DIARIODEMALLORCA* : El juez de instrucción 2 de Palma ha encausado en una pieza separada del caso Son Oms, la presunta trama de corrupción político-empresarial en torno al polígono industrial del mismo nombre, a Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens, Miquel Àngel Flaquer, y Miquel Àngel Grimalt, que en la pasada legislatura ocuparon cargos de responsabilidad en el Consell de Mallorca, gobernado por Unió Mallorquina (UM). Munar, presidenta del Parlament, Nadal, conseller de Turismo, y Grimalt, conseller de Medio Ambiente han sido citados ya a declarar para mediados de este mes y acusados de formar parte de un entramado político empresarial que desvió cientos de miles de euros de fondos públicos a fines delictivos.
El magistrado Juan Ignacio Lope Sola levantó ayer el secreto de sumario de una pieza abierta en el mes de marzo, a petición de los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach. El pasado 21 de octubre se desató, dentro de estas pesquisas, la llamada operación Maquillaje, que dio pie a numerosos registros en despachos y sedes de empresas de los supuestos implicados, entre ellos el antiguo bufete del conseller Nadal y la asesoría de Miguel Sard Vicens, primo de la esposa del anterior. La Policía también recabó datos en mano en la sede central del Consell de Mallorca y en las oficinas de la Radio y Televisión de Mallorca.
Dos productoras
Básicamente, las pesquisas giran en torno a dos empresas productoras de radio y televisión: Studio Media Comunicació, relacionada con los presuntos testaferros de Vicens, Alfredo Conde Bonnin (alto cargo de IB3 televisión), y su esposa Elisabet Diéguez; y Video U, vinculada a Miguel Oliver, el que fuera responsable de la Televisión de Mallorca tras su creación, y participada indirectamente por Miguel Sard.
En la querella de la fiscalía anticorrupción que dio pie a la pieza separada se imputa a varios dirigentes del anterior Consell de Mallorca el haber pagado cientos de miles de euros a estas empresas, en forma de subvenciones, ayudas o contratos directos.
Conde, presunto testaferro de Vicens, participó en la puesta en marcho de la radio pública insular, Ona Mallorca. Mientras que Video U colaboró en la creación de la televisión de Mallorca.
Estos trasvases de fondos públicos también se habrían hecho incumpliendo la legislación de contratación pública.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE - 1.12-09
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
Son Oms: Imputan a Munar, Nadal, Vicens, Flaquer y Grimalt por corrupción
Murcia: La Unión Europea 'juzga' los años de boom urbanístico en la Región
LAVERDAD* : Los años del boom urbanístico en la Región de Murcia serán examinados mañana con lupa en el Parlamento Europeo, que deberá decidir en una primera instancia si el Gobierno regional y 43 de los 45 municipios violaron el derecho comunitario en materia ambiental a raíz de la proliferación de planes generales, parciales y especiales de urbanización.
La denuncia fue puesta por Pedro García Moreno en nombre de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Pidió que se abriera una investigación por parte de la autoridades comunitarias. La Comisión Europea se puso a la tarea y el mes pasado emitió su informe dejando claro que ni el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel ni los 43 municipios señalados han violado la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.
La Comisión hace la puntualización de que «es prematuro» deducir que se hayan cometido irregularidades porque la mayoría de planes urbanísticos murcianos «se encuentra en proceso de estudio y no han sido aprobados por la autoridad competente». Los funcionarios comunitarios han estado recabando información a las administraciones autonómica y local sobre los desarrollos urbanísticos que denunció la Asociación de Naturalistas del Sureste, según los datos a los que ha tenido acceso 'La Verdad'. La última palabra en cierto sentido la tendrá mañana la Comisión de Peticiones, que debatirá la queja presentada y emitirá un informe. El dictamen previo de la Comisión podría ser relevante para 'absolver' a los gobernantes murcianos.
Pedro García denunció que las autoridades regionales y locales estaban actuando contra la legislación de la Unión Europea como responsables de la aprobación de planes de desarrollo urbano general, planes parciales y planes especiales «que permiten una urbanización excesiva con graves repercusiones sobre el medio ambiente». Subrayó que se vulneró constantemente la Directiva 2001/42, al considerar que las autoridades no realizaron en muchos casos una evaluación ambiental estratégica sobre los proyectos de urbanización. Añadió que existía «falta de transparencia» y reclamó una investigación.
Se cumple la normativa
Lo que se realizará mañana, según el orden del día previsto, es una especie de examen sobre el modelo urbanístico desarrollado en los últimos años y su respeto a la Directiva europea, en el que la propia Comisión, como organismo que ha llevado a cabo la investigación, no ve irregularidades. En su informe, señala que los planes y programas urbanísticos que hayan tenido «un acto preparatorio» posterior al 21 de julio del 2004 y los que estuvieran pendiente de trámite administrativo en los dos años siguientes, no tenían por qué someterse a la evaluación estratégica. En este sentido, apunta que los casos denunciados por ANSE se refiere a planes tramitados antes de esta fecha.
Especifica asimismo que dicha evaluación sólo es necesaria si los Estados miembros deciden que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente. Ésta es la quinta intervención directa de la UE sobre el urbanismo en Murcia en los últimos años.
* La Verdad - M. BUITRAGO - 1.12.09
Foto: Una grúa transporta ladrillos en un edificio en construcción en Murcia. :: MARTÍNEZ BUESO, laverdad.es
Madrid: Imputado por tráfico de influencias el concejal del PP del barrio Salamanca
ELPAÍS* : El juez Santiago Torres, que instruye el caso Becara, informó ayer al concejal del distrito de Salamanca Iñigo Henríquez de Luna del delito de tráfico de influencias del que se le acusa, por su implicación en esta causa relacionada con presuntas irregularidades en la concesión de licencias de esta tienda ubicada en plena milla de oro de la capital.
Pasado más de un año de sus primeras declaraciones, el juez Santiago Torres citó tanto a Henríquez de Luna como al ex jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo, Óscar Acero, para concretarles la imputación, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas. En septiembre de 2008, Henríquez de Luna manifestó al juez que la competencia de las licencias era de Urbanismo del Ayuntamiento. Desde que le imputaron, el concejal popular ha achacado su implicación a "una venganza" de la familia que denunció las presuntas irregularidades del local. María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle de Juan Bravo, denunciaron irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.El caso Becara es una ramificación del caso Guateque, la trama de corrupción municipal que otorgaba licencias a locales a cambio de dinero.
La titularidad del local de Becara corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, SL, cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1998 y 1999 la licencia de obras y apertura. En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado de fuera de ordenación. En la solicitud de aquel año consta que el permiso lo tramitó Mariano Carlos de la Fuente Pinillos, socio en una empresa inmobiliaria de Fernando Ruiz Torrejón, uno de los funcionarios de Urbanismo imputados por el caso Guateque y firmante de la licencia que se concedió a la tienda de muebles.
La denominación de fuera de ordenamiento obliga a la tienda a tener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos.
El inicio de funcionamiento de la tienda sin licencia propició que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal el local por infringir la norma urbanística. Por ello, el alto tribunal madrileño anuló en 2005 un permiso de funcionamiento que autorizó el Consistorio de Madrid.
"No tramité la licencia"
En su primera comparecencia ante el juez, el edil Íñigo Henríquez de Luna insistió en que la Junta Municipal no tramitó ninguna licencia para Becara que a la Gerencia de Urbanismo. Adujo entonces que el departamento que dirige Pilar Martínez se encargó en diciembre de 2006 de una solicitud de modificación del local para reestructurar las plantas del mismo. Ello, según el concejal, obligó a "Urbanismo a ocuparse del resto de las licencias", entre ellas la de funcionamiento. Admitió que la Junta de Salamanca fue informada de que la tienda no tenía licencia de actividad, si bien aclaró que esta incidencia se remitió al Área de Urbanismo del Ayuntamiento.
El concejal, por su parte, compareció el pasado año ante el pleno del Ayuntamiento y admitió que puede haber cometido "errores" en el ejercicio de sus funciones, porque en una Junta Municipal hay "exceso de trabajo" y él firma al año 10.000 expedientes.
* ELPAIS.com - 1.12.09
Foto: Madrid, barrio de Salamanca - flickr.com
El fiscal pide imputar a un ex alcalde del PP en la Pretoria
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PÚBLICO/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Baltasar Garzón que impute en el caso Pretoria a otras cinco personas, entre las que figuran el ex alcalde de San Andreu de Llavaneres (Barcelona) Víctor Ros, del PP, y al ex teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de dicha localidad, del PSC, Antoni Jiménez, confirmaron fuentes fiscales.
El pasado 27 de octubre agentes de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento de dicha localidad y solicitaron el convenio urbanístico de 2006, firmado por el anterior Gobierno municipal, que encabezaba Ros.
De hecho, tanto Ros como Jiménez fueron citados el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar en relación con la firma de un convenio por el que el Consistorio adquiría una guardería privada para hacerla municipal y, a cambio, cedía cuatro parcelas para construir viviendas privadas.
En el auto dictado por Garzón el 30 de octubre se menciona que entre las operaciones investigadas figuran unas relativas a guarderías, aunque las sitúa en Santa Coloma de Gramenet, en el ámbito de actuación del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. El ex edil se encuentra en prisión, junto al ex alcalde de dicha localidad Bartomeu Muñoz, el ex diputado del PSC Luis García y los ex dirigentes de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Los otros cuatro imputados quedaron en libertad bajo fianza.
Varios convenios
Además de ese convenio, el Consistorio de San Andreu de Llavaneres remitió otros al juez Garzón, para comprobar si contenían las irregularidades que se investigan en la causa. La resolución explicaba que la trama seguía unas pautas comunes en todos los municipios implicados.
El Ayuntamiento aprobaba un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, por sus contactos con el equipo de Gobierno y con empresarios. Luego repartía las cantidades que estos le pagaban. Se modificaba el plan urbanístico y siempre se beneficiaba al adjudicatario, que vendía al constructor a un precio final mucho mayor.
La Plataforma SOS Llavaneres también denunció a Ros por la recalificación de un terreno en La Riera con el que presuntamente habría beneficiado a unos primos suyos con 24 millones de euros en plusvalías.
Las que finalmente no están en la lista de nuevos imputados que presentó el viernes Anticorrupción son las esposas de Alavedra y Prenafeta, pese a que la Guardia Civil las interrogó en esa condición.
* Público - ÁNGELES VÁZQUEZ - 30.11.09
Foto: Llavaneres (Barcelona) - infomet.am.ub.es
Ames: El TSXG tumba un plan parcial de 521 viviendas en Milladoiro
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : El Concello de Ames recibía días atrás una notificación judicial que trastoca los planes urbanísticos y capa la capacidad de crecimiento del núcleo de población más importante del municipio, O Milladoiro. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumba el plan parcial de ordenación urbanística del sector 15 Travesía do Porto Sur de la localidad en el que estaba prevista la edificación de 521 viviendas, así como dos parcelas para equipamientos públicos.
El fallo judicial estima el recurso presentado por un particular contra el acuerdo del 3 de marzo de 2007 del pleno de Ames por el que se dio aprobación definitiva a este plan y anula "dicho acto por ser contrario a derecho". Asimismo, la sentencia desestima otra parte del recurso del particular dirigida de forma indirecta contra el PXOM de 2002 de dicho municipio.
El dictamen judicial se basa en el exceso de edificabilidad prevista en el plan parcial para la zona, asegurando que "el Plan Parcial litigioso rebasa el límite de la superficie edifcable total señalado en la ley del suelo de Galicia 9/2002".
En este sentido, el alcalde de Ames, Carlos Fernández, explicó a este diario que la apreciación de la Justicia se debe a "la inseguridad jurídica" existente, a su parecer, en el terreno urbanístico, debido a la promulgación de tres leyes del suelo en tres años. Así, explica que la planificación del S-15 se realizó en base a la previsión que contemplaba para esta zona el PXOM, aprobado en el pasado año 2002.
Sin embargo, la Ley del Suelo autonómica posterior modificaba al planeamiento municipal y obligaba a una reducción de la edificabilidad a los planes que se aprobasen a partir de un periodo a partir de tres años después de la normativa anterior. En el caso del plan parcial S-15 el alcalde considera que la sentencia nace de "una interpretación de la ley dependiendo del momento en el que empiecen a computarse esos tres años". Indica que "para el Concello todavía no había transcurrido este periodo por lo que se aplicó la edificabilidad prevista en el PXOM". Por este motivo, anuncia ya que los servicios jurídicos municipales están preparando el recurso a la sentencia debido a que esta posibilidad se contempla ya en el fallo judicial.
Cesión al Sergas
A la espera de un posible segundo dictámen tras el recurso de la sentencia esta, a priori, conlleva consecuencias de gravedad para el urbanismo de O Milladoiro. En concreto, deja en el aire la ejecución del nuevo centro de salud, que se proyectaba en este sector, cuyo plan es ahora mismo nulo.
El Concello de Ames cedió a Sanidade una parcela ubicada en este terreno para la construcción del edificio, que actualmente se encuentra en fase de licitación. Sin embargo, la ejecución de la sentencia podría obligar a suspender temporalmente el proceso, una vez adjudicado, aunque el Concello mantiene que, dado que el fallo no es firme, podría seguirse adelante con la edificación mientras el proceso esté recurrido legalmente.
* El Correo Gallego - ALBA TALADRID - 1-12-09
Foto: Imágen de satélite del terreno afectado por el plan parcial S-15 - elcorreogallego.es
Piden 9 años de inhabilitación para el concejal de Urbanisme de Creixell
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DIARIDETARRAGONA* : El ex alcalde de Creixell y actual concejal de Urbanisme, Juan José Conesa (Conesa per Creixell, CPC), se enfrenta a una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público así como a pagar una multa de 9.000 euros. La Fiscalía de la Audiencia de Tarragona le acusa de un delito contra la ordenación del territorio.
Así se recoge en el escrito de calificación, al que ha tenido acceso el Diari, por unos hechos que se remontan a hace más de seis años, en abril y mayo de 2003. El juicio podría celebrarse en el primer semestre de 2010.
Según asegura el Ministerio Público en sus conclusiones provisionales, Juan José Conesa desempeñaba el cargo de alcalde de Creixell desde el 4 de julio de 2001 hasta el fin de esa legislatura. El 16 de mayo de 2003 concedió, mediante un decreto de Alcaldía, la licencia de obras a la empresa Euromar 2000 SL para la construcción de tres viviendas unifamiliares aisladas (como primera fase de un proyecto de cinco) en los terrenos situados en la calle Juan Gris de la urbanización La Coma. Y el día 30 otorgó la otra licencia para las dos viviendas restantes.
Dudas en la compraventa
Dicha actuación del alcalde iba en contra del criterio del arquitecto municipal, Juan Manuel Muñesa, y del secretario, Josep Mª Piqué. Ambos emitieron sendos informes desfavorables a la petición de Conesa argumentando que esos terrenos en la calle Juan Gris no cumplían con la condición de solar establecida en la Ley 2/2002 de Urbanisme de la Generalitat.
Además, el fiscal recuerda que los terrenos que se presentaron para su construcción habían sido adquiridos por el acusado como administrador de la empresa Conesa Estabilizaciones y Jardinería SL por el precio de 25.548 euros. Conesa ya era alcalde de Creixell cuando compró los terrenos en la urbanización La Coma, puesto que en el registro de la propiedad figuran como suyos desde el 11 de noviembre de 2002, 16 meses después de acceder al cargo.
Y los vendió en contrato privado, de fecha 7 de diciembre de 2002, a la empresa Castellmar-Euromar 2000 SL por un precio de 90.101,82 euros, multiplicando por tres su valor inicial. El representante legal de la empresa compradora solicitó la licencia de obras, no habiendo otorgado la escritura pública de compraventa hasta el 30 de mayo de 2003 (después de obtener las licencias).
¿Hubo prevaricación?
Esta compra-venta de los terrenos en la urbanización creixellense (que con la licencia de obras concedida por el alcalde se revalorizaron), y según el informe inicial que la Fiscalía envió al Juzgado de El Vendrell de 2005, estaría supeditada a un posible delito de prevaricación puesto que la concesión de la licencia (que tenía la negativa del secretario e interventor municipal) a la empresa Castellmar-Euromar 2000 SL podría encajarse en un presunto delito de prevaricación, puesto que se firmó el decreto aún sabiendo que Juanjo Conesa debía inhibirse de este acto por ser parte interesada.
El Diari intentó ayer hablar con el concejal de Urbanisme sin poder localizarlo.
Protesta y pleno obligado
Aparte de los problemas personales de Conesa, hoy se espera una nueva protesta ciudadana (con el apoyo de los partidos de la oposición CiU y PSC) para recriminar al actual consistorio el aumento desmedido de los impuestos y tasas de 2010. La concentración está prevista al mediodía y se hará frente al edificio del Casal. La petición de la protesta ya ha sido remitida a la Policía Local y a los Mossos.
Además de estas quejas populares, el Ayuntamiento ha convocado para el martes (16.30 horas) un pleno extraordinario –solicitado por los partidos de la oposición– para responder a las acusaciones y preguntas sobre el retraso de las obras de la urbanización La Coma y proponer que no se paguen más cuotas hasta que no se liquiden todos los trabajos.
* Diari de Tarragona - À. Juanpere-J. Cabré - 29/11/2009
Foto: Creixell (Tarragona) - mma.es
El alcalde de La Nucia comparte un bloque con promotores urbanísticos
ELPAÍS/Alicante* : Las excelentes relaciones comerciales que mantiene el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, con los empresarios que tienen intereses urbanísticos en la localidad llegan hasta el extremo de compartir con ellos la propiedad de la práctica totalidad de un bloque de apartamentos frente al Club Náutico de Altea en el que incluso ha llegado a comprar una vivienda la madre del regidor.
Ángela García Sáiz compró, casi al mismo tiempo que su hijo adquiría dos apartamentos, un piso con plaza de garaje en la finca donde también son propietarios de otras cinco viviendas Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme a través de diferentes sociedades. Ambos tienen cargos en las empresas que ostentan la condición de agente urbanizador de los planes urbanísticos de la Serreta y Pie de Monte, en La Nucia, además de haber sido agraciados con unas permutas de suelo que les permitieron doblar su valor en menos de un año, con un beneficio de más de 17 millones de euros.
La promotora a la que Cano y su madre compraron casas en Altea es la sociedad Rotja 2000, Promociones SA, que tiene como administradores a Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna. Este último también tiene intereses en La Nucia y es el propietario de un chalé en el municipio conocido como "el Choco", donde diferentes empresarios y políticos de la comarca y algunos imputados en la trama Gürtel han acudido a celebraciones en las que no faltó el componente sexual.
La madre de Cano ha invertido 303.502 euros en comprar al contado un piso de 72 metros cuadrados útiles, aunque, como en el caso de su hijo, la notaría que escrituró la vivienda anotó que 87.396 euros, pagados en tres plazos entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, no habían sido acreditados, es decir, que no aportó los justificantes de un ingreso en efectivo y dos transferencias por ese importe ante la fedataria pública María Dolores Signes Verdera, que está obligada a advertirlo en la escritura pública.
Bernabé Cano tampoco ha acreditado hasta ahora el pago de 215.302,78 euros por la compra de dos pisos en el mismo edificio, uno de ellos un ático dúplex de 247 metros con 116 útiles. El alcalde nuciero compró por 823.000 euros las dos viviendas, según figura en las escrituras, aunque diversas fuentes del sector inmobiliario han confirmado que sólo el precio del ático de su propiedad ya valía en el momento de comprarlo más de un millón de euros. Cano ha justificado el origen del dinero con una relación de cuentas bancarias de la familia y dos donaciones de su madre, pero no ha mostrado los justificantes de un ingreso en metálico y tres transferencias bancarias que les sirvieron para pagar un ático escriturado en casi 470.000 euros al contado.
Otras cinco de las 12 viviendas del inmueble están escrituradas a nombre de las sociedades limitadas Zentimar, Gothouse, Spass Gestión y R&S Noción, vinculadas a Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, ambos con intereses urbanísticos en La Nucia. Una de las empresas de estos dos empresarios -Saga Bonperal, SL- ya urbanizó en 2002 el sector La Favara, que era propiedad de la madre y el tío de Bernabé Cano. Allí se construyeron 400 viviendas, otros tantos garajes y decenas de locales comerciales.
La relación de Rocamora y Riquelme con Cano ha continuado en el tiempo con fluidez. El 8 de junio de 2005 le compraron a Dragados a través de la sociedad Gestrumar 10 parcelas en los PAI de la Serreta y Pie de Monte con una superficie total de 362.866 metros. Dragados había permutado el mismo día al consistorio ese suelo a cambio de tres obras municipales. En menos de un año Gestrumar obtuvo unas plusvalías de 17.210.000 euros con la venta de 9 de las 10 parcelas, y aún se quedó la más grande, de más de 115.000 metros, en Pie de Monte.
Esta operación les sirvió para tener el peso necesario en las empresas que obtuvieron la condición de agente urbanizador de ambos planes urbanísticos. Figuran con diferentes cargos en Cases del Pinar, SL, empresa liderada por Andrés Ballester para urbanizar la Serreta, de 2,7 millones de metros en los que se pretende construir 3.884 viviendas y un campo de golf, y Montemar la Nucia, SL, la concesionaria de la urbanización Pie de Monte. Allí está aprobada la construcción de casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo.
Las últimas informaciones referidas a las propiedades del alcalde de La Nucia ya indujeron al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a solicitar públicamente que Bernabé Cano diera explicaciones públicas, aunque no lo ha hecho. Cano fue elegido el 9 de noviembre presidente del PP de La Nucia. Allí estuvo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en representación del presidente provincial José Joaquín Ripoll. Cano no hizo esta vez en su discurso alusión alguna a Camps, con quien estuvo tan identificado en otros tiempos, y se deshizo en elogios hacia la dirección provincial alicantina, en un cambio de rumbo político evidente. El alcalde de La Nucia sigue siendo diputado provincial de Deportes.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 01/12/2009
Foto: La Nucia - tagarinet
Tanda de derribos de viviendas en A Guarda
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ELPAÍS/Pontevedra* : La justicia anuló 21 licencias otorgadas con todas las de la ley por ocupar "suelo de protección paisajística". La orden de desalojo de las tres primeras viviendas unifamiliares de A Guarda, para proceder a su demolición, expira hoy. A partir de aquí actuará la piqueta, sin remisión. Sólo una de las viviendas está ocupada, pero, entre las 21 licencias de construcción anuladas hace tres años, otras cinco corresponden a casas habitadas, que correrán idéntica suerte.
Los afectados se reunirán hoy con el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, para pedir su mediación, aunque no creen que pueda ir más allá de un aplazamiento en la ejecución de los derribos.
Los afectados construyeron en las zonas de Loucenzas y Catanga con licencias concedidas entre 1999 y 2001. La denuncia de un particular contra los alcaldes que las concedieron llevó a un contencioso entre el Ayuntamiento y la Xunta que, después de sentencias con criterios distintos, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), resolvió en enero de 2007 anulando las 21 licencias en aras de la "protección paisajística". El litigio se desarrolló al margen de los propietarios, que de súbito se encontraron con el pastel. Después, cada cual emprendió recursos personales que tampoco clarifican ni resuelven la situación en que se hallan.
"Esto es un atropello de los políticos", protesta ahora uno de los afectados, Luciano Vázquez, que compró la casa en 2005 "con todas las garantías legales". El caso del marinero Generoso Ameal, según opinión general, es el más dramático. La suya será la primera casa habitada a derribar, obviando que en ella vive con su mujer, dos hijas y la suegra. Todos los propietarios son gente humilde que afronta hipotecas para pagar las viviendas.
Apoyo municipal
Los grupos políticos municipales han proclamado la inocencia de los vecinos y les han ofrecido apoyo y solidaridad. "Todas las autoridades competentes actuaron dentro de la legalidad", asegura el actual alcalde, José Manuel Domínguez Freitas (PSOE). "En esa medida, somos responsables, pero no culpables".
Cuando el TSXG anuló las licencias ya había seis casas construidas y ocupadas. De las 21 licencias concedidas, sólo en cinco no se había pasado de la fase de proyecto. El resto paró las obras, desarrolladas ya en un 70% en la mayoría de los casos. El valor de las casas construidas se cifra entre 360.000 y 420.000 euros. El Ayuntamiento ha tasado el valor total en 7,5 millones de euros, mientras litiga contra la Xunta para dirimir a qué Administración corresponde pagar esas indemnizaciones. El alcalde piensa que a la Xunta, por omisión, ya que dio vía libre al plan general de urbanismo que ampara el desaguisado, tuvo conocimiento de las licencias otorgadas y no alertó de posibles irregularidades hasta que se presentó la denuncia. Sólo entonces ordenó la suspensión cautelar de la ordenanza que regula el urbanismo en esas zonas de "protección paisajística".
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 30/11/2009
Foto: A Guarda (Pontevedra) - wikipedia.org
Piélagos: El TSJC da 15 días al alcalde para que derribe los chalés de Cerrias
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ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacecho (PP), un "plazo improrrogable" de quince días para que haga cumplir la sentencia de derribo que pesa desde hace siete años sobre una urbanización de 17 chalés de la playa de Cerrias, en Liencres.
En un auto fechado el 26 de noviembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC exige además al alcalde que el derribo de esa urbanización esté completado antes de seis meses, con la advertencia de que, de lo contrario, será denunciado por un delito de desobediencia y se impondrán multas coercitivas.
El TSJC aclara además que no procede suspender la ejecución de esta sentencia de derribo "a la espera de la evolución del Plan del Gobierno de Cantabria " sobre las urbanizaciones ilegales, ya que considera que "no contempla actuación válida alguna que permita la legalización de las referidas construcciones".
* El Diario Montañés - EFE - 30.11.09
Foto: magen de la urbanización de 17 chalés de la playa de Cerrias, en Liencres./ EFE
El fiscal pide que se inhabilite al alcalde de Redondela por presunta prevaricación
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FARODEVIGO* : La Fiscalía solicita una condena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público para el alcalde socialista de Redondela Xaime Rei por supuestas irregularidades en la contratación de unas obras que fueron ejecutadas en 2007 en varias calles de esta localidad pontevedresa obviando, sostiene el ministerio público, un informe del interventor municipal que advertía de que los gastos aprobados para esos trabajos eran ilegales y nulos de pleno derecho.
El fiscal considera al regidor responsable de un presunto delito de prevaricación, que también le imputa al concejal de Urbanismo, Emilio González Iglesias, para el que pide la misma pena. El juicio todavía no tiene fecha.
El delito del que acusa la Fiscalía se recoge en el artículo 404 del Código Penal, que castiga con inhabilitación "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". Así, los hechos a los que se refiere el ministerio público tienen su base en la aprobación en un pleno municipal de diciembre de 2007 de un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 799.531 euros correspondientes a diversas obras ejecutadas ese año sin disponer de consignación presupuestaria. Los gastos fueron autorizados con los votos favorables de PSOE y BNG –el PP se posicionó en contra– pese al informe del interventor municipal Modesto Solla Sanz que advertía de su ilegalidad. La acusación del fiscal se refiere concretamente a unas partidas incluidas en ese gasto global –la más alta de 124.320 euros– que se destinaron a la reforma de las calles Alfonso XII, Ribeira y Xeneral Rubín, donde se renovaron redes de saneamiento y abastecimiento.
La ejecución de los trabajos que se incluyen en esos gastos fueron encomendadas como adjudicataria a una empresa y la acusación pública entiende que tanto Xaime Rei como Emilio González habrían prescindido en esta contratación del procedimiento que establece la ley para ello pese a las advertencias del interventor. En un informe de este profesional del 21 de diciembre de 2007 se alertaba de que se utilizó un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos y que se acudió a una contratación verbal –y no a un procedimiento público de adjudicación–, que está prohibida por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, el mismo documento, considera la acusación, señalaba que las obras fueron realizadas sin proyecto, sin expediente de contratación y sin que concurriesen otras empresas.
La Fiscalía enumera unas cantidades que se habrían pagado a la adjudicataria de estas obras en la calle de forma irregular. Entre ellas están los 124.320 euros de gastos generales derivados de un procedimiento de licitación que el fiscal estima que no existió; así como facturas de 5.403 o 3.000 euros, entre otras. Unas cantidades que considera no deberían ser cobradas y que ahora pide que sean devueltas al concello de Redondela por los acusados.
* Faro de Vigo - M. FONTÁN - 30.11.09
Foto: Redondela (Pontevedra), ayuntamiento - ecoturismorural.com
"Es más fácil acabar con la corrupción que lograr la independencia judicial"
HUELVAINFORMACIÓN* : Aunque asegure que el mérito de la operación Malaya se debió al concienzudo trabajo del fiscal y de la Policía, lo cierto es que Miguel Ángel Torres fue el juez que tuvo los redaños suficientes para destapar en Marbella una corrupción que había extendido sus tentáculos por todos los estamentos de la administración local. El hoy magistrado juez de lo Penal número cinco de Granada desembarcó en Almonte para inaugurar el Observatorio Social Virgen del Rocío, con una soberbia ponencia que encandiló al público y retrató las miserias de la Justicia.
-En Huelva actualmente hasta diez concejales se encuentran imputados por diversos delitos de corrupción ¿Esto pone de relieve la podredumbre de la clase política?
-Lo que creo es que en los últimos años se han producido un sinfín de cambios sociales. Un bienestar económico que ha florecido al calor de la construcción y el urbanismo desaforado, del cual un buen número de personas ha querido sacar tajada. Por otra parte, a la luz de esta nueva realidad económica muchos municipios, que hasta entonces no tenían la posibilidad de corromperse, optaron por seguir estas prácticas delictivas. No obstante, y quizás lo más preocupante, es detectar que en ocasiones la corrupción contaba con el beneplácito de la ciudadanía, la cual justifica el que los políticos roben siempre y cuando realizasen una buena gestión al frente de una institución.
-Un amplio sector de la ciudadanía considera que si mirásemos con lupa todas y cada una de las administraciones se podría sacar a flote un sinfín de delitos...
-Es cierto que las investigaciones abiertas conforman sólo una efímera parte de la corrupción en España, si bien ello no implica necesariamente que sea algo generalizado en todas las administraciones. Lo que no deja de ser cierto es que si la Justicia contara con más medios humanos y técnicos tendríamos más posibilidades de luchar contra esta lacra y florecerían más casos de corrupción. Si bien este aumento en las cifras de casos abiertos no es más que la constatación de que se está actuando contra ella.
-No me negará que existen casos clamorosos donde las retribuciones de los políticos no concuerdan con el patrimonio que ostentan ellos o sus cónyuges.
-Es cierto. Pero en España el mero hecho de tener un patrimonio económico injustificado no da lugar a ser condenado por delitos penales. En países como Colombia, Francia o Ecuador, cuando un responsable político tiene un patrimonio que no puede justificar, en virtud de su sueldo anual y su régimen de incompatibilidades, puede ser procesado penalmente. En España no, ya que para ello es necesario vincular ese patrimonio a un hecho delictivo.
-¿Me está diciendo usted que un alcalde puede tener 500 millones de euros en patrimonio que, mientras no se le pueda vincular con un delito penal, será inmune a la Justicia?
-Exacto. Ese patrimonio sólo es punible a efectos fiscales y siempre que sea con anterioridad a los últimos cuatro años, si no el delito prescribiría.
-En Huelva las construcciones en rústico se han multiplicado y es ahora cuando se ha iniciado una retahíla de multas a los afectados, sin que la orden de derribo sea una prioridad. ¿Cree que se articula o aplica la legislación únicamente con afán recaudatorio?
-En esta problemática haría una diferenciación entre dos tipos de construcciones: aquellas erigidas por personas sin licencia, es decir ilegales; y aquellas llevadas a cabo con el amparo de determinados ayuntamientos que han incitado a la proliferación de viviendas en rústico con fines recaudatorios y con el fin de que, posteriormente, ese suelo se consolidara. Por tanto, creo que en este campo no se ha combatido adecuadamente, si bien he de añadir que por el lastre de no contar con la capacidad legislativa necesaria ni con los órganos judiciales para atajar esos delitos.
-Otra de las grandes preocupaciones sociales es el enchufismo que se percibe en administraciones fundaciones y mancomunidades. ¿Existe alguna legislación en la materia que pueda poner coto a estas prácticas?
-La legislación española ofrece una gran profusión de recursos para combatir el enchufismo. Otro cantar es la convocatoria de plazas directamente para tal persona. Otro fenómeno que a mí me parece especialmente preocupante es la creación o la sustitución de cargos técnicos por cargos políticos, lo que da lugar a que muchas personas sean contratadas meramente por ser familiar de o pertenecer a algún partido. En la raíz de todo el problema subyacen las lagunas legislativas que permiten el nombramiento indiscriminado de cargos en las administraciones.
-¿Es usted partidario del aumento de las penas para luchar contra la corrupción?
-Sí. Personalmente considero que los funcionarios públicos, y aquí nos incluimos todos de algún modo, estamos entre comillas privilegiados por los delitos que podamos cometer.
-En tal caso, ¿comparte la opinión de que la tibieza con la que se castigan determinados delitos de corrupción incita a vulnerar la ley?
-A día de hoy los delitos de prevaricación y tráfico de influencia son castigados con penas que oscilan entre los seis meses y el año de prisión, mientras que el cohecho sube de dos a cuatro, siempre y cuando no se cuente con antecedentes penales. La percepción es que sale rentable correr el riesgo, porque en caso de que tengas mala suerte y te investiguen sabes que no tendrás mucha pena.
-Los juristas denuncian la carencia de medios de la que adolece la justicia. ¿Qué se necesita para mejorar su eficiencia?
-En primer lugar, remodelar a fondo la Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1981 y va camino de cumplir 30 años. Por otra parte necesitamos de más jueces, fiscales y órganos especializados en los distintos tipos de delito.
-Hablando de reformas, ¿cuándo dejará de doblegarse la Justicia al gobierno de turno, tal como se comprueba al analizar la composición del Tribunal Constitucional?
-Es más fácil que acabemos con la corrupción a que logremos la independencia de la Justicia. Por desgracia todos los gobiernos tratan de legislar en función de sus intereses y no parece que sea una tónica que tenga visos de cambiar.
-Dicen que una Justicia lenta no es Justicia. ¿Se puede agilizar su denso proceso burocrático sin perjuicio de los derechos que asisten a los ciudadanos?
-Sin duda. En los procesos penales una justicia que valla rápida no supone menos garantías. De hecho si se trata de una persona inocente y se acortasen los plazos en los que se ejecuta la sentencia implicaría una mayor garantía para el ciudadano. Personalmente no entiendo el porqué no se podrían acelerar o agilizar los trámites, ya que no llevaría implícito un menor rigor y, por ende, no se lesionarían los derechos de los ciudadanos.
* Huelva Información - Carlos López - 30.11.09
Cantabria: Arca acusa al Gobierno de "intentar legalizar" las "ilegalidades urbanísticas"
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EUROPAPRESS* : El presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, acusó este domingo al Gobierno de Cantabria de "intentar legalizar como sea" las "ilegalidades urbanísticas", como en el caso de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
En una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, Canales consideró que no hay "ningún plan" del Gobierno regional ante el problema de las sentencias de demolición "sino algo tremendamente descarado" como es "intentar legalizar como sea todas esas ilegalidades urbanísticas", denunció.
"Que desde la administración que tiene que defender el interés general se esté sólo a evitar la ejecución de las sentencias, que es algo primordial para el ordenamiento y el sistema democrático, es algo tremendamente negativo", opinó Canales.
En este sentido se preguntó para qué se hacen las leyes "si la gente ve que las sentencias no se cumplen y que todo se puede legalizar", por lo que calificó como "una barbaridad" que la administración "intente evitar" el cumplimento de los derribos. "Sabemos que a través del PORN de Santoña va a intentar legalizar todo lo que se pueda", pero, advirtió, "van a tener el PORN en los tribunales".
Sí se ha cumplido uno de los derribos, el de la urbanización de El Encinar, en la playa de La Arena, en Arnuero, que, en opinión de Canales, ha sido "demasiado interesado para ser aleccionador" porque las viviendas no estaban habitadas "y las ha tirado la misma empresa que las construyó porque le beneficiaba: así podía conseguir la indemnización", declaró.
No obstante, advirtió que Arca "seguirá ahí, los años que haga falta, para conseguir el derribo de todas las viviendas" y entonces sí será "aleccionadora" la medida.
En relación al hecho de que un millar de viviendas hayan sido declaradas ilegales por recursos de Arca, Canales confesó que los ecologistas no se sienten responsables de esa situación. De hecho, manifestó que les da "bastante pena" que los afectados les señalen "como un enemigo a batir" cuando "todas estas ilegalidades que dictaminan los tribunales las cometen los políticos, alcaldes y consejeros, y a ellos no se les señala".
"Nosotros no hacemos las leyes ni las sentencias; nos limitamos a intentar que la legalidad aflore por encima de todo, y que las ilegalidades que se cometen no destruyan el medio ambiente", subrayó.
URBANISMO, EN LA "PREHISTORIA"
Por otra parte, Canales denunció que el urbanismo en Cantabria ha dado "un salto para atrás" con el consejero José María Mazón, con el que "hemos vuelto a la Prehistoria". "Es bochornoso y lamentable lo que está haciendo este consejero, de ahí que le hallamos pedido su dimisión de forma reiterada", comentó, y contrapuso su actuación a la del anterior consejero de Urbanismo, Vicente Mediavilla, con quien, "por primera vez en muchos años" se dio "un paso extraordinario en ordenación del territorio".
El presidente de Arca explicó que el actual consejero de Presidencia demostró, cuando estaba al frente de Ordenación del Territorio, "sensibilidad y sobre todo, tener muy claro qué es el interés general y en función de ello legislar y actuar". Para Arca fue, dijo, "la única ocasión que nos ha parecido satisfactoria la actuación del Gobierno", porque el resto de Ejecutivos han sido "nefastos" en esta materia. "No hay más que ver cómo está la costa de Cantabria en algunas zonas y quiénes han sido los responsables", manifestó, y por ello insistió en que el balance urbanístico ha sido "muy negativo, salvo en la etapa de Mediavilla".
TEMOR, FINANCIACIÓN E INDEPENDENCIA
En otro orden, Canales señaló que a Arca, que ahora celebra su 25 aniversario, se le tiene en cuenta desde las instituciones y reconoció que las administraciones "temen en cierta manera" a la asociación por su "capacidad e independencia", especialmente por la segunda.
En este sentido, explicó que Arca se financia "únicamente por cuotas de socios", que son entre 600 y 800, y que pagan entre 40 y 85 euros. Al respecto, rechazó la "percepción" de que la asociación "pleitea contra todo", y precisó que al año entabla "dos o cuatro pleitos", pero como la justicia es "lenta", las consecuencias de éstos "van aflorando" con el tiempo.
Además, Canales rechazó que afecte a la independencia de Arca el hecho de que él sea hermano del director general de MARE, como demuestra que la asociación da "toda la caña posible" al "jefe" de su hermano, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, porque "la gestión del agua en Cantabria nos parece lamentable". Asimismo, vaticinó que su hermano y él se acabarán "viendo en los tribunales" a causa del vertedero de residuos industriales que promueve MARE y una empresa privada en Castañeda.
No obstante, Canales confesó que se ha planteado "personalmente" renunciar a su cargo, cuestión que se ha abordado en la asociación, pero, dado que se presenta al cargo "todos los años", consideró que los socios le "echarían" si "vieran la mínima connivencia entre lo que hace la Consejería y yo por causa de mi hermano".
* Europa Press - 29.11.09
Foto: Santoña (Cantabria), marismas - 20minutos.es
El laberinto urbanístico en la Axarquía atrapa a diez mil propietarios
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SUR/Málaga* : Las anulaciones por vía judicial de licencias de obras concedidas por los ayuntamientos ponen en marcha los procesos de demolición. «Lo hemos vendido todo en Inglaterra y nos vinimos a la Axarquía para invertir los ahorros de toda nuestra vida en realizar la casa de nuestros sueños. Los ayuntamientos nos dieron las licencias y nadie nos dijo que no podíamos construir. Por eso nos preocupa cuando vemos que esas mismas licencias están siendo anuladas y que se están iniciando expedientes para demolerlas».
Con estas palabras el británico Phillip Smally, presidente de la Asociación Save Our Homes Axarquía (Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía), expresa la enorme preocupación que la situación del urbanismo está provocando en los propietarios de las más de 10.000 viviendas -22.000, según los ecologistas- fuera de ordenación que salpican los campos de la comarca oriental malagueña.
Y tienen motivos para estar preocupados, porque aunque la Dirección General de Inspección Territorial de la Junta de Andalucía no ha concluido todavía el inventario de las edificaciones que existen en el suelo no urbanizable de la Axarquía para decidir el futuro de cada una de ellas, la realidad es que continúan produciéndose sentencias de lo contencioso administrativo en respuesta a recursos planteados por el Gobierno andaluz contra la aprobación de muchas de las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos.
En la lista de pueblos con autorizaciones anuladas están Salares, Alcaucín, La Viñuela, Comares y Canillas de Aceituno, entre otros.
Estos fallos judiciales no sólo anulan las licencias, sino que además obligan a la Administración local a iniciar los procedimientos para restituir la legalidad urbanística, o lo que es lo mismo proceder a la demolición de las construcciones.
El Ayuntamiento de Comares, que tiene interpuestos 45 contenciosos por parte de la Junta solicitando la revocación del mismo número de licencias de obras, acaba de aprobar por acuerdo plenario la demolición de dos edificaciones en el campo.
Otros municipios en la misma situación tienen paralizadas más de una decena de órdenes de demolición al recurrir las sentencias.
La Viñuela, que aprobó en 2007 a la desesperada su PGOU por silencio administrativo de la Junta en un intento de regularizar la mayor parte de las viviendas que están fuera de ordenación, tiene 89 recursos contra autorizaciones para construir. La aprobación del documento urbanístico ha sido anulada por el TSJA.
«A mi vecino le han anulado la licencia y el Ayuntamiento de La Viñuela ya ha iniciado el proceso para demolerla. Desde entonces su esposa tiene problemas de corazón», relata Smally, para quien el proceso que encabeza la Junta para decidir cuál es el futuro de las casas que está inventariando es demasiado lento.
En Alcaucín, donde hay unas 1.800 viviendas irregulares, muchos titulares de construcciones empiezan a pensar que la única posibilidad de evitar una posible demolición es que la irregularidad urbanística prescriba.
* SUR - 28.11.09
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas - sur.es
Caso Polop: Urbanizaciones El Asesinato, S.A.
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ABC/Alicante* : Dos sicarios checos (al parecer, aficionados), sórdidas reuniones en el reservado de un club de alterne para planear el crimen, y un alcalde (entonces concejal de Urbanismo) ingresado en prisión sin fianza como presunto inductor del plan para asesinar a su predecesor. Son los ingredientes de la trama criminal de Polop de la Marina, un pequeño pueblo de 4.000 habitantes a unos kilómetros de Benidorm, sacudido estos días por la posibilidad de que su alcalde pudiera haber ordenado el asesinato de su predecesor.
Polop se ha convertido, muy a su pesar, en el (presunto) ejemplo de hasta dónde se puede llegar por controlar la golosa —cierto que cada vez menos— cartera de Urbanismo en un Ayuntamiento.
Durante dos años, desde que dos sicarios dispararon contra Alejandro Ponsoda en la noche del 19 de octubre de 2007, el pueblo ha permanecido en silencio. El único que lo rompía, de tanto en tanto, era precisamente el último detenido: el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano. Un hombre que se hartó de pedir a la Guardia Civil que «tirase del hilo», hasta que ese hilo los llevó a su casa la madrugada del pasado martes. Se le considera el autor intelectual de la muerte —encargada a unos sicarios— de su predecesor, compañero de partido y, en otra época, principal valedor.
Chalés en suelo rústico
Cano ingresó en la política activa de la mano de Ponsoda en 1995. Era la primera vez que el PP ganaba las elecciones en Polop, y el alcalde le encomendó el área de Urbanismo. En esos años, el pueblo creció basado en el turismo residencial. Aunque para ello hubiera que construir en terreno no urbanizable. «Construías el chalé, pagabas una multa simbólica y te lo legalizaban». La acusación es de uno de los miembros de la Plataforma de Afectados constituida tras la proliferación de viviendas en plena montaña.
Los desmanes urbanísticos, no obstante, no fueron la causa de la caída en desgracia de Cano dentro de su partido, aunque tuvieron buena parte de culpa. Incluso la familia del reconocido escritor Gabriel Miró se dirigió al PP para criticar la política territorial del entonces edil, según recuerda un alto cargo del PP de Alicante. Al final, el PP obligó a Ponsoda a deshacerse de Cano en 2003 tras recibir una denuncia de supuestas extorsiones a empresarios locales. «Oímos rumores, pero una cosa son los rumores y otra los hechos», replica la alcaldesa en funciones María Dolores Zaragoza.
Cuatro años más tarde, sin embargo, el alcalde asesinado no tuvo más remedio que recuperarlo como «número dos». Cano era para entonces el presidente de la junta local del PP, y controló la elaboración de la lista. Ponsoda, sin embargo, no parecía feliz de rehabilitar al hombre por quien dio la cara ante su partido en su día. Los vecinos coinciden en que, después de ganar las últimas elecciones, Ponsoda acentuó su carácter introvertido.
Discusiones «constantes»
Las discusiones entre uno y otro, a decir de aquellos que los conocían bien, «eran constantes». Especialmente, en las reuniones de la junta de gobierno de Polop, que casi siempre terminaban en bronca. «Pocos días antes de que le dispararan, Cano amenazó a Ponsoda con no renovar el contrato de su hija en el Ayuntamiento», recuerda un compañero de partido a quien el alcalde asesinado relató las profundas discrepancias que mantenía con el concejal.
Las principales diferencias entre ambos, precisamente, surgieron a cuenta de la gestión urbanística del municipio. Al parecer, Cano pretendía poner en marcha un plan parcial que contemplaba construir varios miles de viviendas, en la zona junto a la montaña donde años antes se había permitido la construcción de decenas de chalés. Algunos apuntan que la idea era levantar cerca de 5.000 viviendas, lo que hubiera triplicado el censo del municipio. Lo cierto, en cualquier caso, es que hoy no existe ninguna iniciativa similar en marcha en la localidad.
Ansias de poder, afán por controlar libremente el urbanismo municipal o animadversión personal, las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que la situación explotó de la forma menos esperada para la tranquila localidad mediterránea. El 2 de noviembre de 2007 Juan Cano se convertía en alcalde de Polop tras el fallecimiento de Ponsoda, ocho días después de recibir dos disparos a las puertas de su domicilio, en la pedanía polopina de Xirles.
«Mi padre era honrado»
«Nunca nos ha apoyado», cuentan las hijas del alcalde fallecido, Fátima y María. A pesar de que una de ellas trabaja en el Consistorio, y de que en un pueblo como Polop «todo el mundo se conoce», las jóvenes lamentan el vacío que les hizo sentir Cano «desde el primer momento» tras hacerse con la vara de mando. Sobre las discrepancias entre su padre y el presunto autor intelectual de su asesinato a cuenta del urbanismo, advierten enigmáticamente que Ponsoda «era una persona honrada, no le gustaba la corrupción».
los vecinos han roto por fin su silencio para empezar a admitir que Cano «no era como Alejandro»
Tras su detención —la séptima relacionada con el caso—, los vecinos han roto por fin su silencio para empezar a admitir que Cano «no era como Alejandro». Pese a trabajar como director de una sucursal de Caja Mediterráneo (CAM), «no tenía un trato cercano». Las puertas del Ayuntamiento no solían estar abiertas para los habitantes del pueblo.
Por supuesto, hay quien no se acaba de creer que el alcalde pudiera haber llegado al extremo de pagar (se especula con unos 50.000 euros, cuya procedencia se desconoce) por librarse de Ponsoda. «No me cabe en la cabeza; este hombre no necesitaba la política, vivía muy bien como director de la sucursal», explica uno de los más veteranos, amigo del padre de Cano.
Sin embargo, otros confiesan ahora —tras la detención— que «se veía venir», y abundan en el supuesto «perfil oscuro» del detenido. Habitual de los clubs de alterne de la zona (especialmente en la etapa en la que salió del Ayuntamiento, entre 2003 y 2007), según los testimonios de varios empleados de este tipo de locales recopilados por los investigadores, su carácter difícil no le había granjeado precisamente el cariño de sus administrados —al contrario de lo que sucedía con su predecesor—. La supuesta extorsión, nunca denunciada, corona el retrato.
Reuniones en un club
Cano es, no obstante, sólo el primer eslabón de la cadena. La investigación judicial sitúa a otras seis personas en la trama para acabar con la vida de Ponsoda. El primero de ellos, un presunto narcotraficante afincado en la vecina localidad de Finestrat cuando se perpetró el crimen. Raúl Montero, con antecedentes por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas —por los que se encontraba a la espera de juicio— , fue supuestamente el encargado de conseguir las dos pistolas de pequeño calibre utilizadas por los sicarios.
Raúl había estado en prisión preventiva tras ser sorprendido con un arsenal, pero salió en libertad mientras esperaba a que se celebrase el juicio semanas antes de que se perpetrase el crimen. Incluso acudió al juzgado a firmar dos semanas después de que falleciese Ponsoda. Luego, desapareció.
Al menos, hasta el pasado 5 de noviembre, cuando se convirtió en el primer detenido. La primera evidencia palpable de que la investigación del asesinato de Ponsoda, dos años después, empezaba a dar sus frutos.
Más tarde cayó Salvador Ros, un empresario zapatero que llegó a Polop hace más de una década para abrir una tienda en la conocida plaza de los Chorros. La Guardia Civil sospecha que también participó en las sórdidas reuniones en el club «Mesalina», pese a que no ha trascendido su grado de implicación.
El citado club parece ser el auténtico «centro de operaciones» de la trama: prácticamente todos los detenidos están relacionados de una u otra forma con él: su gerente, un uruguayo llamado Ariel —el tercer detenido—, su copropietario, Pedro, y los dos ciudadanos checos a los que la Guardia Civil atribuye la autoría material del crimen. Todos estuvieron en la reunión para fraguar el crimen, según los investigadores, y algunos incluso trabajaban o habían trabajado en la casa de citas.
El «hilo» llevó finalmente hacia Cano. Días antes de ser detenido, ya se le apuntaba como el objetivo último de los agentes de la UCO. En la trama había «un cargo público», según aseguró el abogado defensor de Ariel. Algunos se atrevieron a ponerle nombre, aunque en Polop todavía se pronunciaba en susurros. Objetivo de todas las miradas, el ahora detenido se defendió con amenazas de querellas a quienes le implicaran «en esta salvajada». Dos días antes de que la Guardia Civil llamase a su puerta, Cano se defendía en una entrevista publicada por ABC: «No conozco a estos señores, y jamás he estado con ellos en un club. Por Dios, la pregunta ofende».
Muchas incógnitas
Con la distancia, se aprecia también lo poco afortunada que resulta ahora la pregunta retórica que lanzó en una de sus últimas comparecencias públicas, cuando ya se encontraba en el punto de mira: «¿Me veis con miedo? ¿Estoy detenido?», espetó a los periodistas. La detención se produjo unos días después, de madrugada —para evitar las cámaras— y en su propio domicilio. Tras registrar el lujoso chalé en el que vivía a las afueras de la localidad (antes lo hacía en «un piso normalito», según los vecinos), fue conducido al Ayuntamiento, de donde salió sin esposar y con un ordenador portátil.
Mientras los periodistas «tomaban» el pueblo, la esposa del detenido regresaba en un vuelo desde Miami, donde había acudido a visitar a su hija. Se cuenta también que el alcalde de Polop tenía previsto realizar el viaje junto a su mujer, pero que la investigación frustró sus planes. Por voluntad propia, según algunas versiones, y porque ya le habían retirado el pasaporte, según otras.
Lo único que tienen claro los vecinos de Polop (tanto los que creen en su inocencia como los más suspicaces) es que la historia del asesinato de Ponsoda —que los ha situado en el mapa a su pesar— no está cerca de terminar. Todo lo contrario, quedan muchos misterios por desvelar, incluida la posible implicación de otro concejal en la conspiración, el motivo último del asesinato, y sobre todo la respuesta a la pregunta más inquietante: ¿de verdad un concejal puede llegar a ordenar que maten a su alcalde?
* ABC - D. Martínes, R.A. Ruíz Coll - 29.11.09
Foto: Polop (Alicante), vivienda Juan Cano - Mario Ayús, laverdad.es
Murcia: El atracón inmobiliario deja 18.000 viviendas sin vender
LAVERDAD* : La vida de un edificio se mide por el número de felpudos de los pasillos. Al recorrer las plantas del bloque Puerta de Murcia, antes de llegar a la plaza de los Cubos, en la capital, los remates de madera, los embellecedores de las cerraduras y los pomos brillantes de las puertas, casi vírgenes, se sienten solos. No hay pisadas, no hay movimiento; faltan felpudos, falta trasiego, falta vida.
Entrar en este edificio, construido hace dos años en una de las zonas más jugosas de la capital, es entrar en la realidad del sector inmobiliario. Poca luz y un fuerte olor a cerrado son las cartas de presentación del bloque de viviendas. En total son 32 pisos de primera calidad. De las 32 puertas, sólo dos tienen felpudo. Sólo dos tienen vida en su interior. De las 32 viviendas, sólo cuatro están escrituradas. El resto, que se abaratan cada mes en busca de un dueño que no aparece, tendrán que esperar. Todo el mundo tiene una idea de qué ha fallado exactamente ¿Por qué se quedan sin vender casas con una excelente relación calidad-precio a tres o cuatro kilómetros del centro de la capital? Todos los caminos, todas las respuestas, conducen a la crisis económica y su impacto en el sector de la construcción. Un ejemplo claro lo representa este inmueble del norte de la capital, rodeado por otros que incluso se han abandonado a medio hacer.
Es muy probable que, si la situación económica no hubiera afectado de semejante manera al sector, este edificio rebosara vida por sus cuatro costados enladrillados. Pero no. «Había más viviendas apalabradas e incluso muchos habían dado ya la entrada, pero al final se ha echado para atrás el 50% de los que estaban interesados. ¿Por qué? Está claro, muchos contaban con tener un crédito hipotecario que al final no se ha producido. La crisis financiera ha hecho mucho daño», asegura el encargado del mantenimiento del edificio. La opinión de este trabajador no es aislada y cunde en el resto del sector. También apunta a la situación financiera como principal factor responsable Juan Hernández Albarracín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región. «Está claro que los créditos se han estrangulado de forma considerable y eso ha repercutido en que las dificultades para adquirir una vivienda se hayan multiplicado. La situación ha cambiado».
Asimismo, Hernández Albarracín reconoce que, en estos años, «también ha habido buenas y malas decisiones empresariales. No se puede culpar al sector en su conjunto. Hay casos en los que se han construido urbanizaciones de lujo en el interior de la Región, muy alejadas de la costa, con precios altos y cuando el sector ya había tocado techo. Esas viviendas van a tardar mucho en ser vendidas, si es que algún día se venden, porque hay muchos inmuebles que no se van a vender. Ni mañana, ni el año que viene, hay que ser realistas».
Pero el recorte de la financiación, tanto para promotores como para compradores, y las decisiones empresariales equivocadas pueden no ser los únicos culpables de que las viviendas vacías existentes en la Región de Murcia se cuenten por decenas de miles. Los promotores inmobiliarios calculan que el número de viviendas que actualmente se encuentran en stock -viviendas construídas que aún no se han transmitido- en la Región de Murcia no supera las 18.000 unidades. Pero hablar del número total de viviendas vacías que hay a día de hoy en la Comunidad es adentrarse en un terreno, cuanto menos misterioso, en el que la información por parte de todas las administraciones brilla por su ausencia.
Datos oficiales
Los últimos datos oficiales son de hace la friolera de ocho años, allá por el 2001. Según el INE, el número de inmuebles vacíos era de 85.596 hace ocho años, cuando el parque total de viviendas de la Región ascendía a 592.613. Es decir, que del total de inmuebles, el 14,4% estaban deshabitados por uno u otro motivo. Pero en ocho años han llovido muchos ladrillos. Si hiciéramos la cuenta de la vieja y aplicáramos el mismo porcentaje de viviendas vacías del 2001 al año pasado, cuando el parque ascendía a 778.815 inmuebles, el número de pisos vacíos sobrepasaría las 112.000 unidades. Eso, suponiendo que el porcentaje fuera el mismo, lo que parece altamente improbable a tenor de la caída que han experimentado las ventas y el crecimiento de la construcción en los últimos tres años. De esas 778.815, el 62% (486.151) son viviendas principales, o de primera residencia, y el 38% restante (292.664) son no principales, o de segunda residencia, tal y como reflejan los datos del Ministerio.
Otro dato que debería, al menos, hacer reflexionar a los responsables de turno es el desfase que se ha acumulado en los últimos diez años entre el aumento del porcentaje de residentes en la Región y el de viviendas terminadas. Del año 1998 hasta el 2008, el número de murcianos ha crecido en 311.041, lo que supone un 28% de incremento. Sin embargo, el aumento de viviendas terminadas es superior, ya que ha experimentado una variación del 36,5 % en el mismo periodo de tiempo. Es decir, en la última década, se han terminado 209.882 viviendas. Si la cifra la contrastamos con el número de nuevos residentes faltarían casas para todos. Pero pocas viviendas albergan a una sola persona. En general, cada hogar está compuesto por tres miembros, según se refleja en los cálculos del Ministerio de Vivienda. Si dividimos entre tres esos 311.041 nuevos murcianos, el resultado es el número de hogares formados en estos diez años: 103.680. Unos cien mil menos que el número de viviendas construidas desde el año 2001.
A este panorama se une, en el caso del municipio de Murcia, el hecho de que el parón inmobiliario haya dejado en suspenso 26.000 viviendas proyectadas en la zona norte. En el plan parcial Nueva Condomina sólo se han levantado 250 viviendas sobre las 3.000 previstas. En los seis desarrollos situados al Este aún no se han visto las máquinas. Dos tienen la aprobación definitiva del Ayuntamiento, pero están esperando a que se anime el sector para pedir las licencias de construcción.
Soledad y música alta
Esta pila de datos, sin embargo, tienen fiel reflejo en decenas de edificios vacíos, llenos de persianas bajadas. La Verdad se trasladó a la zona norte de la capital, en el área de Juan Carlos I y Juan de Borbón, para realizar un recorrido visual de las fachadas de reciente -y no tan reciente- construcción. Para que una imagen valiera más que mil palabras y mil datos de diferentes organismos. Haga la prueba.
En uno de estos edificios sin vida de la zona norte, rodeado de otras construcciones en una situación similar, el periodista busca en el suelo un felpudo. Un felpudo que indique que, tras la puerta, hay vida. Y allí está. Al fondo del pasillo de la segunda planta. Justo donde, poco antes, un empleado de una empresa de seguridad colocaba una alarma. La persona que abre la puerta es el propietario. Uno de los pocos del bloque. Dice que recurre a la seguridad privada «porque es una zona que está muy solitaria y en la que hay muy poca gente, y paso mucho tiempo fuera de casa. Prefiero prevenir que curar». Además, le gustaría que hubiera más gente en el edificio «porque, en el caso de que pasara algo grave, no tienes nadie a mano a quien recurrir. Sobre todo, se siente soledad».
Pero vivir prácticamente solo en un edificio de 32 viviendas tiene también sus ventajas. Es probable que una persona timorata nunca quisiera estar sola en un edificio deshabitado, pero hay quien le saca el lado positivo. No todo es pedir sal al vecino y dar los buenos días en el ascensor: «esto tiene una ventaja -asegura el entrevistado-. Y es que, al no haber más habitantes, puedo poner la música al volumen que quiera, porque no molesto a nadie ni nadie me molesta a mí. Pongo la música tan alta como quiero a la horaque quiero». No todo el mundo puede decir lo mismo. El encargado de obra del inmueble, que acompaña a 'La Verdad' durante el recorrido por el bloque de viviendas, lo deja claro: «los pocos vecinos que hay en el edificio me preguntan cuándo vendrá más gente, pero yo no sé qué contestar. 'Ojalá sea pronto' suelo decir, pero no lo veo nada claro». Hasta que no haya más felpudos, no habrá más vida.
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La 'ciudad de los negocios', al 50%
El edificio JC1, uno de los más representativos de la capital desde el pasado mes de mayo, dispone de 12 plantas para oficinas, de las que ya se ha alquilado el 50%. Es decir, seis plantas. Los locales se alquilan desde 9 euros por metro cuadrado.
Las 'torres gemelas' esperan inquilinos
Las ya conocidas como torres gemelas de Murcia, construidas cerca de las Atalayas y terminadas hace poco menos de medio año, disponen de un buen número de oficinas de las que aproximadamente la mitad están ocupadas. El rascacielos espera compradores e inquilinos.
Bloques abandonados a su suerte
No es difícil encontrar bloques de oficinas que han quedado abandonados en plena construcción por la imposibilidad de acometer la obra. Uno de ellos es el de la imagen, entre Juan Carlos I y Juan de Borbón. Edificios fantasma que ensucian el horizonte.
EL SECTOR:
778.815 es el número total de viviendas en la Región. Hace ocho años, en el 2001, había 592.613.
18.000 viviendas en 'stock' en la actualidad, según los datos de los promotores inmobiliarios.
85.596 inmuebles vacíos en la Región, a fecha del 2001. La cifra podría superar actualmente las 112.000.
POR ZONAS:
Murcia. La capital acapara más de la cuarta parte del total de viviendas terminadas en la Región en los últimos diez años (41.951)
La costa. El 36% de las viviendas terminadas desde 1999 se ha edificado en los municipios costeros, sin contar Lorca ni La Unión.
Municipios sin grúas. Entre nueve municipios (Albudeite, Aledo, Blanca, Campos del Río, Moratalla, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva) sólo representan el 1,13% de los inmuebles construidos en diez años en la Región.
El caso de Ulea. La localidad levantó 55 casas en el 2007, casi el triple que en una década.
* La Verdad - DANIEL VIDAL - 29.11.09
Foto: Sólo una ventana con luz en uno de los edificos recién construidos en la zona norte de Murcia. | GUILLERMO CARRIÓN / AGM
La Axencia Urbanística acumula ya 216 órdenes de derribo de edificaciones ilegales
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FARODEVIGO* : El derribo de dos casas en la isla de Ons ejecutado esta semana por la Consellería de Medio Ambiente se convertirá en una imagen cada vez más habitual en Galicia. La Xunta se ha propuesto extremar el control y la persecución de las construcciones ilegales y adelanta que el año que viene se incrementarán los expedientes de demolición de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), un organismo constituido en abril de 2008 para velar por el cumplimiento de la ley y perseguir todo tipo de irregularidades en materia de urbanismo.
La Aplu dispondrá en 2010 de una partida de 600.000 euros para ejecutar demoliciones de construcciones ilegales, lo que significa que la Xunta invertirá un 25% más que en 2009 y cuatro veces más que en 2008 en demoler viviendas, galpones y otro tipo de construcciones al margen de la ley. Desde la Consellería de Medio Ambiente justifican el espectacular incremento en el impulso y consolidación de la actividad de la Aplu, que cerrará 2009 con 216 expedientes de demolición pendientes de ejecución.
Las actas de infracción urbanística y las órdenes de derribo no han dejado de crecer desde la puesta en marcha de la Axencia, que supuso duplicar el personal dedicado en Galicia a vigilancia e inspección. Sólo hasta el mes de octubre, la Aplu había levantado 410 actas de inspección y resuelto 91 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, cifras que prácticamente duplican los datos con los que cerró el año 2008.
Pero las estadísticas que más crecen son, sin duda, las referidas a infracciones urbanísticas muy graves sancionadas por ley con la demolición. Y es que a falta todavía de un mes para que termine el año, la Aplu impuso en 2009 un total de 238 multas coercitivas para forzar la ejecución de derribos frente a las 85 del año anterior, y asumió con sus propios medios la demolición de 21 edificaciones frente a las cinco que llevó a cabo en todo 2008.
En estos momentos, una treintena de inspectores y subinspectores se encargan de velar en toda Galicia por el cumplimiento de las normas urbanísticas, así como de prevenir posibles infracciones y asesorar a los concellos, resolviendo sus consultas e incluso elaborando informes ad hoc. Y es que además de la función sancionadora, la Aplu se creó para ayudar a los concellos con su planeamiento, haciéndose cargo hasta la fecha del urbanismo de 42 ayuntamientos.
Todas las infracciones detectadas por los inspectores acaban con la apertura de un expediente pero sólo los casos más graves acaban derivando en una orden de demolición para restablecer la situación previa a la infracción cometida.
Ejecutar el derribo de una casa o cualquier otro tipo de construcción, sin embargo, no es algo sencillo, de ahí la lentitud con la que se resuelven este tipo de expedientes. De hecho, desde Medio Ambiente aseguran que en los últimos meses se han ejecutado demoliciones "que se empezaron a tramitar hace seis o siete años".
Antes de que una orden de demolición sea firme, el afectado suele agotar todas las vías administrativas y judiciales a su alcance en un proceso largo y complejo que, como apunta Medio Ambiente, casi siempre sigue un camino distinto. Además, una vez que la Aplu decide hacerse cargo del derribo debe seguir 16 pasos (expediente de contratación, proyecto de coordinación y seguridad, solicitud ante la autoridad judicial competente...) antes de poder ejecutar la orden.
* Faro de Vigo - M. VÁZQUEZ - 29.11.09
Foto: Ons (Pontevedra) - delmorrazo.com
Expertos urbanistas piden a los gobiernos intervenir en las periferias y evitar desequilibrios
INFORMACIÓN/Alicante* : Los ponentes que participan en el Encuentro Euromediterráneo de Jóvenes Arquitectos-Urbanistas, que se celebra desde el viernes en Xàbia, hicieron ayer un llamamiento a la Administración Pública para que intervenga en las periferias de las ciudades con el objetivo de evitar "graves desequilibrios sociales".
El director del Máster de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, Alberto Peñín, explicó la necesidad de "redefinir el concepto de periferia urbana porque la ciudad siempre crece y hemos de estar en continua redefinición". En este sentido, añadió que "las periferias, merced a los espacios de oportunidad como carreteras o puertos, se convierten en espacios más influyentes a pesar de que muchos de los PAI aprobados no entienden la ciudad, su concepto y menos aún la periferia". En el encuentro, organizado por la Fundación Foro Jávea de Vecindad y Casa Mediterráneo, se abordaron también experiencias concretas de intervención periférica para recuperar zonas degradadas, como fue el caso del director del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria, Luis Andés Orive, que planteó el proceso de configuración del anillo verde de Vitoria.
* Información - 29.11.09
Málaga: Un concejal del PP adjudicó a una empresa de su cuñado 15 contratos
LAOPINIÓN* : El concejal del Ayuntamiento de Málaga Manuel Marmolejo ha contratado "directamente" en 15 ocasiones a la empresa de su cuñado durante los últimos tres años, según reconoció ayer mismo el propio edil, que admitió que esta actuación suya vulnera la ley. Como él mismo explicó, "la Ley de Procedimiento Administrativo indica que estaba obligado a abstenerme por mi parte", si bien dijo que "desconocía" dicha incompatibilidad.
Es por ello por lo que anunció que "a partir de este momento" se abstendría de participar en los procedimientos de adjudicación donde participase dicha empresa.
En este sentido, el alcalde, Francisco de la Torre, apoyó a su concejal y aseguró que descarta la posibilidad de destituirle. De la Torre apeló a "la buena fe" del edil y a que "el tema tiene una escasa entidad desde el punto de vista presupuestario y que no hay ningún perjuicio para el Ayuntamiento".
A su juicio, se trata de una cuestión "legal, estética y, si queremos decir, ética", y disculpó el comportamiento del edil haciendo referencia al "desconocimiento" que tenía de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que, no obstante, "no exime de su cumplimiento", tal y como subrayó.
No obstante recordó que aunque la ley es "flexible" y el Ayuntamiento puede hacer contratos con empresas en las que haya una relación familiar cercana "porque es un mundo competitivo", las personas que deciden "deben abstenerse. Es lo que hará Marmolejo en el futuro".
Por su parte, el PSOE denunció la "gravedad" de este "presunto nuevo trato de favor a una empresa de un familiar del PP" que ha recibido en los últimos tres años 85 contratos menores por valor de casi 2 millones de euros, "solamente en contratos adjudicados por los distritos".
Manuel Marmolejo, que es concejal de Polígonos Industriales y del distrito Bailén Miraflores, reconoció que la empresa Greensur Proyectos y Obras, en cuyo accionariado está su cuñado, ha obtenido en los últimos tres años 11 contratos adjudicados en el distrito Bailén Miraflores, que suman 220.000 euros, y "otros cuatro o cinco del área de Polígonos Industriales".
El concejal reconoció que su actuación ha sido contraria a la ley, pero "por desconocimiento", y que una vez que conoce su alcance y para "salvaguardar cualquier atisbo de dudas acerca de la legalidad", se abstendrá "a partir de este momento" de intervenir en las adjudicaciones donde comparezca esa empresa. Por todo ello rechazó la posibilidad de dimitir.
Trato de favor
Fue el propio Marmolejo el que se adelantó a comunicar los hechos de forma obligada al conocer que el PSOE había investigado su relación con la empresa Greensur y tenía previsto denunciarlo en una conferencia de prensa el próximo lunes, día 30.
Marmolejo arguyó que los contratos a Greensur no habían supuesto quebranto al Ayuntamiento o a otras empresas, lo que fue rechazado por el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, que aseguró: "Es evidente que se ha perjudicado a otras empresas que, en pie de igualdad, hubieran podido obtener los contratos".
El portavoz del PSOE consideró que se trata de un caso "muy claro" de presunto trato de favor a otra empresa "de un familiar del PP" .
Fuentes señaló que Greensur se constituyó como empresa en agosto de 2003, "justo un mes después de que Manuel Marmolejo entrara a trabajar al Ayuntamiento como cargo de confianza."
Marmolejo inició su actividad municipal en 1999 al ser nombrado director del área de Comercio. Posteriormente ha sido director del distrito de Bailén Miraflores y Centro. Desde 2007 es concejal de Polígonos Industriales y del distrito Bailén Miraflores.
Fuentes anunció que su grupo va a pedir la relación de contratos adjudicados a Greensur desde 2003 en los distritos y en las áreas municipales "especialmente en el área de Polígonos Industriales, a la vez que pediremos un informe jurídico para ver si hay incompatibilidad legal en la actuación del concejal".
* La Opinión Málaga - JAVIER GARCÍA RECIO - 28.11.09
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
El juez impone seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación a dos ex alcaldes de Monachil
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IDEAL/Granada* : Un Juzgado ha condenado a siete años de inhabilitación a los ex alcaldes de Monachil Francisco Lara y Antonio Trinidad, al que ha impuesto además 6 meses de cárcel, por prevaricación en el cambio de uso de una parcela para construir un edificio que ha ordenado derribar con cargo a los acusados.
En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada impone también a Trinidad, al que atribuye un delito de prevaricación urbanística, una multa de 3.600 euros por esta causa, en la que también han sido condenados el ex concejal de Urbanismo Benjamín Rodríguez y el arquitecto municipal en el momento en que ocurrieron los hechos, que fueron denunciados por la comunidad de propietarios de un bloque contiguo.
El ex edil de Urbanismo ha sido condenado, por un delito de prevaricación y otro de prevaricación urbanística, a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a 12 meses de cárcel y a multa de 3.600 euros, y el ex arquitecto municipal a 16 años de inhabilitación, ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros por prevaricación urbanística.
La sentencia declara además la nulidad del estudio de detalle que permitió la construcción del edificio en cuestión -82 apartamentos turísticos en Sierra Nevada-, de la licencia que se otorgó a la constructora y del orden del pleno municipal que acordó concederla.
Los acusados deberán además acometer la demolición del edificio construido en el plazo de seis meses, 'corriendo con todos los gastos que se deriven de forma solidaria e indemnizando solidariamente a quienes pudieran resultar perjudicados'.
Según el fallo, cuando los acusados accedieron al Ayuntamiento ya se había aprobado de forma definitiva, al amparo de las normas subsidiarias, el plan especial por el que se procedió a la urbanización del solar en cuestión, al que se otorgó un uso de equipamiento sociocultural.
Con la ejecución del plan, los propietarios afectados adquirieron el derecho del uso de equipamiento sociocultural del solar, cuya calificación fue confirmada con la revisión de las normas subsidiarias, si bien en 2003, siendo alcalde Francisco Lara, edil de Urbanismo Benjamín Rodríguez y arquitecto municipal el acusado, idearon un plan para construir pisos en la parcela, 'aun a costa de prescindir de todas las normas jurídicas y garantías aplicables'.
Así, encargaron al arquitecto que idease la fórmula legal para modificar la realidad urbanística de la parcela, según la sentencia, que mantiene que en lugar de optar por la tramitación de una modificación puntual de las normas subsidiarias, los acusados se decantaron por un estudio detalle porque la primera opción 'no les garantizaba alcanzar su propósito'.
El arquitecto redactó el estudio detalle 'ignorando deliberadamente todo el proceso urbanizador previo' y los derechos de los propietarios.
El estudio detalle fue aprobado en 2003 en comisión de gobierno, de la que formaban parte Lara y Rodríguez, para que la finca se destinara a la construcción de pisos, a sabiendas de la ilegalidad.
Con posterioridad, tramitaron el expediente de permuta de la finca a particulares, de quienes, tras dos ventas consecutivas, pasó a la promotora interesada en levantar un bloque de apartamentos.
Finalmente, en octubre de 2004, siendo alcalde Trinidad -Rodríguez seguía de concejal de Urbanismo-, la promotora dueña del solar pidió al Ayuntamiento licencia de obras para la construcción de 82 apartamentos turísticos, que le fue concedida con un informe técnico favorable del arquitecto municipal -que seguía siendo el mismo-, 'a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado'.
La licencia concedió una superficie edificable total de 7.189 metros cuadrados, 'muy por encima de los 3.192 metros' de edificabilidad que realizó el arquitecto para hacer la permuta.
Finalmente, la promotora construyó el edificio y puso en venta las viviendas al margen, además, 'de todo uso turístico'.
* Ideal - EFE - 27.11.09
Foto: Monachil (Granada) - participaenandalucia.net
La Fiscalía pide la imputación de nuevas personas en el 'Caso Pretoria'
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ELMUNDO/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la imputación de nuevas personas en el denominado 'caso Pretoria', que vendrían a sumarse a los nueve investigados hasta ahora en relación con una trama de corrupción urbanística que se vendría desarrollando en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
En una escueta nota hecha pública esta tarde, la Fiscalía General del Estado ha explicado que la petición de imputaciones se realiza en respuesta a la solicitud formulada por Garzón el pasado 10 noviembre "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos". Las mismas fuentes no precisaron el número de posibles nuevos imputados, si éstos ocupan cargos públicos o los delitos que indiciariamente se les atribuyen.
A mediados de este mes trascendió la noticia de que, a resultas de la investigación realizada por la Guardia Civil, existía la posibilidad de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid realizara nuevas imputaciones, y que a tal efecto se había solicitado informe al Ministerio Fiscal, que hoy habría respondido a este requerimiento.
Una decena de imputados más
Ya se dijo entonces que existía una alta probabilidad de que hubiera nuevos imputados en la causa, principalmente empresarios y algunos cargos municipales de ayuntamientos catalanes. Entre los interrogados por la Guardia Civil, que serían en torno a la decena, trascendió el nombre del ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat Genís Carbó.
El pasado miércoles, los hasta ahora cinco encarcelados por orden del juez Garzón en torno a este asunto fueron trasladados desde la prisión madrileña de Soto del Real (Madrid), donde ingresaron el pasado 30 de octubre, hasta la cárcel catalana de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde permanecen en prisión preventiva.
Un gran autocar de la Guardia Civil trasladó al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz; al ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; a los ex altos cargos en los gobiernos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, además del ex diputado del PSC Luis García, considerado el cerebro de la trama.
Después de que la Audiencia Nacional les denegara la libertad provisional, los abogados de los imputados reclamaron el traslado a prisiones catalanas, para que sus clientes estuvieran más cerca de sus familiares y poder preparar mejor la defensa del caso.
El juez Baltasar Garzón accedió a ello, ya que no necesita su presencia continua en Madrid, aunque sí los podría citar si lo requiere. Un día antes, el juez había rechazado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad de Alavedra y Prenafeta en razón de su avanzada edad, que supera los 70 años.
El Ministerio Público objetó que esta circunstancia no justificaba ahora su excarcelación, por lo que deben permanecer encarcelados en tanto que no se resuelvan los recursos contra el auto de prisión presentados por sus defensas ante la Sala de lo Penal, tribunal superior jerárquicamente al juzgado de Garzón. Se les imputan delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Tal y como se detalla en el auto dictado por Garzón contra todos los imputados, los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneras y Badalona dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por cinco operaciones urbanísticas desarrolladas por la presunta trama de corrupción desmantelada por la 'Operación Pretoria'. Para Garzón esto justifica la medida de prisión provisional para el presunto 'cerebro' de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, y los otro cuatro imputados sobre los que también pesa esta medida cautelar.
Los nueve imputados hasta el momento formaban un "grupo organizado de personas" dirigido por García, al que Garzón cita como "consejero de facto o en la sombra", que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García. LA TRAMA EN ACTIVO
La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Catalunya, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán".
Igualmente, se están investigando posibles irregularidades en otras actuaciones del Ayuntamiento de Santa Coloma y varios proyectos de guarderías, así como toda la desviación de fondos de cohesión europea y pagos por la obtención del contrato de limpieza a Limasa.
En todos los casos, los ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos".
Según el auto de Garzón, los dos ex altos cargos de CiU habrían recibido al menos 637.590 euros por su mediación en las operaciones 'Niesma' y 'Badalona'. Tanto Prenafeta como Alavedra aprovechaban sus contactos en organismos oficiales para favorecer las actividades de Luis Casamitjana y su empresa Espais, que procedía al "lavado (blanqueo)" de dinero y les pagaba comisiones por sus servicios.
* El Mundo - E. P. - 28.11.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - flickr.com
