ELMUNDO* : La adjudicación de la gestión de la Agencia Municipal de Alquiler se ha enredado en el dicho popular Donde dije digo digo Diego. Y, además, con bis. El último capítulo ha sido la notificación con fecha 16 de febrero de la adjudicación definitiva a la empresa ATJ Consultores, ganadora del concurso. Sólo unas horas más tarde, en la Comisión de Urbanismo celebrada ayer, se explicaba que ese contrato ya estaba suspendido. La otra rectificación se produjo después de la adjudicación provisional a la misma compañía, con fecha de 7 de diciembre.
El 28 de enero M2 adelantó que el Ayuntamiento había decidido suspender el concurso al encontrar "deficiencias en los pliegos de condiciones" con arreglo a los que se convocó. El propio vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, lo confirmó ese mismo día.
Con deficiencias o sin ellas, el hecho es que el Gobierno municipal ha dado a entender que Cobo no estaba en lo cierto ya que para poder adjudicar definitivamente la gestión este pasado martes el proceso no podía estar anulado previamente. Otro tema es que se suspendiera acto seguido. Un galimatías.
La explicación a este lío de quita y pon de la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, es contundente: "La gestión la ha llevado, la lleva y la va a seguir llevando el Ayuntamiento. No la va a llevar ninguna empresa", dijo ayer a M2.
"Es el 30 de diciembre de 2009 cuando se comprueba la inviabilidad del concurso y en virtud de esta circunstancia se ha suspendido este procedimiento", añade Martínez. Si el problema era un defecto en los pliegos de condiciones, ¿lo lógico no sería que se volviera a convocar después de subsanar el error? "No se va a sacar la gestión", zanjó la delegada.
En el Grupo Municipal Socialista interpretan que "el Ayuntamiento mintió cuando dijo que el concurso estaba anulado, porque una vez que se había adjudicado provisionalmente no era posible dar marcha atrás". "Si ahora no se hubiera adjudicado definitivamente hubiesen podido caer en prevaricación", apunta Daniel Viondi, portavoz en la Comisión de Urbanismo.
"¿Cómo pueden ser tan chapuceros de hacer un concurso y decir que han hecho mal los pliegos tras meses de preparación del expediente y supervisado por más de dos decenas de funcionarios y cargos políticos del Gobierno municipal?", se pregunta Viondi, que recuerda que se trata de "un contrato por valor de más de cinco millones de euros".
Un portavoz de ATJ Consultores confirmó ayer a este periódico que el Ayuntamiento había notificado a la compañía la adjudicación definitiva de la gestión de la que elude hablar Pilar Martínez.
"Si ha habido alguna equivocación en los pliegos, es una cuestión de hablarlo [con el Ayuntamiento] y se puede modificar la oferta. Lo que no se puede hacer es anularlo y volver a convocar el concurso", explican en la empresa, que no se da por enterada de la segunda anulación.
* El Mundo - 18.02.10
Foto: Edificio de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid en Villaverde. | J. Villanueva, elmundo.es
Madrid: Concurso municipal de 'quita y pon'
Gijón: Vecinos critican el PGO por mantener el plan de Cabueñes a pesar del «caso Blanco»
LNE* : Más de setecientos registros contra el Plan General de Ordenación (PGO) en una sola mañana. Sólo la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes presentó ayer 350 escritos en la Pescadería Municipal, cuya red informática sufrió algunos fallos a lo largo de la jornada. Cabueñes es una de las parroquias, junto con Vega y Somió, más beligerantes con la política urbanística municipal.
El plan de 600 viviendas que afecta a la zona, de hecho, tiene bajo sospecha judicial al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento en lo que se conoce como «caso Blanco».
El escrito registrado incluye 19 alegaciones, «que no sugerencias», precisó el secretario de la plataforma, manteniendo el mismo criterio que el resto de la zona rural. La diferencia es que, a las primeras, el Ayuntamiento tiene que darles una respuesta motivada en el proceso de información pública que se cierra hoy. El documento de prioridades del que parte esta revisión del PGO es «superflua, confusa, no aporta información fiable ni incide en el análisis de la capacidad de compra de vivienda» de los gijoneses.
Cabueñes, que ayer puso objeciones al Plan a través de la plataforma y también de las asociaciones vecinales «La Pontica» y «Fontevilla», critica «la aparición de islas grises en la periferia verde de la ciudad» y el hecho de que «no se consideran elementos de especial repercusión como la incineradora o la regasificadora». Y califica de «inconcebible» que el equipo de gobierno vuelva a apostar por el plan de Cabueñes en su propuesta inicial de PGO, «cuando está pendiente de una causa judicial».
En definitiva: «Más de lo mismo del plan Teixidor, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias», resumió el secretario de la Plataforma, José Cifuentes. El proceso de revisión que lleva a cabo el Ayuntamiento se debe, precisamente, a las sentencias desfavorables del alto tribunal asturiano, ahora recurridas ante el Supremo. «El gobierno municipal sigue apostando por el crecimiento caduco y planes, como el de Cabueñes, fruto de la especulación», denuncian.
* La Nueva España - 20.02.10
Foto: Representantes de las plataformas de Cabueñes y Roces Residencial, entrando al registro con sus alegaciones. juan plaza, lne.es
Siete mil alegaciones para el plan urbanístico de A Coruña
ELPAÍS* : Las objeciones al nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de A Coruña se han multiplicado por siete respecto a las que suscitó la normativa en vigor desde 1998. La exposición pública del documento diseñado por el urbanista catalán Joan Busquets con la pretensión de dar un vuelco a la política urbanística del ayuntamiento coruñés de los últimos 25 años se ha cerrado con un aluvión de alegaciones, unas 7.000, según los primeros cálculos municipales.
Al margen de la controversia alentada por el PP sobre la figura de "fuera de ordenación parcial" por la reducción de las alturas de los edificios perseguida en el plan, quedan en el tintero grandes discrepancias. Incluso entre los propios socios de gobierno, por un lado los socialistas, entre ellos el alcalde Javier Losada, y por otro los nacionalistas.
Los siete convenios urbanísticos de última hora, anexados al PGOM pero que no tendrán que regirse por esa norma en cuestiones como las alturas o la edificabilidad, han generado también alegaciones. La principal es el viejo proyecto, aprobado a finales de los 90 pero aún sin realizar, para construir una urbanización de seis edificios de hasta siete plantas de altura en el Agra de San Amaro, a los pies de la colina en la que se erige la Torre de Hércules.
Esta obra supondrá enladrillar una de las escasas franjas de la fachada marítima coruñesa aún libre de edificios, tapará la vista del ancestral faro y pondrá incluso en peligro su declaración como Patrimonio de la Humanidad, afirma la Federación de Asociaciones Vecinales en sus alegaciones para exigir la supresión del plan. El riesgo de perder el título obtenido en 2009 "es real y evidente", alerta el presidente del Instituto de Estudios Torre de Hércules, Segundo Pardo-Ciórraga. La Unesco ya lamentó la "excesiva presión urbanística" que hay ahora en el entorno del monumento.
"Mi preocupación es máxima por un planeamiento urbanístico de total calidad en el entorno de la Torre y garantizo que será en consonancia con el gran premio que tanto trabajo nos costó lograr", replica el alcalde en declaraciones a este diario. Ante la alerta, Losada promete revisar a la baja esa urbanización en primera línea del mar, estudiar su reducción aunque no suprimirla. "Está en una zona muy alejada del entorno de la Torre", arguye en referencia a los 500 metros de distancia. Cualquier modificación del controvertido proyecto obligará a compensar a los dueños de solares, que tienen el visto bueno para edificar desde hace más de una década.
Al BNG no le gusta tampoco esa urbanización. Y exigirá, como anunció el edil de Rehabilitación Mario López Rico, en sus charlas sobre el PGOM, la revisión de ése y otros seis convenios, algunos de última hora, incorporados pero "contrarios al espiritú" del documento diseñado por Busquets que los nacionalistas aprobaron inicialmente. Sobre todo, los acuerdos para urbanizar la cantera de As Rañas y el Monte Alfeirán que tanto disgustan al Bloque. Los socios nacionalistas de Losada no presentaron alegaciones. Pero sí lo hizo contra esos convenios la CIG. El sindicato nacionalista destaca el negocio para las empresas dueñas de As Rañas, donde el precio del metro cuadrado pasó de cuatro a 220 euros tras sellar los acuerdos de cesión con el gobierno local.
* ELPAIS.com - 20.02.10
Foto: El barrio del Agra do Orzán y las viviendas sociales de marineros, en A Coruña.- XURXO LOBATO, elpais.com
Los ecologistas acusan a la Diputación de eludir su responsabilidad sobre Barrika
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ELCORREO/Vizcaya* : Las instituciones aún no han dado una solución para la urbanización ilegalizada por el Supremo en la costa de Barrika. Dos sentencias judiciales -una del TSJPV y otra del Alto Tribunal- calificaron de «arbitraria y e injustificada» la recalificación de unos terrenos dentro del área de Barrikabaso, declarada de especial protección paisajística por el Gobierno vasco hace más de 20 años.
El cambio de uso de los suelos, donde ahora ya se encuentran construidos y habitados 14 chalés, los promovió el Ayuntamiento y los respaldó la Diputación, y ahora, cuando se ha solicitado proteger el área, «le pasa la pelota al Consistorio», según los ecologistas. Los miembros de la asociación Txipio Bai, promotora de los pleitos para salvaguardar la zona, creen que, con ello, la entidad foral «realiza una dejación de funciones, por cuanto tiene encomendada por ley velar por la legalidad urbanística y el interés general».
Los conservacionistas de Txipio Bai, solicitaron a la Diputación, a raíz de la última sentencia, que modificara el Plan Territorial Parcial-PTP (planeamiento urbanístico de la provincia) para que el documento incluyera esta zona costera de Barrika como un espacio protegido. Los ecologistas ven esta opción como una garantía de que no se construirá más allí. Y ésta fue una de las condiciones que impusieron para no solicitar la ejecución de la sentencia, que implicaría derribos e indemnizaciones millonarias.
Pero desde que el Supremo se pronunciase, los responsables forales se han escudado en el Ayuntamiento, afirmando que es el propio organismo municipal quien debe primero incluir la garantía de protección de la zona en su planeamiento. Volvió a suceder el jueves, cuando la oposición en Juntas Generales planteó una proposición en la que se instaba a la Diputación a proteger la zona de Barrikabaso por medio de la modificación del PTP. El grupo jeltzale se negó a apoyarla al considerar que «se cumplirá en la revisión del Plan General de Odenación Urbana», que el Ayuntamiento de Barrika debe abordar por imposición judicial, según la juntera peneuvista Nerea Ahedo.
El enfado de los ecologistas se acrecienta porque fue precisamente el Ayuntamiento quien aprobó el pasado 17 de diciembre instar a la Diputación a incluir esta zona en el PTP, y a Costas a ampliar la zona de servidumbre costera a los 200 metros, en lugar de a los 100 actuales, en esta polémica zona del municipio. «Esto prueba que los junteros nacionalistas confunden la autonomía municipal con la del equipo de gobierno», afirman fuentes de Txipio Bai. En el pleno, al igual que ocurrió el jueves, fueron los representantes de la oposición, que suman mayoría, quienes apoyaron estos puntos.
Lo que ocurre es que «aún no consta ningún escrito oficial de salida a la Diputación ni al Gobierno Vasco en el que el alcalde, a quien corresponde trasladar estas comunicaciones, dé cuenta de este acuerdo adoptado por el pleno en mayoría», explican los conservacionistas.
Por ello, la incertidumbre sobre la ilegalizada urbanización y sobre los terrenos que la acogen aún envuelve a la localidad. El alcalde, el jeltzale Juanjo Ezpeleta, niega rotundamente que la intención de su partido sea construir más en la zona. Según explicó, «un nuevo equipo redactor entrará este mismo año a elaborar un planeamiento para Barrika. Los especialistas deberán resolver las alegaciones planteadas al anterior avance y acatar la Sentencia del Supremo para esta zona del litoral, teniendo en cuenta las peticiones, tanto de vecinos, como de ecologistas».
Sin «presiones»
Pero los conservacionistas no están dispuestos a esperar tanto para ver la zona blindada al ladrillo, y además temen que el PNV, al mando de la Diputación y el Ayuntamiento, mantenga un doble juego. Mientras unos alegan que primero hay que modificar el planeamiento municipal para cambiar el PTP, el Consistorio mantiene colgado en su página web que «el Supremo anula la ordenación urbanística hasta ahora vigente en Muriola. Sin embargo, permanecen y prevalecen las determinaciones del PTP, que clasifica el suelo como urbanizable residencial».
El regidor, por su parte, afirma que «aquí no se está jugando a nada, ni permitiremos que se juege con Barrika. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos. No vamos a construir más en la zona, la vamos a proteger porque somos los primeros interesados, como ya apoyamos en su día, pero todo se hará a su debido tiempo y como decidan los especialistas. No admitiremos presiones ni amenazas de nadie».
* El Correo - 20.02.10
Foto: Los chalés de Muriola afectados por la sentencia del Supremo. :: PEDRO URRESTI, elcorreo.com
Castro: Muguruza está imputado en más de seis causas de Urbanismo y Contratación
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, que ha ingresado hoy en prisión, está imputado en más de media docena de causas penales por presuntas irregularidades en materia de Urbanismo y Contratación, aunque de momento la Fiscalía sólo le ha acusado en uno de esos procedimientos. El regidor, al que ya se le había prohibido cautelarmente ejercer sus competencias en esos dos ámbitos, ha ingresado a primera hora de esta tarde en el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña (Cantabria), por su gestión en la tramitación de unas licencias de construcción en el alto de La Loma de Castro Urdiales.
El ingreso en prisión de Muguruza se ha producido por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, el magistrado Luis Acayro Sánchez, que investiga más de media docena de procesos en los que se imputa al alcalde y varios concejales.
En todas esas causas, a Muguruza se le acusa de supuestos delitos de prevaricación (administrativa y urbanística), ordenación del territorio, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros.
El Juzgado de Instrucción número 2 ha concluido ya la investigación en tres de esos procedimientos: la autorización de licencias a la promotora Urdicam y la adjudicación, presuntamente ilegal, de las obras del túnel de Mioño y de unas tareas de desratización (este último es el conocido como "caso Trapur", por el nombre de la empresa que realizó esos trabajos).
Pero, de momento, el Ministerio Fiscal tan sólo ha acusado a Muguruza por su actuación en las obras del túnel de Mioño, ya que solicitó que se archivaran las actuaciones en su contra por el "caso Trapur". Sin embargo, en ese procedimiento sí ha formulado acusación contra él el antiguo interventor del Ayuntamiento, Fernando Urruticoechea, personado como acción popular.
En el caso Urdicam, las distintas acusaciones aún no ha presentado su escritos de cargos.
Ya en marzo de 2008, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, la Guardia Civil registró las oficinas municipales y la Gerencia de Urbanismo de la ciudad y se incautó de varios expedientes urbanísticos.
Un mes más tarde el alcalde tuvo que acudir a declarar a los juzgados de Castro Urdiales por primera vez para explicar la decisión que la Junta de Gobierno Local adoptó al adjudicar a Izeta, la empresa del hermano de un concejal, unas obras de reforma en el túnel de Mioño.
La denuncia de esos hechos ante la Fiscalía la realizó un grupo de ex concejales del PSOE, entre ellos Rufino Díaz Helguera, que actualmente es socio de gobierno de Muguruza con Acuerdo por Castro (AxC) y que, además, gobernó el Ayuntamiento de Castro Urdiales durante doce años.
Posteriormente, Muguruza ha tenido que volver a comparecer ante el juez para explicar su actuación al adjudicar unos trabajos de desratización y unas obras para construir un ascensor en el mercado municipal.
Pero el alcalde también está acusado por presuntas irregularidades en un convenio urbanístico para construir un ascensor, por conceder licencias a la promotora Urdicam y por autorizar las urbanizaciones de San Pelayo en Santullán y la de La Loma en Sámano.
Todas esas causas han motivado que el alcalde de Castro Urdiales haya tenido que ir a declarar ante el juez en numerosas ocasiones en los dos últimos años y, a consecuencia de las investigaciones de este magistrado, se ha detenido a funcionarios y técnicos municipales.
Fernando Muguruza fue expulsado del PRC después de que, tras las elecciones municipales de 2007, y en contra de las directrices de ese partido, se postulara como alcalde en lugar de apoyar a quien entonces era candidata del PSOE, María Jesús Esteban.
Muruguruza consiguió entonces el cargo con el apoyo del PP y Acuerdo por Castro (AxC) y fue declarado formalmente tránsfuga por el Pacto Antitransfuguismo.
* El Diario Montañés - 19.02.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
El Constitucional deja sin cobertura legal los derribos en el Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso que presentó el 1 de febrero el Gobierno contra el decreto ley del Consell que avala el plan del Cabanyal. El Constitucional declara la "suspensión de la vigencia" del decreto y deja, al menos de momento, sin cobertura los derribos previstos en el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia que rompe por la mitad el barrio declarado Bien de Interés Cultural.
El Constitucional abre un plazo de quince días para que Gobierno y Generalitat presenten alegaciones. El tribunal puede tardar cinco meses en decidir si mantiene la suspensión del decreto y por ende de los derribos y varios años en resolver el fondo del recurso de inconstitucionalidad.
La primera reacción de la alcaldesa, Rita Barberá, ante la suspensión del decreto fue anunciar que el plan del Cabanyal "sigue adelante" y que los derribos "van a continuar", al menos, fuera de la zona BIC. El gobierno municipal que primero se negó a acatar la orden del Gobierno poniendo en tela de juicio su competencia exclusiva sobre expolio desoye ahora al Tribunal Constitucional. La suspensión del decreto autonómico no sólo deja sin amparo el plan urbanístico de Rita Barberá sino que devolvería las cosas a la situación anterior, esto es, al momento de la paralización de los derribos ordenada por el Ministerio de Cultura. El ministerio, por mandato del Tribunal Supremo, realizó un informe que declara que el plan del Cabanyal supone expolio del barrio histórico.
La reacción del Consell para eludir la orden de paralización fue aprobar el 8 de febrero el decreto ley que blinda el plan urbanístico y que ahora ha sido suspendido.
En pocas semanas, el ayuntamiento ha pasado de considerar el decreto la tabla de salvación que devolvía la legalidad al Pepri a desmarcarse del mismo. El gobierno local se aferra ahora al argumento de que la suspensión del decreto-ley no tiene consecuencias sobre el plan urbanístico. El pepri, que contempla la demolición de 1.600 viviendas, "va a seguir adelante" porque el TC "sólo ha acordado dejar sin efecto, momentáneamente, el decreto del Consell", apuntó ayer el concejal de Relaciones con los Medios, Miquel Domínguez.
Cabanyal 2010 tramita 14 licencias
Los primeros derribos tras la orden de paralización de Cultura del pasado 29 de diciembre estaban previstos para este mes de febrero. Según ha podido saber este diario, la sociedad Cabanyal 2010 que ejecuta el plan del Cabanyal ha solicitado licencia de derribo de 14 viviendas, algunas aún en fase de expropiación, en las calles San Pedro, Escalante, Manuel Estellés Reina y Lavadero.
Miquel Domínguez difundió ayer parte de la interpretación que han hecho los servicios jurídicos municipales de la providencia del Constitucional según la cual "el alcance de la admisión a trámite, supone, literal y exclusivamente, la suspensión de la disposición recurrida, esto es, del citado decreto ley".
El Tribunal Constitucional recuerda que la suspensión es consecuencia de la decisión del Gobierno de invocar en el recurso al artículo 161.2 de la Constitución que implica la suspensión automática de la disposición recurrida.
Domínguez recordó que "hace unas semanas, un juez decretó la validez legal de las licencias de derribo de 6 inmuebles ubicados en el futuro bulevar San Pedro". Domínguez se refería a la decisión del juez de desestimar la petición de suspensión de los derribos en San Pedro que requería el PSPV como medida cautelar del recurso contencioso contra las licencias, recurso que sigue tramitándose.
La portavoz de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, manifestó ayer su satisfacción por la rápida respuesta del Constitucional y confió en que el ayuntamiento recapacite y decida emprender la rehabilitación del barrio. Los vecinos temen que la utilización política del plan del Cabanyal acabe degradando más si cabe el conjunto histórico y la convivencia en el barrio. Por eso, ayer la Asociación de Vecinos del Cabanyal reclamó la paralización de los derribos y "la regeneración y revitalización" del barrio. Mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, "que posiblemente tardará varios años", el barrio y los vecinos "no podemos sufrir las consecuencias de la lucha política del ayuntamiento contra el Gobierno".
Cotino critica a Zapatero y Alarte elogia a Sinde
El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, arremetió ayer contra Zapatero por no haberse reunido con la Generalitat antes de recurrir al Constitucional el decreto del Cabanyal. Por su parte, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, elogió ayer la "valentía" de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, en el Cabanyal. La portavoz del PSPV, Carmen Alborch, aseguró que la orden del ministerio "sigue vigente" y confió en que el PP "aparque la sinrazón, se atenga a las reglas del Estado de Derecho y paralice los derribos".
Para EUPV, la decisión del Constitucional deja "sin argumentos" y para Compromís "para los pies a las ansias destructoras del PP" en el barrio.
* Levante-EMV - 19.02.10
Foto: Valencia, el Cabanyal -S.Carregui, elpais.com
El TAN anula la adjudicación de las obras del nuevo centro 0-3 años de Burlada
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NOTICIASDENAVARRA* : El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha anulado, por no estar ajustados a derecho, los acuerdos del consejo de administración de la Sociedad Urbanística Municipal de Burlada SL, en los que se adjudicaba el contrato de obras del nuevo centro de 0 a 3 años de la localidad. El tribunal, de esta forma, ha estimado parcialmente el recurso de alzada interpuesto por la constructora ACR, en el que alegaba que en el proceso no se había puntuado debidamente su oferta en cuanto al plazo de ejecución de los trabajos.
El TAN anula el acuerdo de adjudicación, aunque considera que la mercantil debe dirigirse al propio Ayuntamiento de Burlada en el caso de que quiera reclamar daños y perjuicios, en particular por el lucro cesante, que también solicitaba.
El 27 de junio de 2008, el consejo de administración de la sociedad urbanística aprobó el pliego y convocatoria de contratación para la ejecución del proyecto de la escuela infantil. La resolución recoge que tras recibir las ofertas, entre ellas la de ACR, y valoradas las mismas por los servicios técnicos, el 25 de septiembre de ese año se aprobó la adjudicación de los trabajos, en este caso a Obenasa. Sin embargo, para ACR, no se puntuó de forma correcta su oferta en cuanto al plazo de ejecución de obras, ya que el condicionado disponía que se valorase con un máximo de 10 puntos a la empresa que ofreciera el plazo más corto y el resto de forma proporcional. A pesar de que la propuesta de la recurrente era la más baja, 6 meses y 3 semanas, recibió la misma puntuación que otras nueve que estipulaban plazos mayores.
Así, la sociedad municipal, en un informe posterior de los técnicos, fijó el plazo mínimo de ejecución en 9 meses, y optó por "admitir a todas las empresas pese a considerar que tres no se ajustaban al plazo mínimo, y otorgó los diez puntos máximos a nueve de ellas, pese a que sus ofertas no eran iguales".
Para el TAN, "no es correcta" la actuación de la sociedad municipal, cree que "no se sujetó" al pliego, su decisión "incurrió en arbitrariedad y generó indefensión por parte de la sociedad recurrente". "El resultado final es directamente influido por la aplicación de un baremo que no es previsto en el pliego", dice la resolución. La recurrente queda en segundo lugar, sobrepasada por sólo 0,4 puntos por la que obtiene la adjudicación pese a ofrecer un plazo superior", lo que deriva en la "evidente indefensión" de ACR, generada por la actuación municipal.
El TAN admite que esta resolución anulatoria "puede resultar problemática" ya que las obras de la escuela infantil ya están casi finalizadas, por lo que no cabe retroacción del expediente. Eso sí, la empresa puede reclamar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento para ser indemnizada si así lo estima.
* Noticias de Navarra - 19.02.10
Foto: Al fondo, la nueva escuela infantil de Burlada. - PATXI CASCANTE, noticiasdenavarra.com
Estepona: Cinco nuevos imputados en el caso Astapa a falta de declarar ante el juez
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MÁLAGAHOY* : Un año y ocho meses después de la puesta en marcha de la operación Astapa continúan produciéndose imputaciones. Las últimas se dieron a conocer ayer mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los nuevos imputados, que se suman a los 63 existentes hasta ahora, son cinco personas que aún no han prestado declaración ante el instructor del caso, Jesús Torres, si bien alguno de ellos ya lo ha hecho en la comisaría de la Policía Nacional a lo largo de esta semana.
Según ha trascendido, se trataría de personas relacionadas con otras ya imputadas en el caso si bien no se ha dado a conocer ni su identidad ni los presuntos delitos que se les imputan, información que no se podrá conocer hasta que pasen por sede judicial.
El caso Astapa se inició en junio de 2008 y ha supuesto la imputación de empresarios, trabajadores municipales, militantes de diferentes partidos y políticos, entre ellos 10 concejales de los cuales ocho se mantienen en el salón de plenos en el grupo de no adscritos tras haber sido expulsados de los partidos con los que concurrieron a las elecciones municipales de 2007.
De los ocho concejales imputados que se mantienen en la oposición, dos de ellos, José Ignacio Crespo y Manuel Reina (PES), estuvieron en prisión preventiva durante seis meses junto al ex alcalde, Antonio Barrientos, y el que fuera su jefe de gabinete, José Flores. El ex regidor y el ex concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, han sido las dos únicas personas con responsabilidad de gobierno que han abandonado su acta de concejal después de verse salpicados por la investigación.
En esta causa se investigan los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad en documento público, entre otros. El secreto de sumario del caso Astapa, hasta el momento, solo se ha levantado de los tomos I al XIII en dos partes, dejando a la luz que la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el actual alcalde, David Valadez y su compañera del PSOE Cristina Rodríguez ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía.
Una vez levantado el secreto, también trascendieron las conversaciones telefónicas en las que se negociaba la contratación de afiliados al PSOE en el Ayuntamiento, así como el uso de vehículos del depósito municipal por parte de cargos públicos, los intentos de adjudicación irregular de chiringuitos, los pagos exigidos a promotores para tramitar sus expedientes, el abono de cantidades a empresas relacionadas con concejales, el presunto desvío de dinero a través de familiares. El próximo 23 de febrero el instructor del caso tendrá que decidir si sigue manteniendo el secreto sobre las actuaciones o si bien lo levanta por tercera vez parte de las investigaciones realizadas para que las conozcan los encausados.
* Málaga Hoy - 19.02.10
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Chozas de Canales: Manifestación de vecinos en la cuenta atrás de la moción de censura
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LATRIBUNA/Toledo* : Las asociaciones vecinales de los PAU Z9 y Z11 convocan una protesta este sábado para exigir responsabilidades al alcalde por la falta de soluciones a las carencias de sus barrios. Mientras Chozas de Canales sigue con la incógnita de si habrá o no moción de censura en su Ayuntamiento, tras perder su alcalde una cuestión de confianza vinculada a sus presupuestos, este sábado a las seis de la tarde tendrá lugar otra manifestación de asociaciones vecinales contra el regidor.
La protesta ha sido convocada por las asociaciones de los PAU Z9 y Z11 para denunciar los incumplimientos del alcalde, Julián Agudo (PP), de sus promesas electorales para mejorar las condiciones de vida de los residentes.
En el caso concreto del Z9, el vicepresidente de la asociación, Magín Tornero, afirma que han tenido incluso que recurrir al Defensor del Pueblo de la región para solucionar problemas de alumbrado. "Las farolas siguen rotas, pero por lo menos pusieron bombillas", recuerda. Añade las deficiencias en el servicio de limpieza, la falta de limpieza de su parque, que afirma que está convertido en "un vertedero", o los malos olores del alcantarillado.
Sobre el hecho de que esta manifestación se celebre en mitad del mes de plazo que tiene la mayoría opositora del Ayuntamiento para cesar al alcalde, si insiste en no dar por válidos sus presupuestos, Tornero aclara que no debe confundirse con un apoyo a la moción de censura. Eso sí, matiza que si ésta se produce el alcalde "se lo ha buscado" por perder la mayoría al permitir la marcha de una concejala del PP a la oposición. Y también coincide con los concejales opositores en que no ha presentado las cuentas suficientemente desglosadas, por lo que "parece que oculta algo". Sin embargo, también reconoce que un posible retorno del PSOE a la Alcaldía no significará una mejora inmediata de la situación, porque "la gente que está ahora en el Ayuntamiento, en los dos partidos, son gente del pueblo de toda la vida con sus viejas rencillas. Hace falta gente nueva", comenta deseando que los vecinos de los barrios nuevos como el suyo, que llegaron con la expansión urbanística de los PAU Z, participen en la política municipal en el futuro.
Hay que recordar que el PAU Z9 se encuentra en un "limbo" urbanístico. Este barrio, construido como los demás PAU Z por el constructor Felipe Barbarroja, fue recepcionado por el Ayuntamiento en 2006, en el pasado mandato del PSOE. En ese momento, sus habitantes pasaron a pagar los impuestos municipales. Tornero se agarra a este hecho para exigir al actual alcalde que dé los servicios necesarios al barrio. Incluso, sobre la falta de avales que alega el alcalde para adecentar estos PAU, le matiza que en el Z9 sí lo hubo, aunque el anterior Gobierno local lo devolviera a Barbarroja con la recepción del barrio. El representante del Z-9 también espera que la anulación posterior de su PAU por el Tribunal Superior pueda solventarse, pese a la suspensión cautelar por un juez de una iniciativa que aprobó la mayoría opositora en noviembre para hacerlo. Eso sí, avisa de las consecuencias que tendría que la Justicia dejara clara la ilegalidad de la urbanización. "Tendríamos que denunciar primero al promotor, después a CCM como entidad que nos dio la hipoteca, al notario que nos hizo las escrituras de la vivienda y al registro de Illescas que nos las inscribió", advierte sobre las consecuencias que supone dejar en la ilegalidad ahora sus casas.
Sin negar que el anterior alcalde ha podido tener alguna responsabilidad en los problemas actuales de una población que creció muy rápido en poco tiempo, Tornero también pide tener acceso a la auditoría urbanística que el alcalde esgrime para afirmar que adecentar todos los nuevos PAU costaría unos 22 millones de euros.
Por su parte, el alcalde Agudo señala que no quiere comentar mucho sobre esta manifestación hasta después de su celebración. Eso sí, vuelve a justificar su labor en que "la obligación de un Ayuntamiento es defender su intereses de todo el pueblo". O sea, no asumir gastos que no le corresponden, al menos "mientras un juez no diga de quién es la culpa" en las deficiencias de los nuevos PAU.
* La Tribuna de Toledo - 19.02.10
Foto: latribunadetoledo.es
Finca do Conde: Una incógnita de 350 millones
LAVOZ/Vigo* : José Mariño y su equipo van a intentar la cuadratura del círculo en Finca do Conde. Cuando todos creían que más pronto que tarde se concedería una nueva licencia para (intentar) legalizar el centro comercial y las dos torres anexas el concejal de Urbanismo ha iniciado una nueva vía, supuestamente más segura. Cuando el lunes el pleno municipal valide el acuerdo adoptado ayer en la Gerencia quedará suspendida durante un año la concesión de licencias en este ámbito hasta que el Concello (y la Xunta) aprueben un nuevo planeamiento.
Lo sorprendente del caso es que el gobierno local se apoya en la falta de condiciones urbanísticas de Finca do Conde para justificar la suspensión. Asegura el informe técnico que este área está muy colmatada, que los viales sin insuficientes, que no existen zonas verdes y que la terraza superior del centro comercial no cumple la función de área pública para la que había sido diseñada.
No es fácil imaginarse como podrán solventarse estas carencias sin afectar a lo construido, lo cual es una máxima inviolable pues en caso contrario el Concello tendrá que abonar indemnizaciones de decenas o incluso de cientos de millones de euros.
«Parcela en blanco»
Con la finalidad de dejar las cosas claras o, probablemente, para cumplir con un guión inviolable, Mariño aseguró ayer que una vez suspendidas las licencias «Finca do Conde será una parcela en blanco». En otras palabras, que el Concello puede planificar urbanísticamente su futuro con completa libertad. Aunque teóricamente sería posible, el gobierno vigués ha insistido hasta la saciedad en que evitará el derribo de lo construido para evitar el pago de 350 millones de euros en indemnizaciones.
Con esta premisa es fácil deducir que se volverán a dibujar sobre el papel las mismas construcciones, con lo que aumentar los viales o las zonas verdes sería toda una proeza.
El concejal de Urbanismo no aclaró ayer el embrollo argumentando que «es preciso esperar a que los técnicos hagan su trabajo, ya que aventurar cualquier opinión sería una osadía». Como la suspensión tiene un máximo de un año, antes de las municipales de 2011 se sabrá como queda Finca do Conde.
* La Voz de Galicia - 19.02.10
Foto: Finca do Conde incluye las dos grades torres de viviendas y un centro comercial - cope.es
Ingresa en prisión el alcalde de Castro, Fernando Muguruza
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ELCORREO/Cantabria* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha ingresado a primera hora de esta tarde en el Penal de El Dueso, en Santoña, por su implicación en el "caso La Loma". El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza del alcalde al encontrar indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo.
Según han informado fuentes judiciales, la detención se enmarca dentro de las diligencias abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales en relación a la urbanización de los denominados SUNP (Suelo Urbanizable No Programado) 3, 4, 7 y 12, en La Loma de Castro Urdiales. El juez ha dictado un auto por el que estima los recursos de reforma presentados por las acusaciones particulares -Junta de Santullán y afectados vecinos de La Loma- y ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Muguruza al encontrar indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo.
Las acusaciones particulares solicitaron en su momento la medida cautelar de prisión provisional para el alcalde, pero el titular del Juzgado acordó la retirada de competencias urbanísticas. Ante esta decisión, esas acusaciones presentaron un recurso de reforma en el que solicitan al juez que reconsidere su decisión. Ahora, el titular del Juzgado admite esa petición a la vista de que "existen indicios de que se están destruyendo pruebas y de que existe riesgo de reiteración delictiva", ya que continúan tramitándose los expedientes y sigue teniendo una intervención activa en las funciones urbanísticas.
* El Correo - 18.02.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr
Barcelona: Un juez deja sin casa a cinco jubilados que viven en un edificio degradado
ELPAÍS* : Montserrat Rosselló, de 82 años, se pasa toda la tarde fuera de casa. Sólo así logra dejar de pensar en las cuatro paredes entre las que vive desde que se casó. Después de reclamar varias veces al administrador de la finca que iniciara las reformas para conservar el edificio, un juez ha dictaminado que tiene que dejar su piso, en el número 25 de la calle de Vallespir de Barcelona, porque está en ruinas. A cambio, los propietarios le ofrecen 8.000 euros de indemnización.
En esa misma situación se encuentran cuatro familias más, tres de ellas formadas por jubilados, que no se creen lo que les ha pasado.
"Me voy a la calle. Eso sí, con 8.000 euros en el bolsillo, una fortuna", bromea Montserrat, la inquilina más antigua. "¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué piso voy a poder pagar con una pensión de 900 euros?". El juez Pascual Nuño de la Rosa y Amores no lo ve difícil. En una sentencia aliñada con graves faltas de ortografía, considera que los vecinos podrían encontrar pisos similares en la zona (de entre 70 y 80 metros cuadrados en el barrio de Sants) por sólo 700 euros.
Montserrat vive sola en el entresuelo del edificio. Su vecino, Felipe Roca, practicante jubilado, es el encargado de llevar el papeleo y ha fotocopiado la sentencia para repartirla a los demás vecinos. "El edificio no está en ruinas. Lo que está en ruinas es la mentalidad del juez y de los propietarios", afirma indignado. Desde 2005 los inquilinos reclaman reformas a los propietarios, que siempre han hecho caso omiso de sus demandas. De hecho, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Barcelona reconoce en la sentencia que la propiedad "no ha reparado ninguna de las deficiencias que presenta el inmueble" y añade que la vivienda "no adolece de vicios estructurales fatales aunque se halla en un proceso de degradación importante". El problema es que las obras que deberían realizarse superan el 50% del valor del edificio. Ese motivo, contemplado en la ley de arrendamientos urbanos, justifica el desalojo de la finca, que tiene 113 años.
"Los padres de los actuales propietarios jamás nos hubieran jugado esta mala pasada", asegura Montserrat. Ella y su marido conocían bien a los Puigpelat, una familia de Balaguer "muy agarrada, pero buena gente", recuerda. Regentaban el horno contiguo al edificio y una tienda que, en los últimos años, fue una joyería. Ahora ambos establecimientos están cerrados.
En la casa de Montserrat, el mayor problema es la cañería de su baño. Advirtió varias veces al administrador de que tenía un agujero y ahora las humedades ya le llegan a la sala de estar. "Son como las montañas de Montserrat", ríe.
Su vecino del entresuelo, en cambio, tiene el piso completamente reformado y el edificio, aunque está abandonado, no parece que esté a punto de caer. "Hay muchísimas fincas así en Barcelona", señala Felipe, que en 2008 ya colgó en su balcón varias pancartas en las que denunciaba el mobbing que sufría. La abogada de los vecinos, Vanesa González, presentó entonces una querella por amenazas que se archivó. Aun así, el Ayuntamiento instó a los dueños del edificio a tomar medidas para reformar la finca, pero la familia Puigpelat no acató el requerimiento. Y no sólo eso: demandó a los vecinos sin seguir el cauce habitual, consistente en solicitar al Consistorio la declaración de ruina. "Que se queden con los pisos, que hagan con ellos los que quieran, pero que me den a mí un apartamento pequeño donde vivir", reclama Montserrat.
Su hija pide lo mismo. Ella vive en el tercero con su hijo y su nuera, y como la mayoría de los afectados, ve el futuro "muy negro". Ellos son los únicos vecinos que quedan en el edificio y tienen todavía contratos de renta antigua. Felipe, por ejemplo, paga 218 euros al mes. Los inquilinos que ocuparon los otros cuatro pisos, hoy vacíos, no pudieron renovar su contrato.
La abogada de los vecinos recurrirá contra la sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona porque considera que el desalojo es un perjuicio irreparable para las familias. "Si salen, nunca volverán", afirma. A pesar de que se toma este infierno con sentido del humor, Montserrat no confía en el recurso. "Los propietarios son gente mala y rica, y el dinero lo tapa todo", se conforma. Piensa que "no ha habido justicia" y que "como siempre, el pez gordo se comerá al pequeño". Felipe es más optimista, aunque no esconde su decepción. Él no quiere dinero ni un piso nuevo, pide "simplemente que los propietarios reformen el edificio". Y asegura que dará mucha guerra hasta que lo consiga para que "los políticos hagan algo" por ellos. Con sólo 8.000 euros "muchos caeremos en la indigencia", advierte. Montserrat es menos derrotista, pero no deja de preguntarse: "¿Cómo es posible que me tenga que ver así a los 82 años?".
* ELPAIS.com - 18.02.10Foto: Una mujer en su casa de las que será desalojada- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
Orpesa agiliza el derribo de una finca de 90 pisos
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LEVANTE/Castelló* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana obliga al Ayuntamiento de Orpesa a derribar el edificio Bernat, ubicado en primera línea de la playa de Morro de Gos, al infringir la normativa urbanística en la zona. La decisión del TSJ, a instancias del Tribunal Supremo, obliga al consistorio, gobernado por Rafael Albert (PP), a invertir 17.800 euros en el proyecto de derribo del edificio, cuyos excesos de volumetría y altura fueron denunciados por los vecinos de unos adosados próximos.
El acuerdo de licitación del proyecto de derribo, tomado por urgencia en reunión de la Junta de Gobierno local de 19 de enero, se produce tras recibir el alcalde el apercibimiento de que si incumplía la sentencia se le impondrían "1.000 euros de multa, de forma personal". Y, "de transcurrir un mes sin haberse acordado el proyecto y licitación de derribo, con independencia de la multa anterior -la de los 1.000 euros al alcalde-, se dará cuenta al Ministerio Fiscal".
La sentencia del TSJ desestimaba, igualmente, "los recursos de súplica" interpuestos por el consistorio y el primer edil orpesino.
De la sentencia del TSJ se colige que el consistorio había planteado al alto tribunal valenciano la "imposibilidad legal de ejecutar la resolución". Por ello en el fallo definitivo apunta que "una vez el Supremo anula la declaración de imposibilidad legal que había decretado esta Sala, sólo cabe el derribo" del edificio, algo que ahora será cuestión de semanas.
El fallo condenatorio contra el consistorio orpesino pone en cuestión las afirmaciones del alcalde, Rafael Albert, de que todas las sentencias urbanísticas eran favorables al ayuntamiento. Por ello, el concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, le pide que "asuma, tanto él como los responsables de aprobar la construcción del bloque de apartamentos, sus responsabilidades y que no sean, una vez más, los vecinos quienes tengamos que pagar de nuestro bolsillo su mala gestión".
Romero destaca la "rapidez con la que actúa Albert cuando ve afectado su patrimonio".
El consistorio deberá indemnizar a los propietarios
El Ayuntamiento de Orpesa se verá obligado a indemnizar a los propietarios de los pisos del edificio Bernat, lo que obligará a un importante desembolso, dado que son 90 los apartamentos, aunque hay plantas utilizadas como apartahotel. Asimismo, el constructor de este enorme bloque de apartamentos en primera línea de la playa de Morro de Gos también podrá reclamar daños y perjuicios al consistorio. Los propietarios de los apartamentos afectados por la orden del TSJ, inapelable, de derribo del Bernat, en la calle Pamplona de Orpesa, son los primeros afectados por la medida, consecuencia de las malas prácticas urbanísticas. El hecho de que en su mayoría residan fuera de la provincia ha impedido conocer sus reacciones. Tampoco este diario pudo conocer la postura del constructor del bloque Manuel Moliner Bernat, pese a las llamadas efectuadas. Moliner, que ocupó en los 80 la concejalía de Urbanismo, podría emprender alguna acción contra el consistorio, al ser la administración que le otorgó la licencia de construcción. r. pardo castelló
* Levante-EMV - 18.02.10
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com
El Consell revisará toda la legislación urbanística que aprobó hace cinco años
ELPAÍS/Valencia* : En apenas dos años -de 2004 a 2006- el Consell de Francisco Camps puso patas arriba toda la legislación urbanística valenciana con el pretexto de derogar la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Cinco años después de aprobarse, el balance por la aplicación de estas leyes es calamitoso. La Unión Europea ha pedido en varias ocasiones reformas legales para evitar los abusos a particulares y estaba pendiente la adecuación a la Ley de Suelo estatal.
Ayer, el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, presentó un borrador que simplificará el complejo y farragoso cuerpo legislativo urbanístico. Tras un periodo de consultas, la consejería empleará este texto provisional, redactado por tres catedráticos universitarios, de base para corregir, sobre todo, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), pero también la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), la de Suelo No Urbanizable y el reglamento. Un 30% de la LUV se modificará. De la LOT caerán "cuatro o cinco artículos" y se varía el 50% del reglamento de ordenación y gestión del territorio. No es un simple lavado de cara. El Consell negociará con la oposición el proyecto de ley.
El motivo de la revisión, dio a entender Cotino, es acabar con la inseguridad jurídica que han generado estas leyes, con más de 1.000 artículos. De hecho, los tribunales acumulan miles de denuncias por casos urbanísticos en la Comunidad Valenciana.
El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo presentó este borrador como parte de todo un programa de actuaciones que ya impulsó su predecesor en el cargo, José Ramón García Antón, que falleció el pasado verano, para sacar la legislación valenciana del atolladero en el que estaba y, de paso, adaptarla a la Ley del Suelo y a directivas europeas como la de la evaluación medioambiental.
Diferentes colectivos profesionales, como arquitectos, abogados e ingenieros llevaban quejándose de la complejidad de las leyes desde el mismo momento de su aprobación. “Para hacer cualquier cosa, tenemos que vérnoslas con más de 1.000 artículos legales de cierta entidad. Es imposible”, reconocía ayer uno de estos profesionales.
Los cambios, a falta del periodo de consultas que la consejería tendrá abierto hasta finales de marzo, serán notables. Los planes parciales reclasificatorios, tan en boga durante el boom urbanístico, desaparecen, al igual que se suprime el concierto previo y se destierran definitivamente los convenios con “personas jurídico-privadas” que se refieran a la ordenación. Con todo ello, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se convierte en el único instrumento para reclasificar suelo no urbanizable, si se exceptúa la figura de área prioritaria.
El agente urbanizador permanece como principal instrumento para la gestión indirecta de un plan urbanístico, pero pierde toda su capacidad de iniciativa para establecer el planeamiento, que sólo podrá fijar el Ayuntamiento a través del PGOU. La cláusula del metro por metro, que estableció Blasco y colisiona con la normativa estatal, desaparece, aunque la propia consejería reconoció que por el poco tiempo transcurrido desde que la ley entró en vigor no hay tantos casos como se piensa. También sucumben las cédulas de urbanización territorial y se copia de la ley estatal del Suelo que los desarrollos urbanísticos no podrán superar el 20% del término municipal.
El consejero sí dejó claro que estas modificaciones legales, que se intentarán pactar con los socialistas cuando el texto llegue a las Cortes, no tendrán carácter retroactivo; es decir, no afectarán a los planes urbanísticos que hayan sido aprobados de forma provisional o que hayan superado la exposición pública. El departamento de Medio Ambiente no precisó cuántos planes se librarán de la reforma. “El momento de calcularlo será cuando se apruebe la ley”, dijo María Ángeles Ureña, número dos de Cotino.
Una vez este borrador se convierta en proyecto de ley, El Gobierno valenciano procederá a refundir todas las leyes urbanísticas —para evitar contradicciones— y elaborará un manual de buenas prácticas, una especie de guía de instrucciones para que profesionales y ayuntamientos sepan cómo tramitar con agilidad el planeamiento.
Cotino no quiso convertir esta revisión en profundidad de las leyes en un ataque personal a su compañero de Consell y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, artífice de gran parte de estos textos. “Cada momento requiere una cosa”, dijo. También precisó que el Consell puede, tras el periodo de consultas, prescindir de algunos puntos del borrador.
Este nuevo impulso legislativo que pretende el Consell se completará con la Estrategia Territorial, todavía en periodo de información pública, y con un manual de buenas prácticas, una especie de guía de instrucciones para facilitar la gestión a los ayuntamientos.
* ELPAIS.com - 18.02.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Cartagena: La Fiscalía ve indicios de expolio en las obras del Monte Sacro
LAVERDAD* : Una respuesta afirmativa del Ministerio de Cultura puede tener como consecuencia directa e inmediata la paralización de las obras de construcción de cuatro edificios en la ladera norte del Monte Sacro. A pesar de que el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, celebró el lunes la decisión de un juzgado de la ciudad de archivar la denuncia por posible expolio de la colina presentada ante la Guardia Civil por el arqueólogo Javier García del Toro, la Fiscalía ha abierto ya diligencias informativas al hallar indicios de un posible delito de expolio del patrimonio histórico-artístico.
Según ha sabido 'La Verdad', el fiscal especial de Urbanismo y Medio Ambiente de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, investiga si el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma debieron impedir la tramitación del expediente urbanístico por el que autorizaron a la empresa Portmán Golf a edificar 67 viviendas junto a la calle Muralla de Tierra. En concreto, la Fiscalía está a la espera de que el Ministerio de Cultura le informe de si sigue en vigor el Real Decreto 3046/1980, de 12 de diciembre, por el que el casco histórico de la ciudad fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Si el Gobierno central contesta que esa norma estatal sigue en pie y no ha sido modificada por una posterior, el fiscal comunicará sus actuaciones al Juzgado de Instrucción número 5 (que lleva la causa), le pedirá que levante el archivo provisional y muy probablemente solicitará al juzgado de guardia que detenga las obras.
Según supo este diario de la Fiscalía, ésta centra sus pesquisas en conocer si la colina está considerada patrimonio histórico por ser una de las cinco que configuran la geografía de la ciudad, y si el Ayuntamiento debió impedir cualquier proyecto urbanístico en el entorno de la Muralla de Tierra al estar ésta catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Como en San Esteban
El Gobierno municipal ha defendido que el caso del Monte Sacro no puede vincularse con el de los restos árabes protegidos junto al Palacio de San Esteban de Murcia a raíz de la intervención de la Fiscalía.
Sin embargo, desde el Ministerio Público señalaron ayer que la incoación de las diligencias informativas penales para el proyecto de los pisos del Monte Sacro sitúa ya éste al mismo nivel que tuvo en su momento el yacimiento de San Esteban. En la ciudad de Murcia, la presión vecinal y la actuación de la Justicia tumbaron hace unas semanas la posición del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de apoyar la construcción de un aparcamiento de vehículos.
Pero es que, además, según ha sabido este diario los paralelismos continúan por la intervención de la Guardia Civil en ambos casos. En la capital de la Región, agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) se personaron en el yacimiento para evitar el traslado de los restos arqueológicos del siglo XII.
Guardias en la Comunidad
Y, aunque un juez de Cartagena acaba de archivar de forma temporal la denuncia interpuesta ante la delegación local del Seprona por el profesor de la Universidad de Murcia García del Toro, la Fiscalía envió hace unos días a agentes de la Benemérita a la Consejería de Cultura para recabar información.
Así, según confirmaron fuentes del Ministerio Público los guardias se personaron en la sede de la Dirección General de Cultura para recabar documentos del expediente de los pisos del Monte Sacro.
* La Verdad - 18.02.10
Foto: Pancarta de protesta por las obras de la ladera norte del Monte Sacro, a la derecha, con una máquina excavadora al fondo. :: ANTONIO GIL / AGM
Arquitectos coruñeses reclaman un plan urbanístico más realista
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ELPAÍS* : Asociaciones vecinales, redes sociales y colectivos de arquitectos se han unido para exponer un visión crítica sobre el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de A Coruña, cuyo plazo para presentar alegaciones termina hoy. Ven la norma como "nada realista y poco ecológica". Desvinculándose del enredo sobre el límite de alturas de los inmuebles lanzado por el PP, estos colectivos organizan una campaña para que se presenten alegaciones que reclamen más información y participación ciudadana en la planificación urbanística de la ciudad para la próxima década.
Alertan de puntos contradictorios del plan en trámite, como la previsión de crear 33.900 viviendas cuando está estancada la curva de crecimiento de la población y ya hay en estos momentos 17.322 pisos vacíos en la ciudad, más del 15% de los existentes.
Agrupados bajo la denominación de Red de Derechos Sociales y un manifiesto titulado Exigimos el derecho a la ciudad, colectivos como Arquitectos Sen Fronteiras de Galicia, el Comité de Defensa de las Rías Altas o los vecinos de barrios de configuración actualmente rural pero amenazados por un futuro desarrollo urbanístico, como Castro de Elviña o O Portiño, reclaman un modelo urbano para A Coruña más ambiental, social y sostenible que el diseñado en el documento ahora en trámite.
"Sólo se consultó a la población, pero no hubo información suficiente ni una participación real de los ciudadanos en esa planificación", explica un portavoz de estos colectivos. Prueba de ello, destacan, es el embrollo y la confusión sobre la reducción de altura de los edificios, que el gobierno municipal se limitará, "ante la alarma social creada por el PP", a aplicar a los edificios de nueva construcción, y que acabó por reducir todo el debate sobre el nuevo PGOM "en función de réditos económicos y políticos" en vez de abrir realmente la discusión sobre el modelo de ciudad que se pretende.
Desde la Asociación de Vecinos de Monte Alto, un barrio que alberga la Torre de Hercules y particularmente castigado por la especulación y grandes construcciones en la última década, suscriben que ha existido falta de información y participación en el diseño del PGOM. La agrupación está a favor de que se reduzca la altura de los edificios, pero critica que no se obligue a dotar a cada vivienda de una plaza de aparcamiento.
* ELPAIS.com - 18.02.10
Foto: A Coruña, ayuntamiento - Daniel Csörföly 04 (wikimedia.org)
Jaque al urbanismo ilegal en Castelló
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LEVANTE* : La Fiscalía de Castelló y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Castelló han puesto en jaque al urbanismo ilegal en Castelló. El Seprona realizó en 2009 unas 70 actuaciones por presuntas irregularidades contra la ordenación del territorio, y a estas alturas mantiene abiertas investigaciones por construcciones ilegales en "casi todos" los municipios de la provincia, según explicaron fuentes de la unidad de la Guardia Civil.
El ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, admitió en una reciente visita a Castelló que la administración se relajó en exceso en la etapa de crecimiento, y una de las principales consecuencias de este "laissez faire" es la profusión de edificaciones ilegales. El Seprona investiga por este motivo en la práctica totalidad de las localidades de Castelló, aunque de momento elude concretar el número total de casas que contravienen la legislación territorial y urbanística vigente.
Fuentes del servicio de la Guardia Civil afirman que tienen constancia de un centenar de viviendas construidas en suelo no urbanizable o parajes protegidos en Castelló capital (en la Marjaleria y Desert de les Palmes), 80 en la marjal de Nules-Burriana, 120 en la desembocadura del río Millars en Almassora y 50 en Segorbe. También tiene en su mira casas de Almenara, Peñíscola (Serra d'Irta), Alcalà de Xivert, Borriol y Cortes de Arenoso, entre otras poblaciones. En 2009 ya realizó unas 70 operaciones por infracciones contra la ordenación del territorio. A este respecto, instruyó 17 diligencias e imputó a dos personas por delitos relacionados con edificaciones y construcciones ilegales. Además, detectó una decena de infracciones y elaboró 40 informes.
El Seprona señala que no hay una mayor inspección y control sobre el urbanismo ilegal en Castelló. Sin embargo, tanto el balance de 2009 como el elevado nombre de viviendas que investiga (al menos 400) reflejan un aumento considerable de las actuaciones contra los delitos medioambientales en los últimos años. Cabe tener en cuenta que el actual fiscal jefe de Castelló, Javier Carceller, nombró, nada más tomar posesión de su cargo en 2007, a una responsable delegada en Medio Ambiente. Desde entonces, la fiscal Dolores Ofrecio se ha encargado exclusivamente de los temas medioambientales.
Cambio de cultura
El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) estima que existen viviendas en suelo no urbanizable en todas las poblaciones de Castelló. A juicio del portavoz de la plataforma, Francisco González, "hay que romper con la dinámica del desorden, del no pasa nada. Es inconcebible que se pueda edificar una casa en suelo industrial no urbanizable y al revés. Hay que racionalizar los usos para que todos tengan cabida", apuntó. Gecen ha presentado denuncias contra casas ilegales de la marjal de Nules, desembocadura del Millars y Desert de Les Palmes.
* Levante-EMV - 17.02.10
Foto: El Seprona investiga las casas ilegales levantadas en la marjal de Nules. levante-emv
Un afectado de Trampolín Hills presenta la primera denuncia en la Unión Europea
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LAVERDAD/Murcia* : El escándalo de la urbanización Trampolín Hills en Campos del Río ha llegado a la Unión Europea. Uno de los perjudicados ha denunciado ante la comisión de Peticiones lo que considera una presunta estafa a nivel europeo de este resort que ha dejado en la estacada a unos 2.000 afectados, principalmente españoles, británicos y noruegos. Las autoridades comunitarias y del Parlamento Europeo, que estudian la queja, están muy sensibilizadas con las irregularidades y desmanes urbanísticos en el mediterráneo español.
Los eurodiputados ingleses son los más beligerantes, sobre todo cuando hay compatriotas suyos de por medio.
Trampolín Hills Golf Resort se encuentra en concurso de acreedores. Vendió 2.200 viviendas en Campos del Río de las 2.500 proyectadas y obtuvo unos ingresos de 52 millones de euros por parte de unos potenciales propietarios que adelantaron de media entre 18.000 y 35.000 euros.
J. L. B. N., vecino de Valencia, entregó 50.000 euros a Trampolín Hills por una vivienda en Campos de Río que parecía una ganga debido a su precio final -100.000 euros- y a los servicios que ofrecía. Gastó su dinero para darle un doble uso a su propiedad: invertir sus ahorros para conseguir un beneficio futuro y al mismo tiempo disfrutarla. Ahora se encuentra sin poder dar de comer a su hijos y «viviendo de la caridad de un familiar», declara. J. L. B. N. recurrió primero al Defensor del Pueblo en Madrid, que le recomendó que acudiera a la jurisdicción civil, para desconcierto de este afectado, que creía que esta institución debe controlar a las administraciones públicas que han tolerado en este desaguisado.
Su siguiente paso ha sido acudir a Bruselas. Su petición la está estudiando la comisión de Peticiones, cuyos funcionarios han registrado su denuncia y le han pedido tiempo para hacer averiguaciones antes de decidir si la admiten o no a trámite. Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por 'La Verdad' creen que esta denuncia no caerá en saco roto, sobre todo si aparecen más afectados que emprenden el mismo camino y, principalmente, si hay de por medio ciudadanos británicos.
En la comisión de Peticiones llueve sobre mojado cuando se trata de denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas en España. Los eurodiputados ingleses son los más sensibilizados con estos casos y los que más presión meten en Bruselas para que se investiguen lo que consideran falta de garantías de los compradores y propietarios de segundas residencias.
Hasta ahora se han abierto tres investigaciones en el seno del Parlamento y la Comisión Europea en torno a presuntas irregularidades y abusos en municipios levantinos; a la falta de garantías de suministro de agua a nuevas urbanizaciones en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Segura y a la denuncia de ANSE contra 43 municipios de la Región por no cumplir la legislación medio ambiental en los planes urbanísticos. Esto sin contar con los casos de La Zerrichera de Águilas y la construcción de la dársena de Puerto Mayor.
Anima a otros damnificados
J. L. B. N. espera que otros damnificados del Grupo Trampolín sigan sus pasos. Así se lo recomendó a la asociación de afectados. La comisión de Peticiones le contestó hace dos semanas y cree que el proceso será largo, lo cual no le desanima en su objetivo de conseguir, al menos, recuperar el dinero que ha invertido. En su denuncia las autoridades europeas, este afectado relata que el Ayuntamiento de Campos del Río dio «informaciones positivas cada vez que los compradores acudían a pedir asesoramiento sobre el proyecto. Todo era un sueño virtual en el que no se disponía de suelo urbanizable ni control por parte de las administraciones públicas», señala. Reprocha a las autoridades que no existiera un sistema de control para asegurarse de que todo se hacía según la ley. Pide que el Estado se haga cargo del problema y que construya las viviendas con su intermediación.
PETICIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO
¿Quién la puede presentar? Todo ciudadano de la UE o residente en uno de sus países miembros, actuando a título individual o junto con otros, puede ejercer su derecho de petición ante el Parlamento Europeo (PE). También empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la UE.
¿Sobre qué? Sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. Una petición puede consistir en una queja relativa a la aplicación del Derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que tome posición ante un asunto concreto y puede estar relacionada con asuntos de interés público o privado. Pero no sobre las políticas de la UE.
¿Cómo se presenta? Se puede enviar por correo ordinario o electrónico. El formulario online está colgado en la web del Parlamento Europeo.
¿Cuántas solicitudes se presentan? España fue el segundo país que más peticiones (226) presentó al Parlamento Europeo en 2008, sólo superado por Alemania (256). En total, se recibieron 1.886 peticiones, aunque un 40% fueren inadmitidas. La mayoría de peticiones trataron sobre temas de medio ambiente. Durante la anterior legislatura europea, la mitad de las peticiones sobre urbanismo procedieron de España.
¿Qué curso siguen las peticiones admitidas a trámite? La comisión de Peticiones (integrada por 34 europarlamentarios, 4 de ellos españoles) puede pedir a la Comisión Europea que inicie una investigación; pedir colaboración a las autoridades nacionales y locales para resolver el problema; y, en casos excepcionales como el de las quejas por el urbanismo salvaje en el levante español, hacer una visita para recoger datos sobre el terreno y presentar un informe al plenario del PE. Sus resoluciones no son vinculantes.
* La Verdad - 17.02.10
Foto: Afectados por la paralización de la urbanización de Trampolín Hills en Campos del Río durante la asamblea del pasado día 7. :: JUAN LEAL, laverdad.es
La Guardia Civil incluye al ex alcalde de El Puerto en una trama urbanística
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DIARIODESEVILLA/Cádiz* : Ellos se lo guisaban, ellos se lo comían. Los técnicos municipales preparando el papeleo necesario para regularizar los chalés ilegales, promovidos en El Puerto fundamentalmente por chiclaneros. Y los políticos, concediendo licencias o firmando decretos para legalizar las viviendas. La operación Tequila, de la Guardia Civil, ha descubierto una trama dedicada a la especulación urbanística en El Puerto de Santa María durante el anterior gobierno de Independientes Portuenses (IP).
Al frente de esa red los investigadores sitúan a cuatro personas manejando los hilos: el ex alcalde, Hernán Díaz, que tuvo que dejar la Alcaldía al ser inhabilitado por un delito de prevaricación -nombró a dedo al jefe de la Policía Local-, su edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y dos técnicos del Área de Urbanismo: el jefe de Licencias, Fernando Jiménez Fornell, y su novia, Milagros Trigo, delineante del Servicio de Infraestructuras de Urbanismo, que en la actualidad siguen en los mismos puestos. Ella figura al frente del estudio de arquitectura Tec, pieza clave de la trama.
En total, son 11 las personas que han sido imputadas en la trama. Junto a estas cuatro, están implicados otros arquitectos, como Isabel Ruiz Vázquez, trabajadora del estudio Tec, autora de varios de los proyectos que siempre lograban informes a favor de Jiménez Fornell y los consabidos decretos de regularización y las licencias municipales, que rubricaban Díaz o Rodríguez, además de varios promotores de Chiclana. Todos ellos han sido imputados por la Guardia Civil en la supuesta comisión de delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.
La investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de El Puerto, se inició a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz de la agrupación local de Izquierda Unida hace ya más de dos años. Fue a finales de 2007 cuando IU denunció la supuesta comisión de irregularidades por parte de ex dirigentes de IP y técnicos municipales.
Las pesquisas emprendidas por el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz han determinado que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto entre 2004 a 2007 concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las actuaciones serían legales al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano ó aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".
* Diario de Sevilla - 17.02.10
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Sueca cierra la empresa municipal de urbanismo con 500.000 euros de deuda
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ELPAÍS/Valencia* : El Ayuntamiento de Sueca ha decidido cerrar la empresa municipal Sueca Urbanisme i Gestió, SA (Surge, SA). El alcalde Joan Baldoví (Bloc) y una representación de concejales lo comunicó a los diez trabajadores el lunes tras una reunión de portavoces. Surge, SA, arrastra deudas no desveladas por los regidores y que, según el equipo de gobierno (Bloc, PSPV y Compromís per Sueca) hacen inviable su continuidad.
A los empleados se les adeudan unos 200.000 euros, según afirman. El pasado 18 de diciembre fue renovada una póliza de crédito, descubierta en su totalidad según la oposición, por valor de 560.000 euros. Baldoví declinó ayer hablar sobre las cuentas y remitió al "trabajo de deberán hacer los liquidadores".
La mercantil fue creada en 2000, con Alfredo Guillem (EPI-PV) como alcalde en virtud del pacto firmado con el Bloc y PP. Fue rentable hasta 2005. A partir de 2006 se produce la caída en barrena. En ese ejercicio, con el arquitecto urbanista Salvador Gil (PSPV) como alcalde, que en su día se opuso a su creación, las pérdidas ascendieron a 209.486,40 euros, según una memoria de la propia empresa de mayo de 2009. Las cuentas negativas del año siguiente ascendieron a 388.765,70. Baldoví llegó a la alcaldía ese verano por el pacto entre nacionalistas, PSPV y CpS. El balance negativo de 2008 fue de 145.998,63, según las mismas fuentes.
El gobierno local decidió el pasado verano transferir dinero de las arcas municipales a Surge ante la crítica situación. Miquel Torres, interventor de fondos municipales desde pocos meses antes, elaboró un informe-propuesta en el que recordaba que la mercantil nunca había sido objeto de control por parte de dicho departamento. En el documento se solicitaba, de acuerdo con ley, la realización de una auditoría de cuentas desde su creación, en el año 2000, hasta el 2008, el último ejercicio teóricamente cerrado. Además, pedía de la gerencia la totalidad de los balances contables desde 2001 hasta 2008. La Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta el pasado mes de julio, si bien en septiembre decidieron contratar el citado estudio centrado en los ejercicios de 2007 y 2008. Gil justificó dicho recorte "por falta de dinero".
* ELPAIS.com - 17.02.10
Foto: Sueca (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org
