La Justicia pone contra las cuerdas a los políticos castreños al investigar posibles delitos urbanísticos

DEIA/Cantabria* : Prevaricación, malversación de fondos, falsificación documental... Son términos judiciales que hoy en día se emplean con normalidad en las conversaciones de los ciudadanos de Castro Urdiales. Y es que la población castreña se ha acostumbrado a ver el nombre de la localidad en los medios de comunicación, relacionando al equipo de gobierno municipal con una serie de supuestos delitos que son investigados por la Guardia Civil y que han llevado al juzgado, en repetidas ocasiones, a sus tres cabezas visibles -Fernando Muguruza, alcalde; José Miguel Rodríguez, conocido como KyK, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, y Rufino Díaz Helguera, concejal de Obras, Personal y Protección-.

La vida política de Castro Urdiales se ha convertido durante los últimos años en una maraña de acusaciones, denuncias y procesos judiciales que tienen desconcertada a la población y en jaque a sus representantes municipales.

Un alcalde inhabilitado para tomar decisiones urbanísticas y de contratación, una veintena de casos investigados por la Guardia Civil, una decena de sumarios abiertos en el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad y la práctica totalidad de los concejales del Ayuntamiento imputados, son las claves de un proceso que está haciendo tambalear los cimientos del municipio.

Antecedentes

El alcalde tránsfuga

La realidad es que la vida política de Castro Urdiales, sin llegar a la delicada situación actual, siempre ha estado marcada por la polémica. Los doce años como primer edil de Rufino Díaz Helguera acabaron el día que Fernando Muguruza, cabeza visible del Partido Regionalista Cántabro (PRC), le arrebató la Alcaldía en 2003. Habían sido tres legislaturas del socialista al frente del gobierno municipal y la población castreña decidió que era momento de cambiar el rumbo. Muguruza asumió, así, el puesto de primer representante de Castro Urdiales con el apoyo del Partido Popular, siempre encabezado por José Miguel Rodríguez KyK, e Izquierda Unida, con Salvador Hierro. Ambos ocuparon concejalías relevantes.

Aquella legislatura fue convulsa desde el principio. De hecho, las decisiones de Muguruza fueron muy criticadas, principalmente por Rufino Díaz Helguera, cuyos enfrentamientos con el alcalde se tornaron duros, constantes y sonados. En este clima de tensión, Díaz Helguera decidió denunciar en el juzgado al equipo de gobierno por la contratación de la empresa Izeta para realizar unas obras de mejora en el túnel de Mioño. Según argumentó en su momento, este acuerdo se firmó sin pasar los trámites municipales. Este grave conflicto supuso, a la larga, la expulsión del PSOE de Díaz Helguera y de otros cinco concejales, ya que, en contra de la directriz de su partido, decidieron presentar una moción de censura contra el alcalde; moción que, por otro lado, no prosperó.

Concluyó la legislatura y llegaron las elecciones municipales de 2007. En ellas irrumpió un nuevo partido que, a la postre, sería de vital importancia para Muguruza: Acuerdo por Castro, fundado por Rufino Díaz Helguera. Además, PSOE y PRC habían firmado en Cantabria un pacto de gobierno para las alcaldías de la comunidad. Y, dado que los socialistas fueron la lista más votada en Castro Urdiales, a ellos les correspondía acceder al puesto con los votos de los regionalistas cántabros.

Sin embargo, Fernando Muguruza se saltó la disciplina de partido, se alió con su mayor enemigo, Díaz Helguera, y sumó los votos del Partido Popular. Con esta jugada, volvió a ser primer edil; una maniobra que originó un duro enfrentamiento entre el PSOE y el PP en la Comunidad y que le supuso la expulsión del partido y, finalmente, la declaración de tránsfuga.

Procesos judiciales

Imputaciones y diligencias

Nueve meses después del nombramiento de Muguruza como alcalde, comenzaron los problemas. Aquella querella que Rufino Díaz Helguera -ahora compañero de gobierno- interpusiera en la legislatura anterior por la contratación de Izeta se convirtió en investigación policial y, posteriormente, en diligencia judicial. Así, el 27 de marzo de 2008, la Guardia Civil entró en el despacho municipal de Urbanismo, llevándose numerosos expedientes. El juez consideró que había delito y decidió imputar al alcalde y a otros seis ediles del anterior gobierno un delito de prevaricación.

Dos meses más tarde, en mayo, el titular del Juzgado de Instrucción nº2, Luis Acayro Sánchez, volvió a imputar a Muguruza -junto al primer teniente de alcalde, KyK y al ex edil Pedro Revuelta-, un delito de tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa de desratización Trapur. Era la segunda diligencia. Pero habría más.

Muguruza, indignado por las últimas decisiones judiciales, se defendió públicamente acusando al juez Acayro de prevaricador. Sus palabras le dieron un nuevo disgusto, ya que le acarrearon una tercera imputación por un delito de injurias y calumnias.

Junto a estos tres casos, Muguruza afronta varias acusaciones más: por irregularidades en las obras del mercado municipal -por tratarse de la misma empresa del túnel del Mioño, Izeta, se unió al sumario de este-; por la contratación de un arquitecto y una ingeniera a quienes, supuestamente, se les pidió que firmasen informes y dictámenes urbanísticos para los que no estaban habilitados; por conceder una licencia de obras en el Residencial San Pelayo, de Santullán, donde se invadieron caminos rústicos y terrenos de la Junta Vecinal; por la contratación de una empresa para eliminar una plaga de termitas en el conjunto histórico; por el asfaltado de Las Mieres, en El Haya... Pero, sin duda, una de las acusaciones con más repercusión mediática es el caso Urticam. El permiso para construir varias viviendas en una vaguada terminó con la detención del alcalde y de su equipo de gobierno, quienes, tras prestar declaración ante la Guardia Civil, quedaron en libertad.

La política castreña no vive sus mejores momentos. La situación es delicada porque cada nuevo caso que sale a la luz pone más en jaque a una corporación que tiene que dar muchas explicaciones. Y no sólo ante el juez.







* Deia - Itziar Gorospe/Tamara de la Rosa - 24.10.09
Foto: deia.com