El fiscal pide que se inhabilite al alcalde de Redondela por presunta prevaricación

FARODEVIGO* : La Fiscalía solicita una condena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público para el alcalde socialista de Redondela Xaime Rei por supuestas irregularidades en la contratación de unas obras que fueron ejecutadas en 2007 en varias calles de esta localidad pontevedresa obviando, sostiene el ministerio público, un informe del interventor municipal que advertía de que los gastos aprobados para esos trabajos eran ilegales y nulos de pleno derecho.

El fiscal considera al regidor responsable de un presunto delito de prevaricación, que también le imputa al concejal de Urbanismo, Emilio González Iglesias, para el que pide la misma pena. El juicio todavía no tiene fecha.
El delito del que acusa la Fiscalía se recoge en el artículo 404 del Código Penal, que castiga con inhabilitación "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". Así, los hechos a los que se refiere el ministerio público tienen su base en la aprobación en un pleno municipal de diciembre de 2007 de un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 799.531 euros correspondientes a diversas obras ejecutadas ese año sin disponer de consignación presupuestaria. Los gastos fueron autorizados con los votos favorables de PSOE y BNG –el PP se posicionó en contra– pese al informe del interventor municipal Modesto Solla Sanz que advertía de su ilegalidad. La acusación del fiscal se refiere concretamente a unas partidas incluidas en ese gasto global –la más alta de 124.320 euros– que se destinaron a la reforma de las calles Alfonso XII, Ribeira y Xeneral Rubín, donde se renovaron redes de saneamiento y abastecimiento.
La ejecución de los trabajos que se incluyen en esos gastos fueron encomendadas como adjudicataria a una empresa y la acusación pública entiende que tanto Xaime Rei como Emilio González habrían prescindido en esta contratación del procedimiento que establece la ley para ello pese a las advertencias del interventor. En un informe de este profesional del 21 de diciembre de 2007 se alertaba de que se utilizó un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos y que se acudió a una contratación verbal –y no a un procedimiento público de adjudicación–, que está prohibida por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, el mismo documento, considera la acusación, señalaba que las obras fueron realizadas sin proyecto, sin expediente de contratación y sin que concurriesen otras empresas.
La Fiscalía enumera unas cantidades que se habrían pagado a la adjudicataria de estas obras en la calle de forma irregular. Entre ellas están los 124.320 euros de gastos generales derivados de un procedimiento de licitación que el fiscal estima que no existió; así como facturas de 5.403 o 3.000 euros, entre otras. Unas cantidades que considera no deberían ser cobradas y que ahora pide que sean devueltas al concello de Redondela por los acusados.







* Faro de Vigo - M. FONTÁN - 30.11.09
Foto: Redondela (Pontevedra), ayuntamiento - ecoturismorural.com