según la OCDE, España sigue teniendo las viviendas más caras de todos los países desarrollados en relación a los salarios, y que, según The Economist, la vivienda en nuestro país continúa sobrevalorada en un 55%. En España, más de la mitad de las personas de 30 años todavía no se han emancipado (fuente: OBJOVI), y somos el peor país de Europa en alquiler social, con sólo un 1%, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Sin embargo pisos no faltan, ya que somos el país de Europa con mayor número de viviendas vacías, según el relator de la ONU en asuntos de Vivienda, Miloon Kotari.

Así que, la ministra Corredor ha de saber que las familias tienen este año muy pocas cosas a su favor en materia de acceso a la vivienda y que, estando tan lejos del objetivo que dio origen al ministerio, ningún plan de vivienda puede considerarse un éxito.

La actitud de animar a la compra en un contexto de crisis, máxime cuando la vivienda sigue estando muy sobrevalorada y sigue siendo inaccesible para muchos, es cuando menos reprobable, por cuanto que puede poner en riesgo la estabilidad financiera de las familias que hagan caso a esos mensajes irresponsables y con ello agravar aún más los riesgos del país en su conjunto.

Desde la asociación Plataforma por una Vivienda Digna queremos denunciar que no se está produciendo ningún cambio de modelo en materia de vivienda. A pesar de las palabras, la realidad es que las principales leyes y métodos de gestión que han impulsado la grave situación actual no se han cambiado.


Sin leyes que limiten el endeudamiento hipotecario y la financiación de los ayuntamientos mediante la venta de suelo, sin una reducción drástica de precios de la vivienda protegida, sin la creación de alquileres sociales y el gravamen de las viviendas vacías, entre otros muchos asuntos, la vivienda seguirá siendo un artículo de lujo que esquilma nuestros bolsillos y empobrece la economía en general.

Asimismo, es prioritario poner freno a las perversas costumbres que provocan que algunos partidos políticos tengan interés en que las anómalas prácticas urbanísticas se perpetúen.

La Plataforma por una Vivienda Digna dispone de 40 propuestas en materia de vivienda y urbanismo las cuales, en nuestra opinión, ayudarían a que se cumpliera realmente el artículo 47 de la Constitución, por el que todo español tiene derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada.


*Fuente: Plataforma por una Vivienda Digna



* Es Diari - 30.04.10
Foto: logo

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Marchena: La Fiscalía denuncia cuatro edificaciones ilegales aprobadas por el Consistorio

DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha presentado dos denuncias en los juzgados de Marchena por la realización de hasta cuatro edificaciones ilegales en suelos que estaban catalogados como zonas verde y de uso cultural, y en las que se construyeron un templo religioso, un edificio de oficinas, un centro de salud y un aparcamiento.

La primera de las denuncias se dirige contra los miembros de la junta de gobierno local que, el 13 de junio de 2007, votaron a favor de la concesión de una licencia para la construcción de un templo religioso y un edificio de viviendas en una parcela de 2.480 metros cuadrados ubicada en la calle Estrella, en una zona cuyo suelo es urbano y está destinado a equipamiento de áreas libres y zonas verdes. También figuran como denunciados el arquitecto que redactó el proyecto y la empresa que realizó las obras.

La Fiscalía entiende que esas construcciones son "incompatibles" con el uso al que está destinado el suelo según las Normas Subsidiarias del planeamiento urbanístico de Marchena vigentes desde 1995. El Ministerio Público añade que estas construcciones actualmente "no son autorizables o legalizables", por lo que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio.

La segunda denuncia que también ha elevado el Ministerio Público a los juzgados de Marchena se refiere a dos parcelas ubicadas en la avenida Maestro Santos Ruano, con una extensión de 6.338 metros cuadrados y 770 metros cuadrados, respectivamente, donde se construyó un centro de salud y un aparcamiento. La Fiscalía señala que la primera parcela está ubicada en suelo urbano destinado a equipamientos docentes -para uso cultural de enseñanza, según el planeamiento urbanístico-, mientras que la segunda se destina a zona verde.

Las construcciones, por tanto, tampoco son compatibles con la catalogación y destino de los terrenos, según explica el Ministerio Público, que insiste en que dichas edificaciones tampoco son "autorizables o legalizables".

Esta denuncia de la Fiscalía se dirige igualmente contra los miembros de la junta de gobierno local del Ayuntamiento que votaron a favor de la licencia otorgada, así como contra el arquitecto que redactó el proyecto y los representantes legales de las empresas que intervinieron en las edificaciones.

La Fiscalía de Sevilla ha pedido en ambos casos una medida cautelar para evitar que se cauce "un perjuicio irreparable" al bien jurídico protegido -la ordenación del territorio- y que consiste en exigir una fianza a los denunciados de la cantidad que se tase pericialmente como coste para la reposición de las fincas a su estado originario, una vez que el juzgado determine quiénes pueden ser los responsables del delito cuya investigación reclama el Ministerio Público.





* Diario de Sevilla - 1.05.10
Foto: Marchena - beticaromana.org

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