A Triquez - Forges



Viñeta de Forges, escultura triquez - elpais.com 20100121

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A Coruña: Cientos de inmuebles quedarán fuera de ordenación en el plan

LAOPINIÓN* : Cientos de casas van a quedar "fuera de ordenación" en el futuro plan general porque superan la altura máxima que establece el Ayuntamiento para su calle. En la revisión del documento urbanístico, que se encuentra a exposición pública, se fija un número máximo de alturas en función del ancho de la vía.

El Concello argumenta que esta circunstancia no implica que los vecinos pierdan su casa, es decir, que se tenga que derribar el inmueble para levantar uno nuevo que se ajuste a la futura normativa.

Las viviendas podrán venderse o reformarse. Sin embargo, la medida aprobada por el Gobierno local acarrea un problema para los propietarios: de demolerse la edificación, el solar perderá valor; cuantas menos alturas se puedan construir, más se devaluará el precio del terreno.

"Los edificios se mantienen en pie, a no ser que exista una norma que favorezca o fomente su demolición", tranquiliza la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela. El futuro documento urbanístico apuesta por modificar "normas ambiguas o excesivas para garantizar una correcta calidad medioambiental en la ciudad consolidada" y que han generado "sobreedificación". Entre los cambios realizados, el planeamiento desarrolla una fórmula para establecer el número de alturas máximo de un edificio en función de la anchura de la calle.

El Ayuntamiento divide la ciudad en "configuración semiintensiva" y "configuración intensiva". En el primer caso, la altura no podrá superar el ancho de la calle divido por tres: si la anchura de la vía es menos de diez metros, la casa puede tener un máximo de tres alturas; si mide entre 10 y 12, cuatro; entre 12 y 15, cinco plantas; entre 15 y 20, seis; entre 20 y 25; siete alturas; y si la calle supera los 25 metros de ancho, hasta ocho plantas. En este caso se encuentran los ensanches más antiguos de la ciudad, como Monte Alto y el entorno de las plazas de Lugo, Galicia, Vigo, Recife y Maestro Mateo. La asociación vecinal de Monte Alto, que presentará alegaciones al plan, ha convocado una asamblea para el 30 de enero en su local social a las 11.00 horas para resolver las dudas sobre el futuro planeamiento, entre las que se encuentra la disminución de la altura máxima de los edificios en un barrio caracterizado por sus calles estrechas.

La denominada configuración intensiva corresponde a los barrios del Agra, Sagrada Familia, Os Castros, Oza, Montiño, Cuatro Caminos, Os Mallos y A Gaiteira. En estas zonas, los edificios contarán con una altura más que la fijada para los barios con configuración semiintensiva. Por ejemplo, en las vías cuyo ancho no llega a los diez metros se podrán construir inmuebles de hasta cuatro plantas.

El Ayuntamiento afirma que el nuevo plan es más estricto que los anteriores en cuanto a la altura máxima de las casas: "Las edificaciones que superen dichas alturas quedan en situación de fuera de ordenación parcial, lo que supone que rebajarían la altura en el hipotético caso de su substitución, aunque no constituye una alteración significativa respecto a su régimen urbanístico anterior en el caso de que la edificación se conserve o se rehabilite". Pero el propio Concello asume que, "dada la alta consolidación del casco", la construcción de edificios de menor altura será efectiva a medio plazo.

Urbanismo no tiene contabilizado el número total de edificios que se quedarán fuera de ordenación cuando entre en vigor el planeamiento, pero se contarán por cientos. En Monte Alto, gran parte de los inmuebles supera el tamaño máximo que fijarán las futuras normas urbanísticas.

La concejal de Urbanismo sostiene que a los propietarios no les afectará que su edificio quede fuera de ordenación. La delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos de Galicia destaca que la medida no significa que el inmueble sea ilegal "mientras se mantenga en pie y no tenga un expediente de ruinas"; es decir, que los dueños pueden solicitar licencia municipal para realizar obras de "consolidación, ornato y restauración".

La venta de un piso fuera de ordenación también será legal, aunque los arquitectos matizan que siempre con la condición de que el nuevo propietario sea consciente de las limitaciones del inmueble: que en el futuro, en caso de derribo, deberá ajustarse a la legislación.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido, sólo pone una pega a la medida que trata de evitar los "dientes de sierra" en las fachadas: "El edificio pierde valor, no es el mismo suelo si tiene ocho alturas que si son cinco", advierte. El otro gran perjudicado será el promotor que ha comprado un solar con el fin de construir un edificio con un determinado número de plantas y ahora el plan general le obligará a levantar menos de las que pretendía.





* La Opinión A Coruña - 22.01.10
Foto: A Coruña, ayuntamiento - Daniel Csörföly 04 (wikimedia.org)

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¿Quién miente sobre los precios de la vivienda?

ELCONFIDENCIAL* : ¿Ha tocado suelo la vivienda?, ¿seguirá cayendo el precio de los pisos?, ¿cuánto recorrido hay todavía a la baja, si es que lo hay? Son preguntas con múltiples respuestas y, en muchos casos, contradictorias según la fuente de información a la que se recurra. No son preguntas baladíes: el sector constructor ha sido el principal motor de crecimiento de la economía española en la última década y el estallido del ‘ladrillo’ está pesando como una losa sobre las cuentas públicas, situando España a la cola de la recuperación económica internacional. Su evolución es clave, por tanto, en tanto llega el prometido cambio de modelo productivo español... si es que llega.

Aunque la vivienda no es la principal preocupación de los españoles, es tema de máxima actualidad, siempre objeto de debate. Como cuestión que interesa a casi todos los ciudadanos –bien porque quieren comprar un piso, venderlo o alquilar el que ya tienen-, el goteo de informes y noticias en torno a la situación del mercado residencial es continuo.

En el último mes hemos conocido datos oficiales –los del Ministerio- y oficiosos –Esade, BBVA, Aguirre Newman, Tinsa, entre otros- sobre la evolución reciente de los precios y sus perspectivas de futuro. Las conclusiones son, cuanto menos, contradictorias. Diferencias metodológicas aparte, no deja de llamar la atención la visión tan disparatadamente opuesta de los diferentes informes en lo que a previsiones se refiere.

Contradicciones sobre la evolución reciente... y futura.

Las cifras del Ministerio de Vivienda concluyen que la vivienda libre despidió 2009 con un descenso del 6,3%, porcentaje que comparte Tinsa, si bien ambas difieren en el acumulado desde el pico. La tasadora de los bancos cifra en un 15% el recorte de los precios desde los máximos de 2007; mientras, el ejecutivo reconoce un descenso inferior al 10%. La diferencia, aunque no muy abultada, es significativa. Sobre un piso de 280.000 euros, estamos hablando de 14.000 euros de descuento adicional.

Tales datos parecen, no obstante, conservadores si nos atenemos a´lo que resulta del índice IESE-Fotocasa que, tras comparar la caída nominal de los precios con la real, esto es, ajustando por la inflación, afirma que la reducción desde abril de 2007 alcanza el 25% del valor de las casas.

Si hay divergencia sobre lo acontrecido hasta ahora, es normal que a la hora de aventurarse por un pronóstico futuro las opiniones de los expertos sufran aún mayor dispersión. Vamos a agrupar sus opiniones por categorías para facilitar su comprensión.

Los que esperan nuevos descensos éste y los próximos años:

- BBVA: prevé una caída real de un 8% adicional en 2010. En su opinión, el precio debe bajar un 30% desde máximos para que pueda absorberse el 'stock' sin vender; es decir, dos tercios más que hasta ahora (10%).

- Aguirre Newman: la consultora inmobiliaria cree que la sobrevaloración actual de las casas es del 30%. En su opinión, de las 52 provincias españolas, 11 deberían bajar el precio de sus inmuebles en ese porcentaje para conseguir reactivar la venta de casas.

- Morgan Stanley: en esta misma línea se manifestaba a finales de noviembre el banco de inversión en un informe sobre la economía española. para la entidad es necesario un ajuste adicional del 10% si bien, y en función de los parámetros usados, la caída total se podía disparar al 58% desde los máximos.

- UBS y Credit Suisse: ambos han estimado en un 30% la devaluación que acumulará la vivienda al final del ciclo. En total, los pisos se habrán abaratado un 25% en el periodo que va de 2009 a 2011.

- Esade: el precio de la vivienda caerá una media del 20% durante los próximos dos años, recorte que se sumará al ajuste que ya se ha realizado de entre un 10 y un 15%.

- Sociedad de Tasación: el precio de la vivienda en España volverá a bajar este año "como mínimo" en la misma medida que en 2009, cuando descendió un 5,7%, debido a que el desempleo sigue creciendo y persisten las dificultades para acceder a los créditos.

- The Economist: el precio sigue estando sobrevalorado en un 55%, según muestra e índice elaborado por la publicación que parte de la relación entre el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres para calcular los precios razonables de la vivienda. Destaca que algunos países como Estados Unidos o China ya han alcanzado cierta estabilidad y en otros, como Reino Unido, ya han empezado a recuperarse. Pero hay un grupo de países, entre los que se encuentra España, en los que todavía hace falta más corrección de los precios.

Los que piensan que ya han tocado suelo y los precios van a comenzar a subir, si no lo están haciendo ya:

- Caixa Catalunya: el precio de la vivienda ya ha empezado a subir en algunas Comunidades Autónomas. Según la caja catalana esto se explica porque el 'stock' se ha absorbido casi por completo en algunas regiones españolas por el despertar de la demanda. En algunas zonas dice que la sobreoferta es prácticamente inexistente.

- Facilisimo.com: el precio de la vivienda de segunda mano concluirá su ajuste e incluso empezará a "repuntar" en algunas zonas del país en el segundo semestre de este año, tras sumar hasta el momento un recorte del 15,03% desde los máximos que registró en julio de 2007. El portal inmobiliario prevé que los pisos usados registren aún alguna "leve" caída en determinadas regiones en la primera mitad del ejercicio, pero "de menor importancia en comparación a las de 2009". Considera "lógico" que, a partir del verano de 2010, los precios empiecen a "repuntar ligeramente" en algunas comunidades del país y el metro cuadrado termine así el año "en unos valores similares a los que comenzó".






* Cotizalia - 22.01.10

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Manacor: Los vecinos critican la construcción de dos auditorios y reclaman más inversión social

DIARIODEMALLORCA* : Ven más necesaria la edificación de nuevas residencias, escuelas, un hogar para transeúntes y el embellecimiento de la ciudad. "Estamos descuidando el gasto social en detrimento de dos grandes teatros que no sabemos si se llenarán".

Los vecinos de la ciudad consultados ayer a pie de calle por DIARIO de MALLORCA criticaron la decisión del equipo de gobierno municipal formado por PP y AIPC de incluir, dentro del nuevo Plan E, la construcción de un nuevo auditorio al aire libre para 900 personas en el núcleo costero de Porto Cristo, al tiempo que se están acelerando los trabajos para tener listo el de Manacor en marzo.
Aunque las gradas proyectadas en Porto Cristo (799.251 euros) costarán menos de una séptima parte del auditorio de la ciudad (seis millones), los vecinos consideran prioritarias las inversiones para edificar, al menos, una nueva escuela y residencia para ancianos, mejorar la imagen del entramado urbano, establecer una partida presupuestaria para la inversión en reformas de edificios antiguos y la habilitación y conservación de nuevos jardines.
"Sin tener nada en contra del derecho de los porteños a tener un espacio cultural, creo que allí no hay la suficiente tradición como para llenarlo", señalaba el empleado de banca prejubilado, Carles Gil, "lo mejor sería un teatro normal cubierto para 200 o 300 personas". "Es mucho menos costoso que el de Manacor ya que como el de la Falca Verda de Palma puede aprovechar el desnivel natural", indicaba el jubilado Llorenç Morey.
El anfiteatro de Porto Cristo quedará insertado dentro del proyecto de reforma integral de la plaza del Sol i la Lluna, de 17.000 metros cuadrados y en donde la Junta de Distrito de la localidad quiere incluir también un circuito para la práctica deportiva y huertos ecológicos. El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento y miembro de AIPC, Bernat Amer, confirmó anteayer que no piensan renunciar a un proyecto "que perseguimos desde hace unos quince años".





* Diario de Mallorca - 22.01.10
Foto: Manacor (Mallorca) - mallorcaweb.com

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Sanxenxo: ¿Una sentencia urbanística que afecta al PXOM?

LAVOZ/Pontevedra* : La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº1 de Pontevedra que anuló el plan parcial del polígono industrial de Nantes podría poner en jaque hasta un 35% de los suelos urbanizables contemplados en el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado el 27 de febrero del 2003.

El fallo conocido hace unos días que cuestionaba la tramitación que permitió la construcción del parque empresarial se refería a un acuerdo de la gerencia de Urbanismo en el que se dio el visto bueno a otros once suelos urbanizables (SU), así como a trece estudios de detalle.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Ángel Casal, está convencido de que el fallo afecta exclusivamente a la equidistribución parcelaria del parque empresarial de Nantes (SU-15). «El juez solo anula ese proyecto», precisó el edil. «No perjudica para nada al plan parcial. El juez no pone en duda el desarrollo del PXOM», agrega.

Ahora, todo dependerá de lo que decida el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, puesto que tanto el Concello de Sanxenxo como los responsables de la junta de compensación del SU-15 recurrieron el fallo del titular del Contencioso-administrativo número 1.

De hecho, hoy viernes finaliza el plazo para apelar el fallo judicial dictado el 21 de diciembre pero que entró por el registro del Ayuntamiento el 28. «Presnentaremos el recurso dentro del plazo establecido», señaló Casal.

En la Gerencia de Urbanismo y en el Concello reina la tranquilidad. Piensan que el juez se excedió en sus competencias, ya que recuerdan que es el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el órgano que debe decidir sobre la legalidad o no de los desarrollos urbanísticos municipales.

«Si un juez declara que algo es un acto nulo, alguien con competencia es esa materia debe declarar que eso es nulo», detallaron fuentes consultadas. «Y los temas de urbanismo son responsabilidad del TSXG, no del Contencioso», añadió.

Otros advierten de que el fallo podría afectar a los planes parciales tramitados en la misma reunión de la gerencia. Son bolsas de suelo donde se prevé la construcción de hasta 2.574 viviendas, el 35% de las 7.174 que contempla el PXOM. En el paquete también se encuentran el estudio de detalle de O Revel, Os Cotos, A Lanzada, San Roque de Portonovo y Miraflores.

Más de un profesional del sector de la construcción es cauto a la hora de valorar la sentencia. «Me imagino que no habrá problemas, pero hay que estar atentos», indicó el constructor que habló bajo la condición del anonimato.

A esta cuestión también se refirió José Luis Rodríguez, concejal de Veciños Independentes por Sanxenxo (VIPS). «Este fallo dá mucho de que hablar en Sanxenxo», precisó el edil independiente y ex alcalde del municipio. «Sin el sosiego necesario para hacer las cosas bien se suele llegar a la farándula del urbanismo», apuntó.





* La Voz de Galicia - 2.01.10
Foto: En A Granxa se edificarán cerca de un millar de viviendas - RAMÓN LEIRO, lavozdegalicia.es

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La Audiencia reabre el caso por un posible ´pelotazo´ urbanístico en Orpesa

LEVANTE/Castelló* : El alcalde de Orpesa y varios miembros de la corporación local que en 2001 aprobó la permuta de unos terrenos en primera línea de playa por otros en el interior están citados a declarar hoy en el Juzgado de Instrucción nº4 de Castelló que investiga un posible delito de trafico de influencias y prevaricación urbanística, denunciado por un particular.

La reapertura del caso, a cuyo proceso se ha sumado el fiscal, fue ordenada en un fallo de la Sección Primera de la Audiencia de Castelló que atendió el recurso del denunciante ante la decisión de la juez del número 4 de archivar la denuncia al entender que la documentación aportada había sido examinada por el juzgado de Instrucción número 2.
Los hechos fueron denunciados a la Fiscalía Anticorrupción por el vecino de les Amplàries afectado por el PAI previsto en la zona de los campings, Amplàries.
En 2001 el grupo Marina d'Or adquirió unos terrenos propiedad del entonces alcalde, Francisco Garrido, para luego entregarlos al consistorio y cumplir con la obligación legal de ceder el 10% del aprovechamiento que los urbanizadores ceden a los consistorios. El suelo vendido a la urbanizadora por Garrido fue adquirido, según la documentación aportada por el denunciante, unas fechas antes.
Según tasaciones periciales aportadas por el denunciante, el precio registral del metro cuadrado/techo en la costa valía 72 euros, en tanto que el adquirido a Garrido, variaba entre 16 y 33 euros.
La denuncia del vecino, a la que se adhiere el fiscal, apunta que el consistorio perdió dinero y suelo en la permuta. Entiende que los concejales "renuncian a 2.827 metros cuadrado/techo en beneficio de la mercantil Construcciones Castellón 2000 SAU", del grupo Marina d'Or, que era la redactora del proyecto de reparcelación del programa de actuación integrada.La empresa quería desarrollar ese PAI en la zona de Les Amplàries, la de los campings.
La Audiencia apunta que en el auto de archivo y sobreseimiento de la causa se apunta que "no está debidamente justificada la perpetración del delito que se persigue". Lo que no acepta la Sección Primera. Ésta entiende que "no cabe sino concluir que el juzgado "ha impedido", con su decisión, "la práctica de unas diligencias relevantes para el esclarecimiento de los hechos".
Apunta también la Audiencia que "la desestimación del recursos de reforma se produce por la errónea remisión a otro procedimiento, cuya decisión de archivo está pendiente del recurso de apelación".





* Levante-EMV - 21.01.10
Foto: La Audiencia reabre el caso por un posible ´pelotazo´ urbanístico en Orpesa - levante-emv

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Huelga de hambre contra la corrupción urbanística

20MINUTOS/Zaragoza* : "He comenzado una huelga de hambre para protestar contra la corrupción urbanística que han protagonizado diversos políticos de nuestro país". Unas declaraciones de este tipo no se tomarían muy en serio si no fuera porque el que lo ha anunciado es Gabriel Fuertes, un zaragozano jubilado de 62 años que ya ha mantenido hasta el final otras dos huelgas de este tipo.

Tres semanas es el tiempo máximo que estará sin comer Gabriel, alimentándose tan sólo de agua con un poco de sal y limón; aunque también dependerá de cómo evolucione su salud.

La intención de Gabriel es que la ciudadanía se conciencie de estos abusos y que los grupos políticos actúen. "Con que me remita un comunicado algún partido político afectado por algún caso de corrupción finalizaría mi protesta, pero sé que nunca va a llegar", explica a 20 minutos.

Antecedentes

Ese mismo espíritu combativo ya lo tenía en 1976, cuando tras ser despedido de la empresa en la que trabajaba comenzó una huelga de hambre que duró 21 días y con la que consiguió que le readmitieran por despido improcedente.

La segunda huelga la secundó durante 41 días el año pasado para conseguir una vivienda digna y que pudiese pagar. También se salió con la suya, pero pagando un alto precio: fue ingresado en el hospital durante 14 días. "Mi familia está preocupada y no se mete, pero me apoya en mi decisión", explica Gabriel.

El siguiente reto de este zaragozano es acudir a la manifestación contra la corrupción que se ha convocado para el próximo 30 de enero en Seseña. "Si hace falta iré incluso en silla de ruedas si por entonces sigo con la huelga", concluye Gabriel.





* 20 Minutos - 21.01.10
Foto: El Roto - corrupción (El País)

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«¿Te ha dao la lana o no?»

SUR/Málaga* : El levantamiento parcial del secreto de sumario del 'caso Arcos' ha revelado como funcionaba la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Alcaucín; donde ocultaba su ex alcalde, José Manuel Martín Alba, el dinero en metálico (cerca de 160.000 euros debajo de un colchón) y algunos de los cohechos recibidos supuestamente.

Uno de ellos se desprende, según la Guardia Civil, de una conversación telefónica entre Martín Alba y una de sus hijas. Los investigadores sostienen que uno de los promotores habría compensado al entonces alcalde por sus supuestos favores urbanísticos con una finca para una de sus hijas por valor de 23.000 euros. Para no levantar sospechas, ésta habría pagado con un cheque nominal al promotor y éste, a su vez, se lo habría devuelto después en dinero en metálico, al que Martín Alba se refiere como «lana». Esta forma de operar se trataría, según los investigadores, de «revestir de legalidad un regalo». Esta es la transcripción de la conversación entre el ex alcalde y su hija contenida en el sumario:
Martín Alba: ¿Te ha dao la lana o no?
Hija: Sí, ¿no me la ha dao delante tuya?
MA: Ya, pero no quería que la contaras, digo vas a contar encima que ... (risas) ¿entiendes?
H: No, me ha dicho, dice cuéntalo, pues yo he ido a contarlo
MA: Hombre, encima que...Bueno que ya, ya hablaremos, ¿eh?
H: Vale, vale
MA: Pa en este caso, pa cambiarte algo y esas cosillas, eh?
H: ¿Pa qué?
MA: Pa cambiarte algo
H: Ah, vale, vale
MA: Pa que tenga menos, menos bulto.

La Guardia Civil interpreta en su informe que el ex regidor tiene la costumbre de llamar «lana» al dinero y que en la conversación intervenida se refiere al cambio de billetes más pequeños por unos más grandes, dado que son más fáciles de guardar.
En su declaración ante la juez instructora del caso, José Manuel Martín Alba dijo que en esta conversación se refería a un dinero de una boda y aseguró que los únicos ingresos que tenía era como alcalde, artista (es cantaor flamenco) y albañil. Sin embargo, en el registro de su domicilio los agentes del Instituto Armado encontraron 154.000 euros en metálico. La mayor parte, 119.000 euros, se encontraban dentro de una caja para guardar cassettes debajo del colchón en un dormitorio. El resto del dinero se hallaba repartido en distintas cantidades en el dormitorio del propio Martín Alba. Por ejemplo, en la caja de un sujetador se ocultaban 4.500 euros.
Sobre su relación con el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, también imputado, el ex regidor explicó que le llevaba los proyectos urbanísticos de su municipio «a él directamente, sin pasar por el registro de entrada».
Según consta en el sumario, el ex regidor de Alcaucín habría recibido, presuntamente, de la promotora Crocasa, a través de la sociedad Alcaucín Building, de las que son socias sus dos hijas, la cantidad de 23.584 euros por el trato de favor a la misma consintiéndole numerosas irregularidades urbanísticas.
Igualmente Martín Alba habría recibido, supuestamente, dinero de J. M. R. A. en una cuenta a su nombre y al de su mujer por favorecer , presuntamente, los intereses de Complejos Rurales Montesierra, además de una finca propiedad de esta mercantil, a través de una de sus hijas.

El informe de la Guardia Civil afirma también que habría percibido de M. T. P. una finca en Alcaucín, escriturada a nombre de su hija, por valor de 23.200 euros, a cambio de la firma de varios convenios urbanísticos de reclasificación de terrenos entre el Ayuntamiento de Alcaucín y las mercantiles Promociones Inmobiliarias Alta Axarquía, Velaxarco y Mirador de la Axarquía.
En la investigación patrimonial realizada al ex alcalde , se le imputan numerosos ingresos en efectivo de procedencia no justificada en sus cuentas, que suman 127.950 euros, que pudieran ser, presuntamente, producto de comisiones ilegales. Igualmente, figura que adquirió entre 2001 y 2006 cuatro vehículos por los que pagó un total de 66.286 euros, de los que sólo uno fue financiado.





* SUR - 21.01.10
Foto: Alcaucín (málaga) -diariosur.es

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Castelló: Más de 60 planes urbanísticos tienen el informe desfavorable de la CHJ y no se han corregido

LEVANTE* : La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) contabiliza en los últimos cuatro años 63 proyectos urbanísticos de Castelló en los que ha emitido un informe desfavorable por deficiencias que no han sido corregidas por los ayuntamientos. El diputado de Iniciativa en el Congreso Joan Herrera preguntó al gobierno central sobre aquellos programas urbanísticos (modificaciones del Plan General, PAI, etc) que han recibido el informe contrario de la CHJ durante los últimos cuatro años en la demarcación provincial de Castelló.

En su respuesta por escrito, el gobierno detalla un amplio listado de proyectos. Según matiza, el criterio seguido para su confección ha sido el de "incluir todos aquellos instrumentos sobre los cuales se ha emitido informe desfavorable y que, con posterioridad, no ha habido una aportación de documentación complementaria que subsane los motivos" del informe contrario.
Hasta 63 proyectos se encuentran en esa situación. Hay modificaciones del Plan General, PAI y planes parciales. Borriol es el municipio de la provincia con más programas urbanísticos con informes contrarios no subsanados. Le siguen Vall d'Alba y Castelló con cuatro. También hay ayuntamientos socialistas que no han seguido las indicaciones de la CHJ, como Benicàssim, Vinaròs o la Pobla Tornesa.
La Generalitat es la responsable de la política territorial de la Comunitat Valenciana y de la aprobación final de los programas urbanísticos. Sin embargo, es preceptivo que la CHJ, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, emita un informe que no es vinculante.
Cuando la Confederación del Júcar se posiciona en contra de un proyecto es porque entiende que no está justificada documentalmente la disponibilidad de agua. También emite informes negativos si hay carencias en los planes de inundabilidad o si no se han resuelto adecuadamente los vertidos.
Pese a no ser vinculantes, los criterios de la CHJ son muy relevantes por cuanto se refieren a cuestiones clave en el desarrollo de un programa urbanístico: el abastecimiento de agua, el riesgo de inundación y el vertido de aguas residuales.
La gran cantidad de proyectos con informes desfavorables en la provincia de Castelló denota la celeridad e improvisación con que se tramitaron muchos de ellos en los años del "boom" inmobiliario.





* Levante-EMV - 21.01.10
Foto: Panorámica de Vall d´Alba, uno de los municipios que cuenta con más proyectos que no han subsanado los defectos. robert muñoz, levante-emv.com

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Hay 35 municipios malagueños sin planeamiento urbanístico

LAOPINIÓN/Málaga* : Un tercio de los municipios malagueños, en concreto 35, no cuentan con ningún planeamiento que ordene el urbanismo en su territorio. Curiosamente, la mayoría de estas localidades están situadas en dos grupos que la Junta de Andalucía considera como prioritarios dentro de la comunidad andaluza: la Axarquía y la Serranía de Ronda.

El caso de la Axarquía es paradigmático, por el número de municipios sin ninguna norma urbanística y por la profundidad del problemas. De hecho, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tiene identificada la zona oriental de la provincia como la más problemática. No obstante, ya se está reconduciendo la situación de los 16 municipios sin planeamiento urbanístico. Al menos de parte, ya que el consejero Juan Espadas se reunió el lunes con ocho alcaldes (Alfarnate, Sedella, Arenas, Iznate, Canillas de Aceituno, Macharaviaya, Moclinejo y Salares) para ofrecerles que la Consejería asuma la redacción de un plan general de ordenación urbana para cada localidad.
Sin embargo, todavía queda otro buen puñado de municipios que no disponen de una norma que organice la actividad constructora, como son: Almáchar, Árchez, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar y Comares, según los datos de la propia Consejería. Sólo en el último caso, al menos cuenta con la llamada Delimitación de Suelo Urbano (DSU), una ordenación mínima que no supone un planeamiento.
La Axarquía no es el único punto ´negro´ de la ordenación urbanística en la provincia. Quedan otros 19 municipios, la mayoría de los cuales se concentran en la Serranía de Ronda, con quince de ellos en el limbo urbanístico. Le sigue el Valle del Guadalhorce con tres y Antequera, con uno, en concreto en Cañete La Real.
Por cierto, que la situación que está viviendo Carratraca no es casual. Precisamente este pueblo del Valle del Guadalhorce es uno de los 35 que carece de todo tipo de normas municipales para organizar la actividad constructora dentro de su término municipal. Una situación que provoca una alta inseguridad jurídica a los vecinos de la zona y que, de forma colateral, ha llevado a dimitir a su alcalde ante la obligación de llevar adelante un centenar de expedientes sancionadores. Precisamente por no ejecutarlos, el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, ha sido imputado por el juzgado de Instrucción número 12 de la capital tras una reciente operación policial.
Tolox y el Valle de Abdalajís son los otros pueblos del Guadalhorce con esa falta de control urbanístico. Sin embargo, la principal bolsa está en los pequeños pueblos de la Serranía de Ronda, que no tienen capacidad para elaborar un plan general. Así se encuentran Parauta, Cartajima, Alpandeire, Júzcar, Faraján, Genalguacil, Atajate, Benaoján, Jimera de Líbar, Benadalid, Benalauría, Algatocín, Benarrabá. Sobre ellos se centrará la Consejería una vez que encauce la situación de la Axarquía, ya que las posibles irregularidades son menores.





* La Opinión Málaga - 20.01.10
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com

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Indiferencia ciudadana

EUGENIO S.PALOMARES* : En unas declaraciones que realiza Juan Enciso, alcalde de El Ejido, desde la cárcel y que se ha emitido por Ejido TV, dice: "No voy a dimitir. Uno dimite con cargo demostrado". Si es así, hay alcalde para largo. Lleva ya 90 días en prisión, los que le quedan y a la espera de juicio. Cuando estas situaciones se originan uno se pregunta cómo es posible que pueda gobernarse, dirigirse un Ayuntamiento, desde la prisión. Cómo es posible que los intereses privados estén por encima de los particulares. Qué serenidad puede tener este alcalde para atender los intereses de los ciudadanos.

Humanamente, tengo que entender que su mayor preocupación en estos momentos es su defensa. Y, lógicamente, tengo que pensar que si no deja la alcaldía es porque le beneficia su permanencia y que los intereses públicos pasan, una vez más, a un segundo plano.

No es, el de este alcalde, un caso aislado. En la provincia de Sevilla, la Fiscalía está investigando a 16 alcaldes por corrupción urbanística. A estos alcaldes y otros en Málaga, Almería, Baleares, etcétera, les acompañan en su discurrir por los juzgados funcionarios, arquitectos, abogados, notarios, constructores y hasta el sursuncorda si fuera menester. La razón no es otra sino que por sí solos, sin estos apoyos, no sería posible realizar una serie de actuaciones delictivas -si las han cometido- que son complejas por tener que desarrollarse en diversas áreas, departamentos e instituciones.

Se trata, por lo demás, de unas situaciones que no responden a tiempos recientes, ni a las que resultan ajenas ningún partido político. Es algo que viene de antiguo y sigue sin resolverse. Muchas veces, entiendo, por la creencia de unos y otros, que estos comportamientos perjudican más al adversario. Se dice que al Partido Popular le perjudica menos. Se considera que el ciudadano sensible a este grupo, en el momento de votar, pasa a un segundo plano circunstancias y se guía sólo por sus intereses. Que si un gobernante u otro le vende bienestar y se lo concreta en el día a día, termina siéndole indiferente que hagan el egipcio o se lo lleven calentito. En fin, no sé.

Lo que sí creo saber es que no se han adoptado mecanismos legales suficientes que frenen y eviten la expansión de la corrupción. También que, si no se adoptan criterios legales nítidos, uniformes y claros, seguirá ocurriendo, extendiéndose sin límite. Confiando, cada uno de estos personajillos de lo criminal, en que los grupos políticos a los que representan les ayudarán a sacar las castañas del fuego para evitar que éste les alcance. También sabiendo, estos mismos personajillos, de que a la larga son más lo beneficios que obtienen -las penas a imponer no son elevadas y durante el procedimiento gozan de unos instrumentos de defensa superiores a los demás- por lo que siguen actuando y extendiendo su ejemplo, lo que puede determinar que el ciudadano piense que todos son iguales y no influya en su voto estas conductas.

Tal vez, a la vista de esta extensión y que afecta a todos los grupos políticos, pudieran buscarse soluciones para evitar la indiferencia del ciudadano y lograr una mayor eficacia en la erradicación de estos comportamientos. El establecimiento de unas leyes con penas más agravadas y la fijación legal de un tiempo a partir del cual dejaran su acta de concejal ayudaría estos efectos. La acusación -no imputación- por parte del Ministerio Público y la apertura del acto de juicio podrían servir con carácter cautelar y la sentencia con carácter definitivo. En cualquier caso, es necesario un pacto de todos para no tener que soportar algo tan esperpéntico como ver a un alcalde en prisión usando la televisión del Ayuntamiento como si fuera suya, extendiendo un ejemplo que puede favorecer que estos comportamientos nunca acaben.






* ELPAIS.com - Opinión Andalucía - 20.01.10

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Un juez anula el convenio para construir en Albaida una urbanización con golf

LEVANTE/Valencia* : La Justicia sigue poniendo pegas al urbanismo desenfrenado de años atrás. Un juzgado de lo contencioso administrativo de Valencia acaba de anular el convenio urbanístico que firmaron en 2006 el Ayuntamiento de Albaida y el promotor Francisco Cholvi para construir 3.000 chalés y un campo de golf en el paraje de Els Barranquets de Albaida. La sentencia considera que en el citado documento no se ha acreditado "ese interés general o especial para el municipio" que debía permitir la reclasificación a urbanizable de los 2,1 millones de m2 de suelo rústico que eran necesarios desarrollar el PAI.

El fallo judicial, que estima el recurso presentado en su día por Juan Ferrándiz de Guzmán, uno de los propietarios afectados por el proyecto, "anula" y "deja sin efecto" tanto el acuerdo plenario de julio de 2006 como un decreto de alcaldía posterior que aprobaban definitivamente el convenio urbanístico. El acuerdo obligaba al ayuntamiento a iniciar los trámites con la Conselleria de Territorio y Vivienda para la reclasificación de los terrenos a cambio de 1,5 millones de euros. De esta cantidad, la empresa Alter, SA, llegó a avanzar 900.000 euros.
La sentencia, fechada el pasado 23 de noviembre, parece recoger la resolución de la Conselleria Urbanismo mediante la que se declara la "no admisión" del PAI de Albaida por considerar que en el proyecto "no parece justificada su singularidad, ni un especial interés para el municipio, ni el carácter estratégico, ni siquiera su adecuada integración territorial". La conselleria recuerda que en el PGOU de Albaida, reformado por el PP para intentar adaptar sus directrices al PAI, se declara que no se permitirá la creación de nuevas zonas, en tanto no se consoliden las ya clasificadas.
Un ayuntamiento con una deuda de 9 millones
El desarrollo del PAI era "el tren" que iba a convertirse en la "solución definitiva" para la economía de Albaida, según escribió el alcalde de la localidad, Juan José Beneyto, en una carta repartida entre el vecindario para defender la ejecución del proyecto. Pero ha acabado siendo su mayor "fiasco político" y "una ruina" para el Ayuntamiento de Albaida, según denunciaron ayer desde el PSPV-PSOE de Albaida. Los socialistas recuerdan que detrás de este PAI "había muchos intereses inconfesables", pero lo que lo dejó es "un reguero de deudas, más de 9,3 millones de euros, y dejó el ayuntamiento sin crédito en los bancos por culpa de la alocada política de despilfarro en el gasto de Beneyto y su gobierno".






* Levante-EMV - 20.01.10
Foto: Albaida (Valencia) - lasprovincias.es

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Nadie quiere ser alcalde en Carratraca por la ley urbanística

LAOPINIÓN/Málaga* : La dimisión del alcalde de Carratraca, Óscar Román (IU), por discrepar de la actual legislación urbanística de Andalucía, reaviva el rechazo de los responsables políticos de la comarca del Guadalhorce a la LOUA, después de haberse calmado el revuelo en la Axarquía. El regidor de Carratraca, un pueblo de apenas 900 habitantes, ha sido el primero en abrir el fuego al negarse a un enfrentamiento con sus vecinos por aplicar la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que le obliga a abrir un centenar de expedientes disciplinarios con sanciones económicas y demoliciones de algunas construcciones irregulares.

La decisión de dimitir por estar en contra de la LOUA también ha calentado los ánimos entre los alcaldes de la comarca del Guadalhorce, que consideran necesaria una modificación en el ámbito rural en el que se desarrollan los pueblos. Y queda por escuchar a los municipios de la Serranía de Ronda, quince de los cuales no tienen planeamiento urbanístico. Sin embargo, no están de acuerdo con las restricciones urbanísticas que impone la Junta de Andalucía.
"Hay que hacer posible la cultura de construcción en el medio rural que ha existido siempre, evitando la especulación y destrozar el medio ambiente", insiste el alcalde de Guaro y presidente de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, Sebastián Rueda. "Hay que pelear para cambiar lo que nos disgusta, pero desde dentro, abandonar es lo último", afirma.
Para el regidor de Monda, José Antonio Bernal, el urbanismo crea un drama para los alcaldes que hay que aceptar, "pero es la ley y hay que aceptarla", matiza.
El compañero de partido de Román y alcalde de Ardales, Juan Calderón, reconoce que la LOUA restringe a los ayuntamientos y tienen dificultades en su aplicación y en el control del territorio: "Pero no nos podemos saltar la ley, es una situación delicada para todos".
En Cártama donde existen más de 2.000 expedientes urbanísticos, el alcalde, José Garrido, apuesta por una modificación de la ley. "Un juez no nos puede pedir cárcel porque un expediente se retrase", lamenta este regidor. Un cambio que también pide el regidor de Álora, José Sánchez, que cree que deben dejar construir en el entorno rural. "Dimitir es una decisión difícil pero lo que no se puede hacer tampoco es perjudicar a un pueblo".
Más contundente es el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín (PP), a quien no le parece lógico que se responsabilice a los alcaldes de todo: "Esto puede que ocurra en más pueblos. Es una decisión valiente, ya que no hay nadie de acuerdo con la LOUA, hay que modificarla protegiendo el entorno".
Sin alcalde. Óscar Román dejó ayer la alcaldía de Carratraca después de once años y el 27 de enero se celebrará el pleno para elegir el nuevo alcalde, ya que hasta ahora ningún concejal de la corporación integrada por IU, PSOE y PP ha querido asumir esta responsabilidad. En el caso de que no se pongan de acuerdo, el caso se llevará a la junta electoral central.
El portavoz socialista en Carratraca, José María Suárez, insiste en la negativa de su grupo en hacerse cargo de la alcaldía: "No contemplamos esa posibilidad ni con el apoyo del PP", ya que alega que los expedientes urbanísticos abiertos "están ahí y son unos cien". "Ellos (por el equipo de gobierno de IU) han estado mirando para otro lado durante once años y tendrían que haber aplicado la ley", argumenta Suárez, quien recalca: "Con la situación actual, no tenemos ninguna intención de acceder a la alcaldía".
La portavoz popular en el municipio, María Teresa Benavides, indicó que todavía es precipitado tomar una decisión, aunque aseveró que no han descartado "ninguna posibilidad", al menos hasta que analice la situación en la que se queda el municipio, para lo que se da un plazo máximo de "seis o siete días".





* La Opinión Málaga - 20.01.10
Foto: Carratraca (Málaga) - andaluciarustica.com

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El Supremo anula el plan del Gobierno de construir 20 chalés en Urdaibai

ELPAÍS/Vizcaya* : El primer plan para construir chalés en Urdaibai ha quedado definitivamente anulado. El Tribunal Supremo ha dado un fuerte varapalo al Departamento de Medio Ambiente, entonces liderado por EA, al rechazar el proyecto de construcción de más de 20 viviendas en el barrio de Kanala, en el corazón de la reserva de la biosfera.

En un fallo dictado el pasado mes, acepta íntegramente el fallo anterior del Tribunal Superior vasco, que culpó al Gobierno vasco -el encargado de proteger esta zona- de cometer una "infracción directa" de la ley de protección de Urdaibai, además de actuar con "arbitrariedad" y de manera "incongruente" e "incoherente".

En este caso, el Departamento de Medio Ambiente fue el que promovió el plan urbanístico con el argumento de que se buscaba dotar a este barrio -situado entre las dos joyas de Urdaibai, las marismas y el encinar cantábrico- de saneamiento y otras infraestructuras.

Este caso llegó a los tribunales tras una denuncia de la plataforma Ekologistak Martxan y suponía la primera modificación sustancial del plan de protección de la reserva para edificar chalés en Urdaibai, donde las edificaciones son sólo posibles en áreas urbanas o núcleos concretos de caseríos pero con grandes limitaciones.

El Supremo vuelve a dar la razón a los ecologistas y acepta todas las argumentaciones que realizó el Tribunal Superior. Entiende así que el Gobierno incurrió en "arbitrariedad" porque no se justifica la necesidad de más suelos urbanos en Kanala, especialmente por los mínimos aumentos de población previstos en Sukarrieta y Arteaga, municipios a los que pertenece el barrio de Kanala. "La nueva ordenación [urbanística] resulta arbitraria por la ausencia de una justificación razonable". El fallo explica que no se puede tramitar un cambio urbanístico, al afectar a 13,2 hectáreas de protección del litoral y del encinar cantábrico. "No se justifican que las mismas hubieran perdido los valores que determinaron dichas calificaciones de protección". Por ello, entiende que es "incoherente", sin esta justificación, "sacrificar tales valores ambientales" y que estos suelos, que el plan de protección de Urdaibai "consideraba dignos de protección", tengan una transformación urbanística.

Los ecologistas, que hoy valorarán el fallo, ya señalaron con la anterior resolución del Tribunal Superior que era una "derrota total y absoluta" de lo que calificaron de "pelotazo urbanístico". El barrio donde se quería edificar alberga también el polémico chalé del ex lehendakari José Antonio Ardanza, que aún mantiene un litigio en los tribunales. Ardanza tuvo que eliminar parte de una piscina y dejar inutilizada la última planta de su inmueble. Pero no aceptó la rebaja de la altura de la vivienda en 37 centimetros y una multa de 50.000 euros, contra él y su arquitecto, todo ello recurrido al Tribunal Superior.

Los ecologistas han señalado que este plan podía haber servido para legalizar las irregularidades en el inmuebles del ex lehendakari.

Un plan de 2003

- El proyecto urbanístico de edificar 20 chalés en el corazón de la reserva de Urdaibai rechazado por los tribunales fue aprobado en julio de 2003, después de más de tres años de negociaciones con la Diputación de Vizcaya y los ayuntamientos de Sukarrieta y Arteaga.

- Entonces sorprendió porque era el primer cambio sustancial del plan de protección de Urdaibai para edificar más chalés.

- El Tribunal Superior lo rechazó en 2005 por no estar justificado, fallo ahora ratificado por el Supremo.





* ELPAIS.com - 20.01.10
Foto: Urdaibai (Vizcaya) - wikimedia.org

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Granada: La Casa del Aire, desalojada

LAOPINIÓN* : La Policía Nacional ha desalojado este martes por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada a seis personas que ocupaban un inmueble de la calle Zenete del barrio granadino del Albaicín, conocido como la Casa del Aire. El desalojo se ha producido sin incidentes a primera hora de la mañana, que han actuado por orden del Juzgado de Instrucción nº6 de Granada.

No obstante, los inquilinos han asegurado que cuentan con un contrato de alquiler para habitar el inmueble, por lo que están intentando tramitar su vuelta a la vivienda. Los vecinos del inmueble han denunciado que esta vivienda "lleva seis años resistiendo el acoso ejercido por las inmobiliarias" y han indicado que se trata de la última "casa de paso" que queda en el barrio.

"Han sufrido amenazas, chantajes, denuncias y otras medidas de presión por parte de estos grupos inmobiliarios", han asegurado los vecinos, que piden al Ayuntamiento que expropie la casa, que "no ha sido mantenida por los sucesivos dueños".

Los vecinos aseguran que son los inquilinos los que "han cuidado y catalogado histórica y arquitectónicamente la casa", cuyos propietarios "sólo pretenden derruir para sacarle un mayor rendimiento económico".

Asimismo, han sostenido que el proceso judicial sigue abierto y han denunciado la falta de notificación del desalojo cautelar y la actuación de las fuerzas de seguridad, que según ellos "mantienen en una especie de arresto domiciliario a las inquilinos que no han sido desalojados y les impiden recibir visitas".

Los vecinos han exigido que se tomen las medidas necesarias para que los inquilinos vuelvan a sus casas, y para que se acabe con las prácticas de acoso inmobiliario.





* La Opinión de Granada - 19.01.10
Foto: Granada, la Casa del Aire - tercerainformacion.es

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Madrid: Ruiz Gallardón, un ejemplo de alcalde insostenible

JOSÉ M. DE LA VIÑA* : Un alcalde sostenible no es más que un político que fomenta políticas sostenibles. Políticas que no solo no atenten contra la naturaleza ni el entorno, sino que lo mejoren. Desgraciadamente, semejante espécimen, que se sepa, no pulula por nuestros ayuntamientos. En los últimos decenios, y por obra y gracia de un urbanismo estúpido de inspiración foránea, España ha pasado de tener ciudades y pueblos de arquitectura mediterránea y compacta, donde la calidad de vida –no hablamos de dinero- era muy alta y sostenible, a simples almacenes de personas, trabajadores y mercancías mal diseñados y peor ensamblados con los maltratados centros históricos de nuestras ciudades.

Un mal planteamiento urbanístico…

Un ejemplo. El otro día fui a un lugar de la calle Vía de los Poblados de Madrid, pegada a la M-40, donde están algunas de las empresas de relumbrón de este país, en coche porque el lugar está mal comunicado de otra forma. Al irme, pardillo de mí, no tenía ni idea de lo que me esperaba. Tardé más de una hora en recorrer unos pocos cientos de metros antes de poder coger la M-40.

El motivo es que los accesos al lugar, indignos de unos edificios tan monos, están infra dimensionados. Es un gigantesco embudo. No hay lugares públicos, ni casi aceras, ni sitio donde aparcar. Y como una hora haciendo el indio, atrapado en un atasco absurdo, consumiendo gasolina y contaminando inútilmente, cabrea, dedico este post al alcalde de Madrid, el cual, si hubiese encargado el diseño de la zona a buenos profesionales, se habría ahorrado este chorreo.

…realizado por quien no sabe sumar…

Y es que si los que elaboraron y los que aprobaron el plan urbanístico del lugar hubiesen sabido al menos sumar, la vida para los que viven y trabajan allí, y sus visitantes, sería mucho más sostenible, pero también más agradable. Parece que, como en tantos otros lugares, nadie se debió tomar la molestia de hacer algo muy habitual, en cualquier país civilizado, antes de conceder ninguna licencia de construcción: contar.

Es decir, planificar el movimiento de personas y vehículos que iban a tener todos esos edificios con el fin de diseñar el entorno de una manera acorde. Cuando se planifica una zona donde el transporte público no va a existir o va a ser insuficiente; donde es difícil poder llegar andando a no ser que uno sea atleta de Maratón; donde intentar llegar en bicicleta puede ser un suicidio y los desplazamientos necesariamente van a ser a ser intensos, hay que hacerlo creando calzadas, zonas públicas y de aparcamiento suficientes; estudiar detenidamente los flujos, especialmente durante las horas punta, con el fin de no colapsar la zona. Y si no es posible hacer un proyecto coherente, pues no se construye tanto y listo, como se hace es aquellos países donde el urbanismo se practica. ¿Corrupción o incompetencia?

…ha hecho de nuestras ciudades lugares más incómodos y contaminantes.

En España es difícil encontrar ningún barrio nuevo, ristra de adosados, urbanización, zona de oficinas o comercial, polígono industrial o cualquier otra nueva actuación urbanística donde quepan los vehículos: están mal aparcados, encima de las aceras, dobles filas, etc. En definitiva, no caben. Nadie pensó en ellos. Además, el crecimiento de los últimos años de prácticamente cualquier ciudad española se ha hecho, generalmente, mediante actuaciones deslavazadas e inconexas.

Edificios plantificados de manera incongruente y que, por su propia configuración y la falta de un transporte público decente, obligan a un uso intensivo del coche, con el coste energético, las emisiones y la contaminación gratuita que suponen. Una mala copia del sistema urbanístico americano.

Allá, por lo menos, suele haber árboles y parques entre edificios. Y, sobre todo, saben contar. Aquí es todo inhóspito. Apenas zonas verdes. Ni un árbol. Tan solo hormigón y losetas. Jamás entenderé por qué nunca seremos capaces de copiar lo que allí hacen bien y no únicamente sus peores modelos, siempre susceptibles de ser empeorados cuando se aplican aquí.

Hace falta liderazgo inteligente…

Jamás entenderé por qué en España hay tanto político y profesional acomplejado, incapaz de poner al día y mejorar nuestros modelos ancestrales, muchos de ellos no solo válidos y actuales, sino rabiosamente modernos y exportables, como nuestra ya casi desaparecida ciudad mediterránea, en vez de destrozar nuestras ciudades con desarrollos absurdos, ya obsoletos, sin mencionar la estética.

Cualquier extranjero que viene a disfrutar de lo que todavía queda de nuestras viejas ciudades y pueblos se horroriza al ver los extrarradios que las rodean, todos homogéneos en su fealdad, su falta de planificación y su caos. Ciudades maravillosas cada una con su propia personalidad. Unicas. Sea Salamanca, Santiago, San Sebastián, Segovia, Sevilla o cualquier otra. Cada una diferente y grandiosa por dentro, están todas ellas rodeadas de horribles, anodinos e insostenibles suburbios, hoy denominados zonas residenciales o comerciales.

Una planificación chapucera, ahora que está de moda eso de la productividad y la eficiencia de la que muchos hablan pero pocos aplican con seso, nos está costando una gran cantidad de divisas en forma de petróleo; de tiempo; de emisiones; de contaminación y de cabreos gratuitos que se podrían haber evitado si unos alcaldes sostenibles hubiesen contratado a profesionales sostenibles para que hubieran realizado proyectos sostenibles y, de paso, agradables a la vista, que nos habrían permitido llevar una vida más sostenible. Y hecho más felices a todos.

…para poder salir de la crisis y afrontar el futuro.

Desgraciadamente, en España es normal que los malos alcaldes, políticos o empresarios se rodeen de lacayos, para que no les hagan nunca sombra y así poderse atornillar a la poltrona durante muchos años. Política de personal que todos estamos pagando. Aquí hay grandísimos profesionales.

Pero suelen ser gente bastante incómoda con el poder porque tienen la manía de pensar y de ser críticos, cosa que a un líder mediocre siempre le atemoriza. Por eso mismo, en la España actual, raramente se encuentran en los grandes centros de decisión, bien sea en la política o en la empresa.

Que la crisis no ha aparecido por casualidad. Un buen líder se caracteriza porque es capaz de rodearse de colaboradores mejores que él, cada uno en su ámbito y especialidad; que no solo no tiene miedo a que le hagan sombra, sino que es capaz de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Mientras esa gente no tenga oportunidades, la crisis, no solo económica, sino sobre todo de valores, seguirá. Y España no podrá caminar jamás hacia un futuro sostenible.

Falta todavía para las elecciones. Pero cuando lleguen, por favor, voten a alcaldes y políticos sostenibles, si encuentran alguno.





* Cotizalia - Opinión - 19.01.10

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El TSJ anula la adjudicación de un PAI de Benissa con casas construidas y vendidas

LEVANTE/Alicante* : El alcalde de Benissa, Juan Bautista Roselló, del PP, se afanó en dar ayer su interpretación sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula la adjudicación del plan urbanístico de Beniver, de 95.000 metros cuadrados y que ya cuenta con viviendas y adosados construidos y vendidos. Roselló consideró inaudito que el TSJ anule la adjudicación de agente urbanizador a la empresa local Edalport por no tener la condición de contratista.

El primer edil recordó que el pleno, con los votos a favor del PP, tomó esa decisión en diciembre de 2004. Entonces la LRAU amparaba esa adjudicación, que estaba avalada por todos los informes municipales. Además, sostuvo Roselló, Edalport fue la única mercantil que se presentó, poseía gran parte del suelo y tenía acuerdos con el resto de propietarios.
"En ese momento no se aplicaban los criterios de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2 de junio de 2008, que estableció que en la adjudicación de la condición de agente urbanizador no hay que aplicar la LRAU, sino la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", precisó ayer Roselló.
El primer edil insistió en que el TSJ no anula el programa urbanístico de Beniver, que prevé en total 240 viviendas. "Anula sólo la adjudicación porque ésta recaía en una empresa pequeña y de Benissa, ya que en nuestro pueblo no hay empresas contratistas de obra pública".

Sentencia sin efecto
El ayuntamiento presentará ahora un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No obstante, Roselló avanzó que la sentencia del TSJ no puede tener ningún efecto, ya que las obras de urbanización están acabadas y en el sector hay incluso viviendas habitadas y que cuentan con cédulas de habitabilidad. "Desconocemos las consecuencias concretas del fallo, pero entendemos que no se puede ejecutar", sostuvo.
El alcalde se adelantó a las posibles interpretaciones de la oposición (PSPV y Cibe-Bloc). "Me preocupa que enreden y manipulen y empiecen a decir que hay que demoler las viviendas. Pero los propietarios pueden estar muy tranquilos porque eso no va a ocurrir".
Este plan urbanístico lo impugnó el empresario Juan Roselló García. El primer edil dijo que este empresario había actuado "en connivencia" con la oposición, ya que "ha recurrido de forma sistemática los acuerdos del ayuntamiento sobre el PGOU, la ampliación del polígono industrial y otras decisiones urbanísticas".





* Levante-EMV - 19.01.10
Foto: Imagen tomada ayer de los adosados de Beniver. a. p. f., levante-emv.com

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Menos de la mitad de los concellos gallegos tiene planeamiento urbanístico integral

LAVOZDEGALICIA* : Menos de la mitad de los Ayuntamientos gallegos, un 40,64 por ciento, cuenta con un planeamiento urbanístico integral, según un informe elaborado por el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) sobre el estado de ordenación de las cuatro provincias. Según los datos recopilados, un 37 por ciento de los municipios sigue basando su ordenación urbanística en normas subsidiarias de planeamiento municipal, que pueden datar entre 1977 y 1997.

De acuerdo con la vigente Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, los Ayuntamientos debían haber aprobado un plan general de ordenación municipal antes de enero de 2006, si bien en la actualidad sólo 41 (un 13,02 por ciento del total) están adaptados a la normativa, denuncia el COAG.

La provincia de A Coruña es donde más municipios cuentan con un plan general de ordenación municipal: Cerdido, As Somozas, A Capela, Vilamaior, Paderne, Oleiros (parcialmente), Curtis, Sobrado dos Monxes, Toques, Boimorto, Arzúa, Oroso, Santiago de Compostela, Vedra, Laxe (parcialmente), Zas, Lousame y A Pobra do Caramiñal.

En el polo opuesto figura Pontevedra, con un 3,22 por ciento de sus municipios adaptados a la normativa vigente, los de Vigo y Rodeiro.

Según los datos globales de toda Galicia, hay 41 municipios con planeamiento adaptado y sólo cinco de ellos son costeros: A Pobra do Caramiñal, Laxe, Oleiros, Paderne y Vigo.

Otro de los datos llamativos del informe es que trece municipios tienen su planeamiento suspendido o anulado, seis de los cuales son costeros, «lo que hace evidente», dice el COAG, «que las actuaciones realizadas al amparo de estos instrumentos urbanísticos tuvieron unas consecuencias especialmente preocupantes».

Se trata de los municipios de O Grove, A Estrada, Ponteareas, Tui, Gondomar, Sada, Ares, Teo, Abegondo, Viveiro, Barreiros, Ribadeo y Verín.

En su estudio, el COAG ha constatado el hecho de que «empieza a calar la idea de que el crecimiento y desarrollo non son sinónimos de descontrol, sino de todo lo contrario».

Y es que en el actual planeamiento que se está aprobando «priman los valores de conservación de la naturaleza, de sostenibilidad y la inevitable consideración y actualización de las servidumbres que puedan afectar al territorio que el planeamiento antiguo no recogía».

Por eso, desde el COAG sostienen que la labor de tutela por parte de la administración autonómica, sobre todo a los más pequeños, «es muy importante».






* La Voz de Galicia - 19.01.10
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org

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El alcalde de Valverde (El Hierro), imputado por malversación de caudales públicos

DIARIODELANZAROTE* : La fiscal delegada de Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valverde de El Hierro que cite a declarar en calidad de imputado al alcalde de Valverde, Agustín Padrón Benítez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos en el caso piscina.

El alcalde de Valverde, Agustín Padrón Benítez (PP), deberá declarar en calidad de imputado este martes, tras el aplazamiento solicitado por el primer edil capitalino el pasado 17 de diciembre.

La denuncia de la que es objeto Padrón Benítez fue interpuesta por un vecino de la capital y que tiene que ver con supuestas irregularidades en la compra de los terrenos donde hoy se construye la piscina cubierta municipal.

El informe elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil , según el digital herreño, es contundente. En el documento, los agentes aseguran, textualmente, que "el caso presenta las características de lo que vulgarmente se conoce como pelotazo".

El informe policial recoge que Enrique Armas Lima, por su condición de destacado miembro del PP de El Hierro, "pudiera haber tenido acceso a información privilegiada que le indicaran la posibilidad de reclasificación de la finca, debido a la adquisición para equipamiento de ésta por parte del Ayuntamiento de Valverde".

La Guardia Civil sentencia en su informe que "la compra del terreno en Cuba (por parte de los socios de la empresa que lo adquirió-entre ellos, Enrique Armas Lima), pocos meses antes de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Valverde por parte del Ayuntamiento, es un tanto sospechosa e indicaría la existencia de esa información privilegiada".

En el informe elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil se expresa que Enrique Armas Lima y su socio (ambos regentes de la empresa que vendió los terrenos al Ayuntamiento tras su compra en Cuba), adquieren los terrenos por 48.080 euros (8 millones de las antiguas pesetas) y se lo venden al Ayuntamiento de Valverde, tras su reclasificación dos años después de la compra, por 372.627 euros (más de 60 millones de las antiguas pesetas).

El informe policial recoge, entre otras cosas, que el 17 de julio de 2002, el Ayuntamiento envía una comunicación escrita a Enrique Armas Lima donde se le informa que la Comisión de Gobierno municipal admite el expediente de adquisición de suelo para equipamiento por importe de 372.627 euros.

El 19 de julio de 2002, Enrique Armas Lima comunica al Ayuntamiento que acepta la oferta del Consistorio. El 29 de julio de 2002-relata el informe policial-se emite una certificación por parte del secretario del Ayuntamiento donde se indica la adquisición de suelo en Asabanos para equipamiento, finca de 13.141 metros cuadrados por un precio de 372.627,50 euros.

En 2 de agosto de 2002-prosigue el informe-se emite un cheque por parte del Ayuntamiento de Valverde a favor de la empresa de Enrique Armas Lima y su socio por ese importe.

Una compra desaconsejada por los técnicos

Pero algo olía raro, al menos para los expertos en esta materia. Así, el informe elaborado por la Policía Judicial recoge que "también llama la atención sobremanera que cuando se emiten los informes técnicos y del Interventor, donde desaconsejan el método de adquisición de los terrenos y la compra por el valor que piden los administradores de la empresa que quiere vendérselos al Ayuntamiento (entre los que se encuentra el miembro del PP herreño, Enrique Armas Lima), se haga caso omiso de los mismos sin ninguna explicación, ni razonamiento por parte de la Comisión de Gobierno municipal".

El informe agrega, asimismo, que “también se desoye la propuesta de la Secretaría del Ayuntamiento de Valverde, donde le dicen que existiendo disparidad entre el valor oficial y la oferta de los propietarios, la Administración queda sujeta a los principios de economía, eficacia y buena administración en el gasto público”, recoge el informe.

El informe elaborado por el secretario del Ayuntamiento de Valverde, Juan Pablo Martín, fechado el 8 de julio de 2002, señala, entre otras cosas, que “debido a la clasificación del suelo y teniendo la parcela, o al menos parte de ella, la condición de USNO (Urbanizable Sectorizado no Ordenado), el suelo a adquirir no es apto ni viable a los fines previstos, hasta tanto se apruebe el plan parcial que ordene ese suelo y que obligaría, una vez desarrollado ese plan parcial, a los propietarios de los terrenos a cederlos gratuitamente”, recoge el informe del secretario.

El informe del secretario concluye informado “desfavorablemente la ejecución de la operación por no ser viable urbanísticamente y debiendo proceder, en cuanto al suelo urbanizable no ordenado, a la realización de un Plan Parcial para obtener de forma gratuita los terrenos, y en cuanto al Rústico, a la expropiación forzosa”.

Una denuncia presentada en 2006

La denuncia fue presentada el 11 de diciembre de 2006 y retirada el 5 de marzo de 2007 por el vecino que la interpuso por estar "afectando a su vida personal, familiar y psicológica", y por "estar recibiendo mucha presión social".

No obstante y pese a la retirada de esta denuncia, el procedimiento ha continuado de oficio y ahora la Fiscalía ha imputado al alcalde de Valverde un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Tal y como ya adelantara el digital herreño, el caso se remonta a diciembre de 2006, cuando se acusaba directamente al Ayuntamiento de Valverde de un presunto delito de corrupción urbanística en la compra de los terrenos donde actualmente se construye la piscina municipal, en la zona de Asabanos, en la capital herreña.





* Diario de Lanzarote - 19.01.10
Foto: Valverde (El Hierro) - visitarcanarias.com

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Un juzgado ordena la paralización cautelar de seis derribos en el Cabanyal

LEVANTE/Valencia* : Nuevo freno en los juzgados al plan especial del Cabanyal. El magistrado del juzgado nº4 de lo contencioso-administrativo de Valencia suspendió cautelarmente ayer seis licencias municipales de derribo en el Conjunto Histórico del Cabanyal. El gobierno local afirma que la suspensión no cuestiona el plan especial y dice que seguirá adelante.

El auto de paralización se dictó "sin oir a la parte contraria" pocas horas después de que el grupo municipal socialista interpusiera un recurso contencioso contra las licencias de derribo de los edificios ubicados en los números 27, 29, 31 y 61 de la calle San Pedro y en el 16 y 18 de la calle Luis Despuig. El juez entiende que concurren las circunstancias de "especial urgencia" que apunta el PSPV y cita a las partes a comparecer el próximo 21 de enero para ratificar o no la suspensión.
El PSPV advierte que la alcaldesa ha anunciado en distintos medios de manera "contumaz" su "firme propósito" de continuar adelante con los derribos pese a la orden de paralización decretada por el Ministerio de Cultura.
Los jueces ya dictaminaron el pasado mes julio la paralización -primero provisional y luego definitiva- de dos derribos, en esta ocasión, en el área declarada Bien de Interés Cultural a instancias del PSPV.
Las resoluciones de derribo impugnadas fueron aprobadas por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Valencia el 15 de diciembre. El 29 del mismo mes, el Ministerio de Cultura ordenó, a instancias del Tribunal Supremo, la paralización del plan especial del Cabanyal y de la prolongación de Blasco Ibáñez al entender que constituye expolio del patrimonio, una competencia que la ley reserva en exclusiva al Estado. La orden ministerial suspende el plan especial en todo el conjunto histórico y conmina al ayuntamiento a adaptarlo para garantizar la protección efectiva del antiguo y degradado barrio de pescadores.
Salvem el Cabanyal ha anunciado su intención de recurrir todas las licencias de derribo al amparo de la orden ministerial.
El recurso del PSPV pone en entredicho el decreto ley del Consell que desactiva el BIC del Cabanyal y blinda el plan especial. Aduce que es inconstitucional porque pretende "eludir un pronunciamiento judicial con una disposición normativa". Lo único "verdaderamente vigente" es el BIC y no su "esperpéntica derogación" promovida por el Consell. El decreto ley del Cabanyal inició la semana pasada su tramitación como proyecto de ley.
El recurso solicita la suspensión inmediata de la ejecución de las resoluciones al haberse dictado la concesión de licencia de derribo sin mediar autorización previa de la Conselleria de Cultura y sin que exista un proyecto de edificación sustitutoria como marca la Ley de Patrimonio.

Recurso de inconstitucionalidad
El gobierno local quitó importancia a la orden de paralización y dijo que "no pone en cuestión" el plan del Cabanyal-Canyamelar. La alcaldesa, por su parte, acusó a los socialistas de estar instalados "en el error, en la mentira y en la falsedad" respecto al barrio del Cabanyal. Reiteró que fue el PSPV cuando gobierno quien fijó en el PGOU como irrenunciable la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.
La portavoz del PSPV, Carmen Alborch, lo negó y criticó la "manipulación" del PP. "Un alcalde socialista jamás habría llevado a cabo un plan así, por mucho que estuviera preproyectado, si hubiese habido una contestación social y unos argumentos tan racionales como los que hay en la actualidad".
Alborch afirmó ayer que el empeño de Rita Barberá de continuar con los derribos "supone una temeridad". Existiendo la orden ministerial, "debería actuar con cautela y prudencia, y no como un agente demoledor, respetando el Estado de Derecho que tanto invoca pero que a la hora de la verdad no respeta".
Lo más prudente, según Alborch, es que se suspendan las actuaciones hasta que se resuelva el conflicto de competencias. Como se ha publicado, el Gobierno va a presentar un recurso de inconstitucional contra el decreto ley del Cabanyal.


El nuevo secretario general del PSPV en Valencia, Salvador Broseta, entró ayer en la bronca política por el plan del Cabanyal. Broseta, que asistió a la reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal en la sede socialista del Cabanyal, aplaudió en un comunicado la decisión del juzgado de suspender los derribos de seis inmuebles del Cabanyal.
El líder de los socialistas dijo que la situación en la que se encuentra el barrio "es una muestra del desprecio que siente la alcaldesa por el patrimonio de nuestra ciudad". Broseta manifestó esta preocupación por la "conservación y protección de todos los bienes de interés cultural que conforman la identidad de Valencia" .
El líder de los socialistas de la ciudad se comprometió a "defender la rehabilitación" de este barrio marinero pero, también, "de todos los barrios de la ciudad que viven bajo la amenaza de que a la alcaldesa de Valencia se le ocurra intervenir en ellos", ironizó. Recordó que Barberá "se encontraba entre quienes quienes querían construir en el cauce del Turia una autopista". Están en conflicto "la necesidad de decidir entre la especulación o la conservación del legado histórico-cultural", dijo Broseta.





* Levante-EMV - 19.01.10
Foto: Valencia, ayuntamiento - .wikimedia.org

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