Los ecologistas acusan a la Diputación de eludir su responsabilidad sobre Barrika

ELCORREO/Vizcaya* : Las instituciones aún no han dado una solución para la urbanización ilegalizada por el Supremo en la costa de Barrika. Dos sentencias judiciales -una del TSJPV y otra del Alto Tribunal- calificaron de «arbitraria y e injustificada» la recalificación de unos terrenos dentro del área de Barrikabaso, declarada de especial protección paisajística por el Gobierno vasco hace más de 20 años.

El cambio de uso de los suelos, donde ahora ya se encuentran construidos y habitados 14 chalés, los promovió el Ayuntamiento y los respaldó la Diputación, y ahora, cuando se ha solicitado proteger el área, «le pasa la pelota al Consistorio», según los ecologistas. Los miembros de la asociación Txipio Bai, promotora de los pleitos para salvaguardar la zona, creen que, con ello, la entidad foral «realiza una dejación de funciones, por cuanto tiene encomendada por ley velar por la legalidad urbanística y el interés general».
Los conservacionistas de Txipio Bai, solicitaron a la Diputación, a raíz de la última sentencia, que modificara el Plan Territorial Parcial-PTP (planeamiento urbanístico de la provincia) para que el documento incluyera esta zona costera de Barrika como un espacio protegido. Los ecologistas ven esta opción como una garantía de que no se construirá más allí. Y ésta fue una de las condiciones que impusieron para no solicitar la ejecución de la sentencia, que implicaría derribos e indemnizaciones millonarias.
Pero desde que el Supremo se pronunciase, los responsables forales se han escudado en el Ayuntamiento, afirmando que es el propio organismo municipal quien debe primero incluir la garantía de protección de la zona en su planeamiento. Volvió a suceder el jueves, cuando la oposición en Juntas Generales planteó una proposición en la que se instaba a la Diputación a proteger la zona de Barrikabaso por medio de la modificación del PTP. El grupo jeltzale se negó a apoyarla al considerar que «se cumplirá en la revisión del Plan General de Odenación Urbana», que el Ayuntamiento de Barrika debe abordar por imposición judicial, según la juntera peneuvista Nerea Ahedo.
El enfado de los ecologistas se acrecienta porque fue precisamente el Ayuntamiento quien aprobó el pasado 17 de diciembre instar a la Diputación a incluir esta zona en el PTP, y a Costas a ampliar la zona de servidumbre costera a los 200 metros, en lugar de a los 100 actuales, en esta polémica zona del municipio. «Esto prueba que los junteros nacionalistas confunden la autonomía municipal con la del equipo de gobierno», afirman fuentes de Txipio Bai. En el pleno, al igual que ocurrió el jueves, fueron los representantes de la oposición, que suman mayoría, quienes apoyaron estos puntos.
Lo que ocurre es que «aún no consta ningún escrito oficial de salida a la Diputación ni al Gobierno Vasco en el que el alcalde, a quien corresponde trasladar estas comunicaciones, dé cuenta de este acuerdo adoptado por el pleno en mayoría», explican los conservacionistas.
Por ello, la incertidumbre sobre la ilegalizada urbanización y sobre los terrenos que la acogen aún envuelve a la localidad. El alcalde, el jeltzale Juanjo Ezpeleta, niega rotundamente que la intención de su partido sea construir más en la zona. Según explicó, «un nuevo equipo redactor entrará este mismo año a elaborar un planeamiento para Barrika. Los especialistas deberán resolver las alegaciones planteadas al anterior avance y acatar la Sentencia del Supremo para esta zona del litoral, teniendo en cuenta las peticiones, tanto de vecinos, como de ecologistas».
Sin «presiones»
Pero los conservacionistas no están dispuestos a esperar tanto para ver la zona blindada al ladrillo, y además temen que el PNV, al mando de la Diputación y el Ayuntamiento, mantenga un doble juego. Mientras unos alegan que primero hay que modificar el planeamiento municipal para cambiar el PTP, el Consistorio mantiene colgado en su página web que «el Supremo anula la ordenación urbanística hasta ahora vigente en Muriola. Sin embargo, permanecen y prevalecen las determinaciones del PTP, que clasifica el suelo como urbanizable residencial».
El regidor, por su parte, afirma que «aquí no se está jugando a nada, ni permitiremos que se juege con Barrika. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos. No vamos a construir más en la zona, la vamos a proteger porque somos los primeros interesados, como ya apoyamos en su día, pero todo se hará a su debido tiempo y como decidan los especialistas. No admitiremos presiones ni amenazas de nadie».




* El Correo - 20.02.10
Foto: Los chalés de Muriola afectados por la sentencia del Supremo. :: PEDRO URRESTI, elcorreo.com