LAVOZDEGALICIA* : La apuesta del Gobierno de Feijoo por aplicar una ordenación restrictiva en los 84 concellos en los que tendrá incidencia el plan del litoral se concretará, de entrada, en el mantenimiento de la prohibición de construir en 1.220 de las 3.339 hectáreas de suelo urbanizable y urbano no consolidado que paralizó el bipartito de forma preventiva con la ley de los 500 metros.
La nueva planificación, que la Xunta presentó ayer a los alcaldes y a otras autoridades institucionales y políticas, levantará el veto al ladrillo con muchas restricciones en 1.883 hectáreas, que equivalen al 56% del ámbito de actuación de la norma cautelar todavía en vigor.
En todo caso, la edificación quedará restringida a actuaciones puntuales que se considere que mejoran ambiental y paisajísticamente el entorno. Los técnicos de Medio Ambiente descartan nuevos desarrollos residenciales y piensan en obras singulares, como la recuperación de lonjas o viejos locales dedicados a oficios propios de cada zona. En ese perímetro de suelo más próximo a la ribera marítima, el plan permitirá construir en 1.000 hectáreas de suelo urbanizable y urbano no consolidado, aunque con las condiciones que ahora debe concretar con cada ayuntamiento.
Pero el ámbito de gestión del plan del litoral traspasa la línea trazada para la prohibición transitoria que el bipartito impulsó en mayo del 2007, y que el Ejecutivo de Feijoo empezará a retirar a partir de marzo para incorporar las nuevas restricciones. Así, el documento inicial que Medio Ambiente ha comenzado a enviar a los concellos paraliza el desarrollo de 1.740 hectáreas más allá de ese perímetro de los 500 metros a los que limita su efecto la norma cautelar. Fuera de esa franja, el plan también restringirá la edificación en 1.182 hectáreas que clasifica como áreas de mejora ambiental y paisajística. El documento inicial deja al ladrillo 4.673 hectáreas incluidas como áreas de ordenación más allá de los 500 metros, y que coinciden con los bordes urbanos.
428 situaciones diferenciadas
La presentación en sociedad del plan, que contó con la asistencia de alcaldes de los tres partidos con representación parlamentaria, volvió a poner de relieve la complejidad técnica de un documento que afecta a 212.000 hectáreas que se han repartido en 428 unidades de paisaje. Se trata de 428 situaciones diferenciadas en las que Medio Ambiente trabajará ahora con los 84 concellos, para detallar con cada uno la incidencia del plan. Como Feijoo apuntó al cierre del acto, el plan «non clasifica nin cualifica solo, tarefa que lle corresponde aos concellos que, dentro das súas competencias, deben establecer o modelo do seu planeamento municipal».
Si se cumple el itinerario que traza la Xunta, Galicia dejará a finales de año o principios del 2011 de ser el único territorio del arco atlántico europeo sin reglamento para proteger su costa.
* La Voz de Galicia - 26.01.10
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
La Xunta liberará con restricciones el 56% del suelo paralizado en el litoral
Imputan al alcalde de Teror por permitir obras en suelo rústico
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El titular del Juzgado nº1 de Arucas, José Juan Suárez Ramos, imputó ayer al alcalde de Teror, Juan de Dios Ramos, los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por dar licencia de construcción a su hijo, Abundio Ramos, para edificar una vivienda en Arbejales, donde no se podía urbanizar en 2003 porque se tramitaban las Normas Subsidiarias del municipio y el suelo era rústico.
El hijo del edil solicitó licencia para rehabilitar un alpendre debido a que en el solar cedido por su padre no podía construir, pero, paradójicamente, la gañanía se encuentra a 200 metros de distancia y con un barranco en medio de donde edificó la vivienda en el barrio de Arbejales, según las pesquisas llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
El juez también tomó declaración al hijo del regidor y al arquitecto municipal, Germán Acosta Padrón. En concreto, el magistrado imputa a Abundio Ramos un delito contra la ordenación del territorio y al arquitecto le acusa de falsedad documental, colaborador necesario y negociaciones prohibidas a un funcionario. Debido a que las declaraciones se prolongaron hasta las tres de la tarde, el juez emplazó para otro día al que entonces era concejal de Urbanismo, Armando Santana Yánez.
Tanto Juan de Dios como su hijo y el arquitecto municipal que dirigió la obra de edificación culparon al redactor del proyecto de rehabilitación, que ya falleció. Con todo, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil dice en un informe que la operación para edificar la casa del hijo del alcalde esconde un "plan encubierto".
El concejal de CCN, Cornelio Santana, que fue quien denunció ante el Juzgado de Arucas, carga la responsabilidad en Ramos como promotor de la vivienda porque aunque se tramitan las licencias a nombre del hijo, en 2006 el alcalde redactó las escrituras de donación.
* La Provincia - 26.01.10
Foto: Teror (Gran Canaria) - wikipedia.org
Alicante: Castedo activa la instalación de Ikea en Rabasa pese a su paralización judicial
INFORMACIÓN* : El centro comercial de Ikea se instalará en el plan Rabasa o en ninguna otra parte del municipio, por lo que si la sentencia judicial pendiente fuera desfavorable al Ayuntamiento, la multinacional del mueble tendría que optar por otro municipio, pero si le fuera favorable, se habría ganado tiempo para su instalación.
Este emplazamiento obligado en Rabasa se recoge en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, junto con el convenio para su implantación en Alicante, el pleno municipal del viernes acordará exponer al público antes de su aprobación.
El revés judicial sufrido con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de paralizar cautelarmente el proyecto de Ikea en Rabasa no le impide a la alcaldesa reactivar su tramitación. Así, la primera edil propondrá al pleno municipal previsto para el viernes que se sometan a exposición pública para alegaciones los dos documentos necesarios para que la mercantil escandinava pueda abrir sus puertas en la ciudad, una modificación puntual del PGOU vigente para hacer viable la implantación y un convenio con las obligaciones de las tres partes interesadas, el Ayuntamiento, Ikea, y Enrique Ortiz como administrador de la adjudicataria del plan Rabasa.
El inicio del procedimiento para aprobar estos dos documentos se ha retrasado considerablemente, fundamentalmente por la polémica que suscitó entre los comerciantes este centro comercial, ya que inicialmente se preveía sacar esta exposición pública en septiembre del pasado año. Por lo que respecta al PGOU, el cambio que se introduce es modificar el artículo 95 para autorizar un centro comercial de la máxima categoría en el plan de Rabasa con fachada a la circunvalación, en el tramo entre el enlace con la autovía A-77 y la avenida de la Universidad. Al mismo tiempo, la modificación prohíbe más hipermercados en cualquier otra zona del municipio. Esta prohibición ya no se puede amparar en la saturación comercial de la ciudad, como inicialmente pretendía el Ayuntamiento, dada la plena libertad que la nueva Ley de Comercio del Consell establecerá por exigencia de una directiva de la UE, sino en razones del impacto por el tráfico o por causas medioambientales.
En la propuesta de acuerdo de esta modificación del PGOU se señala que esta decisión se puede llevar a cabo, pese a la paralización judicial del plan Rabasa, porque es una "actuación de planeamiento", y se añade que la resolución del TSJ sí afecta a la ejecución del plan Rabasa, que el Ayuntamiento se compromete a respetar.
Esta modificación del PGOU significa que Ikea sólo puede instalarse en los citados terrenos del plan Rabasa, salvo que se vuelva a modificar otra vez el PGOU, se anule lo que ahora se acuerda y se vuelva a empezar de cero. Pero en las actuales condiciones, si los tribunales vetan Rabasa, a la mercantil no le quedaría otra salida que buscar otro municipio. A este respecto hay que recordar que el Ayuntamiento de Benidorm ha llegado a un acuerdo con Enrique Ortiz, que ofrecería terrenos para una posible ubicación de Ikea en este municipio. Todo apunta, por tanto, a que Ikea se ubicará en suelo de Ortiz sea cual sea el fallo judicial.
* Información - 26.01.10
Foto: Terrenos del plan Rabasa en los que se autorizará la implantación de Ikea si la resolución judicial lo permite ANTONIO AMORÓS, diarioinformacion.com
Málaga: Las órdenes de derribo afectan a los diseminados pendientes de legalizar
SUR* : La cuidadosa actuación de la Guardia Civil y de la Fiscalía malagueña para detectar y denunciar las edificaciones construidas en suelo no urbanizable en los últimos años no sólo afecta a viviendas aisladas, sino también a las catalogadas dentro del conjunto de núcleos diseminados de la capital.
La aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que prohíbe las viviendas en los suelos no urbanizables protegidos, está resultando también inflexible para los diseminados de Málaga, que creían que iban a poder escapar de la norma por tratarse de zonas cuya legalización está prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, todavía vigente.
Según fuentes consultadas, a los propietarios de viviendas en estos núcleos diseminados, de los que el citado plan del 97 clasifica un total de 31 para su regularización mediante un plan especial, están llegando en los últimos meses órdenes de demolición de los juzgados que están causando un gran temor en los vecinos. Uno de los despachos de abogados expertos en urbanismo de la ciudad, el de Juan Ramón Fernández-Canivell, está tratando una decena de estas órdenes. «El problema es que la Fiscalía no tiene en cuenta que son suelos pendientes de legalizar por la Administración y abre directamente la vía penal para sancionar el delito», expuso el letrado Álvaro Ruiz, quien agregó que los vecinos pueden enfrentarse incluso a penas de cárcel por edificar fuera de la ley.
Este tipo de delitos no prescriben cuando la vivienda está en suelo rústico protegido, y el plan metropolitano que aprobó la Junta de Andalucía el año pasado marcó una gran cantidad de terrenos con esta calificación, por lo que afecta a un buen número de viviendas. «Hay casas que están en suelos que son protegidos desde hace un año, pero que llevan construidas incluso décadas. Sin embargo, las órdenes de derribo están llegando ahora», agregó Álvaro Ruiz.
El PGOU del año 97 catalogó un total de 31 núcleos diseminados en la capital con el fin de someterlos a la redacción de planes especiales para su legalización. Sin embargo, según fuentes consultadas, no se ha llegado a aprobar prácticamente ninguno de estos planes, con la salvedad de la regularización del núcleo de Los Gámez al considerarlo como suelo urbano en el nuevo PGOU, que está pendiente de aprobar por la Junta.
Catalogación
El nuevo plan general reconoce un total de 27 diseminados de los que sólo propone regularizar nueve al ser los únicos que se amoldan a las condiciones impuestas por la LOUA. Según el nuevo PGOU, 1.311 vecinos habitan las 684 casas de los diseminados catalogados, pero sólo podrían legalizarse 168 casas en las que residen 417 personas, la tercera parte.
Una vía de escape para los afectados consiste en la tramitación de los planes de regularización previstos en el PGOU vigente del 97. De hecho, algunos diseminados están elaborando por iniciativa propia estos planes para presentarlos al Ayuntamiento antes de que entre en vigor el nuevo Plan General. Por parte del Consistorio, existe el compromiso de darles trámite, pero puede que luego se encuentren con un informe negativo de la Junta que tumbe las esperanzas de legalizar las casas y salvarlas de la piqueta. Así lo reconoció ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien lamentó que sea ahora cuando los vecinos han activado la redacción de los planes en vez de haberlo hecho a lo largo de los últimos diez años. «Ahora están desesperados», señaló.
No obstante, desde el despacho de Juan Ramón Fernández-Canivell aportaron como solución para los casos de órdenes de derribo la contemplada en la propia normativa del plan metropolitano de la Junta, que indica que pueden ser excluidos de las zonas de protección territorial los sectores que contengan viviendas realizadas «irregularmente en suelo no urbanizable» y que estén identificadas como tales por los ayuntamientos, con el fin de darles un tratamiento urbanístico tendente a su legalización. Con este argumento, intentan dejar en suspenso las órdenes de demolición, de las que ya hay cinco firmes en la capital, como ayer adelantó este periódico.
* SUR - 26.01.10
Foto: La actuación de los agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía está ampliando y reactivando los expedientes de demolición de casas realizadas fuera de la ley. :: SUR
Dos décadas esperando el inminente derribo
ELPAÍS/Madrid* : José Manuel López vive en un continuo sobresalto. No come desde hace casi una semana. Y eso que su madre le persigue con un bocadillo de jamón de York y un zumo de naranja por todo el edificio. José Manuel, superada la cuarentena e ingeniero, está inquieto porque su casa se va a demoler. Un edificio propiedad del Empresa Municipal de la Vivienda en el que vivió con sus padres desde 1958.
"Esto es muy indignante", dice mientras se pasa el dorso de la mano por la cabeza y enumera lo que es tan indignante: "¡El Ayuntamiento se ha comportado como un casero que hace mobbing a sus inquilinos para que desalojen!", exclama y entonces, junto a otra vecina, Pilar Jiménez, enumera los delitos del Consistorio: "Metieron aposta población marginal y han dejado que el edificio acabe en ruinas".
La casa, en la avenida de San Diego, en Puente de Vallecas, tiene una placa en uno de sus costados que data de 1991. Allí ya se advierte de que el inmueble se va a derruir. Pero la Administración ha ido dilatando la "inminente" demolición. Ha ido tan despacio, que hasta 19 años después no se han planteado apuntalar los bloques, que se levantan en medio de lo que el Ayuntamiento aspira a que sea un "ecobarrio".
El gerente de la EMVS, Juan José de Gracia, describe con mucha sencillez su enfoque: "El edificio está en ruinas y hay que tirarlo. Quienes tienen derecho a piso y quienes no lo tienen viene dado por una serie de parámetros objetivos". Sin embargo, José Manuel, a quien el Ayuntamiento ya le ha advertido que no le toca piso, acusa al Consistorio de haberle rechazado el último pago de alquiler tras 40 años amortizando su vivienda. "Nosotros entramos con derecho a compra si pagábamos las mensualidades durante cuatro décadas y así lo hicimos", insiste López. En el Ayuntamiento dicen que no saben de qué habla.
Ahora, las casas están adornadas con vigas metálicas y todas sus ventanas y puertas están tapiadas con cemento. Bueno, no todas. Un pequeño hueco interior permite a los viejos vecinos y a los numerosos okupas introducirse en los pisos. La fachada, a pesar de las nubes grises de cemento que intentan convertirlo en un cubo estanco, está llena de ropa secándose al aire.
No es la única que ofrece ese aspecto en la calle y las vías cercanas. Al menos media decena están en idéntica situación y muestran la misma plaquita añeja que advertía de su inminente derribo... hace 19 años. También de su reciente caída en desgracia. Esta vez, parece que definitiva, aunque su desahucio estaba marcado para el pasado 13 de enero y por el momento vuelve a estar paralizado en espera de que se resuelvan otros trámites administrativos.
Unas trabas que quedarían resueltas si hubiese una resolución de ruina inminente, que es en opinión de los vecinos lo que persigue el Ayuntamiento. Además, las obras del ecobarrio avanzan a pocos metros de las casas y ya se levantan bloques nuevos.
* ELPAIS.com - 25.01.10
Foto: Vecinos pasean por los muros tapiados del edificio de Vallecas del que les van a desahuciar.- ÁLVARO GARCÍA, elpais.com
Huelva: La crisis y los planes urbanísticos dejan casi la mitad del suelo sin urbanizar
HUELVAINFORMACIÓN* : La crisis del ladrillo, las dificultades económicas y la paralización de los nuevos planes urbanísticos están propiciando que cada vez haya más suelo disponible para urbanizar en la provincia de Huelva. Según los últimos datos de la Dirección General del Catastro (cerrados a noviembre de 2009), Huelva tiene vacante el 46,36% de su suelo urbanizable, o dicho de otra forma, está disponible casi la mitad de la superficie de las parcelas urbanas de la provincia, que se traducen en 25.741 parcelas sin edificar con 5.730 hectáreas libres.
Un porcentaje que refleja un leve incremento de un punto respecto a los datos correspondientes al mes de agosto de 2008 y que es superior a las medias andaluza y nacional (45,43% y 45,45%, respectivamente) y también mayor de la que la provincia presentaba hace un año (45,57%).
El incremento en la superficie de parcelas urbanas, a través de mecanismos como los planes generales o las reclasificaciones de suelo, que finalmente no han sido construidas -por la falta de financiación para poder edificar- explica el avance en disponibilidad de suelo que ha experimentado el urbanismo onubense. Fundamentalmente, el segundo, ya que han sido escasos los planes a los que se ha dado luz verde. Un caso claro, y prácticamente una excepción, el del municipio de Aroche, que en 2008 tan sólo presentaba el 4,79% de suelo vacante, frente al 18,73% actual. En el resto de localidades de la provincia, pocos cambios hay respecto al ejercicio anterior.
La radiografía provincial deja Ayamonte como el municipio con más posibilidades para edificar. Cuenta con 849,58 hectáreas disponibles, el 76,28% del suelo. En términos absolutos no hay ningún otro municipio con resultados similares, aunque en los relativos le supera Cumbres de Enmedio, con el 84,65% de suelo disponible sin edificar, que se traduce en tan sólo 13,37 hectáreas.
Está claro que la crisis ha frenado la presión urbanística en Huelva, como también ha ocurrido en otras provincias andaluzas como Almería (con el 56,13% de su suelo vacante, el mayor volumen registrado en la región), Granada (51,84%) o Málaga (51,44%), aunque el onubense es bien distinto al perfil urbanístico de Córdoba (donde sólo el 35,50% del suelo está disponible), Cádiz (37,47%), o incluso Jaén (40,29%) y Sevilla (41,85%).
El censo catastral valora en 1.057 millones el suelo urbanizable que actualmente existe en la provincia. Un valor que no guarda relación con el valor de mercado (se calcula que no llega ni a la tercera parte de éste), pero que sirve de base oficial para liquidar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y valorar determinadas rentas en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio. A pesar de no contar con el mayor número de parcelas, la capital muestra la valoración más elevada (casi mil unidades que cuestan 155,4 millones). Lepe, sin embargo, casi duplica el número de parcelas que tiene registradas el Catastro, pero su valor se queda en 46,09 millones, lo que sin duda deja una tasación media catastral muy por debajo a la que tiene la capital onubense e inferior a la de Palos de la Frontera, con el segundo valor más elevado de la provincia (122,59 millones) y Lepe, el tercero, con 119,52 millones. Las diferentes valoraciones que se aplican a cada municipio e incluso la antigüedad de los que se denomina la ponencia de valores (donde se recogen los criterios y escalas para determinar el valor general de cada zona) deja curiosidades en la estadísticas como éstas.
Al margen de ellas, lo que prácticamente no deja lugar para dudas es que la recesión económica que, al igual que el resto de España, sufre la provincia de Huelva no sólo ha provocado el cierre de empresas y un desbordamiento de las listas de desempleados, sino que también ha modificado (o al menos retrasado) los planes de expansión de muchas firmas que habían puesto sus ojos en nuestra geografía.
* Huelva Información - 25.01.10
Foto: Terrenos reservados para el futuro desarrollo del Ensanche. - huelvainformacion.es
El ex diputado balear Vicens, citado a declarar como imputado en el 'caso Andratx'
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LAVANGUARDIA/Mallorca* : El Juez de Instrucción nº12 de Palma ha citado a declarar el próximo 16 de febrero, en calidad de imputado, al ex diputado Bartomeu Vicens, en relación a la pieza número 68 del caso Andratx, en la que se investiga una recalificación de solares de dicho municipio, en cuya tramitación intervino la comisión de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca, de la que Vicens formaba parte, según informó el Tribunal Superior de Justicia.
Vicens, que ha sido citado a las 13.00 horas, no había sido imputado hasta la fecha el caso Andratx, donde su principal encausado, el ex alcalde, Eugenio Hidalgo, se encuentra en prisión desde el pasado 28 de diciembre, cuando ingresó en el centro penitenciario de Palma después de que el Tribunal Supremo confirmase la condena de cuatro años de cárcel dictada por la Audiencia Provincial en mayo de 2008, por la construcción de una vivienda en un área rural de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.
Junto a Hidalgo, y por la misma causa, también ingresó en prisión el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, condenado a tres y medio de cárcel. Así, Bartomeu Vicens está imputado en varios casos de corrupción, por los que ha tenido que pagar cuantiosas fianzas para eludir la cárcel.
El pasado 22 de diciembre, abonó dos fianzas de 100.000 euros cada una para poder evitar entrar en prisión por los casos Maquillaje y Son Oms. Pero el ex diputado, que abandonó su escaño en el Parlament el pasado 21 de diciembre, fue condenado cuatro día antes, el día 17 de ese mismo mes, por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a cuatro años y medio de cárcel y a la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años por su implicación en una pieza separada del caso Son Oms.
La sentencia consideró probado que Vicens, mientras ostentaba el cargo de conseller Insular en la pasada legislatura, ordenó el pago de 12.000 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo.
* La Vanguardia - 25.01.10
Foto: Andratx (Mallorca) - diariodemallorca.es
Un promotor se apropia de suelo público en La Vila Joiosa y lo vende
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ELPAÍS/Alicante* : Han pasado cuatro alcaldes desde que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa obtuvo en 1995 la titularidad de 3.740 metros de zona verde en primera línea de mar. La empresa Jónico Mediterráneo, S. L. (que los había comprado el 2 de agosto de 1994) los cedió al Consistorio a cambio de transferir su aprovechamiento a un edificio llamado Varadero. La mercantil ha vuelto a venderlos porque el suelo ha figurado desde entonces como dos parcelas diferentes a nombre de esa sociedad en el Registro de la Propiedad.
La parcela nunca fue anotada en un registro de bienes municipales.
La comisión de gobierno del Ayuntamiento aceptó la cesión de los 3.740 metros de zona verde el 22 de marzo de 1995 a cambio de 1.870 metros cuadrados de aprovechamiento para el edificio Varadero.
Este terreno ya fue objeto de denuncias porque se usó como aparcamiento de una discoteca que gestionaban un concejal del PP y un cargo de confianza del actual alcalde popular, Jaime Lloret. Además, el PP votó en contra de que se iniciaran "cuantas acciones legales correspondan para obtener el uso, disfrute y pleno dominio" de dicho suelo público en un pleno del 3 de enero de 2002. Pero los mismos que desde la oposición criticaron ese mismo año el uso privado de la parcela (PSPV-PSOE, Bloc, Esquerra Unida e Iniciativa Independiente), no hicieron nada por resolverlo cuando formaron gobierno tras las elecciones de 2007.
Es más, a pesar de ser un solar de titularidad pública, el propietario volvió a vender las dos parcelas el 9 de noviembre de 2007, es decir, cinco meses después de formarse el cuatripartito. Según el Registro de la Propiedad, Rancallosa, SL compró 1.517 metros y Estudiantes Beach, SL otros 1.378. Ambas sociedades están promoviendo justo al lado la construcción del hotel Elbim. El complejo estuvo paralizado casi diez años por exceso de obra, pero fue legalizado poco antes de las elecciones de 2007 por el anterior alcalde popular, José Miguel Llorca.
En la actualidad, lo que debería ser una zona verde en primera línea de playa está vallada y es usada por las obras del hotel. Su promotor asegura que en el terreno instalará una carpa de uso privado. Juan Pérez Flores, apoderado de Rancallosa, manifestó a este periódico que actuó "de buena fe" comprando la zona verde pública porque "estaba a nombre de una mercantil".
El representante de Jónico Mediterráneo, Joaquín Garmendia, considera que no ha vulnerado la ley "porque el registro de la propiedad nos reconoce la titularidad de la zona verde".
El grupo ecologista Xoriguer denunció en diciembre 2008 posibles irregularidades en la construcción del hotel Elbim y ahora pide que "se investigue cómo es posible que una parcela de 3.740 metros que debería ser de propiedad pública aparezca en manos privadas".
Este periódico ha intentado sin éxito conocer la opinión del concejal de Urbanismo de La Vila, Jerónimo Lloret.
* ELPAIS.com - 25.01.10
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), - diarioinformacion.com
Un tribunal juzga a la ex alcaldesa de Cártama por dos delitos urbanísticos
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MÁLAGAHOY* : La diputada provincial del Partido Popular y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Cártama (Málaga), Leonor García Agua, será juzgada mañana martes por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio por los que la Fiscalía le pide dos años de cárcel y otros 16 de inhabilitación.
Los hechos que han originado este procedimiento judicial se remontan a junio de 2003, periodo en el que García Agua era alcaldesa de Cártama. Entonces, de acuerdo con el escrito provisional de acusación emitido por el Ministerio Fiscal, firmó dos decretos de segregación de fincas en suelos de protección especial por formar parte de los regadíos del Guadalhorce.
En el primer decreto expedía licencia municipal a una vecina del municipio para que segregara de una finca cinco parcelas de entre 2.500 y 7.400 metros de superficie cada una. En el segundo autorizaba a la misma vecina a separar otros dos solares, de 5.000 metros cada uno, en esos mismos terrenos. El fiscal indica en el escrito de acusación que la finca está situada en tierras clasificadas como no urbanizables de protección especial compatible con paisaje agrario singular, por lo que tanto las normas subsidiarias que imperaban en 2003 como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que acababa de entrar en vigor entonces prohibían "cualquier parcelación urbanística".
Según la acusación, esta circunstancia "no podía ser ignorada por la acusada". Además, resalta que "prescindió absolutamente del procedimiento legalmente" establecido para la concesión de las licencias", ya que dio luz verde a ambas licencias sin contar con los informes técnicos y jurídicos preceptivos, una circunstancia que se recoge "expresamente en los decretos".
Tanto la ausencia como la necesidad de estos informes técnicos le fue advertida a la ex alcaldesa de Cártama en cada uno de los expedientes por el secretario del Ayuntamiento, de acuerdo con el escrito de acusación provisional. La Fiscalía entiende que estos hechos son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio y reclama por cada uno de estos hechos un año de cárcel y otros ocho años de inhabilitación para cargo público. Además, solicita que se determine la nulidad de las dos licencias de parcelación.
El juicio se celebrará mañana a mediodía en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga. El origen de esta causa reside en unas diligencias de investigación que abrió la Fiscalía en 2008 que dieron lugar a la interposición de una denuncia tramitada por el Juzgado de Instrucción número 11.
* Málaga Hoy - 25.01.10
Foto: Cártama (Málaga) - malagapueblos.com
Ciudadanos de Villena se alían con Xixona y El Campello contra las basuras de Castelló
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LEVANTE* : La Plataforma en defensa del Medio y el Entorno de Villena ha certificado su alianza con homólogos de Xixona y El Campello para el acto público contra la llegada de más basuras que celebrarán el próximo viernes para dar a conocer a la ciudadanía los Las declaraciones del conseller Cotino imponiendo el traslado de residuos de Castelló han echado más leña al movimiento ciudadano y político que ha puesto a Villena en contra de las decisiones de la administración autonómica.
El portavoz de la plataforma villenense, Fernando Úbeda, calificó ayer las manifestaciones de Juan Cotino como de "una irresponsabilidad supina" y "una salida de tono contra la provincia de Alicante", al intentar suplir los errores del Consell con el Plan Integral de Residuos de 1997, que establecía 10 plantas de las cuales, sólo se ha construido la de El Campello. Para Úbeda, Villena, según Úbeda, no "puede ni debe" albergar más basura porque hemos traspasado el límite de la solidaridad con otras poblaciones", en referencia a las toneladas de residuos procedentes de ciudades fuera del zona XII que soporta la planta desde 2005 y que ha ido creciendo año tras año. En la actualidad, dicha infraestructura recibe basuras procedentes del sur de la provincia de Castellón y comarcas valencianas como La Costera, entre otras.
Úbeda señala, además, que la Generalitat "incumple de manera reiterada todos los protocolos urbanísticos y de medio ambiente al consentir que se pueda ampliar la planta de Vaersa sin licencia y sin tener en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Villena. Sobre las reacciones del equipo de gobierno de la ciudad ante esta situación, Úbeda reconoce que no se puede hablar de unidad en sus declaraciones. "Unos dicen que no lo van a permitir, otros callan, hay discrepancia de opiniones y así no se resuelve nada"
Llamamiento
Por último, el portavoz de la plataforma ciudadana quiso hacer un llamamiento a toda la población de Villena para acudir al acto que se celebrará el viernes a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura. Allí, adelantó Úbeda, "haremos público, como hasta ahora, lo que sólo estaba en los despachos, porque parece que el tratamiento de basuras se lleva tan en secreto como la política de interior". Además sus homólogos de Xixona y El Campello, se espera también la asistencia de ciudadanos de la localidad valenciana de Llanera de Ranes, donde la Generalitat tiene previsto construir una gran planta de tratamiento de residuos. "Tenemos que solidarizarnos con las pequeñas poblaciones que sufren o van a sufrir este problema".
Las rotundas manifestaciones de Cotino también encontraron el previsible rechazo del grupo socialista del Ayuntamiento de Villena. Su portavoz, Carlos Beltrán, recordó que ya en septiembre de 2008 se opusieron al convenio firmado por la alcaldesa popular Celia Lledó con el entonces conseller García Antón, que establecía que el Ayuntamiento no se opondría a una posible ampliación de la planta y que "dejaba claro que se podrían traer residuos de otras poblaciones", contemplando para ello una compensación del cinco euros por tonelada. Los socialistas, como ya declaró Beltrán el pasado martes, presentarán al pleno del próximo jueves una propuesta para que se anule el convenio con Vaersa, la empresa que gestiona la planta, en aquellos apartados que le dan "carta blanca para traer basuras de donde quieran". De igual manera, como se anunció la semana pasada, está previsto que Los Verdes hagan lo propio en la misma sesión del jueves.
La alcaldesa de Villena, la popular Celia Lledó, ha evitado pronunciarse en el última semana sobre el aluvión de noticias generadas ante la llegada de más basura procedente de otras provincias, aunque sí lo han hecho miembros de su equipo de gobierno como la concejal de Medio Ambiente Mari Paz Poveda, posicionándose claramente en contra. Pese a todo, y tras las rotundas declaraciones de Cotino, el gabinete de prensa del Ayuntamiento confirmó que la alcaldesa, conocedora ayer mismo de las palabras del conseller, prefería esperar hasta hoy para profundizar en el tema y pronunciarse, presumiblemente, hoy mismo.
* Levante-EMV - 25.01.10
Foto: Residuos que se amontonan en la planta de Villena. cruces-ernes, levante-emv.com
La muerte de los principios
ENRIC HERNÀNDEZ* : El debate político-mediático en Cataluña y en el resto de España -ahí apenas opera el fet diferencial- se asemeja cada vez más a un tiovivo viejo y oxidado: los caballitos, desconchados, ruedan siempre en el mismo orden, y la música, aunque ensordecedora, no acalla el chirrido de los engranajes. Transmutados en charlatanes de feria, ciertos políticos vociferan a diario justo aquello que creen que el público quiere oír, y la altisonante propaganda oficial apenas camufla sus incongruencias y contradicciones internas. Pero, comoquiera que el auditorio es diverso y las opiniones plurales, los partidos acaban pregonando una cosa y la contraria, en un cínico ejercicio que fía su éxito en la complicidad gremial del adversario y en la estulticia del populacho.
Es así, con mentiras, medias verdades y discursos hueros diseñados de cara a la galería, como la política deviene una repetición de eslóganes y tópicos, un bucle cansino de exabruptos y reproches, una noria falsaria que de tanto girar sobre sí misma se condena al repudio ciudadano. Por caricaturesco que parezca, los episodios recientes de Vic y Ascó respaldan la fidelidad de esta cruda descripción.
Con pretexto o sin él, cíclicamente algún partido -generalmente de la derecha- activa el resorte psicológico del rechazo a la inmigración... ilegal, aunque la coletilla sea sólo para guardar las formas. A continuación, su rival -que gusta definirse de izquierdas- lo tacha de xenófobo y abandera el discurso de la integración. Al final, el que gana las elecciones acaba poniendo trabas a los inmigrantes cuando la situación económica o las encuestas así lo aconsejan.
En 2002, en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas, el ascenso en Francia del ultraderechista y xenófobo Jean-Marie Le Pen llevó al Gobierno del PP a acuñar el falaz binomio inmigración/delincuencia, cuando el único maridaje indisoluble es el que une clandestinidad y marginalidad. El PSOE, entonces en la oposición, se llevó las manos a la cabeza; CiU, en su día adalid del papeles para todos, propuso después imponer un carnet por puntos a los inmigrantes; Mariano Rajoy plagió la idea en 2008 con un tuneado "contrato de integración", y José Luis Rodríguez Zapatero, que abominó de esa propuesta, endureció su política migratoria tras constatar que la firmeza del PP había hecho mella entre el electorado socialista. El Gobierno del PSOE abogó entonces por combatir, cómo no, la inmigración ilegal, pero paradójicamente cegó la única (y tortuosa) vía administrativa que permitía regularizar, por ejemplo, a las empleadas del hogar.
El último capítulo de la instrumentalización del extranjero como arma electoral no se ha inspirado en ningún ultra francés, sino en un franquista catalán cuyo auge ha hecho perder los papeles a las autoridades de Vic. El alcalde, de CiU, en connivencia con sus socios del PSC y ERC, amenazó primero con delatar a los sin papeles para lograr su expulsión; luego, con excluirlos del padrón, aun garantizándoles el acceso a la sanidad y la educación, y al fin, cuando hubo de rectificar, reconoció en estas mismas páginas que su verdadero propósito es dejar de prestar servicios a los inmigrantes.
La fallida maniobra de Vic ha servido, en todo caso, para que supiéramos que otros muchos municipios venían entorpeciendo el ingreso de los extranjeros en el padrón. Y también para que el PP y CiU, con mayor o menor sutileza, aboguen por endurecer la ley -la misma, por cierto, que los nacionalistas votaron el mes pasado en el Congreso- con el muy sesudo argumento de que "aquí no caben todos". Por ahora, los socialistas les afean la conducta, pero la experiencia indica que no tardarán en abrazar sus postulados.
A ese afán de contentar a todos por igual responde también el vodevil del cementerio nuclear. El alcalde popular de Yebra (Guadalajara) lo quiere para sí, mientras la dirección del PP se opone pero le deja hacer. El alcalde convergente de Ascó y sus aliados socialistas, también, y mientras CiU se niega en público y lo autoriza en privado, el PSC calla. Es la táctica del catch-all party: para no perder ningún voto se abraza una ideología y la contraria, lo que equivale a prescindir de toda ideología. Muertos y enterrados los principios, lo extraño es que sólo un 30% de los catalanes perciban la política como un problema.
* ELPAIS.com - Cataluña - 24.01.10
Más de 6.000 personas piden que Ascó no acoja el almacén nuclear
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ABC/Tarragona* : En un ambiente festivo, pero a la vez reivindicativo, los manifestantes, con pegatinas que indicaban "No al cementerio nuclear" y pancartas alusivas al mismo tema, han hecho oír su voz con lemas como: "Ascó, Cataluña dice que no" y "Alcalde dimisión". Una furgoneta con un ataúd negro y tres bidones supuestamente con residuos radiactivos, un piragüista con su piragua y una máscara antigás y dos gigantes han puesto la nota de color, mientras la música ha amenizado el recorrido, entre el Casal y la Plaza de la Iglesia de Ascó.
Y si de las calles de Ascó colgaban pancartas 'oficiales' con la leyenda "Sí ATC", el sentir de los vecinos era muy diferente. Así, uno señalaba que "no pueden hacer lo que quieran con los votos.
Habría que colgarlos a todos", otro preguntaba "por qué no ponen empresas, en vez de nucleares", y un tercero afirmaba que "esta comarca ha cumplido de sobras su cuota nuclear. Es una vergüenza".
El ayuntamiento de Ascó tiene previsto aprobar el próximo martes en un pleno extraordinario la presentación de su candidatura para acoger el ATC, instalación a la que ya opta oficialmente la localidad de Yebra (Guadalajara).
Una pancarta con los lemas "No al cementerio. No a las nucleares", que llevaban los convocantes, abría la marcha. Detrás, otra que rezaba "No cementerio nuclear" la portaban, entre otros, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, y el líder de ICV, Joan Herrera.
Para el portavoz de la CACN, Sergi Saladia, la manifestación es una manera de "presionar para que se retire la convocatoria y no se celebre el pleno. Y si la mantienen, el martes nos concentraremos ante el ayuntamiento para mostrar nuestro rechazo y el de 62 consistorios, siete consejos comarcales, un centenar de entidades y el Parlament de Cataluña, y para denunciar que la toma de esta decisión no puede quedar en manos de nueve personas".
Saladia ha añadido que "espera que CDC lleve a la práctica" la suspensión de militancia de sus concejales en Ascó si el martes aprueban presentar la candidatura al ATC, como anunció Felip Puig.
Para Saladia, el ATC tendrá una capacidad de 6.700 toneladas y ha denunciado la "hipocresía" de las eléctricas, que "ganan 600.000 euros al día con una central nuclear" y presionan al Gobierno para que les resuelva el problema de los residuos.
Entre pancartas en las que se leía "No queremos más mierda en la Ribera" o "No todo tiene precio", Saladia ha añadido que "los grupos en el Ayuntamiento de Ascó no llevaban en su programa electoral el ATC, por lo que no están legitimados para ser la voz de un pueblo y, en todo caso, se le tendría que consultar".
El presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha dicho "estar convencido de que el Gobierno tendrá que acatar y cumplir" la resolución de marzo pasado de la Cámara catalana, aprobada por CiU, ERC e ICV, en contra de la instalación de un cementerio nuclear en Cataluña.
"Presionaremos para que haya un pronunciamiento claro y nítido por parte del Gobierno catalán. El miércoles en sesión plenaria le haré la pregunta al respecto al presidente Montilla", ha afirmado Puigcercós, para quien "la trascendencia de una instalación de este tipo va más allá de un municipio".
Por su parte, el líder de ICV, Joan Herrera, ha apuntado que "es una decisión del país, no solo de Ascó, y no puede ser que un solo municipio tenga todos los residuos del Estado y menos sin saber hasta cuándo se generan".EFE
* ABC - 24.01.10
Foto: Imagen de la marcha que ha tenido lugar en Ascó para protestar contra la iniciativa de ubicar en esta localidad el nuevo cementerio nuclear - lavanguardia.es
Carratraca, cuna de la insurrección urbanística
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ELPAÍS/Málaga* : "Qué bien se vive sin jefe ¿eh?". El barrendero municipal de Carratraca, uno de los 12 empleados de este ayuntamiento malagueño de 860 habitantes, lleva dos días aguantando la misma broma de sus vecinos. El viernes, tres días después de que el alcalde, Óscar Román, de IU, presentara su renuncia al cargo y dejara al municipio sin dirección política, el Ayuntamiento funcionaba a medio gas.
Los administrativos recogían solicitudes de los vecinos que quedarán sin contestar hasta que se nombre -si se nombra- nuevo regidor; y Rafael, el empleado de servicios operativos, a falta de alcalde, preguntaba a Antonia, la secretaria municipal, si debía ir a reparar unas tuberías que habían quedado al aire con las últimas lluvias y a qué trabajadores contratar. Mientras tanto, el despacho de Román en la casa consistorial -un edificio neo-árabe antigua residencia de verano de la burguesía malagueña- permanecía a oscuras.
Óscar Román, un guarda forestal de 45 años, casado, y con dos hijas y un nieto, se ha convertido en el protagonista político de la semana al ser el primer alcalde que lleva su rebelión política contra la ley del suelo andaluza al plano de los hechos. El martes pasado, en un pleno abarrotado, dejó el cargo de alcalde porque no quiere ser "el verdugo" que ejecute un centenar de expedientes sobre irregularidades urbanísticas en su municipio. Los infractores son casi todos vecinos de la localidad, y algunos, gente próxima al propio alcalde.
Antes de renunciar al cargo, aunque no al acta de concejal, Román redactó un decreto aceptando la renuncia de su teniente alcalde, Francisco Duque (IU). Con este cese, de las tres instituciones municipales de obligada existencia que contempla la ley -alcalde, teniente alcalde y pleno-, sólo quedaba esta última, con competencias muy limitadas. El próximo miércoles a mediodía, el pleno se reúne para nombrar un nuevo regidor.
Ayer por la tarde, la asamblea local de IU -primera fuerza política en Carratraca con tres concejales- celebró una reunión. En ella debían decidir si se pliegan a las presiones de la dirección provincial y presentan un candidato a alcalde, que se vería obligado por ley a aplicar la disciplina urbanística, o rechazaban el primer sillón municipal. Los dos ediles que tienen respectivamente PP y PSOE están dispuestos a asumir la alcaldía, aunque para ello, las direcciones provinciales de ambos partidos exigen "garantías de gobernabilidad y estabilidad".
La rebelión de Román ha sorprendido sólo a medias a los alcaldes de pequeños pueblos del interior, también acuciados, incluso judicialmente, por expedientes urbanísticos. José Manuel Aranda (PSOE), regidor de Canillas de Aceituno, en la Axarquía, entiende la postura de Román "desde el punto de vista personal". Políticamente, sin embargo, es contrario: "La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es anterior a las elecciones. Si no quería aplicarla, no debía haberse presentado", afirma Aranda, que no descarta que algún día en otra localidad "dimita no sólo el alcalde, sino toda la corporación".
Por su parte, Antonio Benítez, regidor de Alfarnatejo y también socialista, recuerda que "en los pueblos pequeños, cuando los vecinos tienen problemas, no acuden al Ayuntamiento sino a la casa del alcalde". Al igual que otros regidores, Benítez opina que con la ley urbanística vigente "el interior está pagando los excesos de la costa".
En el despacho sin luz de Óscar Román dos cajas de color naranja se apilan en una esquina. Son los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Carratraca. Su redactor, el arquitecto Salvador Moreno Peralta, critica que la Consejería de Cultura declarara el casco urbano del pueblo -con varios edificios interesantes, como el balneario de aguas sulfurosas- conjunto histórico artístico: "para poder cambiar la puerta de una casa vulgar y corriente, los vecinos tienen que pedir permiso a la comisión de Patrimonio, es tremendo", afirma. El colmo de la "hipocresía", según Moreno Peralta, es que obliguen a rebajar una planta al edificio de las termas y se hayan permitido 32 aerogeneradores en la sierra que domina el pueblo o un parque solar junto al casco histórico.
* ELPAIS.com - 24.01.10
Foto: Carratraca (Málaga) - andaluciarustica.com
El juzgado da un último plazo de diez meses al Concello de Caldas para derribar el edificio ilegal de la calle Real
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LAVOZ/Pontevedra* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Pontevedra ha vuelto a poner contra las cuerdas al Ayuntamiento de Caldas por el caso del edificio ilegal de la calle Real. Pese a que el Concello se había comprometido a cumplir la sentencia y a derribar «parcialmente» el inmueble ubicado en el número 57, los tiempos que manejan ambas partes parecen ir por caminos distintos.
Una providencia del pasado 23 de noviembre, que trascendió ayer, concede a la Administración local «un último plazo de diez meses» para que ejecute el fallo. El magistrado especifica que el cumplimiento de la sentencia tiene que hacerse «dentro de dicho plazo (dándole prioridad con respecto a otros asuntos) y en su totalidad». También obliga al Ayuntamiento a informar mensualmente al juzgado acerca del estado de la ejecución del fallo, dentro de los cinco primeros días de cada mes.
La resolución, que expresamente se tuvo que notificar al alcalde, el socialista Juan Manuel Rey, advierte al regidor de que el incumplimiento de la obligación de informar cada mes «supondrá la imposición de multas, en la cantidad inicial de 600 euros».
Recurso de súplica
El Concello disponía de un plazo de cinco días para recurrir esta resolución y para hacerlo era obligatoria la constitución de un depósito de 25 euros en la cuenta del juzgado. El partido Independentes de Caldas (ICdR), que hizo público el contenido de la providencia, no precisó si finalmente se interpuso el recurso de súplica.
El caso, que heredó el actual alcalde de su predecesor, José María Tobío, se remonta a hace ocho años. El 19 de febrero del 2002 una sentencia anuló la licencia otorgada por la comisión de gobierno a la empresa Promotora Caldense S.???L. por haber incumplido la normativa del fondo edificable. Según el fallo se permitió un inmueble con un fondo de 21,85 metros por la calle Real y de 32 por la de Porto do Río, cuando las normas subsidiarias municipales prevén para estos viales un fondo de 14 y 24 metros, respectivamente.
El Ayuntamiento pretendía legalizar el inmueble, que está acabado pero sin habitar, con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que está en tramitación. Según la tesis de los técnicos municipales, el derribo es incompatible con la nueva normativa urbanística pendiente de aprobar, por lo que la única salida, que no prosperó, era solicitar la inejecutabilidad.
* La Voz de Galicia - 24.01.10
Foto: El edificio ilegal está ubicado en el número 57 de la calle Real - lavozdegalicia.es
"Los alcaldes no quieren planeamientos para no acabar así con el negocio"
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MÁLAGAHOY* : La corrupción se ha socializado en la Axarquía, así al menos lo afirma el grupo GENA-Ecologistas en Acción en su informe sobre el impacto del urbanismo disperso en suelo rústico en esta comarca. El estudio precisa que no existe una percepción social de la corrupción. Es más, todo indica que la idea de fondo es que "cuanto más se construya o cuanto más se urbanice mejor para la sociedad". Esto explica, por ejemplo, que los escándalos urbanísticos no hayan sido denunciado y hayan permanecido ocultos hasta la intervención de la Justicia.
La corrupción se ha socializado en la Axarquía, así al menos lo afirma el grupo GENA-Ecologistas en Acción en su informe sobre el impacto del urbanismo disperso en suelo rústico en esta comarca. El estudio precisa que no existe una percepción social de la corrupción. Es más, todo indica que la idea de fondo es que "cuanto más se construya o cuanto más se urbanice mejor para la sociedad". Esto explica, por ejemplo, que los escándalos urbanísticos no hayan sido denunciado y hayan permanecido ocultos hasta la intervención de la Justicia.
* Málaga Hoy - 23.01.10
Foto: Axarquía (Málaga) - infoaxarquia.es
180.000 euros de multa por el soborno del campo de golf de Laguardia
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ELPAÍS/Álava* : El campo de golf de Laguardia se quiso impulsar con el soborno a un concejal de Eusko Alkartasuna (EA). Así lo reconoce el juez Jaime Tapia en la sentencia que se dio a conocer ayer por la que considera probado que Gregorio Ochoa quiso comprar el voto del edil Gregorio López en dos ocasiones a cambio de hasta 90.000 euros. El autor de este delito de cohecho ha sido condenado a una multa de 180.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses y un día.
Los hechos se remontan a septiembre de 2007, cuando una tercera persona contactó con Ochoa para que hiciera cambiar el sentido de su voto al concejal Gregorio López, y que éste votara en el pleno del Ayuntamiento a favor de la construcción del campo de golf en la citada localidad alavesa, pese a que su partido se mostraba contrario.
Rechazo del PNV
El PP, impulsor decidido del proyecto, había perdido la alcaldía de Laguardia en ese año, en beneficio del PNV con 4 concejales, apoyado por el de EA, mientras que los populares se quedaban con cuatro. PNV y EA se oponían y se oponen al proyecto. El acusado señaló en repetidas ocasiones a Mario Balza de Vallejo como inductor del soborno, pero el juez le ha absuelto por falta de pruebas.
De este modo, no se conoce quién estaba detrás de los 120.000 euros que manejaba Ochoa para la operación, aunque su ofrecimiento se quedó en 90.000. Según reconoce la sentencia, en una primera reunión, el 28 de septiembre, la cantidad propuesta alcanzó los 60.000 euros. El concejal de EA, advertido de la trascendencia del soborno, lo denunció a la Ertzaintza, que grabó la segunda reunión, el 5 de diciembre de ese año, horas antes de que el pleno se posicionara sobre el proyecto de campo de golf. Entonces, reunidos en la bodega del edil Gregorio López, el condenado le subió el soborno a 90.000 euros, mientras ertzainas grababan en vídeo la conversación, la principal prueba contra Ochoa.
El proyecto se presentó en 2002. Era un millón de metros cuadrados y 100 viviendas, siendo alcalde el popular Javier San Pedro. En 2005, el Ayuntamiento amplió el plan a 500 viviendas. Al final se redujeron a 300, pero la pérdida del poder del PP y el soborno aparcaron la idea.
* ELPAIS.com - 23.01.10
Foto: Laguardia (Álava) - elciego.es
Arousa: Los vecinos de A Torre y Trabanca denuncian las edificaciones ilegales en la zona de Berdón
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FARODEVIGO* : Los vecinos de A Torre y Trabanca Badiña están indignados con la escasa respuesta del Concello de Vilagarcía de Arousa a sus denuncias sobre la ejecución de construcciones ilegales en la zona de Berdón. Exigen que se tomen las medidas pertinentes en estos casos, que pasan por el control de la legalidad urbanística y la paralización de las obras que se llevan a cabo en terrenos no edificables.
El colmo del malestar de estos colectivos vecinales del municipio se produjo por la nueva vivienda que se construye frente al campo de fútbol de Berdón por parte de una familia gitana en una parcela que carece de edificabilidad.
Entrevistas y escritos
Juan Davila, por parte de la asociación de vecinos de A Torre, y Faustino Laya, en representación de la asociación de Trabanca Badiña, cursaron varios escritos en el Concello de Vilagarcía denunciando las edificaciones ilegales y solicitando la aplicación de la legislación vigente, según lo estipulado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal-PXOM.
Los directivos vecinales también se entrevistaron juntos y por separado con los representantes del gobierno municipal para ponerles al corriente del problema generado por el asentamiento de unas treinta familias gitanas en terrenos de monte protegidos en los que se construyen chabolas con la más absoluta impunidad. Pero se sienten defraudados por la escasa repercusión de sus denuncias, dado que las edificaciones continúan llevándose a cabo a la vista de todos.
"No tenemos nada contra las familias gitanas, no somos racistas. Lo único que pedimos es que cumplan la legislación vigente, tal como se nos exige a nosotros que la respetemos; en igualdad de condiciones", declaraban ayer Juan Davila y Faustino Laya.
Ambos directivos señalaron que de todas las denuncias que cursaron en el Concello de Vilgarcía la única que ha tenido efectividad ha sido la relacionada con la construcción de una iglesia evangélica el pasado verano en las proximidades de la Depuradora de Agua Potable, en Trabanca Badiña.
En ese momento el Concello de Vilagarcía, tras cursar la correspondiente inspección, ordenó la paralización y derribo de la construcción dado que las obras, además de carecer de la preceptiva licencia municipal, estaban emplazadas en suelo rústico y dentro de la zona de protección arqueológica del Castro de Curuto, por lo que se trataba de una construcción imposible de legalizar.
Los escritos vecinales sobre las construcciones ilegales fueron también cursadas a otros organismos de la Administración encargados de la protección de los montes, pero tampoco estas reclamaciones tuvieron respuesta.
Sin servicios básicos
Los vecinos ponen de manifiesto que estas chabolas se levantan en suelo protegido que carece de los servicios básicos para la construcción de viviendas, lo que además supone un problema sanitario.
Las asociaciones destacan que estas edificaciones van creciendo paulatinamente con nuevos bloques de ladrillos y chapas y, para colmo en las inmediaciones de las viviendas van apareciendo diversos vertederos incontrolados.
Uno de los más importantes se encuentra detrás del campo de fútbol de Berdón y en él pueden encontrarse todo tipo de desperdicios, algunos de ellos muy contaminantes y próximos a un regato.
La existencia de este vertedero incontrolado, que sigue creciendo con el paso del tiempo, fue denunciada por los concejales del grupo municipal de IU hace ya más de medio año.
* Faro de Vigo - 23.01.10
Foto: La obra ilegal denunciada por los vecinos de A Torre y Trabanba Badiña. // Iñaki Abella, farodevigo.es
Ulibarri dio un pelotazo de 24 millones en Zamora
PÚBLICO* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha comenzado a investigar un posible pelotazo urbanístico en Zamora cifrado en más de 24 millones de euros y del que se habría beneficiado el empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel. Las supuestas irregularidades las habrían cometido el anterior alcalde y su teniente de alcalde, Antonio Vázquez y Ángel Macías, que hoy ya no están en el Ayuntamiento zamorano, aunque el ex regidor es ahora diputado nacional.
El fiscal acaba de notificar la apertura de diligencias informativas y el traslado del asunto a la Fiscalía Provincial de Zamora "para que proceda en su caso a la investigación procedente".
El presunto pelotazo se gestó mediante la sobrevaloración de un edificio todavía por construir que iba a alquilar, con opción de compra, el Consistorio de Zamora a UFC-Begar, una de las empresas de Ulibarri. Según un informe del secretario general del ayuntamiento, fechado el pasado día 11, el consistorio contrató, a dedo y sin tasación previa, el alquiler del futuro edificio durante 25 años por 52,6 millones, pese a que el pliego técnico de condiciones cifraba el gasto total en 28 millones.
Contrato antes de las elecciones
El contrato, suscrito en vísperas de los comicios locales el 6 de marzo de 2007 y sin intervención notarial, nunca llegó a ejecutarse: tras las elecciones municipales, la nueva alcaldesa, también del PP, paró en seco la operación. El jefe del servicio municipal de Hacienda había advertido antes de la firma de que el contrato con UFC era "nefasto" para los intereses municipales. Paradójicamente, el ayuntamiento se arriesga ahora a ser condenado en la demanda interpuesta por Ulibarri, que exige una indemnización por daños y perjuicios.
La denuncia partió del grupo municipal de IU. Los denunciantes basaron su acusación en los informes emitidos por los propios técnicos municipales.
Según los documentos a los que ha tenido acceso Público, entre 2005, cuando se aprobó un procedimiento negociado sin publicidad para alquilar un edificio que se destinara a oficinas municipales, y marzo de 2007, cuando se firmó el contrato, las cosas cambiaron radicalmente: dos empresas se sucedieron en la negociación, la inmobiliaria Remesal y Salas, que según el secretario del consistorio actuaba como intermediara, y UFC.
Cuando entró en escena abiertamente la empresa de Ulibarri, los términos del pliego de condiciones quedaron alterados de manera "lesiva" para el municipio, y así lo subrayan el secretario general, que es el funcionario de mayor rango, y el jefe de servicio de Hacienda.
En términos generales y según el citado informe del secretario, "la oferta presentada en enero de 2006 por la empresa UFC y el acuerdo plenario de 2 de febrero de 2006, al igual que el contrato de marzo de 2007, deben considerarse lesivos para el interés público en lesividad jurídica y lesividad económica".
Fue en 2005 cuando se presentó el primer proyecto, auspiciado formalmente por la inmobilaria zamorana Remesal y Salas. Según esa oferta, el consistorio pagaría 28 millones de euros en total por el alquiler con opción a compra del edificio que debía levantarse en la céntrica calle La Reina y destinado a albergar dependencias municipales. Se trataba de una oferta "aceptable y razonable", según el jefe del Servicio de Hacienda del Ayuntamiento. En 2006, entra en escena UFC. Y la oferta cambia y se encarece en 24 millones.
* Público - 23.01.10
Foto: Solar de la zamorana calle de La Reina donde debía alzarse el edificio. - Ical, publico.es
El TSJ multa a la edil de Urbanismo de Alcoy por incumplir el fallo de La Rosaleda
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LAVERDAD/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha impuesto una multa de 1.500 euros a la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcoy, Eugenia del Castillo, por el retraso en el cumplimiento de la sentencia dictada en el año 2005, que declaraba ilegal el parking de La Rosaleda y obligaba reponer la zona verde. La sanción tiene carácter coercitivo y se repetirá en caso de que en los próximos tres meses no se produzcan avances. El alto tribunal amenaza con denunciar los hechos ante el Ministerio Fiscal, por un posible delito de desobediencia.
La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, ya denunciaba hace unos meses que el Consistorio alcoyano seguía sin acatar la decisión adoptada en septiembre de 2005 por parte del TSJ.
Así, la sala contestaba el 18 de enero que «la táctica de dicho Ayuntamiento ha sido la de plantear incidentes procesales de escaso fundamento y que rozaban la temeridad procesal. De lo anterior y del tiempo transcurrido desde la fecha de la sentencia, que era clara y tajante, se deduce que lo que pretenden las personas que representan a dicha Corporación es sustraerse al mandato de este órgano judicial mediante argucias, dejar las cosas como están en definitiva, con claro desprecio al cumplimiento de la Ley, en una actitud que desgraciadamente se está extendiendo entre determinada clase de representantes público».
Ante esta situación, el alto tribunal ha acordado imponer una sanción de 1.500 euros a la concejal de Urbanismo, Eugenia del Castillo, al considerarla responsable del retraso en la reposición de la zona verde de La Rosaleda. El importe de la multa es prácticamente el máximo que prevé la Ley de la jurisdicción contenciosa para los casos en que las autoridades no cumplen los requerimientos judiciales, que oscilan entre los 150,25 y 1.502,53 euros. La sanción se repetirá en caso de que en los próximos tres meses no se produzcan avances sustanciales en la ejecución de la sentencia. Además, el TSJ amenaza con denunciar los hechos ante el Ministerio Fiscal, por un posible delito de desobediencia.
Con todo, los ecologistas reclaman al Gobierno municipal del PP «que abandone la deplorable actitud que ha mantenido hasta ahora y trabaje con diligencia por una zona verde de calidad, digna de los vecinos de Alcoy».
Concurso
Recordar que los populares anunciaron hace unos meses, una vez desestimados todos sus recursos, la intención de convocar un concurso con el fin de que las empresas interesadas presentaran proyectos para remodelar el parking y la plaza de La Rosaleda, y adaptarla así al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). A este respecto, la Colla Ecologista La Carrasca ha informado que «las últimas noticias que tenemos es que el Gobierno municipal continúa manteniendo una actitud obstaculizadora». Como ejemplo, señalan que el coste económico del proyecto de remodelación se valora con «un desproporcionado 80%, mientras su calidad se puntúa sólo con un 20%», y además añaden que «se da prioridad a los intereses del concesionario, que fue quien redactó el proyecto de aparcamiento declarado ilegal, en lugar de a las zonas verdes».
Por último, y en relación con el jurado, los ecologistas consideran que «poca cosa podemos esperar de un jurado formado mayoritariamente por las autoridades y técnicos municipales que autorizaron y aprobaron una obra que incumplía las exigencias normativas».
* La Verdad - 23.01.10
Foto: Lugar donde está situado el parking de La Rosaleda y donde debería estar la zona verde. :: BEA NAVARRETE, laverdad.es
A Triquez - Forges
Viñeta de Forges, escultura triquez - elpais.com 20100121
