Asturias: La Fiscalía critica que los ayuntamientos no denuncien los delitos urbanísticos

ELCOMERCIO* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, que dirige Joaquín de la Riva, hizo pública ayer su memoria de 2008 en la que resalta la nula colaboración que ofrecen los ayuntamientos a la hora de denunciar los posibles delitos cometidos en sus territorios. Según este documento, «son prácticamente inexistentes los supuestos en los que los ayuntamientos remiten a la Fiscalía denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, a pesar de las importantes competencias que tienen en materias como el urbanismo».

Y es que las relaciones con la Administraciones locales son las únicas que parecen fallar en el trabajo que desarrolla la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, ya que con el Principado existe un cauce de traslado de denuncias ya consolidado, especialmente en las investigaciones realizadas por las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado (Bripas). Igualmente, el Ministerio Fiscal considera fundamental el trabajo desarrollado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil, y por los particulares que denuncian los hechos delictivos de los que son testigos.
De las 308 diligencias de investigación seguidas en 2008 por la Fiscalía asturiana, 147 lo fueron en materia de medio ambiente -28 más que el año anterior- debido al incremento de las investigaciones en materia de incendios forestales. Este trabajo redundó en 64 denuncias.
En materia de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente se presentó una denuncia en Ponga, mientras que por delitos contra la flora o la fauna hubo cuatro, por asuntos como colocar lazos para cazar, posesión de dos alimoches o realizar obras que perturban al urogallo. En cuanto a ordenación del territorio, hubo cuatro denuncias por construcciones ilegales en Llanes, Villaviciosa y el entorno de los Picos de Europa.
Peleas de gallos
Llaman la atención las dos denuncias presentadas por maltrato animal, ya que una fue por organizar peleas de gallos en Cuesta de Arco (Langreo) y la otra por tirar a un caballo moribundo a un vertedero de Riaño, también en el concejo de Langreo.
En cuanto a los juicios celebrados, los hubo desde por contaminar el río Pinzales (Gijón) hasta por cazar con lazos ilegales, arrastrar un perro desde el enganche posterior de un automóvil o envenenar con estricnina caballerías atacadas por lobos por si los cánidos volvían a terminar con esos animales. También hubo cinco juicios por construcciones ilegales en terrenos protegidos en distintos puntos de la región.
La memoria de la Fiscalía resalta el aumento de los incendios forestales en Asturias durante 2008. Fueron 1.741, frente a los 1.049 del ejercicio anterior. Esto dio lugar a 68 investigaciones sobre las causas de los siniestros. La Bripas facilitó 13 denuncias y la Guardería de Medio Natural otras cinco. Al final, se pudieron formular diez acusaciones. En 2008 hubo 15 juicios por incendios forestales, con el resultado de trece sentencias condenatorias y dos absoluciones.








* El Comercio Digital - MARCO MENÉNDEZ
| GIJÓN - 26.06.09

Foto: Ribadesella (Asturias), ayuntamiento - wikipedia.org

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El TSJA frena la construcción de veinte viviendas en Villa Fernanda

SUR/Málaga* : La construcción de unas veinte viviendas en las zonas no ajardinadas de la finca Villa Fernanda, en el paseo de Miramar, tendrá que esperar al menos tres o cuatro años. Según pudo conocer este periódico, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió el pasado día 18 una resolución por la que acepta la suspensión cautelar del estudio urbanístico que amparó la licencia de obras para las casas, concedida por silencio administrativo por el Ayuntamiento a finales del mes pasado.

Esta suspensión fue solicitada en diciembre de 2008 por la comunidad de propietarios del edificio La Era, cercano a la finca.
Javier Such Martínez, de Gaona Abogados, explicó que el fallo del TSJA supone la paralización de cualquier obra de nuevas viviendas en Villa Fernanda ya que, aunque no anula expresamente la licencia municipal, sí suspende el estudio de detalle previo a ese permiso y en el que se basa su otorgamiento. Este letrado, que representa a los vecinos que presentaron el recurso para evitar la realización de las casas, también recordó que la pasada semana cursó una demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo para solicitar la suspensión «cautelarísima» de la licencia de obras, concedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo en base a que la ejecución de las viviendas, que ocuparían una antigua pista de tenis abandonada y una zona de césped y piscina de construcción mucho más reciente que las casonas de la finca, está permitida por el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Such anunció que va a comunicar al juzgado la resolución emitida por el TSJA para que la tenga en cuenta a la hora de estudiar la posible suspensión cautelar de la licencia de obras.
El acuerdo de la sala del alto tribunal andaluz supone como poco una demora de varios años en la ejecución del proyecto del propietario de Villa Fernanda. A partir de ahora, los vecinos tendrán que formalizar su demanda, tras lo que el TSJA dará traslado a las partes implicadas -el Ayuntamiento y el promotor-, para que se abra la fase de pruebas. Todos estos pasos pueden suponer que la conclusión final sobre el fondo del recurso tarde entre tres y cinco años.
El TSJA afirma en su resolución que «de no suspenderse la eficacia del referido instrumento de planeamiento de ordenación urbanística -el estudio de detalle- se abriría el camino al otorgamiento de posterior licencia para la construcción dentro del jardín del conjunto Villa Fernanda». Además, destaca que el citado estudio urbanístico fue aprobado por silencio, es decir, sin una resolución expresa.






* SUR - JESÚS HINOJOSA - 25.06.09
Foto: Aspecto parcial de la casa principal y el jardín, en el paseo de Miramar. / CARLOS MORET, diariosur.es
Foto: Málaga, villa Fernanda - laopiniondemalaga.es

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La Comunitat lidera la ocupación ´insostenible´ del litoral en España

LEVANTE/Valencia* : El informe anual sobre sostenibilidad ambiental elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), vuelve a situar el proceso de litoralización sufrido por la Comunitat Valenciana -los usos del suelo y la ordenación del territorio- como el indicador que más aleja a los valencianos de los objetivos de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible con la que, por otra parte, existen otros indicadores que apuntan a una creciente convergencia.

Según el citado informe, elaborado por el OSE, del que forman parte la Universidad de Alcalá, la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente, el control sobre el proceso de "artificialización del suelo" en la costa debe ser una "prioridad estratégica para España".
Según se asegura, "el proceso de urbanización descontrolado.. ha causado importantes impactos sobre los ecosistemas litorales, muchas veces irreversibles.
El proceso, ademas de provocar "desequilibrios significativos en términos de sostenibilidad ambiental del ecosistema costero, con visible pérdida de biodiversidad terrestre y marítima... genera también notables impactos socioeconómicos".

A la cabeza
Según el análisis regional que realiza el OSE, las provincias que más sufrieron un incremento de la "artificialización" del suelo en los primeros 10 kilómetros de la costa en el periodo 1987-2000 fueron Alicante, Valencia y Castellón, junto a las Islas Baleares, "todas superando incremento de ocupación del 30%".
El informe añade que las estimaciones de ocupación realizadas con posterioridad -basadas en imagenes de satélite que están siendo contrastadas todavía- reflejan "una tendencia continua de ocupación debido a la importancia de la construcción y el peso del sector inmobiliario".
"Un análisis tendencial realizado hasta 2005 ratifica que la Comunidades Autónomas del Mediterráneo siguen presentando los mayores índices de artificialización respecto a las comunidades interiores a excepción de la Comunidad de Madrid", concluye .

Impacto económico
El informe considera el fenómeno de "litoralización" -entendido como la concentración de la actividad económica en las áreas costeras como resultado del crecimiento urbano- como un "factor de riesgo de insostenibilidad global". Además de generar importantes impactos medioambientales "que se reflejan en la destrucción y desaparición de singulares áreas litorales, ricas en biodiversidad y con altos valores paisajísticos y patrimoniales", el trabajo universitario hace hincapié en la influencia que ha tenido en el desarrollo socioeconómico, sobre el que detecta también amenazas derivadas de la inercia generada por la elevada ocupación de suelo
El OSE advierte que la presión sobre las franjas litorales puede incrementase como consecuencia de "un nuevo impulso turístico derivado de la generalización de los enlaces aéreos de bajo coste" y advierte de sus consecuencias.
Así, el Observatorio de la Sostenibilidad recoge en su informe que el cambio del turismo tradicional al turismo residencial y el crecimiento de los mercados inmobiliarios en la franja litoral, son, en buena parte, responsables de la saturación de las franjas más cercanas al litoral-
"El auge de la segunda residencia , además de impactar sobre la rentabilidad inmobiliaria a largo plazo, repercute de manera negativa en la rentabilidad empresarial de la actividad turística ya que este tipo de turismo efectúa un menor gasto diario", añade el Observatorio, recordando el contenido del informe Deloitte-Exceltur, que estima para cada plaza hotelera 9.700 euros de actividad económica frente a los 1.341 euros de la residencial referido a datos del año 2005.
Aprobados en suelo protegido e incendios
Además del indicador sobre ocupación costera, el OSE incluye otros como la directiva sobre depuración de aguas residuales, el índice de calidad general de las aguas, el número de aves asociadas a distintos ecosistemas, los espacios naturales protegidos, los incendios forestales, la defoliación de los bosques o los cambios en superficie agrícola y forestal.
En casi todos los casos, la lectura que puede hacerse de la Comunitat Valenciana es muy favorable en relación a otras comunidades e incluso respecto a Europa. Destaca en esta dirección la distancia existente entre el número de conatos de incendio que se producen en comparación con otras comunidades y el escaso número de estos conatos que se convierten después en incendios de más de 5 hectáreas.
No obstante, el informe detecta algunas desviaciones como la pérdida en el ámbito del Júcar de varias estaciones con una calidad "excelente" del agua que han pasado a ser solo de calidad "admisible" o la existencia de pequeños "agujeros negros" en los que se ha detectado una importante concentración de especies amenazadas en territorios que no están cubiertos por ninguna figura de protección.








* Levante-EMV - 25.06.09
Foto: El abuso en la ocupación urbanística de la costa genera impactos económicos negativos. - vicent m. pastor, levante-emv.com

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ARCA critica que la Ley del Suelo se ha "convertido en un despojo normativo a favor de la especulación urbanística"

EP/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA criticó hoy que el Gobierno y el Parlamento de Cantabria han convertido la Ley del Suelo "en un despojo normativo a favor de la especulación urbanística" y "no contentos con los destrozos urbanísticos ocasionados en el litoral, ahora han decidido que le toca el turno al interior de Cantabria, la zona mejor conservada desde el punto de vista paisajístico".

ARCA se pronunció así en un comunicado después de que el Parlamento regional aprobara el pasado lunes la modificación de la Ley del Suelo que permitirá construir viviendas unifamiliares, rehabilitar y cambios de uso en suelo rústico, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

La asociación recordó que la Ley del Suelo de Cantabria, conforme a su redacción original aprobada por el Parlamento en 2001, tenía entre sus objetivos someter las actividades que soporta el territorio a su previa clasificación y "a unas reglas de juego iguales para todos", vinculando el desarrollo del suelo rústico a que previamente se aprobara el Plan de Ordenación Territorial (PROT).

Pero a su juicio, "este principio democrático ha quedado dinamitado tras la reciente modificación de la Ley para construir viviendas y polígonos industriales en suelo rústico", más el anuncio hechos días después por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, de otra próxima modificación para permitir la construcción de campos de golf "sobre espacios en los que ahora está prohibido".

Además, agregó, "Gobierno y Parlamento no tienen empacho en seguir potenciando el uso y abuso de los proyectos singulares de interés regional (PSIR), una figura de excepción que sirve para autorizar a un determinado promotor construir sobre un lugar en el que la normativa se lo prohíbe al resto de los mortales".

ARCA acusa también al Ejecutivo y el Legislativo de "proteger el interés de los especuladores permitiendo el incumplimiento de la Ley del Suelo en cuanto a los plazos legales para la aprobación del PROT y para la adaptación de los planeamientos municipales a las determinaciones de la Ley de Suelo de 2001".

En este sentido, recordó que el PROT tenía como fecha límite para su aprobación abril de 2002 y que los ayuntamientos tenían como fecha límite para adaptarse a la Ley del Suelo julio de 2005, "pero en vez de hacer cumplir estas exigencias legales, lo que ha hecho la clase política de Cantabria es abandonar la tramitación del PROT y permitir sucesivas oleadas de modificaciones puntuales en los planeamientos municipales, siempre para incrementar los procesos edificatorios".

En su opinión, "la última perla al respecto es que el Gobierno y el Parlamento premian a los ayuntamientos que incumplen su obligación legal de adaptar su planeamiento a la Ley del Suelo con el privilegio de poder promover la construcción de polígonos industriales sobre suelos rústicos".

Por último, ARCA rompió una lanza a favor de los funcionarios y técnicos de la consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, que "pese a su elevada cualificación para hacer bien su trabajo, se están viendo obligados a servir a las directrices políticas" de un consejero y un director general de Urbanismo que siguen el lema "Cantabria Especulación Infinita".







* Europa Presss - 25.06.09
Foto: Cantabria, vista - wikipedia.org

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El Defensor lleva al alcalde de Almuñecar ante el fiscal

ELCORREO/Granada* : El Defensor del Pueblo denunciará ante el Fiscal al alcalde de Almúñecar por obstruir reiteradamente la labor de la institución y negar información sobre varios expedientes, la mayoría relacionados con el urbanismo. Es la primera vez que el Defensor se ve obligado a acudir a la justicia. Juan Carlos Benavides, el regidor de Almuñécar (Granada) podría acumular una causa judicial más.

Según la información a la que tuvo acceso la Cadena SER, por vez primera en la historia del Defensor del Pueblo Andaluz, esta institución ha comunicado al Parlamento que denunciará a un alcalde –es del partido independiente Convergencia Andaluza– ante el Ministerio Fiscal por negarse a facilitar información ante varias quejas que se tramitan desde hace varios años.

El Defensor del Pueblo, José Chamizo, se ha dirigido al Parlamento para advertir de “un supuesto de especial gravedad” ante la falta de colaboración del regidor sexitano. Una “actitud entorpecedora” que no es nueva, ya que según la institución es habitual que se haya tenido que hacer “un sin fin” de gestiones para obtener información ante cualquier queja ciudadana que afecte a este consistorio. En los informes del Defensor de 1999 ó 2005 ya se declaró la falta de colaboración de este gobierno local.

Chamizo se dirigió sin éxito al alcalde de Almuñécar dándole una especie de ultimátum el pasado mes de mayo. Una advertencia a la que, una vez más, ha hecho oídos sordos. Son un total de seis quejas ciudadanas las que el Defensor trata de atender sin éxito. La mayoría, según fuentes de la institución, están relacionadas con asuntos urbanísticos.

“Ya no se trata de una mera desatención, siempre rechazable”, advierte el Defensor en su escrito a la presidenta del Parlamento.En ese caso, simplemente se recogería una advertencia en el informe anual de la institución. Algo que ya se ha hecho con esta alcaldía en informes anteriores. “En esta ocasión, nos encontramos con un supuesto claramente diferente pues, junto a los graves antecedentes [...] nos vemos obstaculizados en el desempeño de nuestras funciones estatutarias cuando se omite de manera persistente el deber legal de información en las quejas” de los ciudadanos, recoge el escrito. Se incumple el Código Penal y la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz.

Según la legislación vigente, la persistencia en la falta de colaboración del alcalde “podría suponer el incurrir en un presunto delito de desobediencia que, tratándose de autoridad o funcionario público, podría conllevar la imposición de una pena de suspensión de empleo o cargo por un tiempo de seis meses a dos años”.

Benavides está imputado por varios delitos relacionados con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Almuñecar y ha sido procesado por un posible delito de prevaricación y coacciones. El alcalde sometió a referéndum el PGOU diseñado por su ayuntamiento, que rechaza la Junta, y que prevé construir 30.000 nuevas viviendas en una zona costera supuestamente saturada por el ladrillo. El 32% del pueblo votó y el 77% apoyó el plan.







* El Correo de Andalucía - 24.06.09
Foto: Almuñécar (Granada) - motrildigital.blogia.com

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Málaga: La Junta diseña un parque en la playa donde De la Torre proyecta 664 casas

ELPAÍS* : La Junta de Andalucía no se conforma con rechazar que se urbanice la última finca colindante con una playa que queda virgen en Málaga, sino que también tiene definida una alternativa para favorecer su uso como espacio público. Frente al empeño del Ayuntamiento que gobierna Francisco de la Torre (PP) de convertir Arraijanal en una urbanización con 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial; la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio puso ayer sobre la mesa el proyecto de un parque metropolitano que permitirá recuperar la formación dunar, la vegetación autóctona y los yacimientos arqueológicos, e incorporar además otras especies mediterráneas, un jardín botánico y determinadas instalaciones recreativas.

Con la presentación del proyecto, la Junta muestra que no hay marcha atrás posible. "Los valores de la zona, su posición estratégica y el interés público recomiendan la protección", explicó ayer el consejero Juan Espadas, quien apostilló que "la decisión está tomada". Es decir, que el Ayuntamiento ya conoce cuál es la decisión que tomará la autoridad a la que compete la aprobación definitiva de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tampoco es que sea precisamente una sorpresa. El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) protege esta parcela de más de 54 hectáreas. Además, el informe de impacto ambiental ya declaró la inviabilidad de la urbanización de Arraijanal en dos ocasiones, tras la aprobación inicial y la provisional del PGOU. Pero lejos de rectificar, el Ayuntamiento aprobó en marzo el plan de sectorización de la zona, trámite que como reconoció el consejero, ayuda a consolidar los derechos de aprovechamiento urbanístico de los propietarios de un suelo que aparece urbanizable en el PGOU en vigor pero no sectorizado. El consejero dijo que la Junta pudo impugnar aquel acuerdo, pero no lo hizo porque estaba en conversaciones con el consistorio y confiaba en que éste cambiara, algo que no ha ocurrido.

Espadas informó de que la Junta ha mantenido contactos con los propietarios del suelo -el 60% pertenece a Vallehermoso-, que están en "muy buena disposición" para llegar a un acuerdo y renunciar a construir, aunque evitó pronunciarse en qué términos. Sí dijo Espadas que la Junta puede declarar el proyecto de interés autonómico y expropiar el suelo, pero advirtió de que antes de llegar a eso lo deseable es alcanzar un acuerdo, en el que se implique también el Ayuntamiento, del que dijo tiene "poca colaboración", y al que pidió que no contemple el asunto con la principal preocupación de la indemnización o compensación que se debería pagar a los privados.

El alcalde, Francisco de la Torre, dijo ayer estar "encantado" con el proyecto, pero siempre y cuando no suponga coste alguno para el Ayuntamiento. Recordó que otros parques metropolitanos como El Alamillo, en Sevilla o Los Toruños, en la Bahía de Cádiz son mantenidos por la Junta.

Con la propuesta del Parque del Paisaje Litoral, Jardín de Plantas y Baños de Arraijanal, la Junta está convencida de que el Ayuntamiento ya no podrá reprocharle que obstaculiza e impide proyectos en la ciudad, y aspira además a que haya un debate ciudadano sobre el futuro de la última finca litoral virgen de la ciudad con dos modelos concretos, 664 casas o parque público.







* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 25/06/2009
Foto: Málaga, arraijanal - diariosur.es

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Vecinos del Cabanyal piden a Camps y Barberá ´explicaciones sobre la rentabilidad´ de los grandes eventos

LEVANTE/Valencia* : La Asociación de Vecinos del Cabanyal reclamó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá que "den explicaciones políticas a los ciudadanos sobre la rentabilidad económica que han supuesto su política de eventos descontrolados", según informó la entidad en un comunicado.

Así, los vecinos se preguntaron "cuánto dinero puede costar a los ciudadanos estas decisiones; y para qué van a servir todas las infraestructuras que habrá que demoler, porque no van a servir de nada", en relación a la construcción del circuito urbano de Fórmula 1.

De este modo, señalaron que no saben "si esto será motivo suficiente para que los valencianos les den la espalda en las próximas elecciones, pero lo que está claro es que en una empresa privada, les habría cesado hace tiempo por muchos motivos".

Desde la entidad vecinal lamentaron que se está "planificando el futuro de la ciudad sobre la base de una política de eventos que están fuera del control de la autoridades".

Asimismo, criticaron que, en la ciudad, "empiezan a cerrarse los hoteles el día después de su inauguración, se organiza el campeonato de fútbol playa sobre el asfalto de un circuito de Formula 1, que a su vez ha destrozado la urbanización de la America's Cup; se hacen demostraciones de hípica sobre un balsa de agua; o se quiere meter un campeonato el tenis en el último invento del arquitecto Santiago Calatrava, a golpe de horas extraordinarias", en referencia a la construcción del Ágora para la celebración del Open de Tenis.

Por otro lado, recordaron que, según una sentencia del Tribunal Supremo (TS), el Ministerio de Cultura tiene que emitir un informe para explicar por qué en su día consideró que no había expolió en la ampliación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar por el barrio de El Cabanyal. Señalaron que "cada día que pasa" sin que se realice este documento "desaparece una casa" en el barrio.







* Levante-EMV - E.P. - 24.06.09
Foto: Valencia, el Cabanyal -elpais.com

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Casas sin gente, gentes sin casas

TEXTO DEL EJE DE OCUPACIÓN DE LA SEMANA DE LUCHA SOCIAL* : El nacimiento continúo de nuevos espacios sociales okupados, y la inusual consolidación de algunos de estos proyectos en la Comunidad de Madrid, son indicadores de que, a pesar de la constante persecución policial y legal de esta práctica política, la apuesta por poner en pie espacios autónomos atraviesa un relativo buen momento en la región, con una explosión de experiencias diversas en su composición y estrategias. Esta situación permite que los centros sociales logren con mayor éxito trascender sobre aquellos ámbitos en los que trabajan, así como profundizar en las dimensiones relacional y organizacional intrínsecas a esta práctica.

La okupación es una herramienta de acción directa y de lucha con una vigencia e importancia adicional en estos momentos de crisis sistémica, ya que ataca a la sacrosanta propiedad privada, elemento fundamental para entender la crisis que sufrimos en estos momentos. En un tiempo en el que miles de personas hipotecadas son expropiadas a causa del impago de las cuotas correspondientes, resulta más necesario y crucial abrir una brecha simbólica en la percepción social sobre la propiedad y sobre los usos especulativos del suelo y las edificaciones. Una sociedad como la madrileña, que se apuntó rápidamente y con gran interés al desarrollismo inmobiliario, encuentra ahora una “fotografía” de cientos de miles de viviendas vacías en barrios que ya estaban muertos antes de nacer.

Casas sin gente, gentes sin casas

Este clásico lema coreado en infinidad de manifestaciones puede llevar a una sencilla y necesaria respuesta: la apropiación de las viviendas por la población. Aunque esta no es la realidad que veremos a corto plazo, dependerá de cuanto más se agudice la crisis del empleo para que pueda pasar a ser una práctica que preocupe, no tanto por una conciencia política que se explicite al ejecutar el hecho en sí, sino por la enorme desigualdad existente, traducida en conflicto social, para solventar la dificultad que para millones de personas supone acceder a una renta suficiente para vivir por medios “legales”. Pero la creación de centros sociales mediante la okupación u otros medios transciende la mera reapropiación de espacios para vivir. Es una práctica de acción colectiva, es un medio legítimo de lucha y resistencia capaz de construir en el mismo corazón de la gran urbe espacios de socialización, de creación, de experimentación, de autoformación, de diversidad, de pensamiento político, de agregación social, de deseo… que prácticamente no existirían de otro modo. Los espacios okupados transforman edificios pensados para la obtención de riqueza ilegítima en espacios de gran vitalidad y potencia transformadora de la realidad.

La experiencia nos demuestra que tras los desalojos, los espacios permanecen en la impasible espera del barbecho especulador. Valga como ejemplo que de los cuatro espacios recuperados por Rompamos el Silencio en los últimos años, tres siguen en el mismo estado en el que se dejaron al concluir la Semana de Lucha Social correspondiente, pero, eso sí, con mejores medidas de seguridad. El cuarto espacio permanece aún okupado.

Desde este Eje queremos seguir proponiendo la necesidad de arriesgar para defender desde lo colectivo herramientas políticas como la okupación que permitan contribuir a la necesaria erradicación del sistema capitalista, en la ciudad, en nuestros barrios, y en nosotr@s mism@s. A través de la inclusión, la diversidad y participación horizontal en su gestión avanzamos sobre la práctica de la construcción permanente de un mapa para la acción, la reflexión y la transformación de la realidad social. Una realidad social compuesta por millones de vidas fragmentadas que sufren los mismos problemas, pero que en ocasiones son incapaces tan siquiera de reconocerse. Difícilmente lograremos articularnos para transcender la escala micro del cambio social si antes no nos reconocemos como semejantes.

Entendemos que la acción política tiene como acompañante el riesgo, visto éste de muchas formas diferentes, que afectan a lo individual, a lo colectivo y a la propia supervivencia de los espacios okupados. Un centro social es un espacio que necesita de apuestas arriesgadas para conseguir trascender a la realidad militante más cercana y abrir brechas y nuevas corrientes de pensamiento dentro del consenso social imperante. Para ello es necesario que los centros sociales apuesten por romper las barreras simbólicas que estigmatizan el activismo político, reconocer los modos de lucha como polifórmicos y multidireccionales, y entender el tejido de redes sociales como el germen de un proyecto que se configura desde lo subjetivo para conseguir una mayor fortaleza y capacidad de cambiar la realidad.

Los centros sociales son un mensaje

Estos espacios, liberados del afán especulador, son una interpelación a la sociedad: “si quieres, puedes”; si lo deseas y te organizas puedes cambiar tu realidad y su entorno más inmediato. Son un mensaje directo que se compone de deseos, rabia y proyectos. Un mensaje que llama a la desobediencia y al empoderamiento. Un mensaje lleno de mensajes acerca de cómo vivimos, dónde vivimos, quién y cómo gobierna, cómo funciona el sistema, cómo podemos organizarnos para cambiarlo… Un mensaje vivo, que cambia al ritmo que cambia el Mundo, pero que mantiene palabras de antes, de ahora y de siempre: Solidaridad, apoyo mutuo, creatividad, poder popular, libertad, autonomía, justicia, dignidad…

No hay mapa del tesoro,
El mapa es el tesoro
Construyámoslo.

::Fuente: Eje de Okupación de la Semana de Lucha Social 2009
::Web de Rompamos el Silencio





* NODO 50 - Rompamos el Silencio - 24.06.09

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Dénia: El TSJ anula la recalificación con la que el Consell permitía el balneario

INFORMACIÓN/Alicante* : Nueva constatación de que el Ayuntamiento de Dénia no estaba descargado de razones cuando, en 2007, recurrió las modificaciones introducidas unilateralmente por la entonces Conselleria de Territorio en el Plan General Transitorio (PGT) de la ciudad, a través de una corrección de errores.

Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad anula en otro de sus extremos aquella corrección de errores estimando todo el contencioso interpuesto por el gobierno local de la época (PSPV-Bloc).
Son ya tres las sentencias emitidas por el tribunal, y todas declaran contrarios a derecho otros tantos cambios introducidos por Territorio en el PGT. No habrá muchas más: como desveló la semana pasada el grupo socialista, el gobierno de Dénia (PP, CU, GD, PSD y Juan Collado) ha desistido de todos los contenciosos pendientes de fallar (un total de 10) contra aquella resolución del conseller. Con ello, el Ayuntamiento renuncia a reclamar más de 15.000 metros cuadrados de zonas verdes, más de 125 vivendas protegidas o a que se mantenga suspendido el planeamiento en más de un millón de metros cuadrados en los sectores Racons 1 y 2.
La nueva sentencia aborta los planes de la empresa Alcoymorand para llevar a cabo su proyecto de hotel-balneario junto al hospital comarcal, que preveía además un gran aparcamiento subterráneo y otras dotaciones, como una gran rotonda y una estación de servicio. Un proyecto que sólo era posible gracias a la recalificación de los terrenos que introdujo la conselleria con su corrección de errores, ya que el Plan los había pintado como no urbanizables. Pero la sentencia no sólo es un varapalo para los promotores del proyecto. Pone además en entredicho la decisión adoptada por el pentapartito de desistir del resto de recursos interpuestos en su día por la Gerencia de Urbanismo del gobierno anterior. Más cuando el TSJ ha fallado ya en todos los casos en el mismo sentido -a favor del Consistorio- y con similar argumento que el que emplea esta nueva sentencia: una corrección de errores "sirve para la corrección de errores materiales entre lo aprobado por el organismo competente y lo publicado".








* Información - SERGI GARCÍA - 24.06.09
Foto: Recreación del proyecto de hotel-balneario junto al nuevo hospital, promovido por la empresa Alcoymorand - INFORMACION

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La policía registra los ayuntamientos de Boadilla y Majadahonda por el 'caso Gürtel'

ELPAÍS/Madrid* : Agentes de la policía judicial de Madrid han llegado esta mañana al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP, para registrar la sede en busca de contratos con empresas de la trama Gürtel. Además, han requisado documentación de la empresa municipal de la vivienda.

El registro llega una semana después de que declarasen ante el juez el contable de la empresa municipal de la vivienda y la secretaria de Alfonso Bosch, ex presidente de esta e imputado en la trama. También han efectuado registros en el Ayuntamiento madrileño de Majadahonda.

El ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), está imputado en la trama y el juez le ha impuesto una fianza civil de 1,8 millones de euros, la mayor del caso, por presuntamente rebicir dinero del entramado de Francisco Correa. En la contabilidad B (en dinero negro) de las empresas de Correa aparece una salida de dinero de 510.000 euros a nombre de El Albondiguilla -el apodo con el que se refería a él Correa- y con referencias a "América".

Los agentes han llegado al consistorio de Boadilla sobre las 9.40 y han pedido ver documentos de la empresa de la vivienda y de los contratos del municipio con las empresas de la red que dirigía Francisco Correa.







* ELPAIS.com - REBECA CARRANCO - Boadilla del Monte - 24/06/2009
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.esjpg

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El TSJ ordena derribar medio centenar de casas en la playa del Puig

LEVANTE/Valencia* : De forma inexorable y con la ayuda de los tribunales, el Ministerio de Medio Ambiente intenta recuperar el paisaje natural del litoral Mediterráneo, salpicado de construcciones masivas. En esta ocasión, se trata de las 49 casetas de la playa del Puig, unos edificios que datan de finales del siglo XIX y primeros del XX, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ordenado derribar por invadir la zona de dominio público marítimo-terrestre, es decir, por estar encima de la playa.

La sentencia, con fecha de 13 de mayo, desestima el recurso presentado por los 41 propietarios de las viviendas que se levantan en la playa del Puig contra la orden de demolición dictada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2004 a través de la Demarcación de Costas de Valencia.
Ello significa que da vía libre a Costas para la demolición de varias hileras de casetas en la playa del Puig, situadas en los 20 metros de dominio público y, en su mayoría, levantadas antes de la Ley de Costas de 1988.
Costas acordó recuperar de oficio la "posesión de bienes de dominio público marítimo-terrestre, indebidamente ocupado por 49 casas en la playa del Puig, calle Pescadores y paseo marítimo", ordenando su "demolición y la restitución de los terrenos a su primitivo estado".
Del expediente administrativo se desprende que los propietarios de estas viviendas "venían ocupando sus 49 casas litigiosas desde hace muchos años, de forma pública, continuada y de buena fe, estando ubicadas en parcelas del término municipal del Puig, junto a la playa, dentro de los hitos de la zona marítimo-terrestre".
La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo expone los motivos por los que el ministerio comenzó el expediente de recuperación y demolición.
Por un lado, la existencia de un deslinde de 1969, que incluía estos inmuebles en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Y, de otro lado, la denegación en 1982 de la legalización de esta ocupación de dominio público.
Los propietarios de las casas se opusieron alegando que las parcelas privadas de sus casas estaban "alejadas originariamente del mar, con títulos pacíficos y públicos". Añadían, además, que habían abonado los "correspondientes impuestos" y que lo que ha ocurrido es que ha "cambiado la morfología del litoral por causas naturales y humanas".

Alegaciones
Además, niegan que se trate de una "apropiación del dominio público", sino que son "propiedades privadas lícitas devenidas en públicas". Y añaden que, salvando alguna escritura aislada, "las propiedades se adquirieron de manera informal a finales del siglo XIX y principios del XX".
El tribunal se apoya en la Ley de Costas que "deniega la prevalencia de las inscripciones del Registro de la Propiedad" sobre unos terrenos que son del Estado. Y, añade, "no hay duda de que los terrenos y viviendas ocupan zona pública marítimo-terrestre" sin la debida autorización, ya que la Administración denegó la legalización de las casas. Esta decisión no fue nunca recurrida.
La sentencia hace especial mención a la Ley de Costas de 1988, que configura una nueva "concepción y naturaleza del dominio publico marítimo-terrestre y de la ribera del mar", con la que se persigue su "protección, conservación y uso público".
Por último, indica la sentencia que "la orden de demolición y la reposición de los terrenos a su primitivo estado no es sino la ineludible consecuencia de la recuperación posesoria de unos bienes demaniales, restaurando la legalidad costera vulnerada".






* Levante-EMV - REGINA LAGUNA - 23.06.09
Foto: Las casas del Puig que se van a derribar.- abelard comes, levante-emv.com

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Tres días de protesta contra el cierre norte de la M-50

MADRIDIARIO* : Asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos de izquierda convocan para el próximo fin de semana tres jornadas de protesta contra el proyecto del cierre norte de la M-50, bautizado por la Comunidad como M-61. Consideran que es una obra innecesaria que afectará al medio natural y a la salud de los ciudadanos.

La reunión de abril entre el nuevo ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, desbloqueó el proyecto de conectar la A-1, la M-607 y la A-6, conocido como cierre norte de la M-50. Ahora que el Gobierno regional tiene vía libre, ocho organizaciones han programado una serie de actos contra la conexión.

"Es un proyecto tremendamente impactante que no va solucionar los problemas del tráfico y va a tener una gran afección sobre la salud de los vecinos", resumió Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Para dar a conocer los efectos negativos que, según afirman, tiene la construcción de esta autovía, y pedir la retirada del proyecto se celebrará una concentración-batucada en la Puerta del Sol el sábado a las 19.30 horas.

Además, habrá una marcha, con batucada y paella, desde la Plaza Mayor hasta Dehesa de Navalcarbón en Las Rozas el sábado a partir de las 12.00 horas; y una manifestación, con fiesta, desde la Plaza de la Universidad Popular hasta el parque de Los Arroyos en San Sebastián de los Reyes el domingo a las 11.30 horas.

Problemas de tráfico
Para las organizaciones convocantes, la M-61, como la bautizó la Comunidad, no va a solucionar el problema del tráfico, ya que las "nuevas autovías tienen efecto llamada" y es un despilfarro de fondos públicos. Paco Segura recordó que la última propuesta de la Comunidad ha sido costear la construcción de esta carretera, que tendrá un coste superior a 2.000 millones de euros, a través del peaje en sombra, es decir, que la Comunidad tendría que pagar a las concesionarias por cada coche que circulara.

El emblema de la oposición a la M-50 es el Monte de El Pardo. Para salvaguardarlo, la Comunidad decidió que sería atravesado por túnel. Sin embargo, esta propuesta perjudicaría al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que sufriría las obras y recibiría a través de una chimenea parte de los gases producidos por la circulación subterránea, según destacó este martes Jaime Rodrigues, de IU Las Rozas.

Afección a zonas verdes
El otro tramo de las obras, el situado al Este, afectaría o haría desaparecer varias zonas verdes de San Sebastián de los Reyes, como el parque de la Dehesa, recién construido con fondos europeos, o la Dehesa Boyal, un espacio protegido, según indicó Rafael Herguezabal, de la Plataforma M-50 NO. Además, la carretera pasaría a menos de 100 metros de un polideportivo y dividiría en dos el municipio.

En estos momentos, el proyecto, que recibió un aluvión de alegaciones, está pendiente de la aprobación de la declaración de impacto ambiental por parte de la Comunidad. En este documento, los topillos de cabrera, una especie protegida, podrían provocar que se cambiara el trazado, ya que un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas alertó al Gobierno regional sobre su presencia. "Si se obvia vamos a la Comisión Europea", sentenció el Foro de Movilidad Sostenible, que también se ha sumado a las protestas contra la M-50. Por su parte, CCOO subrayó que lo más importante es "la salud de las personas".






* Madridiario - 23-06-2009 - Carmen M. Gutiérrez
Foto: Juan Luis Jaén - madridiario.es

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La Vila elude cumplir un fallo que anuló una operación urbanística

ELPAÍS/Alicante* : El gobierno de La Vila, del PP, engañó al juzgado de lo contencioso administrativo nº3 de Alicante para no ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló en 2008 la permuta de más de 10.000 metros de techo en primera línea de mar, de propiedad municipal, por el conocido como chalé Centella, 3.445 metros de zona verde contiguos a un colegio y 1,2 millones de euros de compensación por la diferencia de las valoraciones a favor del consistorio.

La permuta fue anulada porque la parcela edificable provenía del Patrimonio Municipal del Suelo y debió destinarse a la construcción de viviendas protegidas.

El consistorio comunicó en febrero al juzgado que la sentencia del TSJ era inejecutable porque "las fincas propiedad de la mercantil codemandada objeto de la permuta, así como la diferencia de valor (1,2 millones) han sido destinadas a la construcción e instalación de un museo arqueológico en el inmueble denominado chalé Centella y a la ampliación de las instalaciones del colegio público Mare Nostrum y a la renovación y electrificación del tramo Villajoyosa-Benidorm de la línea Alicante-Denia de FGV". Sin embargo, el chalé aludido, calificado en parte como zona verde, sigue como cuando se permutó y permanece cerrado sin actividad. Solo se usa esporádicamente para alguna exposición o como colegio electoral. Es más, el pleno de La Vila aprobó en mayo la ubicación del Museo Arqueológico en el antiguo colegio Doctor Esquerdo, no en el chalé, una reforma que pretende financiar con los fondos del Plan Confianza. Tampoco la parcela contigua al colegio ha sido habilitada como patio y sigue vallada, ni Valdeprocasa ha construido en el bien que recibió. Sin embargo, este periódico ha podido confirmar que la mercantil hipotecó con Bancaja el solar de primera línea y tiene ya solicitadas y pagadas las tasas de la licencia de obras, cuestiones que tampoco fueron comunicadas por las partes al juzgado.

Atendiendo a las circunstancias descritas por el Ayuntamiento vilero, el juzgado admitió en un auto de marzo la propuesta de La Vila para que "sustituya a metálico el reintegro del valor de los bienes afectos al Patrimonio Municipal del Suelo en su día permutados por importe de 7.578.224,21 euros". Es decir, que por no devolverle a Valdeprocasa 1,2 millones y revertir la propiedad de los bienes permutados, La Vila deberá pagar seis millones de más en los próximos 40 años. El edil nacionalista Vicent Serra, responsable de urbanismo antes de la moción de censura, sostiene que la sentencia es ejecutable y argumenta que "no se puede hipotecar el pueblo hasta 2049 por la mala gestión del anterior alcalde".

El terreno adjunto al colegio, de 3.455 metros y calificado como zona verde, del que fue expropiada una pequeña parte para el tren, ya fue objeto de un pelotazo en 2004. Lo compró una mercantil de Antonio Solana, Birmingham Inversiones, SL, por 420.780 euros. Menos de un año después fue vendido a Valdeprocasa, que luego culminó la permuta, dándole un valor de 3,11 millones de euros. Todo ello en la época del anterior alcalde del PP, José Miguel Llorca.

La Vila acumula varias sentencias contrarias por la enajenación de su patrimonio de suelo por un importe de más de 22 millones de euros, de las que solo ha ejecutado una. Con ese suelo que debió destinarse a viviendas protegidas, el gobierno de Llorca financió el Teatro Auditorio (9,6 millones), unas escaleras mecánicas para bajar a la playa (2,9) o las obras en el campo de fútbol (1,9). Otra decena de sentencias judiciales por impago, más intereses y costas, a contratistas suman casi dos millones de euros más.






* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 23/06/2009
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es

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Un juzgado de Almería tumba otra licencia del Ayuntamiento de Roquetas y ordena el derribo de un edificio de 129 viviendas

TELEPRENSA* : Después de que en octubre de 2006 el TSJA revocase la licencia de apertura del centro comercial Gran Plaza, la Justicia ha vuelto a tumbar una licencia del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, concedida en este caso a la promotora Aifos para la construcción en Playa Serena de un edificio de 129 apartamentos.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Almería, que ha sido ya objeto de recurso ante el alto tribunal andaluz por el equipo de Gobierno que encabeza el presidente provincial del PP, Gabriel Amat, revoca la licencia otorgada en 2003 y ordena el derribo del inmueble al contravenir éste la normativa urbanística.

El edificio promovido por Aifos en dos parcelas de Playa Serena cuenta con cuatro alturas y con más de 8.600 metros cuadrados edificados, frente a los 1.342 que podían construirse según el Plan de Ordenación Urbanística. Además de multiplicar por seis la edificabilidad permitida para las dos parcelas sobre las que se alza el inmueble, éste debió albergar según la normativa no más de catorce viviendas cuya altura, a su vez, no podía exceder las dos plantas, frente a las cuatro edificadas.

La sentencia refrenda los argumentos de la administración andaluza, que ya transmitió sus reservas sobre la construcción de este inmueble que ahora peligra en el momento en el que el consistorio concedió la licencia a Aifos. Entonces, la Junta de Andalucía pidió al Ayuntamiento que revisara de oficio la licencia otorgada, algo que nunca se produjo, lo que motivó la apertura del procedimiento judicial que podría acabar con el derribo del edificio en una provincia en la que el 9 de enero de 2008 ya se ejecutó la demolición de una vivienda en Vera, cuyo consistorio otorgó una licencia que fue declarada ilegal un año después al afectar la vivienda a suelos no urbanizables y al haber sido cursada para una instalación de carácter agrícola y no para una vivienda habitual.

Pese a este antecedente, en el que se optó por ejecutar la orden de derribo que meses después sería anulada por el Tribunal Constitucional, lo cierto es que el futuro del edificio de Playa Serena seguirá siendo durante meses una incógnita, puesto que el recurso planteado por el consistorio tendrá que ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Éste fue precisamente el órgano que en octubre de 2006 revocó la licencia del centro comercial Gran Plaza que, sin embargo, sigue en pie pese a haber admitido los tribunales que contraviene la normativa urbanística.







* Teleprensa - 23.06.09
Foto: Almería, juzgados - teleprensa.es

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Manifiesto para que se le dé un uso cultural a la Fábrica de Gas de Oviedo

RTPA* : Unas sesenta personas del mundo académico y cultural de Oviedo y más de una decena de organizaciones sociales y políticas han suscrito un manifiesto en el que solicitan que se dé un uso público y cultural a la Fábrica de Gas de Oviedo y a los chalés de la Fábrica de La Vega. El documento señala que ambos espacios son dos de los más significativos y emblemáticos del pasado industrial de la ciudad y se hallan "desprotegidos y amenazados por la especulación urbanística".

El manifiesto, remitido al Ayuntamiento de Oviedo y al Gobierno regional, emplaza a ambas instituciones a ponerse de acuerdo para proteger ambos conjuntos arquitectónicos y a ponerlos al servicio de la ciudadanía "tal y como se ha hecho en otros muchos lugares de España y del resto del mundo con antiguos edificios industriales".

Así, piden la rehabilitación de la Fábrica de Gas y su transformación en un centro cultural y artístico multidisciplinar, y locales para asociaciones, ONG's, entidades juveniles y culturales, así como equipamientos para el barrio en el caso de los chalés de La Vega

Entre los firmantes figuran personas del mundo académico como el decano de la Facultad de Geografía e Historia Octavio Monserrat y otros profesores de la Universidad de Oviedo como Lluis Xabel Álvarez,Benjamín Rivaya, Pilar García Cuetos, Aladino Fernández, Sergio Tomé, Rubén Vega y Amparo Pedregal.

Asimismo lo suscriben críticos teatrales como Boni Ortiz, actrices como Sheila Montes o Paula Alonso, músicos como Jorge Otero, Xabel Vegas, Dark laEme, Garikoitz Gamarra, Marcos Montoto, cineastas como Alberto Arce, artistas como Fernando Alba o Bernardo Sanjurjo y escritores como Sofía Castañón o Manolo D. Abad.

Entre los colectivos que se han adherido a esta iniciativa se encuentran el Foro de Urbanismo Crítico de Oviedo, la Asociación de Artistas Visuales de Asturias, Ecologistas en Acción, la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo, Cambalache o Xente Gai Astur.







* Radio Televisión del Principado de Asturias - 23.06.09
Foto: rtpa.es

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El fiscal sostiene que Barberá favoreció los intereses del Valencia

ELPAÍS* : La Fiscalía de Valencia sostiene que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y dos concejales favorecieron los intereses del Valencia CF en la permuta del solar sobre el que se levanta el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas. La junta de gobierno local aprobó esta operación por 45 millones de euros, cuando un informe de la Agencia Tributaria en manos de la fiscalía eleva la tasación de los 80.000 metros cuadrados del citado solar hasta los 75 millones.

Los 30 millones de euros de diferencia a favor del club son producto en buena medida de una decisión posterior, adoptada por Barberá y los ediles Alfonso Grau y Jorge Bellver, que permitió, entre otras cosas, la construcción de un hotel en la parcela. El precio no se revisó al alza a pesar de la mejora. Así se lo ha trasladado el fiscal Vicente Torres, que investiga una denuncia de dos representantes vecinales del barrio de Benicalap, al fiscal superior, Ricard Cabedo, quien, por el contrario, entiende que no hay pruebas de ello. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidirá.

El Valencia CF y el Ayuntamiento de Valencia alcanzaron un acuerdo por el que el solar de la avenida de las Cortes Valencianas pasaba de uso deportivo público a privado. Se hicieron entonces tres tasaciones para que el Valencia CF compensase a la ciudad por este solar. La Universidad Politécnica estimó su valor en 33 millones de euros, y otros dos informes privados elevaron esta cantidad hasta los 43 y 45 millones de euros, respectivamente. Las partes acordaron que el valor más ajustado era el de 45 millones. A cambio, el club entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad de Valencia -valoradas en 28 millones de euros- y otros 17 millones de euros en metálico. Toda la tramitación de la operación pasó por Jorge Bellver, edil de Urbanismo, y Alfonso Grau, titular de Grandes Proyectos, además de la alcaldesa.

La Fiscalía de Valencia considera que la permuta fue claramente perjudicial para los intereses del Ayuntamiento y favorable a los intereses de un particular. Y pretende investigación la actuación de Barberá, aforada al ser diputada autonómica. La decisión compete por tanto a la Fiscalía Superior.

El convenio suscrito en diciembre de 2005 entre la alcaldesa y el club establecía que el solar se recalificaría para su uso terciario. Pero ese compromiso tuvo que modificarse.El convenio entre la alcaldesa y el entonces presidente del club, Juan Soler, suscrito en diciembre de 2005, pretendía que los más de 80.000 metros cuadrados de solar -considerado en el PGOU de Valencia para uso deportivo público- fueran recalificados a uso terciario, aunque sin alterar su edificabilidad. Cuando se aprobó el expediente de modificación en el consistorio, las protestas de los vecinos y la oposición cerrada de los socialistas consiguieron que el gobierno local de Barberá lo dejara en suelo deportivo de uso privado. Un destino que, según las normas urbanísticas, impedía o "prohibía", según recordó ayer el concejal Rafael Rubio, el uso hotelero.

Arrancó entonces toda la maquinaria de valoraciones, tasaciones y tramitación de la permuta. Con posterioridad, en 2008, el equipo de Barberá modificó el PGOU para permitir solo en ese solar el uso hotelero. Lo denunció entonces el concejal socialista Vicente González Móstoles. Así el campo de fútbol consumirá la mitad de la edificabilidad prevista en la parcela -unos 40.000 metros- y el resto lo absorberá el complejo hotelero.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento valenciano, Alfonso Grau, visiblemente enfadado, tuvo que comparecer ayer para dar explicaciones sobre la permuta de solares. Grau negó que el Ayuntamiento haya querido beneficiar al club de fútbol y cargó contra los socialistas, informa Lidia Maseres. El teniente de alcalde dijo que el PSOE y "quienes lo corean andan enloquecidos por implicar a la alcaldesa Barberá y al equipo de gobierno en alguna irregularidad". El edil se negó, sin embargo, a valorar el informe de la Agencia Tributaria, que eleva en 30 millones de euros los beneficios que habría debido ingresar la ciudad por esta permuta y que se ahorró el Valencia. Grau amenazó con presentar una denuncia ante la fiscalía "para ver de dónde han sacado la información los medios de comunicación". No explicó, sin embargo, por qué la permuta no se ha llevado a cabo casi cuatro años después de suscribirse el convenio con el club de fútbol.

Por su parte, el concejal socialista González Móstoles manifestó que, aunque el PSPV no coincide con la cantidad en la que la Agencia Tributaria ha tasado el terreno -los socialistas apuntaban a más de 100 millones de euros, mientras que la fiscalía lo valora en 30-, sí que comparten el "fondo" del asunto. Según Móstoles, lo que comparten con la fiscalía "es que es un procedimiento irregular".

Fuentes del Valencia CF achacaron ayer a razones burocráticas el retraso en la formalización de la permuta. También admitieron que están pendientes de pagar los 17 millones de euros, informa Nadia Tronchoni.

Otras fuentes, estas municipales, agregaron que el Valencia CF ya trasladó por escrito al Ayuntamiento de la ciudad -concretamente en julio de 2007- que las 19 parcelas previstas en la permuta estaban disponibles. En concreto, la sociedad Belnave, SL, vinculada, según estas fuentes, al club deportivo, fue la que se encargó de comprarlas. La mayoría de ellas son parcelas de campo o huerta y, al parecer, el consistorio no las aceptó ni las registró porque planteaban problemas. Concretamente, tenían problemas de lindes o estaban atravesadas por acequias, y en esas circunstancias el Ayuntamiento no estaba dispuesto a registrarlas. Han pasado dos años desde aquello y nada se sabe. La exigencia de pagar los 17 millones de euros coincide además con un momento en que la situación económica del Valencia CF es delicada.

Grau ha insistido en más de una ocasión en que el solar donde se levanta el nuevo estadio es todavía de titularidad municipal y que si el club no cumple, la ciudad tendrá "un estadio de fútbol gratis".







* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO / CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 23/06/2009
Foto: Valencia, nuevo Mestalla (archivo) - kaosenlared.net

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Tenerife: Defensa desoye a la Justicia

ABC* : El Ministerio de Defensa ha iniciado la «expropiación forzosa» de unos terrenos, situados en Tenerife, que el departamento de Chacón debería haber entregado o pagado a los herederos de su inicial propietario, tal y como estableció el Tribunal Supremo el 20 de julio de 2007.

La decisión de Defensa, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado día 16, se produce después de que un juez canario volviera a dar la razón a los legítimos dueños y fijara un plazo de seis meses para que el Ministerio cumpliera la sentencia del Supremo, que es firme. Defensa señala que esos terrenos son «necesarios» para mantener «en su actual ubicación» la base militar de Hoya Fría.
Fuentes jurídicas han explicado que la expropiación es, en este caso, un acto «radicalmente nulo», pues no hay duda de que su finalidad es no obedecer al Supremo. La ley que regula la jurisdicción Contencioso-Administrativa afirma en su artículo 103.4 que «serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento».
Para buscar el origen de este contencioso hay que retroceder hasta el 5 de marzo de 1937, en plena Guerra Civil. Ese día, Álvaro Rodríguez López hizo entrega ante notario al entonces jefe del Estado de unos terrenos (dos fincas con una superficie de 470.000 metros cuadrados) valorados en 22.188 pesetas. Allí se instalaría el «Campo del general Franco» -hoy base de Hoya Fría- destinado a instrucción militar y de tiro.
Pasaron la guerra y los cuarenta años de dictadura. Y llegó el año 1997, fecha en la que Defensa sacó a subasta pública una parcela, que fue finalmente adjudicada a la cooperativa de viviendas «Hespérides». Fue entonces cuando los herederos de Álvaro Rodríguez López reclamaron la devolución de los terrenos (o el pago de su valor actual). El motivo: el Ministerio había modificado el uso para el que las fincas fueron donadas.
La reclamación llegó hasta el Supremo, que dio la razón a los demandantes y recordó a Defensa que la donación «nunca se pensó» para la construcción de viviendas ni para la «transmisión con ánimo de lucro». Antes de vender, el Gobierno debía haber devuelto las fincas a sus propietarios. Pero la sentencia es papel mojado para Defensa que, dos años después, ni ha devuelto los terrenos ni ha pagado a los demandantes. Es más, ha pasado al contraataque con la amenaza de expropiación.
Fuentes del Ministerio señalaron a ABC que es «del máximo interés» mantener la propiedad de los terrenos y que la controversia se refiere a una parcela de 191.000 metros cuadrados, cuando la finca tiene 700.000.
Según los demandantes, la reclamación afecta a unos 235.000 metros cuadrados, cifra resultante de restar a la superficie donada en 1937 los 170.000 metros adjudicados a «Hespérides» (la cooperativa ya ha saldado de forma amistosa su deuda con los demandantes) y los 65.000 que ahora ocupa una autopista.
En la demanda de ejecución de sentencia, la familia explica cómo desde 2007 hasta ahora ha intentado ponerse en contacto con Defensa para, «de forma amistosa, leal y recta, llegar a una solución extrajudicial (...) sin que se haya obtenido la más mínima atención ni respuesta».
Petición del Congreso
Los demandantes no son los únicos interesados en que Defensa desaloje la finca. La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso aprobó en mayo de 2007 una proposición no de ley en la que insta al Gobierno «a iniciar los trámites oportunos para el traslado, en el menor plazo de tiempo posible», de la base. La Cámara responde así a la modificación del Plan General de Ordenación Municipal de Santa Cruz de Tenerife.







* ABC - NIEVES COLLI - 22-06.09
Foto: abc.es

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'Aljarafe Habitable' pide que Cultura "recapacite" sobre Montelirio tras el aviso de la Fiscalía

QUÉ/Sevilla* : La organización conservacionista 'Aljarafe Habitable' reclamó hoy al delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno, que "recapacite" sobre la gestión desplegada en el dolmen de Montelirio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y enclavado en una finca de 16.000 metros cuadrados de Castilleja de Guzmán (Sevilla), advirtiendo de que la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha "confirmado" las quejas de los colectivos ciudadanos en su memoria del año 2008.

Después de que dicho departamento, coordinado por Javier Rufino, se viera obligado en 2008 a recurrir al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al no obtener una "respuesta pormenorizada" de la Consejería de Cultura, en el marco de unas diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número siete "por posibles daños" en el entorno del dolmen, el activista conservacionista Eduardo Apellániz dijo a Europa Press que la advertencia de la Fiscalía "confirma lo mal que se está tratando este asunto".

"Es gravísimo, hasta con la Fiscalía", señalaba Eduardo Apellániz en cuanto a la política de la Consejería de Cultura con este dolmen que constituye uno de los principales activos patrimoniales de la provincia en lo que al calcolítico se refiere. Al respecto, explicó que la Fiscalía ha venido a reconocer "lo que era un escándalo a voces". "Bernardo Bueno tendría que recapacitar", dijo este activista de 'Aljarafe Habitable' en cuanto a los aspectos que la Memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Superior de Andalucía recoge en 2008 sobre el dolmen de Montelirio.

Según esta memoria, recogida por Europa Press, al departamento que coordina Javier Rufino no le fue "factible" obtener una "respuesta pormenorizada" por parte de la Delegación provincial de la Consejería de Cultura en un procedimiento incoado por el Juzgado de Instrucción número nueve por "posibles daños en la zona" del dolmen de Montelirio, en cuyos aledaños a comienzos de 2008 se descubrió una necrópolis y otros vestigios históricos amenazados por un planeamiento urbano posteriormente suspendido.

"Tal vez por falta de medios", la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico no obtuvo "una respuesta pormenorizada" por parte del departamento de Bernardo Bueno, por lo que se vio en la "necesidad de acudirá a la investigación del Seprona".







* Qué.es - 22-06-09
Foto: Castilleja de Guzman (Sevilla), dolmen - Pérez Cabo (ELPAIS.com)

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Los Monegros No Se Venden: Derecho a discrepar

LMNSV* : El Ayuntamiento de Fraga denuncia a miembros de Stop Gran Scala Baix Cinca: ataca ideas y arremete contra la libertad de expresión. Entendemos por ello que el Ayuntamiento de Fraga no nos reconoce como ciudadanos libres de un estado democrático y se posiciona defensora y al servicio de los intereses de unos dudosos promotores, pretendiendo acallar las voces críticas al proyecto de Gran Scala.

Estamos perplejos al ver como un proyecto indefinido se apodera de nuestro derecho a la libre expresión y que también se apodera del poder legislativo con la cercana aprobación de la ley de centros de ocio de gran capacidad. Si perdemos nuestro derecho a opinar y de decidir sobre nuestras leyes, partiendo de intereses económicos y especulativos y no de la voz de los ciudadanos, haciendo leyes a la carta, rompiendo el consenso de una ley del juego, aprobada hace pocos años, para proteger a los ciudadanos de los problemas que ocasiona en la salud el juego, perdemos nuestra condición de ciudadanos. Una ley de centros de gran capacidad de ocio completamente desorbitada, fruto de políticas desordenadas e irresponsables, en plena crisis y entre tormentas de escándalos de corrupción en el Aragón surrealista. Por ejemplo Euro-disney no supera las 100 hectáreas y aquí las mínimas exigidas para un centro de ocio son 1300 hectáreas. Esta sinrazón es apoyada por el PAR, PSOE y el PP, todo por una idea que unos promotores, con un escandaloso pasado de estafas por Bolivia y España, falsos motores milagrosos, utilización ilegal del logotipo de la DGA, repetidas promesas incumplidas en las que por definición podemos llamarles estafadores y un largo etc., consiguieron engatusar al PAR con cenas, coches y Jets privados. El senador Mur y Muniesa, a quienes la revista Interviú señala relacionados en una estafa millonaria internacional a una empresa China, sirvieron como enlace entre los ubicados en paraísos fiscales y los ubicados en un sillón del Pignateli.
Nosotros no dudamos de nuestra condición de opositores a Gran Scala, no cederemos nuestra libertad ante los políticos que no queréis representarnos por ser capaces de discrepar, de unos presuntos promotores, que tan sólo han vendido humo, actividad que es una acepción del verbo estafar. Ahora hemos concedido nuestras leyes ante un humo, una idea que hace mucho tiempo fracasó en atraer operadores de la magnitud necesaria para llevar a efecto Gran Scala. Nos encontramos otra vez viendo como la DGA vuelve desesperadamente a avalar la idea de Gran Scala, para ver si algo se puede conseguir, pero no nos engañemos más, la imagen del gobierno de Aragón se encuentra muy devaluada, enturbiada en casinos que se deshacen en el aire, en escándalos como La Muela, de un casino en Panticosa que se esfuma…
ILD, los promotores de Gran Scala, quería una alfombra roja y encontró a unos representantes que estaban dispuestos a extendérsela. Ahora se suma el PSOE y el PP, en una aventura de mentiras, de falsas oficinas en Plaza, de ampliaciones de capital inexistentes, de avales que ni se molestaron en presentar, de plazos incumplidos una y otra vez .Nadie se acuerda de La Almolda, ni de Castejón de Monegros, nadie se acuerda de los pueblos de Aragón que se despueblan cada día. Se defiende Gran Scala desde la inmoralidad manifiesta por el vicepresidente de Aragón, quién dijo que el gobierno no iba a ser moralista. Se acepta Gran Scala con la sensacionalista excusa de los puestos de trabajo y no deja de asustar tal convicción que justifica desmanes por trabajo, guerras por puestos de trabajo en armamento. Justificación que opta por ser sumisa a los primeros oportunistas, que por enseñar unos dibujitos ya deseamos ser la tierra de los casinos, de las leyes a su merced y a quienes se atrevan a discrepar: ¡tranquilos! que los incorruptos poderes públicos en su imparcialidad y deber democrático no permitirán que la mafia nos domine, para eso ya están ellos.

Otro Aragón es necesario ya!!! Y No a Gran Scala

* Los Monegros No Se Venden







* alasbarricadas.org - 19-06.09
Foto: alasbarricadas.org

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La Fiscalía critica la lentitud judicial para demoler construcciones que son ilegales

ELCORREODEANDALUCÍA* : La Fiscalía de Medio Ambiente lamenta la lentitud con que los juzgados de lo Penal ejecutan las demoliciones de las construcciones ilegales. En su Memoria Anual de 2008 el Ministerio Público destaca que los delitos urbanísticos siguen aumentando: un 28% con respecto a 2007.

La saturación de los juzgados de lo Penal y la lentitud en ejecutar sus sentencias se está apreciando en los casos en los que se ordena la demolición de una construcción ilegal en un paraje natural. Ésta es una de las quejas de las que se hace eco la Memoria Anual de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla.

Según explica su coordinador delegado, Javier Rufino, el año pasado los juzgados sevillanos dictaron “una treintena” de sentencias firmes en las que se ordenaba la restauración del suelo a su estado originario en diversos puntos de la provincia. A juicio del fiscal en algunas ocasiones “la efectividad de la demolición se retrasa innecesariamente” por los plazos “injustificadamente amplios” que marcan los juzgados, aunque también reconoce que estos retrasos se deben muchas veces a la “falta de colaboración” de los condenados y hasta de los propios ayuntamientos.

Para garantizar la efectividad de la sentencia, Rufino propone que se inste al derribo y restauración del suelo en “un breve plazo de dos meses”, tiempo suficiente para realizar un proyecto de demolición, ya que suelen ser construcciones de escasa envergadura. También se opone a las suspensiones de las penas de prisión hasta que el procesado no deposite una cuantía que cubra los gastos del derribo, y a que las condenas se sustituyan con multas si no se produce la demolición, pues esto demuestra “la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado”.

Por otro lado, en cuanto al número de asuntos registrados el año pasado en esta Fiscalía, éstos han ascendido un 5%, pasando de las 282 diligencias incoadas en 2007 a las 298 durante el año pasado. Por el tipo de delitos, la Fiscalía alerta de una importante subida de los referentes a la ordenación del territorio, con un 28% con respecto a 2007. En este sentido, Rufino destaca que este tipo delitos acapara el 85% de las investigaciones que se iniciaron el año pasado por los fiscales de Medio Ambiente, ya que de las 298, un total de 255 fueron por infracciones urbanísticas.







* El Correo de Andalucía - Rocío Velis - 22-06.09
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es

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