LAVERDAD/Murcia/Jumilla* : El Tribunal Supremo ha decidido suspender cautelarmente el Plan Parcial y el Programa de Actuación Urbanística 'Santa Ana del Monte Jumilla Golf', en el que estaba previsto levantar 2.285 viviendas y un campo de golf porque la posible insuficiencia hídrica afectaría al interés general.
El Supremo acuerda como medida cautelar la suspensión del acuerdo de Pleno del ayuntamiento de 5 de diciembre del 2006, por el que fue definitivamente aprobado el Plan Parcial 'Santa Ana del Monte Jumilla Golf'; así como del acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de diciembre, por el que se aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanística de la Unidad de Ejecución Unica del Plan Parcial, además del Proyecto de Estatutos y Bases de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución Unica del Plan Parcial 'Santa Ana del Monte Jumilla Golf'.
Con este auto se impugna el que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó en hace dos años, que desestimó el recurso de súplica contra el anterior Auto de 9 de octubre de 2007 por el que fue desestimada la solicitud de suspensión cautelar del Plan Parcial y el Programa de Actuación Urbanística.
El TSJ desestimó la petición porque «no se concreta ni acredita los posibles perjuicios que se derivarían de la no adopción de la medida cautelar», y que los que cita «son fácilmente identificables mediante la correspondiente indemnización».
En el auto del TSJ no consideró que el interés general «demandara la suspensión» y, en relación al abastecimiento de agua reconocía la existencia de un «expediente de concesión de aguas subterráneas para la modificación de características o condiciones del aprovechamiento inscrito en el Registro de aguas, que se tramita en la Confederación Hidrográfica del Segura a instancias de 'San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S. A.'». Además, «en el Plan Parcial se contempla la ejecución de una planta desaladora y potabilizadora a ejecutar en el sector».
Falta de abastecimiento
Por el contrario, el Supremo considera que «el motivo debe de prosperar» , ya que el anterior Auto da «una valoración, provisional y limitada, de los fundamentos de la pretensión articulada y, frente a ellos, la Sala ha considerado que debía prevalecer el desarrollo urbanístico implícito en los Acuerdo impugnados, sin tomar en consideración las alegaciones que insistían, desde la perspectiva de la legalidad de fondo, en la ausencia de un abastecimiento de agua suficiente y proporcional con el desarrollo urbanístico proyectado». Por tanto, acuerda la suspensión cautelar hasta que se acredite «la suficiencia de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo urbanístico en proyecto».
El alcalde, Francisco Abellán, explicó ayer que la primera demanda fue presentada por un vecino, Pascual Carrión, que tiene una explotación ganadera en esa zona, y que pedía que el Plan Parcial se hiciera más pequeño y así no afectara tanto a su parcela, sobre todo el tendido eléctrico que iba a darle energía a la urbanización, que en un primer momento iba a contar incluso con más viviendas. La denuncia de Carrión, sin embargo, no tiene relación con la que ahora ha estimado en su recurso el Supremo, que se refiere al suministro de agua.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo será el promotor el que se planteará, si le interesa, hacerlo más pequeño y que se ajuste al Auto del Supremo. No obstante, Abellán quiso dejar claro que los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Jumilla estaban, en su momento, ajustados a los informes técnicos favorables y al Plan General de Ordenación Urbana.
* La Verdad - 26.12.09 - 00:29 - I.M. / G. H. / EP | MADRID / MURCIA
Foto: Pascual Carrión Guardiola junto a su rebaño en el año 2003, cuando inició su lucha para que el tendido eléctrico de la futura urbanización no afectara su explotación ganadera. :: JUAN LEAL, laverdad.es
Un pastor le gana la partida a una urbanización de 2.285 viviendas
Valencia: Sobre los jardines de Monforte
JULIO LACARRA LÓPEZ* : El presidente de la asociación de Amigos de los Jardines Valencianos defiende no sólo el mantenimiento del muro de Monforte sino la reapertura del acceso público desde el palacete. El intento de eliminación del muro de los jardines de Monforte y su sustitución por una verja constituye un eslabón más en la larga serie de agresiones que el jardín ha padecido por parte de su actual propietario, el Ayuntamiento de Valencia. La mala gestión de este Bien Cultural, que obliga a los ciudadanos a visitarlo por la puerta de atrás (un añadido de los años 70 del pasado siglo) origina declaraciones tales como las del concejal señor Bellver o las de la señora Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia en las que siempre hablan del «singular parque», eludiendo la condición de jardín histórico-artístico que caracteriza a Monforte.
Nos resulta del todo indignante que este relevante jardín valenciano sea únicamente accesible por una puerta trasera que impide la comprensión del programa iconológico expuesto en la entrada histórica y además evita la percepción sensorial de un espacio que desde su origen marca diferentes direcciones. La entrada por el Palacete o Pabellón de Descanso es la que permite comprender el jardín y emocionarse con sus ambientes tan diferentes, resguardados por ese muro que ahora se pretende eliminar.
No nos olvidemos que nos encontramos ante un Bien de Interés Cultural al haber sido declarado en el año 1940 Jardín de Interés Histórico Artístico y no en un jardín de barrio con pipican.
Tras varios años de instancias y papeles con el Ayuntamiento de Valencia (su propietario) y con la Consellería de Cultura, sin conseguir que el Palacete sea abierto al público como medio de acceso al jardín (se alega que está dedicado a bodas, que Protocolo tiene allí las oficinas, que hay un comedor de trabajadores.) se denunció esta situación ante los tribunales y se iniciaron dos procedimientos contencioso-administrativos.
En uno de ellos, la mismísima Directora General de Patrimonio, doña Paz Olmos Peris, dio a entender en fase probatoria (pues fue llamada como testigo por parte nuestra) que el jardín y el palacete eran entidades diferentes, cuando la misma Consellería, en su catalogación de Bienes Culturales, incluye dentro de la misma unidad (como no puede ser de otra manera) el jardín y el palacete. El acceso se define a través del zaguán del pabellón de descanso, es más, se describen con detalle los valores arquitectónicos del Palacete. En concreto, se dice textualmente: «En consonancia con el carácter señorial del jardín se conserva el pabellón de recreo, especie de palacete construido a iniciativa del propio Marqués de San Juan, y cuya puerta es paso obligado y único al jardín».
La no apertura al público del palacete, y la falta de difusión adecuada tanto en los medios de comunicación como en los centros de información turística y cultural ha sido acreditada por esta Asociación en los referidos procedimientos judiciales pudiéndose comprobar fácilmente este extremo, por ejemplo, consultando la Oficina Municipal de Turismo. El Plan Especial de Protección del BIC tampoco ha sido elaborado por el Ayuntamiento. Nos preguntamos si todo ello tiene que ver con el uso que se le ha atribuido, en ningún caso incompatible con lo que la Ley de Patrimonio determina y esta Asociación reclama, siempre que se adopten las correspondientes medidas de seguridad tal y como refiere la Ordenanza de Parques y Jardines de Valencia, que en todo caso habrían de establecerse estuvieran o no dichas oficinas por la relevancia del BIC (Bien de Interés Cultural). Las administraciones y entidades de la Comunitat Valenciana puedan destinar el ejercicio de una actividad pública en estos inmuebles siempre y cuando no se desvirtúen los valores históricos, artísticos o culturales de los edificios integrantes del patrimonio cultural del que sean titulares, previo informe de la Consellería.
El objetivo de la Asociación AJAVA es conseguir que el Ayuntamiento de Valencia y la Consellería de Cultura recuperen el respeto por el Jardín de Monforte manteniendo el muro y abriendo la entrada histórica al mismo y cumpla con las obligaciones que la legislación vigente prescribe, a fin de que se recuperen las medidas de protección y fomento necesarias para que todos los ciudadanos puedan contemplar y disfrutar de esta obra de arte que es herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. En un estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente expuestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y ésta es en definitiva el camino seguro hacia la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos de esta hermosa Comunitat y de este maravilloso país.
* Las Provincias - Opinión - 26.12.09
Telde: Turcón pide la dimisión del edil de Urbanismo por su "escandaloso" proceder en la legalización de Las Terrazas
TELDEACTUALIDAD/Gran Canaria: El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción pide la dimisión del concejal de Urbanismo de Telde por el “escandaloso” proceder del Ayuntamiento en la legalización y apertura del Centro Comercial Las Terrazas, sito en la costa de Jinámar.La organización recuerda en un comunicado que en un principio "se negó" al colectivo Turcón la posibilidad de ver el expediente administrativo y ahora en sede judicial los ecologistas han ratificado todos los extremos de sus denuncias.
Añaden que han recurrido todos los actos administrativos relacionados con el Parque Marítimo de Jinámar, "desde el inicio de las obras de urbanización en el año 2003 que ya posee una sentencia firme confirmando las denuncias ecologistas".
De este modo, señalan que las últimas demandas efectuadas contra el Ayuntamiento de Telde en los juzgados de Lo Contencioso-Administrativo dan como resultado la presentación por parte de los juristas de Turcón de un documento de más de doscientos folios donde se argumentan las supuestas irregularidades.
El colectivo recuerda que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria emitió un auto de fecha 1 de abril de 2009, por el que aceptó la petición de Turcón para la acumulación de los expedientes que contiene los actos administrativos impugnados referidos, entre otros, al acuerdo de la junta de gobierno local del Consistorio donde se aprobó el proyecto de urbanización del equipamiento estructural del Parque Marítimo de Jinámar.
A ello se suma la impugnación de la licencia de apertura de establecimiento para dedicarlo a la actividad de Parque Marítimo de Jinamar, SL.- Centro Comercial de Las Terrazas y el decreto de 11 de noviembre de 2008 por el que se otorga definitivamente la licencia de apertura al promotor del Centro Comercial Las Terrazas.
"Legalización encubierta de las obras"
Una vez examinada toda la documentación que contienen los siete tomos del expediente judicial, Turcón denuncia la "legalización encubierta de las obras y la autorización para la apertura del Centro Comercial sin cumplir los parámetros exigidos". Asimismo, Turcón informa de que ha puesto en manos del juez todas las supuestas irregularidades detectadas, solicitando que "se profundice en la investigación por si pudiera existir otro tipo de responsabilidades".
"Como ejemplo de los trapicheos del concejal de Urbanismo", aluden a una "dispensa" presentada al pleno del 31 de octubre de 2008 por el edil, a fin de solicitar al Consejo de Gobierno de Canarias que "adopte acuerdo de dispensa previsto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.
Los ecologistas argumentan que esta petición de dispensa tiene que ver con que "el proyecto presentado dispone de unos 1.000 metros cuadrados en exceso que contribuye a garantizar la evacuación del edificio".
Añaden que el debate plenario es posterior a la inauguración oficial del Centro Comercial de Las Terrazas --20 de octubre de 2008--, y a diez días de la concesión de la Licencia de Apertura que se pretende anular por Turcón.
"Descalabro de la Administración"
Según los ecologistas, el concejal de Urbanismo dijo al resto de miembros de la corporación que "se cumple con todos los trámites, y sorprendentemente después no la eleva al consejo de gobierno de canarias, tal como se acordó en el Pleno Municipal y, lo más grave, se concede la licencia de apertura".
"Este hecho en sí mismo demuestra, además del descontrol del concejal de Urbanismo, el descalabro de una administración a merced de unos determinados intereses, y que los hechos consumados son la tónica general en este proyecto", sostiene Turcón.
De este modo, tras analizar toda la documentación en vía judicial y comparando con el resto de documentos existentes en poder de este colectivo, los ecologistas reclaman la dimisión del responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde porque, a su juicio, "ha dejado de ser garante de los intereses del municipio, así como no ha sido capaz de velar por la legalidad vigente en Jinámar".
Comunicado íntegro de Turcón
Primeramente se negó al Colectivo Turcón la posibilidad de ver el expediente administrativo y ahora, en sede judicial, los ecologistas ratifican todos los extremos de sus denuncias. Como recordarán, los ecologistas de Turcón, han recurrido todos los actos administrativos relacionados con el Parque Marítimo de Jinámar, desde el inicio de las obras de urbanización en el año 2003 que ya posee una sentencia firme confirmando las denuncias ecologistas.
Pues bien, las últimas demandas efectuadas en los juzgados de lo contencioso-administrativo da como resultado la presentación por parte de los juristas de Turcón contra el Ayuntamiento de Telde, de un documento de más de doscientos folios donde se argumentan las supuestas irregularidades.
El Juzgado Contencioso-Administrativo nº. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, emitió un auto de fecha 1 de abril de 2009, por el que aceptó la petición de Turcón para la acumulación de los expedientes que contiene los actos administrativos impugnados y que son los siguientes:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde realizado el día 30 de julio de 2008 donde se “aprueba con carácter retroactivo a la fecha 15-12-2003 el Proyecto de Urbanización del S.U.S.O. Equipamiento Estructural 1-3-5 Parque Marítimo de Jinámar, cedido por la entidad mercantil Parque Marítimo de Jinámar SL. y asumiendo el M.I. Ayuntamiento de Telde las iniciativas en el sistema”.
Decreto nº 5.470 de fecha 31 de octubre de 2008, por el que se recepciona la urbanización y resuelve la licencia de apertura, expediente nº 1.491/2005. Licencia de Apertura de establecimiento para dedicarlo a la actividad de Parque Marítimo de Jinamar, SL.- Centro Comercial de Las Terrazas.
Denegación de la condición de interesado en un expediente administrativo. Contestación del Ayuntamiento de fecha 7 de noviembre de 2008 por el que no accede a la petición de Turcón en los expedientes administrativos de la licencia de apertura y otros referidos al Parque Marítimo de Jinámar.
Decreto nº 5.635 de fecha 11 de noviembre de 2008 por el que se otorga definitivamente la licencia de apertura al promotor del Centro Comercial Las Terrazas.
Una vez examinada toda la documentación que contienen los siete tomos del expediente judicial, Turcón denuncia la “legalización encubierta de las obras” y la autorización para la apertura del Centro Comercial sin cumplir los parámetros exigidos. Asimismo, Turcón informa que ha puesto en manos del Juez todas las supuestas irregularidades detectadas, slicitando que se profundice en la investigación por si pudiera existir otro tipo de responsabilidades.
Como ejemplo de los trapicheos del Concejal de Urbanismo, recordamos el tema de la famosa dispensa. Las fuerzas políticas de Telde respaldaron una solicitud de dispensa presentada al Pleno del 31 de octubre de 2008, por el Concejal de Urbanismo, José Antonio Perera, que decía así:
Solicitar al Consejo de Gobierno de Canarias para que adopte acuerdo de dispensa previsto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobada por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Viene esta petición de dispensa porque el proyecto presentado dispone, … de unos 1.000 m2 en exceso que contribuye a garantizar la evacuación del edificio.., y en otro apartado nos dice la propuesta del Concejal que “Sin lugar a dudas, las dispensas sólo son admisibles en supuestos previstos legalmente, pues suponen una quiebra del principio de igualdad”.
Todo este debate plenario es posterior a la inauguración oficial del Centro Comercial de Las Terrazas (20 de octubre de 2008), y a diez días de la concesión de la Licencia de Apertura que ahora se pretende anular por Turcón.
El Concejal de Urbanismo dice al resto de miembros de la corporación que se cumple con todos los trámites, y sorprendentemente después no la eleva al Consejo de Gobierno de Canarias, tal como se acordó en el Pleno Municipal (así consta en el expediente judicial) y, lo más grave, se concede la Licencia de Apertura. Este hecho en sí mismo demuestra, además del descontrol del Concejal de Urbanismo, el descalabro de una administración a merced de unos determinados intereses, y que los hechos consumados son la tónica general en este proyecto.
Turcón después de analizada toda la documentación en vía judicial y comparando con el resto de documentos existentes en poder de este Colectivo, concluye, como primer paso, pedir la dimisión del Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde porque ha dejado de ser garante de los intereses del municipio, así como no ha sido capaz de velar por la legalidad vigente en Jinámar.
* Telde Actualidad - 26.12.09
Foto: teldeactualidad.com
La corrupción, detenidos a centenares en 2009
RTVE* : Un total de 252 personas detenidas en operaciones contra la corrupción en 2009, más de 2.000 inmuebles incautados, 29 investigaciones por cohecho, 23 por malversación de caudales públicos, 12 por prevaricación administrativa y 10 por blanqueo de capitales. Son algunos de los datos que maneja la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil -sin incluir diciembre-, facilitados a RTVE.es, y que suponen una media de 21 detenidos al mes.
Desde 2004, en total ha habido 943 detenidos por corrupción, que se ha ido incrementando de manera considerable año a año. De hecho, desde 2004 a 2009 se ha multiplicado por 25, porque en 2004 sólo fueron 10 los detenidos.
Gran parte de estos detenidos e implicados en casos de corrupción son cargos políticos, lo que genera una mayor alarma social. Por ello, no es de extrañar que, para los españoles, los partidos políticos sean, junto con la administración pública, la institución más corrupta, según el Barómetro Global de la Corrupción 2009.
Tampoco extraña que España haya empeorado su posición y descendido al puesto 32 en el ránking de países corruptos de Transparencia Internacional, por detrás de Qatar, Singapur, Chile o Estonia.
Sólo en 2009 se han desarrollado alrededor de medio centenar de investigaciones, entre ellas la que en febrero destapó la trama Gürtel, el caso más sonado de este año sobre una presunta red empresarial encabezada por el empresario Francisco Correa, ligada a más de una docena de cargos del Partido Popular y con 68 imputados.
Desde Málaga a Cantabria
Pero, además de Gürtel, febrero fue uno de los meses en los que más casos se destaparon. Salió a la luz el 'caso Mercasevilla' en el que hay imputados un alto cargo de la Junta de Andalucía, el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas (PSOE), el ex gerente de la sociedad -participada por el Ayuntamiento y una sociedad estatal- y varias personas más. En el caso se investiga una supuesta venta fraudulenta de suelo y la presunta petición de una comisión de 450.000 euros a dos empresarios a cambio de subvenciones de la Junta.
El 4 de febrero fue detenido el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (no adscrito a ningún partido y expulsado del regionalista PRC), y el concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera, por prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos por la construcción del edificio Bulevard.
En este mes también fue imputado el alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP) en el 'caso Troya' por presunta prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción -además de la de otra 24 personas- por su implicación en una presunta trama de corrupción urbanística que ofrecía supuestamente mayor edificabilidad de la permitida a cambio de retribuciones.
También en Málaga, el 27 de febrero fue detenido el alcalde de Alcaucín, José Manuel Alba (PSOE), que pasó en prisión más de cuatro meses y ahora está en libertad condicional por presunta corrupción urbanística por vinculación a una presunta trama que construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.
Prisión sin fianza para el alcalde de Alcaucín y el arquitecto municipal
Tampoco extraña que España haya empeorado su posición y descendido al puesto 32 en el ránking de países corruptos de Transparencia Internacional, por detrás de Qatar, Singapur, Chile o Estonia.
Sólo en 2009 se han desarrollado alrededor de medio centenar de investigaciones, entre ellas la que en febrero destapó la trama Gürtel, el caso más sonado de este año sobre una presunta red empresarial encabezada por el empresario Francisco Correa, ligada a más de una docena de cargos del Partido Popular y con 68 imputados.
Desde Málaga a Cantabria
Pero, además de Gürtel, febrero fue uno de los meses en los que más casos se destaparon. Salió a la luz el 'caso Mercasevilla' en el que hay imputados un alto cargo de la Junta de Andalucía, el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas (PSOE), el ex gerente de la sociedad -participada por el Ayuntamiento y una sociedad estatal- y varias personas más. En el caso se investiga una supuesta venta fraudulenta de suelo y la presunta petición de una comisión de 450.000 euros a dos empresarios a cambio de subvenciones de la Junta.
El 4 de febrero fue detenido el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (no adscrito a ningún partido y expulsado del regionalista PRC), y el concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera, por prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos por la construcción del edificio Bulevard.
En este mes también fue imputado el alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP) en el 'caso Troya' por presunta prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción -además de la de otra 24 personas- por su implicación en una presunta trama de corrupción urbanística que ofrecía supuestamente mayor edificabilidad de la permitida a cambio de retribuciones.
También en Málaga, el 27 de febrero fue detenido el alcalde de Alcaucín, José Manuel Alba (PSOE), que pasó en prisión más de cuatro meses y ahora está en libertad condicional por presunta corrupción urbanística por vinculación a una presunta trama que construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.
Prisión sin fianza para el alcalde de Alcaucín y el arquitecto municipal
El 18 de marzo fue detenida en la 'Operación Molino' la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, junto a otras 17 personas, por presunta corrupción urbanística. Salió en libertad bajo fianza tras cuatro meses en prisión y en el caso, con 35 imputados, se les acusa de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
18 detenidos en una operación policial contra la corrupción urbanística en La Muela
En Canarias, el 25 de mayo fueron detenidas 11 personas en la operación contra una trama de cargos públicos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote) y técnicos del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, que presuntamente cobraba comisiones millonarias a empresarios por gestiones municipales y urbanísticas, entre ellas el líder del PIL, Dimas Martín, que ya estaba en prisión cumpliendo una condena por malversación. Días después, en la denominada 'operación Unión', también fue detenido el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes (Partido Nacionalista de Lanzarote).
En julio se destapó el caso Palau de la Música de Barcelona, según el cual sus antiguos responsables, el ex presidente Félix Millet y el ex gerente Jordi Montull, habrían desviado unos 23,7 millones de euros, entre otras cosas para obras en viviendas particulares. Ambos imputados se encuentran en libertad provisional porque el juez entiende que no hay riesgo de fuga.
Declaran los dos imputados por el presunto desfalco del Palau de la Música de Barcelona
El 9 de julio, la Fiscalía Anticorrupción denunció al ex alcalde socialista de Seseña José Luis Martín, por prevaricación, cohecho y delitos contra la hacienda pública en la aprobación del PAU de El Quiñón de Seseña (Toledo), donde Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', construye 13.508 viviendas.
La corrupción en Baleares
En agosto de este año fueron detenidos en el 'caso Palma Arena' ocho personas en la 'operación Espada' -la investigación judicial se había iniciado un año antes- por el sobrecoste en la construcción del velódromo de Palma de Mallorca, que fue presupuestado en 48 millones de euros y su coste se acabó duplicando. Fueron detenidos varios ex altos cargos del Govern balear de Jaume Matas (PP), que también está imputado en el caso y del que también se investiga un presunto incremento ilícito de su patrimonio.
Jaume Matas declarará como imputado ante el juez que investiga el caso Palma Arena
Pero los casos de corrupción no han afectado sólo al anterior Govern, también al actual presidido por Franscec Antich y en el que están coaligados el PSIB-PSOE, el Bloc y Unió Mallorquina (UM). La presidenta de honor de UM y del Parlament balear, María Antònia Munar, está imputada desde el 21 de octubre por presunta corrupción urbanística en el llamado caso Can Domenge cuando presidía el Consell de Mallorca por la enajenación de los terrenos donde se construyó el centro empresarial; y también, desde el 30 de noviembre, está imputada en otra pieza separada del 'caso Son Oms' que investiga el presunto desvío de fondos públicos desde Televisió Mallorca y Ona Mallorca hacia UM.
María Antonia Munar tendrá que volver a declarar por un nuevo caso de presunta corrupción
En este último caso hay otra docena de imputados, entre ellos el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el ex conseller de Turismo del Govern balear, Miquel Nadal, que precisamente dimitió el 3 de diciembre por sus imputaciones. Esta dimisión y las imputaciones han abierto una crisis de gobierno en el Ejecutivo balear, que de momento mantendrá sus actuales socios, aunque Antich no descarta en última instancia una convocatoria anticipada de elecciones.
Las imputaciones de políticos de UM han puesto en peligro el pacto del Govern balear
De esquina a esquina del mapa de España
En octubre, saltó otro caso de corrupción en el sur de España, en el municipio del poniente almeriense de El Ejido, del que se dice que es el que más bancos por habitante tiene en España gracias al éxito de la agricultura en invernaderos. En la denominada 'operación Poniente' fueron detenidos el alcalde, Juan Enciso (PAL) -en prisión incondicional- y otras 19 personas, entre ellas el interventor municipal y el ex gerente de una sociedad municipal, además de varios empresarios. Están acusados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
Envían a prisión al presunto cabecilla del entramado de corrupción que se investiga en el Ejido
En otra provincia andaluza, en el extremo occidental de la Península, en Huelva, fueron imputados a final de septiembre en otra zona agrícola el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y el teniente de alcalde, Miguel Novoa, por el caso Hiconsa de presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos situados junto al centro del municipio, uno de los principales productores de fresa.
También en Andalucía y en octubre, el día 22, fue imputado el alcalde de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca (PSOE), en una investigación por delitos urbanísticos, en la que también se registró el Ayuntamiento y están imputados otros dos concejales.
En otro de los extremos de España, en Galicia, fueron detenidos el alcalde de Castro de Rei (Lugo), Juan José Díaz Valiño (PSOE), y otros tres ediles, dos de ellos socialistas y uno de Terra Galega, por presunta prevaricación y tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores de Tráfico.
Y en la última esquina de la piel de toro, en Cataluña, el 27 de octubre saltó el 'caso Pretoria', por el que están en prisión el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSOE), y el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis García, y en libertad bajo fianza de un millón de euros dos ex altos cargos de la Generalitat con CiU, Lluís Prenafeta, y Macià Alavedra. También hay imputados otros cargos públicos, entre ellos ex alcaldes y ex concejales de varias localidades del área metropolitana de Barcelona en las que presuntamente actuó esta trama de corrupción urbanística.
Operación contra la corrupción en la provincia de Barcelona
Doblete en Estepona para acabar el año
Para terminar el año, otra vez en Málaga -que, junto a Madrid, Sevilla y Baleares concentran más de la mitad de los casos de corrupción-, la Justicia volvió a llamar a las puertas del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona. Casi un año y medio después de que el alcalde esteponero, Antonio Barrientos (PSOE), fuera detenido junto a otras 24 personas en la 'operación Astapa' por presunta corrupción urbanística, el pasado 10 de diciembre fue imputado también por prevaricación urbanística su sustituto en el cargo, David Valadez (PSOE), por la construcción de una vivienda en suelo rústico.
Antes de Barrientos, la localidad costasoleña estaba gobernada por Jesús Gil Marín, hijo del ex primer edil de Marbella, el fallecido Jesús Gil, fundador del partido que llevaba su apellido, GIL, y con el que se empezaron a relacionar los casos de corrupción en la Costa del Sol. De hecho, Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella desde tiempos de Gil, es el presunto cerebro del 'caso Malaya' y sus redes se extienden hasta el ámbito judicial, donde también se dan casos de corrupción. Así, el juez marbellí Javier de Urquía, fue condenado a prisión en un principio y luego sólo multado por el Tribunal Supremo por presunto cohecho por pedir dinero a Roca para la entrada de su vivienda.
Para intentar poner freno a la corrupción política, el PP ofreció el 21 de noviembre un pacto por la transparencia y la corrupción en la vida municipal, que populares y socialistas han quedado en estudiar conjuntamente. Y, por su parte, Izquierda Unida presentó el 11 de diciembre 48 medidas contra la corrupción y en favor de "la regeneración política", en lo que supone la primera iniciativa parlamentaria para atajar un problema que en cifras se traduce, según este partido, en que el dinero que mueve al año en España dobla el presupuesto de la ONU.
* RTVE.es - LAURA G. TORRES - MADRID - 23.12.09
Foto: andalucía libre
Chiclana: El derribo de las diez casas de Majadillas Bajas le costará a su promotor unos 120.000 euros
LAVOZ/Cádiz* : El derribo de las diez viviendas ilegales de Majadillas Bajas no saldrá de balde a sus propietarios. Además de perder sus propiedades -levantadas en el año 2007 tras obviar media docena de precintos policiales y una orden judicial firme de demolición-, la familia Tocino deberá hacer frente, en los próximos meses, al pago de los casi 120.000 euros que ha costado el trabajo de la maquinaria de la empresa especializada Derribos Aragón en su parcela.
Ese importe les será reclamado en breve por la Gerencia Municipal de Urbanismo, puesto que la legislación obliga a los responsables de la infracción a asumir «los costes del restablecimiento de la legalidad urbanística».
Cabe recordar que la empresa Derribos Aragón fue contratada por el Ayuntamiento de forma subsidiaria la pasada semana para acometer el derribo de estas casas, tras recibir orden del juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo de Cádiz.
Una vez obtenidos todos los permisos para poder acceder a los domicilios, técnicos de la empresa acudían el viernes a supervisar los trabajos, que no pudieron completarse por la oposición de vecinos y propietarios.
Finalmente fue el lunes, con el plan de seguridad de las obras al completo y un amplio despliegue policial, cuando las excavadoras de Derribos Aragón realizaron su tarea en medio de insultos y un ambiente de gran tensión.
El derribo se realizó en apenas cuatro horas. Las diez viviendas de 400 m2 de superficie y una única planta cayeron una tras otra entre las 10 y las 14 horas.
Su demolición consistió únicamente en la destrucción de las estructuras; la gestión de los escombros que allí quedaron corresponderá, en todo caso, a los propietarios de la parcela de más de 4.700 m2 de la calle Reina Isabel de Portugal donde se levantaban. Los Tocino podría ser embargados en bienes o ingresos si no pagan lo que ha costado tirarlas.
* La Voz Digital - JESÚS ARAGÓN - 24.12.09
Foto: Estado en el que quedaron las edificaciones. :: ÓSCAR CHAMORRO , lavozdigital.es
Almería: Los arquitectos ahora se posicionan en contra del modelo de soterramiento
ELALMERÍA* : El Colegio Oficial de Arquitectos se ha pronunciado ahora en contra del modelo de soterramiento propuesto por el Gobierno central, y aceptado por el Ayuntamiento de Almería. Consideran que el proyecto de cúpulas desde la avenida del Mediterráneo hasta la estación no elimina la separación de la ciudad por el paso del ferrocarril y no cumple, además, con el Plan de Aglomeración Urbana, por lo que abogan por el soterramiento integral o por trasladar la estación al extrarradio.
Pese a que la propuesta de Fomento se conoce desde 2008, ha sido ahora, tras el estudio del avance informativo, cuando el Colegio de Arquitectos ha explicado que el trazado "no se contempla al cien por cien soterrado y, aun soterrando todas las vías, corresponde a una tipología de estación terminal con un edificio de aproximadamente un kilómetro elevado sobre la rasante y una díficil conexión entre las partes separadas por las vías". Añaden otra pega más relacionada con la falta de concreción de la conexión de las vías con el Puerto que definen como "una insinuación de continuación viaria hasta el recinto portuario sin resolver su imagen final".
Evalúan que Almería pasa de ser una estación terminal a convertirse en una estación de paso y entienden que la solución pactada no cumple con la vocación de continuidad que el Plan de Aglomeración Urbana pretende dotar a la actuación ferroviaria prevista en la capital, "ni -insisten- con la pretendida disolución de las barreras que suponen las vías del ferrocarril en la actualidad".
La opinión del Colegio de Arquitectos fue trasladada ayer al alcalde cuando precisamente la comisión informativa de Urbanismo aprobaba el convenio del soterramiento a firmar por Fomento, el Ayuntamiento y la Junta, una vez que el próximo martes sea ratificado por el Plenario.
Lanzan dos propuestas alternativas al modelo de bóvedas. La primera coincide con la reinvidación social de alcanzar un soterramiento total, haciendo posible que el Ave llegue hasta el centro de la ciudad de forma soterrada. Una solución ésta descartada por el Ministerio de Fomento que la considera inviable desde el punto de vista técnico y económico. Sin embargo, el Colegio de Arquitectos recuerda en su escrito que otras ciudades han recibido este tratamiento, entre las que citan Cádiz, Puerto Real, Zaragoza y Valladolid.
El soterramiento total "dejaría que la ciudad se interrelacione, es decir, evitar la barrera que supone la estación diseñada, resolviendo el paso del tren hacia el poniente y el norte de la provincia sin crear nuevas barreras que disgregarían la ciudad".
Plantean una segunda opción que viene a coincidir con la propuesta defendida meses atrás por el alcalde de Almería de trasladar la estación a El Puche. Consiste en "resolver la interrrelación con el resto de la península con una estación situada fuera del crecimiento urbano, resolviendo a modo de lanzadera el flujo de mercancías y pasajeros hasta la ciudad, de forma soterrada o en altura, conllevando terminales más reducidas y fáciles de integrar en el espacio urbano".
* El Almería - María Victoria Revilla -24.12.09
Foto: Almería - amigosdelaalcazaba.es
España suspende la mayoría de indicadores de sostenibilidad y medio ambiente
ELPERIÓDICO* : En 103 de los 165 indicadores analizados no se alcanza el nivel de aprobado. España sigue sin cumplir la mayor parte de los indicadores de desarrollo y medio ambiente y sin aprovechar la crisis para convertir su modelo productivo en otro más sostenible social, ambiental y económicamente, según el quinto Informe de Sostenibilidad en España 2009.
El informe, presentado hoy por el director del Observatorio de la Sostenibilidad de España, Luis Jiménez, y por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, pone de manifiesto que España suspende 91 de los 165 indicadores analizados, y que otros 12 están en "situación crítica de sostenibilidad".
En cuanto a los indicadores estrictamente ambientales (energía, residuos, emisiones, transporte, urbanismo, etc), la mitad de ellos muestran una situación negativa, aunque parece que evolucionan favorablemente, según el informe.
Mejora de la eficiencia
En el capítulo de energía, cambio climático y biodiversidad, el informe destaca aspectos como la mejora de la eficiencia energética o la reducción del consumo de energía, dos aspectos clave para hacer frente al cambio climático.
No obstante, la mejora de estos dos indicadores, al igual que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (casi el 10% menos que en el 2008), son consecuencia directa de la crisis económica y no de cambios en el modelo productivo.
Fuentes renovables
El informe destaca los avances de las energías de fuentes renovables, que aportaron casi el 20% de la producción eléctrica en el 2008, y que, según las estimaciones del OSE pueden alcanzar el 25% este año.
En cuanto al medio ambiente, el informe aconseja que se aumenten las áreas protegidas "para aumentar los corredores de biodiversidad" porque la fragmentación de los ecosistemas está agravando la situación de los animales que están en peligro de extinción.
Aguas subterráneas
El informe también se refiere a la situación de las aguas subterráneas que están cada vez más contaminadas y con las cuencas hidrográficas mal gestionadas. "El mayor ejemplo -ha lamentado Jiménez- es el parque nacional de Las Tablas de Daimiel, cuya situación pone de manifiesto la gravedad de este indicador estratégico en nuestro país".
El informe, no obstante, destaca los avances en gestión ambiental registrados en el sector empresarial español, especialmente en Madrid, Catalunya y Galicia, que son las regiones con más número de certificados ambientales.
525 sentencias condenatorias
El OSE también valora la actuación del Seprona (el cuerpo de la Guardia Civil especializado en delitos contra el medio ambiente) y recuerda que en el 2008 se abrieron casi 4.000 diligencias y se dictaron 715 sentencias, 525 de ellas condenatorias.
Para el director del Observatorio, la educación ambiental en España ha registrado un avance significativo en todos los aspectos, aunque ahora, ha dicho, "hay que avanzar en educación para la sostenibilidad".
Cambio social
Tras la presentación de este informe, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha reconocido que España necesita cambiar su modelo productivo pero ese cambio no debe ser solo "funcional o económico, sino también social y cultural" y debe ser impulsado por los ciudadanos y todos los estamentos sociales y cívicos.
En ese sentido, Espinosa ha valorado el aumento de la conciencia social de los ciudadanos y ha asegurado que esa predisposición y responsabilidad son los aspectos que marcan la eficiencia energética y la mejora ambiental del país.
Cambio del marco legal
El Gobierno, por su parte, ha subrayado Espinosa, impulsará el cambio de modelo productivo con reformas estratégicas que serán articuladas a través de la ley de economía sostenible que tratará de impulsar la competitividad, la sostenibilidad medioambiental, la normalización de la construcción, la innovación y la formación profesional y el impulso de los sectores emergentes.
* El Periódico - EFE - 21.12.09
Foto: contaminación - google
Gijón: La zona rural inicia su oposición al plan urbanístico
ELCOMERCIO* : Cuestionan la necesidad de vivienda que plantea el Ayuntamiento y recuerdan que hay 19.000 pisos vacíos. Arrancó ayer, de forma oficial, la oposición de la zona rural gijonesa a la revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Si algunos líderes vecinales ya habían mostrado su rechazo, ayer quedó claro que la federación Les Caseríes al completo no está por la labor de dar por buenas ninguna de las tres alternativas de crecimiento presentadas por el Ayuntamiento.
Y no lo están, en principio, porque no comparten las previsiones de crecimiento que el equipo de gobierno plantea para la ciudad en los próximos diez años. De hecho, consideran que se manejan cifras «irreales» sobre la necesidad de vivienda de la ciudad que es la que, se supone, sustenta los planes urbanísticos. Esa es la base con la que los presidentes vecinales, reunidos ayer de forma extraordinaria, se dirigirán en las próximas semanas a sus vecinos para comenzar a preparar las sugerencias que deben presentar durante el primer periodo de información pública.
Pero la zona rural va más allá. Consideran que el propio documento de prioridades dibuja tres futuros de Gijón muy distintos. «Son tres modelos de ciudad distintos, no tres formas de conseguir el modelo que se quiere», decía ayer Antonio García, abogado de Les Caseríes y presidente vecinal de Deva. Y esa es la cuestión: ninguna de las tres alternativas presentadas por el equipo de gobierno convence a quienes mantuvieron firme oposición con el anterior plan y quienes, finalmente, consiguieron anularlo en los tribunales, aunque por cuestiones de forma y no de fondo.
Pero esta situación es la que ahora ellos quieren aprovechar para dibujar, realmente, un modelo de ciudad distinto. Porque, aunque pueda parecer mentira, la zona rural incluso podría estar de acuerdo en los objetivos que el Ayuntamiento se marca con esta revisión. Al menos, con algunos de ellos. A saber: dibujar una ciudad sostenible, asegurar el desarrollo industrial y garantizar una política de vivienda razonable y suficiente.
Pero los acuerdos se quedan ahí. La idea que unos (Ayuntamiento) y otros (zona rural) tienen de cómo llevar a cabo esos objetivos no son iguales. Las parroquias parten de la base de que ninguna de las cifras de futuras viviendas que ofrece el documento (10.700 en el primer caso, 17.200 en el segundo y 24.200 en el tercero) se ajustan a la realidad de lo que Gijón va a necesitar. Y lo creen así, entre otras cosas, porque «el documento no justifica en ninguna parte de dónde salen esas cifras». Y se preguntan: «¿Necesitamos 10.000 viviendas? ¿O necesitamos 24.000?». Porque es precisamente esa necesidad, junto con las características del territorio y la evolución de la población, en la que se debe apoyar la alternativa que finalmente sea elegida.
Segundas residencias
A eso añaden la cuestión de los pisos vacíos en Gijón. Según el propio documento de prioridades, en la ciudad hay en estos momentos 19.374, un 14,5% del total de viviendas construidas en el concejo, aunque ayer había quien recordaba durante la reunión que algunos estudios decían ya en 2004 que esa cifra era de unos 24.000. El problema reside en que la cifra no distingue cuántas de esas viviendas están realmente vacías y cuántas corresponden a segundas residencias. Aun conscientes de que en estos momentos en España no existe un criterio jurídico para definir qué es una vivienda vacía, las parroquias tienen en cuenta esos más de 19.000 pisos (o al menos una parte) para dar respuesta a la necesidad de vivienda.
Añaden aún dos cuestiones más los presidentes vecinales para justificar esa «irrealidad» de las previsiones municipales. En primer lugar, el crecimiento vegetativo de la ciudad (defienden que Gijón «pierde población»). Y, en segundo, que buena parte del desarrollo de la ciudad en los próximos años se basa en los proyectos de El Musel que ahora mismo están en duda. «Es un polo que se les deshace», aseguraron.
Así las cosas, si no saben qué modelo quieren, al menos sí creen tener claro qué modelo no quieren. Y esperan hacérselo saber al Ayuntamiento con sus sugerencias. Con muchas sugerencias, de hecho. Porque si en la anterior tramitación urbanística destacó la cifra de alegaciones (las que llegan en la segunda fase de información pública, y referidas a cuestiones concretas), en esta esperan que esas cifras se repitan pero ahora, en esta primera fase. Y lo harán con sugerencias que sean «coherentes con todos estos años anteriores, con todo lo que hemos dicho hasta ahora».
Pero hay algo que no puede negarse y es que muchos de los que ayer estaban reunidos en Leorio ya están de vuelta. Ya vivieron una tramitación urbanística que no fue sólo larga sino también polémica y, en ocasiones, más que tensa, incluso con referencias personales. Por lo tanto, se adelantan desde ya a los posibles 'ataques' del Ayuntamiento. Así que, en esta ocasión, además de fondo habrá forma. Es decir, estrategia. Habrá que calcular qué se dice, cómo y cuándo se dice. Y lo primero que quieren hacer, en este segundo gran debate ciudadano, es acabar con «el falso enfrentamiento entre lo rural y lo urbano». «No es real», insistieron una y otra vez, «porque los intereses son los mismos. Son excusas que tenemos que ir venciendo. El suelo se tiene que ocupar según la necesidad real de vivienda, tanto en la zona urbana como en la rural».
Núcleos rurales
Pero eso no significa que rehuyan el debate sobre cuestiones particulares, que pueden llegar a ser más polémicas. Entre ellas, el crecimiento o no de los núcleos rurales. Si el propio concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, puso sobre la mesa el debate de su expansión, las parroquias han recogido el guante. «El modelo de núcleo rural de Gijón es absolutamente obsoleto», aseguraron ayer, dispuestos a entrar de lleno en la discusión de cuál debe ser su crecimiento. A lo que no están dispuestos a que «el frenazo de los núcleos sea la reserva de las nuevas zonas urbanizables».
Unos proyectos, por otro lado, que los líderes vecinales consideran que suponen «una invasión de la zona rural mucho mayor que lo que supondría un crecimiento ordenado de los núcleos». Es más, consideran que son desarrollos como los de Cabueñes, Castiello o el nuevo de Vega (que incluye la alternativa número 2), los que «desnaturalizan la zona rural».
Lo dicho, están abiertos al debate. Que Pedro Sanjurjo justifica las limitaciones de crecimiento de los núcleos porque esos propietarios no tienen ninguna carga sobre el suelo, ellos estarían dispuestos a hablarlos. Quizás es mejor, piensen algunos, ceder un porcentaje de la parcela que no poder hacer nada en ella.
En este sentido, Antonio García recordó que, al inicio del anterior debate, el Ayuntamiento puso sobre la mesa unas fichas de todos los núcleos existentes (extensión, densidad, viviendas ocupadas y vacías...) y que en el primer borrador, incluso, algunos núcleos eran considerados como suelo urbano de baja densidad. Esa idea desapareció del documento aprobado finalmente.
Con todos esos datos, es de esperar que en las próximas semanas se sucedan las reuniones en todas y cada una de las parroquias para informar y recabar opiniones y preparar las sugerencias (ya que está previsto que el periodo de información pública se abra el 2 de enero). Lo que está claro es que la zona rural vuelve a empezar.
* El Comercio Digital - OLGA ESTEBAN -23.12.09
Foto: Presidentes de las asociaciones de vecinos de la zona rural, durante su reunión extraordinaria de ayer para analizar el documento de prioridades del nuevo Plan General de Ordenación. :: JOAQUIN PAÑEDA, elcomerciodigital.com
Urbanismo debate 2 planes polémicos en el Vall d’Aran
ELPERIÓDICO/Lleida* : La comisión de urbanismo de Aran debatirá hoy dos de los proyectos urbanísticos más polémicos de los últimos tiempos en el Vall d’Aran: la legalización del complejo Vall de Ruda, en Vaquèira, cuyas licencias de obras anuló el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), y la construcción de más de 500 viviendas a pie de pistas en la antigua estación de La Tuca (Vielha).
La comisión de urbanismo de Aran debatirá hoy dos de los proyectos urbanísticos más polémicos de los últimos tiempos en el Vall d’Aran: la legalización del complejo Vall de Ruda, en Vaquèira, cuyas licencias de obras anuló el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), y la construcción de más de 500 viviendas a pie de pistas en la antigua estación de La Tuca (Vielha).
La estación de Vaquèira Beret eliminará una parte del espacio dedicado a taquillas en Vall de Ruda para destinarlo a uso público. Espera así conseguir el visto bueno para legalizar 350 viviendas que fueron construidas de forma irregular. Esta es la propuesta con la que el Ayuntamiento de Naut Aran pretende dar validez a la licencia municipal de obras de 500 viviendas que en la primavera pasada anuló el TSJC.
«Una parte de un local que la estación ocupa con taquillas y guardaesquís tendrá que ser demolido, para recuperar 466 metros de uso público y cumplir la sentencia», explica el alcalde de Naut Aran, César Ruiz Canela, que da por hecho el acuerdo de la estación con la constructora del complejo donde se levantaron las 350 viviendas. La crisis dejó el resto en el aire.
La propuesta, que con toda probabilidad aprobará la comisión, llega ante la imposibilidad de plantear recurso ante el TSJC, que dio la razón a los dueños de otras viviendas contra la promotora Neu 1.500 y contra Vaquèira Beret, y después de que el Ayuntamiento de Naut Aran haya planteado varios cambios en la normativa urbanística.
En la sentencia, los jueces estimaron que el permiso de obras otorgado por el consistorio en el 2004 se basaba en un proyecto técnico en que los espacios reservados a uso público no se correspondían con lo previsto en las normas subsidiarias existentes entonces en el municipio.
La comisión también debatirá la construcción de 562 viviendas a pie de pistas en la antigua estación de La Tuca, en Betrén, núcleo de Vielha e Mijaran, en un sector donde ahora solo se permiten 19. La propuesta, rechazada en su día por Urbanismo, podría ser también aprobada con la condición de que la construcción avance al mismo ritmo que la reapertura de la estación.
* El Periódico - ROSA MATAS - 23.12.09
Foto: Imagen de la macrourbanización Vall de Ruda, al pie de Vaquèira, con el telecabina de acceso a las pistas. - ARCHIVO / RAMON GABRIEL, elperiodico.com
El cáncer de las viviendas ilegales
JUAN CLAVERO* : La proliferación de urbanizaciones y viviendas ilegales se ha convertido en un cáncer en toda Andalucía. Recientemente el Defensor del Pueblo ha llegado a calificar de "hecatombe ecológica" la construcción indiscriminada en suelo no urbanizable. Los impactos son evidentes: devora territorios y paisajes, genera un modelo de ciudad extensivo e insostenible, agudiza los problemas de la movilidad urbana, encarece los servicios públicos, incrementa los consumos de agua y la contaminación de los acuíferos y, además, genera corrupción y termina por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico.
¿Qué ha pasado para haber llegado a esta situación límite? El crecimiento incontrolado de viviendas e infraestructuras ilegales en la periferia de los núcleos urbanos, a lo largo del litoral y en muchas zonas serranas protegidas como espacios naturales no es entendible sin la pasividad, cuando no abierta complicidad, de los responsables municipales y de la propia Junta de Andalucía. La mayoría de los partidos políticos han apoyado descaradamente este fenómeno con un electoralismo lamentable. La disciplina urbanística ha sido la gran ausente en la gestión municipal.
Sólo cuando aparecen detenciones o sentencias judiciales el debate se reabre, y Junta y ayuntamientos responden con promesas de legalización de todo lo construido ilegalmente, lo que agrava el problema por este efecto llamada. El esperpento ha llegado a tal límite que los ayuntamientos han convertido a las asociaciones de propietarios de viviendas ilegales en interlocutores válidos a la hora de modificar planeamientos en su provecho.
La medida más eficaz contra el urbanismo ilegal es la prevención. Ayuntamientos y Junta deben colaborar para paralizar todo proceso de parcelación o construcción ilegal desde sus inicios, imponiendo las medidas sancionadoras y de restauración de la legalidad estipuladas en la legislación vigente, y convirtiendo en normal la demolición de todo lo ilegalmente construido. La legalización debe ser la excepción y, sólo en los casos en que estas urbanizaciones ilegales entren dentro del modelo de ciudad compacta mediterránea, hayan prescritos las infracciones y/o delitos, no se hayan construido en suelos protegidos o usurpando terrenos públicos, cuenten con disponibilidad de agua…
La regularización de las urbanizaciones ilegales debe realizarse bajo el principio de que construir ilegalmente no puede salir más barato que hacerlo legalmente. Por ello, y en esto insiste el Informe del Defensor del Pueblo, deberán hacerse cargo no sólo de los costes de urbanización, sino también de la parte correspondiente de las infraestructuras (carreteras de accesos, variantes, conducciones de agua potable y residuales…) que, de no existir estas urbanizaciones ilegales, nunca se hubieran construido. También deberán garantizar las cesiones de suelo para los viales, equipamientos, zonas verdes… e incluir el 30% de viviendas de protección oficial (VPO) y la cesión del 10% de edificabilidad al Ayuntamiento a que obliga la ley.
Pero lo que pretende la mayoría de propietarios de viviendas ilegales -muchas, de segunda residencia- es que el coste de su regularización recaiga en todos los ciudadanos. En los primeros procesos de legalización que han iniciado Junta y Ayuntamientos (El Palmar y Chiclana, en Cádiz) los propietarios se han movilizado para no pagar ni cesiones, ni infraestructuras; como mucho, aseguran estar dispuestos a financiar parte de la urbanización interna. ¡Es el colmo de la desfachatez!
La lucha contra el urbanismo ilegal tiene que ir pareja a la oposición total a ese otro urbanismo legal que ha planificado nuestras ciudades a golpe de talonario y al dictado de los especuladores, y al fomento de políticas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos. Para ello hay que garantizar la construcción de las VPO que demande la población, viviendas sociales para las rentas más bajas, viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler con opción a compra, y destinar suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos necesarios.
* Diario de Sevilla - Opinión - 23.12.09
Madrid: "Un mes resistiendo" del Patio Maravillas
MADRIDIARIO* : Un grupo de activistas desplegaron este viernes por la noche en la sede del Ministerio de Justicia una pancarta en la que se podía leer "Un mes resistiendo a la injusticia. Que nos quiten lo bailao" para dar a conocer su situación de inminente desalojo, informó este sábado la plataforma.
Desde el 12 de noviembre, el Espacio Polivalente Autogestionado Patio maravillas se encuentra bajo amenaza de desalojo policial tras la finalización del proceso judicial que paralizaba dicha orden. "El Patio nació cometiendo un delito, pero antes de que eso ya existía otro delito que no es perseguido por la justicia, la especulación con dotaciones sociales", apuntan.
Así, explican que durante los dos años y medio de 'okupación' de la actual sede del Patio Maravillas, el juez ha intentado desalojar el Patio en tres ocasiones, "en un juicio lleno de irregularidades". "Lo único que protege de la especulación al edificio situado en la calle Acuerdo 8 es el compromiso actual del Ayuntamiento de no recalificar el terreno una vez que se produzca el desalojo", añaden.
Los participantes del Patio Maravillas siguen esperando la ejecución del desalojo con normalidad, y con la total certeza de que Madrid necesita espacios como el Patio Maravillas y que el proyecto continuará una vez que el desalojo se produzca. Asimismo, han arrancado las gestiones para tener la reunión con la Concejalía de las artes, tal y como se les pidió en la última interlocución que mantuvieron con el Ayuntamiento.
* Madridiario - 19-12-2009 - MDO/EP
Foto: madridiario.es
El Ayuntamiento de Vejer mira a otro lado en el macropoyecto hotelero de El Palmar
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ELCONFIDENCIAL/Cádiz* : Continúa adelante el macroproyecto hotelero en Vejer de la Frontera. Así lo aprobó ayer un pleno municipal extraordinario convocado de modo urgente, y a las 14 horas, para votar una moción del Partido Andalucista contra la urbanización en la playa de El Palmar del municipio gaditano. De esta manera se mira a otro lado a las casi 30.000 personas movilizadas en Facebook que luchan contra la destrucción de la costa.
“Los dos apartahoteles previstos estarán a 500 metros de la costa, no se destruye el litoral y apenas hay un 0,15% de edificabilidad”, explicó ayer a El Confidencial el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vejer, José Ortiz. “En el pueblo no hay rechazo al hotel”, apuntó Ortiz. En tres meses el proyecto hotelero deberá estar encima de la mesa de trabajo del Gobierno municipal.
La Plataforma ciudadana contra la urbanización hotelera en El Palmar de Vejer organizó ayer una manifestación en el pueblo. Se preveía la asistencia de un centenar de personas. Finalmente tan sólo acudieron 40 personas (debido a la intensa lluvia), que intentaron tomar la palabra en el pleno. Pero el alcalde no les autorizó a que explicaran su postura.
“Lo que queríamos era hacernos visibles”, declaró a este diario Lola Illescas, portavoz de la plataforma, tras anunciar que será el 28 de febrero, el Día de Andalucía, cuando se organice otra convocatoria. Esa vez sí la prevén masiva. “Han intentando desprestigiarnos diciendo que éramos ecologistas anónimos: nada de eso. Nadie nos manipula”, destacó.
Para Illescas, el Ayuntamiento de Vejer confunde la ordenación de la playa de El Palmar (“que hace falta”, según su criterio) con la urbanización. “Lo que tienen que hace es cumplir con su propio planeamiento. Y si hay alguien tiene interés económico es el propio Ayuntamiento, que es al mismo tiempo juez y parte. Lo único que intentan es sacar tajada”.
Un litoral lleno de hoteles
Sobre los 300 empleos que el plan de la hotelera mallorquina Riera Marsá planteaba en la zona y que ahora estudia Chivas Promociones Inmobiliarias la portavoz de la plataforma destacó que se trataban de “empleos precarios y temporales”. Y denunció: “Ya tenemos todos el litoral lleno de hoteles. Ha pasado en Chiclana, plagado de establecimientos turísticos, que no aportan empleo de calidad para los habitantes del municipio. ¿No vamos a aprender de los errores de otros municipios cercanos?”.
Como ya publicó El Confidencial el pasado 17 de diciembre, el grupo mallorquín Riera Marsá preveía una inversión de 90 millones de euros y 1.300 plazas turísticas. Chivas Promociones Inmobiliarias estudia levantar un proyecto que se remonta a 2001 con la recalificación de 270.000 metros cuadrados.
* El Confidencial - Agustín Rivera - 22/12/2009
Foto: Vejer (Cádiz) , el Palmar - cotizalia.com
La Vila engañó al juez
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ELPAÍS/Alicante* : El gobierno del PP de La Vila Joiosa aprobó el pasado jueves en el pleno el cambio de uso de asistencial a administrativo de un céntrico inmueble llamado Chalé Centella para ubicar allí la oficina de turismo. Esta parcela, con una edificación de 519 metros cuadrados construidos en 1930, procede de una permuta que anuló el juzgado, una sentencia que el Ayuntamiento vilero se negó a ejecutar alegando al juez que ya había habilitado en el chalé un museo arqueológico, a pesar de que la casa sigue cerrada y sin uso.
El 21 de abril de 2005, la Vila aprobó permutar 10.109 metros cuadrados de techo del patrimonio público municipal en primera línea de costa por la parcela donde está el Chalé Centella y un terreno de 3.445 metros cuadrados contiguo a un colegio, ambos sin edificabilidad, además de recibir 1,2 millones en metálico de la mercantil Valdeprocasa. Los bienes objeto de permuta fueron valorados en 7.578.224 euros.
Pero la permuta fue anulada por el juzgado contencioso administrativo el 25 de julio de 2006 y por el Tribunal Superior de Justicia el 9 de mayo de 2008. Ambas sentencias obligaban a "restituirse recíprocamente las parcelas permutadas". Para evitar tener que ejecutar la resolución judicial, el abogado contratado por el Ayuntamiento comunicó al juzgado que el destino dado al Chalé Centella fue "la construcción e instalación de un museo arqueológico", mientras que los 3.445 metros se habían destinado a "la ampliación de las instalaciones del Colegio Público Mare Nostrum". Ambas cosas eran falsas.
El engaño ha servido para que Valdeprocasa mantenga la posesión del terreno en primera línea y pueda construir viviendas de renta libre, pero el consistorio deberá reintegrar los 7,5 millones de euros a su patrimonio en anualidades de 189.455 euros hasta el año 2049. El cambio de uso del Chalé Centella ha sido avalado por sendos informes de las consejerías de Sanidad y Educación para pasar de dotacional asistencial a dotacional administrativo. La aprobación plenaria del jueves demuestra que ni allí había un museo arqueológico (como se le dijo al juzgado), ni siquiera podía haberse construido, dado que el uso de la parcela sólo podía ser sanitario.
El PP se ampara en que el juzgado admitió tras el engaño del consistorio vilero la restitución en metálico durante los próximos 40 años del importe de la permuta, pero el mismo auto que se dictó en el incidente de ejecución de sentencia está recurrido por el concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, y todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Justicia.
La Vila Joiosa acumula cinco sentencias judiciales que anularon permutas de suelo público por un importe conjunto de 22,5 millones de euros. Todas ellas fueron ejecutadas por el gobierno del anterior alcalde, José Miguel Llorca, actual presidente del Partido Popular local a pesar de haber sido condenado por ejercer de médico sin tener la titulación.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 21/12/2009
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), - diarioinformacion.com
Chiclana: El derribo de las casas de Majadillas Bajas se salda con 28 detenidos
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ANDALUCÍAINFORMACIÓN/Cádiz* : En un día triste y gris, en el que las lluvias y el frío fueron una constante, las diez vivienda ilegales de la calle Reina Isabel de Portugal, en la zona conocida como Majadillas Bajas de Chiclana, quedaron reducidas a escombros, después que una empresa especializada en demoliciones ejecutara los trabajos, atendiendo a la orden judicial emitida por el Juzgado nº3 de lo Contencioso Administrativo de Cádiz.
Se desvaneció así la incertidumbre y los nervios que desde el pasado jueves, día en que se informó de la “inminente” orden de derribo, ha acompañado a los habitantes de estas diez casas que fueron levantadas de forma ilegal con objetivo de venderlas, violando el constructor y promotor numerosos requerimientos municipales, “llegando incluso a romper seis precintos, en diferentes ocasiones”, según informó el Consistorio chiclanero.
Y es que, si bien, la presión vecinal y la falta de documentación logró aplazar el derribo previsto para el pasado viernes; durante la jornada de ayer, la legalidad, a través del cumplimiento de la orden judicial, se impuso en este caso de urbanismo ilegal.
Así, desde aproximadamente las cuatro de la madrugada del lunes, numerosos agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se desplazaron hasta Majadillas Bajas para acordonar y cortar el tráfico e intentar convencer a los vecinos de que abandonaran las casas por propia voluntad; un requerimiento que se saldó con la detención de 28 personas por resistencia a la autoridad.
Los detenidos, en su mayoría familiares del constructor, se negaron a abandonar las viviendas y fueron desalojados; incluso algunos de ellos se subieron a los tejados de las casas y tuvieron que ser bajados por miembros de los cuerpos de seguridad, como el caso de un propietario que cuchillo en mano tuvo que ser reducido por los agentes; sin que hubiese que lamentar heridos.
Los detenidos, tras prestar declaración, fueron puestos en libertad tan sólo unas horas después.
El anunciado derribo
Poco antes de las diez de la mañana y ante la presencia de numerosos vecinos y vecinas, que permanecieron tras el precinto de seguridad instalado por las fuerzas de seguridad, la maquinaria inició la demolición de la primera vivienda y unas horas después, sobre las dos de la tarde, caía la décima, concluyendo el anunciado derribo.
El cumplimiento de la orden judicial no causó gran sorpresa aunque sí indignación, ya que los centenares de personas presentes en los alrededores de Majadillas Bajas no dejaron de lanzar improperios e insultos varios tanto a las fuerzas de seguridad, como al alcalde y sus concejales, durante el derribo.
De hecho, unas cincuenta personas se trasladaron a la puerta del Ayuntamiento chiclanero para pedir explicaciones al alcalde, José María Román y solicitar su dimisión. También la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, y otros concejales como Juan Pedro Butrón (IU) o Ernesto Marín (PP) fueron recriminados por los ciudadanos en la puerta del Ayuntamiento.
Especulación
Las diez viviendas demolidas fueron construidas con fines especulativos, por una empresa familiar de la localidad, a pesar de que a comienzos de 2007 la Gerencia de Urbanismo le notificó al promotor que parase la construcción y éste hizo caso omiso. Es más, tampoco detuvo las obras a pesar de que sabía que no las podría vender, dado que existía una anotación en el registro, explica el Consistorio.
Según la versión municipal, “ante la inminencia del derribo, en las últimas semanas el promotor dejó las casas a familiares, por un lado, y las alquiló a otras personas sin informarles de que las viviendas serían demolidas en breve”. Estas personas, sin medios para poder alojarse, han sido atendidas por el Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Vivienda y Bienestar Social.
La promoción de las diez casas podría haber alcanzado en el mercado, en caso de que hubieran podido venderse, unos tres millones de euros, según las estimaciones realizadas por la Gerencia de Urbanismo.
Proceso
La promoción de Majadillas Bajas comenzó a construirse en el año 2007. Fue entonces cuando inspectores de la Gerencia de Urbanismo cursaron una denuncia relativa a 10 viviendas unifamiliares que carecían de la preceptiva licencia urbanística. Cinco días después, la Gerencia dictó una resolución por la que se ordenaba la inmediata suspensión de las obras, así como la incoación de un expediente para la restauración de la legalidad urbanística a la empresa promotora. Entre el 23 de febrero de 2007 y finales de agosto de 2008, la propiedad rompe el precinto de las obras decretado por la Gerencia hasta en seis ocasiones, según el Consistorio.
La orden de demolición de las viviendas se produce después de que finalizase un expediente por construcción ilegal y se firma el día 6 de septiembre de 2007, cuando se decreta por parte del Ayuntamiento y se le ordena derribar al promotor, quien hizo caso omiso a los requerimientos y siguió con sus planes.
Finalmente, el 26 de octubre Urbanismo recibe la autorización para la entrada en las viviendas y el permiso para que se demuela antes de dos meses, un plazo que se hubiera cumplido el próximo sábado.
Además, en el proceso hay una diligencia abierta contra el administrador de la empresa promotora ‘Prefabricados Medina’ y contra un arquitecto, vinculado a la operación Obra Nueva, por un presunto delito de falsedad documental.
“Nadie nos comunicó que existía una orden de derribo”
De las diez viviendas construidas en la calle Reina Isabel de Portugal, nueve estaban alquiladas, explica una de las inquilinas que tuvo que abandonar su casa el pasado sábado “sin esperarlo”. Yolanda Rodríguez, su marido e hijos, llevaban poco más de un año ocupando una de las casas de Majadillas Bajas y de un día para otro “nos dicen que se van a derribar y nadie nos había informado de la existencia de una orden judicial”. Su problema, a diferencia de otras familias, es que los muebles de la casa son suyos y, por tanto, no tuvo tiempo real de desalojar el pasado viernes, día para el que estaba previsto el derribo. Con el aplazamiento concedido, esta familia chiclanera no dudó en recoger todas sus pertenencias y abandonar la casa el sábado, al igual que otras familias. Ahora Yolanda tiene metidas sus pertenencias “en el trastero de mi suegra” y se ha puesto a buscar una vivienda. “Los Servicios Sociales del Consistorio nos han echado una mano, no esperaba menos, y parece ser que esta misma tarde podemos firmar un nuevo contrato de alquiler”, explica Yolanda ya más tranquila tras “los nervios” pasados durante el fin de semana”. No obstante, ha solicitado un abogado de oficio para emprender las acciones legales contra el constructor y arrendatario de la vivienda, por no haberle informado de la situación legal de la vivienda.
Distinta suerte van a correr los propietarios que, además de seguir pagando la hipoteca de una casa ya inexistente, tendrán que hacer frente a los costes del derribo que suponen 24.000 euros por vivienda demolida.
“No hay ninguna demolición prevista”
La demolición de las diez casas de la zona de Majadillas Bajas no interfiere “para nada” en las negociaciones que el Ayuntamiento de Chiclana y la Plataforma de las Áreas de Gestión Básicas llevan a cabo desde hace meses, explican desde el Consistorio.
Según el equipo de Gobierno, “dar solución a esta situación es el objetivo de las ordenanzas en las que estamos trabajando y no es éste el caso para el que están pensadas, ya que las casas demolidas ahora no se trataban sino de una promoción para su venta, aprovechando el boom inmobiliario de los últimos años”.
“El constructor, además, sabía perfectamente que no iba a poder venderlas y, a pesar de ello, siguió construyéndolas”, haciendo caso omiso a los requerimientos municipales.
La próxima reunión con la plataforma está prevista para este miércoles. Actualmente, el acuerdo se encuentra cercano, después de varias reuniones en que el Ayuntamiento de la localidad ha incluido las peticiones de los vecinos en el documento.
“La regularización sólo se llevará a cabo por parte de los propietarios si éstos así lo quieren”, aseguran.
Desde el Ayuntamiento se apunta que “los responsables de la Plataforma están puntualmente informados de la situación”.
En este sentido, el Consistorio les ha facilitado todos los datos que han pedido y “ellos conocen perfectamente que se trata de una promoción para especular, que tenía una orden de parar las obras desde hace casi tres años, cuando los trabajos hacía poco habían comenzado”.
Actualmente no hay ninguna demolición prevista en el término municipal.
* Andalucía Información - Fátima Reyes - 21.12.09
Foto: La protesta se trasladó a la puerta del Ayuntamiento de Chiclana.. Autor: Barrientos, andaluciainformacion.es
Marbella fiscaliza 175 cesiones de suelo de la etapa del GIL
LAOPINIÓN/Málaga* : El número de bienes públicos de Marbella prestados o regalados durante la etapa de mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) es difícil de cuantificar. Bien porque no existen documentos que lo acrediten o porque, si existieron, se traspapelaron en algún cajón de cualquiera de las delegaciones municipales. Pero no todo está perdido.
Existe un listado oficial en el que figuran algunos expedientes de las concesiones administrativas otorgadas por el Ayuntamiento entre 1993 y 2005, años de gobierno del GIL. En concreto, este documento al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga recoge aquellas cesiones de derechos reales sobre suelos de propiedad pública local. La relación está integrada por 175 expedientes en total que, en su mayoría, presentan algún tipo de irregularidad. En algunos casos esta irregularidad se basa en el objeto, duración o canon de la concesión y, en otros, en defectos de forma por tratarse de trámites burocráticos incompletos a pesar de llevarse a cabo en la práctica.
Algunas concesiones son especialmente llamativas. Por ejemplo, no es extraño encontrar más de un expediente que tiene por objeto ceder el uso privativo de una zona verde pública. Tales son los casos de expedientes como el 07/2003 o el 08/2003, en los que se acredita que el Consistorio concedía un uso privativo en dos parcelas calificadas por el Plan General de Ordenación Urbana vigente como Parque y Jardín. No son, ni mucho menos, los únicos.
Beneficiados varios. La mercantil Naviro Inmobiliaria, una de las beneficiarias de estas cesiones, tiene un canon municipal que establece el pago de 1.965 euros anuales por usar una parcela de 1.800 metros cuadrados, de la que según el acuerdo, disfrutará durante 50 años.
Especialmente curioso resulta el expediente 04/2002. El Ayuntamiento cede, en virtud de este documento, la utilización de la vía pública del término municipal para la colocación de 300 "papeleras de alto ´standing" por un pago de 7.728 euros anuales.
Ni siquiera la administración estatal se libra de figurar en la lista. El documento 12/2001 se refiere a la cesión de uso gratuito de un suelo de 364 metros cuadrados en los bajos del campo de fútbol y un solar de 4.800 en el recinto ferial a la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga. No figura contrato en el expediente.
En muchos casos, estos pactos siguen todavía vigentes a la espera de una revisión de oficio que repase actuación por actuación y determine su legalidad o ilegalidad.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 20.12.09
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
El TS tumba el PAI de Benaguasil por falta de agua
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ABC/Valencia* : El Tribunal Supremo (TS) ha suspendido un plan urbanístico de Benaguasil, al que la Generalitat dio el visto bueno en 2007 sin contar con el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponidilidad de agua (CHJ) -como ha sucedido con el Plan Rabassa-. El TS confirma la paralización cautelar de esta actuación urbanística acordada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en marzo de 2008.
El plan Tapairet Industrial fue aprobado en abril de 2007 por la Comisión Territorial de Urbanismo con la oposición del representante del CHJ, organismo al que la Conselleria negó los datos necesarios para elaborar el informe sobre la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda derivada de la nueva planificación urbanística.
El Consell se escudó en la Ley Urbanística Valenciana y como otras veces, sostuvo que, en ausencia del informe de la CHJ previsto en la Ley de Aguas, bastaba el de una «entidad colaboradora autorizada para el suministro». El Gobierno recurrió la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo. El TSJCV suspendió cautelarmente el plan en tanto resolvía sobre la legalidad del mismo. La Generalitat llevó el caso al Supremo, que ha decidido ahora confirmar la decisión del TSJCV y mantener la suspensión del PAI porque lo contrario podría causar «perjuicios» de «difícil reversibilidad».
El TS no entra a decidir si el informe de la Confederación es preceptivo, como sostiene el Gobierno, o no lo es, como mantiene la Generalitat, pero considera «indudable que la falta de ese informe de la Confederación constituye un indicio a favor de quien sostiene la ilegalidad del acuerdo» de la Comisión Territorial de Urbanismo.
Además de desestimar su recurso, el TS condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso: 3.000 euros.
* ABC - R.T.- 21.12.09
Foto: Benaguasil (Valencia) - wikimedia.org
Santa Cruz: La justicia apunta hacia Residencial Anaga
LAOPINIÓN/Tenerife* : A los dos derribos que se han llevado a cabo en este entorno se unen cuatro casos más pendientes de ejecutar sentencias. Cuatro sentencias firmes que apuntan hacia el derribo total o parcial de otros tantos inmuebles están pendientes de ejecución en el entorno de Residencial Anaga. Están situados en las parcelas 16, 17, 18 y 19, que coinciden con la calle Cornisa.
Los grupos de la oposición integrada por Partido Popular (PP), Partido Socialista Canario-PSOE y Ciudadanos de Santa Cruz ya han requerido toda la información precisa a la Gerencia de Urbanismo con el fin de dar cumplimiento a los fallos, todos ellos firmes y realizar un seguimiento al espinoso asunto.
Los problemas urbanísticos en Residencial Anaga se han convertido en uno de los más recurrentes del urbanismo de Santa Cruz. De hecho, en la anterior ocasión en el que la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) salió a información pública hace ya tres años, centró la mayor parte de las alegaciones y de las preocupaciones de los vecinos. Los problemas surgen por tratarse de un enclave muy codiciado por sus vistas, pero precisamente la construcción sin respetar las normas han implicado que en muchas ocasiones este derecho se vea mermado por parte de los vecino.
A partir de aquí, se han iniciado batallas judiciales que en todos los casos han ido a favor de los denunciantes y en contra de los denunciados. La posición de la Gerencia de Urbanismo no ha resultado demasiado clara y en no pocas ocasiones los juzgados han emitido sentencias dándole severos tirones de oreja o bien acusando al Ayuntamiento de una sonora inactividad a la hora de hacer cumplir la legalidad. En todos los casos se trata de irregularidades urbanísticas que tienen su origen a finales de la década de los años noventa. La vivienda situada en la parcela 17 se emitió en su momento una setencia que también apuntaba a la existencia de irregularidades en el edificio al entender que estaba fuera de ordenación ya que no se ajustaba a lo contenido en el PGO de Santa Cruz.
Por ello la Gerencia de Urbanismo decretó que en el mismo sólo se podrían llevar a cabo obras de mantenimiento. Sin embargo otra sentencia determinó que debía ejecutarse la demolición del inmueble, al menos en la parte que no cumple con la normativa. "Todo ello para llevar a su puro y debido efecto el cumplimiento de la declaración contenida en la sentencia" emitida entonces.
Contenido. Los tribunales incluso llegaron a acusar a Urbanismo de "intentar evadir el contenido de la sentencia amparándose en algo que ya no es oponible en este momento, como es la caducidad de cuatro años porque la sentencia exigió el expediente sobre la comprobación de la legalidad urbanística". Más adelante la sala volvió a indicar que Urbanismo estaba buscando "eludir el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, no siendo quien la parte a discutir nuevamente la juridicidad dle fallo sobre la base de nuevos argumentos". Ya este mismo año, que es cuando todos estos casos se encuentran en el límite para encontrarles una solución, la Gerencia ordena que se evacue "a la mayor brevedad posible" un informe técnico en el que se determine la adecuación o no de las licencias a la normativa urbanística". Por ello se ordena la revisión de oficio de las licencias de legalización y primera ocupación y cédula de habitabilidad.
En medio los tribunales pusieron también en duda el interés del Ayuntamiento para hacer cumplir las sentencias. Los juzgados han comunicado ya que las resoluciones judiciales son firmes, por lo que contra las mismas ya no cabe interponer ningún tipo de recurso administrativo, por lo que la ejecución del fallo debe ser inminente.
La primera licencia de edificación se solicitó a principios de 1998 mientras que el permiso de alineaciones y rasantes se otorgó en el año 2008. El primer expediente de disciplina urbanística se incoó ene l año 1999, aconsejándose ya en aquel entonces que se paralizara la obra por incumplimiento de la altura del muro. Poco después el consejo se convirtió en una orden por parte del Ayuntamiento.
Los trámites parecen haber acabado a mitad del pasado mes de septiembre cuando la Corporación local no le otorgó al propietario de la vivienda un trámite de audiencia de quince días para que alegara y presentara los documentos y justificaciones que estimara pertinentes.
El caso de la parcela 18 en este ámbito repite casi matemáticamente los mismos perfiles. La licencia se solicitó en el año 1998. Se trataba de una vivienda unifamiliar de tres plantas y sótano y se concedió la correspondiente licencia. Sin embargo poco después se inició un expediente de Disciplina Urbanística para legalizar las obras que no estaban amparadas por la licencia municipal. Por esa misma época se presentó la primera denuncia.
Ya entonces Urbanismo estaba escaldada y alertó que se habían emitido sentencias por casos parecidos que habían concluido ordenando demoliciones. Y es que se comprobó que se habían realizado modificaciones sobre la licencia original. Nuevamente se apeló al silencio positivo transcurridos cuatro años y se apeló a que se podrían acoger a la modificación del PGO para este ámbito. Poco después el Juzgado emite una sentencia que va en el mismo sentido que las anteriores de este ámbito. Así se repite el mismo procedimiento para comprobar si se ha respetado la legalidad y la orden de dejar sin efectos los acuerdos plenarios para legalizar el inmueble.
Parcela 19. El último caso es el de la parcela 19, también en Residencial Anaga. En la misma se acusaba al Ayuntamiento de ofrecer respuestas "inadmisibles" a los propietarios de los terrenos afectados. Uno de los fallos pretendía anular la inactividad administrativa para hacer cumplir la sentencia y responder a las denuncias. En este caso se exigía la demolición de un muro superior y haberse construido más de lo autorizado. Un paso que aún no se ha dado pese a los años en los que este asunto se lleva tramitando en los tribunales y en la Gerencia de Urbanismo.
El último informe sobre este caso data del mes de julio del presente año y se trata de un escrito del dueño de la vivienda a través de la cual solicita licencia de legalización para la demolición parcial del muro existente y ejecución de uno nuevo en los términos que fije el proyecto arquitectónico correspondiente. Todos estos casos están pendientes ahora de lo que dictamine el nuevo PGO sometido a un largo y tortuoso proceso de revisión.
Dos demoliciones por el camino
Dos dolorosas demoliciones son las que se han quedado por el camino en la historia de Residencial Anaga. La primera es la de la vivienda conocida como la casa Roja y la otra, el edificio Mogán. En el primer caso se trataba de un chalet que incumplió determinadas normas en la altura de los muros. Fue denunciado por los vecinos y finalmente los tribunales le dieron la razón. Sus propietarios iniciaron entonces una denuncia pública al considerar que habían sido objeto de una clara discriminación. Lo cierto es que todos los fallos admitieron que efectivamente se concedió en su momento una licencia que luego no se ajustó a las normas de este entorno. La Gerencia de Urbanismo se comprometió a abonarles una indemnización, pagarles la redacción del nuevo proyecto y además, le entregó unos 150.000 euros para construir la nueva casa. Aparte le concederá en breve una nueva licencia. Curiosamente, aunque todo el mundo daba por hecho que iban a ganar en los tribunales lo cierto es que su incursión en este terreno no resultó demasiado favorable. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) indicaron que la responsabilidad del Ayuntamiento se limitó hasta el momento en el que anunciaron la paralización de las obras. De esta manera la cantidad a abonar era notablemente inferior que si se hubiese tenido en cuenta todo el procedimiento. En este entorno se situaba también el edificio Mogán que igualmente taponó las vistas de sus vecinos. El Ayuntamiento procedió a su derribo y a través de una sentencia del TSJC le abonó a su propietario más de 300.000 euros a lo que habría que sumar los intereses. O sea otro tanto. Esta cantidad, no obstante, resultaba notablemente inferior a los tres millones que reclamaban los propietarios, la empresa Brevala SA pero un tanto superior a los doscientos mil euros que había calculado el Ayuntamiento. El derribo se hizo efectivo en el año 2006 después de eternizarse los largos procesos que suelen ser habituales en estos contenciosos y duraron alrededor de cinco años. La corporación local sólo aceptaba la responsabilidad de haber concedido una licencia incorrecta que los tribunales declararon ilegal, pero sólo estaban dispuestos a asumir el coste hasta que se mandó parar la obra.
Una de las viviendas fue declarada fuera de ordenación por prescripción
Caso paradigmático de lo ocurrido en este entorno fue la la vivienda situada en la parcela 16 de Residencial Anaga. En este caso, la licencia se solicitó en el año 1996 y se trataba de un inmueble de dos plantas con sótano, ocupando una superficie total de 528 metros cuadrados. En principio la Gerencia de Urbanismo concedió la correspondiente licencia. Sin embargo posteriormente se llevaron a cabo unas obras de ampliación que fueron informadas desfavorablemente.
De forma paralela se presenta una denuncia ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 que obliga a comprobar la situación del inmueble en cuanto a los muros de contención, alturas, volumetrías y ocupación de la parcela. La propia Gerencia comprobó que efectivamente se había infringido la normativa y se inició un procedimiento urbanístico. A partir de aquí se emprendió un largo procedimiento para intentar incluir en el Plan General de Ordenación (PGO) que ya entonces se estaba revisando algún tipo de medida con el fin de permitir las urbanizaciones de esta clase en las laderas. En su momento se llegó a una especie de acuerdo para que así ocurriera aunque en el texto que por ahora es definitivo del PGO no queda claramente especificado. Incluso en se planteó que podría acogerse a esta modificación.
Finalmente la Gerencia optó por reconocer que había prescrito la infracción urbanística y por ello declaró que el inmueble se encontraba fuera de ordenación. Ello implica que en el inmueble sólo se pueden realizar obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. A no ser que se establezcan licencias excepcionales.
En estos momentos se está a la espera de la aprobación final del PGO para que la vivienda pueda mantenerse en esta categoría urbanística. "Por ello la edificación entra plenamente en la en el patrimonio de los interesados que podrán disponer de ella con efectos a terceros, es decir, queda garantizado el principio de seguridad jurídica y el derecho al disfrute de los servicios básicos".
* La Opinión Tenerife - NOÉ RAMÓN - 21.12.09
Foto: Vista panorámica de parte de Residencial Anaga.- delia padrón, laopinion.es
Las 10 viviendas ilegales de Chiclana se terminaron con orden de derribo dictada
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ELPAÍS/Cádiz* : La espera es tensa en Chiclana. Los inquilinos de las diez casas ilegales de la zona de Majadillas Bajas desconocen cuándo exactamente serán derribadas sus viviendas, sentenciadas por orden judicial. Hoy han convocado una reunión con familiares y vecinos para recabar apoyos que eviten la ejecución de la orden judicial.
Pero el Ayuntamiento ya ha avisado de que no tiene más remedio que atender la decisión del juzgado. El Consistorio ha recordado que el constructor de estas edificaciones terminó de levantarlas cuando ya conocía que sobre ellas existía una orden de derribo.
Mediante fotografías areas el Ayuntamiento demostró ayer cómo el promotor de esta urbanización parceló de forma ilegal un terreno que estaba baldío en 2005. En tres años ya había levantado las casas y las había dividido en las diez zonas actuales. Pero antes de finalizarlas, en febrero de 2007, ya se había dictado la sentencia que dictaba su demolición. Entonces las obras estaban en una primera fase. La orden instaba a restituir la legalidad e impedía hacer uso de ellas. Aún así el promotor continuó con la construcción e incluso terminó una calle para poder acceder a los inmuebles.
Las casas se levantaron en suelo no urbanizable sin ningún tipo de licencia en una parcela de 4.700 metros cuadrados, de la que resultaron diez viviendas con 100 metros cuadrados construidos y un terreno de 400 cada una. El Consistorio aportó ayer las fotografías tomadas desde el aire en los años 2005, 2007 y 2008. En la primera, no había nada construido. En la segunda, se detectan los primeros ladrillos. Es entonces cuando la Gerencia de Urbanismo, bajo el mandato del gobierno cuatripartito del PP, IU, PA y PSA, denuncia esos trabajos e insta al promotor a paralizarlos. Se iniciaron trámites para impedir la venta de las viviendas. Según consta en la sentencia judicial, el constructor llegó a romper hasta en seis ocasiones los precintos que se colocaron para impedir la continuación de las obras. Además permitió que las casas fueran ocupadas por familiares y otros inquilinos, que pagan alquileres mensuales de 550 euros mensuales.
+ ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 21/12/2009
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
