ELCORREO* : El Colegio Oficial de Arquitectos se ha sumado a la defensa de la Isla de la mano de la Ley de Patrimonio. Ayer alzó la voz para expresar públicamente su rechazo al proyecto municipal para su remodelación, también para reclamar al Ayuntamiento una «protección urgente». Pide que solicite para este parque la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con el objetivo de que se le reconozca dentro de la categoría de Jardín Histórico.
«Si no lo hace el Ayuntamiento, lo haremos nosotros», advirtió ayer el presidente de los arquitectos, David Dobarco, en rueda de prensa, precisando que «nos gustaría que lo iniciara primero el Ayuntamiento, pero nosotros ya estamos preparando la documentación». De alcanzar esta figura, las intervenciones en la Isla deberían limitarse a su «conservación, mantenimiento y restauración».
Propuesta que esta organización trasladó el viernes por escrito al propio Ayuntamiento. En un documento de nueve páginas en el que argumenta su temor por las intenciones municipales de «transformar sustancialmente» el parque de la Isla y solicita pide que «se respete» el actual aspecto de la Isla.
Dobarco fue más allá ayer al sugerir al equipo de Gobierno que «paralice» el concurso que está en marcha. Sería «lo más prudente», precisó. En su opinión, el Ayuntamiento debería, además, dar opción a las empresas que se han presentado al concurso para que elaboren un proyecto basado en el presupuesto de «900.000 euros» que contempla el Plan Urban. Una cantidad que los arquitectos consideran que «sí puede encajar» en la filosofía de conservar, restaurar y mantener que se requiere para cualquier BIC.
Excesivo presupuesto
Esta organización profesional califica de excesivo el presupuesto establecido por el Ayuntamiento, 4,5 millones de euros, para actuar en la Isla, que tiene una extensión de 53.000 metros cuadrados. Le parece «una inversión que no es urgente, ni oportuna, ni razonable, teniendo en cuenta la crisis económica y la necesidad de otras urbanizaciones más interesantes en la ciudad».
En su opinión, apelar a la existencia de unos fondos europeos Urban es «un pretexto» del Ayuntamiento para intervenir en la Isla, ya que, explicó, sólo suponen el 20%, 900.000 euros, del presupuesto municipal. Lo que significa, precisó, que las arcas municipales tendrán que desembolsar el resto.
Los arquitectos son partidarios de que «se respete» la actual fisonomía de la Isla, «inconfundible para generaciones y generaciones de burgaleses». Su presidente recordó que es el resultado de las intervenciones históricas que la ciudad, los ayuntamientos, han realizado durante dos siglos, hasta 1930, aunque admite su deterioro. «Cualquiera que pase por allí reconoce que está abandonada», puntualiza Dobarco.
En su opinión, la Isla sólo necesita trabajos de mantenimiento. «Mejoras en las infraestructuras existentes, reposición de la tierra que se ha perdido, renovación de los elementos deteriorados y el cambio, si se estima oportuno, de algún aspecto del mobiliario», concreta. Y es que, según dijo Dobarco, «nos horrorizaría encontrarnos con un parque en el que se empiezan a poner plazas de aparcamiento o pavimento como en el Paseo de la Sierra de Atapuerca». En su opinión, no respetaría la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
* El Correo de Burgos - E.V. - 8.09.09
Foto: elcorreodeburgos.com
Burgos: Los arquitectos reclaman protección para el Paseo de la Isla
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8.9.09
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Las responsabilidades políticas por la ilegalidad del edificio Fenosa
LAOPINIÓN/A Coruña : Una sentencia del Tribunal Supremo, que culmina un proceso judicial iniciado hace doce años, ha confirmado el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2001, que dictaba que el edificio Conde de Fenosa debe ser demolido porque la licencia que otorgó el Ayuntamiento coruñés a Fadesa en 1997 es "ilegal" al vulnerar el plan general de 1985. La sentencia del Supremo rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento en 2007, en el que solicitaba la "inejecución" del derribo con el argumento de que el edificio está completamente habitado.
Los magistrados del alto tribunal enfatizan en la resolución el agravante que supone que el Gobierno local intentase legalizar el inmueble con el plan general de 1998, un año después de que se concediera la licencia ilegal.
La noticia del fallo del Supremo, publicada en exclusiva por este periódico el pasado viernes 28 de agosto, causó conmoción en la ciudad, al tratarse de un emblemático inmueble que albergó durante treinta años la sede central de la compañía eléctrica Fenosa antes de su integral rehabilitación en 1997, seriamente cuestionada por el círculo arquitectónico de la ciudad, que cuenta en la actualidad con más de cien viviendas y numerosos locales y despachos.
El planeamiento urbanístico de 1985, vigente en el momento de la concesión de la licencia a Fadesa en 1997, prohibía otorgar licencias en los edificios fuera de ordenación que agravaran dicha situación urbanística, por lo que sólo se admitían obras mínimas, de conservación y mantenimiento. A pesar de ello, el Gobierno local, presidido entonces por Francisco Vázquez, otorgó a Fadesa una licencia para obras de reforma integral que incluía el cambio de uso de oficinas a viviendas, lo que claramente excedía el simple mantenimiento.
La contundencia del fallo del Supremo no ha hecho sin embargo mella en el alcalde coruñés, Javier Losada, quien se muestra convencido de que el edificio no será demolido y confía en que prospere el recurso que el Ayuntamiento presentará para evitar que se ejecute el fallo del alto tribunal. Sea derribado o no, la sentencia ha ocasionado ya un grave perjuicio a los propietarios afectados, dado que la resolución judicial obliga a inscribir en el registro de la propiedad que los pisos y locales del edificio Fenosa tienen orden firme de demolición, lo que devalúa su precio hasta "un valor cero", como aseguró el presidente del Colegio Oficial de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido. Esto abre la puerta a la indemnización que los propietarios tendrían ya derecho a reclamar al Ayuntamiento, según los expertos consultados por este periódico. Una indemnización con muchos ceros -los pisos de este edificio se vendían a 300.000 euros en el momento de la construcción del inmueble y en 2006 se vendió uno por 700.000- que correría a cargo del bolsillo de los contribuyentes coruñeses.
La sentencia del Supremo es una bofetada de la justicia a la política urbanística coruñesa de los años 80 y 90, instalada en la cultura del pelotazo. La espoleta retardada de la irregular decisión adoptada en 1997, activada ahora por la sentencia del Supremo, ha estallado políticamente en María Pita. El PP anuncia la petición de una comisión de investigación y los nacionalistas se han distanciado de su socio de pacto de gobierno al cuestionar la política urbanística de los socialistas en la era Vázquez. Un propietario afectado equiparaba al día siguiente de la noticia la actuación ilegal del ejecutivo local coruñés con la denostada política marbellí: "Aquí pasa igual, nosotros compramos bajo la presunción de la legalidad". Las cartas de los lectores recibidas estos días sobre el caso del edificio Fenosa, así como los comentarios de muchos afectados, hacen hincapié en la necesidad de que se depuren las responsabilidades políticas de este escándalo. Algunos de esos responsables ocupan todavía cargos públicos: Francisco Vázquez, actual embajador en el Vaticano con pretensiones de ser designado próximo Defensor del Pueblo, presidía la corporación municipal en 1997, cuando se concedió la licencia ilegal; Salvador Fernández Moreda -actual presidente de la Diputación de A Coruña, que declinó hacer declaraciones al ser preguntado al respecto por este periódico- ocupaba en ese momento la concejalía de Urbanismo y Javier Losada, actual alcalde, era entonces teniente de alcalde. La gravedad de las consecuencias obliga a que, cuando menos, abandonen su escudo de silencio y ofrezcan explicaciones de por qué ampararon con sus decisiones una ilegalidad convertida ahora en monumental desaguisado con más que probable cargo al erario público municipal.
* LaOpinión A Coruña - Editorial - 6.09.09
Foto: Fachada del edificio Conde de Fenosa. / eduardo vicente, laopinioncoruna.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
El GOB reclama congelar el crecimiento urbanístico de varias zonas de Pollença
EUROPAPRESS/Mallorca* : Entre sus sugerencias a la revisión del PGOU de ese municipio figuran impedir más construcciones en Formentor, El Vilar, La Font y Sant Vicenç. El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) reclamó que se congele el crecimiento urbanístico de varias zonas del término municipal de Pollença, en el norte de Mallorca, cuyo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se está revisando en la actualidad.
Según apuntó la organización ecologista en un comunicado difundido hoy, la necesidad de revisar la planificación urbana de este municipio "no sólo viene dada por la nueva normativa sobrevenida, sino también por la conveniencia de cambiar algunas cosas, impropias del siglo XXI", como "congelar el crecimiento en urbanizaciones conflictivas", señala la nota.
Según apuntó la organización ecologista en un comunicado difundido hoy, la necesidad de revisar la planificación urbana de este municipio "no sólo viene dada por la nueva normativa sobrevenida, sino también por la conveniencia de cambiar algunas cosas, impropias del siglo XXI", como "congelar el crecimiento en urbanizaciones conflictivas", señala la nota.
Así, entre las sugerencias del GOB a la revisión del PGOU de Pollença figuran impedir más construcciones en las zonas de Formentor, El Vilar, La Font y Sant Vicenç. Con el objetivo de evitar nuevos consumos de territorio, "frenar agresiones paisajísticas de primer orden e impedir crecimientos poco sostenibles", cita la organización.
Concretamente, la entidad ecologista quiere que se evite un nuevo crecimiento a la entrada de Sant Vicenç, en forma de equipamiento lúdico-deportivo, así como de edificaciones turísticas, que se levantarían sobre una zona boscosa. A lo que agregaron la ampliación del Hotel Formentor y la "congelación parcelaria" de esa zona.
También reclama el GOB que el nuevo PGOU, cuyo plazo de exposición pública acabó el pasado mes de agosto y previsiblemente quedará adaptado al Plan Territorial de Mallorca, "impida" la construcción de nuevos chalés en las urbanizaciones de La Font y El Vilar, que consideró muy degradadas después de medio siglo de edificación de esos parajes.
Cabe señalar que el PGOU de Pollença inició su tramitación a principios de la década de los 80 y acabó de aprobarse l'año 1991. Desde entonces, el Plan ha sido objeto de alguna modificación puntual y su adaptación al Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT).
* Europa Press - 8.09.09
Foto: Pollença (Mallorca) - mallorcaweb.com
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Tema: NOTICIAS Baleares
El ruido es nuestro
FERNANDO DELGADO* : Suele tenerse al ruido por una seña de identidad de los españoles: los beneficios del silencio son muy mal valorados entre nosotros y el griterío es una característica patria muy reconocida. La escasez de materiales aislantes en la construcción, el tráfico aéreo o el ruido de las fábricas y las obras, con no faltarnos, y menos a los madrileños, no es lo que nos permite que sólo Japón le lleve a España la delantera como país ruidoso. Son fenómenos muy extendidos.
El antipático sonido del despertador, tan universal, tampoco. Pero si bien he llegado a saber de ese dudoso privilegio de España como segundo país del mundo con mayores niveles de contaminación acústica, gracias a las encuestas de los especialistas en el cuidado de la audición, me he quedado sin saber qué parte de ese honor corresponde a Madrid en un solidario reparto autonómico y municipal del bullicio exagerado.
En todo caso, si el COI no ha visto un pero para la candidatura de Madrid a los juegos olímpicos en su contaminación acústica, bien que tampoco en la de Río o Chicago, por ejemplo, no creo que al alcalde el ruido le quite el sueño. Pero si en el listado de los ruidos que más molestan a los ciudadanos están las obras, ni Barcelona, que tanto en lo bueno como en lo malo procura ir por delante, podría ganar a Madrid en molestias. Y si se trata de los locales de ocio nocturno tampoco creo que haya en España quien pueda llevarnos la delantera. No nos la llevan, por supuesto, en el sonido de los aviones, en el tráfico, en las industrias y mucho menos en el mal uso de las bocinas. Los bocinazos son el más habitual desahogo del conductor madrileño desesperado que, aún conociendo la inutilidad de hacer sonar sus bocinas, organiza una verdadera escandalera para su propia complacencia en el ruido.
Otra cosa son las fiestas populares, que figuran en el listado de las molestias acústicas de un modo destacado, pero no porque Madrid no las tenga, y bien ruidosas, sino porque si son los fuegos de artificiales, la música y el bullicio festero lo que molesta nadie podrá disputarse la palma con Valencia y pocos pueblos y ciudades están libres de semejantes ruidos. Cada tiempo además ha tenido sus propios ruidos y ahora mismo hay un pueblo enfrentado por un gallo que no para de cantar día y noche y a cuyos habitantes no molestan, sin embargo, los ruidos permanentes de las motos de sus criaturas. En Madrid no hay problema con el gallo: seguramente canta, pero no se le oye. Aquí el problema es otro: nuestra peculiar aportación castiza a la competición del estruendo, además de los botellones de las calles, el ruido inclemente de muchos lugares nocturnos o nuestras fiestas populares es la costumbre española, tan madrileña, de hablar muy alto, tenida por algunos como un rasgo cultural diferencial y por otros como una verdadera tradición, sin que falten los que consideran tal arraigo una agresiva horterada.
Sin embargo, en estos tiempos de prohibiciones y cuidados aparentes con nuestra salud, aunque la mental ande a veces un poco descuidada, como se desprende del ruido atronador del discurso político, las autoridades son capaces de imponer a setenta vecinos de Móstoles mil quinientos euros de multa por no limpiar la caca del perro, castigo tan justo por su intención como injusto por exagerado, y ni un céntimo por hablar a gritos en los espacios públicos. Cívico es que las normas de higiene exijan que se nos libere de los excrementos de todo tipo, pero no se obtiene igual éxito, a pesar de la ley, con los cultivadores del ruido. Y a través del oído, un órgano vital muy preciso y delicado, al que se le niega todo respeto, recibe cualquier mortal los sonidos estrepitosos que alteran su descanso o su sosiego y elevan su estrés.
Por eso es tan acusada la falta reiterada de una pedagogía en este sentido que afecta a la convivencia. Creen los gritones, unas veces arrogantes y autoritarios, otras simplemente seres muy vulgares, lo que algunos políticos en sus bravatas: que si hablan más bajo les va a faltar la razón o no se les va entender. No sé si en las encuestas se les ha preguntado por qué gritan, pero sospecho que no bajarían la voz para contestar. Y al fin desconfió tanto de la veracidad de sus respuestas como de las de aquellos que confiesan en gran número que no soportan el ruido del teléfono móvil, una actitud semejante a la que muestran en algunos foros respecto de los programas más degradantes de la televisión los que se dicen seguidores de La 2 de TVE. Y es que esa actitud hipócrita resulta común a cuantos rechazan el ruido bajo su propia ventana y van a organizarlo ante las ventanas de otros. O a quienes los ruidos de su gusto les parecen prodigios de armonía y un verdadero tormento el ruido ajeno. Una metáfora de casi todo lo que pasa.
* ELPAIS.com - Opinión - 8.09.09
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Arona: Expectación judicial
LAOPINIÓN/Tenerife* : Enchufes de personal municipal por parte de cargos públicos y de funcionarios del Ayuntamiento de Arona, manejo del dinero público en función de intereses electoralistas o amistosos y gasto de fondos públicos sin respetar el procedimiento legalmente establecido; desembolso de cantidades ingentes de dinero que debería asumir la iniciativa privada o el ciudadano; concesión de licencias urbanísticas que no cumplen los requisitos técnicos y/o legales (a determinadas personas mientras a otras se les deniega), adjudicación de obras y servicios públicos a dedo y casi siempre a las mismas empresas, disfrute de comidas e incluso viajes al extranjero financiados por empresas que luego han resultado beneficiadas por decisiones políticas controvertidas, cobro de comisiones para la concesión de licencias.
Esta es una pequeña parte del extenso listado de irregularidades y presuntos delitos que se investigan desde principios de 2007 en los juzgados en el marco de la instrucción del conocido como caso Arona, en el que han sido imputados de momento más de 30 personas entre gobernantes y ex gobernantes del Ayuntamiento aronero (de CC, PP y CAN), funcionarios de departamentos tan distintos entre sí como Urbanismo y Servicios Sociales, así como policías locales, un jefe de la Guardia Civil, empresarios y personal de banca.
Posibles ingresos en prisión. Y hoy arranca una nueva fase de este procedimiento al iniciarse la extensa ronda de comparecencias judiciales anunciadas antes del verano por el magistrado instructor del caso (Nelson Díaz Frías), comparecencias añoradas por muchos interesados en ver los derroteros de este caso y temidas por numerosos afectados, ya que no se descarta que en los próximos días haya nuevos ingresos en prisión protagonizados por cargos públicos y algunos llegan hasta a especular con la posibilidad de que sea inhabilitado de forma cautelar algún político.
Para hoy han sido citados el ex arquitecto jefe y el aparejador del Ayuntamiento de Arona, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, respectivamente, el empresario Arsenio Zamora y el arquitecto Zenón Rodríguez. Los tres primeros pasaron una media de dos meses en prisión al trascender una trama de supuesta corrupción urbanística que fue narrada al juez por parte de un empresario que asegura haber sido víctima de un intento de extorsión urbanística en el mandato 2003-2007 (el titular de la empresa Proguito, José Ramón Ansorena) y narrada también por el sobrino del aparejador municipal imputado en este caso.
Además de ellos, fue involucrado en esa trama de presunta corrupción urbanística el consejero del PP en el Cabildo de Tenerife y concejal de la oposición aronera Félix Sierra, quien fue edil de Urbanismo en Arona en la etapa 1999-2003 y cuyo domicilio y oficinas fueron registradas en el marco de este procedimiento el año pasado. Su comparecencia judicial, una de las que más expectación levanta por la gravedad de las acusaciones que pesan contra él, está prevista para el próximo miércoles.
Sin embargo, la palma de la expectación se la lleva el alcalde de Arona, José Alberto González, que ha sido citado para declarar mañana ante el magistrado Díaz Frías, ante la fiscal que desencadenó este proceso al interponer una querella basada en los indicios de delito contenidos en la documentación que le hizo llegar la oposición socialista de Arona a principios de 2007. Además, estarán también numerosos abogados del resto de afectados en este proceso en el que participan incluso letrados de prestigio estatal.
Escuchas. De momento, los fragmentos de escuchas telefónicas que han trascendido durante el mes de agosto han desencadenado escándalos que han salpicado al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, al presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, al consejero de Turismo, José Manuel Bermúdez –los tres de Coalición Canaria-, a la vicepresidenta del Parlamento canario, Cristina Tavío (PP), y al ex delegado del Gobierno José Segura Clavel (PSOE).
Y a medida que vaya trascendiendo el resto del sumario, más de uno tendrá no sólo problemas judiciales, sino también personales por los ataques, críticas y acusaciones que vierten contra políticos, empresarios, policías, periodistas y, cómo no, contra el juez instructor del caso. Las críticas y puñaladas que trascienden en las escuchas auguran, por ejemplo, que el alcalde aronero tendrá más de un problema con sus compañeros de gobierno y de partido a quienes pone tibios. Pero es que su gobierno está justito (gobierna con una mayoría de 13 ediles en una corporación de 25 concejales) y basta que un solo concejal se le ponga chulo para hacerle perder la mayoría e incluso el gobierno.
Volviendo al caso Arona, la última novedad ha corrido a cargo de Juan Manuel del Torco, abogado de dos imputados en esta causa y que planteó de forma oficial el viernes que los juzgados aroneros no son competentes para la instrucción de este caso y que el mismo debería pasar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias "porque hay un imputado que es aforado", señala en alusión al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero. Y aunque éste no está formalmente imputado, Torco apunta que "hay indicios razonables" para su imputación por tráfico de influencias.
* La Opinión de Tenerife - B. SALAZAR - 7.09.09
Foto: Arona (Tenerife), juzgados - E.Pérez, diariodeavisos.com
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7.9.09
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Tema: NOTICIAS Canarias
El despido de Roca o cómo quedarse de piedra
SUR/Málaga* : Parecía que Marbella había perdido su capacidad de asombro tras el estallido del 'caso Malaya' y el entramado de cloacas hediondas que salió a la luz, pero no. Un nuevo ejercicio de cinismo de Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo, vuelve a dejar de piedra, nunca mejor dicho, a todo el que se haya topado con este titular: 'Roca pide la readmisión a su puesto de trabajo o una indemnización'.
Después de tres años y medio en la cárcel, 'interruptus' por sólo nueve días, el Ayuntamiento mandaba al paro el 24 de agosto al presunto cerebro de la trama de corrupción municipal por faltar al trabajo. Literal.
Los motivos, para echarles de comer aparte. Pero eso no es lo peor. En un alarde de desvergüenza sin parangón, el murciano se resiste a salir de la nómina municipal y ha pedido a las autoridades laborales un acto de conciliación con el Consistorio para volver a su puesto de trabajo o, cuanto menos, asegurarse una indemnización millonaria -podría ascender a 230.000 euros- que tendría que salir de los mismos a los que deberá indemnizar si la sentencia condenatoria por el 'caso Saqueo' se hace firme. De ida y vuelta. Y lo dicho, de piedra.
DESPIDO
Absentismo de tomo y lomo
Pero vayamos por partes. Primero: El finiquito tardío. El PSOE anunciaba el jueves que el equipo de gobierno había resuelto hacía diez días el despido de Roca por «faltas repetidas e injustificadas a su puesto de trabajo». Los socialistas tomaban la delantera y desvelaban la medida, que pone fin a un absentismo de tomo y lomo y nada discreto, quizá porque los argumentos esgrimidos para mandarle al Inem eran difícilmente defendibles en una rueda de prensa por la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
Con un rosario de imputaciones vinculadas a la presunta trama de corrupción municipal que dejó tiritando las arcas municipales, dos sentencias firmes y otra camino de serlo, los asesores jurídicos contratados por el Ayuntamiento han considerado que hacer novillos es el argumento de mayor peso para blindar el despido ante las reclamaciones, ya en marcha, del ex asesor de Urbanismo. Así lo aseguró la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que apostilló que Roca no tenía cabida en la nueva estructura municipal. Sólo faltaría eso.
No por jurídicamente impecable -si lo es o no tendrán que determinarlo las autoridades laborales- deja de ser sangrante que el presunto cabecilla de la pandilla de supuestos delincuentes (con personajes como éste toda cautela es poca) haya acabado en el paro no por su currículum de despropósitos hacia Marbella sino por algo tan nimio dadas sus circunstancias como faltar al trabajo estando además encarcelado. Eso si se obvia que el absentismo comenzó a contar hace tres años y medio y que la primera sentencia firme, la puntilla que estaban esperando los juristas para transformar la suspensión del contrato en causa de despido disciplinario, llevaba varios meses sobre la mesa. Se mire por donde se mire, el despido de Roca llega tarde y mal.
ACTO DE CONCILIACIÓN
El culmen del surrealismo
Y Roca, lejos de tener un ápice de dignidad y dejar las cosas como están, vuelve a exhibir su cinismo. Ha contratado un abogado laboralista para recurrir la decisión y ya ha reclamado desde la trena volver a su puesto de trabajo o, por contra, que le indemnicen por despido improcedente a razón de los 9.066,83 euros de salario al mes, incluidas pagas extras y prorrateadas, lo que sumaría cerca de 230.000 euros. El acto de conciliación entre ambas partes, el culmen del surrealismo, tendrá lugar el 15 de septiembre en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de Málaga. El PSOE ha pedido al que fuera mano derecha de Jesús Gil que retire la demanda por respeto al pueblo pero pedirle a Roca que tenga miramientos con la ciudad vapuleada al paso del gilismo además de inútil es como predicar en un desierto donde no hay un oasis de moralidad.
'CASO MALAYA'
El juez se queda seis meses más
Que se lo pregunten si no al juez instructor del 'caso Malaya', Óscar Pérez, al que por cierto le toca volver a revisar una petición de libertad de la defensa del ex asesor de Urbanismo. El magistrado, que se conoce al dedillo las andanzas de la pandilla gilista, ha vuelto a ser noticia esta semana. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido prorrogar su estancia en la ciudad seis meses más para que pueda cerrar la investigación. Pérez, que destaca por su minuciosidad, pidió el traslado al Juzgado de la Contencioso-Administrativo de Málaga tras dos años al frente del caso que más ríos de tinta ha hecho correr en los últimos tiempos. Su marcha, por tanto, no será inmediata. Quedan algunos flecos por cerrar y no sería de recibo que un tercer juez llegara de nuevas y empezara desde cero. Marbella no puede esperar más tiempo a que se haga Justicia.
* SUR - 06.09.09 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Otra. Y van...
LUIS SUÁREZ/Cádiz* : Posiblemente, ahora caigo, a mí me dieron el Premio a la Conservación del Patrimonio Histórico Artístico Local, porque pensaron que así me podrían tener callado. Y es que yo, en cuestiones del Patrimonio Histórico, no me callo ni debajo del agua. Son ya muchas. El desastroso urbanismo que ha roto el urbanismo en damero modélico en esta Ciudad, exportado a las Américas, donde se conserva; las aceras de cuatro metros, que están haciendo en la calle Cruces, con la excusa de la accesibilidad para los carritos de los impedidos, que no parece sino que vayan a celebrarse en la citada calle las próximas Olimpiadas Paralímpicas, con parrilla de salida y meta para cuatro carritos en fondo...
... la destrucción de la Casa de las Cadenas; el expolio de Purullena; el "yo no lo sabía" del primero del PSOE cuando le dijeron que había votado que sí a la corta de pinos en Bahía Blanca; la destrucción punible de la Victoria; el derribo, acordado en 2000 por IP, de 'La Angelita', caserío rural del siglo XVIII, salvable con una sola modificación del estudio de detalle del trazado de esa avenida que no se sabe adónde va, porque tropezaría con los bloques de San Isidro y la barriada Ramiro de Maeztu, por un lado, y con la Venta Millán, por el otro; el PECH en los cajones, cuando ha costado tanto dinero.... Seguro que en el PECH estaba 'La Angelita'. ¿Qué es lo que se prentende? ¿Maltratar a los ciudadanos, privarnos del paisaje urbano y rústico protegible, saltarse a la torera la declaración de Conjunto Histórico-Artístico, mofarse de todos nosotros...? ¿O no es mofa el que los promotores de Bahía Blanca, luego de haber desforestado impunemente toda la zona, pongan ahora una valla de hierro simulando árboles? En cualquier ciudad civilizada esto no habría ocurrido. Vergüenza debiera daros que no podamos enseñar nada a los turistas, ni la Prioral, ni la Plaza de Toros, ni los palacios de cargadores a Indias, ni paseos, ni 'salones'... ¿Qué vais a hacer con el Hospital de la Santa Caridad ( vulgo San Juan de Dios)? ¿Dejarlo caer? ¿Dormís tranquilos? ¿Os parece bonito? No se os puede dejar solos, porque acabáis con esta Ciudad. Y no ahora, no seais gloriotes, es desde los años 60, sin solución de continuidad. Pero en los últimos veinte años, incluido este, sois como Atila y los hunos. Salvajes, mindundis, carguillos, barandas, risitas, ticnerviosillos, babos, marisabidillas, transcendentes, inservibles vitaminados, irresponsables, arribistas, irresolutos, mandamases, osados, enredadores, paniaguados, aprovecho la ocasión para reiteraros el testimonio de mi desconsideración más distinguida.
* Diario de Cádiz - Opinión - 6.09.09
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La costa de Lugo sufre la crisis del ladrillo con unos 3.000 pisos vacíos
LAVOZDEGALICIA* : El bum de la construcción, que hizo a muchos vecinos millonarios de la noche a la mañana, pasa ahora su factura. La costa de Lugo, A Mariña, paradigma del bum urbanístico gallego, parece estar pagando ahora los excesos de una construcción desbocada. Lo hace en forma de miles de pisos vacíos, ya acabados o en fase avanzada de ejecución.
Así era A Mariña: promociones que se vendían con solo colocar en una finca un cartel anunciando una próxima edificación; vecinos que se hacían millonarios de la noche a la mañana con terrenos que sus padres y abuelos habían dedicado a sembrados o pastizales y que multiplicaban su valor con solo nombrarlos; rumores que se pagaban a precio de oro; inmobiliarias de toda España que acudían a la llamada del dorado; intermediarios que aparecían en cualquier esquina; lugareños que se hacían expertos en urbanismo hablando de porcentajes de edificación y planes sectoriales en barras de bar y en la cola del pan? Ciertamente, en pocos lugares como la costa de Lugo se vivió un bum urbanístico semejante al calor de las hipotecas baratas. Eran los años 2005 y 2006.
Pero hoy el panorama es muy diferente y pasa factura en forma de pisos vacíos. Son centenares de viviendas, probablemente varios miles. Los promotores consultados ofrecen cifras muy dispares, pero comparándolas parece cuando menos prudente hablar de unas 3.000 de nueva construcción.
José Quintas -administrador de Proquintas- se anima a asegurar que solo en Foz puede haber entre 500 y 1.000, mientras que en Barreiros calcula que son unas 600. El alcalde barreirense, Alfonso Fuente, reduce la cifra a entre 300 y 400. En Burela, el Partido Popular local -que ha propuesto al Concello que cree una bolsa de alquiler- estima que son entre 500 y 600. En Viveiro -según el Ayuntamiento- hay entre 700 y 800. En O Vicedo se habla de más de cien. Cervo, Ribadeo, Xove y otros concellos suman algún centenar más de pisos a la lista.
Y a ello hay que añadir proyectos pendientes de iniciar, obras paralizadas y promociones por concluir, que auguran que el ajuste de la construcción en A Mariña aún tiene por delante un largo recorrido. No obstante, se aprecian algunos «brotes verdes». El alcalde de Foz, José María García Rivera (PSOE), se muestra exultante al hacer balance del verano: «Houbo un empuxón moi grande. En Foz vaise vender todo canto se constrúa e vaise converter nunha cidade importante. Sei dun edificio que a 1 de xuño tiña vendidas 15 vivendas e hoxe ten 47». Pero no es menos cierto que basta dar un paseo por algunas calles para ver la cantidad de vivienda libre que sigue existiendo.
El Sanxenxo de A Mariña
«Barreiros, el Sanxenxo de A Mariña». La frase fue atribuida al alcalde con motivo de un concierto patrocinado por Proquintas para promocionar una urbanización de 54 chalés de lujo en primera línea de playa. Fue a finales del año 2006 y constituyó todo un acontecimiento, insólito en A Mariña. Actuaron David Civera, Natalia de Operación Triunfo y la Década Prodigiosa. Pero la licencia, entre otras, fue recurrida por la Xunta y el juzgado ordenó la paralización cautelar de las obras. Más de dos años después así continúan. De nada le ha valido al promotor, José Quintas, disponer de la licencia de obra del Ayuntamiento. Él continúa sintiéndose cabeza de turco de una operación de maquillaje de la anterior Xunta. «A proba é que preto da miña finca, de 80.000 metros cadrados, hai edificios facéndose», señala.
Quintas afirma que en una semana vendió el 25% de los chalés: «Os compradores seguen aguantando, porque esperamos que todo se amañe», dice, y asegura que tiene licencia para unas 400 viviendas que no ha iniciado «por culpa da Xunta». A su entender, el panorama que se presenta para muchos constructores es «complicado».
Vuelven los clientes
El ribadense José Pulpeiro representa como pocos el perfil del constructor hecho a sí mismo. A sus 74 años sigue al pie del cañón de una profesión que heredó de sus padres y en la que ha instruido a sus hijos. Reconoce que nunca se ha vivido una crisis semejante: «Pero por fin parece que agora está remontando un pouco. Despois de dous anos sen vender nada empezan a vir clientes a ver as obras».
Pulpeiro apunta un culpable de la crisis (los bancos) y la puntilla en A Mariña (la intervención de la Xunta). «Aos construtores de toda a vida fíxonos moito dano a especulación, a xente que acudiu buscando o carto fácil porque subiu moito o prezo do solo. Todas as empresas que empezaron provisionalmente, sen ter experiencia, van caer, porque non dan acabado as obras e teñen que entregalas», explica.
El cambio ha sido radical. Hay datos concluyentes. Por ejemplo, en el primer semestre del 2009 en Foz se visaron solo cuatro viviendas, mientras que en Barreiros fueron siete. Hace unas semanas la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción logró arrancar del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, el compromiso de que a finales de este mes o a principios del próximo intentará presentar un plan para desbloquear el urbanismo en Barreiros. Para bien o para mal, A Mariña seguirá dando de qué hablar.
* La Voz de Galicia - José Alonso Quelle - 6.09.09
Foto: obras paradas. Una promoción de chalés tasada en 30 millones en Barreiros está parada cautelarmente por el juzgado desde el año 2007 - lavozdegalicia.es
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6.9.09
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Tema: NOTICIAS Galicia
La lentitud judicial con las denuncias urbanísticas juega a favor de los infractores
LAVOZDEGALICIA* : Ayuntamientos, promotores, arquitectos y los mismos jueces son conscientes de que la lentitud de la maquinaria judicial es el factor primordial que juega a favor de los infractores urbanísticos. Los procesos judiciales son largos porque la propia materia es compleja, con un sinfín de normas que los más expertos ayudan a exprimir para provocar que las resoluciones se demoren.
Pueden pasar hasta cuatro años para que una licencia se impugne. Transcurre un tiempo hasta que el ayuntamiento responde, casi siempre en sentido contrario a la petición. Después llega al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que, en estos momentos, tiene un retraso de tres años en resolver, pero que en la década anterior llegó a los cinco. Otros tantos va a pasar el proceso en el Supremo. En total diez años, en el mejor de los casos; tiempo al que hay que añadir las sucesivas incidencias hasta llegar a la orden definitiva de demolición.
Trucos
La picaresca abunda en estos conflictos. En más de una ocasión los denunciantes de las infracciones urbanísticas intentan llegar a acuerdos económicos -en la jerga judicial se denomina «venta de sentencias»- con los concellos o los constructores, prometiéndoles no instar la ejecución. Así se lo hacen saber al tribunal, pero es un vano intento, porque lo que no esperan los firmantes de tal acuerdo es que los tribunales no pueden acceder a sus pretensiones. La Justicia tiene que ejecutar la resolución, porque se ha cometido una infracción urbanística y hay que restablecer la legalidad con la norma legal vigente.
En muchas ocasiones, los ayuntamientos alegan falta de competencia para ejecutar alguna demolición. Suele ocurrir en la zona rural con los cementerios parroquiales y en los edificios costeros. Un magistrado manifestó: «Aquí no conseguimos derribar ni los nichos ilegales». A veces son los vecinos los que se oponen al derribo. Luego están los jueces, que entienden que los propietarios de un edificio afectado por una orden de derribo, que compraron los pisos sin conocer la ilegalidad de los mismos, no tienen culpa alguna. Ante esto, terminan por mirar hacia otro lado.
* La Voz de Galicia - 6.09.09
Foto: justicia lenta - elpais.com
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6.9.09
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Tema: NOTICIAS Galicia , NOTICIAS URBANISMO
¿Contra la reconstrucción de Barcelona?
ORIOL BOHIGAS* : En estos últimos meses, los ciudadanos de Barcelona están alarmados por la degradación física y social en la que va cayendo la ciudad, después de una temporada en la que se la veía cuidada y próspera, con promesas de futuros positivos y esperanzadores y en una consideración internacional creciente. Se daban críticas y advertencias de pasos mal dados y quizá de errores de ideología, de criterio o de gestión, pero, en general, existía la confianza en unas mejoras urbanas –en el sentido físico, social, representativo– que, incluso con una visión crítica, la valoraban desde dentro y desde fuera.
Ahora, protestas más generalizadas se refieren, principalmente, a la grave dejadez del espacio público: la suciedad enquistada, el ruido, la mala educación, las obras desorganizadas, los usos descontrolados del espacio público, la delincuencia callejera, el botellón, los top manta, etcétera, son los principales motivos de malestar, no solo por sí mismos sino también por las mafias y el desorden social que conllevan. No es que no se recalquen también temas estructurales más profundos que denotan insuficiencias y abandono, pero la descalificación grosera y malsana del espacio público ha arrancado una indignación popular, sobre todo cuando los medios de comunicación han denunciado el sector quizá más llamativo: el terrible espectáculo de la prostitución desenfrenada al aire libre en todo el Raval, principalmente bajo la columnata del entorno de la Boqueria. Es desesperante ver cómo aquella Barcelona ilusionada y prometedora de la primera democracia y de los Juegos Olímpicos ha acabado –o existe el riesgo de que acabe si las autoridades no asumen su autoridad o si no se resuelven los grandes problemas sociales y sus precedentes económicos– en un urinario público, alternado con las urgencias de un prostíbulo cochambroso.
Pero sería un error pensar que estos espectáculos más degradantes son hechos aislados que hay que atender y corregir como situaciones autónomas y aisladas. A mí me parece que son consecuencia de una falta de atención a la importancia social del espacio público, de sus valores representativos y de su función colectiva. Diría que el espacio público, el espacio en el que se conforma la vida urbana, o sea, el espacio generador de la ciudadanía, no es hoy tan protagonista en las intenciones de los políticos que nos gobiernan como lo era en las de los políticos de aquella Barcelona que culminó con los Juegos Olímpicos. Porque la degradación del pórtico de la Boqueria es muy llamativa y muy noticiable, pero existen casos de mayor envergadura, como es, por ejemplo, la degradación lenta pero segura de muchas plazas y muchos parques construidos hace 25 años. Podríamos decir que lo que ocurre en la Boqueria –o en la calle de Petritxol, o en la Rambla, o en los alrededores de la plaza Reial– es solo el escaparate de una situación nefasta que afecta a buena parte de Ciutat Vella.
Este cambio de actitud respecto al espacio público urbano se manifiesta, por ejemplo, en todo lo que está pasando en unos espacios muy significativos de la política urbanística de aquellos años pasados: la plaza de los Països Catalans y el parque Joan Miró. Los dos fueron muestras cruciales de una nueva forma de entender el diseño urbano y, específicamente, la imagen, la función, el signo cultural del espacio público. Podríamos decir que, junto con algunos proyectos de la misma época –parques de L’Espanya Industrial, el Clot, Pegaso, la Creueta del Coll, plazas de La Palmera, Sóller, etcétera–, quedó marcado el modelo Barcelona, no en el sentido demasiado absorbente de política general en el que hoy se utiliza, sino en el de un estilo y un método específico de diseño urbano que conquistó reconocimientos internacionales. Pues bien, la plaza de los Països Catalans está toda destrozada, anulada y ridiculizada por culpa de unas obras que hace años que duran y que han ocupado lo que queda de ella con servicios y escombros de la obra pública. No queda nada de su poética sutil ni del testimonio de una primera experiencia mundial de plaza amueblada.
En el Parque Joan Miró la catástrofe todavía es peor: el proyecto ejecutado en 1981 fue el resultado de un concurso muy polémico en el que se discutieron temas esenciales para el futuro del método, estilo y gestión del espacio público. Al cabo de unos cuantos años de inaugurarse se transformó radicalmente para incluir en él un depósito regulador de agua, un aparcamiento y otros servicios. Tuvieron el acierto de encargar la modificación a los mismos autores. Pero esta modificación se dejó inacabada y, por tanto, mutilada. Ahora, de pronto, el ayuntamiento ha decidido ocupar la plaza con un cuartel de bomberos, un edificio cuya provisionalidad es dudosa por la envergadura, los costes y las imprevisiones de gestión ya incorregibles al programar una ampliación del Hospital Clínic en el solar del viejo cuartel.
Podemos ampliar la lista de intervenciones urbanísticas de los años 80 y 90 que han recibido últimamente malos tratos, todas ellas programadas bajo la bandera de la reconstrucción de Barcelona y de la recuperación del espacio colectivo como marca de imposición civilizadora. Ahora parece que se acabó la voluntad de reconstrucción y que, al acabarse, sobresalen los desechos indignos, las enfermedades incurables, como la prostitución al aire libre del Raval. Pero, ¿podemos quejarnos solo aisladamente de que la columnata jónica de la Boqueria sea maculada por la prostitución, mientras el ayuntamiento destroza la plaza de los Països Catalans y el parque Joan Miró? ¿No habrá que hacer una crítica seria sobre la Autoridad de las autoridades?
*Arquitecto.
* El Periódico - Opinión - 6.09.09
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6.9.09
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Cataluña
Barcelona: Los vecinos recurren las obras del parque de bomberos en Joan Miró
ELMUNDO/Barcelona* : Después de la manifestación de agosto en la que unos 150 vecinos de los alrededores del parque Joan Miró protestaron por las obras que el Ayuntamiento está realizando para construir un parque provisional de Bomberos, varios vecinos de la zona denunciaron ayer la "ilegalidad" de las obras, tras haber tenido acceso al expediente.
Es por ello que el jueves decidieron presentar un recurso de alzada en el Consistorio "para exigir que se cumplan las leyes" y que "se restituya el daño causado" en la zona para que recupere su estado original.
La abogada que representa a los vecinos, Patricia Plaza, explicó que algunos de ellos han tenido al acceso al expediente de las obras, gracias a la mediación del Síndic de Greuges. Según su versión, el terreno sobre el que se alza el parque de Bomberos está calificado como parque y jardín en el Plan General Metropolitano (PGM), "lo que no permite edificar, ni siquiera equipamientos", detalló.
Una de las vecinas contrarias a estas obras, Jacqueline Contreras, afirmó que, según el expediente municipal, "para poder edificar sobre esta zona la cuestión debe debatirse y aprobarse en un pleno del Ayuntamiento de Barcelona, cosa que no ha ocurrido", criticó.
El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido que L'Escorxador albergue un parque provisional de Bomberos ya que el de la calle de Provença pasará a formar parte del Hospital Clínic. La elección de esta zona está justificada, según el Consitorio, por el hecho que desde allí se puede dar una rápida cobertura a cualquier punto del Eixample, en diez minutos.
A este respecto, Jacqueline Contreras afirmó ayer por la tarde que «ese tiempo de actuación es imposible porque ahora mismo la calle por la que debieran salir los coches de Bomberos está completamente atascada de tráfico».
Los vecinos de la zona critican que el Ayuntamiento de Barcelona no les ha consultado sobre esta operación, que además eliminará uno de los pocos espacios verdes que quedan en el distrito.
* El Mundo - Xiana Siccardi - 5.09.09
Foto: Barcelona, ayuntamiento - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Cataluña
El botín de la crisis / El Roto

ELPAIS.com - 5.09.09 - El Roto
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
El juez decide seguir la causa al alcalde y ediles por viviendas de Cóbreces
ABC/Cantabria* : El Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega ha decidido continuar con la causa abierta contra el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones (PP), y cinco ediles del equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación por el bloqueo de la construcción de 80 viviendas en Cóbreces.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega rechaza un recurso del alcalde y los ediles imputados, y acuerda continuar la tramitación de las diligencias en un auto fechado el pasado 25 de junio y al que ha tenido acceso Efe.
El pasado mes de abril, el Juzgado de Instrucción número 4 decidió imputar al alcalde de Alfoz de Lloredo y a cinco ediles por haber votado a favor de una modificación de las normas subsidiarias del municipio que tuvo por objeto destinar la denominada "Finca del Obispado" a la construcción de viviendas de Protección Oficial (VPO).
Este contencioso tiene su origen en 2004, cuando una promotora adquirió la llamada "Finca del Obispado", en Cóbreces, con el compromiso de construir 40 viviendas sociales.
Pero una nueva empresa adquirió la finca y los derechos urbanísticos para construir viviendas de precio libre, y ése fue el origen de las desavenencias con el Ayuntamiento, que había mediado ante el Obispado en la primera venta de la parcela a otra sociedad, con el compromiso de que se destinaría a VPO.
Posteriormente, el equipo de gobierno del PP promovió la modificación de las normas subsidiarias para la construcción de viviendas de protección oficial, en una decisión que el juez cree "injusta" ya que, según señala en el auto, el compromiso original en la venta de la finca fue una especie de "pacto entre caballeros" que no se recogió de forma expresa en la licencia que se concedió para edificar los terrenos.
En el recurso planteado contra el auto que los imputa, la representación legal del alcalde y los ediles alegaba que la modificación de las normas subsidiarias había sido una resolución puramente administrativa, en la que se habían cumplido todas las formalidades legales.
Además, subrayaba el interés público de esa decisión e incidía en la necesidad de que la idoneidad de esa actuación fuera valorada en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sin embargo, el juez resalta que al instruir esta causa no pretende arrogarse cometidos propios de ese ámbito, y recuerda que el delito de prevaricación que se imputa no trata de "sustituir" a la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que sanciona supuestos de "injustificado ejercicio de abuso de poder".
Además, el instructor cree que la estrategia de los recurrentes es "falaz", porque intenta "obviar de forma palmaria" el motivo de elegir esa finca y no otra para la construcción de VPO, y que, a su juicio, fue "dotar de legitimidad normativa" el "pacto de caballeros" a tres bandas, entre el Obispado, el Ayuntamiento y la sociedad a la que inicialmente se vendieron los terrenos, que consistía en el compromiso de la adjudicataria de edificar ese tipo de viviendas.
Pero el juez insiste en que ese compromiso "no pasó de ser un pacto verbal" que no se reflejó en la licencia otorgada y considera que el cambio de las normas subsidiarias "fue el corolario de una serie de advertencias verbales sostenidas en el tiempo de forma absolutamente cruda y contundente por parte de los sucesivos alcaldes y concejales".
El auto rechaza que se "insinúe" que los conocimientos en materia urbanística de los ediles son limitados y destaca que "apelar a la figura del concejal que se limita a ser un votante autómata supone una inaceptable pretensión de irresponsabilidad".
El juez afirma además que todos los imputados "eran perfectamente conocedores" de que con el acuerdo adoptado estaban "forzando" a la empresa denunciante a "aceptar una situación que no le era exigible" si no era con la aprobación de la modificación puntual. "Actuaron por tanto de forma dolosa", concluye.
* ABC -EFE - 4.09.09
Foto: Cóbreces (Cantabria) - wikipedia.org
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5.9.09
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Tema: NOTICIAS Cantabria
El deslinde paraliza un plan urbanístico en la franja del litoral
INFORMACIÓN/Alicante* : El secretario municipal de Calp comenzó su análisis del deslinde marítimo-terrestre propuesto por Costas advirtiendo de que "en unas cosas es mejor y en otras nos perjudica". Y es evidente que todo depende de la perspectiva con la que se mire. Una consecuencia del deslinde es que el Ayuntamiento se ha visto obligado a suspender la concesión de licencias en todo el litoral afectado. Esta medida cautelar tendrá efectos inmediatos sobre el polémico estudio de detalle del Plan de Reforma Interior de La Manzanera, aprobado por el equipo de gobierno (PP, PSD y Bloc) el pasado mes de julio.
De hecho, ese plan urbanístico queda, de momento, paralizado y, en consecuencia, la edificación de siete bloques de apartamentos en el último tramo virgen del litoral de Calp. Así lo confirmaron ayer el propio alcalde, Ximo Tur,l Bloc, y el secretario municipal, Antoni Revert.
El proyecto en el acantilado de la cala Manzanera conllevaría levantar siete edificios de apartamentos de cuatro plantas sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados. El programa, que se benefició de compensaciones urbanísticas arrastradas desde el gobierno de Violeta Rivera (PSOE) y Javier Morató (PP), fue motivo de acusaciones entre el actual ejecutivo local y los socialistas. El alcalde incluso propuso en un pleno -y se aprobó- la creación de una comisión que investigara la gestión de este programa urbanístico por parte del anterior equipo de gobierno y su alcalde, Luis Serna, del PSOE.
De momento, la aprobación del estudio de detalle se queda en la nevera. La construcción de esta urbanización queda en el aire, ya que si, finalmente, el deslinde, dejara estos terrenos de acantilado dentro de la servidumbre de protección el proyecto no se podría llevar adelante. se acotara dentro de la zona de servidumbre de protección no cabría su desarrollo.
Ayer, se celebró una reunión ciudadana en el ayuntamiento y el alcalde subrayó su apoyo a los propietarios afectados. Respaldado por técnicos municipales y por el primer teniente de alcalde, Javier Morató (PP), Tur recordó que el deslinde realizado de oficio por Costas atañe a los 15.800 metros de la fachada litoral calpina y afecta a más de un millar de propietarios. Revert explicó a los vecinos que la nueva delimitación del dominio marítimo-terrestre carece de una memoria que aclare los preceptos legales en los que se basa.
* Información - E.V. - 4.09.09
Foto: Calp (Alicante), panorámica - diarioinformacion.com
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5.9.09
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El TSJA frena la venta de terrenos municipales en Punta Umbría
ELPAÍS/Huelva* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha pronunciado en contra de la venta de terreno municipal en Punta Umbría (Huelva) que la Consejería de Gobernación había autorizado en julio de 2008. El Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE, obtuvo permiso para sacar a concurso varias parcelas ubicadas cerca de la Ría y con una extensión aproximada de 195.000 metros cuadrados.
Ahora el TSJA, en un auto notificado el pasado martes, suspende de forma cautelar la venta de estas parcelas que pertenecen al sector Suelo Apto Para Urbanizar (SAPU) número 5, también conocido como el proyecto de La Peguera.
Incumplimientos
El PP presentó un recurso de reposición ante la Consejería el 1 de septiembre de 2008 alegando que la oferta de venta incumplía la Ley de Ordenación de Urbanística de Andalucía (LOUA), que recoge que el patrimonio municipal del suelo debe destinarse a la construcción de VPO o a otros usos de interés social.
El presidente del PP en la localidad, José Carlos Hernández Cansino, explicó ayer que "al no prosperar el recurso ante la propia administración" se inició la vía judicial. El proyecto de venta se aprobó en el pleno municipal de Punta Umbría el 22 de abril de 2008.
Según Hernández Cansino, el Ayuntamiento pretendía construir en este terreno 60 chalets unifamiliares, dos edificios de apartamentos, dos hoteles de lujo y "muchas más cosas que no se parecen en nada a viviendas protegidas o a otros proyectos de interés social, además de bajar el valor del suelo en un 25%".
* ELPAIS.com - LIDIA JIMÉNEZ - Huelva - 04/09/2009
Foto: Punta Umbría (Huelva) - GarcíaCordero (El País)
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5.9.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Vecinos y empresarios se unen para denunciar el mal estado de La Manga
LAVERDAD/Murcia* : Suciedad en las calles y playas, falta de alumbrado en muchas zonas, escasa presencia policial, carencia de infraestructuras deportivas, culturales y educativas, así como un transporte público casi inexistente. Esta es la situación que viven año tras año los vecinos y empresarios de La Manga. Están hartos, y por eso se han unido para exigir al Ayuntamiento de San Javier que solucione todos esos problemas.
Encabezados por la portavoz del grupo Independiente de San Javier, Arancha Espeso, y a raíz del artículo publicado por este diario donde se denunciaba el mal estado de La Manga, vecinos y empresarios denunciaron «el abandono y la desidia» en el que los tiene sumidos el consistorio.
«Se trata de una situación vergonzante e insostenible. El Ayuntamiento hace oídos sordos a las necesidades de los vecinos por simple pasividad o por obligarlos a que impulsen su ánimo de independencia», dijo Arancha Espeso.
Para demostrar el ánimo de los vecinos, el Grupo Independiente encargó a una consultora una encuesta para valorar los servicios públicos. En ella han participado 204 personas de ambos sexos, de todas la pedanías y de diferentes edades.
Los resultados indican que la mitad de los encuestados dice que la limpieza es mala, el alumbrado es deficiente, el medio ambiente no se cuida y que tienen sensación de inseguridad.
En cuanto al transporte público el 80% asegura que esta mal y que es insuficiente. Entre sus principales quejas se encuentra la pésima pavimentación de las calles y de la total ausencia de infraestructuras deportivas y culturales. En la encuesta otorgan un aprobado justo a la atención, gestión y tramitación administrativa, y en cuanto al cuidado del patrimonio le dan un suspenso.
«Ni un tsunami ni el cambio climático acabarán con La Manga, sólo la mala gestión de un Ayuntamiento que nos tienen abandonados», dijo esta responsable política.
Playa Honda
Por otro lado, la Asociación de Vecinos de Playa Honda quisieron desvincularse de las declaraciones de Izquierda Unida en las que criticaba la ausencia de instalaciones deportivas en la zona, ya que en opinión del presidente hay suficientes.
* La http://www.laverdad.es/murcia/20090904/comarcas/vecinos-empresarios-unen-para-20090904.html">* La Verdad - ANTONIO LÓPEZ - 4.09.09
Foto: La Manga (Murcia) - JM.Rodríguez, AGM (laverdad.es)
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Tema: NOTICIAS Murcia
El informe de la UE sobre las viviendas ilegales de Almería ya reconocía la implicación de los compradores en la trama
TELEPRENSA/Almería* : La investigación del conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman, los eurodiputados que informaron por delegación del parlamento europeo sobre la corrupción urbanística en Almería, Madrid y Valencia, defendieron el pasado once de abril un informe en el que se recogen todas las quejas de los ciudadanos británicos afectados, pero también su consentimiento en algunas prácticas.
El Valle del Almanzora queda seriamente dañado y más en concreto la imagen de Albox, localidad de la que se dijo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que su ex alcalde, Francisco Granero, está siendo investigado y que una trama entre administración local, promotores y abogados, ha llevado al engaño a los ciudadanos extranjeros afincados en esa zona. En el informe también se recogen apreciaciones hechas en las entrevista mantenidas en Almería y que forman parte de ese informe en el afirman que “parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales de buena fe, no son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido”, suscriben Libicki y Cashman.
La Comunidad Británica no ha aceptado de buen grado que se ponga en duda su papel de víctimas como única versión de lo ocurrido en El Almanzora, pero los constantes ataques en medios de comunicación de habla inglesa también han colmado la paciencia de los nativos de la zona, que no entienden por qué las actividades de unos pocos empiezan a poner en peligro su futuro como zona de expansión reglada y con todas las garantías.
El chollo, las mansiones a precios irrisorios y llave en mano escondían ilegalidades que fueron aceptadas de una y de otra parte. Pese a que nadie pone en duda que algunos fueron compradores de buena fe, también se apunta que los corredores de fincas, los comisionistas que actuaban en suelo británico como primer enlace con los futuros clientes, son parte de una trama que se escapa de la justicia española, pero no por ello dejan de ser el primer eslabón de una cadena que terminará con el derribo de aquellas villas que sean insalvables.
Según la traducción no oficial realizada para teleprensa.es, en el apartado dedicado a Andalucía y en concreto a Almería, los eurodiputados exponen que: “Aunque el día de la visita coincidiera con el Día de Andalucía, los representantes del gobierno regional en la Provincia de Almería se reunieron durante dos horas con los delegados del Comité de Peticiones para hablar de las leyes de urbanismo en Andalucía y su aplicación en las distintas provincias.
Las autoridades informaron a los delegados sobre sus objetivos de un desarrollo ordenado, sostenible y planeado del territorio. Pero admitieron y reconocieron que varias autoridades municipales habían actuado incorrectamente y en algunos casos, como en Málaga, habían actuado ilegalmente, pero que el alcalde y varios de sus concejales habían sido detenidos. Declararon que la construcción ilegal no disponía de los servicios mínimos de agua, electricidad y recogida de basura, reconociendo que las enormes sumas de dinero se habían obtenido a costa de tales prácticas ilegales.
Los representantes del gobierno regional afirmaron que, materia de aplicación de las leyes urbanísticas, las autoridades municipales tenían un elevado nivel de autonomía, pero que estaban obligadas a actuar dentro de ciertas pautas, en cuanto al tamaño y el grado del desarrollo, (desarrollo sostenible que reiteraron era la primera prioridad de la planificación de uso de tierra).
Ellos también indicaron que no todas las autoridades locales consultaban al técnico urbanístico y que las reglas de Valencia no eran aplicables a Andalucía. Afirmaron también que un grupo de promotores locales podría haber combinado sus recursos para desarrollar conjuntamente el terreno, en lugar de hacerlo individualmente.
Cuando las autoridades locales decidieron que el desarrollo era necesario para el público en general, se contrató al constructor que hace su oferta la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, según la ley andaluza.
La información relacionada con proyectos urbanísticos fue publicada y los promotores afectados fueron informados, así como los notarios y registradores ya que fueron los que legitimaron la obra.
La recalificación del terreno de rural urbanizable, implica que el dueño de la tierra tiene que ceder el 10% del terreno a las autoridades locales para la utilidad pública y que el promotor debe pagar una proporción del coste de los nuevos servicios.
Durante la reunión mantenida, las autoridades afirmaron que el interés público debe ser definido según las necesidades específicas de cada desarrollo que tiene en cuenta coacciones ambientales, económicas y sociales de cada comunidad implicada.
Los delegados del Comité de Peticiones, fueron informados que todos los proyectos debían ser notificados al Gobierno Regional para su aprobación final y que los proyectos podían ser desechados si consideran que no cumplían con los principios de la ley regional. Los ciudadanos son capaces de apelar contra la planificación de decisiones a las autoridades regionales y una Corporación de inspectores ha sido establecida para investigar la realización de proyectos urbanísticos. La cabeza del Servicio de Investigación estaba presente para la discusión del mismo. Las prescripciones han sido impuestas a proyectos de urbanización que no han cumplido con los criterios de conservación y de desarrollo sostenible.
Existen cinco casos disciplinarios contra autoridades locales por actividades urbanísticas ilegales.
Sin embargo, era aparente que a pesar de las salvaguardas, los abusos han ocurrido. Dos en particular eran los de mayor interés para los delegados del Comité: la situación en Ronda, y en Albox y el valle de Almanzora. En el segundo caso, existió un tácito entre constructores y las autoridades locales que llevó a la construcción de varios cientos de casas ilegales que fueron compradas sobre todo por expatriados, por agentes inmobiliarios certificados y abogados, de buena fe. Muchos de ellos están ahora bajo la amenaza de demolición. El Alcalde está bajo investigación.
La delegación fue informada por las autoridades regionales que el estado ilegal se aplica sólo a la vivienda y no a la tierra en la cual está construida. Una casa ilegalmente construida puede ser demolida y la tierra repoblada hasta alcanzar su estado original. (Una comparación desafortunada se realizó entre la compra de una casa ilegal y la compra de un coche ilegal, que la ley confisca.) Afirmaron que, nadie que compre una casa ilegal de buena fe, puede emprender acciones legales en contra del vendedor, ya que dicho procedimiento le podría llevar años y podría ser demasiado costoso.
Sin embargo, parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales de buena fe, sin saberlo (porque han sido engañados o víctimas de un fraude) según el gobierno regional, no son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido.
Tampoco puede afirmarse que la culpa o responsabilidad se le debe exigir a las autoridades locales, a los constructores que se han beneficiado con la construcción, y las autoridades regionales que eran ignorantes de lo que pasaba o que decidieron no actuar para prevenir tal acontecimiento. No hay, en resumen, ningún procedimiento aparente, fuera de los tribunales, para resolver el problema.
Es cierto que ambos casos de construcciones ilegales son completamente diferentes, a pesar de que ambas construcciones se realizaran sobre zonas prohibidas, bien zonas especiales de conservación o llanuras sujetas a inundaciones designadas.
Para evitar la demolición, el propietario está obligado a conseguir una rectificación del estado de la tierra o los permisos de edificación pueden ser una posibilidad que conservará su propiedad.
Tomando uno u otro camino y considerando la gravedad del asunto, debería existir algún tipo de tribunal administrativo que se dedicara a resolver tales asuntos, ya que en dicho problema están implicados todos los partidos. Sería una forma de aliviar de tal carga a las víctimas inocentes de esta situación. Lo que es evidente es que los residentes de las viviendas ilegales de Albox no recibieron el consejo apropiado por parte de las autoridades locales, topógrafos o abogados.
Conclusiones.
La aplicación de las leyes de urbanismo han resultado ser problemáticas en algunas de las Comunidades Autónomas. Las presiones para realizar proyectos de desarrollo urbanístico, están promovidas principalmente por la comunidad comercial, ya que son las que más se lucran con estas actividades.
Los residentes locales, español o no, son los principales afectados en tales proyectos urbanísticos, e inevitablemente son los que más tienen que perder. El algunos casos se arriesgan a perderlo todo, principalmente los residentes de la Comunidad Valenciana.. Fue en esta región donde la delegación del Comité de Peticiones se encontró con la mayor arrogancia y las menos explicaciones a cerca de la explotación urbanística de gran número de parques naturales y zonas protegidas. Por otra parte, es la región de donde proceden la mayoría de las quejas. Esto no quiere decir que no existan problemas en otras comunidades.
La solución al problema de excesivo urbanismo, podría solucionarse con la colaboración de las autoridades locales y las asambleas regionales. El gobierno nacional tiene que desempeñar el papel de asegurar el cumplimiento del Tratado y la legislación de la Unión Europea, en asuntos como derechos fundamentales. La Constitución española tampoco ha sido probada en relación a la explotación urbanística que tantas víctimas ha creado. La única tentativa, de un importante abogado valenciano, de llevar el caso al Tribunal Constitucional, en una materia procesal.
No fue mucho antes, cuando el tema llegó a la Corte Europea de Justicia, cuya decisión fue en contra de España y de las Autoridades Locales, ya que se las consideró las responsables de los problemas causados a las víctimas.
El Comité de Peticiones continúa decidido a cumplir con sus responsabilidades haciendo cumplir el Tratado, para defender al ciudadano europeo y darle su firme apoyo. Existe sin duda una carencia en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, en materia de defensa de sus propiedades. El Parlamento Europeo y las demás instituciones de Unión Europea tienen una obligación clara de asegurar a los ciudadanos que nadie viole sus derechos fundamentales. Es de interés general que esto suceda lo antes posible.
* Teleprensa - 4.09.09
Foto: Zurgena (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El edil infractor del gobierno de Nigrán acaba su obra con la licencia caducada
LAVOZ/Pontevedra* : El edil del gobierno de Nigrán, Cándido Costas, ha conseguido salirse con la suya y ha terminado de edificar una vivienda ilegal en el barrio de A Cruz de Camos después de no darse por enterado de una orden de paralización de las obras que el alcalde, Efrén Juanes, le notificó por correo postal a mediados de agosto.
El caso ha retumbado en el juzgado número 4 de Vigo que, de una manera insólita en Nigrán, ha requerido al Seprona que desplace una patrulla a la polémica parcela del camiño do Seixo para precintar la obra, que podría interpretarse como en una muestra de desconfianza hacia la labor municipal.
Los agentes acudirán a primera hora de la mañana de hoy para cumplir la orden y se encontrarán con una edificación ya terminada, pero quien vaya a ocuparla se expondrá a un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
Los trabajos experimentaron un notable avance desde el pasado 12 de agosto, precisamente cuando el alcalde, Efrén Juanes, ordenó la paralización de los mismos como medida cautelar para iniciar un expediente de caducidad de la licencia, tal y como le había requerido la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Juanes ordenó la paralización y se marchó de vacaciones creyendo haber resuelto el problema, pero el pasado 25 de agosto entró en el registro del Ayuntamiento el anuncio del juzgado sobre el precinto de la obra previsto para hoy. Sorprendido por esta comunicación, el alcalde en funciones, David Giráldez, acudió al expediente y comprobó que el edil Cándido Costas no había recogido en la oficina postal la notificación de la alcaldía para parar las obras.
Un informe del policía de Urbanismo ha comprobado el avance que han experimentado las obras durante todo ese tiempo. «Apreciase que rematou ca formación da cuberta da edificación, o instalar tella curva e rematado e pintado dos aleiros, e se instalou toda a carpintería exterior da obra consistentes en fiestras de aluminio, porta e persianas de cor branco», hace constar el funcionario.
David Giráldez hizo entonces que a Costas le llegara la notificación en mano, que recibió el día 27 a la entrada de una comisión de gobierno, aunque también consta que por fin fue ese día a recogerla a la oficina de correos. Para entonces, ya había terminado el trabajo.
Escándalo
La Fiscalía presentó en junio una querella contra el edil socialista por ejecutar la obra fuera de plazo. La maquinaria administrativa y judicial no ha logrado impedir el desarrollo de los trabajos. Es otro ejemplo de la conocida política de «hechos consumados», que ha sembrado el paisaje gallego de ladrillos donde no debía de haber más que árboles o, a lo sumo, explotaciones agrícolas. Pero este caso adquiere tintes de escándalo público porque su responsable es un miembro del gobierno, perteneciente al grupo del PSOE, un partido que enarboló la defensa de la legalidad urbanística para derrocar al PP del poder local en las anteriores municipales. Cándido Costas es ahora una piedra en el zapato de Efrén Juanes y ha abierto un debate muy serio en la militancia socialista de Nigrán.
* La Voz de Galicia - Alejandro Martínez - 2.09.09
Foto: Nigrán (Pontevedra) - mma.es
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4.9.09
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Tema: NOTICIAS Galicia
Aborto urbanístico
ELDIARIOVASCO/Gipuzkoa* : Asier Basterretxea dice «No al aborto... urbanístico. Últimamente contemplo con estupor y cierta preocupación la funesta deriva urbanística acometida por el consistorio de Hondarribia. Carente no sólo de una coherencia estética que cualquiera debería exigir en un entorno tan privilegiado y equilibrado como ha sido siempre Hondarribia, las últimas tropelías -bien acometidas, bien permitidas por el Ayuntamiento- dan muestra de lo preocupante que empieza a ser la situación.
a) Las nuevas escaleras mecánicas de acceso a Soroeta desde el muy histórico arrabal de la Magdalena: ¿pretenden hacernos creer que, con la tecnología existente hoy en día, la única solución viable para una obra, por otra parte necesaria, pasaba por semejante esperpento, máxime teniendo en cuenta el presupuesto manejado?
b) El nuevo edificio de viviendas de Kofradia: ¿de qué ilustre arquitecto fue el super-ego que pensó que esta construcción neo-decepcionante engarzaría bellamente con el estilo tradicional circundante? ¿Quién permitió, en última instancia, que esta obra siguiera adelante?
c) La nueva casa/centro de interpretación en pleno centro de la Plaza de Armas: ¿qué confuso cerebro permitió semejante aborto gris en la plaza más emblemática de Hondarribia, verdadero museo viviente que debería ser respetado como tal?
Trágico. Afortunadamente, este aborto puede todavía sobrevivir en quirófano: píntenlo en los colores tradicionales de Hondarribia, y ahórrennos el sonrojo de asistir al triste espectáculo de un edifico que atenta flagrantemente contra el deseo de muchos hondarribitarras por mantener con vida la belleza de su pueblo».
Plataneros
Nicasio envía un email en el que dice que «los árboles de Harresilanda son más altos que la casa. Es un verdadero problema, pues aparte de la suciedad que genera, también la limpieza y mantenimiento del tejado, el rugir y caída de ramajes en los vehículos con los fuertes temporales que padecemos. Los vecinos de la citada calle llevamos años pidiendo una solución, que los corten y no que se retiren.
En la reunión informativa en febrero sobre el proyecto del Arco de Santa María y calle Harresilanda, se le hizo mención al alcalde de la situación. Nos prometió una reunión explicando el transcurso de la obra, pues todavía le estamos esperando. En junio, los administradores de los inmuebles afectados estuvimos con el responsable de obra Andrés Erice transmitiéndole nuestro malestar por el arbolado. ¿Hasta cuándo una solución al problema que llevamos padeciendo la vecindad de Harresilanda? El otoño-invierno pronto nos visitará, con las consiguientes molestias y perjuicios».
Concurso de puzzles
Maite se teme que «el sábado, en el concurso de puzzles, pasará lo mismo que el año pasado, cuando mucha gente se quedó sin poder participar. Sólo veinte parejas pueden hacerlo en cada categoría y mucha gente se queda fuera, por lo que pido al Ayuntamiento que aumente la dotación económica para que así este concurso que tanto éxito tiene sea accesible para más gente».
* El Diario Vasco - Opinión - 4.09.09
Foto: Hondarribia (Gipuzkoa) - wikipedia.org
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4.9.09
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Tema: NOTICIAS País Vasco
Gata paraliza 19 meses un expediente de infracción urbanística
ELPAÍS/Alicante* : La Sindicatura de Greuges reclamó ayer al Ayuntamiento de Gata de Gorgos, en manos del PP, que concluya un expediente de infracción urbanística en el Parque Natural del Montgó tras 19 meses paralizado. La institución recordó que el Consistorio ha incumplido su resolución dictada ya a finales de 2007.
La Sindicatura explica que un ciudadano se ha dirigido a ella por segunda vez para denunciar una infracción urbanística, consistente en la realización de obras sin licencia en suelo no urbanizable, dentro de las áreas agrícolas de la zona de amortiguación de impacto del Parque Natural del Montgó. Ante esta situación, el Ayuntamiento aún no ha finalizado los preceptivos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador (paralización de las obras, requerimiento de legalización y, en su caso, orden de demolición e imposición de multa). El Síndic lamenta que desde que el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística se paralizó el 24 de enero de 2008 por haberse solicitado licencia de obras han transcurrido 19 meses sin haber dictado resolución.
La institución critica con dureza esta actitud y recuerda que los "poderes locales" deben respetar la normativa urbanística que han probado y ejercer control "preventivo y represivo". El Síndic insiste en que el urbanismo encierra el equilibrio de las ciudades y el territorio y considera un acto "muy grave" que las normas se incumplan. "Generalizando el incumplimiento, es difícil saber a dónde se puede llegar", apostilla.
* ELPAIS.com - 4.09.09
Foto: Gata de Gorgos (Alicante), vista - wikimedia.org
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4.9.09
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana