ELPAÍS/Mallorca* : El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, del PP, que cumple una condena de cuatro años de cárcel por corrupción urbanística, se enfrenta a un nuevo juicio, el tercero de las más de 70 causas que componen el llamado caso Andratx. La Fiscalía Anticorrupción pide para él más de ocho años de cárcel, y una pena de cinco años de prisión para su presunto socio, el promotor inmobiliario Manuel Zapata. Ambos están acusados de construir viviendas de lujo en un ámbito rústico protegido de la isla Mallorca.
En 2005, Hidalgo era edil, responsable de Urbanismo y a la vez empresario inmobiliario en su municipio. Aquel año concedió en sólo 14 días una licencia express a Zapata para que éste levantara 24 apartamentos en una parcela de 7.000 metros de suelo rústico protegido en Cala Llamp. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach afirman que el empresario sabía que la licencia no era factible y que Zapata le compensó por ella.
Cala Llamp fue un espectacular anfiteatro marino de acantilados y pinares, que se ha convertido en el escenario del urbanismo salvaje. Decenas de residencias han sido incrustadas en parcelas 'inventadas' -excavadas en peñas inclinadas- con pendientes en "áreas de protección de riesgo" por desprendimiento, como en este caso. Los 12 apartamentos construidos allí por Manuel Zapata (la mitad del proyecto, de 1,3 millones de euros, no se desarrolló) tienen 80 metros cuadrados, dos habitaciones y se venden por más de 300.000 euros. La piscina posterior está dispuesta y una de las viviendas está habitada.
Según la acusación, Hidalgo obtuvo 369.000 euros en la operación, a través de la venta de unas acciones de la empresa promotora que había adquirido por 1.023 euros. La acusación cree que aquella fue una compra ficticia, una dádiva, "porque no se pagó precio alguno". Hidalgo y Zapata no escrituraron la propiedad del solar ni anotaron sus operaciones mercantiles y, además, intentaron destruir documentos, según los fiscales.
Hidalgo fue detenido en otoño de 2006, al estallar el escándalo de corrupción y urbanismo salvaje conocido como caso Andratx. Con él fueron arrestados el funcionario y socio suyo Jaime Gibert (que acabaría colaborando con la justicia y convirtiéndose en confidente protegido) y el que era director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear y ex jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, que cumple dos condenas de más de ocho años de prisión. El empresario Manuel Zapata fue detenido durante dos días, en 2007, cuando los investigadores tiraron del hilo de las tramas de Hidalgo.
En este juicio, Hidalgo está acusado de cohecho, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos. Zapata está acusado de cohecho, negociaciones prohibidas y delito urbanístico, además de estar obligado a derribar la obra ilegal. Ambos afrontan posibles multas e indemnizaciones de centenares de miles de euros por los supuestos sobornos y beneficios que lograron. Jaime Gibert se enfrenta a una pena multa de cinco meses y el retorno de una dádiva de 60.000 euros.
La primera sentencia sobre este asunto de Cala Llamp fue emitida en 2009 por un juez de lo contencioso, que sentenció que la obra era ilegal, por licencia nula, y ordenó la demolición de los edificios y la "restauración de la ilegalidad infringida". Ahora se producirá un juicio penal por la trama supuestamente corrupta y el pelotazo denunciados por el letrado Agustí Cerveró por el Grupo de Ornitología Balear (GOB). Tres vecinos (dos residentes extranjeros y un abogado español) intentaron frenar la denuncia en el Ayuntamiento, pero sus acciones fueron ignoradas por Hidalgo.
Ex guardia civil, 'bisagra' y fichado por Matas
Eugenio Hidaldo dejó el uniforme de la Guardia Civil y se convirtió en hombre de negocios y político de Andratx. Montó un partido local bisagra y pactó con el PP -y una vez con el PSOE- con la condición de poder controlar la mina de oro, el Urbanismo. Se hizo promotor inmobiliario y tenía socios 'ocultos'. El lider del PP, en 2006, Jaume Matas lo fichó para el PP y lo designó candidato pese a sus causas judiciales. Ha sido condenado a cuatro años de cárcel por construir uno de sus chalés en terreno protegido, sentencia confirmada por el Supremo aunque el alto tribunal anuló otra condena a siete años de inhabilitación por dar licencia ilegal a un restaurante de su hermano. Por llamar xenófoba y nazi a una edil fue condenado a multa por injurias leves. Tiene dos causas más del caso Andratx: una por la obra en un falso urbano con el promotor Zapata donde le pedirán 2,3 años por vender su patrimonio sin permiso del juez instructor.
* ELPAIS.com - 23.02.10
Foto: Viviendas de lujo de Cala Llamp, construidas en una zona rústica protegida.- EL PAÍS
Anticorrupción pide ocho años de prisión para el ex alcalde de Andratx
La crisis deja a un tercio de los solicitantes sin ayuda al alquiler
ELPAÍS/Barcelona* : Rafael Ribó, síndic de Greuges, entregó ayer su informe anual al Parlament con una seria advertencia a las instituciones: los recortes presupuestarios motivados por la crisis no deben repercutir en los servicios sociales, una pauta que se repitió en 2009, según la memoria. Uno de los ámbitos más afectados son las ayudas al alquiler, en especial las destinadas a personas con ingresos reducidos.
Según el síndic, de las 32.419 solicitudes que recibió la Generalitat, 9.482, el 29,2%, no recibieron ayudas pese a que cumplían todos los requisitos. ¿El motivo? "Faltaba presupuesto", sentenció Ribó, que agregó: "Las restricciones presupuestarias están afectando a servicios y prestaciones en ámbitos especialmente sensibles".
La Generalitat dedicó en 2009 58,7 millones de euros al programa de ayudas al alquiler, el 51,5% más que en 2008, según los datos de la Secretaría de Vivienda. El de urbanismo y vivienda fue el apartado que más quejas generó a la oficina del Síndic de Greuges, con 1.068 reclamaciones. Las ayudas para al alquiler de jóvenes también tuvieron problemas, por retraso en el pago de los subsidios.
El Síndic de Greuges resalta en su informe anual los recortes que han sufrido algunos servicios sociales por el bajón económico, algo que disgusta a Ribó: "El impacto de la crisis ha obligado a cerrar el grifo del dinero público, pero eso no debe afectar al núcleo duro de las medidas contra la exclusión social y en pro de la igualdad de oportunidades", valoró.
Ribó focalizó su queja en casos concretos: la falta de docentes en la educación, que también; la disminución de ayudas para discapacitados, donde se han eliminado partidas para ayudar con tratamientos de rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad, y la debilidad de los subsidios para las familias que acogen menores en riesgo de exclusión social, siete veces menos cuantiosos que los destinados a centros de acogida. El informe incide, además, en el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El Síndic estudió el año pasado 24.690 casos, el 5,4% más que en 2008, entre reclamaciones, consultas y expedientes de oficio. De todo, Ribó destacó una queja que lo dejó "escandalizado": el caso de una aspirante a maestra que no pudo presentarse a unas oposiciones por estar de parto el día del examen. Perdió la plaza porque la Generalitat le denegó la posibilidad de posponer la prueba.
* ELPAIS.com - 23.02.10
Foto: Alquiler - cincodias.com
Puerto de Granadilla y todo lo deshonesto que le rodea
SANBORONDÓN/Canarias* : Tras un largo periodo de tiempo en el que lo he evitado para no detraer su atención, vuelvo a remitirles un nuevo escrito por correo certificado, pues la situación en estas Islas Canarias, sobre todo en Tenerife, es globalmente insostenible. Les reitero mis anteriores solicitudes de amparo a esa Comisión Europea, ya que el Gobierno de España, no se si por pactos políticos que no proceden en temas tan graves y de tanta trascendencia, no está dando las respuestas urgentes necesarias, en evitación de que el Gobierno de Canarias, muy presionado por el sector empresarial, nos termine metiendo en un callejón sin salida, y no sólo por la deleznable corrupción que aflora día a día y que tanto nos preocupa, sino también por los ataques gravísimos y sin sentido al Medio Ambiente y a la Biodiversidad.
Se cuantifican en varias decenas, tal vez centenas, los escritos denunciatorios que les he dirigido, bien a título personal o en representación de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz, que actualmente presido. Y como yo, me consta que también lo han hecho un significativo número de Colectivos Sociales y Ecologistas, amén de la Comunidad Científica del Archipiélago. El Gobierno de Canarias, utilizando claramente al partido político que lo sostiene, Coalición Canaria, y con el apoyo del Partido Popular, está tratando de sacar adelante, mediante una proposición de ley para esquivar obstáculos, un nuevo Catálogo de Especies Protegidas para Canarias, del que ustedes ya deben estar informados por otras denuncias que con seguridad les han llegado.
Es de conocimiento general y hasta incluso admitido por algunos de los propios gobernantes, que la finalidad real de este nuevo catálogo, que deja sin protección a muchas especies sin argumentos científicos que lo avalen, es retomar las obras del puerto de Granadilla, ahora paralizadas por la suspensión cautelar ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la descatalogación irregular que hicieron de los Sebadales que ocupaba ese indeseado puerto, o sea, bordear a la Justicia con leyes a la medida. Y para ello, como no podía ser de otra manera, a la Cymodocea nodosa, popularmente conocida como Seba, la pasan a un rango de protección inferior. Y lo hacen, a pesar de los informes desfavorables de las dos Universidades Canarias, o de la UICN-Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o del Centro Superior de Investigaciones Científicas-CSIC o de la Organización Internacional OCEANA o desoyendo lo que dice la Organización de Naciones Unidas-ONU, sobre las Praderas Marinas y la importantísima función que desarrollan.
Tenerife es una pequeña isla que vive básicamente del turismo, no soporta dos puertos industriales a menos de 60 kilómetros, dos aeropuertos, autopistas norte y sur, cierre del anillo insular, por cierto extremadamente impactante, vía exterior, vía cornisa, vía litoral, trenes norte y sur y un sin fin de obras más, todas las que se les ocurran a estos irresponsables gobernantes, presionados a tope por un sector empresarial que sólo se mueve por su propio interés. A todas esas obras, muchas de ellas aún pendientes de ejecución, hay que sumarle otras dañinas actuaciones en Parques Rurales, en Espacios Naturales Protegidos o en Lugares de Interés Comunitario, muchas de las cuales les tenemos denunciadas, como en Costa de Acentejo, en el Litoral de San Juan de la Rambla o en El Riquel, con reciente petición admitida a trámite por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
Tampoco se paran ante actuaciones peligrosísimas, que nos reportan catástrofes con hasta pérdida de vidas humanas. Por esta Isla de Tenerife, para los gobernantes es muy normal taponar barrancos, estrechar sus cauces o construir en laderas de montañas, aún siendo estas las principales causas de los destrozos que están ocasionando los cada vez más frecuentes temporales. En estos últimos días lo hemos pasado realmente mal por aquí. Pues bien, aún así hay Planes Generales de Ordenación, como el de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a punto de aprobarse definitivamente, que contemplan significativos crecimientos urbanísticos en esos peligrosos entornos. Ni siquiera les valen gravísimas experiencias anteriores para actuar con la congruencia necesaria, y es que el 31 de marzo de 2002 fallecieron ocho personas en una riada que azotó la Ciudad. No quiero ni pensar que pueda subyacer también corrupción tras estos desatinos.
Y termino, regresando de nuevo al puerto de Granadilla y al intento del Gobierno de Canarias, utilizando a su propio grupo Parlamentario, de sacar adelante esa proposición de Ley que dejaría desamparadas a bastantes Especies Animales y Vegetales, con ese claro fin al que ya aludí, bordear la Justicia para construir esa infraestructura. El Lugar de Interés Comunitario-LIC Núm. ES7020116, Sebadales del Sur de Tenerife, hoy, por su importancia, declarado Zona de Especial Conservación-ZEC, se vería decisivamente afectado si ese puerto industrial se hiciese. Locuras aparte sobre la soberbia del Gobierno de Canarias, de querer hacer realidad, como sea, un puerto innecesario y altamente devastador, que técnicamente no serviría para nada, tengan muy presente, y no les quepa la menor duda, que si ese puerto finalmente se hiciera, no sólo acabaría con los Sebadales que ocupase, sino con toda esa Zona de Especial Conservación. Sin duda, más tarde o más temprano, los negativos efectos que generaría el puerto industrial se encargarían de ello, como les sucede a todos los puertos de este tipo y como le sucedió al de Santa Cruz con los Sebadales de su entorno, hace ya muchos años. Que las aguas colindantes sufren una importante y creciente pérdida de calidad, es un hecho incuestionable, máxime las que se encuentran en el derrotero del tiempo dominante en donde se ubica la ZEC y son vitales para la pervivencia y reproducción de la Cymodocea nodosa. Construir un puerto allí, no es la fórmula más adecuada para dotar al mayor y mejor conservado Ecosistema de Tenerife de especial conservación, sino todo lo contrario, de especial destrucción.
Rogándoles de nuevo que intervengan, quedo a su disposición y les saludo atentamente,
* Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz
* Revista San Borondón - Opinión - 23.02.10
El ladrillo burla la ley en la Safor
LEVANTE/Valencia* : La comarca de la Safor no ha escapado al mal de las viviendas ilegales. En casi todos los términos municipales han proliferado edificaciones fuera de ordenación, y en los casos más graves la continuidad de esa infracción ha ocupado ya áreas enteras, a modo de urbanizaciones anárquicas que ahora piden todos los servicios. Sólo en los últimos años, y en parte a raíz de las detenciones por corrupción urbanística, los alcaldes se han puesto las pilas, pero pese a todo son escasísimas las órdenes de demolición que se acaban ejecutando.
Ante los ojos de los alcaldes, a la vista de todos y sin que la Generalitat haya puesto nunca los medios necesarios para atajar el problema. Así se han construido en los últimos años en la comarca de la Safor miles de casas fuera de ordenación, un eufemismo que equivale a decir sin licencia, burlando las leyes.
El desbarajuste urbanístico, que en muchos casos ha desembocado en problemas a la hora de ordenar el territorio y extender cascos urbanos e infraestructuras, ha afectado a casi todos los municipios, si bien en algunos casos los alcaldes, especialmente en los últimos años, se han visto obligados a actuar con contundencia y, además de abrir los procedimientos sancionadores, han remitido el expediente a la Fiscalía. Es el caso de Oliva, en donde, a partir de un acuerdo de pleno de septiembre de 2003, las construcciones ilegales en suelo protegido acaban en el juzgado.
Son pocos los que han librado de la anarquía urbanística, pero la incidencia ha sido muy diferente según la actitud de los alcaldes. Almiserà, Barx, la Font d'en Carròs, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga y Xeraco han visto cómo aparecían viviendas como champiñones repartidas por todo el término, en algunos casos en suelo clasificado como de especial protección.
En los casos más graves, como Barx, la Font, Simat y Villalonga, incluso se han llegado a formar urbanizaciones anárquicas, sin los más elementales servicios y sin que, salvo casos muy extremos, la vulneración de la ley haya acabado con el derribo de lo construido.
Más aún, los ayuntamientos han participado en las operaciones posteriores para tratar de legalizar las viviendas y equipararlas a las que sí cumplen la ley, facilitando la tramitación de infraestructuras que corren a cargo de los propietarios, especialmente el suministro eléctrico o de agua. En Villalonga el consistorio sigue muy interesado en concluir el proyecto para llevar luz a la zona de la Llacuna, en donde, entre este término municipal y el vecino de la Vall de Gallinera, se han levantado cerca de cuatrocientas viviendas.
Hacer la "vista gorda" ha sido la actitud más habitual entre los alcaldes, que, a lo sumo, se veían "obligados" a abrir expedientes de infracción urbanística y cerrarlos con simples sanciones económicas. Al ser preguntados por su actuación, los alcaldes siempre aseguran que "cumplen la ley" y que denuncian a los infractores, pero la realidad es que, en muchos casos, reconocen que lo complicado es fijar el momento a partir del cual, además de la sanción administrativa, se remite el expediente a la fiscalía para que actúe por un delito contra la ordenación del territorio. "Si mi vecino lo ha hecho, por qué no lo puedo hacer yo", es la pregunta ante la que la mayoría de las autoridades locales agachan la cabeza.
Los informes sobre infracciones solicitados por la Fiscalía de Medio Ambiente y los escándalos que han acabado en la detención de alcaldes, concejales y técnicos municipales por corrupción urbanística han supuesto una seria llamada de atención. El miedo de los responsables políticos a terminar como el alcalde de Montroy cambió su proceder y la vista gorda empieza a flaquear. Varios municipios, entre ellos los citados de la Font, Villalonga o Simat, han anunciado o tienen procedimientos abiertos para aprobar planes especiales de ordenación o clasificar como suelo urbano las zonas ya casi del todo construidas. A pesar de eso, de los anuncios de fin de la anarquía y de la política de mano dura que en su día anunció el conseller de Urbanismo, Esteban González Pons, las obras ilegales no se han detenido.
* Levante-EMV - 23.02.10
Foto: El ladrillo burla la ley en la Safor - levante-EMV.com
La Fiscalía imputa al ex alcalde de Atarfe otro delito de prevaricación
GRANADAHOY* : La Fiscalía Provincial ha interpuesto una denuncia contra Víctor Sánchez, ex alcalde socialista de Atarfe, y contra el director económico administrativo de la empresa municipal de suelo, Miguel Mesa, por las presuntas irregularidades en la venta de una finca. Sánchez abandonó la alcaldía el pasado 16 de diciembre, después de ser condenado a tres años de cárcel por un delito medioambiental.
En su decreto, dado a conocer por el PP, la Fiscalía considera que los hechos denunciados, "sin perjuicio de una posterior investigación", revisten el carácter de un delito de prevaricación por omisión de trámites esenciales de procedimiento y pueden constituir un delito de malversación de caudales públicos.
Según el decreto del fiscal, que ha actuado a raíz de una denuncia del PP, el Ayuntamiento llevó a cabo unas enajenaciones de terrenos mediante adjudicación directa, "infringiendo el procedimiento establecido por la legislación urbanística y patrimonial aplicable", entre los que se encuentran la finca que ha originado esta denuncia.
El propio Ayuntamiento enajenó terrenos públicos a través de la empresa pública de suelo Proyecto Atarfe a José Miguel Mesa, director gerente, y a su esposa por un valor de 22.163,52, que posteriormente también fueron arrendados por estos a una promotora por 60.101,21 euros. El fiscal afirmaque no consta cuál fue el destino dado finalmente a las cantidades recibidas por la Sociedad Proyecto Atarfe, por lo que concluye en que se vendió suelo "sin ninguna condición o afección a destino determinado y sin la pertinente subasta".
El PSOE replicó diciendo que es "falso y torticero" afirmar que Mesa era gerente de la empresa cuando ocurrieron los hechos, puesto que fue nombrado un año después de los mismos. Y por tanto, razona, también es falso que Proyecto Atarfe vendiera finca alguna al acusado cuando ostentaba ese cargo. "Ocultan intencionadamente esos datos", resalta la nota socialista, que añade que la "única y malsana intención" de los denunciantes "es la de confundir a la Fiscalía Provincial".
* Granada Hoy - 23.02.10
Foto: Atarfe (Granada) - foro-ciudad.com
La tragedia de Madeira saca a la luz los excesos urbanísticos en la isla
ELPAÍS/Portugal* : La catástrofe que provocaron en la isla portuguesa de Madeira las lluvias torrenciales del sábado pasado no fue sólo una fatalidad de un zarpazo climático. El desastre tiene que ver también con una mala planificación urbanística, que no respeta el lecho de las riberas, canalizadas y estranguladas por la construcción inmobiliaria.
La mano del hombre, señala un creciente coro de voces críticas, es responsable en buena parte de la avalancha de agua, piedras y barro que ha dejado de momento 42 muertos, 70 heridos, un número indeterminado de desaparecidos y 250 personas desalojadas. El debate sobre eventuales responsabilidades políticas está en la calle y en los medios de comunicación, mientras todo Portugal se moviliza para reparar los daños sufridos por la región autónoma enclavada en el Atlántico.
Hay que reconstruir Funchal (capital de Madeira) y repensar la ciudad, reclaman varios especialistas en urbanismo. "Los lechos de las riberas fueron reducidos a un tercio de su condición natural. Se construyeron edificios, casas y calles sobre el lecho y ahora vemos el resultado. Ante este estrangulamiento, cuando se produce una crecida salvaje el agua tiene que salir por algún lado", señala Hélder Spínola, dirigente nacional de la organización ecologista Quercus, que advierte desde hace tiempo de los peligros de una deficiente ordenación del territorio.
Sandra y Policarpo Capelo poco pudieron hacer cuando a las nueve de la mañana del sábado vieron alarmados cómo subía el nivel del agua junto a su casa, en el barrio de São Roque, de Funchal. Cogieron en brazos a su hija, Mónica, de dos años, y dieron un salto al piso de arriba. El agua seguía subiendo. Se encaramaron a la azotea, pero la amenaza continuaba. "Saltamos la tapia y fuimos a la casa de un vecino. En este momento, la riada irrumpió en nuestro piso y se llevó todo. Los árboles caídos protegieron en parte la casa e impidieron el derrumbe". Sandra, que trabaja como empleada doméstica, cuenta la historia en el cuartel de Nazareth, donde ha sido realojadas 120 personas, mujeres, hombres y niños, que se han quedado sin casa. "Hoy fui a ver mi casa. Quería ver. Está en ruinas y el techo está a punto de derrumbarse".
Los distintos testimonios recogidos en la guarnición de Nazareth dan cuenta de la rapidez con la que se produjo la riada, que pilló por sorpresa a muchos moradores. Vítor Camacho, desempleado y vecino del barrio de São António, estaba en la cama cuando escuchó los gritos de su hija de tres años, el sábado de buena mañana. "Tuvimos que salir por una ventana. La casa estaba inundada". El torrente que pasa cerca de la vivienda de Vítor "se había convertido en una cascada. Nos han aconsejado no ir a la casa porque amenaza ruina". ¿Y ahora? "Hablamos con el concejal de Recursos Humanos y nos ha dado una buena noticia. Tendremos una casa del Ayuntamiento".
La Baixa de Funchal, equivalente a la zona más céntrica de la ciudad, está literalmente patas arriba. Las excavadoras trabajan en el desescombro del torrente João Gomes, uno de los tres que cruzan la ciudad y que el sábado sembraron el terror entre los habitantes. Una manguera gigante conectada a varias bombas de extracción escupe desde hace 24 horas agua a la torrentera, que es sacada de los sótanos del centro comercial Anadia, donde se teme puede quedar algún cuerpo atrapado.
Un camión-grúa remolca uno a uno los vehículos que quedaron atrapados por la avalancha de barro en el estacionamiento del edificio de la compañía eléctrica de Madeira. Los coches asoman en un estado lamentable. La luz y el agua corriente han vuelto a funcionar en muchas partes de la ciudad.
El Gobierno ha decretado tres días de luto nacional y el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha ofrecido apoyo para la reconstrucción de Madeira a través de los fondos de solidaridad de la UE.
* ELPAIS.com - 23.02.10
Foto: El aspecto de una de las calles de Funchal tras el fuerte temporal.- REUTERS
Cartagena: Tirando al monte... Sacro
JUAN MIGUEL MARGALEF* : No deja de ser una paradoja que en esta Cartagena nuestra que ha acabado por comprender que la arqueología no es tan mala para el negocio como algunos creyeron en otro tiempo, se planteen conflictos como el de los edificios del Monte Sacro. En una ciudad tan llena de solares como de riquezas arqueológicas y donde hay tantísimo sitio para construir ¿cómo es posible que sea necesario improvisar una parcela en la ladera más abrupta de una de las colinas que configuran la Cartagena antigua para construir encima mismo de la muralla de Possi o de Carlos II? ¿Tenemos falta de suelo construible acaso? ¿Carece la empresa constructora de otros solares donde poder construir? ¿Es tan atractivo el emplazamiento de las torres del Monte Sacro que está garantizada la venta de esos apartamentos? ¿Carece el ayuntamiento de Cartagena de alternativas a esa parcela para permutarla? ¿Por qué es tan necesario construir en esa parcela donde precisamente se conserva un vestigio de la Muralla de Carlos II o de Possi?
Esas son las respuestas que debería dar a los cartageneros el concejal de Urbanismo y el Ayuntamiento al que representa, que dice luchar por la conservación del patrimonio histórico.
La decisión de crear esa parcela fue un error lamentable de una corporación anterior, pero en la mano de la corporación actual ha estado y sigue estando la posibilidad de enmendar el error.
Se tuvo la ocasión de enmendarlo cuando se incumplieron las clausulas del convenio por el que se modificó el Pepri del Monte Sacro y se cedió la parcela; se tuvo la ocasión cuando se elaboró el Plan Especial del Conjunto Histórico de Cartagena que, además, se pretendía que fuera de 'protección y reforma' del Monte Sacro. La protección ya vemos en qué ha consistido: en el arrasamiento del barrio; y la reforma -ahora se ve- consistió en aumentar hasta cinco plantas la edificabilidad de las parcelas que rodean la colina; entre ellas la de la parcela de las torres que ahora se quiere construir. Y se tuvo la ocasión de rectificar, en fin, cuando se concedió la licencia de esta obra.
Todavía se está a tiempo de enmendar el error, porque las obras no han empezado y las soluciones que apuntamos son todavía posibles.
Lamento desmentir al concejal de Urbanismo cuando dice que nadie alegó contra el planeamiento del Monte Sacro antes de ahora. Debo informarle (como deberían haber hecho quizás sus técnicos y asesores) que en las alegaciones al Plan Especial del Conjunto Histórico de Cartagena presentadas por ADEPA en el año 2004, en el punto 23.5, página 20 (véase página web de ADEPA) había una alegación al plan del Monte Sacro que se ilustraba precisamente con la parte del plano en el que aparecen las torres de la muralla de Possi.
Concretamente la alegación decía: "Denunciamos que en el caso del Peri del Monte Sacro se aprovecha el Pepri para modificar el trazado urbano y para ampliar las alturas edificatorias en perjuicio de una de las referencias topográficas de la ciudad, la colina del mismo nombre, que se rodea con edificios de cinco y seis alturas. El boulevard que se propone frente a la Caridad, que no estaba en el Peri del Monte Sacro, es además demasiado contundente".
También señalábamos en esa alegación que si bien la retórica del PEOPCH es la que conviene a un conjunto histórico que se quisiera proteger, la normativa y las medidas urbanísticas de protección adoptadas son del todo inadecuadas a ese fin. Por lo general las observaciones valorativas y descriptivas son las idóneas pero quedan vacías al no traducirse en medidas de protección.
El caso de las torres de la muralla de Possi es el mejor ejemplo de la falta de criterios en materia de urbanismo histórico de la que adolece quienes gobiernan nuestro Ayuntamiento y de cómo se utiliza el patrimonio histórico para ir contra él. Ya ha pasado antes (Convento de las Siervas y Farmacia de Marina) y seguirá pasando si no se toman las medidas necesarias.
forociudadano.org
* JUAN MIGUEL MARGALEF. Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
a href="http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2010/02/20/tirando-monte-sacro/231037.html">* La Opinión de Murcia - Opinión - 20.02.10
Hallan una cuenta con 10 millones atribuidos al ex gerente de Urbanismo de Estepona
ELPERIÓDICO/Málaga* : La Policía ha localizado una cuenta bancaria en Andorra con más de 10 millones de euros atribuidos al ex gerente de Urbanismo de Estepona Pedro López en el marco del "Caso Astapa", que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. Según han informado fuentes cercanas al caso, los informes policiales recogen que el dinero estaba oculto a nombre de los familiares de López, que fue gerente de Urbanismo por el Partido Estepona durante el pacto de gobierno con el PSOE entre el periodo de gobierno 2003-2007.
El dinero localizado, según la investigación, sería fruto de las comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento.
Las fuentes han señalado que el dinero ya ha sido bloqueado tras una comisión rogatoria enviada a las autoridades de Andorra y que varios familiares de López fueron arrestados e interrogados la semana pasada, y han añadido que se produjeron varios registros y se incautaron vehículos de alta gama.
A Pedro López se le imputan los presuntos delitos de malversación y cohecho.
Días atrás, el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, que instruye la causa, prorrogó hasta mañana el secreto de sumario ante la relevancia de los informes policiales y con el fin de que no se viera afectada la investigación.
De momento se desconoce si prorrogará un mes más el secreto de las actuaciones o levantará el sumario.
El "Caso Astapa" suma ya 68 imputados, entre ellos el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, y ocho concejales de la Corporación municipal, entre los que se encuentran cinco ex integrantes del PSOE, dos del Partido Estepona y un ex integrante del PA.
* El Periódico - 22.02.10
Foto: Estepona (Málaga) - wikipedia.org
El galimatías de El Algarrobico
ELPAÍS/Almería* : "Ni para adelante, ni para atrás, sino todo lo contrario". La frase sintetiza el estado de El Algarrobico, en Carboneras. Es de Antonio Baena, portavoz de la promotora del hotel que amenaza con perpetuarse como enorme ruina sobre lo que algún día fue uno de los parajes más vírgenes del litoral. Pese a los cuatro años que ahora se cumplen desde que se paralizaron las obras, cuestiones como si será derribado u otras tan básicas como si el paraje es urbanizable (como apunta la Junta) siguen abiertas a falta de que la justicia desenrede el galimatías de El Algarrobico.
A día de hoy, éstas son las dudas que todavía suscita el hotel:
- ¿Cuál es el estado actual? "La Justicia indicará cómo, cuándo y quién lo derribará". La frase de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ilustra la postura de las administraciones en torno al hotel, cuyos 75.000 metros cúbicos de hormigón han causado y causan un "indudable perjuicio" al espacio protegido, según sostiene el Gobierno en diversos documentos que chocan con los postulados de la Junta, que duda de estos daños. Curiosamente, esta Administración ha admitido en un escrito ante el TSJA que el plan de ordenación de Cabo de Gata, que aprobó en 2008 como el mejor instrumento para regenerar el paraje, "no empece (impida) su consideración de urbanizable". Esta calificación la ratificó en noviembre el Ayuntamiento de Carboneras, que proyecta 250 viviendas en esta zona del Parque Natural de Cabo de Gata.
La reciente decisión del Consistorio, gobernado por el PSOE, ha devuelto prácticamente la situación al punto en que se encontraba en 1987, cuando se aprobó el planeamiento de Carboneras, que ya preveía el uso residencial y el hotel que Azata tramitó con el aval de las Administraciones.
- ¿Por qué se paralizó entonces la construcción del inmueble?
El maridaje entre constructora y Administraciones se resquebrajó en noviembre de 2005, cuando el Gobierno aprobó el deslinde, ratificado por el Supremo y la Audiencia Nacional, que impedía toda construcción a menos de 100 metros del mar. Dos meses después, un juez detuvo las obras, ejecutadas para entonces al 94%, al ocupar con mucho la franja de protección, que Junta y Ayuntamiento sitúan aún hoy en 50 y 20 metros. El juez puso también en tela de juicio que los suelos sobre los que se alza el hotel fueran urbanizables. Varios órganos judiciales coinciden en que el paraje es desde 1994 un área natural de interés general incompatible con el uso urbanístico.
- ¿Es ilegal el hotel? Una docena de resoluciones judiciales apuntan que la construcción del edificio a 28 metros del mar no fue conforme a derecho. Entre ellas destaca la emitida en septiembre de 2008 por el mismo juez que paralizó las obras, que apreció indicios de nulidad en la licencia por no haber tenido en cuenta ni el deslinde de 100 metros, ni que los suelos figuraban como protegidos. La sentencia fue recurrida por Consistorio y promotora ante el TSJA, que se tomará aún su tiempo para resolver esta cuestión.
- ¿Por qué se edificó en suelos aparentemente no aptos? En la sentencia que advierte de la posible nulidad de la licencia, el juez achacó el despropósito de El Algarrobico a la "desidia" de Ayuntamiento y Junta para con la defensa de la normativa de Costas y de Medio Ambiente. El juez censuró especialmente a la Junta, que en 1997 alteró los planos en los que El Algarrobico figuraba como espacio protegido para clasificarlo como urbanizable. La fiscalía ha eximido de responsabilidad penal al Consistorio y a la Junta, a la que disculpa al entender que alteró los planos "sin mala fe" para corregir un error.
- ¿Quién y cuándo determinará el porvenir del edificio? Con el Ayuntamiento de Carboneras enrocado en la defensa del inmueble -"propongan 25 hoteles más y que crezcamos en riqueza", llegó a decir el alcalde, Cristóbal Fernández-, Gobierno y Junta han optado por instalarse en la retaguardia. Así, tras el carpetazo en 2009 a la expropiación del hotel, ambas Administraciones han dejado en manos de la justicia toda decisión sobre su futuro. Con alrededor de 15 recursos y contrarrecursos abiertos, el principal es el que afecta a la licencia, los juristas estiman que las respuestas se demorarán al menos seis años, espera que puede sentenciar medioambientalmente a El Algarrobico, cuyo hotel no es hoy más que sinónimo de degradación y ruina.
* ELPAIS.com - 22.02.10
Foto: El Algarrobico (Almería)- 20minutos.es
El Barça pone en peligro una importante reserva natural
20MINUTOS/Barcelona* : El Ayuntamiento de Viladecans y el F.C. Barcelona quieren construir un macro-complejo comercial, deportivo, hotelero y lúdico en el Delta del Llobregat, justo al lado de una zona de altísimo valor ecológico protegida tanto por la Generalitat catalana como por la Red Natura 2000 de la Unión Europea, la reserva natural del Remolar-Filipines.
De acuerdo con la denuncia de Ecologistas en Acción, este proyecto significaría destruir cerca de 30 hectáreas de terrenos en primera línea de mar. Un entorno donde se conservan las últimas zonas húmedas naturales de todo el Delta del Llobregat, absolutamente imprescindibles para garantizar su equilibro ecológico y la calidad de unos humedales que son parada obligatoria en las migraciones de un centenar de especies de aves entre África y el centro y norte de Europa.
Además, el "Parque del Barça" contribuiría al cambio climático debido al enorme consumo de recursos (cemento, metales, agua, suelo) y energía necesario para su construcción y funcionamiento, y también porque fomenta un modelo de economía basado en la construcción y en la movilidad exagerada del transporte privado (se prevén cerca de 20.000 vehículos diarios).
Por todo esto, Ecologistas en Acción ha lanzado una ciberacción con la que pretenden hacer saber a sus máximos responsables (presidente del Barça y alcalde de Viladecans) su rechazo a lo que consideran una barbaridad urbanística de alto impacto ambiental.
Sin embargo, desde el Barça su presidente, Joan Laporta, y el resto de la Junta Directiva defienden que esta macrourbanización "tendrá una labor específica en el campo del cuidado y la puesta en valor de la riqueza medioambiental y paisajística del lugar". Osea, que será beneficiosa para el entorno, pues desarrollo urbanístico y protección de la naturaleza son, en su opinión, perfectamente compatibles.
Por su parte, el Ayuntamiento considera el proyecto como modélico, pues supone "aplicar políticas de desarrollo sostenible que permitan compatibilizar la preservación de las zonas naturales con el derecho de todos sus ciudadanos y ciudadanas a disfrutar del frente litoral del municipio". En realidad llevan décadas queriendo urbanizar la zona, ya fuera construyendo en ella una Ciudad del Reposo y las Vacaciones, un centro naútico, un centro hípico, un parque acuático o un campo de golf. Ahora es el fútbol quien parece que lo vaya a conseguir.
La presión humana en el Delta del Llobregat es insostenible. Barcelona y su gigantesca área metropolitana se lo están comiendo a grandes dentelladas a costa de ampliar el aeropuerto, pasar por encima cuatro autopistas y cinco vías ferroviarias incluida la nueva del AVE, convirtiéndolo en una isla desconectada del resto de los espacios naturales.
Una vez más, el progreso parece reñido con la conservación de la naturaleza, a pesar de que en este caso tan sólo es un mínimo retazo lo que se pretende dejar sin urbanizar.
¿Tan difícil es conservar este último refugio de vida natural, aunque sólo sea para recordarnos lo que tuvimos y perdimos?
* 20 Minutos - 22.02.10
Foto: Macroproyecto del BarÇa - 20minutos.es
El fiscal acusa a más de cien propietarios en Nules
LEVANTE/Castelló : El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castelló, Javier Carceller, presentó hace año y medio ante el juez decano de Castelló una denuncia contra el anterior alcalde de Nules, Salvador Górriz, el secretario municipal y el que fuera concejal de Urbanismo. Carceller consideraba -a la vista de las diligencias seguidas- que existen indicios de un delito contra la ordenación del territorio y de prevaricación por omisión, al haber "consentido" movimientos de tierra y construcciones ilegales en el marjal de Nules-Burriana, declarado zona protegida.
Asimismo, el fiscal jefe acusa también de un delito medioambiental a más de 100 propietarios de 86 construcciones ilegales en suelo protegido. Ha pasado el tiempo y, a fecha de hoy, nada se sabe del proceso judicial.
En su escrito, Carceller argumentaba que los responsables municipales han "consentido estas actuaciones teniendo conocimiento absoluto de las actividades de aterramientos y construcciones realizadas".
La Fiscalía Provincial culpaba así al que fuera alcalde de "no haber realizado nada para impedir estas actuaciones contraviniendo la normativa reguladora de las normas urbanísticas y medioambientales". De esta manera, Carceller remitió un decreto con sus conclusiones al juez decano de Castelló para su presentación en el juzgado competente solicitando que se tenga por recibida la denuncia y que se inicien las diligencias oportunas incluyendo la relación de las 86 obras consideradas ilegales, su situación y su extensión. No obstante, quizás por la saturación de los juzgados de Nules, nada ha trascendido del tema.
La intervención del fiscal jefe, que se produjo en junio de 2008, llegaba un año y medio después de que el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) denunciara ante la Fiscalía al anterior alcalde por posibles delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y por prevaricación al permitir construcciones ilegales en el marjal a pesar de tener constancia de que se trataba de una zona protegida.
Durante el mandato de Górriz, el ayuntamiento de la localidad instruyó unos 60 expedientes por la construcción ilegal dentro del espacio protegido sin que ninguno de ellos haya finalizado con órdenes de restablecimiento de la legalidad urbanística, según denunció el Gecen ante la Fiscalía. Cabe recordar que el marjal se encuentra dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de la Generalitat desde 2002 y cualquier construcción en dicha zona está totalmente prohibida. La grave situación que vive el marjal supuso que el Seprona denunciara en 2006 a 12 propietarios por construcciones y movimientos de tierra ilegales.
* Levante-EMV - 22.02.10
Foto: Nules - comunitatvalenciana.com
Madrid: Un tribunal declara "nula" una vía que favorecía al ex director de Urbanismo
ELPAÍS : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el pasado 21 de enero el proyecto de construcción de una carretera en Villanueva de la Cañada, denominada Vía Ronda, por saltarse trámites medioambientales. Esta avenida conecta las urbanizaciones de Los Pocillos y Las Cárcavas con la M-503 y la M-600, rodeando Villanueva, a 37,5 kilómetros de Madrid, por el este.
La Fiscalía Anticorrupción investigó y denunció al ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto, por haber favorecido supuestamente un pelotazo urbanístico en Los Pocillos por el que se generaron unas plusvalías de 4,6 millones de euros. Porto era propietario, junto a otros empresarios, de unos terrenos en el sector I de Los Pocillos, junto a la nueva carretera declarada nula por el tribunal.
El plan urbanístico de Villanueva de la Cañada fue elaborado por la empresa Plarquin en 1998. Entonces pertenecía a Porto. Él fue el administrador y accionista de este despacho hasta 2004, cuando fue designado director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Desde su cargo en la Administración regional aceleró los trámites para recalificar la zona, sector I de los Pocillos, pese a que hasta entonces contaba con informes negativos. Ese mismo año, firmó un informe que daba vía libre a la construcción de la carretera. El plan de la Vía Ronda fue aprobado definitivamente el 31 de noviembre de 2005 por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, presidida por Porto.
El plan urbanístico de Villanueva de la Cañada, redactado por Porto, ya preveía construir una carretera que conectara Los Pocillos con las principales vías de acceso al municipio.
De esta forma, se autorizaba una salida directa y rápida desde el sector donde el ex alto cargo tenía terrenos. Porto dimitió en octubre de 2006 tras recibir la llamada de este periódico para conocer los detalles del pelotazo urbanístico en Villanueva de la Cañada, un municipio con 17.000 habitantes. El proceso judicial contra Porto abierto a instancias de Anticorrupción sufrió un parón durante meses, pero el año pasado un juzgado de Móstoles reabrió la investigación.
La Vía de Ronda fue construida y estrenada en 2008. Ahora es conocida como avenida de España. Es una carretera de seis kilómetros con dos carriles por sentido que rodea el centro de Villanueva de la Cañada por el este. Fue diseñada para crear una nueva circunvalación que conectara las nuevas urbanizaciones con la M-600. Por eso, estaba contemplada en el Plan de Variantes de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. La sentencia no implica que desaparezca o se modifique la carretera.
Ahora, el TSJM desestima los recursos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Villanueva contra una sentencia anterior, de diciembre de 2008, que invalidaba el "Proyecto de Urbanización de las Redes Públicas Generales de Infraestructuras de Comunicación Viaria y Espacios Libres de la Vía Ronda (el plan que establece dónde van las calles y avenidas en la zona) por falta de un estudio de impacto ambiental". "La sentencia es muy importante porque pone en entredicho la legalidad de las actuaciones urbanísticas del municipio", asegura Miguel Ángel Hernández, portavoz de la Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible (ICVCS). Hernández lamenta que la sentencia llega tarde porque la carretera ya se encuentra en funcionamiento. Y alerta del peligro de mantener abierta la vía cuando un juez la ha declarado ilegal. "El Ayuntamiento y la Comunidad pretendieron acelerar el proceso y eludir la evaluación de los graves impactos ambientales que provocó la vía". La organización considera que la construcción del vial ha producido graves daños ecológicos al parque forestal de El Pinar y al monte preservado del arroyo de Pedro Elvira, así como a cinco cauces fluviales.
Un portavoz del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada asegura que el Consistorio ya ha remitido a la Comunidad el informe ambiental que estaba pendiente. "La Administración autonómica determinará el procedimiento ambiental a que ha de ser sometido", añade. Así se podrá "incoar el procedimiento necesario para ejecutar el trámite omitido".
* ELPAIS.com -22.02.10
Foto: villanueva de la Cañada (Madrid) - wikipedia.org
PGOU de Marbella: urbanismo insostenible
JUAN CLAVERO* : Cuando saltó el caso Malaya, la Marbella del glamour, de la milla de oro y de la riqueza ostentosa, dio paso al más escandaloso caso de corrupción urbanística de nuestro país, y dejó a la vista de todos la oscura -o no tan oscura- trama diseñada por Gil, con el apoyo entusiasta de grandes empresarios turísticos y de la construcción, para convertir una Administración en un instrumento de saqueo de recursos públicos, y de destrucción de recursos naturales escasos como el suelo y el paisaje. Quien no vio la deriva mafiosa de las distintas legislaturas del GIL es porque no quiso, o porque se aprovechó también de las migajas de ese régimen de corrupción que hizo rico a muchos a costa de destruir un Ayuntamiento y todo un municipio.
Ahora, la Junta de Andalucía acaba de dar el visto bueno al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella que, en definitiva, viene a bendecir el enorme despropósito que supuso el urbanismo de la era Gil, consagrando sus ilegalidades y el modelo especulativo que ha caracterizado a este municipio.
En la era Gil se generó una macropoblación con unas 110.000 viviendas, casi tantas como habitantes, la mayoría de segunda residencia o vacías, que se extiende por 29.000.000 de m2, que es económica, territorial y ambientalmente insostenibles. Éste es el modelo de desarrollo que muchos ayuntamientos, tanto del PP como del PSOE, quisieron imitar, un modelo que ha dejado al "municipio de oro" en la bancarrota, con una deuda de 528 millones de euros.
El instrumento más destacado del antiurbanismo del gilismo, y base de la corrupción, fue la concesión de licencias ilegales para construir 30.000 viviendas, de las que se ejecutaron 18.000, en suelo de sistemas generales, de equipamientos, suelos dotacionales, licencias con excesos de edificabilidad... Muchas de ellas están vacías, y cuentan con sentencia firme que anulan las licencias ilegales. Hay que destacar que en este periodo nefasto de poder absoluto de Gil, cuando la mayoría miraba para otro lado deslumbrada por el espejismo de Marbella, Ecologistas en Acción presentó más de TRESCIENTAS denuncias por delito urbanístico en sede Judicial.
¿Qué hace el nuevo PGOU? Pues apuesta por la normalización, o sea, dar carta de legalidad o lo que fue un régimen de permanente ilegalidad. El Ayuntamiento pretendía legalizarlas prácticamente todas, la Junta las "rebaja" a 16.500. ¿Qué harán con las que quedan fuera de ordenación? Por los antecedentes, nada. El Ayuntamiento se ha negado a la revisión de las 1.009 licencias ilegales otorgadas en la era del GIL. Eso, además de ser contrario a mandato expreso de la LOUA, coloca a los promotores en situación de ventaja a la hora de negociar compensaciones, de manera que dificulta o impide la recuperación de los espacios y equipamientos usurpados. La voluntad del Ayuntamiento y de la Junta es no demoler nada, pasándole el problema a los jueces, cuando la disciplina urbanística es una competencia compartida entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. ¿Para esto quieren competencias?
Tras décadas de crecimientos insostenibles e injustificables, con un parque de viviendas sobredimensionado, el PGOU apuesta por más de lo mismo, por la construcción de 27.643 nuevas viviendas, y la recalificación de 15,8 millones de m2. Según la ratio de la propia Junta de Andalucía, estas viviendas supondrían un aumento de población de 66.343 personas, el 50,8% sobre el censo actual de 130.500 habitantes. ¿De dónde saldrán? De nuevo se apuesta por la vivienda como inversión especulativa y no como derecho constitucional de los ciudadanos. Estas previsiones superan el límite del 30% que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Marbella suspende casi en todas las medidas de sostenibilidad, suspende en tener copada por el ladrillo la franja costera, y suspende en insostenibilidad de su consumo de energía y de agua. El nuevo PGOU no prevé la suficiencia de recursos hídricos para garantizar los nuevos crecimientos previstos, ni para los fortísimos consumos de agua de los 14 campos de golf del municipio.
El PGOU era la gran oportunidad para normalizar la legalidad, no dando carta de legitimidad a lo que sin duda ha sido el mayor despropósito urbanístico de este país; era la oportunidad para reordenar la gigantesca ciudad que ha generado la especulación urbanística, no planteando nuevos crecimientos insostenibles; era, en definitiva, la oportunidad para dar un aldabonazo al urbanismo andaluz con una decidida apuesta por la tolerancia cero para con el urbanismo especulativo y la corrupción urbanística. No ha sido así; al final Gil se ha salido con la suya.
* Diario de Sevilla - Opinión - 19.02.10
Marín proyecta un parque industrial en suelo protegido
ELPAÍS/Pontevedra* : En el municipio de Marín llueve sobre mojado, al menos, en lo que a gestión del suelo se refiere. Desde lo alto de O Monte Pituco los vecinos divisan la explanada portuaria sobre la que acaba de recaer una sentencia que anula el mayor relleno de Galicia, de unos 300.000 metros cuadrados. Más allá, asoman los núcleos de Mogor, Aguete, Loira, Teoira y Casás con 300 viviendas que habitan en el limbo administrativo mientras se caen a pedazos.
Y girando la vista hacia el linde con Pontevedra, se otea la Praza de Praceres, atravesada por una vía ferroviaria sobre la que pesa otro fallo judicial que recoge el clamor vecinal por recuperar un espacio público. Ahora, el Gobierno local de Marín plantea desarrollar un parque industrial en la cima del Pituco con una inversión de 13 millones de euros, en un espacio protegido -de los pocos que alberga el municipio- por su riqueza natural y arqueológica.
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
"Es alegal y atenta contra el patrimonio", afirman los vecinos
"Es alegal y atenta contra el patrimonio y las directrices de ordenación del territorio", aduce Paz Castro, portavoz de los vecinos afectados. "Yo, lo que no quiero, es que dentro de 10 años me den la razón", como sucedió a los críticos de Praceres. El proyecto afecta a medio centenar de propietarios. "Seamos muchos o pocos, la ley es igual para todos y en el siglo XXI no se puede gestionar el territorio en función de la contestación social que tenga un proyecto".
Según los vecinos, de seguir adelante esta actuación, que afecta a unos 400.000 metros cuadrados, "volveremos a tener un Praceres II". Ya han recabado el apoyo de diversos colectivos sociales y ecologistas como la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), Colectivo Nacionalista de Marín, Federación Ecoloxista Galega, organizaciones vecinales de A Brea, San Xulián y Seixo o Comunidad de Montes de Salcedo y Lourizán. En línea con el malestar del Colectivo Nacionalista hacia el Plan de Solo Empresarial de la Xunta (que apunta a Pituco y Pastoriza), la Plataforma Defende O Monte Pituco presentará alegaciones.
Su lucha ya ha calado en las redes sociales, con un blog que da cuenta de una recogida de firmas y las entrevistas mantenidas con los grupos políticos municipales. Todos menos el PSOE, que encabeza el alcalde Francisco Veiga, el único en no recibirles y que tampoco ha querido contestar a este periódico.
El Gobierno local (BNG y PSOE) ha echado mano a este proyecto, guardado en el cajón durante años, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza el relleno portuario de Marín. No obstante, entonces como ahora, la fuerte pendiente complicaría la creación del polígono y la conexión ferroviaria, uno de los requisitos de la Autoridad Portuaria para dar luz verde al puerto seco. Los críticos con el planteamiento del gobierno coaligado apuntan otros suelos: A Pastoriza, Macenlle, A Brea o Vista Alegre, dos ubicaciones éstas últimas, que fueron desestimadas por la oposición vecinal. Por ello, y sin ánimo de abrir viejas heridas, en Pituco reiteran la posibilidad de estudiar A Pastoriza (como ya propuso el PP local) como alternativa por las perspectivas de crecimiento de las que carece el Pituco, que otros valoran como una oportunidad para subir a Marín al tren del progreso.
La defensa del monte empezó ya en plena fiebre repobladora, cuando los vecinos rechazaron pinos y eucaliptos para seguir tirando de los recursos forestales que el Pituco ofrecía. A ese aprovechamiento doméstico, se suman gran cantidad de viñedos y fincas que se surten de los tres manantiales (tanto para regadío como para consumo) que ofrece un espacio salpicado por petroglifos y otros hallazgos rupestres que conforman un gran atractivo para los senderistas que descubren este balcón a la Ría de Pontevedra. De hecho, existe un proyecto para la recuperación ambiental del Pituco avalado por la APDR que consiste en crear una ruta desde el petroglifo de Caeiro pasando por Sete Camiños hasta Salcedo, siguiendo una gran superficie de grabados rupestres.
Para sus residentes "no hay dinero que pueda pagar la destrucción" de este espacio. La creación de este parque industrial daría una nueva vuelta de tuerca a ese tramo de la fachada marítima, con el complejo fabril de Ence a un lado y la industrialización del Pituco al otro. Otra pincelada a un cuadro que los vecinos de Combarro, al otro lado de la ría, conocen bien.
* ElPAIS.com -21.02.10
Foto: Marín - teleformacion.edu
Vitoria: Denuncian que un promotor quiere vender chalés tasados como libres
ELCORREO/Álava* : Los chalés adosados de precio tasado de Ibaiondo han dado muchos quebraderos de cabeza porque se han construido sobre suelo público y bajo el paraguas protector del Ayuntamiento, empeñado en posibilitar el acceso a viviendas unifamiliares a las clases medias. Las voces críticas contra el apoyo municipal a este tipo de urbanizaciones de alto nivel y contra la forma en que se adjudicaron no han dejado de oírse desde que hace trece años se inició su construcción.
El último episodio denunciado por el arrendatario de uno de estos chalés, en concreto, del sector 8B de Ibaiondo, deja claro el choque de intereses cruzados que se produce por estas casas.
La familia de Sonia Terrero -el matrimonio y dos hijos- vive una situación angustiosa porque puede verse abocada a abandonar su actual casa, en la calle Urederra, si no se resuelve el pleito que mantiene con su casera, una de las inmobiliarias que promovieron estos adosados. Sonia y Jorge entraron a vivir, en régimen de alquiler, a uno de estos chalés, en 2005. Según el acuerdo firmado entonces, deben entregar la llave el 23 de marzo de 2010. Pero, junto al contrato de arrendamiento, -unos 1.000 euros al mes, además de gastos de comunidad- las dos partes firmaron el derecho a una opción de compra.
«Cuando tratamos de ejecutar ese derecho y hablamos con la inmobiliaria, se nos da verbalmente un precio como si fuera libre. Nos piden 70 millones de las antiguas pesetas-420.000 euros-, cuando todavía estamos dentro de los plazos legales de los precios tasados. Es decir, que el abanico de costes va de 39 millones de pesetas -239.000 euros- a 46 millones de pesetas -277.000 euros-», una vez actualizados con los aumentos establecidos para las viviendas de protección oficial. «Fue una sorpresa, porque nosotros ya renunciamos a incluir los más de 60.000 euros que hemos pagado de alquiler en el precio final», relata Sonia.
Amparo al Ayuntamiento
Los arrendatarios solicitaron amparo al Ayuntamiento. «Después de llamar a muchas puertas nos enviaron un informe de Urbanismo en el que se dice que los chalés son tasados durante diez años desde la firma de las escrituras, un plazo que no finaliza hasta el 2 de junio. Por ello, vamos a pedir formalmente, mediante notario, una requisitoria para que en un plazo de 48 horas nos hagan una oferta», añaden los denunciantes.
La inmobiliaria no se ha pronunciado de momento sobre el asunto, pese a que EL CORREO requirió su opinión. Como al propio Ayuntamiento, si bien se conoce el contenido del informe en el que se da la razón al arrendatario al afirmar que se trata de «una vivenda de precio tasado» con precios máximos de venta que en 1997 estaban a 198.701 pesetas el metro cuadrado y, en 2008, a 1.933 euros. «En cuanto a la fecha hasta la que son aplicables las condiciones de venta a precio tasado, el infome recuerda los derechos del Ayuntamiento a tanteo y retracto cuando haya transmisiones onerosas durante un plazo máximo de diez años, desde el 2 de junio de 2000». Esa es la fecha a la que se aferra Sonia Terrero para conseguir comprar la casa a precio tasado y no libre.
* El Correo - 21.02.10
Foto: La pareja afectada, junto a su adosado situado en el sector 8B de Ibaiondo. :: BLANCA CASTILLO, elcorreo.com
Europa impone su ley en el urbanismo valenciano
ELPAÍS : La Unión Europea impone su ley en el urbanismo valenciano. El borrador presentado el pasado 16 de febrero por el consejero de Urbanismo, Juan Cotino, elaborado por tres de los mejores especialistas de España en Derecho Administrativo, acaba con el pulso que el Consell sostuvo durante la llamada década prodigiosa del urbanismo con las leyes españolas y comunitarias -ley del suelo, de contratos públicos, directiva sobre evaluación medioambiental estratégica, etcétera-.
"Aunque faltan cosas, este borrador lo que dice es que para hacer la calle de una urbanización debe utilizarse el mismo trámite administrativo que para construir una carretera", explica Gerardo Roger, arquitecto, profesor universitario y padre de la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), pensada para desencorsetar la gestión del suelo. El Tribunal Supremo ya ha emitido unas cuantas sentencias en las que resuelve que las obras de urbanización son obras públicas. "Lo que pide la Comisión Europea [que denunció la legislación valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo], ya lo está diciendo el Supremo en España", subraya Roger.
El Gobierno valenciano ni lo reconoce ni lo reconocerá en público, pero la presión de Europa y, sobre todo, de los tribunales -que acumulan miles de contenciosos por el urbanismo- les ha hecho recapacitar. Y por no dejarse a nadie, la crisis económica, que ha cortado en seco el auge inmobiliario, también explica este regreso al sentido común después de años de maraña legal y exceso en el crecimiento.
Los ayuntamientos recuperan la iniciativa del planeamiento frente a estos años atrás en los que el diseño de los municipios quedó en manos de los promotores inmobiliarios. El documento que sirve de base para la futura reforma legislativa acaba con los planes reclasificatorios de suelo aprobados a espaldas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, con los conciertos previos y los instrumentos que alentaron el urbanismo más especulativo.
Para Pasqual Vernich, presidente de la Agrupación de Urbanistas del Colegio de Arquitectos autonómico, lo más sobresaliente del borrador que firman los catedráticos José María Baño, Luciano Parejo y Rafael Gómez-Ferrer Morant, es el esfuerzo de transparencia en la gestión de los proyectos. "Es un gran avance. Luego lo que hace falta es que se cumpla". Esta propuesta pone a cada uno en su sitio: los ayuntamientos recuperan la iniciativa del planeamiento, los agentes urbanizadores deben ser calificados como contratistas de obra pública y son responsables de ejecutar la obra. "Con eso se pueden evitar muchos desmanes", continúa el presidente de los urbanistas, uno de los primeros que pidió una simplificación de la farragosa legislación autonómica.
La caída en desgracia de los convenios urbanísticos -desautorizados incluso por algún tribunal- es otro avance a los ojos de los profesionales. Los ayuntamientos, generalmente cortos de presupuesto, vieron en la época dorada de los PAI un filón en esta fórmula, con mejoras de dinero en metálico que cada ayuntamiento gastó a su antojo.
Si se respeta su espíritu, el borrador además de la simplificación legal, traerá un cambio conceptual del modelo de crecimiento. Fabián Llisterri, ex decano del Colegio de Arquitectos autonómico, destaca el proceso de participación abierto y la oferta a la oposición de pactar la reforma.
"Es una especie de vuelta a lo público. Es vital evitar las operaciones urbanísticas que sólo son puro negocio y no responden a ningún otro criterio", subraya Llisterri. El ex decano valora sobre todo la "caducidad" de los PAI -se han presentado a cientos- que se propone en el borrador. Son los PAI que hayan reclasificado suelo y que no estén en marcha doce meses después de que se apruebe la nueva LUV. El contrato con el agente urbanizador se perderá y el consistorio podrá llevarlo adelante por el sistema de cooperación o dejar que se extinga. Es uno de los grandes hallazgos del documento, en palabras del ex decano. En la actualidad existen muchos PAI aprobados que no se ejecutan por la crisis.
En los círculos profesionales se especula si este borrador, encargado por el fallecido José Ramón García Antón, que precedió a Cotino en el cargo, puede ser un globo sonda para conocer la reacción de los sectores implicados. Se verá con el tiempo, porque el Consell decidirá con qué se queda y qué desecha.
La opinión de estos profesionales es que el texto es positivo, aunque faltan cosas. El borrador no hace ninguna mención de la distribución de las plusvalías urbanísticas. "Lo lógico es que cuanto más rentable sea un proyecto, más debería beneficiarse el ayuntamiento. ¿Por qué entonces limitarlo a un 10%", subraya Roger. No establece un criterio básico de crecimiento, algo que se deja para la Estrategia Territorial global o los planes territoriales. Tampoco se cita la rehabilitación, que parece que será el futuro del sector inmobiliario. "Porque, PAI, vamos a ver poquitos más", apostilla el arquitecto.
Otros profesionales, como Vernich, echan de menos la mención al reglamento del Paisaje o el freno a las modificaciones puntuales de los PGOU. "Un arma que tienen los ayuntamientos para jugar con el suelo urbano y urbanizable. Hay consistorios que suman más de 400 modificaciones puntuales", dice el urbanista, partidario de que se acumulen y se aprueben de golpe cuando se revise el PGOU.
El borrador no toca tampoco las reglas de la disciplina urbanística -inspección y sanciones-, con lo que aporta poca novedad para evitar casos como los de Montroi, Zarra, Catral o Llíber. La vigente LUV y el resto de normas obliga a los ayuntamientos a perseguir la construcción ilegal y trasladar los casos a la fiscalía. Es un delito no hacerlo. Pero ha tenido que ser el Ministerio Público el que exigiera a los alcaldes que cumplieran con sus obligaciones.
Las casas construidas en terreno rústico no urbanizable de uso común, ilegales a todas luces, tienen un futuro incierto. La ley valenciana prevé en los artículos 27 a 30 un proceso de legalización que pasa por recalificar el terreno de no urbanizable a no pormenorizado, elaborar un PAI y convertirlo en pormenorizado, que significa urbanizar con límites y puede suponer derribos.
Entre los promotores inmobiliarios a falta de un estudio técnico con detenimiento, el texto ha caído como una bomba. Benjamín Muñoz, secretario de la federación autonómica, ve una vuelta a legislaciones antiguas, donde la iniciativa privada pierde protagonismo y se gana en rigidez. A título personal, Muñoz critica la condena de los convenios urbanísticos y subraya las dificultades que tendrán infinidad de ayuntamientos si tienen que hacer frente ellos solos al planeamiento. "¿Quién pagará todo eso si los ayuntamientos están como están", cuestiona.
La futura reforma de la Ley Urbanística
- Planes Generales: Este instrumento recupera su competencia en la planificación urbanística. Desaparecen los conciertos previos y los planes parciales reclasificatorios de suelo.
- Programas de Actuación Integrada (PAI): Se separa el planeamiento (competencia municipal) de su ejecución, que puede ser directa (pública), indirecta (agente urbanizador) o en cooperación. Los PAI reclasificatorios caducarán al año de la entrada en vigor de la nueva LUV si no están en marcha.
- Información Pública: La apertura de información pública de los planes generales deberá anunciarse, además de en el DOCV y en un periódico, por medios electrónicos. El plazo de exposición será como mínimo de dos meses y el plan debe ser accesible para cualquier ciudadano.
- Crecimiento: No se limita el crecimiento, pero sí se establece que cuando el plan urbanístico suponga un aumento del 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado, deberá revisarse el PGOU.
- Agente Urbanizador: Deberá cumplir a rajatabla la ley de contratos del sector público cuando presente una propuesta para ejecutar un PAI. El precio deberá ser cerrado y no podrá incluirse mejoras a cuenta de los propietarios.
- El 'metro por metro': Se suspende esta figura creada por el entonces consejero Rafael Blasco para que por cada metro de suelo reclasificado se reservase otro metro de suelo protegido. Se ha puesto poco en práctica.
* ELPAIS.com - 21.02.10
Foto: Parlamento Europeo - ugr.es
La tragedia urbana brasileña y latino-americana
,+favelas+-+kaosenlared.net.jpg)
BRUNO LIMA* : La ciudad de Río de Janeiro tiene 6 millones de habitantes de los cuales más de 2 millones viven en cerca de 700 favelas. La zona metropolitana tiene en su total unos 10 millones y las condiciones de vida son las mismas. Todos los años el hecho de vivir en cerros lleva a que la tierra se deslice y casas y vidas sean destruidas. Esto es el padrón de ocupación de la costa del estado, y la favelización es un fenómeno de distintas zonas del litoral y de la sierra.
En este fin de 2009 y principio de 2010, en una bellísima región, la ciudad de Angra dos Reis y sus alrededores, fue donde más llovió llevando a matar a casi un centenar de personas. Se puede afirmar que la región de la Bahía de la Isla Grande (litoral sur del Estado de Río de Janeiro, donde queda el municipio de Angra) es una síntesis del Brasil.
Fue allá que los cerros se deslizaron, matando decenas de personas y dejando sin casa a centenares de familias en los últimos días de diciembre y primeros días de enero. Buena parte de la ciudad favelizada convive como mano de obra barata para complejos de ocio y de lujo, como resorts, marinas particulares, con gran circulación de lanchas, barcos y yates y hasta islas privadas. Como hace por lo menos 40 años que existe esa convivencia, aún con la retracción del polo naval (varios astilleros cerraron y ahora retornan con la Petrobrás), habría sido posible la urbanización ordenada mediante una política distributiva. Sería racional prever la tasación de proyectos inmobiliarios con fines turísticos y de ocio y con eso financiar una ocupación urbana sin residencias en áreas de riesgo. Ocurrió lo opuesto.
La misma "lógica" nacional (y continental) entiende la especulación inmobiliaria como expansión de la construcción civil, sirviendo como termómetro de la economía. Es una inversión del concepto de economía como utilización racional de recursos finitos. Obedeciendo a una racionalidad mínima, programas como Mi Casa Mi Vida (del gobierno nacional, de Lula, llevando vivienda barata mediante préstamos gubernamentales) no alimentarían el oligopolio de las empresas de construcción civil y sí, primero, se dedicarían a la urbanización de favelas, la remoción -después de remunerar la salida de gente que vive en áreas de riesgo- y el aprovechamiento de todos los millones de inmóviles parados. A la vez, exigiría la universalización del sistema cloacal y sanitario (que en las ciudades brasileñas no llega a ocupar el 25%) y el más que urgente tratamiento de aguas. Es un absurdo paradojal debatir el futuro sostenible en Copenhaguen y no prever que cualquier edificación privada necesita de sanidad urbana más allá de los muros de los condominios.
En el tema medio ambiente, el absurdo estructural brasileño continúa. Tenemos la legislación ambiental más avanzada del mundo y el discurso de agentes económicos y operadores políticos es que "tanta ley" traba el progreso. Pura trampa del lenguaje neoliberal. Preservar la Mata Atlántica (región de floresta del litoral, la más devastada desde 1500), en el caso de Isla Grande (un parque natural localizado en una isla), es siempre más importante que levantar un proyecto inmobiliario de residencia o turismo. De eufemismo en eufemismo, "flexibilizan" la defensa de los recursos naturales colectivos y no renovables en pro del interés particular de algunos oligopolios. Cuando la tragedia humana es fruto de la omisión y del mal gobierno por décadas, el hecho, además de trágico, es un acto criminal.
Los argumentos de arriba no implican caer en la tentación autoritaria. Por el contrario. Entre cualquier sentido de orden y el ejercicio del derecho, la vivienda es prioridad. No se puede responsabilizar a la población carente, que construye su residencia donde pueda y no donde quiera. Tampoco es lícito exigir disciplina a las favelas y liberar el hambre de las bestias sin fin de las empresas de construcción civil que erigen grandes obras residenciales.
El problema es político. Como ya constaté en artículos anteriores, la actividad-fin de los mandatarios es la acumulación de poder y la actividad-medio es la proyección de la auto-imagen en el ejercicio de sus mandatos. La preocupación con el bien común está detrás de la atención a los inversores del consorcio político-electoral y de la supervivencia política.
En este ambiente, el acto de gobernar queda enterrado, sólo existiendo en la base la presión directa de agentes sociales organizados. En este caso, es urgente aumentar el poder ciudadano para el control social del Estado y el recurrente acotamiento de la expansión de los agentes económicos del sector de la construcción civil. Si en el mediano plazo no resolvemos la urbanización brasileña, entonces en todo inicio de verano tendremos criminales tragedias como la de Angra dos Reis con sus decenas de muertos.
Infelizmente, la experiencia directa y la convivencia con hermanos latino-americanos de otros países me demuestran que el título de ese artículo es acertado. El surgimiento de una urbanización no reglada, donde los pobres se amontonan en áreas geográficamente no aptas y los fondos públicos son puestos en la construcción civil para apartamentos y condominios de lujo o clase media alta, es un patrón de los capitales y las grandes ciudades del continente de Bolívar y Artigas.
Lo que dice la derecha brasileña a través de sus medios
El editorial del periódico El Globo de 07 de enero de 2010 (trae el título "Causa y efecto"), y aborda el tema de el hacer la vista gorda de gobernantes en función de la ocupación de tierras urbanas irregulares, incluyéndose en estas las áreas de riesgo. Vale recordar que este periódico es parte del Grupo Diarios América (GDA) y se trata del segundo mayor periódico impreso del Brasil y es el diario oficial del 5º mayor conglomerado de comunicaciones del mundo (las Organizaciones Globo, familia Marinho). El argumento no es de todo errado, pues está reclamando la baja calidad de la representación política en el país y afirmando que hay un acuerdo tácito "y cínico" entre ocupantes del Ejecutivo y los candidatos que operan en estos rincones favelizados. Aún exagerando el concepto de favela fuera del triángulo de Rio-São Paulo-BH (pues en las favelas el territorio es parcial o totalmente controlado por fuerzas para-legales locales), la existencia del candidato a edil (que también es ocupante de tierra para fines comerciales) o del diputado estadual, que operan como comerciantes informales inmobiliarios, es un hecho.
Estos, según el editorialista de confianza de la familia Marinho (la más poderosa dueña de medios corporativos de Brasil), estiran votos y negocian "sus áreas" con más de 2/3 de los votos de allá (mayoría absoluta). La relación cínica sería de los gobiernos con estos mafiosos chicos que se dedican a la politiquería y el asistencialismo barato con familias carentes de todo.
Uno a esta altura del partido ya no puede ser inocente en este tema. Y, además, cualquier persona que se haya envuelto en la lucha por vivienda sabe de la existencia de estos comerciantes de tierra urbana controlando a las familias de bajo poder financiero. Pero, por la lógica expresada por uno de los poderes mediáticos oficiosos del Brasil, la suma de alianza entre coroneles urbanos y candidatos fuertes al Ejecutivo es lo que permite la existencia y aumento de la favelización. Como era de esperarse, ellos no relacionan al aumento de viviendas irregulares con la poca dedicación de recursos para proyectos de Residencia Popular. Y, por supuesto, cuando estos proyectos ocurren, la plata va para las grandes empresas que construyen y llegan a las familias mediante préstamos a la gente y no como repaso o distribución de riqueza por el Estado.
La criminal omisión de gobierno
El ordenamiento directo del suelo urbano y de los espacios geográficos de grandes concentraciones poblacionales en áreas irregulares es deber del nivel de gobierno municipal. Llegan años y se van años, comienzan y terminan mandatos y el problema central no es abordado. ¡Favela, vila, mocambo, palafita, bajada y otras denominaciones regionales brasileñas para vivienda en mala condición no debería ser parte del paisaje! Al ser vista como tal, lo que es un crimen de Estado "por omisión de décadas consecutivas" la favela queda como parte "normal" de la ciudad. La misma barriada debería recibir agua tratada, residencias reformadas y calles más anchas. No se hace ni el mínimo y después la gente es llevada a acostumbrarse a ver familias pobres llorando en la tele por la muerte de seres queridos. ¡Cuanta hipocresía!
Reconozco que es imposible promover la regularización territorial de las áreas irregulares, con título de posesión, sanidad, apertura de calles y vías públicas y presencia del Estado con el conjunto de servicios, en un periodo de cuatro años. Pero, el reconocimiento a través de fotografías aéreas, la localización de las áreas de riesgo y la decisión política de impedir la expansión de casas donde el acto de construir puede implicar la muerte de esos habitantes, esto sí es algo posible. Y, es perfectamente posible interrumpir cualquier tentativa de "flexibilizar" leyes ambientales, en especial en aquello que implicar expandir la especulación inmobiliaria con el deterioro de áreas verdes.
La contraparte es el absurdo del progreso de pocos en nombre del progreso de todos. No es argumento válido contraponer el supuesto desarrollo económico a la "flexibilización" de leyes ambientales. La legislación brasileña de medio ambiente es excelente, y sirve como freno a la especulación inmobiliaria y al hambre voraz de obras faraónicas, ejecutadas por consorcios privados y casi siempre financiadas con el dinero del contribuyente depositado en el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el mayor banco de fomento del mundo) o en la Caja Económica Federal. En el caso de las ciudades, la omisión histórica en Angra dos Reis (para triste ejemplo ilustrativo) es la materialización del concepto de que la actividad-fin de la mayoría de los gobiernos de turno es permanecer ocupando una parcela de poder o expandiendo su control sobre presupuestos y cargos. La actividad-medio es el acto de negociar con las fuerzas sociales, respetando las relaciones asimétricas, atendiendo de entrada a los agentes económicos en general y a los inversores de sus propias candidaturas en particular.
La publicidad de gobierno crea un clima de euforia anunciando millones de metros cúbicos de concreto empleados, cuando deberíamos conmemorar tubos de cloacas y aguas tratadas. El dinero va para las mega empresas de construcción mientras la basura sigue acumulándose (con poca reciclaje) y los coliformes fecales van para los espejos de aguas y sus márgenes. Por la lógica racional -o la falta de esta en función de la cultura de prebendas, clientelas y patrimonialismo- la planificación de las ciudades, previendo su expansión, viene primero. Hacer crecer la malla urbana implica poner metro, tren de superficie (urbano y metropolitano) y condiciones de vida sostenibles como la limpieza del aire y del agua. Esto viene concomitante a la idea-guía de que regular el suelo urbano implica crear redes de tubos cloacales y tratamiento de aguas.
Aquí se hace lo contrario y todo año mueren brasileños en función de la desidia y de la criminal omisión en los tres niveles de gobierno. ¿Hasta cuando?
* Bruno Lima Rocha, militante libertario brasileño, es politólogo (PhD), docente universitário y participa en el frente de medios del Elaopa.org
http://www.estrategiaeanalise.com.br
* Kaos en la Red - Opinión - 17.02.10
Foto: Río de Janeiro (Brasil), favelas - kaosenlared.net
Fuera de ordenación, un limbo jurídico urbanístico
JAIME CONCHEIRO DEL RÍO/A Coruña* : Se ha afirmado que en ningún país europeo se puede privar tan fácilmente a un particular de su propiedad como en España, ya que como consecuencia de cambios, por ejemplo en la legislación de costas, carreteras o urbanismo, se privan o limitan las facultades del propietario sin indemnización compensatoria. Un ejemplo paradigmático lo constituye la situación de los bienes declarados «fuera de ordenación» como consecuencia de una actuación urbanística, de tal modo que edificaciones construidas con licencias otorgadas legalmente al amparo de planes anteriores, de repente se convierten en incompatibles con las determinaciones del nuevo plan, y, en consecuencia, adquieren dicha condición.
La situación de un edificio u obra que se encuentre «fuera de ordenación» comporta que no pueden otorgarse licencias para obras de mejora o de reedificación, autorizándose tan solo aquellas de pequeña reparación, higiene, ornato y conservación del inmueble que se encuentre en dicha situación.
El legislador en disposiciones recientes reconoce una serie de perjuicios que afectan a los edificios calificados como «fuera de ordenación»: por lo que respecta al valor catastral, se corrige a la baja su valor, aplicándole un coeficiente de 0,80 por ciento; se cercena la posibilidad de hipotecarlos al prohibir a las entidades de crédito la titulización de las hipotecas sobre dichos bienes, facultándose a los bancos, como consecuencia de la disminución del valor del bien, para exigir en su caso garantías adicionales; las indemnizaciones derivadas de un siniestro asegurado solo se limitarán al valor real de un bien tasado como «fuera de ordenación». Asimismo, la propia Ley del Suelo dispone que el valor de tasación de esta clase de bienes se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil, sin embargo, a pesar de reconocer el perjuicio experimentado por los propietarios, excluye la posibilidad de que estos sean indemnizados. Nos encontramos en presencia de un supuesto más de expropiación legislativa, pues, de no mediar esta declaración del legislador, nos encontraríamos ante un supuesto de daño reparable por la vía de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
En La Coruña, la revisión del Plan General de Ordenación establece un límite de alturas de los edificios que dejará fuera de ordenación un gran número de ellos. La Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia establece en el artículo 47 un determinado número de metros librea y de zonas verdes por cada 100 metros cuadrados edificables. Esta exigencia plantea un grave problema para dejar sin efecto la calificación de «fuera de ordenación» de los edificios afectados, en el supuesto de que hayan sido asignados a otras edificaciones con objeto de autorizar las alturas correspondientes. Por ello entiendo que lo más conveniente para reconducir la situación urbanística a su primitivo estado, tal como al parecer es lo que pretende el Ayuntamiento, quizá sea ineludible acudir a una revisión del plan, con lo cual se ganará en seguridad jurídica.
* Registrador de la propiedad
* La Voz de Galicia - Opinión - 18.02.10
Madrid: Concurso municipal de 'quita y pon'
ELMUNDO* : La adjudicación de la gestión de la Agencia Municipal de Alquiler se ha enredado en el dicho popular Donde dije digo digo Diego. Y, además, con bis. El último capítulo ha sido la notificación con fecha 16 de febrero de la adjudicación definitiva a la empresa ATJ Consultores, ganadora del concurso. Sólo unas horas más tarde, en la Comisión de Urbanismo celebrada ayer, se explicaba que ese contrato ya estaba suspendido. La otra rectificación se produjo después de la adjudicación provisional a la misma compañía, con fecha de 7 de diciembre.
El 28 de enero M2 adelantó que el Ayuntamiento había decidido suspender el concurso al encontrar "deficiencias en los pliegos de condiciones" con arreglo a los que se convocó. El propio vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, lo confirmó ese mismo día.
Con deficiencias o sin ellas, el hecho es que el Gobierno municipal ha dado a entender que Cobo no estaba en lo cierto ya que para poder adjudicar definitivamente la gestión este pasado martes el proceso no podía estar anulado previamente. Otro tema es que se suspendiera acto seguido. Un galimatías.
La explicación a este lío de quita y pon de la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, es contundente: "La gestión la ha llevado, la lleva y la va a seguir llevando el Ayuntamiento. No la va a llevar ninguna empresa", dijo ayer a M2.
"Es el 30 de diciembre de 2009 cuando se comprueba la inviabilidad del concurso y en virtud de esta circunstancia se ha suspendido este procedimiento", añade Martínez. Si el problema era un defecto en los pliegos de condiciones, ¿lo lógico no sería que se volviera a convocar después de subsanar el error? "No se va a sacar la gestión", zanjó la delegada.
En el Grupo Municipal Socialista interpretan que "el Ayuntamiento mintió cuando dijo que el concurso estaba anulado, porque una vez que se había adjudicado provisionalmente no era posible dar marcha atrás". "Si ahora no se hubiera adjudicado definitivamente hubiesen podido caer en prevaricación", apunta Daniel Viondi, portavoz en la Comisión de Urbanismo.
"¿Cómo pueden ser tan chapuceros de hacer un concurso y decir que han hecho mal los pliegos tras meses de preparación del expediente y supervisado por más de dos decenas de funcionarios y cargos políticos del Gobierno municipal?", se pregunta Viondi, que recuerda que se trata de "un contrato por valor de más de cinco millones de euros".
Un portavoz de ATJ Consultores confirmó ayer a este periódico que el Ayuntamiento había notificado a la compañía la adjudicación definitiva de la gestión de la que elude hablar Pilar Martínez.
"Si ha habido alguna equivocación en los pliegos, es una cuestión de hablarlo [con el Ayuntamiento] y se puede modificar la oferta. Lo que no se puede hacer es anularlo y volver a convocar el concurso", explican en la empresa, que no se da por enterada de la segunda anulación.
* El Mundo - 18.02.10
Foto: Edificio de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid en Villaverde. | J. Villanueva, elmundo.es
Gijón: Vecinos critican el PGO por mantener el plan de Cabueñes a pesar del «caso Blanco»
LNE* : Más de setecientos registros contra el Plan General de Ordenación (PGO) en una sola mañana. Sólo la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes presentó ayer 350 escritos en la Pescadería Municipal, cuya red informática sufrió algunos fallos a lo largo de la jornada. Cabueñes es una de las parroquias, junto con Vega y Somió, más beligerantes con la política urbanística municipal.
El plan de 600 viviendas que afecta a la zona, de hecho, tiene bajo sospecha judicial al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento en lo que se conoce como «caso Blanco».
El escrito registrado incluye 19 alegaciones, «que no sugerencias», precisó el secretario de la plataforma, manteniendo el mismo criterio que el resto de la zona rural. La diferencia es que, a las primeras, el Ayuntamiento tiene que darles una respuesta motivada en el proceso de información pública que se cierra hoy. El documento de prioridades del que parte esta revisión del PGO es «superflua, confusa, no aporta información fiable ni incide en el análisis de la capacidad de compra de vivienda» de los gijoneses.
Cabueñes, que ayer puso objeciones al Plan a través de la plataforma y también de las asociaciones vecinales «La Pontica» y «Fontevilla», critica «la aparición de islas grises en la periferia verde de la ciudad» y el hecho de que «no se consideran elementos de especial repercusión como la incineradora o la regasificadora». Y califica de «inconcebible» que el equipo de gobierno vuelva a apostar por el plan de Cabueñes en su propuesta inicial de PGO, «cuando está pendiente de una causa judicial».
En definitiva: «Más de lo mismo del plan Teixidor, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias», resumió el secretario de la Plataforma, José Cifuentes. El proceso de revisión que lleva a cabo el Ayuntamiento se debe, precisamente, a las sentencias desfavorables del alto tribunal asturiano, ahora recurridas ante el Supremo. «El gobierno municipal sigue apostando por el crecimiento caduco y planes, como el de Cabueñes, fruto de la especulación», denuncian.
* La Nueva España - 20.02.10
Foto: Representantes de las plataformas de Cabueñes y Roces Residencial, entrando al registro con sus alegaciones. juan plaza, lne.es
