Las responsabilidades políticas por la ilegalidad del edificio Fenosa

LAOPINIÓN/A Coruña : Una sentencia del Tribunal Supremo, que culmina un proceso judicial iniciado hace doce años, ha confirmado el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2001, que dictaba que el edificio Conde de Fenosa debe ser demolido porque la licencia que otorgó el Ayuntamiento coruñés a Fadesa en 1997 es "ilegal" al vulnerar el plan general de 1985. La sentencia del Supremo rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento en 2007, en el que solicitaba la "inejecución" del derribo con el argumento de que el edificio está completamente habitado.

Los magistrados del alto tribunal enfatizan en la resolución el agravante que supone que el Gobierno local intentase legalizar el inmueble con el plan general de 1998, un año después de que se concediera la licencia ilegal.

La noticia del fallo del Supremo, publicada en exclusiva por este periódico el pasado viernes 28 de agosto, causó conmoción en la ciudad, al tratarse de un emblemático inmueble que albergó durante treinta años la sede central de la compañía eléctrica Fenosa antes de su integral rehabilitación en 1997, seriamente cuestionada por el círculo arquitectónico de la ciudad, que cuenta en la actualidad con más de cien viviendas y numerosos locales y despachos.

El planeamiento urbanístico de 1985, vigente en el momento de la concesión de la licencia a Fadesa en 1997, prohibía otorgar licencias en los edificios fuera de ordenación que agravaran dicha situación urbanística, por lo que sólo se admitían obras mínimas, de conservación y mantenimiento. A pesar de ello, el Gobierno local, presidido entonces por Francisco Vázquez, otorgó a Fadesa una licencia para obras de reforma integral que incluía el cambio de uso de oficinas a viviendas, lo que claramente excedía el simple mantenimiento.

La contundencia del fallo del Supremo no ha hecho sin embargo mella en el alcalde coruñés, Javier Losada, quien se muestra convencido de que el edificio no será demolido y confía en que prospere el recurso que el Ayuntamiento presentará para evitar que se ejecute el fallo del alto tribunal. Sea derribado o no, la sentencia ha ocasionado ya un grave perjuicio a los propietarios afectados, dado que la resolución judicial obliga a inscribir en el registro de la propiedad que los pisos y locales del edificio Fenosa tienen orden firme de demolición, lo que devalúa su precio hasta "un valor cero", como aseguró el presidente del Colegio Oficial de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido. Esto abre la puerta a la indemnización que los propietarios tendrían ya derecho a reclamar al Ayuntamiento, según los expertos consultados por este periódico. Una indemnización con muchos ceros -los pisos de este edificio se vendían a 300.000 euros en el momento de la construcción del inmueble y en 2006 se vendió uno por 700.000- que correría a cargo del bolsillo de los contribuyentes coruñeses.

La sentencia del Supremo es una bofetada de la justicia a la política urbanística coruñesa de los años 80 y 90, instalada en la cultura del pelotazo. La espoleta retardada de la irregular decisión adoptada en 1997, activada ahora por la sentencia del Supremo, ha estallado políticamente en María Pita. El PP anuncia la petición de una comisión de investigación y los nacionalistas se han distanciado de su socio de pacto de gobierno al cuestionar la política urbanística de los socialistas en la era Vázquez. Un propietario afectado equiparaba al día siguiente de la noticia la actuación ilegal del ejecutivo local coruñés con la denostada política marbellí: "Aquí pasa igual, nosotros compramos bajo la presunción de la legalidad". Las cartas de los lectores recibidas estos días sobre el caso del edificio Fenosa, así como los comentarios de muchos afectados, hacen hincapié en la necesidad de que se depuren las responsabilidades políticas de este escándalo. Algunos de esos responsables ocupan todavía cargos públicos: Francisco Vázquez, actual embajador en el Vaticano con pretensiones de ser designado próximo Defensor del Pueblo, presidía la corporación municipal en 1997, cuando se concedió la licencia ilegal; Salvador Fernández Moreda -actual presidente de la Diputación de A Coruña, que declinó hacer declaraciones al ser preguntado al respecto por este periódico- ocupaba en ese momento la concejalía de Urbanismo y Javier Losada, actual alcalde, era entonces teniente de alcalde. La gravedad de las consecuencias obliga a que, cuando menos, abandonen su escudo de silencio y ofrezcan explicaciones de por qué ampararon con sus decisiones una ilegalidad convertida ahora en monumental desaguisado con más que probable cargo al erario público municipal.








* LaOpinión A Coruña - Editorial - 6.09.09
Foto: Fachada del edificio Conde de Fenosa. / eduardo vicente, laopinioncoruna.es