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EUROPAPRESS* : El juzgado de Instrucción nº2 de Trujillo citará próximamente a declarar al ex alcalde de la localidad cacereña de Plasenzuela, José Villegas (PSOE), y al actual regidor del municipio cacereño de Torremocha, Domingo Galán (PP), como imputados por presuntos delitos de corrupción.
La investigación que instruye este juzgado comenzó en julio de 2008, a raíz de una denuncia interpuesta por el actual alcalde de Plasenzuela, Adrián González, del Partido Socialista, quien al reemplazar en el cargo a su sucesor detectó al observar la documentación del Ayuntamiento que "había bastantes irregularidades", y una deuda en las arcas municipales de "5.100.000 euros", en un municipio que cuenta tan sólo con 500 habitantes.
Así lo expuso el denunciante a Europa Press Televisión, quien señaló que su antecesor está presuntamente imputado de "varios" supuestos delitos, entre ellos malversación, prevaricación y estafa a la Seguridad Social.
ARRUINADOS
Como consecuencia de estas presuntas irregularidades, el alcalde asegura que a día de hoy al municipio está "arruinado", y que "todos los edificios públicos" del mismo "están embargados o hipotecados" a excepción del Ayuntamiento y el cementerio.
Además, advirtió de que "al no tener las cuentas" municipales "en regla" no pueden recibir subvenciones del Estado con lo que se encuentran "con las manos cerradas" y sin capacidad adquisitiva, además de no tener fondos para pagar a las constructoras que realizaron trabajos encargados por el anterior alcalde, que permaneció en su cargo desde 1997 hasta el 2008.
Por ello y tras haber prestado declaración ante la juez que lleva el caso, espera que "se haga justicia" y si José Villegas "es culpable" de esta situación "que pague".
Asimismo, recalcó que la deuda del municipio se inició en el año 1997 fruto de supuestos "fraudes" a la Seguridad Social, también a las "subvenciones sin justificar" que se habrían otorgado desde alcaldía y otras actuaciones relacionadas con urbanismo, precisó.
El juzgado de Trujillo, al parecer, también ha imputado en este mismo asunto al ex concejal socialista de Francisco Crespo, al secretario municipal, Leopoldo B.L., ambos del equipo del anterior alcalde de Plasenzuela y el alcalde de la localidad cacereña de Torremocha, Domingo Galán (PP).
En relación al regidor de Torremocha, según indicó el denunciante, se habría beneficiado de "adjudicaciones de obras" encargadas por el ex alcalde de Plasenzuela a su empresa de construcción, aunque señaló desconocer lo que haya ocurrido en otros ayuntamientos.
Para finalizar, Adrián González explicó que han comprobado que una de las empresas con las que al parecer el ex alcalde y el ex concejal de su municipio gestionan "varias residencias de ancianos" está domiciliada en la localidad, coincidiendo con la misma dirección que ocupa el centro cultural del pueblo.
Al parecer, Villegas, fue apartado del puesto por el propio PSOE un año después de las últimas elecciones municipales, según informaron fuentes de esta formación.
En cuanto al alcalde de Torremocha, según informaron desde el Ayuntamiento, se encuentra de vacaciones, mientras el hermano de este político, Cecilio Galán, defendió la gestión de su familiar al frente del municipio, ya que en su caso "ha sido imputado por la empresa de construcción" que dirige y no con "la alcaldía" y apostilló que "está tranquilo" pues "no tiene nada que esconder".
Respecto al resto de imputados se negaron a declarar al respecto o prefirieron no realizar guardar silencio hasta su citación ante la juez de Trujillo , como en el caso del secretario Leopoldo B.L, que hoy se encontraba en sus funciones en Plasenzuela y quien al parecer es el hijo del secretario de Marbella que fue acusado en la operación 'Malaya'.
REACCIONES
Los dos principales partidos de la región han dado a conocer su postura sobre este asunto. Así, el secretario provincial del PSOE de Cáceres, Juan Ramón Ferreira, recordó ayer ,en nota de prensa, que el ex alcalde socialista de Plasenzuela José Villegas fue apartado de su cargo por la propia formación socialista, "cuando se advirtieron de las sospechas de irregularidad que el propio PSOE puso en manos del fiscal".
Por su parte, el presidente del Partido Popular de Cáceres, Laureano León, señaló que de la investigación interna abierta por los 'populares' extremeños sobre el alcalde de Torremocha, Domingo Galán, se desprende que las actuaciones de este último "no deben aparecer vinculadas ni asemejadas con las que les están siendo imputadas al ex alcalde de Plasenzuela, José Villegas" y que el alcalde de Torremocha "ha actuado con honestidad y no se encuentran indicios de delito".
* Europa Press - 27.10.09
Foto: E. P.
Cáceres: Imputan al ex alcalde de Plasenzuela y al alcalde de Torremocha por corrupción
Detenidos dos ex altos cargos de Jordi Pujol y un alcalde del PSC por corrupción
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PÚBLICO/Barcelona: La Guardia Civil ha detenido este martes a al menos ocho personas en varios municipios de la provincia de Barcelona por presunta corrupción urbanística. Entre los arrestados se encuentran Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex altos cargos de Jordi Pujol, y el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz -del Partido Socialista de Catalunya (PSC)-, según fuentes de la investigación.
La operación Pretoria ha sido ordenada por el juez Garzón en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. La investigación viene de 2007 y está relacionada con otra investigación que realizó el propio magistrado en 2005, informa Ángeles Vázquez.
Los delitos que se les imputan son: tráfico de influencia, blanqueo de capitales y cohecho. La causa es secreta.
También ha sido detenido el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco Touriño, presidente de la empresa Gramepark, que gestionaba el 40% del patrimonio de vivienda del Consistorio.
El resto de arrestados son el director gerente de Servicios del consistorio, Pascual Vela, el ex diputado del PSC, Luis García, y a dos empresarios, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais, con intereses en la provincia de Barcelona.
Macià Alavedra y Lluís Prenafeta fueron durante los años 80 personas de la máxima confianza del presiente de la Generalitat, Jordi Pujol. Alavedra, hijo del que fuera secretario personal de Francesc Macià Joan Alavedra, fue conseller de Governación primero y de Economía después con los gobiernos.
Otros registros
En la operación llevada a cabo esta mañana también se han producido registros en los consistorios de Badalona y San Andreu de Llavaneres y en otros lugares de Barcelona capital y L'Hospitalet de Llobregat.
También ha habido registros en otros lugares de Barcelona capital y L'Hospitalet de Llobregat
Sin embargo, el Consistorio de Badalona ha desmentido dichos registros. El portavoz del PSC del Ayuntamiento, Francesc Serrano, que no ha recibido a la prensa, ha negado que dos agentes de paisano se hayan personado allí.
Serrano ha asegurado que todos se han quedado sorprendidos por el registro de Santa Coloma y que nadie en nombre de la Audiencia se ha personado allí.
Además, el alcalde de Sant Andreu de Llaveneres ha asegurado que le han requerido un convenio urbanístico del 2006, cuando gobernaba el PP con el PSC y ha añadido que este convenio estaría relacionado con un caso que ya está investigando el juzgado de Mataró y en el que están imputados el ex alcalde Víctor Ros (PP), un ex edil y un ex técnico de Urbanismo, informa Efe.
Los agentes se presentaron a las 10,00 horas en el Consistorio de Santa Coloma con un auto del juez Garzón para el registro. Han acudido directamente a Urbanismo, Servicios Jurídicos e Intervenciones y les han pedido que dejaran los ordenadores y teléfonos que tuvieran conectados y salieran.
"Se veía venir"
Los Agentes de la Guardia Civil que se han desplazado a la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet han reclamado diversos expedientes y documentación de la Secretaría General, los Servicios Jurídicos y el Departamento de Informática, han informado fuentes municipales.
Uno de los funcionarios comentaba que se trata de un Ayuntamiento normal y que cada año envían sus cuentas a la Sindicatura de Contes.
Además, de entre la multitud de vecinos que se encontraban a las afueras del Consistorio, alguno de ellos comentaba que esto podía pasar.
"Favores a inmobiliarias"
"Esto se veía venir. El alcalde tenía maneras muy autoritarias. Se sospechaba desde hacía tiempo de favores a ciertas inmobiliarias y cobros de comisiones ilegales".
Los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet y Badalona están gobernados por el PSC y el de San Andreu de Llavaneres por CiU.
En concreto, el alcalde de Badalona es Jordi Serra y el de San Andreu Bernat Graupera i Fàbregas.
PSC: "Los echaremos si son imputados"
El PSC ya ha anunciado que echarán del partido al alcalde de Santa Coloma de Gramanet, el edil de Urbanismo y cualquier otro detenido si la autoridad judicial toma medidas contra ellos.
El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, ha asegurado que ante estas sospechas de corrupción, el PSC actúa con "celeridad y transparencia".
Preguntado por si creía en la inocencia del alcalde, ha añadido: "No tengo conocimiento. Esto lo ha de decidir el juez".
* Público - ALBERT MARTÍN / FERRAN CASAS / LEA DEL POZO - Barcelona / Madrid - 27/10/2009
Foto: Santa Coloma (Barcelona), ayuntamiento - publico.es
Barcelona: Decenas de familias sin recursos invaden pisos protegidos vacíos
ELPERIÓDICO* : Los propios ocupantes lo llaman «vivir de patada». Se trata de una expresión muy utilizada en los barrios de Baró de Viver y Via Trajana, donde más de 20 familias han optado por derribar a puntapiés las puertas de pisos sociales públicos que llevan hasta nueve años vacíos por la lentitud de la Administración en encontrar adjudicatarios que se puedan beneficiar de alquileres bajos.
La mayoría de ellos se enfrentan a juicios por desalojo, pero, una vez deshauciados, vuelven a entrar a otras viviendas desocupadas, que son abundantes en las promociones de protección oficial construidas a principios de esta década.
Son casos extremos: mujeres solteras con varios hijos a su cargo, padres con niños minusválidos, enfermos de cáncer. Y casi todos pobres y en el paro. El drama humano se repite detrás de cada patada.
«No pedimos que nos regalen una vivienda. Solamente queremos que nos dejen vivir aquí de forma legal, pagando un alquiler protegido. Tengo tres hijos pequeños, dos de ellos ciegos. Estoy en el paro y no tengo cómo pagar el precio de un piso a precio de mercado», explica Fernando Jiménez, un vecino de la calle de Tiana 12-16 que decidió ocupar un piso social vacío hace seis meses.
Jiménez, como algunos ocupas, no ha solicitado formalmente un piso protegido, porque tiene la creencia de que no tendrá una respuesta positiva de la Administración, tal como ha ocurrido con sus familiares y amigos.
EL 12% ESTÁN DESOCUPADOS/ El Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona reconoció a este diario la semana pasada que un 12% de los pisos de alquiler protegido para jóvenes están vacíos. El delegado de Vivienda del ayuntamiento, Antoni Sorolla, explicó que las listas de espera para asignar los nuevos pisos ya han caducado y ahora es necesario asignar las viviendas a través del registro único (una lista común para todos los solicitantes de pisos sociales) que se está comenzando a poner en marcha. El ayuntamiento cree que a final de año disminuirá de forma notable el número de viviendas deshabitadas.
Para evitar las ocupaciones, el patronato y otras empresas públicas que han promovido vivienda social han optado por cerrar con ladrillos y puertas de hierro las viviendas que son abandonadas por sus legítimos inquilinos.
En la promoción de la calle de Tiana, el estado descuidado de la finca también hace que muchos de los solicitantes que han ganado el derecho al piso, terminen por rechazarlo por las malas condiciones del inmueble, según explica la presidenta de la comunidad, Olga Arroyo.
«Si ellos no los quieren, que nos den el piso a nosotros. Queremos pagar y que nos cobren. Es una injusticia que haya pisos vacíos y que nos quieran echar», declara Pedro Santiago, un vecino que ha hecho de la ocupación una forma de vida desde hace cuatro años.
El conflicto también se repite en los bloques de la Via Trajana, un barrio fronterizo entre Barcelona y Sant Adrià que, según denuncian sus vecinos, tiene unos 70 pisos vacíos. «Es injusto que haya viviendas cerradas pese a la gran demanda social. Cuando reformaron el barrio, muchos no pudieron acceder a un piso porque no cumplían los requisitos. Lo que pedimos ahora es que se vuelva a revisar la situación de todos y se le asignen los pisos a aquellos que cumplen», explica Emma, miembro de la asociación de fiestas del barrio que pudo obtener una vivienda social.
REIVINDICACIÓN / Via Trajana mantiene un conflicto latente y la gran mayoría reclama que se ofrezcan las viviendas a los del barrio. Los ocupas, por su parte, ya han recibido denuncias del Incasòl por invadir viviendas públicas. Lorena Rodríguez, una madre soltera con tres hijos, enfrenta una demanda de más de 50.000 euros por ocupar un piso vacío.
Rodríguez y otra decena de afectados aseguran que Adigsa mantiene que los pisos están asignados y no pueden ser ocupados. Pero siguen viendo cómo siguen cerrados y sin habitantes hasta que llega alguien y derriba la puerta a patadas.
* El Periódico - DAVID PLACER - 26.10.09
Foto: Vecinos del número 26 de la Via Trajana con problemas para pagar un alquiler y que ocupan pisos sociales se manifiestan, ayer. Foto: julio carbó, elperiodico.com
Una alcaldesa retrasa derribar el inmueble donde está su negocio en Aldea del Fresno
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20MINUTOS/Madrid* : Es más grande de lo que debería y no respeta los lindes con los vecinos. Por este motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al Gobierno regional (Dirección General de Urbanismo) y ha anulado la licencia del edificio ubicado en el número 19 de la Carretera de Madrid de Aldea del Fresno, por lo que su Ayuntamiento (PRIM) debe proceder a demolerlo o a reparar sus irregularidades.
Pero el cumplimiento de la sentencia judicial no termina de llegar. Y todo porque, según denuncia el ex concejal de Urbanismo de la localidad Iván Gutiérrez, "en el edificio está la inmobiliaria del marido de la alcaldesa y de la actual concejala de Seguridad Ciudadana", explica.
Y es que el inmueble de la polémica consta de seis viviendas y cinco locales comerciales, en uno de los cuales está la inmobiliaria Playa del Alberche, el negocio familiar de la primera edil.
Retirada de competencias
Pero la trama urbanística va más allá. El edificio que tiene que ser demolido o rehabilitado pertenece a José Luis Tello, ex alcalde de la localidad, y con más de una decena de causas abiertas por presuntas irregularidades urbanísticas.
De hecho, Tello fue suspendido de militancia en el PSOE, fundó un partido, y es uno de los pocos alcaldes del país al que se le ha retirado las competencias urbanísticas. Según denuncia Gutiérrez, el Consistorio sigue concediendo licencias de actividad para los locales del inmueble.
Por su parte, la alcaldesa de Aldea del Fresno, M.ª Isabel Hernández, aseguró a 20 minutos que tiene intención de ejecutar la sentencia, aunque habría pedido a la Comunidad una ampliación del plazo.
* 20 Minutos - SUSANA GOZALO. 27.10.2009
Foto: Imagen del edificio y de los locales comerciales que alberga en Aldea del Fresno. - 20minutos.es
Chiclana: La trama Obra Nueva Chiclana suma ya 58 personas imputadas
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DIARIODECÁDIZ* : Una vez que concluya la instrucción, la Fiscalía de Cádiz se plantea solicitar al Juzgado desglosar la causa por "grupos de delitos/acusados", con el objeto de facilitar la pronta celebración de juicio. Nada menos que 58. Ésta es la cifra oficial de personas imputadas, a día de hoy, en la trama Obra Nueva Chiclana, dedicada a la regularización de viviendas ilegales.
La diligencias, que lleva el Juzgado de Instrucción Número 3 de Chiclana, sufrieron un parón importante porque el órgano quedó vacante, estando mucho tiempo sin titular. Al frente ya se halla una nueva juez, nueva también en la carrera judicial, que trabaja a marchas forzadas para ponerse al día en el asunto.
La Fiscalía de Cádiz sigue muy atenta el caso. De hecho, una vez que culmine la instrucción, el Ministerio Público se plantea solicitar al Juzgado que la causa se desglose por grupos de delitos/acusados. Con ello, se pretende "facilitar la pronta celebración de juicio", según ha avanzado a este periódico la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso.
La investigación comenzó en mayo de 2007, a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por un particular. Fue un vecino de Chiclana, que otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario, que le prometió la venta de una finca suya. Al darse cuenta de que habían falsificado datos de su propiedad (como la división en cuatro fincas, con una vivienda en cada una, cuando en sus terrenos no había inmueble alguno), interpuso la denuncia que dio paso a la investigación que la Fiscalía de Medio Ambiente ordenó a la Guardia Civil.
Entre los 58 imputados, se hallan el abogado con bufete en Cádiz José Ignacio Rosano, pieza importante de la trama, según la Guardia Civil, junto al arquitecto Joaquín Pallí Selga, detenido por agentes de la Benemérita hasta en cuatro ocasiones en los últimos dos años, por rubricar presuntamente certificados falsos de antigüedad de viviendas tanto en Chiclana como en El Puerto.
Junto a ellos, están imputados cinco aparejadores, dos empleados de banca (entre ellos, el director del Banco Santander de Cádiz, Enrique Antonio A.A.), tres tasadores de fincas para entidades de crédito (Julio G.G., Agustín J.S. y Jaime Valentín R.C.), varios gestores inmobiliarios, corredores de fincas y un buen número de propietarios.
La primera fase de la operación de la Guardia Civil se llevó a cabo en el verano de 2007. Desde entonces, en sucesivas oleadas, se han ido registrando nuevas detenciones e imputaciones, hasta sumar en la actualidad la cifra oficial de 58.
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Guardia Civil sacó a la luz una trama dedicada a la compra de fincas en suelo no urbanizable, sobre las que los imputados procedían a realizar escrituras públicas en las que declaraban la existencia de obras nuevas en realidad inexistentes. Para ello, contaban con la participación de algunos arquitectos y arquitectos técnicos, que emitían certificados falsos haciendo constar que las edificaciones tenían más de cinco años de antigüedad, con objeto de que, al haber transcurrido de este modo los plazos de prescripción, no pudiera desarrollarse contra las viviendas actuación alguna sancionadora o de restablecimiento de la legalidad.
A continuación, procedían a la división horizontal, parcelaban la finca matriz y vendían las parcelas resultantes.
Y aquí entraba en acción el otro gran delito atribuido a esta trama, la estafa. Porque a los compradores de esas parcelas en las que no había vivienda alguna, se les ofrecía financiación para construirlas sin problemas (al haber logrado ya 'probar' la existencia de la casa con las escrituras y la inscripción en el Registro de la Propiedad), a través de solicitudes de crédito hipotecario en determinadas sucursales bancarias, con informes de tasación falsos en los que se describían y valoraban viviendas inexistentes. Lograban así la constitución de una hipoteca sobre una vivienda fantasma consiguiendo el dinero necesario para la edificación.
La Guardia Civil ha detectado irregularidades en más de 200 hipotecas impulsadas por esta trama. Más de 100 se habrían tramitado en oficinas de Unicaja, y 6o en el Banco de Andalucía.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero -26.10.09
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es
La Policía detiene al alcalde de Castro de Rei y a tres ediles
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ELCORREO/Lugo* : La detención se produce a raíz de una investigación por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Agentes de la Policía Nacional trasladaron hoy al alcalde del municipio lucense de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, y a tres concejales --dos del PSdeG y uno de Terra Galega--, tras un registro efectuado en el consistorio por orden de la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Lugo, Estela San José.
Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, el regidor y los tres ediles detenidos fueron trasladados en coches patrulla a la comisaría, en Lugo, donde serán interrogados y, posteriormente, se decidirá sobre su situación procesal.
Se trata de los concejales socialistas Ana Campo y Antón Balado, dos de los tres con los que cuenta su partido en el municipio. Por su parte, su compañero de filas Mario Saavedra permanece al margen de esta situación. A mayores, fue trasladado a comisaría el único edil con el que cuenta Terra Galega, Roberto Lorenzo.
Aparte de a estas personas, las fuerzas del orden se han llevado "mucha documentación" del ayuntamiento, cuyas dependencias han sido registradas e inspeccionadas desde las 9.30 horas hasta, aproximadamente, las 14.15 horas. Durante este tiempo, se han revisado "numerosos expedientes" y se han realizado "cantidad de fotocopias".
A mayores, fuentes judiciales informaron a Europa Press de que estos miembros del Gobierno municipal están siendo investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, posiblemente relacionados con licencias municipales, en pesquisas que llevan abiertas "unos dos años". No obstante, PP y BNG consideraron lo ocurrido esta mañana "una sorpresa".
"Sorpresa"
Para el portavoz del BNG en la localidad lucense, Serafín Carballo, el registro del consistorio y el posterior traslado del alcalde y tres ediles supone "una sorpresa", puesto que desconocía la existencia de una investigación abierta. Por el momento, mostró su "solidaridad" con los retenidos, con los que comparte gobierno.
No obstante, la formación frentista permanece al margen de este caso, puesto que se integró en el Ejecutivo local a principios del pasado mes de septiembre.
Por su parte, el portavoz del PP local, Arturo Pereira, vivió también este operativo como "una sorpresa". "Yo no sabía que hubiera irregularidades, si lo supiera, lo habría denunciado", aseguró a Europa Press, tras confirmar que la investigación judicial no parte de una denuncia de su partido.
Situación
Este municipio lucense de casi 5.800 habitantes censados está gobernado por Juan José Díaz Valiño con cuatro concejales de su partido apoyados por uno de Terra Galega (TeGa), mientras que los dos ediles del BNG se integraron en el gobierno de coalición apenas a principios del pasado mes de septiembre.
En cuanto al juzgado que lleva el caso, es el mismo que instruye la causa por un supuesto sobreseimiento irregular de multas en la que se vieron implicados el ex responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico en Lugo Julio González, y el ex subdelegado del Gobierno en Lugo Jesús Otero.
* El Correo Gallego - E.P. - 26.10.09
Foto: Castro de Rei (Lugo) - galiciaparaelmundo.com
Piden un año de cárcel y nueve de inhabilitación para alcalde de Sayalonga
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LAOPINIÓN/Málaga* : El alcalde de Sayalonga, José Luis Navas Camacho (PSOE), se enfrenta a una petición fiscal de un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio. El fiscal considera que Navas Camacho en su condición de alcalde concedió una licencia de obras a un particular para la construcción de una vivienda de nueva planta "a sabiendas de que contravenía frontalmente la normativa urbanística vigente", según el escrito acusatorio.
El regidor presuntamente concedió una licencia en suelo no urbanizable, extremo que según la acusación pública, "se hacía constar en el informe técnico municipal emitido en el expediente de la licencia de obras".
La licencia así concedida quedaba condicionada a la presentación de determinada documentación y al pago del impuesto sobre construcciones, aunque según la fiscalía, no se cumplió ninguna de las condiciones por lo que no llegó a adquirir efectividad la autorización.
Más tarde, en junio de 2005 se comprobó que en el lugar se estaba realizando una vivienda unifamiliar de dos plantas, amparándose en la antigua licencia, por lo que el Ayuntamiento acordó incoar expediente de restauración de la legalidad urbanística.
Dicho expediente se acordó a pesar de un informe técnico que dejaba constancia de la ilegalidad de la construcción, la cual se ejecutaba sin licencia al no haberse solicitado la renovación de la primera y ante la disconformidad expresamente mostrada por el secretario municipal.
Además la Consejería de Obras Públicas requirió que se ejercitase las facultades disciplinarias urbanísticas, aunque supuestamente el alcalde archivó "sin mayor razonamiento" el expediente incoado.
* La Opinión Málaga - EFE - 26.10.09
Foto: Sayalonga (Málaga) - participaenandalucia.net
Alicante: Un barrio fantasma
ELPAÍS* : El frenazo en seco del sector de la construcción ha echado por tierra uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de Alicante: la urbanización del PAU 5, un sector ubicado en segunda línea de la playa de San Juan, entre el campo de golf y el hospital, donde se proyectaron 3.300 apartamentos. Pero sólo se presentó al Ayuntamiento de Alicante solicitud de licencia de obra para un millar.
El resultado ahora es un núcleo residencial fantasma, amplias zonas verdes apenas transitadas, calles desiertas, torres de apartamentos por vender, otras muchas en obras con su esqueleto, solares vallados y en las avenidas ausencia de bares, tiendas o servicios básicos. "Si no tienes vehículos estás perdido, lo peor para nosotros es la suciedad y la seguridad", resalta Pedro Ferrer, un vecino de la zona que tiene 34 años y lleva seis meses viviendo en una de estas urbanizaciones. "Por la noche da miedo, yo llego tarde y apenas hay luz en la calle, a veces pienso que lo mejor es llevar una pistola", admite Pedro, cuya casa, de dos plantas, está rodeada de solares todavía por ocupar. A pocos metros, en la urbanización Marina Golf, Nuño de Miguel coincide en que la "seguridad es el principal problema, llevamos varios fines de semana que roban en los jardines, se llevan bicicletas y lo destrozan todo, para ver pasar a la policía tienes que esperar varios días". Los fines de semana pandillas de adolescentes organizan carreras de motos y practican el botellón en los parques.
En paralelo a la inseguridad, otra traba que acucia a los residentes es la ausencia de servicios. Carmen y Pilar, dos turistas madrileñas que compraron un apartamento, se lamentan de que esté "tan deshabitado, para comprar el pan tenemos que ir lejos, no tenemos bares ni zonas comerciales, tampoco el ambulatorio que nos dijeron". Las dos tienen claro qué ha pasado: "Antes comprábamos los pisos sobre plano, y ahora con la obra terminada no se venden, los bancos han cerrado el grifo y nadie compra".
Las promociones y ofertas para comprar un apartamento son muy atractivas y agresivas, y pese a ello no se vende. Las inmobiliarias que apostaron por esta zona se pillaron los dedos. La urbanización Playa San Juan, del Grupo Inmobiliario Afirma, tiene 95 apartamentos cuyas obras terminaron en marzo pasado, y sólo han vendido un 30%. Esta promotora ofrece un descuento de un 30% sobre el precio inicial (entre los 128.000 euros el apartamento de un dormitorio hasta los 530.000 euros el más caro con 4 dormitorios) e incluso paga entre 3.000 y 9.000 euros a los propietarios que convenzan a otro amigo para que compre. Urbincasa, que ha construido 62 apartamentos en Residencial Alborada, todavía tiene varios por vender, en la fachada luce un gran cartel en el que explican que pagando un alquiler de 550 euros al mes el cliente tiene derecho a compra. En Residencial Parque Leonor, otras 62 viviendas, entre 1 y 4 dormitorios y entre 167.000 euros y 282.000 euros, quedan unas diez por vender. Sin embargo, en este caso han tenido una "demanda importante debido a la solvencia y la trayectoria" del grupo Alicante Urbana, en el que está la constructora Residencial Parque Sofía SL. Fuentes de la empresa explican que la crisis a ellos les permitió entregar las llaves antes de la fecha prevista, y en julio escrituraron las primeras viviendas que estaban previstas para octubre. El Grupo Realia ha construido 154 viviendas en el Boulevard del Mar, de las que ya ha logrado vender un centenar, pero 50 todavía esperan a sus nuevos moradores. La obra acabó en octubre del año pasado, y ahora ofrecen a los clientes "negociar precio y condiciones". La encargada de la venta de los apartamentos admite que las ventas se han empezado a animar algo, "la gente busca obra terminada y descuentos, me estoy hinchando a vender".
Pero mientras tanto decenas de solares están por urbanizar. Es la pescadilla que se muerde la cola: si no hay vecinos no hay comercios ni se dota de los servicios básicos. "Aquí lo malo es que todo está lejos, sin moto estamos perdidos, la zona está vacía y parece un desierto", admiten José y Ángela, dos adolescentes de 17 años, que están solos, completamente solos, sentados en un banco de uno de los amplios parques de esta hipotética zona residencial truncada por la crisis del ladrillo y el exceso de oferta inmobiliaria.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 26/10/2009
Foto: Sant Joan d'Alacant, playa - mma.es
Diez razones para imputar a Munar también por el 'pelotazo' de Son Oms
ELMUNDO/Palma* : La histórica decisión de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de imputar a Maria Antònia Munar para que responda por la venta a mitad de precio del solar de Can Domenge coincidió con la puesta en marcha de la denominada Operación Maquillaje en la que ella aparece, una vez más, como la última responsable de las operaciones que se investigan.
Si la actual presidenta del Parlament impulsó Can Domenge, también se encargó de gratificar con dinero público a los testaferros de sus hombres de confianza en un pelotazo urbanístico que ella misma gestó, aprobó y según apunta un ex socio suyo, también participó de los beneficios.
1Socia del despacho que gestó el ‘pelotazo’ urbanístico
Tanto el juez que instruye el caso Son Oms en el TSJB, el magistrado Antonio Capó, como la propia Fiscalía Anticorrupción, concluyen tras dos años de investigación que Maria Antònia Munar era uno de los cinco socios que integraban el despacho de influencias situado en el número uno de la calle Miguel de los Santos Oliver de Palma en el que se elaboraron los contratos para cobrar el 15% de comisión a media docena de propietarios del predio de Son Oms. De todos cuantos formaban parte de aquel teórico bufete de abogados, Munar era la única licenciada en Derecho, ya que otros como Bartomeu Cerdá no llegaron siquiera a terminar la licenciatura.
2Gancho para cobrar las comisiones del 15%
El juez Capó sostiene en un reciente auto que tanto Maximiliano Morales como Bartomeu Vicens cobraron las comisiones del 15% en suelo por la recalificación de Son Oms utilizando como «importantísima carta de presentación» su condición de socios de despacho de una Maria Antónia Munar que entonces era consellera del Govern balear conjuntamente con la «influencia política» que les proporcinaba el hecho de ser ya en los noventa líderes de UM.
3Su vinculación con la ITV del polígono de Son Oms
Uno de los socios de aquel despacho, Bartomeu Cerdá, reveló a EL MUNDO/El Día de Baleares que promovieron la obtención de la concesión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Son Oms, que precedió a la recalificación de la zona para hacer un polígono industrial. Cerdá precisa que Munar tenía concretamente «un 25%» de la empresa Itema que la explotaba y que luego se convirtió en una de las principales propietarias de terrenos del nuevo polígono industrial recalificado.
4El pacto no escrito para el reparto del botín
Cerdá desveló también en la entrevista que concedió a este periódico y que ha sido puesta a disposición del Tribunal Superior de Justicia que investiga el caso Son Oms que el escándalo «a Munar la pilla de lleno» ya que, según su testimonio, acordaron hacer «cinco partes» con los beneficios, correspondiéndole una de ellas a la actual presidenta del Parlament balear.
5El hallazgo de los ‘cinco lotes’ ocultos del testaferro Montis
Paradójicamente el registro judicial del Bufete Montis deparó el hallazgo de una serie de informes internos elaborados por el testaferro que utilizaron los líderes de UM para cobrar las comisiones del 15% que revelan que las mismas se dividieron en «cinco lotes en metálico y en B». Es decir, el mismo número de partes que meses antes de conocer la existencia de estos documentos, desveló Cerdá en declaraciones a este diario.
6La recalificación aprobada por la propia Munar
Fue la propia Maria Antònia Munar quien desde el Consell de Mallorca aprobó la recalificación del polígono industrial de Son Oms en 1999. Cuando la entonces presidenta de la institución insular reconvirtió el predio de Son Oms de rústico a industrial, lo hacía sabiendo, según sus propios ex socios, cuando menos la existencia de los contratos que se elaboraron en su propio despacho y en los que se acordaba el cobro de una comisión del 15% a cambio de dicha decisión. No en vano, días después de la recalificación de Munar, Montis y Vicens se llevaron a los propietarios de Son Oms al notario a que les entregaran 50.000 metros cuadrados recalificados.
7La gratificación a los testaferros que cobraron los 15%
Munar desde el Departamento de Presidencia que ella misma dirigía en el Consell de Mallorca no dudó en gratificar con 3,2 millones de euros públicos a los testaferros que utilizó su conseller de Territorio Bartomeu Vicens para recuperar sus comisiones del 15%. Munar les adjudicó irregularmente el dinero al montar la radio pública de la institución insular pese a que la empresa Studio Media Comunicación de Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde carecía de experiencia alguna y se había creado en pleno concurso.
8El desvío de dinero al gestor de su vicepresidente Nadal
La Operación Maquillaje ha descubierto que Munar también desvió al menos 2,3 millones de euros públicos al gestor que utilizó su vicepresidente Nadal para montar una promotora, Nova Singladura, que se nutre en un 25% de las comisiones por la recalificación de Son Oms a través de la empresa pantalla Metalumba.
9Las facturas para que Vicens justique sus ingresos
Munar expidió a Vicens varias facturas por supuestas asesorías desde su empresa de transporte de grava Bamusa para que éste haya podido justificar ante los jueces que le investigan por Son Oms los ingresos que no puede justificar con sus emolumentos como cargo público.
10Compra de oficinas y naves a precio de ganga
La policía judicial se incautó el pasado miércoles de las escrituras de algunas de las compras de inmuebles realizadas por Munar y su marido a muy bajo precio a promotores vinculados a Son Oms. Entre otros inmuebles, unas oficinas de 228 m2 en Jaime III por tan sólo 330.000 euros.
* El Mundo - Esteban Urreiztieta - 25.10.09
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
Gijón: La plataforma de Roces iniciará esta semana el proceso judicial contra las torres
ELCOMERCIO* : El Ayuntamiento de Gijón tendrá esta semana entre sus papeles un nuevo litigio en materia urbanística. Tras la aceptación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de cuatro demandas que pedían la anulación del PGOU de la ciudad y el frente abierto por la plataforma de Cabueñes en relación con el plan parcial de esta parroquia y el 'caso Ovidio Blanco', ahora es la plataforma de Roces la que llevará a los tribunales las últimas modificaciones aprobadas por la CUOTA que permiten la construcción en la nueva área residencial de cuatro torres de 26 plantas de altura.
En una reunión celebrada en la tarde de ayer en el local social de la asociación de vecinos San Julián de Roces, el colectivo vecinal dio el visto bueno a la presentación de un recurso contencioso administrativo a lo largo de esta semana para paralizar estos cambios urbanísticos introducidos en el proyecto original de Sogepsa. El recurso que presentará el abogado Antonio García -el mismo letrado responsable de las denuncias que han tumbado el PGOU gijonés- se basará en que estas cuatro torres «no respetan el entorno rural en donde se van a construir», en palabras de Xicu Rosado, vicepresidente y portavoz de la asociación 'Plataforma Roces Residencial Sostenible'.
La opinión de los miembros de esta plataforma se opone a la del concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, quien aseguró que «nadie puede entender que eso sea suelo rural cuando se van a construir 3.700 viviendas». Rosado rechazó ayer esta circunstancia ya que «si bien es cierto que no es una zona rural, tampoco es una zona urbana, sino que es una actuación rururbana que afecta a un millón de metros cuadrados, de los que la mitad son zonas verdes». Además, el portavoz de la plataforma recordó que «cuando se proyectó el área central de Roces, se dijo que se iba a respetar la zona».
Además, el colectivo vecinal también rechazan estas cuatro torres al proporcionar sombra a muchas viviendas de la zona, una circunstancia que no estaba contemplada en el plan inicial. «Afecta bastante porque hay zonas que tienen mucha sombra procedente de las torres, mientras que el arco inicial daba sombra a sí mismo», incide Xicu Rosado, al tiempo que añade que «no cabe duda que las torres dan mucha más sombra que otras construcciones».
Posible paralización
Con estos antecedentes, el abogado que representa los intereses de la plataforma de Roces considera factible que este recurso llegue a buen puerto, aunque todo este proceso judicial tendrá una duración entre dos y tres años. En el caso de que durante este periodo comenzaran a levantarse estas construcciones, Xicu Rosado no descarta «que el juez ordenara detener la construcción de las cuatro torres».
Este recurso contencioso administrativo es el segundo paso de la plataforma de Roces contra estas modificaciones aprobadas por la CUOTA tras el recurso de reposición que presentaron hace menos de un mes. Durante la reunión de ayer, el medio centenar de asistentes también decidieron llevar a cabo otras acciones conjuntas para frenar las torres de Roces.
* El Comercio - J. ESCUDERO - 26.10.09
Foto: Los miembros de la plataforma de Roces lucen las camisetas en protesta de las torres de 26 alturas. / PALOMA UCHA, elcomerciodigital.com
Palma: Donde las calles no tienen nombre
DIARIODEMALLORCA* : Material de construcción que se oxida y se pudre bajo la lluvia. Ni un alma en la calle y sólo dos coches aparcados. Vallas que cierran caminos que no van a ninguna parte. Persianas cerradas y balcones desiertos, sin una triste maceta. Calles sin apenas personas, sin personalidad, sin nombre.
A los pocos inquilinos que viven en Sa Marina de Son Gual les vendieron que iban a vivir en una especie de paraíso en la tierra pero viven en una especie de isla rodeada de solares, donde a duras penas llega el cartero, el alumbrado falla cada tanto, el servicio de limpieza aparece cuando le viene bien y han visto ya demasiadas ratas. Por lo menos ahora tienen agua, y no como los dos primeros años que se abastecían con camiones cisternas.
Este complejo residencial situado a unos 15 kilómetros de Palma es uno de los escenarios más representativos de los efectos del terremoto inmobiliario. Es una promoción de Martinsa-Fadesa, que presentó concurso de acreedores en julio de 2008, donde viven tan sólo una treintena de familias. Se pierden en una urbanización con dos piscinas, un parque infantil y 166 viviendas; se ahogan con unos gastos de comunidad exagerados.
"Todas esas casas son de los bancos", dice una vecina señalando a un grupo de bloques cerrados a cal y canto. Las ´casas de los bancos´ nunca se han abierto y su interior se va deteriorando. Los canalones se atascan, las tejas se caen, las humedades aparecen. Incluso han entrado a robar varias veces, llevándose lo que hay en las viviendas sin inquilinos: persianas y cocinas.
"Nos dijeron que tendrían nombre de posesiones mallorquinas... pero se llaman calle A, calle B...", explica Sandra Martínez. Ella no vive en la urbanización de Martinsa-Fadesa, pero comparte la sensación de desamparo con sus residentes. Sandra habita una de las viviendas de protección oficial situadas justo enfrente. Parece que al no haber despegado la zona como parecía que iba a pasar, los escasos vecinos que allí resisten no merecen la atención del ayuntamiento de Palma. Desde que se mudaron hace ya dos años, Sandra y su familia –que incluye a un bebé– viven abasteciéndose de agua con camiones cisterna. Los cortes son continuos.
Y no sólo es eso. No cuentan con transporte público ni con servicios y para cosas como una emergencia médica, comprar arroz o unas aspirinas tienen que desplazarse una decena de kilómetros hasta Sant Jordi.
Al menos lo que sí tienen, y mucho normalmente, es silencio y tranquilidad. Excepto aquella noche de abril en que se celebró una fiesta clandestina, una rave, aprovechando lo aislada que está la zona. Más de un año después, la suciedad sigue ahí. "Hasta en Son Banya hay barrenderos", se queja esta joven. La conclusión a la que llegan Sandra y sus vecinos es simple: "Al final nosotros pagamos el pato".
Acercándonos más al centro de Palma también encontramos víctimas de un descalabro inmobiliario que ha roto las espectativas de mucha gente, empresas e instituciones. En la zona del barrio de Amanecer las calles también son anónimas.
Javier Sombra vive en la calle C. Hace años que oye que van a hacer una urbanización, pero lo cierto es que él sólo ve inmensos solares vallados llenos de plantas salvajes. Eso sí, esta zona, conocida como Son Ferragut y de más de 110.000 metros cuadrados de extensión, tiene aceras, farolas –sin cabeza–, alcantarillas e incluso su propia salida de la vía de cintura, debidamente clausurada desde hace años.
"Sólo se ve a gente que pasea al perro y a jóvenes fumando porros", dice Javier. A él no le gustan estos solares, pero ya ni se queja: "No es muy bonito, pero estamos acostumbrados". Estos terrenos eran de Ibercon, constructora que hace poco menos de dos años tenía en mente construir uno de esos "nuevos barrios" de Palma. Incluso Cort planeaba ubicar allí el centro de Salud de Son Gelabert y se habló de trasladar a esta zona el antiguo centro de transeúntes de Can Pere Antoni, pero esos planes han quedado en nada. Ibercon, que pasó momentos críticos, ha vendido esos terrenos para ir deshaciéndose de otras viviendas. El futuro de la zona es incierto.
Si andamos hasta la calle E, llegamos hasta la Femu: el barrio vallado. "Esto hace años que esta así", dice Carmen Nieva, "ayer [por el lunes] asfaltaron la calle, pero sigue cerrada". Esta vecina quiere que abran ya el paso. "No es agradable vivir así", comenta señalando una zona verde con juegos infantiles envueltos en bolsas de basura, "ahí hay un parque nuevo, pero no podremos entrar hasta que empiecen a vender pisos".
Carmen se refiere a Jardines del Amanecer, una urbanización que Ancosa está construyendo desde hace unos seis años y que espera recepcionar en el plazo de un mes. La promotora no quiere precisar cuántos pisos ha vendido. Sólo deja claro que ha vendido "lo suficiente como para constituir una comunidad de vecinos".
"Nos dijeron que abrirían la calle el 1 de septiembre", dice enfadada Cati Moreno, al frente del Orange Station, un bar sitiado por las barreras. Arrancó el negocio hace dos meses, esperando el despegue del ´nuevo barrio´; pero ahí sigue, a la espera de que abran este vial que conecta con la rotonda del Conservatorio.
En Son Güells las calles sí tienen nombre y el verde del césped brilla con intensidad, pero por reluciente que esté todo la sensación de desamparo es inevitable: viales cerrados, falta de servicios de limpieza y de contenedores, ausencia de presencia policial (y en consecuencia, inseguridad)... A sus residentes también les vendieron la idea de que iba a ser un agradable barrio de Palma, donde no les iba a faltar de nada. Hace dos años y una crisis inmobiliaria que viven allí y se sienten "abandonados".
Alberto Baz y José Luis Muñoz fueron de los primeros en llegar a esta zona, donde en un principio estaba previsto que vivieran cuatro millares de personas, entre los residentes de las urbanizaciones de Royal Urbis y Vértix y las casi 1.500 viviendas de protección oficial que están anunciadas.
Los "pioneros en todo", como son Alberto y José Luis, se han topado con que las cosas no son como les prometieron. Para empezar, los viales que les permitirían conectar con el Rafal y acceder a sus casas más fácilmente – sin dar rodeos surrealistas–, están cerrado pues los vecinos han tenido la mala suerte de que esos terrenos pertenezcan al malherido grupo Drac.
Precisamente en esos solares fue donde les aseguraron que ubicarían una zona comercial que nunca vieron: para hacer la compra, lo más cercano es el Rafal Nou; y para tomar un café, hay que ir a Ikea. Para todo es casi inevitable usar el coche. "Nos parece muy bien que fomenten carril-bici, el transporte público...¡pero nosotros también queremos!", protesta Alberto.
Los vecinos de Son Güells tampoco tienen ningún centro de salud ni ninguna farmacia cerca. Se plantean qué pasará cuando se construyan las más de mil viviendas de protección oficial previstas: "¿A qué médico irá toda esa gente?", pregunta Alberto, presidente de una asociación de vecinos que no persigue utopías, sino los requisitos básicos para ir dándole forma y alma al barrio.
En Bunyola encontramos otro ejemplo de idea deslumbrante que ha quedado paralizada, deteriorándose entre goteras y litronas vacías, por culpa del varapalo al negocio inmobiliario. El centro multiusos comenzó a construirse en 2007 con la ilusión de todo el pueblo –es la mayor obra pública de la historia de Bunyola– e iba a albergar aparcamientos, un supermercado y otros comercios, dependencias municipales y un centro de salud. Pero la constructora, Jutoba, hace más de un año que detuvo las obras por el concurso de acreedores que pesa sobre ella.
"El alcalde no hace nada y es muy feo", protesta Carola Liesen, "al menos antes servía porque lo usábamos para aparcar". "Parecía que iba a estar muy bien", apunta Rosa Valencia, que vive al lado, "pero hace mucho tiempo que está así y los chicos montan fiestas". Rosa resume la situación de muchos vecinos mallorquines decepcionados: "No pensaba que se quedaría así".
+ Diario de Mallorca - MAR FERRAGUT - 25.10.09
Foto: la femu/son ferragut. Ancosa cree que sus Jardines del Amanecer revitalizará una zona que lleva años plagada de vallas y con restricciones de tránsito. Los solares cercanos, Son Ferragut, iban a albergar otro complejo, pero Ibercon ha tenido que venderlos. Foto: M.F./M. Massuti
El caos urbanístico genera 27.000 expedientes por casas ilegales en Málaga
LAOPINIÓN/Málaga* : La ordenación urbanística en la provincia ha sido, durante años, como un chiste malo: no hace gracia, pero sigue contándose. Las consecuencias de estos años de locuras urbanísticas las vivimos ahora, con una cantidad de expedientes abiertos a viviendas irregulares que superan ampliamente los 27.000, sólo en los grandes municipios de la provincia.
Lo peor es que todo indica que este número sólo representa una fracción de las ilegalidades cometidas, como se ha demostrado con el caso de Almogía. La excesiva permisividad y la falta de vigilancia por parte de las administraciones están pasando ahora factura a muchos municipios.
Marbella es el paradigma de las ilegalidades urbanísticas, pero no es el único municipio con este problema desmandado por su gravedad. Las 18.000 viviendas que están en situación irregular la convierten en el municipio más problemático, con un proyecto de PGOU que intenta poner un poco de orden en este marasmo de ilegalidades y no recurrir al temido derribo de edificios que están ya habitados.
Pero si Marbella acumula más de la mitad de estos expedientes, las vecinas Estepona y Mijas parecen estar contagiadas con el mismo mal. Ambos municipios acumulan unos 3.000 expedientes cada uno, unas cifras estratosféricas si se ponen en contexto con el resto de la provincia, ya que sólo Cártama se acerca un poco con otros 2.000 expedientes, mientras que el resto de los municipios se sitúan por debajo de las 350 infracciones detectadas.
En los municipios de la Costa del Sol suele ser habitual la construcción en terreno no urbanizable, fruto del caos urbanístico vivido durante los años del ´boom´ inmobiliario. Estas infracciones pueden ir desde levantar edificios enteros de viviendas o urbanizaciones, a construir una piscina o un muro de cerramiento sin licencia.
Estepona, con cientos de viviendas de urbanizaciones construidas en terrenos rústicos o protegidos, vive una situación peculiar. El inicio del ´caso Astapa´ provocó la paralización de la mayor parte de los trámites sancionadores, ya que muchos expedientes están intervenidos dentro de las actuaciones judiciales.
Valle del Guadalhorce
La Costa del Sol es quizá uno de los puntos negros del urbanismo en la provincia. Pero no el único. El Valle del Guadalhorce se ha convertido en una zona muy dinámica en los últimos años, lo que ha tenido también su reverso oscuro a modo de irregularidades. Lo habitual ha sido la construcción de chalés donde antes había casas de aperos. La falta de beneficio por la agricultura y los altos precios que se pagan por un terreno han servido de excusa. Los ayuntamientos han preferido mirar a otro lado para evitar problemas, actuando como cómplices. Las víctimas han sido el paisaje y los terrenos rústicos.
Cártama es, con sus 2.000 expedientes abiertos, la zona más compleja. De hecho, allí se produjo el primer derribo de una vivienda ilegal en la provincia. El primero y casi el único, porque sólo se ha repetido esto una vez más, en Marbella.
El paisaje de este municipio se ha visto, en apenas unos años, salpicado de puntos blancos a causa de la gran cantidad de viviendas que se han construido en antiguas zonas de labranza. El control se ha hecho casi imposible.
Los municipios del interior han vivido una cierta impunidad, producto de estar en una segunda fila por el peso de la Costa. Eso no ha impedido casos como el de Almogía o Gaucín, con intervenciones judiciales para poner coto a las irregularidades.
Mientras la capital tiene abiertos poco más de un centenar de expedientes por infracciones de poco calado, el gran melón por abrir de las ilegalidades parece ser la Axarquía. Ecologistas en Acción cifra en unas 20.000 las viviendas ilegales en esta comarca, con una actividad casi descontrolada en muchos municipios del interior.
Este grupo señala que pocas son las localidades que se libran de los abusos urbanísticos, como son Alfarnate, Alfarnatejo, Riogordo, Comares y Cútar. En el resto, según Ecologistas, las infracciones se han ido extendiendo como una mancha de aceite, alcanzando cotas preocupantes.
* Información elaborada con datos de Noelia Andrade, Princesa Sánchez, Ana María Marín, Carmen Fernández, Ana García, Izaskun Guerrero, Blas Gil y Lola Sánchez.
La Axarquía reclama un urbanismo diferente
Más de 10.000 viviendas pendientes de normalizar y un futuro incierto respecto a la posibilidad de que el turismo rural tenga opciones de desarrollo en la Costa del Sol más oriental han forzado, según los representantes públicos de los ayuntamientos, a crear una mesa de trabajo por el urbanismo axárquico. Un foro que sin embargo podría desarticularse si el PP confirma que lo abandona porque nace "sin utilidad".
La problemática urbanística en la Axarquía es una realidad, pero a los regidores populares les resulta "como mínimo ridículo" que la Junta de Andalucía se siente en la mesa como "oyente".
Así lo ha expresado el grupo del PP en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.
Para los ecologistas de esta parte de la provincia, las administraciones supramunicipales deben, sin embargo, mantenerse en esa posición neutral. "Lo que no se va a permitir es abrir otra vez el grifo para que se construya en el campo sin control". Al respecto, la cifra de casas en suelo rural que siguen fuera de ordenación la sitúan estos colectivos en más del doble, unas 20.000, respecto a las cantidades oficiales.
Todo comenzó a ser bien diferente en el interior axárquico por el parón de la crisis, pero ya habían comenzado a levantarse las voces de los ayuntamientos, contra la administración autonómica, cuando se dio luz verde a una Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que ahogaba de una forma contundente cualquier iniciativa de crecimiento en la mayoría de los terrenos con pendientes significativas –áreas montañosas–.
De hecho, ese tipo de suelos casi acaparan la totalidad del mapa geográfico de la comarca de la Axarquía.
La mesa axárquica por el urbanismo se reunía a principios de esta semana y planteaba la necesidad de plantear encuentros periódicos cada mes.
Pero desde un principio el PP, a través de su portavoz, José Alberto Armijo, pone en duda su utilidad, si no se demuestra intención alguna de cambiar los planeamientos.
La delegada provincial de Ordenación del Territorio, Josefa López, actuó como "oyente", igual que el portavoz de los constructores.
F. Extremera. Nerja
Las denuncias ciudadanas impulsan las investigaciones de la Fiscalía
Desde que se creó el área de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga han quedado claras dos cosas: la primera, que los delitos contra la ordenación del territorio se han multiplicado por toda la geografía provincial, adquiriendo en la Costa del Sol su máxima entidad, penetrando hasta el interior en forma de autoconstrucciones; la segunda es que ha crecido mucho la concienciación ciudadana contra estos delitos. Así, el ministerio público inicia cada vez más investigaciones gracias a las denuncias de particulares que, antes de ir a la Guardia Civil o al juzgado de guardia, deciden poner en conocimiento del coordinador de la sección, Juan Calvo Rubio, la ilegalidad.
Así lo reconoce el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales: "El origen de nuestras denuncias suelen ser las fuerzas de seguridad, pero es cierto que cada vez recibimos más denuncias de vecinos y particulares. Es complejo detectar los delitos urbanísticos, pero siempre hay fugas. Ha aumentado mucho la participación ciudadana". No sólo denuncian ya los partidos de la oposición o los ecologistas, sino que también han encontrado un válido interlocutor en la Fiscalía los vecinos, principales agredidos por construcciones ilegales en sus municipios.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha incoado alrededor de 300 diligencias de investigación en los nueve primeros meses del año, de las que 250 se refieren a delitos relativos al urbanismo: fundamentalmente se investigan prevaricaciones e ilícitos contra la ordenación del territorio. Después de abrir estas diligencias, si hay indicios delictivos, el fiscal interpone la correspondiente querella en el Juzgado Decano del partido judicial afectado, iniciándose el proceso penal. Hace tiempo que el ministerio público lleva advirtiendo de la proliferación de autoconstrucciones en los pueblos del interior, viviendas ilegales levantadas en suelos rústicos que ni siquiera, en muchos casos, tienen licencia. Ocho de cada diez delitos contra la ordenación del territorio están relacionados con autoconstrucciones. Además, siempre se solicita la demolición de la vivienda.
José Antonio Sau
* La Opinión Málaga - MIGUEL FERRARY - 25.10.09
Foto: El caos urbanístico genera 27.000 expedientes por casas ilegales en Málaga - laopiniondemalaga.es
Hacienda también investiga las obras de El Madrigal de 2008 y a su adjudicataria
LEVANTE/Castelló* : Esta acción se suma a la que ya realiza la Fiscalía por la misma remodelación. El propio ministerio público denunció a Fernando Roig y a todo el consejo del Villarreal CF por facturas falsas en la reforma de su estadio en 2004 y 2005. Las investigaciones sobre las obras de ampliación del estadio municipal de El Madrigal aumentan y, con ellas, las sospechas sobre la gestión en el Villarreal CF.
Según un documento al que ha tenido acceso Levante de Castelló, la Agencia Tributaria está investigando a Estructuras, Viviendas y Carreteras SA (EVC), la subcontrata que realizó la remodelación de 2008, así como también las de 2001, 2004 y 2005. Cabe recordar que, como publicó este periódico el pasado 6 de septiembre, la Fiscalía de Castelló también está indagando en la ejecución de estas obras de EVC, motivada por la denuncia de una empresa que halló "hechos que pueden ser constitutivos de delito" en la construcción del graderío norte superior el pasado año.
Estas investigaciones sobre las diferentes obras que el Madrigal ha venido ejecutando no son nuevas. El pasado 24 de julio trascendió a la opinión pública una denuncia del Fiscal Jefe de Castelló, Javier Carceller, contra el dueño del Villarreal CF -el empresario Fernando Roig- y los diez miembros del consejo de administración amarillo, así como a otras 14 firmas y personas por tres delitos relacionados con la facturación falsa y el fraude en el IVA en las obras de remodelación del estadio en 2004 y 2005.
Las diligencias realizadas por el ministerio público se basan en un demoledor informe de la Agencia Tributaria sobre inspecciones a la empresa EVC y al club, en las que concluye que, los gestores del club, "en connivencia" con los propietarios de la empresa adjudicataria (José Manuel López Cabañas y José Luis Ocerín) y con la subcontrata Spain Gespro (Juan Serrano, Silvia Graciela Salazar y José López Ferris) urdieron una trama de facturación falsas que llevó al Villarreal CF a ahorrarse al menos 525.440 en el IVA.
"Facturas falsas"
Etas dos empresas, EVC y Spain Gespro, son las que están siendo investigadas otra vez por la Fiscalía y la Agencia Tributaria. En concreto, según el documento conocido por Levante de Castelló, Hacienda estudia una documentación que contiene "facturas falsas de las empresas EVC, Natur Cas, Spain Gespro y Gresepol, todas ellas de los años 2006, 2007 y 2008". Concretamente, el pasado año, la ya denunciada EVC llevó a término la construcción del graderío superior norte del estadio de El Madrigal.
Pero esta no es la única polémica que envuelve la última ampliación del coliseo amarillo. Como también publico este periódico, la empresa de Alcossebre Solados y Alicatados Hurtado también denunció a EVC ante el Juzgado de Instrucción de Sagunto por un delito de alzamiento de bienes y estafa. En aquella ocasión, los gestores de la firma, López Cabañas y Ocerín, fueron denunciados por no abonar 208.026 euros de las obras de ampliación de la grada norte de El Madrigal, la remodelación investigada ahora por el fiscal y la Agencia Tributaria.
Según estos denunciantes, EVC abonó la deuda con pagarés falsos. Ante la imposibilidad de cobrar, Solados y Alicatados Hurtado se dirigió al Villarreal CF como responsable subsidiario, según reza el artículo 1.597 del Código Civil. El club amarillo contestó que había facilitado los pagos a EVC y que debería ser esta la que respondiera ante la deuda.
Pese a las sospechas que pesan sobre EVC, Fernando Roig ha seguido confiando en esta firma, ya que como ha podido saber este periódico, también ha realizado las obras del chalé de su hija.
* Levante-EMV - SERGI PITARCH - 25.10.09
Foto: En el 2008 se construyó el graderío superior norte para acoger a las aficiones rivales. levante-emv
Toralla en un mar de dudas
ELPAÍS/Pontevedra* : Mientras a un lado del puente todo el mundo celebra la noticia, al otro se recibe con perplejidad, cabreo, muchas dudas y una falta de información tan grande que hasta imaginan que lo del paseo marítimo es una milonga. Un "bulo" que se propagó a través de un correo electrónico con el que tragó la prensa porque el titular era de lo más suculento. "El ministerio creará una senda litoral en la isla de Toralla".
La plataforma A Ría Non se Vende, portadora de la buena nueva, no entiende cómo el Gobierno no les tomó la delantera para hacer pública la noticia: al fin se abría el paso por completo a la isla privada que alberga una torre de 20 pisos junto a la playa de viguesa de Samil. Pero el ministerio lo niega.
"Una cosa es el paseo, de lo que ahora mismo no hay nada, seguro, y otra distinta el deslinde, que es lo que se está llevando a cabo. Como es suelo urbano, son 20 metros hacia adentro a partir de la línea del mar", indica, desde Madrid, un portavoz oficial del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que dirige la gallega, y medio viguesa, Elena Espinosa. El Gobierno central reconoce que "existe un proyecto de senda peatonal" desde hace tiempo, "un camino nada agresivo", puede que de madera, por el perímetro (1.386 metros) del deslinde, pero que está aparcado a la espera de mejores perspectivas económicas.
Ahora que empieza a azotar el invierno en la isla, ahora que las araucarias se doblan por el viento, y el mar embiste y viene con bríos suficientes como para zurrarle sin parar hasta abril a la escollera, muchos vecinos han cerrado sus casas, pero en Toralla, con buen tiempo, llegan a vivir "entre 700 y 1.000 personas", según el administrador de la isla. Todas éstas se enteraron por los periódicos del inminente propósito del ministerio de llevarse por delante buena parte de las fincas particulares para dejar pasear a los ciudadanos de a pie, que llevan toda la vida teniendo prohibida la entrada a esta isla de Vigo.
Los propietarios recibieron esta semana una carta de la Jefatura Provincial de Costas con fecha del 14 de octubre. El escrito les anunciaba que estaba a exposición el nuevo deslinde y que contaban con un plazo de 15 días para presentar alegaciones. ¿Era una casualidad, o no, que el aviso ministerial llegase al mismo tiempo que la noticia difundida por A Ría Non se Vende? Ellos, ahora, creen que este colectivo ecologista se excedió al entender "paseo" donde el Gobierno central sólo decía "deslinde". Pero una voz, desde el ministerio de Espinosa, lanza un aviso: "La verdad, hoy, es que lo único que hay es lo segundo, pero los ecologistas suelen ser gente bien informada...".
A lo largo de esta semana, varios vecinos acudieron a la llamada de Costas para ver si presentaban alegaciones. Según el administrador de Toralla, SA, la sociedad que compraron los propietarios de los 32 chalés y de la torre en 1984, no se va a reclamar porque "todo sigue como estaba". Es decir, entre los años 67 y 69, la Administración central trazó el primer deslinde, de seis metros desde el mar, y según ellos, la cifra se mantiene. Claro que el ministerio, consultado de nuevo por este diario, insiste en que los metros de cesión "son 20 por mucho que a ellos no les guste", aunque la pasarela pública, de hacerse, sólo ocuparía entre tres y seis.
En el peor caso para los vecinos, es decir, si el paso tuviese un ancho de seis metros, el día en que "haya dinero" para construir una senda (que según los residentes tendrá que ser de hierro, porque "aquí el mar lo rompe todo") desaparecerían una docena de jardines y sus piscinas, y habría, además, entre dos y cuatro chalés afectados, los que están construidos más cerca de las rocas.
El ministerio no tendría que expropiar nada, porque todas estas propiedades de ensueño están ocupando, en parte, terrenos del Estado. Por los metros más próximos al rompiente de cada finca, los residentes estaban abonando anualmente al Gobierno una especie de alquiler. Ahora ya no pagan nada, porque las concesiones han expirado. Los terrenos, oficialmente, vuelven a estar a disposición de Costas; pero mientras Costas no disponga nada, los vecinos seguirán disfrutando de las codiciadas parcelas.
Hace una década que el concejal viguista y vigués Antonio Nieto Figueroa, Leri, logró que el Supremo reconociese el derecho de todos los ciudadanos a atravesar el puente de Toralla andando, para pescar desde la plataforma o para bañarse en las dos calas que hay a la entrada de la isla. Entonces, la garita con barrera en la que siempre había un guarda se trasladó 400 metros, de una punta a la otra del viaducto. Y hoy el vigilante sigue ahí, vetando el paso a todo extraño que no demuestre que viene invitado por algún morador de la isla.
Los vecinos consideran injusto este uso democrático (pero sólo peatonal) del puente, porque pagan un canon anual de 1.210 euros por la concesión hasta 2018 del terreno en el que se asienta, y afirman que lo financiaron ellos y "nunca fue expropiado". "Para no pagárnoslo, la Administración acordó darle un cambio de uso, en vez de expropiar", dicen. El puente costó "400 millones de pesetas", y para poder pagarlo, la primigenia Toralla, SA, promotora propietaria de la isla desde 1965, vendió disparada de precio una gran parcela sin edificar. La compradora, Promotur, SA, compensó el gasto levantando la que durante años fue la torre más alta de Vigo, el polémico edificio de Toralla, firmado por Bar Bóo y rematado por Pérez Bellas, de 20 pisos, 70 metros de altura y 135 viviendas.
* ELPAIS.com - SILVIA R. PONTEVEDRA - Toralla - 25/10/2009
Foto: Toralla - viajeteca.com
La Justicia pone contra las cuerdas a los políticos castreños al investigar posibles delitos urbanísticos
DEIA/Cantabria* : Prevaricación, malversación de fondos, falsificación documental... Son términos judiciales que hoy en día se emplean con normalidad en las conversaciones de los ciudadanos de Castro Urdiales. Y es que la población castreña se ha acostumbrado a ver el nombre de la localidad en los medios de comunicación, relacionando al equipo de gobierno municipal con una serie de supuestos delitos que son investigados por la Guardia Civil y que han llevado al juzgado, en repetidas ocasiones, a sus tres cabezas visibles -Fernando Muguruza, alcalde; José Miguel Rodríguez, conocido como KyK, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, y Rufino Díaz Helguera, concejal de Obras, Personal y Protección-.
La vida política de Castro Urdiales se ha convertido durante los últimos años en una maraña de acusaciones, denuncias y procesos judiciales que tienen desconcertada a la población y en jaque a sus representantes municipales.
Un alcalde inhabilitado para tomar decisiones urbanísticas y de contratación, una veintena de casos investigados por la Guardia Civil, una decena de sumarios abiertos en el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad y la práctica totalidad de los concejales del Ayuntamiento imputados, son las claves de un proceso que está haciendo tambalear los cimientos del municipio.
Antecedentes
El alcalde tránsfuga
La realidad es que la vida política de Castro Urdiales, sin llegar a la delicada situación actual, siempre ha estado marcada por la polémica. Los doce años como primer edil de Rufino Díaz Helguera acabaron el día que Fernando Muguruza, cabeza visible del Partido Regionalista Cántabro (PRC), le arrebató la Alcaldía en 2003. Habían sido tres legislaturas del socialista al frente del gobierno municipal y la población castreña decidió que era momento de cambiar el rumbo. Muguruza asumió, así, el puesto de primer representante de Castro Urdiales con el apoyo del Partido Popular, siempre encabezado por José Miguel Rodríguez KyK, e Izquierda Unida, con Salvador Hierro. Ambos ocuparon concejalías relevantes.
Aquella legislatura fue convulsa desde el principio. De hecho, las decisiones de Muguruza fueron muy criticadas, principalmente por Rufino Díaz Helguera, cuyos enfrentamientos con el alcalde se tornaron duros, constantes y sonados. En este clima de tensión, Díaz Helguera decidió denunciar en el juzgado al equipo de gobierno por la contratación de la empresa Izeta para realizar unas obras de mejora en el túnel de Mioño. Según argumentó en su momento, este acuerdo se firmó sin pasar los trámites municipales. Este grave conflicto supuso, a la larga, la expulsión del PSOE de Díaz Helguera y de otros cinco concejales, ya que, en contra de la directriz de su partido, decidieron presentar una moción de censura contra el alcalde; moción que, por otro lado, no prosperó.
Concluyó la legislatura y llegaron las elecciones municipales de 2007. En ellas irrumpió un nuevo partido que, a la postre, sería de vital importancia para Muguruza: Acuerdo por Castro, fundado por Rufino Díaz Helguera. Además, PSOE y PRC habían firmado en Cantabria un pacto de gobierno para las alcaldías de la comunidad. Y, dado que los socialistas fueron la lista más votada en Castro Urdiales, a ellos les correspondía acceder al puesto con los votos de los regionalistas cántabros.
Sin embargo, Fernando Muguruza se saltó la disciplina de partido, se alió con su mayor enemigo, Díaz Helguera, y sumó los votos del Partido Popular. Con esta jugada, volvió a ser primer edil; una maniobra que originó un duro enfrentamiento entre el PSOE y el PP en la Comunidad y que le supuso la expulsión del partido y, finalmente, la declaración de tránsfuga.
Procesos judiciales
Imputaciones y diligencias
Nueve meses después del nombramiento de Muguruza como alcalde, comenzaron los problemas. Aquella querella que Rufino Díaz Helguera -ahora compañero de gobierno- interpusiera en la legislatura anterior por la contratación de Izeta se convirtió en investigación policial y, posteriormente, en diligencia judicial. Así, el 27 de marzo de 2008, la Guardia Civil entró en el despacho municipal de Urbanismo, llevándose numerosos expedientes. El juez consideró que había delito y decidió imputar al alcalde y a otros seis ediles del anterior gobierno un delito de prevaricación.
Dos meses más tarde, en mayo, el titular del Juzgado de Instrucción nº2, Luis Acayro Sánchez, volvió a imputar a Muguruza -junto al primer teniente de alcalde, KyK y al ex edil Pedro Revuelta-, un delito de tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa de desratización Trapur. Era la segunda diligencia. Pero habría más.
Muguruza, indignado por las últimas decisiones judiciales, se defendió públicamente acusando al juez Acayro de prevaricador. Sus palabras le dieron un nuevo disgusto, ya que le acarrearon una tercera imputación por un delito de injurias y calumnias.
Junto a estos tres casos, Muguruza afronta varias acusaciones más: por irregularidades en las obras del mercado municipal -por tratarse de la misma empresa del túnel del Mioño, Izeta, se unió al sumario de este-; por la contratación de un arquitecto y una ingeniera a quienes, supuestamente, se les pidió que firmasen informes y dictámenes urbanísticos para los que no estaban habilitados; por conceder una licencia de obras en el Residencial San Pelayo, de Santullán, donde se invadieron caminos rústicos y terrenos de la Junta Vecinal; por la contratación de una empresa para eliminar una plaga de termitas en el conjunto histórico; por el asfaltado de Las Mieres, en El Haya... Pero, sin duda, una de las acusaciones con más repercusión mediática es el caso Urticam. El permiso para construir varias viviendas en una vaguada terminó con la detención del alcalde y de su equipo de gobierno, quienes, tras prestar declaración ante la Guardia Civil, quedaron en libertad.
La política castreña no vive sus mejores momentos. La situación es delicada porque cada nuevo caso que sale a la luz pone más en jaque a una corporación que tiene que dar muchas explicaciones. Y no sólo ante el juez.
* Deia - Itziar Gorospe/Tamara de la Rosa - 24.10.09
Foto: deia.com
El alcalde de Almogía, imputado por prevaricación urbanística y falsedad documental
SUR/Málaga* : La Guardia Civil sigue la ronda de toma de declaraciones a los imputados del 'caso Almogía' y, ayer le tocó el turno al alcalde de esta localidad, Cristóbal Torreblanca, tal y como adelantó este periódico. El regidor, que estuvo declarando durante cuatro horas en la comandancia de la Guardia Civil de Málaga, quedó en libertad con los cargos de prevaricación urbanística y falsedad documental, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso. Torreblanca, que fue llamado a declarar por la Guardia Civil, fue asistido por su abogado defensor.
Las preguntas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que lleva el caso, le insistieron, al parecer, sobre los derroteros que habían seguido los quince expedientes urbanísticos que había denunciado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por irregularidades, y a los que el Ayuntamiento no había dado curso o, al menos, no lo había hecho debidamente.
La Guardia Civil quiere probar que, por parte del alcalde, Cristóbal Torreblanca, así como por otros concejales y funcionarios del Ayuntamiento, e incluso policías locales, hubo trato de favor con familiares y amigos de los ediles del Ayuntamiento de Almogía.
El alcalde de Almogía, que abandonó ayer a pie las dependencias de la Benemérita, eludió contestar a las preguntas de los periodistas que aguardaban en la puerta, y dejó, por tanto, la incógnita de si dimitará, ya que desde el día en el que se iniciaron los registros de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Almogía y en la Casa de la Cultura, el pasado martes, Torreblanca afirmó que, si como consecuencia de la investigación judicial resulta imputado en el caso, renunciaría al cargo, en el que lleva 26 años, y que presentaría asimismo la «baja automática» del partido, decisión que dijo haber comunicado al PSOE malagueño.
Por otra parte, la Guardia Civil también llamó ayer a declarar a otros tres imputados, entre ellos la esposa del policía local que acudió a declarar anteayer, otro agente municipal así como un antiguo secretario del Ayuntamiento. En los tres casos quedaron en libertad con cargos. Tal y como adelantó este periódico, al menos una veintena de personas van a estar imputadas en este caso, que persigue sacar a la luz los cauces por los cuales se realizaron construcciones ilegales en suelo no urbanizable en Almogía, así como en la prevaricación de los cargos públicos por realizar acciones a sabiendas de que no son legales, y por delito urbanístico, también llamado contra la ordenación del territorio.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, afirmó ayer que Málaga «no es asiento de todos los males relacionados con el urbanismo» y ha añadido que «ya está bien de tantas miradas puestas en la provincia» motivadas por este asunto. Ha añadido que Málaga le debe mucho al urbanismo, no al irregular, y que con motivo de esta mirada superlativa «se están cuestionando muchas cosas y esta provincia vive de lo que vive».
* SUR - 23.10.09 -PILAR R. QUIRÓS
Foto: EFE
Vigo: El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula las licencias de Finca do Conde
FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula las licencias de Finca do Conde. El Concello recibió ayer la desestimación del recurso de apelación que fue presentado por el consistorio contra la última sentencia que invalidaba los permisos del centro comercial y las dos torres de viviendas ubicadas en esta zona.
El tribunal advierte además de que esta sentencia “es definitiva”, por lo que no cabe recurso ordinario alguno y el Concello tendrá ahora que buscar una solución para evitar el derribo y el desembolso millonario que tendría que afrontar si el consistorio se viera obligado definitivamente a ejecutarlo.
El concejal de Urbanismo, José Mariño, advierte que el cumplimiento de la sentencia de derribo supondría para el Concello el pago de unas indemnizaciones por valor de 300 millones de euros. Una ingente cantidad de dinero que, según el propio responsable municipal, “llevaría al Ayuntamiento a la suspensión de pagos”.
Tras este nuevo varapalo de los tribunales, Mariño volvió a criticar a los responsables del Partido Popular que concedieron en su día estas licencias anuladas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque “sabían que eran ilegales”, asegura el edil de Urbanismo, que cargó contra el anterior concejal del PP, José Manuel Figueroa, al afirmar que él “no puede decir que actuara de buena fe”.
José Mariño recrimina además al anterior gobierno local del Partido Popular, que concedió estos permisos, que permitiera “una auténtica barbaridad urbanística” y dejara así “esta desastrosa herencia”.
“Ésta es la enésima sentencia judicial en contra de la gestión del Partido Popular en la urbanización de Finca do Conde”, subrayó Mariño. “El TSXG pone de manifiesto claramente en su argumentación que los responsables del Partido Popular sabían que estaban concediendo licencias en una parcela que ya estaba declarada ilegal por los tribunales, y que la propia licencia era ilegal en sí misma”, añade el responsable del departamento de Urbanismo.
Explicaciones
Tras esta nuevo fracaso judicial sobre las licencias de Finca do Conde, el gobierno local insiste en pedir explicaciones al Partido Popular. “Tienen que decir algún día cuál era su papel y su interés desmesurado en la concesión de estas licencias. El señor Figueroa, y el gobierno popular de aquel momento no puede decir que obrara de buena fe. Mientras concedía las licencias en el ámbito de Finca do Conde al mismo tiempo estaba proponiendo su legalización en el Plan Xeral que estaban redactando. ¿Si estaban tan seguros de la legalidad de las licencias que estaban concediendo, porqué estaban tramitando si legalización por otro lado? Sólo puede ser por un motivo: porque eran ilegales”, sentencia el concejal de Urbanismo.
El Concello no podrá además alegar “integración en el entorno” para evitar que los tribunales derriben las dos torres de 228 viviendas y el centro comercial, como sí hará con otros edificios amenazados de derribo como Jacinto Benavente o las torres de García Barbón y que podría evitar su demolición. Urbanismo entiende en el caso de Finca do Conde que en la legislatura pasada se dieron licencias con “informes técnicos en contra”, con lo que se incumpliría el criterio de actuar con buena fe, argumento indispensable en esta vía que ha abierto el Concello.
* Faro de Vigo - 24.10.09
Foto: Zona superior del centro comercial con las dos torres amenazadas de derribo al fondo. José Lores, farodevigo.es
La Sagrada Família presenta un nuevo recurso para paralizar las obras del AVE
ELPERIÓDICO/Barcelona* : La junta constructora de la Sagrada Família ha presentado hoy en la Audiencia Nacional una solicitud de suspensión parcial de las obras del muro pantalla del futuro túnel de la línea del AVE, que se está ejecutando junto al templo, ha explicado el abogado del patronato, Jordi Abel.
El letrado ha indicado que es la tercera vez que la junta del templo pide que se adopte una medida cautelar --dos de ellas ya han sido desestimadas-- de suspensión de las obras, dentro del proceso jurídico abierto contra el proyecto global del AVE, ya que estas se encuentran en un "nivel de auténtica preocupación y se debe de actuar antes de que sea demasiado tarde", ha alertado.
Cálculos diferentes
Esta solicitud se basa en tres criterios. En primer lugar, la instalación hasta el momento de un total de veinte pivotes del muro pantalla del futuro túnel del AVE. En segundo término, la reducción de la distancia entre la pantalla protectora del túnel y la fachada del templo, que debía de ser 1,95 metros según el proyecto constructivo y está siendo ejecutada actualmente a 1,12 metros de la fachada, lo que supone una desviación del 42% con respecto al plan acordado.
Y en tercer lugar, denuncian que Adif haya iniciado las obras de la pantalla protectora del túnel antes de la presentación del informe técnico sobre la seguridad de las obras que está llevando a cabo una empresa externa.
Según ha explicado el arquitecto del templo, Jordi Bonet, estos errores --en especial la reducción de la distancia entre la pantalla protectora del túnel y la fachada del templo-- varían "por completo" los cálculos realizados previamente por Adif acerca de los efectos que podían causar las obras en el edificio de Antoni Gaudí.
Bajo el nivel freático
Además, Bonet ha advertido de que el túnel del AVE se construirá a una profundidad de 40 metros, estando por debajo del nivel freático, así como de las "fuertes ondas vibratorias" que puede causar el paso de la tuneladora sobre las columnas del templo.
Para el actual arquitecto del templo, Adif está llevando a cabo una "política de hechos consumados", basada, a su juicio, en adelantar el calendario de las obras para que estas se encuentren en un estado demasiado avanzado como para frenarlas en el momento en que sea dictada la sentencia judicial. "Estos errores en la construcción evidencian la falta de rigor y responsabilidad con que se está ejecutando la obra", ha lamentado.
Por su parte, el presidente de la junta constructora de la Sagrada Família, Joan Rigol, ha pedido a la justicia que actúe con la "urgencia necesaria", aunque ha querido subrayar que la junta dispone de "voluntad de diálogo" y que "acatarán y respetarán" la decisión de la justicia, aunque ésta no sea favorable a sus intereses.
* El Periódico - EFE - 23.10.09
Foto: Barcelona, Sagrada Familia - sobrebarcelona.com
Santa Cruz: Vecinos de El Toscal tachan de especulador el Plan General
LAOPINIÓN/Tenerife* : La Comisión en Defensa del barrio de El Toscal ha vuelto a arremeter contra el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz y al Plan Especial del barrio, al considerar que abre más aún la veda a la especulación. Los vecinos presentaron ayer en rueda de prensa el bloque de alegaciones que han interpuesto contra el planeamiento y que aglutina tanto a los aspectos jurídicos como los económicos, ambientales y patrimoniales.
Aunque el contenido del PGO ha podido ser conocido por estos vecinos durante su exposición pública, no ha ocurrido lo mismo con el Plan Especial, del que desconocen exactamente en qué momento se encuentra su tramitación. Saben los vecinos que está en sus últimas fases de redacción y ha sido presentado a la Comisión de Patrimonio del Cabildo.
Por lo que se refleja en el PGO, estos vecinos consideran que su contenido será "aún mucho peor que el anterior y por eso solicitamos que se respete el PGO vigente y la consideración del casco histórico al barrio".
Vigente. Las conclusiones, por lo tanto, serían que el nuevo planeamiento busca favorecer más a los promotores privados que a los intereses de todo el vecindario. Así, señalan los vecinos que, mientras que en el plan actual hay una coherencia espacial y urbanística, en el nuevo se apuesta por un enclave atomizado en el que se rompen las tramas urbanas existentes.
Peor que todo ello se apuesta más por la renovación que por la rehabilitación que implica en el primer caso dar lugar a pocos puestos de trabajo, mientras que el segundo se apoyaría un plan económico a más sostenible y a largo plazo. No son las únicas alegaciones que se centran en el barrio y denuncian aspectos concretos de este tipo, ya que también el abogado Felipe Campos han presentado otras similares, aunque más concreta.
Jurídicas, dotaciones y ambientales
La alegación presentada por la Comisión en Defensa del barrio del Toscal se dividide en aspectos jurídicos, de dotaciones y servicios, de calidad ambiental y patrimoniales. En el primer grupo, los vecinos consideran que se hace una interpretación muy particular de la Ley pues descategoriza suelo urbano consolidado y lo declara de renovación que abre la puerta a la expropiación. Las propuestas de aparcamientos se estima exagerada hasta el punto de considerar que se quiere convertir al barrio en un enorme garaje. Estiman que el nuevo planeamiento no da respuesta a los servicios y dotaciones básicas demandas como la ampliación del centro de salud, educativos o instalaciones deportivas, entre otras. Los vecinos estiman que se prevé un crecimiento de la población desmesurado ya que casi lo duplica densificando el barrio con remontas o nuevas construcciones de cinco y seis plantas. Lo que acabaría por colapsar los precarios servicios existentes. En el capítulo patrimonial se hace hincapié en que este enclave es está protegido lo que debe primar sobre otras consideraciones. Por ello demandan la elaboración de un Plan Especial al considerar que el actual ocasionará la destrucción de parte de la trama urbana del barrio y no apuesta por la rehabilitación.
* La Opinión Tenerife - N.R. - 24.10.09
Foto: Vivienda abandonada en el barrio de El Toscal. delia padrón, laopinion.es
Barcelona, Sábado 24 de Octubre: Concentración hipotecados!
AFECTADOSPORLAHIPOTECA* : -Si tuviste que hipotecarte de por vida para acceder a una vivienda!
-Si a ti también te machacaron con la idea de que alquilar era tirar el dinero, y que el precio de la vivienda nunca baja!
-Si te sientes engañado por los políticos que durante años negaron que en España existiera una burbuja inmobiliaria!
-Si los bancos te cobraron comisiones desorbitadas, te endosaron seguros inútiles por la cara, y te estafaron con cláusulas abusivas!
-Si te ves obligada a elegir entre pagar la hipoteca o dar de comer a tus hijos!
-Si el banco te echa a la calle y encima te reclama parte de la deuda pendiente!
-Si encima el banco te presiona, te humilla y te maltrata !!!
Únete a nosotros!! Exigimos soluciones!! Decimos basta a la usura bancaria!! Los hipotecados nos plantamos!!
Somos miles. Juntos, podemos!!!
Sábado 24 octubre, 17 h
Pl. Sant Jaume (Barcelona)
* Plataforma de Afectados por la Hipoteca - 13.10.09
