El Estado desiste a los dos años de expropiar el hotel en la playa del Algarrobico

ELMUNDO/Almería* : La Administración General del Estado ha acordado hoy el desistimiento del procedimiento de expropiación iniciado en julio de 2007 de los bienes inmuebles ubicados en el paraje de El Algarrobico en el municipio almeriense de Carboneras al decaer las causas que lo motivaron tras una sentencia judicial de septiembre de 2008.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, del 5 de septiembre de 2008, ordenaba al Ayuntamiento de Carboneras iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la concesión de la licencia del hotel, que podría llevar a la nulidad de la concesión de la licencia de obras.

Tras esta sentencia, el Estado ha dictado una resolución, que ha sido firmada hoy por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, al ser la autoridad competente para dictar el citado acto administrativo, según ha informado la Oficina de Comunicación de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Tras este fallo judicial, el Estado ha acordado acudir a la figura del desistimiento del procedimiento de expropiación "en tanto no se resuelva la cuestión judicial sobre la posible nulidad".

La Dirección General de Costas, tras conocer de la ocupación de determinados terrenos ubicados en la servidumbre de protección de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, dictó resolución el 2 de diciembre de 2005, por delegación del Ministerio de Medio Ambiente, mediante la cual se declaraba de utilidad pública estos terrenos a los efectos de expropiación.

A esta primera resolución, que fue convalidada por acuerdo de Consejo de Ministros con fecha 23 de febrero de 2007, le siguió el acuerdo del delegado del Gobierno en Andalucía -el 30 de julio de 2007-, de necesidad de ocupación de los bienes y derechos, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 9 de agosto, por el que se inició el procedimiento expropiatorio.

Contra el acuerdo del Ayuntamiento de Carboneras de conceder licencia de obras -con fecha 13 de enero de 2003- se pronunciaron diversas asociaciones y la Junta, que pidieron la revisión de oficio de dicho acuerdo, y que fueron desestimadas por el Consistorio.

Presentados los recursos, éstos fueron admitidos a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, y sobre los que ahora se ha pronunciado anulando dicho acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Carboneras "por no ser conforme a derecho", y ordenándole a que inicie el procedimiento de revisión de oficio de dicho acuerdo municipal.

Conocida la resolución judicial de 5 de septiembre de 2008, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, y tras informe de la Abogacía del Estado, entiende que procede el desistimiento de dicho procedimiento de expropiación en tanto no se resuelva la cuestión judicial sobre la nulidad de la licencia.

No obstante, se atienden los efectos que podría tener sobre la determinación del justiprecio de los terrenos, y en atención al hecho de que si, finalmente, se declarara nulo dicho acuerdo municipal (bien en su revisión de oficio, bien por la vía judicial), la expropiación se haría innecesaria o, cuanto menos, su objetivo se circunscribiría sólo a los terrenos y no a la edificación.

La Administración General del Estado acuerda por tanto no continuar adelante con un procedimiento que puede suponer un detrimento de los fondos públicos, aunque dicha resolución de desistimiento tampoco es impedimento para que si se alteraran las circunstancias que concurren tras la sentencia se inicie de nuevo el procedimiento expropiatorio.







* El Mundo - EFE - 19.06.09
Foto: Un barco de Greenpeace fondeado frente al hotel del Algarrobico. | Arturo González (archivo)

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Un polígono en Alcàsser con informes en contra agrava las inundaciones en Silla

LEVANTE/Valencia* : La empresa de Fernando Bas Grau instaló un sistema de gestión de las aguas pluviales que tiene graves deficiencias según los estudios. El entonces concejal de Urbanismo de Silla que aprobó el proyecto es hoy diputado provincial.Las cíclicas inundaciones que afectan al núcleo urbano de Silla se han visto agravadas tras la urbanización del polígono de l'Alter, de Alcàsser. La obra la promovió la empresa Promociones Baspal, cuyo administrador es Fernando Bas Grau, suegro del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Un informe del Ayuntamiento de Silla señala que la gestión de aguas pluviales que Promociones Baspal desarrolló en el polígono fue "insuficiente" y concluye que aguas abajo se producen inundaciones cada vez con mayor frecuencia. Por allí discurre el cauce de la Rambleta, que se adentra en Silla, cuyo casco urbano puede verse afectado con lluvias torrenciales, advierte. Las obras del polígono, que ya han concluido, también afectan a una parte del término municipal de Silla.
Los técnicos han realizado un seguimiento de las obras y el informe desvela deficiencias en el sistema de gestión de las aguas pluviales. Afirma que la balsa de laminación construida "sirve de poco" por falta de capacidad, deficiencia de llenado y carencias en el sistema de vaciado. El agua discurre por los viales del polígono y se concentra al sureste. Ante lluvias de escasa intensidad las arquetas con rejilla resultan "insuficientes" y son objeto "de emboces continuos". En días de lluvia de intensidad media, el agua se acumula en la zona baja, inunda aceras y parcelas y toma el canal de salida de las obras del AVE. A lluvias más intensas el fenómeno se acrecienta, según la documentación.
Promociones Baspal fue creada el 4 de febrero de 2004 y según el registro mercantil cuenta con un empleado. La firma se dedica a la construcción, reparación y conservación de edificaciones. Fernando Bas Grau presentó el proyecto de urbanización comprendido entre las calles Fusters, Pedrapiquers, Llanterners y Antic Regne el 2 de diciembre de 2003, meses después de que su yerno se convirtiera en jefe del Consell.
En junio de 2005 el consistorio de Alcàsser presidido por Remedios Avia (PP) aprobó definitivamente el proyecto. Y siete días después lo hizo también el de Silla en contra de los informes de sus técnicos. El hoy diputado provincial Isidro Prieto era el concejal de Urbanismo. Prieto asegura que se hicieron reuniones para "introducir medidas correctoras, pero las aguas llegaban a Silla igual. Ahora se está empezando a dar solución a este problema por una inversión de la Generalitat de casi 8 millones de euros". El entonces alcalde, Josep Lluís Pitarch (Bloc), asegura que su equipo de gobierno exigió una corrección al proyecto y logró que se ejecutara una balsa de decantación y que por eso dieron su apoyo, explica. A Pitarch lo mantenía en la alcaldía un cuatripartito y el Partido Popular controlaba el área de urbanismo.
Pero el arquitecto municipal insistía en febrero de 2005 en que la documentación aportada por Baspal se limitaba a afirmar que tiene "resuelta" la evacuación pero mostraba sus dudas de que esto fuera así. Ese mismo mes Bas pide al Ayuntamiento de Silla la licencia administrativa para proceder a la urbanización en la parte que afecta a este término.
La familia de Isabel Bas, la mujer del presidente de la Generalitat, era propietaria en un 90% de los terrenos, según documentación del Ayuntamiento de Alcàsser. Incluso una parcela del polígono que se halla dentro del término de Silla es propiedad de una cuñada de Camps.
La parcela de Gloria Bas se fusionó con el resto de propiedades de la familia. Después, Fernando Bas cedió a la empresa Pavasal la urbanización y aún no le han entregado las obras aunque ya están concluidas, según dijo el propio Bas a este diario.
Los técnicos nunca vieron claro el proyecto
Aquel año se aprobó también el acceso ferroviario del AVE en el tramo Alcàsser-Picassent que supuso la modificación del PGOU y la ordenación de la zona este del polígono. A la primera petición formulada por el suegro de Camps a finales de 2003, el Ayuntamiento de Alcàsser, gobernado entonces por el regionalista Julio Chanzá, no puso objeción ya que la urbanización de la zona mejoraba la comunicación dentro del polígono. Pero el Ayuntamiento de Silla no lo vio claro y el 29 de diciembre de 2003 ya reclamaba un informe con cálculos sobre el drenaje y el arquitecto señalaba que mientras no se clarificara el desagüe de pluviales y su evacuación no se podía informar favorablemente. Silla considera "del todo punto inaceptable" que el polígono vierta las aguas directamente a la cuenca de la Rambleta e insta a Alcàsser a una solución que no sea trasladar las aguas abajo. Alega que el Patricova rechaza incrementar el riesgo de inundación en otros municipios potencialmente afectados y advierte del incremento de caudales por la regresión de la superficie de cultivo y de que la capacidad del desagüe de la Rambleta es "limitada" y que incluso con lluvias de escasa intensidad se provocarán inundaciones en la zona urbana de Silla.







* Levante-EMV - CARLOS ALÓS - 18.06.09
Foto: Instalaciones de la última fase del polígono de l´Alter de Alcàsser ya acabadas pero aún cerradas; al fondo, Silla. - abelard comes , levante-emv.com

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Sevilla: Los delitos urbanísticos crecen un 28% y rondan el millar de casos desde 2005

DIARIODESEVILLA* : Los delitos urbanísticos crecieron en 2008 año en Sevilla un 28,78% con respecto al año anterior, lo que ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a mostrar su "preocupación" por el incremento de casos a pesar de las sentencias condenatorias que se han registrado en los últimos años y la decisión de los jueces de acordar la demolición de las edificaciones.

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo recoge que el año pasado se incoaron 255 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio frente a los 198 que se contabilizaron en 2007. La mayoría de estas infracciones son cometidas por particulares que levantan pequeñas construcciones en suelo rústico.

Desde 2005, el número de delitos contra la ordenación del territorio que ha investigado la Fiscalía hispalense asciende ya a 906 y, según la memoria, estas investigaciones acaparan el 85% del trabajo que realizan los fiscales especialistas en Medio Ambiente. Así, de las 298 diligencias de investigación incoadas en 2008, 255 lo fueron por delitos contra la ordenación del territorio frente a las 23 relacionadas con el Medio Ambiente, nueve contra la Flora y la Fauna y cinco contra el Patrimonio Histórico.

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Rufino, señala que desde 2007 los jueces de Sevilla han dictado unas 40 sentencias firmes en las que se acuerda la demolición de las construcciones ilegales, con la finalidad de restaurar el suelo a su estado original. El fiscal advierte de que estas condenas han generado "notables problemas" a la hora de ejecutar el derribo, "por las naturales trabas creadas por los condenados, la sistemática impugnación de cualquier providencia orientada a ejecutar tal pronunciamiento y la falta de colaboración de algún Ayuntamiento particularmente afectado".

Otras veces la efectividad de la demolición se retrasa "innecesariamente", dice el fiscal, porque el juzgado de lo Penal fija un plazo "injustificadamente amplio" para llevar a cabo la demolición.

Para dar eficacia a la medida de demolición, la Fiscalía ha optado por oponerse a cualquier suspensión de las penas de prisión mientras no se satisfaga el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que constituye la demolición, siempre que el acusado sea solvente. La negativa a demoler ha llevado a dos juzgados a dictar órdenes de ingreso en prisión de los condenados, aunque el encarcelamiento no se ha producido porque el reo ha recurrido esta decisión.

La Fiscalía también se opone en estos casos, cuando no se produce la demolición, a que se sustituya la pena de prisión por una multa, ya que, según el Ministerio Público, el hecho de no derribar "demuestra la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado".

En cuanto a las zonas más conflictivas durante 2008, la memoria de la Fiscalía subraya los procedimientos abiertos que afectan a los parajes de El Serafín, en La Rinconada, y Clarevot, que abarca a varios municipios, además de la investigación iniciada sobre suelos no urbanizables en El Arahal. Sólo en esta última localidad se espera que la unidad de Policía Adscrita a la Junta remita más de 170 atestados por posibles delitos en este paraje, donde una sola de las parcelaciones tiene 294.883 metros cuadrados y unas 147 parcelas de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados, donde ya se han levantado edificaciones sin licencia.

La Fiscalía de Medio Ambiente muestra su preocupación por el incremento de delitos urbanísticos a pesar de la relevancia pública que se está dando a las condenas. "La situación ha empeorado y sorprende que pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias, publicadas en muchas ocasiones en los medios de comunicación, continúen proliferando las pequeñas edificaciones en suelo rústico y, en ocasiones, en suelos de especial protección". El fiscal concluye que ante este fenómeno, el uso y eficacia de las facultades de disciplina urbanística de los Ayuntamientos es "ínfima", sobre todo en cuanto a la adopción de medidas cautelares.







* Diario de Sevilla - J. Muñoz - 19.06.09
Foto: La imagen muestra una parcelación ilegal, uno de los fenómenos que más trabajo generan a la Fiscalía de Medio Ambiente. - diariodesevilla.es

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El juez del 'caso Guateque' centra la investigación en cuatro concejales

ELPAÍS/Madrid* : El caso Guateque salpica ya a parte de la cúpula del Ayuntamiento. Santiago Torres, el juez que investiga la mayor trama de corrupción descubierta en Madrid relacionada con la concesión de licencias a locales, fija su investigación ahora sobre 16 cargos de confianza municipales, incluidos cuatro concejales del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).

Se trata de Luis Asúa, edil responsable del distrito de Retiro; Luis Miguel Boto, de Chamartín; Dolores Navarro, responsable de Arganzuela, y Elena Sánchez, de Hortaleza. Tres de ellos estaban en otros distritos en el mandato anterior, periodo sobre el que pide información el titular del Juzgado de Instrucción 32 al Ayuntamiento de Madrid.

Los cargos que ostentaban entonces todos ellos (salvo Boto, los demás han cambiado de destino) están en una gigantesca base de datos en poder del magistrado: la de la Concejalía de Medio Ambiente, departamento del que partieron las irregularidades de este caso, iniciado hace dos años. En total, 10 ediles y nueve cargos de confianza, según esa documentación, ordenaron agilizar las licencias, a tenor de las anotaciones hechas en los expedientes por los funcionarios (véase gráfico en la página siguiente).

Torres pide información sobre quiénes, en determinadas fechas entre 2005 y 2007, ocupaban el puesto de concejal u otro alto cargo. Al menos tres de estas fechas, citadas en la providencia del juez, del 10 de junio, coinciden con las anotadas en los expedientes. Es el caso, por ejemplo, de Elena Sánchez, entonces edil de Ciudad Lineal, que pidió agilizar una licencia para una cafetería de Arturo Soria. Los funcionarios lo anotaron el 9 de enero de 2006: "Prioridad concejal de Ciudad Lineal".

Las coincidencias en las fechas siguen en el caso de las gestiones de Luis Asúa, entonces en el distrito de Centro, para dos locales en la calle de la Cruz y en la de Salitre, y las de Dolores Navarro (Tetuán) para un restaurante en Capitán Haya. Cuando el contenido de estos expedientes fueron publicados por EL PAÍS hace año y medio, los ediles alegaron que tramitaron su agilización por las quejas recibidas de los dueños de los locales por el atasco de las licencias.

El magistrado solicita también datos de quiénes eran en esas fechas (entre 2005 y 2007) los gerentes (la mano derecha de los concejales) y otros altos cargos de siete de los 21 distritos: Hortaleza, Chamartín, Latina, Retiro, Barajas, Carabanchel y Salamanca. Según la providencia del juez, el origen de esta petición es la declaración de una funcionaria imputada, Esther del Olmo Rodríguez, del Departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Dos de los principales cabecillas de la trama, Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro -ambos imputados-, eran los responsables.El testimonio de la imputada Del Olmo, según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "ha resultado crucial". Y eso significa, según la misma fuente, que el siguiente paso será llamar a declarar en calidad de testigos o imputados a algunos de estos cargos de confianza del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid,

"Yo he llamado muchas más veces de lo que aparece en la base de datos", aseguraba ayer uno de los altos cargos sobre quien reclama información el juez; "era todo un desastre y me interesaba por algunos expedientes. Es una cosa normal porque era un caos". Considera que la declaración de Del Olmo es una maniobra exculpatoria de los principales imputados en el caso Guateque, Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos, compañeros de Del Olmo.

Asimismo, el juez pide las declaraciones a Hacienda entre 2003 y 2006 del ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y ex concejal Alberto López-Viejo, destituido en febrero por estar implicado en el caso Correa de corrupción vinculada al PP. Su esposa, Teresa Gabarra, obtuvo para un restaurante suyo una licencia en un tiempo récord, 20 días, tal y como declararon dos inspectores municipales ante el juez. Un portavoz del TSJM señaló que esta reclamación obedecería a intentar conocer los bienes de la mujer de López-Viejo. El juez Torres ya se interesó por el patrimonio de López-Viejo el 27 de marzo. Reclamó las declaraciones del Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad y el de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos del Gobierno regional. El magistrado pedía también al Registro Civil el régimen económico del matrimonio.

Los investigados

- Luis Asúa, ex concejal de Centro.

- Dolores Navarro, ex concejal del distrito de Tetuán.

- Luis Miguel Boto, concejal de Chamartín.

- Sánchez Gallar, ex concejal de Ciudad Lineal.

- Jorge Rodrigo, ex gerente de la Junta de Hortaleza.

- Fernández Sánchez, ex gerente en Salamanca.

- Ángel R. Herraiz, gerente de la Junta de Chamartín en 2005.

- Sonsoles Medina, gerente de la Junta de Carabanchel en 2006

Los ediles en el foco de investigación

Luis Asúa Brunt, concejal de Retiro.

- Cuando era concejal de Centro pidió adelantar la licencia de un bar en la calle de la Cruz y de otro local en Salitre.

Luis Miguel Boto, concejal del distrito de Chamartín.

- Pidió adelantar la licencia de una bocadillería en el paseo de la Castellana. Sigue en el mismo puesto.

Elena Sánchez, concejal de Hortaleza.

- Desde su puesto anterior, como edil de Ciudad Lineal, pidió priorizar una licencia de una cafetería en Arturo Soria.

Dolores Navarro, concejal del distrito de Arganzuela.

- Cuando estaba en Tetuán pidió adelantar la licencia de un bar restaurante en la calle del Capitán Haya.


Con información de Beatriz Jiménez.







* ELPAIS.com - JORGE RODRIGO, EX GERENTE DE LA JUNTA DE HORTALEZA. - Madrid - 19/06/2009
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE

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Los ayuntamientos siguen sin colaborar en atajar las infracciones urbanísticas

MÁLAGAHOY* : La inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Málaga siguen sin perseguir y actuar contra las infracciones urbanísticas que se comenten en sus términos municipales. Esta aseveración vuelve a ser puesta sobre la mesa por la Fiscalía de Málaga y subrayada en la memoria de 2008 elaborada por este departamento.

En el documento, el fiscal delegado de la sección de Delitos contra el Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico, Juan B. Calvo-Rubio Burgos, denuncia por enésima vez la falta de "colaboración" y de labor persecutoria de buena parte de las corporaciones locales en esta materia.

Pero las apreciaciones del fiscal no apuntan únicamente a los consistorios, de los que únicamente salva a Málaga y Vélez-Málaga, sino que también aluden a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Sobre este departamento, subraya negativamente la espectacular caída en el número de denuncias que formuló el pasado ejercicio, ya que pasa de 89 en 2006 a sólo 14 en 2008. La cifra, a juicio de Fiscalía, es escasa "en relación con el volumen de infracciones" que se cometen en la provincia.

En cuanto a los ayuntamientos, el Ministerio Público destaca que el pasado ejercicio se observa "una menor iniciativa en la persecución de las infracciones delictivas" que tienen lugar en sus localidades. "Motu propio, pocos han iniciado actuaciones que hayan sido puestas en conocimiento de la Fiscalía", añade, aunque admite que en la mayoría de los casos los ayuntamientos han contribuido cuando se les ha demandado cooperación.

El fiscal constata, sin embargo, la existencia de algunas excepciones entre las corporaciones municipales, caso de Málaga y Vélez-Málaga. En el primero de los casos, se destaca que la Gerencia de Urbanismo de la capital ha aumentado un 20% el número de denuncias interpuestas respecto al ejercicio anterior, con un total de 65, mientras que en el segundo, se indica, de un lado, que adquiere nuevamente "protagonismo", con 22 denuncias, pero, de otro, que ello representa apenas la mitad de las presentadas en 2006.

Asimismo, la memoria de la Fiscalía ensalza la labor realizada por el Seprona, de la Guardia Civil, aunque se apunta "la escasa aportación" que ha supuesto la creación del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Benemérita, "no por desidia o inoperatividad de sus miembros, sino, evidentemente, por la falta de medios con que iniciaron el trabajo y, quizás, porque su creación fue dirigida más bien a la persecución de delitos urbanísticos como consecuencia de la corrupción". Además, se critica la poca actividad en cuanto a delitos contra la Ordenación del Territorio de la unidad adscrita a la Policía Nacional.

De acuerdo con la memoria anual, los supuestos delitos contra la Ordenación del Territorio siguen encabezando el listado de investigaciones abiertas por la Fiscalía, con 276 de las 360 totales, lo que supone el 76%, y conlleva un aumento del 13% respecto a 2007. A ellas se suman las vinculadas con delitos contra el Medio Ambiente, 57, que se multiplican pos siete; el Patrimonio Histórico, con 5, y la Flora y la Fauna, con 23. De todas las diligencias de investigación correspondientes a 2008, 146 fueron archivadas por entenderse que los hechos no eran constitutivos de delito; 90 fueron trasladados a los juzgados; 77 estaban pendientes de diligencias y 47 conllevaron la interposición de una querella.

En cuanto a las sentencias formuladas en 2008, la memoria fiscal constata que no se registró ninguna relacionada con delitos contra el Medio Ambiente, el Patrimonio Histórico e Incendios Forestales y sólo una por delitos contra la Flora y la Fauna. A ellas se suman 30 sentencias por delitos contra la Ordenación del Territorio, de las que 22 fueron condenatorias.

De estas últimas, según la información de la Fiscalía, hay 13 vinculadas a la construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares de valor paisajístico. Estas sentencias dieron lugar a la demolición en diez de los casos. También se contabilizan 9 sentencias por informar favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas.







* Málaga Hoy - S. Sánchez - 18.06.09
Foto: Vista de las construcciones diseminadas levantadas en algunos municipios de la comarca de la Axarquía., malagahoy.es

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El Tribunal Superior requiere información al Concello sobre el derribo de Jacinto Benavente

FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pide cuentas al Concello de Vigo sobre lo que ha hecho hasta ahora para llevar a la práctica la sentencia de derribo de las viviendas de Jacinto Benavente, ordenada por ese mismo órgano judicial en 1999. Le da diez días para que "remita testimonios de todas y cada una de las diligencias que se hayan practicado para llevar a debido efecto la ejecución de la sentencia pronunciada".

Ésta afecta a 180 viviendas que están ubicadas en el conocido como Peri "Jacinto Benavente"; es decir, entre las calles Coruña 76-78 y Chano Piñeiro 1,3,5,7 y 9.
Concello y propietarios se aferran al procedimiento iniciado el mes pasado en la Gerencia de Urbanismo, para adaptar todas las viviendas al actual planeamiento urbanístico, porque habían sido declaradas ilegales con el anterior. Fuentes municipales aseguran que trasladaron al alto Tribunal información sobre trámite iniciado por los propietarios para pedir una nueva licencia, acorde al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Hace justamente sólo un mes que los propietarios de las viviendas solicitaron la adaptación de la construcción al nuevo PXOM en la Gerencia de Urbanismo. Los vecinos tratan así de legalizar sus pisos por vía municipal y luego solicitarán ante los tribunales la inejecución del derribo. De momento, esperan la respuesta del Concello, que tendría que ratificar en un pleno municipal que la construcción queda legalizada conforme al nuevo ordenamiento municipal.
Pero el letrado que representa a la mayoría de los propietarios de la comunidad de Jacinto Benavente, José Luis Barros, avanzó ayer que apelarán contra el escrito remitido ahora por el TSXG al Concello pidiendo explicaciones. Tienen cinco días para presentar el recurso y en éste, argumentarán que están en medio de un proceso de legalización. "Alegamos que no tiene objeto, dada la nueva situación del edificio y pretendemos así impugnarlo", explicó ayer el abogado.
Fuentes municipales aseguraron ayer que se realizó un envío el pasado 18 de mayo de toda la información al Tribunal Superior. Le trasladaron así la intención de que los propietarios presentaron la solicitud de nueva licencia. Aún no se ha resuelto la solicitud, y luego tendría que incorporar más información. No obstante, el Concello indica que cumplirá y acatará todos los requerimientos que se marquen desde la autoridad judicial competente.
La sentencia de derribo del TSXG se demora desde hace una década. La razón no es otra que un recurso de casación presentado por el Concello ante el Tribunal Supremo para evitar el derribo y en las salas del TSXG durante 2006. El fallo judicial se conoció hace dos meses. Fue desfavorable al Concello, por lo que la demolición sigue en vigor.
Pero estas viviendas no son las únicas en esta situación. El Concello de Vigo ya encargó en abril de este año a la Escuela Superior de Arquitectura y al Colegio Oficial de Arquitectos dos informes para remitir al TSXG, que avalen la demolición parcial de otro edificio afectado por una orden de demolición: O Piricoto. En este caso, el Concello asume que la legalización pasaría por la demolición parcial del inmueble para adaptarlo al entorno del pazo de Castrelos, tal y como le pide el máximo Tribunal gallego.






* Faro de Vigo - 18.06.09
Foto: Una vista de las viviendas afectadas, entre las calles Chano Piñeiro y A Coruña. J. Lores, farodevigo.es

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Valladolid: El juez ordena al alcalde demoler partes del edificio Caja Duero

20MINUTOS* : La Justicia se ha vuelto a pronunciar en contra de una decisión urbanística del alcalde. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado que se ejecute la sentencia de abril de 2008 que declaró ilegal la licencia de rehabilitación del edificio de oficinas y viviendas de la Plaza Zorrilla, donde Caja Duero tiene su sede central.

El juez ordena a Javier León de la Riva, que tiene su vivienda en este edificio, que «bajo su directa y personal responsabilidad» ordene la demolición de las obras que se hicieron con el permiso de la licencia ahora anulada. Para ello le da tres meses de plazo.

La sentencia afecta a las galerías de la fachada interior del edificio, elementos de la cubierta y parte de la fachada exterior. Deberán reconstruirse los elementos protegidos que fueron tirados. Asimismo, ordena que se dejen de usar y se desaloje a los dueños de los áticos que antes no existían y se levantaron gracias a la licencia.

La federación, satisfecha

El caso lo llevó a los tribunales la federación de vecinos, que ayer se mostró satisfecha por el pronunciamiento del juez y exigió responsabilidades políticas «al más alto nivel por estos desaguisados». «Es lamentable que la obcecación de nuestro alcalde genere por enésima vez perjuicios a toda la ciudad», dijo su presidente, Ángel Bayón. La federación indicó que no es la primera vez y recordó los casos de Niña Guapa o de Juan de Austria.







* 20 Minutos - J.S.C.. 18.06.2009
Foto: Valladolid, edificio pza Zorrilla - nortecastilla.es

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Condenan a tres años de prisión al ex alcalde de Abdalajís

LAOPINIÓN/Málaga* : El ex alcalde del Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal (PP) cumplirá a sus 64 años una condena de tres años de cárcel por delitos continuados de prevaricación urbanística durante el periodo en el que gobernó en la citada localidad malagueña, en concreto por los hecho acaecidos entre 2001 y 2004.

Así lo ha acordado el propio ex regidor con la Fiscalía de Málaga, quien solicitaba en un principio para Gómez Arrabal una pena de 30 años de cárcel y 111 años de inhabilitación, por 12 delitos de prevaricación urbanística, nueve de ellos de "carácter continuado".
Asimismo, la resolución judicial también recoge que tres ediles de los cuatro que formaban parte de la comisión de gobierno de aquellos años cumplan 27 meses de prisión, y que el tercero, en esta caso una ex concejala, pague una multa de unos 108.000 euros, aclaró a este periódico Gómez Arrabal, quien no pudo evitar mostrarse muy confuso con la sentencia judicial.
"Este fiscal ha sido durísimo con nosotros. No cabe otra palabra. Cualquiera en el pueblo puede decir que no nos hemos enriquecido con las licencias concedidas a los vecinos. Es más, yo no tengo ni propiedades en el Valle, sólo una casa fuera del pueblo que me dejó mi padre en herencia. Éso demuestra que actuábamos sólo pensando en el bien de nuestros conciudadanos", resaltó indignado el ex regidor, quien pidió para él y sus antiguos compañeros políticos la solicitud de indulto por parte del juez.
El ex alcalde popular adelantó que un amplio grupo de vecinos están recogiendo firmas en la localidad y en municipios vecinos a favor de un indulto para los acusados y, según sus cálculos, ya se podría sobrepasar el millar de apoyos. "Además, recientemente hubo una concentración en el pueblo en señal de protesta por esta resolución judicial, y para el 27 de julio está prevista otra concentración en la plaza central del pueblo", continuó Gómez Arrabal.
Por otra parte, en relación al ´caso Mirador´, que afectaba a toda la corporación municipal anterior a la actual por permitir la ejecución de una urbanización sin planeamiento vigente, la Fiscalía ha acordado siete años de inhabilitación para los ediles implicados, según fuentes judiciales consultadas.







* La Opinión de Málaga - LOLA SÁNCHEZ. - 17.06.09
Foto: Abdalajís (Málaga) - andalucia.org

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Por qué Madrid no es Ámsterdam

ELPAÍS* : En la capital holandesa, uno de cada tres viajes se hace en bici. Aquí, ni el 1%. Aníbal refunfuña en el asiento de bebé. "No le gusta parar", dice su padre. Pero no queda otra. El padre conduce la bici y esquiva coches, y el niño, amarrado con correas a la silla, pone caritas cada vez que frenan. Quizá en 2016 Madrid sea olímpica. Y como establece el Plan Director de Movilidad Ciclista, quizá para entonces, cuando Aníbal tenga nueve años y vaya en su propio sillín, el paseo de la Castellana disponga de carril-bici de punta a punta. Pero aún no existe.

Y recorrer la avenida hasta el parque del Retiro, como hicieron ayer un centenar de ciclistas, es una carrera de obstáculos entre coches, charcos y humo.

La excusa era una invitación de la Embajada de Holanda para promocionar que tendrán una etapa en la Vuelta Ciclista a España. Quieren fomentar el uso de la bici, dicen, como ocurre en Ámsterdam. Pero no hay color. Para que Madrid se pareciera a la capital holandesa -donde el 73% de los habitantes tienen una o más bicis que usan a diario y donde las calles estrechas y planas facilitan su uso- necesitaría más carriles, más educación vial y más conciencia entre los conductores.

"Hay demasiado espacio para el coche y mucha congestión", resaltaba ayer tras el paseo Ria Hilhorst, responsable de movilidad en el Ayuntamiento de Ámsterdam. El urbanista Alfonso Sanz, uno de los redactores del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid, criticó cómo se está implantando el informe que quiere transformar a la capital en un lugar donde ir en dos ruedas no dé miedo. No es una forma de hablar. El 43% de madrileños encuestados en un estudio reciente del RACC señalaban que prefieren no usarla porque "no es seguro".

El plan ciclista de Madrid, presentado hace un año, incluye 575 kilómetros de carril-bici para 2016. Todos los distritos tendrán vías ciclistas, según el documento, y se eliminarán coches de las calles para dar espacio a las bicicletas. El informe prevé aparcamientos para bicis (unas 8.000 plazas) y un sistema de préstamo como el que ya triunfa en Barcelona, Sevilla o Zaragoza. Hasta la fecha se ha pospuesto en Madrid "por la crisis", según explican desde el Ayuntamiento.

Uno de los artífices de ese documento criticó ayer "la precipitación" con la que se ha puesto en marcha. Alfonso Sanz colaboró en la redacción del plan como asesor externo de gea21, un grupo de estudios y alternativas de movilidad. "No hay financiación estable", señala el urbanista. La construcción de carriles bici y aparcamientos, salvados por los Fondos de Inversión estatal, "se hace de forma precipitada". El dinero de los llamados Fondos Zapatero -23 millones para 50 kilómetros de carriles- tienen plazos y apretados. Deben estar construidos antes de que acabe el año.

Sanz, que usa la bici a diario para ir a la oficina, pone el ejemplo de su barrio, Prosperidad, donde hay un nuevo aparcamiento en el que ni siquiera caben bien las bicis. Y critica que "no se esté contando con la participación de los usuarios". Ciclistas como Juan Merallo, de la asociación Pedalibre, que ayer coordinó megáfono en mano el paseo por la jungla.

A Merallo, que lleva años peleando por hacer de Madrid una ciudad en dos ruedas, no le gusta que los aparcamientos de bicicletas roben espacio a las aceras, al peatón, en vez de quitárselo al coche. Y reclama "más infraestructuras, como en Holanda". Si comparamos otra vez, Ámsterdam (con una superficie tres veces más pequeña que la de Madrid y cuatro veces menos población) tiene ya 400 kilómetros de carril-bici frente a los 146 de la capital (la mayoría en el Anillo Ciclista, es decir, en recorridos que la gente normalmente no usa para ir a trabajar).

Sólo el 0,14% de los madrileños usa la bici para desplazamientos habituales. La previsión municipal es llegar al 4% en 2016. En Ámsterdam, casi un tercio de los viajes (27%) van sobre dos ruedas. "Es que aquí es peligroso", asegura Aafke Trouwborst (31), otra holandesa que se sumó al paseo. Arma Kleinepier, de 35, se gana la vida en Madrid organizando rutas alternativas para ciclistas y turistas.

"Aquí la bici no existe en la mente de los automovilistas", explica la mujer. Los conductores madrileños no están preparados, como denuncia el padre de Aníbal, José Mira. "Los taxistas son bastante agresivos, te hacen saber que tú molestas", protesta. En efecto, un taxista bajó ayer la ventanilla a mitad del paseo para protestar por el pelotón de la Castellana. "Hay que inculcarlo en los colegios, enseñar a los chavales a amar las bicis", reflexionaba el ciclista profesional Abraham Olano, campeón del mundo de contrarreloj y ganador de una Vuelta a España. También pedaleó ayer con el grupo. "Se hace extraño andar por mitad de Madrid en bici, rodeado de coches".

Friso Wijnen, el agregado cultural de la Embajada de Holanda, amaba la bici ya de pequeño, porque en su país es algo "tan natural que se da por descontado". En su país cunde el ejemplo: muchos políticos la usan a diario para llegar a los despachos. Él la aparcó cuando se trasladó a trabajar a Madrid. "A veces la cojo para ir al Retiro, pero no es lo mismo", asegura. "La echo mucho de menos, la bici es libertad".
"Hay que hacerlo fácil"

Le ha bastado un paseo para detectar lo que no le gusta. Ria Hilhorst, responsable de movilidad del Ayuntamiento de Ámsterdam, recorrió ayer por la mañana el paseo de la Castellana en bicicleta con una comitiva. ¿Algún problema? "Hay mucho ajetreo y congestión", resume. "Lo importante es darle prioridad al ciclista y al peatón". Ella es una de las que ha hecho posible que el 90% de las carreteras de la capital holandesa "sean fáciles para el que va en bici". En la mayoría de las calles, el límite de velocidad para coches se fija en 30 kilómetros. Y para que los conductores lo respeten, están plagadas de badenes que hacen frenar sí o sí.

Algunos planes son más difíciles de poner en marcha. Como carriles-bici que conecten de forma "rápida, confortable y segura" las zonas residenciales con el lugar de trabajo. Otros recursos suponen menos esfuerzo. La responsable de movilidad holandesa pone un ejemplo: duchas en las empresas. Es lo que hacen algunas compañías, que facilitan a sus trabajadores que se duchen en la oficina al llegar tras un recorrido de más de 10 kilómetros. En la puerta de sus trabajos, igual que en los colegios de sus niños, abundan los aparcamientos para bicis. "Se trata de que la gente se plantee para qué necesita el coche y vea que no le hace falta para nada".






* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 17/06/2009
Foto: Madrid, bicicletas 2007 - espormadrid.es

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Quince alcaldes de la provincia de Almería están siendo investigados por presunta prevaricación urbanística

TELEPRENSA* : Prácticamente el quince por ciento de los alcaldes de la provincia están siendo investigados por presunta prevaricación urbanística. Así lo refleja la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía hecha pública hoy miércoles 17 de junio que, en lo que concierne a Almería, pone el acento en el destacado incremento de los procedimientos penales abiertos contra responsables políticos por este tipo de delitos.

En concreto, según detalla el documento, durante 2008 se encontraban en trámite procedimientos por prevaricación urbanística contra quince alcaldes de municipios de Almería. En el caso de alguno de estos regidores, los procesos abiertos fundamentalmente por concesión de licencias administrativas "claramente" contrarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía son "múltiples".

Adem&aa cute;s, la Fiscalía Superior subraya en este capítulo que se han llegado a formular a lo largo del año dos escritos de acusación contra alcaldes por supuesta omisión del deber de perseguir delitos del artículo 408 del Código Penal.

Dentro de los datos que aporta la Fiscalía, destaca el de la tramitación durante 2008 de un total de 48 diligencias de investigación relacionadas con el medio ambiente, de las que 45 se refirieron a asuntos relacionados con la ordenación del territorio, mientras que el resto estuvieron centradas en delitos de incendio forestal.

De entre estas diligencias, 28 motivaron la formulación de denuncias, 16 se archivaron y, finalmente, cuatro se encuentran todavía pendientes de tramitación. La memoria de la fiscalía constata sobre este asunto un descenso en la cantidad de diligencias tramitadas, que argumenta en una menor proliferación de los delitos contra la ordenación. Entre las posibles causas de esta bajada parece encontrarse la caída del sector de la construcción, que ha repercutido de forma directa en la edificación de viviendas ilegales.

A las diligencias de investigación incoadas durante el último año se sumaron los 175 procedimientos judiciales abiertos durante el mismo periodo por delitos contra la ordenación del territorio (121), contra el medio ambiente (1), contra la flora y la fauna (13), contra el patrimonio (7), de incendio (24) y de malos tratos a animales domésticos (9). En este apartado, el año siguió la misma tendencia creciente registrada en los últimos cuatro años.






* Teleprensa - 17.06.09
Foto: La fiscalía ha presentado su memoria del año 2008 - teleprensa.es

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Marbella: Muñoz legalizará el Banana Beach, el gran atropello de la era GIL

MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Marbella tiene previsto modificar el texto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que le remitió el pasado viernes el equipo redactor para legalizar la situación de cerca de medio millar de viviendas que se mantienen fuera del legalización y entre las que se incluyen los 300 apartamentos del complejo Banana Beach, uno de los mayores atropellos urbanísticos de la era GIL.

De hecho, esta promoción, levantada en los tiempos de Jesús Gil como alcalde, convirtió a Marbella en el primer ayuntamiento de España con una comisión de gobierno al completo condenada en firme por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Así lo anunció ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien informó de que el equipo de gobierno estudiará las medidas necesarias para aprobar de forma provisional el planeamiento con la inclusión de las tres urbanizaciones habitadas que han quedado fuera del documento: la mencionada Banana Beach, las viviendas que se asientan sobre un yacimiento arqueológico en Río Real y una treintena de casas en El Alicate, en La Víbora.

El Consistorio analizará en las próximas semanas "todas las vías posibles" para incluir estas tres urbanizaciones y sumarlas a las 18.000 casas que serán normalizadas por el nuevo plan, que será sometido por segunda vez a aprobación provisional a mediados de julio para, posteriormente, remitirlo a la Junta de Andalucía antes de agosto. La Administración regional dispondrá de cinco meses para darle el visto bueno definitivo.

Según los cálculos del Consistorio marbellí, el PGOU podría estar aprobado a finales de 2009. La alcaldesa mostró su deseo de reunirse con la Consejería de Vivienda y Ordenación antes de la aprobación definitiva para trasladar sus razones para incluir estas tres urbanizaciones. "Este texto no pretende ser una amnistía ni un punto final. Hay muchas viviendas, más de mil, que no se regularizan, pero son inmuebles que no están habitados. Cuando hay propietarios detrás, hay que ser mucho más flexibles", añadió.

Muñoz expresó su confianza de alcanzar un acuerdo con la Junta, ya que "hablamos de tres promociones muy concretas. En el caso de Banana Beach se puede dejar para un posterior desarrollo al incluirlo dentro del área del polígono y en cuanto a las otras dos promociones, se estudiarán las posibles compensaciones al Ayuntamiento". No obstante, dados los antecedentes, no parece que este acuerdo sea sencillo, puesto que ya en marzo de 2005 la entonces consejera de Obras Públicas Concepción Gutiérrez solicitó la demolición de Banana Beach.

La regidora subrayó que el derribo de estos edificios habitados crearía alarma social y pérdida de confianza en las administraciones. "Entendemos que hay que hacer un esfuerzo" e incluir estas edificaciones en el sistema de compensaciones del PGOU. "Espero que podamos presentar los argumentos suficientes para que se apruebe esta modificación y la Junta esté de acuerdo", añadió, al tiempo que dijo entender los criterios del equipo redactor y del Gobierno regional, pero abogó por alcanzar un punto de entendimiento.

Además, destacó la importancia de las zonas verdes y de esparcimiento, así como la intención de la Administración autonómica de recuperar el frente litoral, pero "también hay que tener en cuenta que detrás hay personas. Aunque el urbanismo se pinta en plano, detrás hay muchos afectados y tenemos que defender sus intereses". En cuanto a las sentencias pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para demoler varios inmuebles, Muñoz aseguró que cuando el PGOU se apruebe definitivamente, el Ayuntamiento instará a los promotores "para que lleven a cabo todas aquellas peticiones de ejecución de sentencia".







* Málaga Hoy - E.P. - 17-06-09
Foto: Marbella, Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com

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El TS ilegaliza la expropiación de una parcela ya urbanizada en Algeciras

DIARIODECÁDIZ* : Nuevo varapalo judicial a la política urbanística protagonizada por el Ayuntamiento de Algeciras en la etapa de los ex andalucistas Patricio González y José Ortega. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal, en una sentencia dictada el pasado 30 de marzo de 2009, la expropiación de una parcela urbana de 11.341 metros cuadrados en la barriada de San García.

El fallo abre la puerta al pago de una indemnización millonaria a los propietarios originales del terreno, después de que el Consistorio vendiera parte del suelo a otra empresa y ésta haya construido ya una promoción inmobiliaria.

El terrero fue expropiado de forma forzosa por el Consistorio a la sociedad Inversiones San Sergio, a través de un acuerdo plenario, en abril de 1999. El motivo esgrimido por el Ayuntamiento era el ensanche de la carretera de Getares. La actuación venía recogida en la nueva delimitación de la unidad de ejecución SG-15 de San García, aprobada a través de un decreto de Alcaldía -firmado por Patricio González- el 22 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, el nuevo vial de la avenida Carlos Cano sólo ocupó una parte del suelo enajenado, mientras que el resto de la parcela fue vendido por el Ayuntamiento en julio de 2001 a otra sociedad -Costa 89 S.A.-, que se encargó de urbanizar la zona y levantar la actual urbanización Jardines del Golf, que linda con el supermercado Mercadona.

Inversiones San Sergio -formada por la familia Triay, propietaria de los terrenos- interpuso un recurso contencioso-administrativo al entender que el justiprecio que se imponía para la expropiación -alderedor de 216.000 euros- era "irrisorio" y que el procedimiento urbanístico abierto por el Consistorio no era conforme a Ley.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó sentencia el 16 de abril de 2003 y en ella se daba la razón a Inversiones San Sergio. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso y acordó dejar sin efecto las dos resoluciones administrativas aprobadas por el Ayuntamiento en 1999, alegando que éstas se basaban en un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), el de 1984, que había sido declarado nulo en el año 1991.

El Consistorio decidió entonces interponer un recurso de casación en diciembre de 2004, estando ya el PSOE en la Alcaldía. Según el Alto Tribunal, queda demostrado que el PGOU de 1984 fue declarado nulo por el propio Supremo siete años después y que esta nulidad "es la que conduce también" a que queden sin efecto los "controvertidos" acuerdos municipales de 1999 pues tanto el decreto del alcalde como el acuerdo plenario "son actos de desarrollo y ejecución de un PGOU inexistente".

El Supremo rechaza el argumento municipal de que el PGOU de julio de 2001 "daría respaldo o cobertura a estas dos actuaciones".






* Diario de Cádiz - R. Montes / Algeciras - 16.06.09
Foto: Chalets construidos en la barriada algecireña de San García. - diariodecadiz.es

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Detenido el ex alcalde de San Miguel (Tenerife) por un presunto caso de corrupción urbanística

EUROPAPRESS/Tenerife* : La Policía Judicial de La Guardia Civil ha detenido este martes al ex alcalde de la localidad tinerfeña de San Miguel de Abona Arturo González (CC), al que se le acusa de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Con ésta serían cinco las detenciones llevadas a cabo por el cuerpo armado durante las investigaciones de un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio localizado al sur de la isla de Tenerife. El Juzgado número 4 de Granadilla de Abona es quien lleva a cabo las pesquisas y quien ha decretado el secreto de sumario.

Las investigaciones continúan, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, y no se descartan nuevas detenciones. Las imputaciones se basan en actos cometidos entre los años 2006 y 2007 por adjudicación de obras municipales de forma ilícita.

Además del ex alcalde también han sido detenidos el ex interventor municipal que actualmente ejerce como tal en el Ayuntamiento de Candelaria y la aparejadora de la localidad de San Miguel. Desde hace algunos meses se investigaba la actividad del anterior equipo de gobierno de la localidad.

El pasado 4 de junio se hicieron públicos varios registros realizados días anteriores en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil. Las pesquisas se iniciaron tras una denuncia a raíz de la gestión realizada y relacionada en materia urbanística.

La documentación que se requirió procedía de la oficina técnica municipal. Allí se investigaban proyectos contratados por el gobierno que presidió Arturo González. La Fiscalía Anticorrupción rehusó pronunciarse el pasado 4 de junio al respecto de este asunto y apuntó que no podía confirmar la existencia de la denuncia.

González permanecía en la oposición tras las elecciones locales. Su compañero de filas hasta entonces, Valentín González, le arrebató la alcaldía al pasarse a las filas del CCN tres meses antes de los comicios. El CCN cuenta con 5 concejales y el PSOE con otros cinco forman el equipo de gobierno. En la oposición está CC, con 6 ediles, y el PP que cuenta con uno.







* Europa Press - 18.06.09
Foto: San Miguel de Abona (Tenerife) - webtenerife.com

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Sevilla: El TSJA anula la decisión de construir la Biblioteca del Prado

ELCORREODEANDALUCÍA* : El PGOU de 1987 decidió proteger el parque del Prado de San Sebastián por ser el único reducto verde junto al casco histórico que aún podía reservarse para el uso y disfrute ciudadanos, y "cualquier intervención en él que fuera más allá de la aceptación del valor de su vacío sería una estridencia tanto en el recuerdo como en la realidad urbana de la ciudad".

Con este argumento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) echa para atrás la decisión de construir en los terrenos del Prado la Biblioteca Universitaria Central de la Universidad de Sevilla, al estimar el recurso de los vecinos de la calle Diego de Riaño contra la resolución de la Junta que aprobó en 2006 la revisión del PGOU en el solar. El TSJA anula ahora ese cambio del PGOU, la decisión de la Universidad de edificar la Biblioteca en el parque y cualquier acto posterior que se derive de ellos. Contra la sentencia, que no especifica si hay que frenar de inmediato las obras iniciadas hace meses para levantar el edificio diseñado por la arquitecta iraní Zaha Hadid, cabe recurso ante el Tribunal Supremo en el plazo de 10 días.

La sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA abunda en argumentos medioambientales y recuerda que Sevilla, con una huella ecológica 24 veces por encima de su extensión, no puede permitirse alterar una zona verde que en 1987 fue protegida, precisamente, por la escasez de estos espacios en la ciudad frente al afán constructivo. De hecho, insiste en que la delimitación del parque casi no necesitaba argumentación por su obviedad, pero que arañarle metros para dedicarlos a otro uso es una decisión de tal importancia medioambiental que tiene que estar sustentada en argumentos de mucho peso, lo que no ocurre en este caso.

Según el TSJA, la necesidad de crecimiento sostenible y la protección del parque están muy por encima del uso educativo propuesto por la modificación del PGOU. Cambiar la calificación "no favorece los intereses generales de la ciudad que supone el parque público, antes al contrario los debilita en un claro retroceso para favorecer intereses educativos universitarios que no pueden primar sobre los generales". Y en todo caso, según la sentencia, esos intereses no se verán dañados porque la administración admite que hay otros lugares en los que poder construir la Biblioteca. Los jueces consideran que calificar ese solar como equipamiento educativo supone "olvidar" que existe un deber de protección sobre el parque de aquí en adelante, y eso "atenta frontalmente contra la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanísitco". Añade el tribunal que trasplantar los árboles a otros lugares no compensa la pérdida que se produce.

La Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento, que recibieron ayer esta sentencia, fechada el 4 de junio, están ahora estudiándola para poder valorarla.






* El Correo de Andalucía - Iria Comesaña - 16.06.09
Foto: Sevilla, Prado de San Sebastián (archivo)- sevilla.org

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Unas 185.000 familias madrileñas viven todavía en viviendas insalubres

20MINUTOS* : Vivir en pleno centro de Madrid es una aspiración para muchas personas. Pero cuando comienza la búsqueda de piso llega la desilusión. Detrás de las imponentes e históricas fachadas se esconde una bolsa de viviendas que no cumplen los mínimos requisitos de habitabilidad: son casas de menos de 28 metros cuadrados, donde viven familias hacinadas sin iluminación, con ventanas minúsculas que impiden la ventilación y con focos de bacterias e insectos.

En toda la región hay 184.665 infraviviendas verticales, es decir, casas insalubres situadas en edificios, no en poblados chabolistas.

Son el 9,8% del total de pisos de la comunidad. En la capital hay 123.056 (el 11,3% de todo su parque residencial), según un informe del Equipo de Investigación Sociológica.

Lo peor está en el distrito Centro, principalmente en el barrio de Embajadores (Lavapiés): el 31% de sus casas son consideradas infraviviendas por el área municipal de Urbanismo. También hay una elevada proporción de cuchitriles en los barrios traseros de Gran Vía. Son infraviviendas el 24% de las casas de Universidad (Noviciado y zona de Ballesta) y el 18% de las de Justicia (Chueca y Malasaña).

"Un mero escaparate"

"Muchas fachadas de toda la almendra central son un mero escaparate. Si viéramos lo que hay detrás, nos asustaríamos. Las condiciones indignas en las que está viviendo esa gente son francamente tristes», comenta la decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, Paloma Sobrini.

Son edificios construidos a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX. "La normativa de aquella época no era tan exigente como ahora; hoy en día esas casas no obtendrían la licencia de ocupación", explican fuentes de Gerencia de Urbanismo.

Desde los años 80, las construcciones nuevas deben lograr la cédula de habitabilidad o licencia de ocupación para poder ser habitadas. Sin embargo, las casas anteriores a esa época (el 65% de todas las que hay en Madrid) no debían pasar ese trámite. "Había menos control en la construcción de los edificios", añaden.

Para que aflore esa bolsa oculta, el Colegio de Arquitectos, junto con la Comunidad y el Ayuntamiento, está estudiando implantar una revisión de la habitabilidad de las viviendas cada vez que se vendan o alquilen.

"La inspección técnica de edificios (ITE) no es suficiente. Sólo valora la estructura y habría que inspeccionar también la higiene y la iluminación", dice Sobrini.

Además, el Ayuntamiento está trabajando en un plan de erradicación de infraviviendas. La idea es modificar el Plan General de Ordenación Urbana para facilitar las obras de reforma en estas casas. Estará listo a finales de este año.

Los datos

* Más de 12.000 vecinos, sin váter en casa. Un total de 12.493 familias madrileñas tienen que salir de su vivienda para hacer sus necesidades, ya que no tienen váter en casa. Es más habitual en Centro y en Puente de Vallecas. Esto ocurre en el 5% de los pisos de Embajadores.
* 10 m2 por persona y 34.600 hacinados. Las viviendas en las que tocan a menos de 10 m2 por habitantes están en situación de hacinamiento. En la región viven así 34.638 familias y en la capital ocurre en 26.240 casas. En Centro están así el 5,4% de los pisos.
* Casi 3.000 pisos sin agua ni desagüe. En toda la capital hay 2.827 familias que no disponen de las instalaciones de fontanería básicas para vivir. De ellas, hay 1.260 sin agua corriente en sus casas y 1.567 que no tienen desagües para evacuar las aguas residuales.


15 m2 con chinches y a oscuras

"He pasado dos meses y pico viviendo de forma inhumana. Tenía grietas y goteras, las ventanas sin cristales y lo peor eran las plagas de chinches y cucarachas. Me daba asco comer, no dormía porque corrían por mi espalda al caer del techo y ni siquiera me duchaba porque invadían el aseo", dice Gema mientras contiene las ganas de llorar.

La mujer que ha vivido este infierno, de 38 años, no es chabolista ni vive apartada de la civilización. Vivía en una casa de alquiler, en una corrala en la calle Amparo, cerca de la plaza de Lavapiés. Pagaba 400 euros por una vivienda de sólo 15 metros cuadrados construida en 1895. "Hice reparaciones y las pagué de mi dinero, pero ni aún así se podía vivir allí. Ahora el casero no me quiere pagar los arreglos", protesta.

Al final, se cambió: "Ahora vivo en una casa de verdad por el mismo dinero. Los propietarios que alquilan este tipo de pisos no tienen escrúpulos".

La cama en el techo

Los edificios del centro de Madrid esconden muchas sorpresas. A cada cual más desagradable. En la calle Puebla, a dos pasos de la Gran Vía, abundan los pisos divididos en varias casas del tamaño de un zulo. Cada uno de esos cuchitriles, de menos de 10 m2, se alquila por 420 euros a familias de inmigrantes.

Para aprovechar el espacio se construye un doble techo sobre el que se coloca la cama y en la mayoría de las ocasiones no tienen ni váter. "Por aquí alquilan de todo, nadie cumple la ley", dice la propietaria de un hostal de la calle Barco...

Muchos edificios son auténticas colmenas. Uno de los portales de la calle Valverde tiene más de 100 minipisos que rozan el tamaño legal (28 m2) y llegan a pedir hasta 700 euros por ellos. Pese a vivir apretados, tienen algo de suerte: al menos tienen luz natural. No como Juan, un joven de 20 años que vive en un patio estrecho de la Nao: "No veo el sol en todo el día; si acaso, algo de claridad".






* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 15.06.2009
Foto: Gema, en su casa de Lavapiés: "Tenía grietas, goteras, ventanas sin cristales, chinches y cucarachas..." - Jorge París, 20minutos.es

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Se derriba - El Roto



Viñeta: El Roto -junio 2009, elpais.com

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En Jerez hay barriadas sin alumbrado ni alcantarillado

ELPAÍS* : Más de 6.000 ciudadanos viven a 10 minutos de la urbe, pero en muchas de sus calles no hay farolas; pagan impuestos, pero ellos tienen que barrer las aceras; acuden a las urnas cada cuatro años, pero el correo no llega a sus casas; constan como habitantes de un municipio ya calificado por el Parlamento andaluz de gran ciudad, pero algunos no tienen agua potable.

Las mejoras llegan, pero a cuentagotas para estos vecinos de Jerez, que esperan desde hace 40 años la legalización de sus viviendas. El actual gobierno socialista ha iniciado el proceso de regularización dando escrituras a unas 800 familias. Aún quedan 1.200 más.

La zona rural de Jerez vuelve a alzar su voz. Los vecinos de la barriada de Cuartillos salieron ayer a la calle. Se sienten discriminados. Quieren disfrutar de los servicios básicos que la Administración local sí garantiza a los jerezanos del casco urbano.

En Cuartillos habitan unas 700 personas. Decenas de ellos viven a oscuras porque en varias de sus calles no hay alumbrado público. En cuatro viales no hay alcantarillado y en otros tres, ni siquiera se pisa sobre asfalto. En 26 casas no hay agua ni luz. El Ayuntamiento les reitera que las deficiencias se van a subsanar, pero, como recuerda Paco Candelera, delegado de Alcaldía, llevan dos años esperando.

Toñi Gutiérrez es vecina de Paco. Esta jerezana de Cuartillos recorre dos kilómetros varias veces por semana hasta la barriada de Cartuja para poder tener agua en su casa. La lluvia que almacena en un aljibe sólo le sirve para fregar. Dispone de luz gracias a un alternador, pero la potencia no es suficiente para la energía que consume un refrigerador. Toñi lo soluciona comprando la comida a diario y guardándola en una nevera de playa repleta de hielo. A pesar de las dificultades, esta mujer de 59 años no quiere abandonar Cuartillos. "Es mi pueblo, aquí han vivido mis padres, aquí he crecido y en Cuartillos está mi casa", dice a modo de retahíla.

En Las Quinientas, a 8 kilómetros del casco urbano jerezano, otras 20 familias no disponen de agua, alcantarillado, alumbrado, ni acerado. Acuden a una fuente situada en Los Albarizones, a varios miles de metros de distancia. Según explica Julio Morillo, secretario de Unión Rural, en 2006 el Ayuntamiento firmó por escrito su compromiso de llevar el agua hasta la barriada. En junio de 2009 siguen esperando.

A la barriada de La Guareña llegó el agua hace dos años. El gobierno municipal que preside la socialista Pilar Sánchez invirtió 1,5 millones de euros en esta infraestructura. Ahora el consistorio está en proceso de hacer llegar este bien básico a tres núcleos poblacionales más.

A pesar de los esfuerzos para erradicar un problema histórico, los vecinos se sienten "abandonados". En La Guareña sigue sin haber alumbrado público, en las calles hay hoyos y el asfaltado no pasa de ser un sueño para sus 400 habitantes.

Sacar la basura no es una simple rutina a la que se dedica un momento. Algunos vecinos de este núcleo rural tienen los contenedores a 25 metros y otros, a casi dos kilómetros. "De limpieza, mejor ni hablamos", apostilla Ángel Ruiz, delegado socialista de alcaldía.

En La Ina, a 12 kilómetros de Jerez, son unos 500 ciudadanos los que sufren un alcantarillado "insuficiente". Mónica Castellet es la delegada de alcaldía, también socialista. "Aquí hemos mejorado en los últimos años, pero no demasiado". "Con la llegada de fuertes lluvias sufrimos inundaciones; la policía se ve poco por las calles, hay farolas, pero sin recambios; y el día a día de la limpieza lo hacen voluntarios del pueblo", resume resignada.

El goteo de carencias no acaba. En El Mojo no hay correo. El delegado de alcaldía, Diego Sánchez, es el cartero oficial desde hace 25 años. Va a Jerez con su coche y reparte la correspondencia entre sus vecinos por pura vocación.

En la barrida colindante de Gallardo, como en las demás, los vecinos pagan la contribución desde hace cinco lustros. Este año han conseguido que el concejo asfalte una calle de 600 metros con un presupuesto aprobado en 2004.







* ELPAIS.com - ANA HUGUET - Jerez - 15/06/2009
Foto: Jerez (Cádiz), barrio la Guareña - webjerez.com

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Granada: La crisis sorprende a 73 pueblos bloqueados por no adaptarse a tiempo a la ley de suelo

IDEAL* : A principio de 2003 entró en vigor la Ley de Suelo de Andalucía (LOUA), que obligaba a todos los municipios a adaptar sus planeamientos -los conocidos 'pegous'- a estas nuevas directrices. Daba cuatro años de plazo. Llegó el 20 de enero de 2007 y pilló a la inmensa mayoría de los ayuntamientos fuera de juego. Fue algo general en toda Andalucía. En el caso de Granada 154 pueblos no se habían adaptado a tiempo.

¿Cuáles son las consecuencias? Mientras no cumplan este trámite no pueden impulsar ningún proyecto que no esté recogido ya en su plan, no pueden modificar nada ni alterar el uso previsto en un solar. Se acaban las populares recalificaciones.
A muchos ayuntamientos el corsé no les agobiaba pero para otros, aquellos que habían agotado prácticamente su PGOU -como era el caso de la capital-, el nuevo escenario era demoledor.
No es que los municipios se quedaran de brazos cruzados, muchos intentaron adaptarse a la LOUA. Entre 2004 y 2005 llegaron propuestas ambiciosas que planteaban hasta quintuplicar el número de viviendas de algún pueblo en cuestión de una década. Por ejemplo, los primeros documentos enviados a la Consejería de Obras Públicas por Atarfe contemplaban 21.165 casas nuevas y pasar a 94.500 habitantes; Gójar pretendía crecer de 4.913 vecinos a 12.316; Pulianas de 1.381 a 6.074 o Ugíjar de 2.524 a 13.479.
En la Costa se dibujaba una explosión mayúscula. Motril era el más comedido, con 17.785 viviendas nuevas, un crecimiento del 63,7%. Según los informes iniciales de Obras Públicas, Gualchos preveía pasar de 2.973 habitantes a 17.741; Salobreña de 11.750 a 65.170; y Almuñécar de 24.713 a 143.956. Además, muchos ayuntamientos incluían en esos 'pegous' iniciales algún que otro campo de golf.
Era el 'boom' del ladrillo y el mapa que proponían esos ayuntamientos era lícito. Pero en ésas estaban cuando llegó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y frenó en seco las expectativas con dos premisas básicas: un municipio no puede declarar suelo urbanizable nuevo más del 40% del que ya tiene y la población no puede incrementarse en ocho años más del 30%. Una horquilla que se ha flexibilizado para los pequeños.
Sirva un sólo ejemplo para resumir en qué se ha traducido todo esto: el anterior concejal de Urbanismo de la capital, Luis Gerardo García Royo, presentó en el verano de 2005 un nuevo PGOU para Granada con 15.223 viviendas nuevas y todavía no ha salido adelante.
Después del POTA llegó la crisis y el 'ladrillazo'. Para contrarrestarlo, el Gobierno y la Junta han puesto a disposición de los ayuntamientos un presupuesto extraordinario para que hagan obras y se han aprobado distintos planes para fomentar la construcción de viviendas protegidas. El último que firmaron el consejero de Vivienda, Juan Espadas, y la ministra del ramo, Beatriz Corredor, recoge una inversión de 1.440 millones de euros en toda Andalucía para rehabilitar viviendas y edificar 45.029 VPO.
Pero aquí se origina la contradicción: más dinero que nunca pero los ayuntamientos que ya habían agotado su suelo están bloqueados.
Adaptación parcial
Sacar adelante un PGOU nuevo lleva tiempo y es farragoso. Pero existe un atajo. Un decreto del 22 de enero de 2008 permite lo que se denomina una adaptación parcial a la LOUA, que se puede conseguir en tres meses. No es un plan nuevo, pero sí posibilita romper el bloqueo. La filosofía es «garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de viviendas protegidas».
Es lo que ha hecho la capital, que con este retoque al antiguo plan podrá construir 6.000 VPO y, en un momento dado, tramitar por ejemplo el hipotético traslado de la fábrica de Cervezas Alhambra.
Granada es la provincia andaluza con más municipios que buscan esta adaptación parcial, hasta 73. De ellos, 44 localidades están interesadas, 23 están redactando el documento y seis han terminado o están en fase de exposición pública: además de la capital, Monachil, Alhama, Peligros, Loja y Vegas del Genil. Muy avanzados están Fuente Vaqueros, Churriana, Morelábor, Albuñuelas, Las Gabias, Galera, Calicasas, Salar y Maracena.
Se han montado seis oficinas de asesoramiento (OTAU) y el 86,8% de los municipios que podían optar por esta variante han puesto en marcha el proceso. 48 pueblos han solicitado además la subvención para costear los trámites.
En cuestión de meses se romperá el bloqueo.







* Ideal - QUICO CHIRINO - 15.06.09
Foto: El parón de la construcción coincide con que tampoco queda mucho suelo por urbanizar. /IDEAL

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Palma: El TSJB paraliza Son Espases

DIARIODEMALLORCA* : El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) dictó hoy un auto en el que ordena la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2009 por el que se suspende la eficacia de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Palma relativa la construcción del Hospital de Son Espases.

La modificación del PGOU fue aprobada de forma definitiva por el pleno del Consell de Mallorca el 5 de junio de 2006, y contra ella la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones había presentado un recurso pidiendo su anulación. El TSJB dictó sendos autos en diciembre de 2006 y mayo de 2007 en los que desestimaba la medida cautelar de suspensión de dicha modificación.

Sin embargo, la Congregación, no satisfecha con los autos de la Sala de lo contencioso-administrativo, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, sobre el que el Alto Tribunal dictó sentencia el pasado 3 de febrero de 2009, en la que ordenaba la suspensión de las obras del citado centro, acordando "la suspensión de eficacia de la modificación puntual de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma".

Quedaba pendiente el pronunciamiento del TSJB, que el auto de hoy ordena la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo para la paralización de las obras. El auto recoge que deberá publicarse en el BOIB la "suspensión de la eficacia" de la modificación del PGOU relativa a la implantación de un sistema general de equipamiento comunitario sanitario supramunicipal denominado Son Dureta II".

Asimismo, también ordena que el Ayuntamiento de Palma presente en la Sala la relación de las licencias concedidas con posterioridad al 5 de junio de 2006 en el ámbito territorial relativa a la construcción del hospital.






* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 15.06.09
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)

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El caso de Dimas y la isla del 10%

ELPAÍS/Lanzarote* : Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), había abierto despacho en su celda. Allí acudían políticos de todas las fuerzas de la isla para negociar pactos en ayuntamientos y cabildos de la isla. Aunque parezca increíble, este veterano político disponía en la cárcel de teléfono móvil y ordenador portátil, lo suficiente para presuntamente convertirse, tras los barrotes de su celda, en el gran muñidor de una trama de supuesto cobro de comisiones ilegales desde el Ayuntamiento de Arrecife e incluso de Yaiza, de forma que se llegaba a decir que Lanzarote era la isla del 10%, el porcentaje que se cobraba por dar el visto bueno o acelerar un proyecto.

Tres frentes forman parte del esqueleto de la Operación Unión, desarrollada en la isla por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, llamada así en referencia a una cafetería de la capital donde se reunían los implicados. Dos de esos frentes estaban dirigidos desde la cárcel por Dimas Martín con un largo historial a sus espaldas de delitos de corrupción.

Los agentes registraron su celda, su casa y dos oficinas que usaba como cuartel general. En su casa, los agentes hallaron, por ejemplo, los documentos del Plan de Ordenación Urbana del municipio de Yaiza que aún no tenía nadie, ni eran públicos. A Martín se le identifica como el gran muñidor de, en primer lugar, una trama urdida para cobrar comisiones desde el Ayuntamiento de Arrecife, bien si se quería que se abonasen facturas por trabajos realizados, bien si se optaba a licitaciones. Además, aparece como el posible cerebro de la trama alrededor de la golosa redacción del plan urbanístico de Arrecife, para lo que se habría contactado con tres despachos de arquitectos y varios empresarios. Éstos habrían participado en lo que algunos consultados por este periódico definieron como "el supermercado de las licencias", con posibles sobornos a partir de 3.000 euros a cambio de concesiones de suelos, modificaciones de usos del territorio y variaciones en los criterios de edificabilidad. Y todo con Dimas Martín como cerebro tras los barrotes de la cárcel.

Dimas Martín es uno de los 10 hijos de un humilde camionero. Ya en los años ochenta fue de los primeros políticos en ser condenado por cohecho. Sin embargo, accedió a una alcaldía tras haber comprado el voto de un concejal. Ahora acumula casi media docena de condenas por casos relacionados con la corrupción y se le considera el responsable de haber dejado un agujero de más de 12 millones en el complejo agroindustrial de Teguise. Además, ya tiene colocados al menos a seis de sus familiares en distintas administraciones.

Todas las obras de Arrecife, bajo mandato socialista, las controlaba el PIL. También controlaba Hacienda y la redacción del nuevo Plan General. Los más de 22 millones llegados del Plan E de Zapatero y de inversiones del plan de barrios también han podido hacer girar la máquina registradora del PIL."No sabíamos que Dimas actuaba como un capo de la mafia", asegura Carlos Espino, el secretario general de los socialistas conejeros al semanario Lancelot de esta misma semana. El alcalde de Arrecife, el histórico socialista Enrique Pérez Parrilla, destituyó a todos los concejales del PIL en cuanto supo de sus detenciones e imputaciones.

Ese partido respondió dando por rotas las relaciones en otras cuatro corporaciones, pero ninguno de sus consejeros ni concejales abandonó la silla. Horas después, el PSOE rompía los cinco pactos de Gobierno, enviaba a sus socios a la oposición, se queda gobernando en minoría y se arriesga a censuras. "No es lo mismo pactar con un PIL sin Dimas ni ninguno de sus concejales con causas pendientes en la justicia que tener la certeza de que dirigía una trama de comisiones al 10% desde la cárcel", justifica el máximo responsable socialista.

Y nadie en la isla cree que una operación como ésta hubiera podido ser ejecutada por alguien de la isla de toda la vida, por alguien que hubiera tenido contacto o conociera el poder insular de Dimas Martín y de su red de contactos. De hecho, la Operación Unión está coordinada por un juez y un fiscal relativamente nuevos en la isla (César Romero e Ignacio Stampa), que han guardado el sumario en un cofre con siete llaves, junto a toneladas de material incautado en oficinas, hogares y despachos profesionales.

"Esto no habría sido posible con alguien que llevara algo de tiempo aquí; por eso hasta han traído a la Guardia Civil en aviones", insisten varios testigos, que según sueltan la frase piden que su nombre quede en el anonimato, no vaya a saberse quién abre la boca en una isla donde se conocen todos. Todo eran sospechas en Lanzarote, la isla del tesoro, pero en este territorio de fuego se aplicaba el Ensayo sobre la ceguera mucho antes de que Saramago decidiera convertirla en su hogar. Dimas Martín sigue preso.







* ELPAIS.com - JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife - 14/06/2009
Foto: Arrecife (Lanzarote) - flickr.com

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