FACUA Cádiz vuelve a reclamar una revisión profunda del Área de Urbanismo del Ayuntamiento

La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA* viene denunciando desde hace años la inoperancia del Área Municipal de Urbanismo en control del estado de las fincas. Las actuaciones que, con carácter urgente, el Ayuntamiento de Cádiz se ha visto obligado a efectuar en las últimas semanas, en diferentes inmuebles del casco histórico de la ciudad, y que han provocado el desalojo urgente de varias familias, vuelven a demostrarlo.

En las últimas semanas, seis familias han tenido que abandonar un inmueble en la calle Patrocinio y otra una finca de la calle Sacramento. Mientras, la construcción por parte de la Junta de Andalucía, de dieciocho nuevas viviendas en la calle Horozco ha quedado paralizada ante el riesgo que suponía para el edificio colindante debido a su mal estado de conservación.

Los vecinos del inmueble de la calle Patrocinio han asegurado a FACUA Cádiz que, en numerosas ocasiones, se habían personado en el Área Municipal de Urbanismo para denunciar su situación sin que nadie les hiciera caso.

En relación con la vivienda de la calle Sacramento, la propia Asociación fue la que denunció ante el Ayuntamiento la situación del inmueble afectado, sin que éste adoptara ningún tipo de medida contra el propietario de la finca.

Posteriormente, la inquilina de esta vivienda demandó judicialmente al propietario, que reconoció ante los Tribunales la obligatoriedad de realizar las obras que los técnicos municipales no habían entendido necesario requerirle.

Para FACUA Cádiz ambos casos demuestran la total inoperancia e ineficacia del Área Municipal de Urbanismo. La Asociación considera que esta situación está siendo aprovechada los propietarios de las fincas, que, están logrando deshacerse de aquellos inquilinos de renta antigua que "obstaculizan" sus actividades de especulación.

Condiciones infrahumanas

La organización teme que el Ayuntamiento no esté sancionando contundentemente a estos propietarios quienes, además de obligar a los inquilinos a vivir en condiciones infrahumanas, ponen en peligro la seguridad tanto de las personas como de las fincas colindantes.

La Asociación reclama la atención sobre la dramática situación de las familias que padecen el desalojo. Tras ser realojados temporalmente en una pensión, reciben, como único apoyo municipal, una ayuda durante un plazo para abonar un porcentaje del nuevo alquiler que consigan formalizar. El problema es que el importe, debido al encarecimiento del suelo en la ciudad de Cádiz, es notablemente más elevado que el que abonaban en sus antiguas viviendas, y, todo ello, siempre que acrediten insolvencia económica.

FACUA Cádiz considera inadmisible que por parte municipal se siga haciendo caso omiso a su petición de cambiar radicalmente de actuación en materia de disciplina urbanística. La Asociación recuerda que esta competencia es de ámbito exclusivamente municipal.

Para la organización es necesario que el Ayuntamiento lleve a cabo una revisión profunda y extensa del Área Municipal de Urbanismo. Considera que debe analizar, entre otros aspectos, la actuación de los técnicos municipales y los protocolos que se llevan a cabo en las inspecciones técnicas a las que son sometidas las fincas. Todo ello debido, a su juicio, a que tanto unos como otros han resultado ser, hasta la fecha, claramente ineficaces.

Finalmente, la FACUA Cádiz señala que los últimos incidentes confirman lo acertado de su decisión de conceder este año al Área Municipal de Urbanismo uno de los galardones negativos que entrega, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, a aquellas empresas y entidades que se distinguen especialmente por sus actuaciones negativas.








* Facua.org - 11.12.09
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)

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Guadalajara: El TSJ pone al Ayuntamiento en un enorme aprieto económico, con 3 sentencias millonarias

ELDECANO* : El Ayuntamiento de Guadalajara tiene sobre la mesa un enorme problema financiero, de primerísima magnitud: Tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia, fechadas dos de ellas el pasado 23 de septiembre, y una tercera de finales de noviembre condenan al consistorio local capitalino a pagar unas altísimas indemnizaciones a propietarios de terrenos donde se efectuaron expropiaciones para ejecutar la ampliación de la depuradora de aguas residuales de la capital.

El montante de las tres condenas eleva las indemnizaciones a más de 6 millones de euros (2’62 millones una, 2’59 millones la segunda, y más de 800.000 euros la tercera y última), aunque a esta cantidad hay que añadir los intereses legales acumulados durante los últimos 6 años, ya que la operación inicial de expropiación se cerró en noviembre de 2003, poco después de la llegada de Jesús Alique a la Alcaldía. La indemnización total rondaría los 8 millones de euros.

Para hacerse cargo de la magnitud de las indemnizaciones que fija el TSJ, baste decir que, con los intereses, superan de largo el conjunto del presupuesto municipal de inversiones de este año. No obstante, cabe señalar que las sentencias no son firmes. De hecho, el Ayuntamiento ya ha recurrido las dos primeras ante el Tribunal Supremo; y la tercera está aún en plazo de ser recurrida.

Las sentencias –todas ellas con razonamientos jurídicos muy similares, incluso párrafos idénticos- dan la razón a los propietarios de los terrenos, al considerar que el precio por metro cuadrado que se pagó (30 euros, fijados por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa) fue extremadamente bajo para la calificación de esas parcelas. Hasta el punto que considera que debió haberse pagado 280’64 euros por metro cuadrado. La cantidad fijada por el TSJ es, no obstante, algo inferior a la solicitada por los demandantes, que ascendía a 331 euros por metro cuadrado, más de 10 veces el dinero que recibieron.

En su argumentación, el TSJ dice que la valoración de las expropiaciones que realizó el Jurado es “incorrecta y falta de motivación”. “Por una lado acude a una Ponencia de Valores no vigente al tiempo de la valoración; y por otro lo fija acudiendo al ‘Valor Unitario de calle relativo a sistemas generales’, de 30 euros/m2, cuando este valor unitario sólo sería de aplicación a sistemas generales ya obtenidos, que no tienen por definición aprovechamiento lucrativo, pero no es válido para la valoración de un sistema general a obtener por expropiación, cuyo justiprecio debe determinarse en función del aprovechamiento lucrativo, y para el que ha de acudirse al Valor de Repercusión, y no al Unitario”, dicen los jueces en las sentencias. Los magistrados dicen que debería haberse tomado como valor catastral “el que figura en los recibos de cualquier parcela del Sector SP12, que es el que se tomaría si se expropiasen estos terrenos”.

Las sentencias han sido dictadas por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, presidida por la magistrada Raquel Iranzo. Fuentes municipales consultadas por EL DECANO han destacado que esta sala es la misma que ha condenado recientemente al Ayuntamiento de Talavera por una cuestión similar, de índole urbanística, a unas indemnizaciones de más de 50 millones de euros. Estas mismas fuentes señalan que los actuales gestores municipales consideran que la sentencia es completamente desproporcionada, y que confían una revisión de la misma en el Supremo. No obstante, habrá que esperar las reacciones que puedan producirse en las próximas horas, ante la circunstancia de que la operación fue cerrada en la legislatura anterior, con alcalde socialista.









* El Decano - Óscar Cuevas - 10.12.09
Foto: eldecano.es

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La vivienda sí que pierde valor

ELPAÍS* : Resulta sorprendente que en cualquier boom inmobiliario se ignoren principios básicos de Economía y se imponga la creencia popular de que "la vivienda nunca cae de precio". Esta creencia parece estar incorporada en nuestro ADN. Qué gran razón tiene Selten, Nobel de Economía en 1994, cuando afirma que "la idea de la Teoría Económica sobre el comportamiento económico parte de supuestos racionales que no se cumplen en la realidad."

Las expectativas sobre el crecimiento de los precios incentivan la compra de vivienda, a ser posible a corto plazo y con gran endeudamiento. ¿Por qué con endeudamiento? Pongamos que usted adquiere una vivienda por 100.000 euros con la expectativa de revenderla al año siguiente a un precio 15% superior. Ésta será su rentabilidad económica. Considere, en cambio, que adelanta 20.000 euros y solicita un préstamo hipotecario de 80.000 euros con un interés del 5%. Al cabo de un año vende el piso por 115.000 euros.

Una vez amortizado el préstamo y los intereses, le queda un beneficio neto de 11.000 euros. Como ha invertido 24.000 euros de capital propio (la entrada del piso más intereses) y ha obtenido un rendimiento de 11.000 euros, su rentabilidad financiera es el 45.8%. Se da la paradoja de que comprar al contado no es racional. ¿Dónde está el truco? Sencillamente en que nos han prestado 80.000 euros que se han revalorizado en la misma proporción que la vivienda. ¡Es preferible echar mano de los ahorros de los demás! Y aún más: la creencia en la subida futura de los precios alimenta el apetito de los inversores, que incrementan la demanda empujando los precios al alza. Las expectativas terminan por autocumplirse sin ningún fundamento y mientras la burbuja se forma se incrementan los beneficios y se genera empleo. No hay inceptivos para pincharla. Al político que lo suguiera tampoco se lo agradecerán.

Según estimaciones del FMI el empréstito del sistema financiero español en el mercado interbancario europeo ha pasado de representar el 9,6% del PIB en 2002 al 43,2% en 2008. Caricaturizando la situación, podría decirse que el ahorro de los ciudadanos del resto del mundo ha financiado la construcción de nuestros pisos. En este sentido la economía española ha sido exportadora de la crisis, y no importadora como pueda creerse.

Leña al fuego

Por fácil que sea el acceso al crédito y por enorme la cantidad de dinero disponible, el hecho es que llegará un momento en el que no encontraremos más leña para echar al fuego. Sin nuevos recursos llega un punto en que la vivienda es sencillamente impagable y no encuentra comprador. Entonces es cuando nos percatamos de que hemos encendido una hoguera con hojas de papel, que producen grandes llamas pero que no generan brasas que permitan reavivar el fuego cuando aquellas se hayan extinguido. En lugar de brasas, tenemos cenizas. Ejerciendo fuerza sobre la palanca del endeudamiento se pasa de la especulación de algunos a la crisis de todos: la inversión del pequeño ahorrador se transforma en deudas y la renta se concentra.

A pesar de que la información estadística sobre el sector inmobiliario español no está a la altura de las circunstancias, es posible identificar en la historia económica reciente al menos otros dos booms inmobiliarios similares al actual. El primero de ellos tuvo lugar entre 1969 y 1974; y el segundo entre 1986 y 1991. Aunque cada uno de los tres periodos tiene rasgos propios, todos comparten consecuencias similares: exceso de oferta de viviendas, caída significativa de los precios y un acusado déficit exterior.

En el gráfico superior presentamos las ratios de rentabilidad de la compraventa tipo de vivienda en la última década. Independientemente del año de compra, el momento óptimo para vender es 2006. La tabla también muestra el resultado financiero del hogar que, sin medios para afrontar el coste de adquisición de la vivienda pero con recursos propios suficientes para asumir la entrada del piso y la primera cuota anual, asume el riesgo de adquirir la vivienda para revenderla un año después y vivir posteriormente en régimen de alquiler. Este comportamiento especulativo se recoge en los valores de la diagonal principal.

Percepción de riqueza

El efecto del apalancamiento es notorio, tanto en sentido positivo como en negativo. Lo mismo sucede con el resto de las diagonales de la tabla: la rentabilidad a t años se recoge en la diagonal t-ésima respectiva. La inflación inmobiliaria genera en los hogares una percepción de incremento de riqueza como consecuencia de la revalorización teórica de su patrimonio. Los resultados en el gráfico tienen el interés de estimar dicha revalorización. No ha de subestimarse el efecto de la riqueza percibida, pues puede tener un impacto significativo sobre el gasto en consumo final de los hogares. De hecho, los hogares no sólo gastan más cuando sus ingresos aumentan sino también cuando se perciben a sí mismos como más ricos.

El gráfico pequeño representa la cuota anual media de las hipotecas de nueva constitución en cada año, calculadas a partir de los Indicadores de la Vivienda del Banco de España. Mientras la primera cuota anual de una hipoteca firmada el 31 de diciembre en 1997 asciende a 4.196 euros en promedio, la primera cuota anual de las hipotecas constituidas en 2006 se eleva hasta 10.713 euros en valor real. Lo más significativo es que para retornar a las cifras de 1998 sería necesaria una reducción de casi el 40% del valor de la cuota satisfecha en 2006.

Pinchar burbujas y evaluar riesgos

Una vez que el apalancamiento especulativo ha degenerado en burbuja, poco más se puede hacer que paliar los daños sociales, recuperar la confianza, socorrer al sistema financiero y realizar una reflexión sobre la estructura productiva. Es frustrante que el sector público tenga que acudir en rescate de grandes corporaciones financieras que se han dejado arrastrar irresponsablemente por la vorágine especulativa y cuyos gestores reciben sueldos e indemnizaciones millonarias.

En cierto modo es un gran chantaje; en palabras de Bernanke, presidente de la FED, es necesario socorrer a las grandes firmas porque "cuando el elefante se cae, también aplasta la hierba". En realidad, la única medida eficaz contra el apalancamiento especulativo es prevenir y pinchar las burbujas. La solución para el sector inmobiliario español pasa por liquidar el exceso de oferta de viviendas, favorecer el mercado en régimen de alquiler, respetar la normativa que impide hipotecarse más allá del 80% del valor de tasación (lo que exige rigor e independencia) y más allá del 30% de la renta familiar, evaluar el riesgo de las operaciones a tan largo plazo (el Euríbor no va a permanecer eternamente en sus mínimos históricos) y aprender las lecciones de la historia económica reciente.







* ELPAIS.com - DANIEL FUENTES CASTRO 11/12/2009
Foto: Bloques viviendas construcción (archivo) - diariodemallorca.es


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Los grandes proyectos ganan a la falta de servicios públicos

LAOPINIÓN/Tenerife* : El desarrollo de grandes proyectos de intervención urbanística en determinadas áreas urbanas, calificados como oportunidad, obtienen una atención informativa que deja fuera a zonas de la ciudad con mayor peso poblacional y urgentes necesidades en vivienda, transporte o servicios de calidad, según concluye un estudio presentado hoy en el I Congreso Internacional Latina de Comunicación Social.

La investigación realizada por los profesores de la Universidad del País Vasco, José L. Lorente, José E. Antolín y José M. Fernández-Sobrado, desvela que las narrativas informativas, asociadas al proceso revitalizador, presentan los proyectos urbanísticos emblemáticos como la solución constructiva y principal mecanismo regulador de los problemas sociales más apremiantes, a la vez que enfocan estas expectativas sobre la lógica intrínseca del proyecto.

El estudio de estos profesores, titulado Periodismo y discurso legitimador. Información y regeneración urbana, hace referencia al proceso vivido en Bilbao, como un ejemplo de ciudad del escenario internacional que, frente a la "crisis" del planteamiento urbano, decidió durante la segunda mitad de los 90 y principios de 2000, "reinventar innovando el viejo esquema centro-periferia". Esto supuso, según los autores, hacer más "exclusivo" el centro de la ciudad mientras se plantean nuevas expansiones periféricas con viviendas de protección oficial y se posterga actuaciones en barrios desfavorecidos.

Estas actuaciones urbanísticas suponen, según los autores, la "fragmentación del mosaico urbano y el acrecentamiento de las distancias en el proceso de segregación socio-espacial, favoreciendo desequilibrios, distancias, diferencias y, sobre todo, desregulación de los usos y funciones del espacio público". Paralelamente, las campañas de comunicación y marketing urbano, junto con la información de actualidad, han orientado sus esfuerzos a la reconstrucción, en lo simbólico, de la imagen de una cohesión deteriorada. Así, agregan los profesores, los símbolos de la innovación arquitectónica se presentan como referentes del desarrollo y la revitalización de la ciudad en su conjunto y de su reconocimiento en el contexto internacional, de tal forma que llegan a constituir los fundamentos argumentales desde los que se gestionan las tensiones, desequilibrios y desigualdades que también habitan la ciudad.

Desde el punto de vista de las políticas de comunicación implicadas en la construcción del nuevo imaginario urbano, se aprecia una transformación del régimen de visibilidad de la ciudad. El skyline asociado a la nueva centralidad determina la imagen paradigmática de la ciudad reconstruida, actuando como iconografía metonímica de la ciudad en su conjunto, una propuesta homogeneizadora y disuasiva de las desigualdades y tensiones que acarrea la profundización en el proceso de fragmentación y de segregación socioespacial. El acontecimiento arquitectónico hipertecnificado y el urbanismo de diseño asociado a la nueva centralidad tejen el imaginario de la nueva ciudad inmersa en un dilatado proceso de transformación.

El extraordinario impacto del ´Yes, we can´

la opinión
El video musical Yes, we can supuso una innovación radical con un "triple efecto" en la campaña electoral de Barack Obama, propiciando un crecimiento exponencial de la audiencia, movilizando un voluntariado entusiasta y decisivo en su triunfo y añadiendo una dimensión global a la notoriedad de Obama, según destacó Antonio Cascales en el I Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. El investigador de la Universidad de Sevilla expuso en su ponencia Obama: Transferencia de un relato colectivo y salto en la Mediaesfera la necesidad de de ajustar y enriquecer las claves de la negritud y liderazgo que se asocian a la victoria de Obama acudiendo al "mensaje vertebrador de su campaña, de sus remotas raíces y del factor de innovación radical que supone la versión del Yes, we can, en videoclip". El mensaje Yes, we can fue expuesto por primera vez en un discurso del actual presidente en unas primarias demócratas en el estado de New Hampshire. Allí, según Cascales, comenzó a desgranar su letanía de afirmaciones que se cerraban con dicha frase, y con unos párrafos que desvelan el protagonismo de un sujeto colectivo.







* La Opinión Tenerife - 11.12.09
Foto: Imagen de una de las obras más mediáticas de Tenerife, el Auditorio de la capital. Pepe Torres, laopinion.es

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A Estrada: El TSXG anula el decreto de la Xunta que aprobó las normas provisionales de urbanismo

FARODEVIGO* : En noviembre de 2006 el Consello da Xunta acordó suspender la vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de A Estrada redactadas en 1978 por Juan Rico Lenza y aprobar una ordenación urbanística provisional con aplicación en el municipio estradense hasta la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Poco tiempo después, la Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e o Urbano (Aedru), colectivo vecinal surgido al abrigo de las protestas registradas contra el documento urbanístico posteriormente rechazado por la Xunta, anunció un contencioso contra la administración gallega por esta normativa transitoria. "Nos dañan, no se atienen a la ley y están plagadas de irregularidades", afirmaban entonces algunas de las personas que suscribirían este recurso ante el alto tribunal gallego. Una sentencia del 12 de noviembre de 2009 de la sección segunda de la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que trascendió en la jornada de ayer estima el recurso interpuesto por varios vecinos de A Estrada, dirigidos por el letrado Victorino Fuente Martínez, y, en consecuencia, anula el Decreto 207/2006 de la Xunta de Galicia de 16 de noviembre por el que se suspende la vigencia de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal y se aprueba la normativa transitoria en materia urbanística.
La sentencia señala que el referido decreto "es contrario a Derecho". Considera también que no ha sido debidamente fundamentado que hubiese necesidad de acudir a la vía de la suspensión de las Normas Subsidiarias: "Lo que no ha sido debidamente fundamentado es que en el presente caso haya necesidad inequívoca de acudir a una vía como la del artículo 96 de la Ley 9/2002".
La sala subraya que el recurso a esta vía ha de exigir un especial cuidado en la justificación de su utilización, teniendo en cuenta que, al no acudir a la vía ordinaria de revisión del planeamiento, se está prescindiendo de la previa audiencia e intervención de los interesados.
"No justificada"
Asimismo, la resolución de la citada sala del TSXG apunta que en el caso del municipio estradense no se demuestra un incremento poblacional, una situación de específica presión urbanística o unas circunstancias diferenciadoras y singularizadas "que revelen la necesidad de una inmediata actuación por la vía del artículo 96 Ley 9/2002", existiendo la posibilidad de recurrir, señala, a disposiciones transitorias del citado texto legal para resolver situaciones surgidas en cuanto a diversas tipologías de suelo.
Al entender el tribunal "no justificada" la aplicación de la vía prevista en el artículo 96 de la Ley 9/2002 –que hace referencia a las competencias del Consello da Xunta para suspender para su revisión la vigencia de los instrumentos de ordenación urbanística, acuerdo que determina por sí solo la suspensión automática del procedimiento de otorgamiento de licencias hasta la entrada en vigor de la ordenación provisional, vigente con carácter transitorio hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento– deviene obligada la anulación del acuerdo de suspensión y de la propia normativa provisional, "cuya existencia sólo tendría sentido en relación con el mantenimiento de dicha suspensión".
La sentencia emitida por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia destaca que en las normas provisionales que, hasta la aprobación del nuevo Plan Xeral tendrían vigencia en el Concello de A Estrada, "se prohibe la nueva edificación tanto en suelo urbano consolidado de edificación abierta como en suelo urbano no consolidado". En este contexto, apunta que ello viene a suponer en realidad "una inaceptable prolongación de la suspensión del otorgamiento de licencias en tales ámbitos y lo que es especialmente grave ante la comentada situación de vigencia indefinida de lo que en principio sería una ordenación provisional".
Recurso ante el Supremo
La sentencia dictada por el TSXG es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Según se recoge, en el caso de que la Xunta quisiese hacer uso de este recurso debería presentarlo en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación.
Con la aprobación del decreto que ahora anula con esta sentencia el TSXG, la Xunta concluyó en noviembre de 2006 un proceso abierto el 22 de agosto del mismo año al iniciar el expediente de suspensión de las normas de 1978. Tal y como trascendió entonces, esta decisión se adoptaba después de que el Concello de A Estrada le trasladase un acuerdo unánime de todos los grupos municipales –alcanzado en un pleno urgente y extraordinario– para pedir a la Xunta que adoptase las medidas necesarias para evitar las consecuencias de aplicación de la citada normativa.
Licencias reactivadas
La Xunta afirmó que las normas suspendidas "non se adoptaban á lexislación urbanística vixente nin tampouco á lexislación básica do Estado". Entre sus "eivas máis salientables", destacaron que no distinguían entre suelo urbano consolidado y no consolidado ni delimitaban los núcleos rurales tradicionales del municipio. La Consellería de Política Territorial consideró "urxente proceder a una revisión das actuais normas" y "establecer unha nova ordenación urbanística acorde cos principios de desenvolvemento territorial equilibrado e sustentable, adaptada integramente á lexislación vixente". Con la llegada de las nuevas normas transitorias se posibilitó que se reactivase la concesión de licencias.







* Faro de Vigo - ANA CELA - 11.12.09
Foto: Imagen de archivo de una manifestación de integrantes del colectivo Aedru. // Bernabé, farodevigo.es

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Los padres del ‘modelo BCN’ piden que el tranvía no vaya por la Diagonal

ELPERIÓDICO/Barcelona* : Hubo un tiempo en que Barcelona era la ciudad de los arquitectos, tal era el poder de este gremio en el diseño y construcción de la urbe. Por encima del resto destacaron dos arquitectos quienes edificaron un modelo de ciudad que hizo fortuna y que fue bautizado con el nombre la ciudad: el modelo Barcelona. Oriol Bohigas y Josep Antoni Acebillo –y también Joan Antoni Solans, factotum de la ordenación urbanística metropolitana– arremetieron ayer con dureza y vehemencia contra el plan municipal de reformar el tramo central de la Diagonal y contra la futura implantación del tranvía entre la plaza de Francesc Macià y la de las Glòries.

El RACC acogió ayer lo que bien podría llamarse el Senado de la Diagonal, tanto por la importancia y currículo de los patricios como por su venerable edad. Frente a los arquitectos opositores a la reforma, tres ingenieros apoyaron una nueva Diagonal: los expertos en tráfico Alfred Morales y Joan Torres y el no menos factótum urbanístico Albert Serratosa. Al lado del moderador, el decano del Col.legio d’Enginyers de Camins, Josep Oriol, el cuarto teniente de alcalde, Ramon García-Bragado, insistió en contar con un medio de transporte «con cinco paradas» en el tramo central y segregado del resto de la circulación.

ARTILLERÍA PESADA / Si bien fue Solans el que abrió el fuego crítico, la artillería pesada correspondió a Acebillo. En su acostumbrado estilo enfático, empezó por los consejos del Foro de Davos sobre las inversiones que deben hacer las ciudades y el consejo de que se alejen de lo superfluo y se centren en lo estructural; siguió parafraseando el «menos es más» del arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe y dijo que, en la Diagonal, «cuanto menos, mejor» y acabó la primera intervención con un lapidario «la reforma no es necesaria, no la podremos pagar y no aguanta ningún análisis coste-beneficio».
Tomo el testigo Oriol Bohigas: «Reforma ,¿para qué?, ¿Qué se quiere resolver?, ¿Con qué dinero?» Como todo buen fajador, a la sucesión de golpes le siguió un crochet en la mandíbula, esta vez, del alcalde Jordi Hereu: «Los políticos decidieron pasar el tranvía por la Diagonal y contra esto ya no se puede hacer nada. Hace falta un análisis técnico».
Acebillo retomó el hilo de Bohigas, con un grado más de elocuencia: «El debate de la Diagonal está mal parido por culpa del tranvía», dijo, antes de añadir: «la movilidad es incompatible con el tranvía, este no sirve». «Es difícil entender tanta dislexia» por parte del ayuntamiento, sentenció. García-Bragado evitó entrar en el cuerpo a cuerpo.
Torres, tímidamente, trató de contener la furia antitranvía. En vano: «El tranvía por el centro de la ciudad supone entrar en la segunda división europea. ¿Qué ciudades tienen ese modo transporte?», exclamó Acebillo. El exarquitecto en jefe municipal blandió también la sección adelantada por EL PERIÓDICO y señaló que expulsar el coche de la Diagonal mermaría la competividad de Barcelona frente a Madrid.
Morales, Serratosa y Torres reclamaron un futuro reparto del espacio de la Diagonal con especial atención a los peatones y abogaron por el tranvía. García-Bragado recibió reconfortado las palabras de los expertos. Y es que, con Hereu, los ingenieros han tomado la antigua ciudad de los arquitectos.







* El Periódico - XABIER BARRENA - 11.12.09
Foto: Barcelona, avenida Diagonal - picasaweb

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Imputado el alcalde de Estepona por prevaricación urbanística

LAOPINIÓN/Málaga* : El alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), ha sido imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Estepona por presuntos delitos de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito, en una causa donde hay otras dos personas imputadas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de la imputación de Valadez, quien ha conocido esta decisión judicial a través de los medios de comunicación.

A este respecto, fuentes judiciales han precisado que ha habido un problema por el que el alcalde de Estepona no ha recibido la notificación, que está previsto que se haga efectiva mañana.

Este caso se deriva de la denuncia ante la Fiscalía del actual concejal no adscrito y ex integrante del Partido Estepona (PES), Juan Manuel Rodríguez, contra el jefe de Gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, por construir una vivienda en suelo rústico.

La parcela, calificada como rústica y con 5.000 metros cuadrados de extensión, cuenta con una vivienda compuesta de una sola planta que ocupa algo más de 115 metros cuadrados.

David Valadez fue elegido alcalde de Estepona en julio de 2008 tras la detención del anterior regidor socialista, Antonio Barrientos, quien fue encarcelado por su presunta relación con el caso "Astapa" contra la corrupción urbanística y posteriormente quedó en libertad bajo fianza.








* La Opinión Málaga - Agencias - 10.12.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org

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Murcia: La Plataforma exige medidas urgentes de protección y la declaración como Bien de Interés Cultural

LAVERDAD* : La Plataforma Ciudadana por la Defensa del Yacimiento Arqueológico de San Esteban pidió hoy a las administraciones pertinentes, frente a los restos del Siglo XIII hallados y tras conseguir el desmontaje de los mismos --paralizados por orden judicial--, así como del parking subterráneo previsto en la zona, "que se adopten medidas urgentes de protección".

Y es que, según explicó una de las portavoces de la agrupación, Maite Luengo, "las lluvias de los próximos días pueden destruir elementos importantes". Si mañana la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento de Murcia no adoptan estas medidas, sentenció, "estamos dispuestos a adoptarlas como ciudadanos amparados por la ley, con el asesoramiento de los expertos, y, si es necesario, entraremos en el yacimiento para protegerlo lonas".
Luengo aseguró con la lectura de un comunicado que seguirán con las movilizaciones previstas y con la recogida de firmas, "ya que ahora más que nunca exigimos que se declare el yacimiento Bien de Interés Cultural (BIC), para que quede realmente protegido el expolio y como primer paso a su conservación y puesta en valor".
Asimismo solicitó, acompañada de otros tantos miembros de la plataforma, que el proyecto de musealización, al que hizo ayer referencia el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se desarrolle de manera abierta, transparente y con participación ciudadana.
Al hilo, la agrupación manifestó que seguirá atentamente todo el proceso judicial "para que se depuren responsabilidades por los tres intentos ilegítimos de expolio que esta Plataforma ha evitado con su presencia, presión y denuncias".
Otros miembros de la Plataforma expertos en el sector cultural se preguntaron cómo se pudo firmar una autorización para proceder al desmonte de los restos del yacimiento el 30 de noviembre, cuando el día anterior, la asociación pro-patrimonio Huermur había solicitado ya la declaración de BIC para el yacimiento.
"SILENCIO COMPLICE" DE UNIVERSIDAD Y ACADEMIAS
En este sentido, Luengo lamentó "el silencio cómplice" de instituciones como la Universidad de Murcia o la Academia Alfonso X, "lo que nos hace plantearnos que ahora más que nunca es imprescindible la creación de un órgano consultivo de participación ciudadana como es el Consejo Asesor de Patrimonio".
Además la Plataforma Ciudadana recordó que la paralización de las obras de desmontaje del yacimiento no ha procedido ni del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, ni del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, sino de las denuncias interpuestas por los ciudadanos y la Fiscalía.
Por último la plataforma ciudadana, que se mostró "muy satisfecha" por la paralización de las obras del parking, advirtió que su trabajo "no ha hecho más que empezar" y aclaró que la denuncia de los ciudadanos y la intervención de la Fiscalía "fue lo que realmente paralizó el expolio de San Esteban". Además, ha agradecido y felicitado de forma especial a la Fiscalía de Murcia, así como a los arqueólogos que han trabajado de forma "impecable" en el yacimiento y han mostrado en todo momento su responsabilidad en la protección de los hallazgos.
Al tiempo que destacaron que "los trabajos de desmontaje que se empezaron ayer, se desarrollaron incluso ante la presencia de una dotación del Seprona, que se personó por la denuncia que hicimos los ciudadanos".
Tras lo que animó a la ciudadanía a que compartan esta causa y se unan a ella a través de la web 'www.abrazasanesteban.blogspot.com' y en el correo electrónico 'abrazasanesteban@gmail.com'.
Las movilizaciones están previstas el domingo día 13 a las 11.00 horas con una 'bicifestación cultural', coordinada por Murcia No se Vende, y a las 17.00 horas con una clase popular del profesor Javier García del Toro.
El sábado, día 19, tendrá lugar una manifestación festivo-reivindicativa para pedir la declaración de BIC y la conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de San Esteban. La marcha saldrá a las 17.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento de Murcia. "Va a ser una fiesta en el sentido de celebración ciudadana, porque la paralización la hemos conseguido entre todos", dijo Laura More, miembro de la Plataforma.







* La Verdad - Agencias - 10.12.09
Foto: Murcia, yacimiento S. Esteban - laverdad.es

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Piden que la Junta asuma las competencias urbanísticas de la Axarquía

INFOAXARQUÍA/Malaga* : El colectivo Nueva Cultura del Territorio de Málaga ha pedido a la Junta de Andalucía que asuma las competencias urbanísticas en la Axarquía y que se exijan responsabilidades penales por los delitos urbanísticos cometidos. Según han argumentado en un comunicado, en la comarca de la Axarquía se calcula que se han construido unas 22.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable, “la mitad de las cuales se han construido en los últimos diez años de manera ilegal y es imposible este volumen de construcción sin la complicidad de los responsables municipales de urbanismo”.

Para Nueva Cultura este modelo territorial “que consiste en parcelar el campo construir y vender, provoca un enorme coste ambiental y es una presunta estafa para los Ayuntamientos que al final tienen que asumir los costes de urbanización y servicios que no asumen los nuevos residentes del suelo rural, además de escamotear las obligadas dotaciones y cesiones de suelo como toda urbanización en regla”.

Así consideran que se han dejado de ingresar “decenas de millones de euros” y que se han utilizando carreteras, abastecimiento de agua, tendidos eléctricos “con el dinero de todos para dar cobertura a la población rural, que debe permanecer en el campo en condiciones dignas, y en su lugar se utilizan para dar servicio a las construcciones ilegales”.

“Debemos poner fin la manifiesta incompetencia de estos responsables municipales que han dejado patente que son incapaces de gestionar el urbanismo: hay más de 16 municipios que no cuentan ni con Normas Subsidiarias, y aún los pocos que tienen PGOU, no han impedido la construcción de cientos de viviendas irregulares”, expone en el comunicado a través del que piden “sensatez” en la retirada de las competencias urbanísticas con la consiguiente recuperación de la Junta de Andalucía. También creen que se debería crear una oficina que ejerza la autoridad urbanística y gestione estos recursos, que “la mala gestión de los ediles de la comarca de la Axarquía, ha dilapidado”.

Sobre la Mesa por el Urbanismo auspiciada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, consideran que es “antidemocrática” y que merece llamar “la Mesa por la Impunidad Urbanística”. Para este colectivo debería ser disuelta, “porque sus miembros han dejado constancia de que no han cumplido, ni han sido capaces de hacer cumplir la ley, perdiendo toda la autoridad ante la sociedad en esta materia”. Por eso creen que la única manera de recuperar “la credibilidad es que los infractores pierdan las competencias urbanísticas y que el dinero del urbanismo lo gestione una entidad supra municipal dependiente de la autoridad urbanística de la Junta de Andalucía”.

La coordinadora NCT se dirigirá al Señor Consejero de Ordenación del Territorio con esta petición, con el propósito de que sea una llamada de atención “para todos los ediles de los pequeños municipios de Andalucía que pueden verse tentados a utilizar el urbanismo para crear una red clientelar de afectados o hacer dinero fácil violentando la legalidad, destrozando el territorio y malversando los recursos públicos”.

El colectivo está integrado por plataformas ecologistas de toda la provincia de Málaga.






* InfoAxarquía - 10.12.09
Foto: Axarquía (Málaga) - infoaxarquia.es

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Casi 1.000 detenidos por corrupción en España en los últimos cinco años

ABC* : La Policía Nacional ha detenido a 943 personas por corrupción desde 2004 en España, período en el que se han desarrollado 232 operaciones en este ámbito y se han intervenido bienes por valor de más de 3.000 millones de euros.Estos datos fueron aportados por la Policía con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra este miércoles convocado por la ONU.

La Policía explicó que los casi 1.000 detenidos en los últimos cinco años tienen que ver con investigaciones que engloban delitos como cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedades.
En este período se han intervenido bienes valorados en más de 3.000 millones de euros, entre los que destacan inmuebles, vehículos de alta gama, embarcaciones, helicópteros, obras de arte e incluso toros de lidia.
Más medios
Asimismo, la Policía destaca que, en estos años, el Ministerio del Interior ha reforzado progresivamente a las unidades dedicadas a la investigación de estas modalidades delictivas con más efectivos, una intensa formación específica y mejores medios materiales. Además, se han creado nuevos grupos, como la Brigada Central de Blanqueo.
Las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares son las que más investigaciones policiales contra la corrupción han concentrado, ya más de la mitad de los detenidos en estos cinco años -un total de 560- lo han sido en estos lugares.
Además, en la Comunidad de Madrid se han efectuado 80 operaciones que han concluido con la detención de 193 personas; otros 200 individuos han sido arrestados en Málaga en alguna de las 25 operaciones policiales; en Baleares se han llevado a cabo 21 investigaciones con 110 detenciones, y en Sevilla se ha detenido a otras 57 personas en las 24 operaciones realizadas.
Frente a los 10 detenidos de las 15 investigaciones de 2004, en los últimos años se han multiplicado los operativos contra la corrupción como consecuencia del refuerzo material y personal de las distintas unidades especializadas. Sólo en 2009 se han efectuado 252 detenciones en 54 operaciones policiales.







* ABC - Servimedia - 9.12.09
Viñeta corrupción urbanística, ayuntamiento

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El polémico plan urbanístico de La Pobla de Benifassà llega al pleno

ELPAÍS/Castellón* : El Ayuntamiento de La Pobla de Benifassà tiene previsto llevar hoy a pleno la aprobación de un polémico Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, en el caso de salir adelante, será recurrido, al menos, por la Asociación por la Recuperación de la Tinença de Benifassà, que lo ha calificado de "ilegal".

La Pobla de Benifassà, gobernada por el Partido Socialdemócrata (PSD), presentó en julio el documento inicial del plan, que fue sometido a exposición pública y al correspondiente plazo de presentación de alegaciones. Muchas de ellas fueron rubricadas por miembros del colectivo y se refirieron a la recalificación de zonas incendiadas, las afecciones sobre bienes culturales y la falta de recursos hídricos para el planeamiento que preveía el equipo de gobierno. Sin embargo, ninguna de las alegaciones presentadas por la asociación y por sus miembros fue admitida.

Entre otras cosas, el PGOU que pretende aprobar el PSD califica de "bajo" o "muy bajo" el interés del paisaje de la Tinença de Benifassà, un parque natural de cerca de 5.000 hectáreas de superficie.

La Asociación por la Recuperación de la Tinença afirmó ayer que hará valer en las vías contencioso-administrativa y penal los valores culturales, ambientales y paisajísticos que tiene esta comarca, "que cuenta con figuras legales de protección como Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial Protección para las Aves y Red Natura 2000".

Además, advirtió a la Consejería de Medio Ambiente, de quien depende la aprobación definitiva del PGOU, y manifestó su confianza en que "en cuanto llegue la desmesurada propuesta urbanística cumpla con la legalidad vigente, no apruebe y devuelva al Ayuntamiento un PGOU que es contrario a derecho por incumplir la legislación que protege el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico".

La fiscalía ya llevó al juzgado la realización de unas obras en Ballestar, pedanía de La Pobla de Benifassà, ante la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Posteriormente, el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) llevó a la fiscalía el polémico PGOU, en el que, según el escrito remitido al fiscal, se pretende "reclasificar los terrenos afectados por las obras ilegales de no urbanizables a urbanizables". Además, el plan prevé la construcción de 240 adosados en una zona afectada por un incendio forestal en 2001.







+ ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 10/12/2009
Foto: benifassa (castelló) - vuelaviajes.com

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La ciénaga de la corrupción

EMILIO SÁNCHEZ ULLED* : Hemos asistido al afloramiento de repugnantes ejemplos de corrupción pública, germinados en esa zona en la que confluyen el desarrollo de las políticas públicas y la actividad económica privada, zona que corre el riesgo de convertirse en una auténtica ciénaga. Con ejemplares endémicos de sapos, claro. El desconcierto se acrecienta ante la reacción de las fuerzas políticas cuando alguno de sus responsables es investigado: deslegitimación de la investigación atribuyéndola a oscuros fines conspirativos, ataque personal a los investigadores y, por si fuera poco, indiscriminado cuestionamiento de las instituciones de persecución penal así como de los instrumentos de investigación, sin importar el perjuicio que ello puede generar en la lucha contra el crimen en general y el organizado en particular. No es una conducta novedosa.

Encontramos ejemplos extremos en la Italia de Il Cavaliere: reformas legales destinadas a restringir hasta la inoperancia práctica las intervenciones telefónicas, en cuanto éstas han puesto en apuros al gobernante; persecución infamante de fiscales y jueces activos en las investigaciones de la corrupción gubernamental; recorte de los plazos legales de prescripción de los delitos de cuello blanco.

En España tenemos una muestra reciente de esta actitud en la polémica suscitada sobre el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), avanzada tecnología que sustituye los antiguos medios de interceptación de líneas telefónicas y grabación magnetofónica de conversaciones. Algunos han intentado presentar dicho sistema como una intromisión ilegítima y arbitraria del Ejecutivo en las vidas de los ciudadanos, cuando en realidad su utilización, como la del sistema anterior, sólo es posible para delitos graves con autorización y control judicial y en las debidas condiciones de fundamentación, proporcionalidad, necesidad y autenticidad. Cumpliéndose tales requisitos la intervención resulta irreprochable, como el Tribunal Supremo ha declarado. Otra cosa es que ya sea hora de mejorar y modernizar la definición legal de requisitos y procedimientos, necesidad que ya existía con las tecnologías anteriores y que sigue abandonada en la práctica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Volviendo al principio, estamos ante un fenómeno que va más allá de la tradicional mordida, es algo distinto y más sutil. Algo que presenta dimensiones cualitativa y cuantitativamente muy peligrosas y, desgraciadamente, también cierta vocación estructural. Se trata de corrupción de alto nivel, de la utilización ilícita de las potestades, la información -privilegiada- y los recursos públicos para aplicarlos a finalidades particulares, individuales o corporativas, propias o ajenas, siempre en perjuicio del interés general. No es algo que deba sorprendernos especialmente a estas alturas del desarrollo político-social, pero lo cierto es que hasta ahora su verdadera magnitud resultaba inversamente proporcional a su visibilidad para los ciudadanos. Es una corrupción que fluye larvada bajo la superficie de las actividades económicas corporativas cuando éstas entran en contacto con el desarrollo de las políticas públicas. Sus objetivos son diversos: puede ser el mero saqueo de los fondos públicos, pero también la desactivación práctica de los controles oficiales sobre los negocios para que no entorpezcan las metas operativas de las corporaciones privadas. Y no hay que descartar algo tan prosaico como el blindaje de un estatus social privilegiado.

La situación se ha visto perversamente exacerbada por las crecientes necesidades de financiación, fuera de los límites legales, de las complejas estructuras sobre las que hoy se asientan los partidos políticos, verdaderos engranajes de funcionamiento de los Estados democráticos actuales. Bien pronto se descubrió que unos mismos cauces de aprovechamiento ilegítimo de la actividad pública podían ser utilizados tanto para el enriquecimiento personal o corporativo como para financiar las actividades de los partidos políticos. O para ambas cosas a la vez, generando curiosas concomitancias de intereses. Ya conocemos prácticas que son verdaderos "clásicos" en la materia: la facturación por servicios inexistentes o descaradamente inútiles -informes o estudios, por ejemplo-; la interposición de sociedades pantalla destinadas a hinchar o rellenar los costes de una determinada actuación pública, o a justificar una subvención; el desvío de dinero público a entidades -muy señaladamente fundaciones- vinculadas a formaciones políticas y a su puro servicio más que al de las finalidades formales de aquéllas; la degeneración de los convenios de colaboración entre entidades públicas y privadas -urbanísticos, por ejemplo- a fin de encubrir simples procesos de enriquecimiento.

El perjuicio directo que los comportamientos corruptos causan al interés social es enorme: rapiña de los fondos públicos; alteración del mercado; descontrol de la economía especulativa; urbanización salvaje (agravada en este caso por una excesiva concentración en el nivel municipal del poder decisorio sobre el suelo sin un correlativo incremento de los controles externos); daño medioambiental; lesión de los derechos de los más débiles en las relaciones socio-económicas (trabajadores, inmigrantes, pequeños ahorradores). Y, siempre, el torcimiento del buen gobierno.

En este caldo de cultivo pueden producirse también consecuencias indirectas, sociológicas si se quiere, pero igualmente nocivas: apatía ciudadana ante la democracia, facilidad para la infiltración mafiosa, e incluso el surgimiento de liderazgos populistas que con recetas falaces y demagógicas se presentan como la solución a los miedos sociales.

El peligro de esta última dinámica lo conocemos bien en Europa. Por si fuera poco, en este paisaje se ha acabado gestando una malsana omertá entre fuerzas políticas, pues no otra cosa es el desvergonzado compromiso de no hurgar en las fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias. Patéticos ejemplos de tales oasis de mutismo los encontramos en las hemerotecas. Poco ayuda en este clima la interesada confusión que los dirigentes políticos suscitan al vincular el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal, con la transparente finalidad de eludir la adopción inmediata de medidas políticas correctoras mientras no acaben los procesos penales, a ver qué pasa.

La persecución de la corrupción pública en España nace en serio con la democracia. Hemos visto iniciarse relevantes procesos por corrupción en los años 90 en el ámbito de grandes obras públicas, en cuya concesión se detectaron diversos sobornos (básicamente mediante facturación por sociedades pantalla que no respondía a trabajos reales), dinero que enriquecía a cargos públicos o acababa en su partido político. Pronto se adoptaron medidas al respecto, como la introducción del delito de tráfico de influencias en 1991, o la reforma de la legislación sobre contratación pública en 1995 y la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción en 1996. El Código Penal de 1995, si bien contiene algún avance en la materia, se ha revelado como técnicamente muy deficiente a la hora de penalizar las formas modernas de corrupción pública, lo cual está conduciendo a la impunidad de muchas conductas que son objetivamente merecedoras de reproche penal.

Aun partiendo de la honestidad de la gran mayoría de funcionarios públicos y responsables políticos, hay que profundizar en la lucha contra la corrupción: reforzando la transparencia en los procedimientos administrativos de decisión; consolidando los organismos externos de control y fiscalización administrativa; reformulando la normativa de financiación de los partidos políticos; potenciando la especialización en la persecución penal y mejorando técnicamente el Código Penal. También deben jugar su papel los medios de comunicación y su permanente escrutinio de la actividad pública -en libertad, con rigor informativo-, así como el compromiso ciudadano con la política. Y acaso no esté de más recordarles a algunos lo dicho por Saint-Just a la Convención: "Se promulgan muchas leyes, pero se da poco ejemplo".



*Emilio Sánchez Ulled es presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal Anticorrupción en Barcelona.






* ELPAIS.com - Opinión - EMILIO SÁNCHEZ ULLED - 09/12/2009


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El juzgado paraliza los trabajos de desmontaje en el yacimiento de San Esteban

LAVERDAD/Murcia* : El juzgado nº1 de Murcia, en funciones de guardia, ha ordenado a instancias de la Fiscalía de Murcia, la paralización cautelar de los trabajos de desmonte que se realizan en el yacimiento encontrado en el centro de Murcia, donde se ha localizado la traza de un barrio islámico de los siglos XII y XIII. El secretario judicial se ha personado con la Policía Nacional en el yacimiento cerca de las 16:30, orden judicial en mano para detener los trabajos.

La Fiscalía solicitó esta mañana como medida cautelar que se paralizase de forma urgente el desmontaje de los restos. El fiscal general Manuel López Bernal mostró su esperanza de "que el juez competente se pronuncie con prontitud acerca de las medidas", y así ha sido.
Esta mañana comenzó el desmontaje de los restos hallados en el yacimiento andalusí de San Esteban, tal y como lo han confirmado fuentes de la Consejería Cultura. Desde este departamento se insiste en que dicha operación es un proceso lógico que responde a "la búsqueda de los posibles restos existentes del siglo XII". La excavación se ha reanudado tras el visto bueno de la Consejería al proyecto de conservación presentado por la empresa constructora del parking.
Los técnicos de la empresa Arqueotec, contratada por el grupo La Generala, concesionaria del parking, han iniciado los trabajos a las 9 de la mañana de hoy, según ha informado Cultura. Las tareas de desmontaje se están llevando a cabo, sobre el llamado Palacio 1, y por tanto sobre aquellas una de las partes del yacimiento que se pretenden reconstruir y conservar tras su elevación a la cota cero.
A las puertas del yacimiento se han concentrado durante la jornada de hoy unas 100 personas, en su mayoría pertenecientes a la Plataforma 'Proteger los restos arqueológicos de San Esteban', acompañados también por vecinos y representates de algunas organizaciones políticas, entre ellos la portavoz del grupo municipal socialista, María José Alarcón, y la edil de IU+LV, Esther Herguedas. Según Pedro Luengo, uno de sus miembros, el grupo tenía la intención de evitar la salida de camiones del recinto donde se encuentran los restos. "Hemos formado dos cadenas humanas alrededor de ambas puertas para evitar que entre o salga nada. Si es necesario, nos meteremos dentro, pero lo que está claro es que de aquí sólo nos mueve la policía". Luengo aseguraba así que permanecerán todo el día junto al yacimiento.
No obstante, Luengo apuntaba que "están explorando todas las vías posibles para frenar los trabajos, incluidas gestiones legales para intentar que se paralice judicialmente el desmontaje como medida cautelar", concluía. De hecho, en torno a la una del mediodía, agentes del Seprona se han personado en la excavación, donde han permanecido unos 40 minutos, durante los que han realizado fotografías y han solicitado a los operarios los permisos pertinentes, ya que según señalaba Luengo, "podríamos estar ante un delito de expolio si no se dispone de esta documentación". Pedro Fernández, integrante también de la plataforma, se mostraba esperanzado tras esta visita de la Guardia Civil y espera que "la justicia mueva ficha en breve".
Ya, a primera hora varias personas impidieron la entrada de un camión de palets por uno de accesos, poniéndose ante del vehículo, que acabó accediendo al yacimiento por otra de las puertas, actualmente también cerrada por la cadena humana que se ha colocado delante.
Esta actuación motivó la llegada de cuatro agentes motorizados de la Policía Nacional, ya que los responsables de la obra reclamaron su presencia por alteración del orden público. Sin embargo, los agentes, pese a permanecer en el lugar, no llegaron a actuar, pese a que con un megáfono las personas congregadas allí les gritaban 'se está produciendo un delito contra el patrimonio, actúen por favor'.
Una cámara instalada frente al jardín de San Esteban permite ver en tiempo real a través de una página web los trabajos de excavación que se realizan en la obra. La página es http://livestream.com/restosdesanesteban .








* La Verdad - LV/AGENCIAS - 9.12.09
Foto: Murcia, yacimiento san-esteban - vegamediapress.es

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El diputado que da la mayoría en Baleares, a juicio por corrupción

ELPAÍS* : En plena crisis política en Baleares por los escándalos por corrupción hoy se inicia el juicio contra un diputado clave del Parlamento balear. El fiscal presenta una petición de cuatro años y medio de cárcel, por prevaricación y malversación de fondos públicos y ocho de inhabilitación, para Tomeu Vicens. Elegido por Unió Mallorquina (UM), su voto da la mayoría al Gobierno multipartito de centro izquierda, con 30 parlamentarios frente a los 29 del PP.

Días atrás, Vicens ayudó al PP a derrotar al pacto de centro izquierda de Francesc Antich. La derecha le descalifica como el "voto de la corrupción" para desmerecer al Ejecutivo balear. El parlamentario está imputado en cinco casos distintos por corrupción, urbanística. No piensa dejar el escaño aunque sea condenado porque recurrirá al Tribunal Supremo. No le será aplicable el código anticorrupción que negocia Antich con sus PSOE-UM-Bloc porque UM le suspendió de militancia, aunque no le expulsó.

Damià Nicolau, ex secretario general de UM, que fue director insular del Territorio de Mallorca cuando Tomeu Vicens era consejero del Territorio (2003-2007), se sentará a su lado en el banquillo y afrontará una petición de más de tres años de cárcel. Ambos, que fueron secretarios general de UM, participaron en una supuesta trama ilegal para abonar 12.020 euros públicos al contable de Vicens por un informe copiado en Internet e innecesario.

Ese gestor económico, Tomás Martín, narró al juez que facilitó particularmente al diputado bisagra facturas falsas para simular pagos con el supuesto fin de blanquear partidas de comisiones de 295.000 euros de un pelotazo urbanístico de la conversión de suelo rústico en un industrial, al lado del aeropuerto de Palma. Vicens se lo agradeció desde el presupuesto del Consell de Mallorca. Martín se beneficia por haber confesado el caso y devuelto el dinero y el fiscal le pide nueve meses de cárcel.

Vicens, aun suspendido en UM sigue ligado a la formación. El líder del partido Miquel Àngel Flaquer aseguró la semana pasada que el diputado apoyaría los presupuestos del Ejecutivo y que daba estabilidad a la alianza PSOE-UM-Bloc (IU-Verds- PSM-Esquerra). Vicens lo aseveró "estoy donde estaba".






* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 09/12/2009
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org

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Valencia: Un tapón de 20 años

LASPROVINCIAS* : En el barrio de Ayora están que trinan. Hace casi 20 años les 'vendieron' un proyecto que preveía la eliminación de un tapón urbanístico con 130 nuevas viviendas de protección oficial y de renta libre en la calle Guillem de Anglesola. El tapón urbanístico se ha anquilosado.


La propuesta llevó años en danza, pero fue en el último pleno municipal de 2003 cuando se aprobó el Plan de Actuación Integrada (PAI). El tiempo ha pasado para todos: vecinos, propietarios de viviendas que negociaron su venta y empresa adjudicataria de la urbanización, y la realidad es que las viejas casas de dos alturas se degradan a marchas forzadas, a la espera del derribo.
Los residentes argumentan que el problema principal no es sólo de planeamiento, sino la falta de seguridad de un barrio que ha visto cómo población marginal ha ocupado la calle del tapón urbanístico.
«Da miedo pasar por aquí, junto al jardín de Ayora. Las familias que ocupan las más de 40 casas que hay en esta zona la han convertido en un gheto muy peligroso y antihigiénico», detalla José Luis Sanchis.
El último 'espectáculo' que han tenido que contemplar con impotencia es un tiroteo. «Como es una zona donde se vende droga, pues el otro día hubo un ajuste de cuentas entre rivales», añade.
Los vecinos aseguran que están a favor de que se limpie la fachada marítima, «nos parece fantásticos eventos como la Copa América, la Fórmula 1 o que se seamos capital europea del Deporte, pero digo yo que también tenemos derecho a que se nos erradiquen los focos marginales que degradan el barrio», explica Sanchis.
Este residente exige que se desbloquee el proyecto. Ha enviado una carta a la alcaldesa Rita Barberá para que conozca el caso. La asociación de vecinos Marítimo-Ayora, que preside Pedro Llorca, confirma que la calle se ha convertido en un foco «de tráfico de droga. Acumulan fardos de objetos que no sabemos si son robados o no y que luego se llevan al rastro. Y la falta de seguridad es total, con tiros incluidos», asevera.
Insalubre
A esta problema se suma la falta de higiene, «los olores son terribles. Meten los orines y defecaciones en bolsas de plástico y las tiran por el suelo o en contenedores. Es un foco insalubre», añade Llorca.
Esta asociación asegura estar harta de pedir por registro de entrada al Ayuntamiento que inste a la empresa urbanizadora a desbloquear el tema. Desde Urbanismo confirman que el Plan de Actuación Integrada tiene pendiente la aprobación de la reparcelación. «El promotor tiene que presentar documentación con modificaciones señaladas por los técnicos».
Después, se aprobará la reparcelación. «Tras la firma de las actas de replanteo podrán comenzar las obras», resaltan. La empresa detalla que ya ha entregado las modificaciones, pero que el PAI no se hará de forma inmediata porque hay muchos propietarios y los trámites son largos.







* Las Provincias - LOLA SORIANO - 9.12.09
Foto: Viviendas degradadas de la calle Guillem de Anglesola, junto al jardín de Ayora. :: PEPE SOTO, lasprovincias.es.

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El obispado denuncia a vecinos de Santiso por unos terrenos

LAVOZ/A Coruña* : El obispado de Lugo ha denunciado a la práctica totalidad de los vecinos de Ribadulla, parroquia del municipio coruñés de Santiso, para dirimir la propiedad de unos terrenos anexos a la iglesia y rectoral, tradicionalmente utilizados como campo de fiesta y reuniones vecinales, según informó a Efe el portavoz de la AA.VV., Luís García.

La animadversión entre vecinos y clero se remonta a hace un año, cuando los parroquianos abortaron un intento de venta por parte del obispado de la casa rectoral, que también incluía el campo de la fiesta que está justo enfrente del inmueble.

La oposición vecinal y el miedo que esgrimió el párroco de entonces, llevó al prelado de la diócesis, Alfonso Carrasco Rouco, a dejarlos sin misa y cerrar el templo.

Desde entonces, pasaron por Ribadulla hasta 3 sacerdotes diferentes, -uno se murió y el otro fue rechazado por los feligreses-, hasta que se acabaron regularizando los oficios religiosos, aunque no concluyeron las desavenencias.

El Obispado insiste en la titularidad del campo de la fiesta y ha demandado a todos los vecinos, al instar una «acción declarante de propiedad» ante el juzgado de Arzúa.

Hasta allí se tendrán que desplazar, este jueves, a las 13:00 horas, más de 60 vecinos de esta localidad que fueron denunciados nominalmente por el Obispado para participar en una audiencia previa de lo que puede acabar en un largo pleito judicial.

Los denunciados son todos los que en su día vendieron a la asociación de vecinos los terrenos ahora en litigio.

En un principio la demanda abarcaba a 57 vecinos, pero como consecuencia de la muerte de uno de ellos, la Diócesis luguesa no dudó en ampliar la cita judicial a sus herederos.

La situación es tal, que el propio García, reconoce que pueden tener problemas para encontrar testigos. De momento, vecinos y Obispado ya ratificaron su distanciamiento cuando se vieron hace poco de un acto de conciliación en el que no hubo acuerdo entre los litigantes.

Para reclamar la propiedad, el Obispado, exhibe una escritura, hasta ahora desconocida para los vecinos, del año 1967, cuando esta parroquia quedó parcialmente inundada por el embalse de Portodemouros.

Frente a esta prueba, los vecinos de Ribadulla no solo exhiben la posesión continuada de este espacio de algo más de 2.000 metros cuadrados, sino que aporta documentación catastral a su nombre, una escritura pública y un informe municipal del PGOM, en todos los cuales la propiedad figura a su nombre.

El domingo fue la última misa en Ribadulla previa a la cita judicial.

Mientras tanto, el verde césped del campo de la fiesta, un palco en desuso, los dos focos que heredaron de Fenosa y los manzanos plantados por los feligreses quedarán a la espera de saber a quien pertenece.








* La Voz de Galicia - EFE - 8.12.09
Foto: Santiso (A Coruña) - NATALIA RODRIGUEZ NOGUEROL, lavozdegalicia.es

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Las tres tramas de Marbella han ´lavado´ 1.000 millones de euros

LAOPINIÓN/Málaga* : Las tres grandes tramas criminales desarticuladas en Marbella desde el año 2005, ´Ballena Blanca´, ´Malaya´ e ´Hidalgo´, lograron blanquear supuestamente más de 1.000 millones de euros, según los informes que constan en los respectivos sumarios. El montante económico ´lavado´ más importante lo ostenta la trama de corrupción administrativa y urbanística generada en torno al Ayuntamiento, que estalló en marzo de 2006.

Los 26 testaferros de Juan Antonio Roca lograron inyectar presuntamente en el mercado económico legal más de 670 millones de euros, un beneficio generado gracias a los sobornos que muchos promotores y constructores que querían hacer negocio, incluso al margen de la ley, en la villa mediterránea entregaron al Consistorio.

Esta cifra se conoció a finales de octubre, una vez que el juez instructor, Óscar Pérez Corrales, entregó a los defensores los informes de blanqueo elaborados por la policía. El ´modus operandi´ es sencillo: varios testaferros crean una interminable maraña de sociedades a cuyo nombre se encuentran los diferentes bienes del supuesto ´cerebro´ de la trama.

Pero hay más: la cifra de 670 millones es sólo una aproximación inicial, pues nuevos informes la corregirán al alza en breve. El despacho madrileño que más le ayudó en su carrera blanqueó presuntamente hasta 211 millones de euros, mientras que uno de sus ´hombres de paja´ alcanza una cifra de hasta 111 millones.

En el ´caso Hidalgo´, que estalló en enero de 2007, la policía investiga cómo una firma de abogados ´lavaba´ el dinero procedente de actividades delictivas efectuadas por criminales de fama internacional. Esta red habría introducido alrededor de 220 millones de euros de dinero negro en el circuito económico legal (la investigación continúa y estos datos son de julio de 2008), sumando las cantidades de las diferentes conexiones que convergen en el bufete.

En sólo siete años, las salidas de fondos producidas en operaciones asociadas a delitos fiscales por parte de las empresas de uno de los imputados suman 198 millones de euros, mientras que entraron 55,7. A través de una red de mercantiles interpuestas que siempre acaba en paraísos fiscales, el dinero sigue una estela ascendente o descendente, según el caso, beneficiándose el implicado de regulaciones fiscales muy laxas.

El experto que realizó en informe entiende que se dan las tres condiciones para el ´lavado´ de dinero. "Colocación, ensombrecimiento y ocultación", apunta el técnico de Hacienda. Sin embargo, el experto en blanqueo hace la salvedad de que no todo el montante (198 millones) es dinero ilícito, habiéndose generado una parte del mismo en operaciones legales. "La compañía es una máquina de lavar dinero negro", afirma.
Otra organización de la trama es conocida por dedicarse al tráfico de drogas, el blanqueo y el fraude. A través de sociedades creadas supuestamente por el bufete marbellí, llegaron a moverse hasta 16 millones de euros. La conexión belga blanqueó 3,7 millones; 1,07 la tunecina y 2,5 la francesa.

El primer caso que estalló es ´Ballena Blanca´. Lo hizo a finales de 2005 y el fiscal Anticorrupción solicita 65 años y 86 millones de euros en multas para los 21 imputados. Funcionaba de manera similar a las anteriores redes, aunque los delitos antecedentes al blanqueo, según el fiscal, son el narcotráfico o la trata de blancas.

En total, el fiscal considera que los supuestos criminales lograron blanquear, a través de un despacho, más de 150 millones.







* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 8.1209
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es

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Movilización a través de Facebook contra la corrupción en Baleares

ELMUNDO/Palma* : Todo tiene un límite y la paciencia de los baleares para con sus políticos ya lo ha alcanzado. La última crisis del Pacte provocada por las diversas imputaciones de los socios en casos de corrupción ha sido el detonante. Un grupo creado en la red social Facebook, que ya cuenta con más de 800 miembros, ha convocado en Palma una concentración "puramente ciudadana al margen de todos los partidos políticos" el próximo día 12 de diciembre , entre las 12 del mediodía y las tres de la tarde, para protestar contra la corrupción política.

Un grupo creado en la red social Facebook, que ya cuenta con más de 800 miembros, ha convocado en Palma una concentración "puramente ciudadana al margen de todos los partidos políticos" el próximo día 12 de diciembre , entre las 12 del mediodía y las tres de la tarde, para protestar contra la corrupción política.

"Por un día, podemos y debemos estar de acuerdo los votantes de izquierdas o derechas, los que somos nacionalistas y los que no", clama la página web de esta convocatoria, que pretende reunir al máximo número de personas en la plaza Mayor de Palma a las 12.00 horas del próximo sábado.

Bajo la premisa "¡Exigimos honradez en la gestión de lo nuestro!", este grupo ciudadano ya ha conseguido más de 800 adhesiones, una cifra que aumenta minuto a minuto de personas que claman que la corrupción "no se puede consentir más".
Voto en blanco

Una de las premisas para subrayar el carácter ciudadano y apolítico del evento es que todos los participantes acudan con vestimenta de color blanco y sin banderas para reivindicar además el voto en blanco contra la corrupción. "Creemos que es muy importante que la gente acuda a la concentración con el blanco como color principal. Con esta idea pretendemos evitar los conflictos de ideologías y banderas (que normalmente enfrentan a la gente) y enseñarles a los políticos cuál es nuestra arma frente a la corrupción; el voto en blanco."

Entre las personas que se han unido a él, hay gran cantidad de periodistas y también personajes públicos como el escritor Miquel López Crespí o el director general de Movilidad, Antoni Verger, así como asociaciones tan dispares como Attac Mallorca, Som Revetlers o la Peña Mallorquinista de Aviación. Asimismo destaca la disparidad de perfiles y edades, entre los que destacan estudiantes de casi todos los institutos de secundaria de las Islas.
'El despertar ciudadano'

En la página se pueden leer numerosos comentarios de los que apoyan la causa, como uno en el que se da las gracias a las personas que han fundado la iniciativa, que supone "despertar de un letargo" ciudadano.

"Me alegra ver que en esta isla de mansos todavía queda algo de rabia y agallas", afirma otro de los miembros, mientras que un tercero opina que "debería ser la manifestación más numerosa de la historia de Mallorca".

Otros proponen soluciones: " ¡Ya está bien de silencio! ¡Qué se nos oiga! y al corrupto, 100 años de trabajos comunitarios y que devuelva lo robado."

Otro miembro de la página saluda a los mallorquines que apoyan la concentración y afirma: "A 10.000 kilómetros de distancia y siete horas de diferencia horaria, estaré allá".

No faltan los que hacen un guiño a la música contemporánea y aluden a Macaco "Acción-Reacción-Repercusión" y por supuesto los que preferirían "plantarnos en la puerta de sus casas y gritarles ¡ladrones!".







* El Mundo - EFE - 7.12.09
Foto: elmundo.es

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Última oportunidad en el paraíso

ELPAÍS/Cádiz* : La carta navega por Internet. "Formo parte de los miles y miles de personas que aman la belleza y virginidad de la playa de El Palmar. Y con esa autoridad moral, le escribo mi firme y total oposición al megaproyecto hotelero que una promotora quiere construir en la zona de Malcucaña con su apoyo". Es una misiva al alcalde de Vejer (Cádiz), el socialista Antonio Jesús Verdú, en contra de las intenciones de la sociedad andaluza Chival Promociones de retomar los planes turísticos que la cadena Riera Marsá había abandonado en esta zona del litoral gaditano.

Para el regidor local es el revulsivo económico y laboral que se necesitaba, todo un bálsamo en plena crisis. Pero para muchos, agrupados gracias a las nuevas tecnologías, es el fin de un espacio natural único. El Palmar es uno de los pocos espacios sin construir que quedan en la costa de Cádiz. Ha vencido al ladrillo en todo el tramo que va desde Conil a Vejer. La parte más próxima a Conil, Castilnovo, ha conseguido preservarse de las construcciones gracias al empeño del Ayuntamiento, de IU, que finalmente consiguió del Gobierno central la protección necesaria para evitar el levantamiento de cualquier edificación.

Pero el siguiente tramo hacia el sur, Malcucaña, ya en el término municipal de Vejer, queda a expensas de sus posibles usos hoteleros, promovidos por el Ayuntamiento y autorizados por la Junta de Andalucía.

La cadena Riera Marsá, que mostró su interés en levantar dos apartahoteles turísticos con casi 700 habitaciones, de cuatro y cinco estrellas, se desentendió del proyecto este mismo año y ahora ha sido retomado por la promotora Chival, que está auspiciada por el grupo Tarje, de capital andaluz, con el apoyo de Cajasol. La empresa mallorquina explicó que no había encontrado financiación para sus planes de gran resort que sí parece haber hallado este grupo inversor, que ya ha depositado en el Consistorio una fianza de 180.000 euros a modo de aval. El grupo, liderado por el empresario Juan Leocadio Muñoz, ha desarrollado inversiones en Sotogrande, Rota o Jerez.

Esta confirmación no ha podido ser mejor recibida por el alcalde del municipio, quien considera la inversión como todo un ejemplo de que se puede remontar de la crisis. "Ilusiona especialmente si tenemos en cuenta la actual situación económica", ha explicado Verdú. "Ahora los planes son los mismos que los de Riera Marsá. Se va a respetar el entorno privilegiado en el que se van a levantar los hoteles, no van a tener impacto visual y ayudará a impulsar el empleo y a generar riqueza". La previsión inicial fue la de creación de 300 puestos de trabajo. La idea original contemplaba un diseño en blanco, similar a la arquitectura que impera en el pueblo.

Pero la buena noticia difundida por el propio alcalde no ha sido bien recibida por todos. Ecologistas en Acción ya ha anunciado que pondrá todas sus herramientas para frenar el proyecto. "Destruye una de las zonas vírgenes que nos quedan en el litoral gaditano, uno de los espacios abiertos en los que la playa y el campo se unen proporcionando un paisaje único. Ni siquiera son hoteles, que es lo que recomienda la Junta, son apartahoteles, que dan menos empleo. Y supone una nueva dependencia hacia el ladrillo", critica la portavoz, Lola Yllescas.

Antes de que la asociación conservacionista emitiese un comunicado en contra del desarrollo hotelero de El Palmar y anunciase protestas, ya Internet estaba en pie de guerra. "Le pedimos que detenga de forma inmediata esta barbaridad y que se rinda ante la evidencia de que El Palmar sólo tiene un destino posible: convertirse en un ejemplo y un modelo de turismo para todos". Es lo que dice la carta al alcalde difundida en redes sociales como Facebook, donde se ha creado la Plataforma contra el Macroproyecto hotelero en El Palmar. Ayer tenía casi 19.000 miembros. El regidor local mantiene que es una oportunidad única. Los otros dicen que frenar los hoteles es la última que les queda para salvar un paraíso.








* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 08/12/2009
Foto: Surfistas pasean frente al paraje de El Palmar donde se proyectan los apartahoteles.- EDUARDO RUIZ, elpais.com

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Se retoma la instrucción del caso Ciudad del Golf

ÁVILADIGITAL* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Ávila retoma este miércoles las declaraciones por el caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, en el que hay 19 imputados. Los informes elaborados por Centaurea, SEO/BirdLife y WWF tendrán que ser ratificados ante el juez, con la declaración también de un testigo de la defensa.

Después de desestimarse todos los recursos que las defensas de los imputados presentaron ante el Juzgado número 2 de Ávila y, posteriormente, ante la Audiencia Provincial, contra las últimas decisiones judiciales –entre ellas la de dividir el caso en cuatro piezas separadas-, el caso Las Navas, cuyo sumario ocupa 6.000 folios distribuidos en 22 tomos, vuelve a retomarse.

Así, este miércoles, a las 12 horas, declararán los peritos de Centaurea, Seo/BirdLife y WWF en relación al informe pericial presentado en junio de 2008 por la representación legal de estas organizaciones.

Estas declaraciones se señalaron inicialmente para el pasado 7 de septiembre, pero se suspendieron a petición de la defensa de José Angel Arranz, que solicitó que se aclarase si dicho informe sería parte de la pieza separada número 1, sobre posible prevaricación y falsedad de los informes de medio ambiente. A consecuencia de ello, el juzgado determinó que las declaraciones de los peritos debían practicarse para su unión a todas las piezas seguidas en el mismo, y en su caso, a la pieza número 1.

Antes de las declaraciones de los peritos, comparecerá un vocal en la Comisión Territorial de Urbanismo, citado por la defensa de Ignacio Rodríguez Ley, suplente del anterior en la Comisión y que intervino en una de las reuniones en la que se aprobó la recalificación de los terrenos de la Ciudad del Golf.

19 imputados
Con 1.600 viviendas, dos hoteles y un campo de golf, la Ciudad del Golf pretendía construirse en 210 hectáreas de pinar en Zona de Importancia para la cigüeña negra, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y doce hectáreas de Área Crítica para la cigüeña negra que fueron recalificadas después de una permuta entre el Ayuntamiento y Montes de Las Navas, la sociedad encargada de la compraventa de los terrenos -adquirieron los terrenos a la Unión Resinera y se los vendieron a Residencial Aguas Nuevas- y de la que formaban parte el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta.

Una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que se anulaba la clasificación de los terrenos como suelo urbano, en octubre de 2006, la promotora, Residencial Aguas Nuevas, ordenó la tala de cientos de pinos.

Han transcurrido ya tres años desde que el 13 de noviembre de 2006 las organizaciones Centaurea, CC.OO. de Ávila, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Cantueso y Grama, presentaran una denuncia penal sobre las irregularidades que consideran que se cometieron en relación con proyecto de macrourbanización “Ciudad del Golf”.

Son ahora 19 imputados, entre los que se encuentran el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz; su antecesor en el cargo, Mariano Torre; y el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez.







* Ávila Digital - María Cuenca - 7-12.09
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com

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