CINCODÍAS* : Entre 1995 y 2006, en la Comunidad Valenciana se podía comprar una extensión de naranjos y venderla al cabo de unos meses con una plusvalía de más del 5.000%. Especular con el suelo daba unos beneficios que dejaba como aficionados a los más osados inversores.
El urbanismo que permitió la ya derogada LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) logró uno de los objetivos que se proponía, liberar suelo. Pero esa mayor oferta, lejos de abaratarlo, provocó una burbuja que, al estallar, ha dejado un panorama grotesco en muchas zonas de esta Comunidad, con estructuras de hormigón abandonadas a medio hacer, zonas urbanizadas con calles asfaltadas pero sin edificios en los solares o viviendas en las que no vive nadie.
Los famosos PAI (Planes de Actuación Integrada) permitían, a grandes rasgos, promover la urbanización de una zona aunque no se fuera el propietario del terreno. Lo importante era lograr el permiso del ayuntamiento y de la Generalitat para cambiar la calificación. Llegó el momento en que el mero rumor de que se planeaba un PAI sobre una zona disparaba el suelo a precios que hoy aún se están pagando caros. Fueron auténticos pelotazos.
Enrique Bañuelos, por entonces presidente de Astroc, cerró una de las operaciones más beneficiosas que el sector inmobiliario recuerda en Xilxes (Castellón), una localidad cercana a Canet, donde levantó su fortuna a golpe de PAI. En octubre de 2004 la sociedad Costa Malvarrosa, del grupo Astroc, solicitó al Ayuntamiento de Xilxes, propuesta de 'programa de actuación integrada' cuyo ámbito de actuación comprendía el desarrollo de suelo urbanizable en la localidad castellonense, en el sector Golf Costa Malvarrosa. Pocos meses después la calificación de Costa Malvarrosa pasó a ser urbanizable y en enero de 2006 Astroc la vendió por 6,7 millones de euros. Según el folleto de salida a Bolsa de 2006 presentado por la compañía ante la CNMV, la operación le supuso a la empresa una plusvalía de 6,5 millones, nada más y nada menos que un 5.600%.
En el folleto, Astroc no especifica quién lo compró. Pero según fuentes cercanas al empresario valenciano y de acuerdo a los cargos que a partir de 2006 aparecen en la contabilidad de dicha sociedad, los compradores fueron las firmas PKL Bykes y Urbana Segorbe. Estas dos empresas son propiedad de Andrés Selma y José Luis Boix, quienes a través de Zonario y Cartinmuebles controlan Xilxes Golf Resort, la urbanización aneja al suelo que les vendió Bañuelos. Xilxes Golf Resort, cuyo desarrollo está paralizado, se ha hecho popular en los últimos días por el caso de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ya que el constructor José Luis Ulibarri, imputado por presuntos delitos urbanísticos, es socio.
La operación de Bañuelos en Xilxes es muy llamativa, pero en esos años hubo muchas. Sonada fue la promovida por Juan Bautista Soler. Como presidente del Valencia CF compró, en secreto, 1.651.650 metros cuadrados de suelo agrícola. Con la connivencia de la Generalitat este suelo fue recalificado y vendido a Nozar. El precio de compra fue de 36 millones. El de venta, 168 millones. 'Un pelotazo', dijo sin rubor Soler.
Pero lo fue sólo para el Valencia, aunque después prácticamente tirara el dinero que había de sanearlo. Nozar, sin embargo, no ha desarrollado ningún proyecto allí y, de hecho, ha acabado por permutarlo por deuda con el BBVA. Se quedó atrapado en la burbuja, como le ocurrió a Llanera en no menos de cinco proyectos en los que compró o dio señales por terrenos forestales y que nunca logró recalificar para hacer urbanizaciones con campo de golf. Algunos de aquellos terrenos que se compraron a precio de oro vuelven hoy a preparase para plantar naranjos ante su improbable urbanización.
Las cifras
323 viviendas al día se visaban en la Comunidad Valenciana en 2007. La cifra llegó a 118.000 en todo ese año.
70% fue el porcentaje de caída del número de visados durante 2008.
50 proyectos de urbanización con campo de golf llegaron a presentarse en unos meses. Pocos se han desarrollado.
Bañuelos declara ante el juez
Enrique Bañuelos, ex presidente de Astroc, ha sido llamado hoy a declarar en Barcelona acusado por la Fiscalía Anticorrupción de emplear información privilegiada cuando presidía la inmobiliaria. La Fiscalía acusa a Bañuelos, y también a Carmen Godia, vicepresidenta de Abertis y ex socia de Bañuelos en Astroc, de haber obtenido un beneficio ilícito de 3,5 millones de euros al comprar acciones de Fadesa justo un día antes de que Martinsa lanzara una opa sobre ella. Bañuelos se habría valido de la información privilegiada para enriquecerse ilegalmente.
Bañuelos abandonó la presidencia de Astroc a mediados de 2007, tras el derrumbe en Bolsa sufrido por la inmobiliaria. Hoy tiene menos del 5% del capital de la compañía, denominada Afirma tras su fusión con empresas del grupo Rayet.
Al margen del caso de la información privilegiada en la opa de Martinsa sobre Fadesa, Bañuelos también tiene pendiente un asunto en la Audiencia Nacional.
Se trata de una denuncia por maquinación para alterar el precio de las acciones de Astroc. Varios pequeños accionistas sostienen que el ex presidente de la compañía ocultó datos esenciales, como el volumen real de negocio que afectaron a la cotización de la empresa.
* Cinco Días - A. Ortín Madrid / J. Clemente - Valencia - 18/03/2009
Foto: Terrenos entre Moncofa y Xilxes (Castellón). Al fondo, uno de los desarrollos urbanísticos que no han sido finalizados. - SANTIAGO CARREGUÍ, cincodias.com
El urbanismo valenciano empieza a pagar los excesos
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18.3.09
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Cartagena: Vecinos de una urbanización de Mar de Cristal denuncian que la gestora gastó 330.000 euros en cenas y regalos a ediles
LAVERDAD* : Vecinos de Mar de Cristal llevan varios años denunciando una supuesta malversación de fondos públicos en la contabilidad del los años 2001 al 2005 por parte de la Entidad de Conservación que gestora de su urbanización. Hasta el momento nunca, la Asociación de Vecinos Ribalta no había recabado pruebas de estas presuntas irregularidades en una zona de la ribera del Mar Menor donde residen 1.200 familias.
Ahora, aseguran que ya las tienen y que, gracias a un permiso judicial, han accedido a las cuentas de la entidad y han comprobado que los gestores gastaron más de 330.000 euros en cenas y regalos a concejales.
Así lo afirmó ayer el presidente de la asociación vecinal, José Castellano Blaya, durante una rueda de prensa en la sede del PSOE de Cartagena, en calle Salitre. Las cuentas, según los vecinos, reflejan que en cinco años la entidad ingresó 797.000 euros y que los gastos no superaron los 465.000. Los residentes de Ribalta no entienden en qué se ha gastado el dinero, puesto que no se han realizado mejoras significativas en la urbanización.
«En realidad, los gastos sí los tienen justificados. Pero en recibos de comidas y cenas carísimas, regalos a la Policía Local, a la patrona y a concejales, facturas repetidas, e incluso en viajes», dijo Castellano.
Con las iniciales
El dirigente vecinal volvió a pedir la disolución de la entidad urbanística de conservación del polígono I, y que la gestión de la urbanización quede en sus manos.
«No entendemos por qué no quieren que se dé de baja, y porqué se ha impedido, por parte de sus responsables, que salgan a la luz todas las irregularidades que hemos encontrados en las cuentas. Supongo que será para encubrir a alguien», manifestó Castellano.
Los vecinos solicitaron hace tres años en los tribunales la disolución de la entidad por problemas de doble fiscalidad. Pagan al Ayuntamiento de Cartagena por la limpieza y el mantenimiento de la urbanización, y también a la sociedad que gestiona el residencial.
Quieren que la alcaldesa, Pilar Barreiro, dé la orden de asumir ya toda las competencias en servicios tras casi quince años de funcionamiento de la gestora. Piden que haga lo mismo que en Cala Flores y Playa Honda.
Entregarán las cuentas en los juzgados como complemento a la documentación de la causa abierta desde el 2005. Esos papeles «demuestran a las claras todas las irregularidades económicas realizadas por la entidad de conservación durante esos años».
Castellano, acompañado de varios representantes vecinales, mostró varios recibos de comidas en restaurantes (uno en Murcia) en las que habrían participado miembros del equipo de gobierno. Sólo citaron al edil de Servicios y Seguridad Ciudadana y ex edil de Barrios y Diputaciones Enrique Pérez Abellán, que habría ido a una cena el 30 de abril del 2002 que costó 174 euros. En cuanto a los regalos, indicaron que había varios con las iniciales de Pérez Abellán: «E. P. A.»
«Es algo perseguible, punible y denunciable», criticó el presidente vecinal, que amenazó con llegar «hasta donde sea necesario».
* La Verdad - ANTONIO LÓPEZ - 18.03.09
Foto: Vecinos de Mar de Cristal, en una asamblea de este verano en la urbanización. / M. GARCÍA / AGM
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Operación policial en el consistorio zaragozano de La Muela
ELPAÍS* : La alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), y otras 17 personas, entre las que se encuentra su marido, han sido detenidas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística. La operación policial ha sido llevada a cabo por orden del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que abrió este caso a raíz de una denuncia particular, han indicado fuentes conocedoras de la investigación policial.
Además de la alcaldesa, que gobierna esta localidad desde hace varias legislaturas, se encuentran arrestados su marido, otro concejal y otras 15 personas, cuya vinculación con el Consistorio se desconoce. Según informa la Cadena SER, la operación, bajo el nombre de Molino, ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). Los delitos que les imputa el juez, que ha decretado el secreto de sumario, son corrupción, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero y tendrían que ver con la construcción en terrenos pertenecientes a un parque eólico.
La localidad de La Muela (4.400 habitantes), ubicada a 23 kilómetros de Zaragoza, ha construido en los últimos años miles de viviendas, uno de los principales parques eólicos de la Comunidad, con medio millar de molinos, y un gran polígono industrial en el que se han ubicado más de 500 empresas.
La actividad política de la alcaldesa de La Muela, que permanece al frente del Consistorio desde 1987, ha sido muy controvertida en los últimos tiempos al apoyar e impulsar grandes proyectos urbanísticos, y subvencionar viajes turísticos para cientos de vecinos a destinos internacionales.
* ELPAIS.com - EFE - Zaragoza - 18/03/2009
Foto: La Muela (Zaragoza) - turismodezaragoza.es
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La Fiscalía denuncia al alcalde de La Viñuela por 5 delitos urbanísticos
LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía sigue engullendo alcaldes con la misma facilidad con la que éstos cometen delitos urbanísticos. Ahora le ha tocado el turno al regidor socialista de La Viñuela, Juan Millán, contra quien la Sección de Medio Ambiente del ministerio público ha presentado cinco denuncias por otros tantos delitos contra la ordenación del territorio, uno de ellos con carácter continuado.
La tormenta que comenzó a caer hace tres semanas sobre Alcaucín aún no ha amainado y parece que el ojo de la Fiscalía se dirige ahora hacia otra pequeña y bella localidad axárquica. En concreto, el ministerio público ha remitido al Juzgado Decano de Vélez Málaga cinco denuncias en las que relata la concesión por decreto de otras tantas licencias de obra que legalizaban la construcción de hasta seis viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En la primera de ellas, el permiso de obras no podía concederse "al ser una decisión totalmente arbitraria e injusta". Destaca la inexistencia del informe jurídico y del técnico y tan sólo consta el estudio de la Secretaría del Consistorio, fechado en enero de 2004, "siendo éste genérico respecto de la normativa aplicable". En el proyecto técnico, "el demandante reconoce que el expediente no se ajusta a la normativa urbanística aplicable.
El segundo caso trata de dos permisos de obra concedidos también por decreto para levantar un par de casas unifamiliares en suelo no urbanizable. No existen informes técnicos o jurídicos, y el estudio de la Secretaría es igualmente genérico. En todos los casos, se hace constar que las normas vigentes nacen de la LOUA, dado que las normas subsidiarias de planeamiento aprobadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en 1996 no fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta. En este caso, el delito es continuado.
La tercera causa es idéntica a las anteriores, aunque en esta ocasión sí hay informe jurídico que establece la tramitación a seguir para conseguir la licencia, lo que no se cumple. No consta el informe técnico.
El cuarto asunto relata la dación de un permiso para levantar una casa unifamiliar en suelo no urbanizable. No hay informe técnico, aunque el jurídico establece las condiciones de tramitación, un itinerario que no siguió el promotor. El quinto es muy similar a los ya relatados.
La Fiscalía de Medio Ambiente pide que se oficie un mandamiento al Ayuntamiento de La Viñuela para que se elaboren los informes técnicos pertinentes, y solicita lo mismo en el caso de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Reclama el ministerio público asimismo la declaración como imputado del regidor, y que se oiga como testigos a los cinco promotores que pidieron la ejecución de las diversas obras.
En todos los casos se propone además la aportación de la hoja histórico-procesal del alcalde. Todos los permisos objeto de investigación fueron concedidos entre 2004 y 2006.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 18.03.09
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
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El fiscal se querella por corrupción contra el vicepresidente del Consell
DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción ha interpuesto una querella por varios presuntos delitos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos contra Antoni Pascual Ribot, actual vicepresidente del Consell de Mallorca por Unió Mallorquina (UM) y responsable del área de Carreteras de dicha institución desde 1999 hasta hoy.
De forma paralela, anticorrupción y la Policía desataron ayer la operación Peaje, contra una supuesta trama de corrupción relacionada con el desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor, que se saldó con siete registros en sedes de empresas, ocho detenidos y varios imputados más. Entre los arrestados destaca Francisco Orejudo, ingeniero jefe del proyecto de las obras de la autovía y alto cargo del Consell Insular de Mallorca. También fue arrestado otro funcionario, Gabriel Mestre, encargado de la vigilancia. Son los únicos que han pasado la noche en los calabozos policiales.
Secreto de sumario
La querella contra Antoni Pascual fue interpuesta la semana pasada y correspondió, por reparto, al juzgado de instrucción 5. La magistrada Ana María San José decretó el secreto de sumario y ayer su juzgado se encargó de varios de los registros en sedes palmesanas de sociedades relacionadas con la UTE adjudicataria de la "autovía" de Palma a Manacor.
Anticorrupción investiga si con ocasión de las obras de construcción del desdoblamiento de la carretera de Manacor, que tuvo un coste de unos 140 millones de euros y fue impulsado por el anterior Consell de Mallorca, gobernado por UM con el apoyo del Partido Popular, pudieron producirse desvíos millonarios de fondos; pago de sobornos (cohechos) en metálico o mediante favores, como la realización de obras particulares; falsedades documentales; malversación de caudales y otras corruptelas.
La operación Peaje se desarrolló ayer de forma coordinada entre los juzgados de Manacor, Palma e Inca. Varias comisiones judiciales practicaron siete registros en los domicilios y sedes de empresas relacionadas con la carretera de Manacor.
Las pesquisas se centran, de momento, sobre la UTE adjudicataria del desdoblamiento, una ampliación de la antigua carretera que se hizo para canalizar el intenso tráfico entre las dos ciudades, acabar con puntos negros y no tener que construir un nuevo trazado.
La unión de empresas sospechosa se llama UTE Desdoblamiento C-715 (antiguo nombre de la vía). Tiene su sede social en la calle Ter, 12 de Palma, un inmueble que fue registrado por una de las comisiones judiciales.
Unión de empresas
Las adjudicatarias del concurso convocado por el Consell para el desdoblamiento fueron: Electro-Hidráulica; Obras y Pavimentos Man (Mansa); Aglomsa-Sacyr; Melchor Mascaró; e Itinere Infraestructura S.A. En las obras trabajaron otras muchas sociedades en calidad de subcontratistas o colaboradoras de las adjudicatarias.
El secreto de sumario impidió ayer conocer detalles sobre las pesquisas en marcha. Sí que se pudo saber que una de las líneas de investigación pasa por esclarecer si algunas de las numerosas sociedades intervinientes en la obra pública realizaron trabajos particulares para políticos, altos funcionarios o técnicos del Consell o terceras personas ajenas al desdoblamiento.
También se sospecha que se pudieron pagar sobornos en metálico o desviar partidas importantes a fines ajenos al proyecto. Anticorrupción y Policía buscaron ayer facturas en soporte papel y otros documentos en soporte digital para tratar de aclarar si se perpetraron los delitos investigados. Al igual que en otros casos de presunta corrupción con fondos públicos investigados por los fiscales Carrau y Pedro Horrach en el caso Peaje también se están manejando numerosas facturas presuntamente falsas.
Los investigadores sospechan que algunas facturas pagadas con fondos públicos a empresas participantes en las obras no correspondían a la contraprestación real de servicios o trabajos. Algunos detenidos confesaron anoche estas irregularidades e implicaron directamente a Orejudo.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 17.03.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Baleares
El juez para el polígono de Soria por daños 'irreversibles' a Numancia
ELMUNDO* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Soria ha acordado una segunda suspensión cautelar de la expropiación de las 117 hectáreas de terreno, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Soria del 1 de agosto para la construcción del polígono industrial Soria 2, que promueve la empresa pública Gesturcal, para evitar vulnerar el "interés general".
La medida de suspensión cautelar se mantendrá "en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento principal". Es decir, y tal y como explicó el abogado de la familia Marichalar, José Joaquín Díaz de Aguilar, hasta que haya un pronunciamiento firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre el fondo de la cuestión.
A este respecto, hay que recordar interpuso ante este tribunal, en noviembre del año 2007, un recurso cotencioso administativo argumentado que existían "múltiples y gravísimas irregularidades" en los acuerdos para modificar el PGOU, con el que se autorizaba la edificación del polígono industrial Soria II y cuya construcción afectaría a 117 hectáreas del paraje El Cabezo.
El TSJ de Castilla y León rechazó en ese momento la suspensión de la modificación del PGOU del polígono industrial Soria II al considerar que prevalecía el interés público de la actuación urbanística.
Protección de Numancia
La principal novedad en el auto dictado ahora por el magistrado del Contencioso de Soria, Norberto Freire Santos, es que afirma que "es indudable que existe un interés general en proteger todo el entorno de Numancia que podría quedar irreversiblemente dañado con la ejecución inminente de las obras del futuro polígono industrial".
El auto añade que en este sentido "se han pronunciado instituciones tan ilustres como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia".
A este respecto, desde el bufete Díaz de Aguilar también se recuerda que el pasado mes de enero el Procurador del Común de Castilla y León solicitó que se defienda el paisaje de Numancia y su entorno y que se respetara el Convenio Europeo del Paisaje.
De esta manera, el auto del Contencioso Administrativo atiende la solicitud de Ignacio Javier Marichalar y Sáenz de Tejada, al entender que con la inmediata ejecución de la expropiación podría producirse "si no una situación irreversible, sí podrìa causarle al recurrente perjuicios irreparables o difíciles de reparar".
Según explicó el abogado de la familia Marichalar, este auto atiende la petición de "medidas cautelares", puesto que "si se construye el polígono industrial Soria 2" antes de que haya sentencia firme que ponga fin al procedimiento principal "no se produciría la tutela judicial".
En otro punto del auto, el magistrado explica en sus razonamientos jurídicos que "el posible perjuicio al interés público o no existe o es mínimo porque en primer lugar no se está ante un procedimiento de expropiación urgente". De lo expuesto, reitera, "no se atisba una perturbación grave de los intereses generales si se adoptara una medida temporal de suspensión del procedimiento expropiatorio".
Este es el segundo auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo decretando una suspensión cautelar del procedimiento expropiatorio de los terrenos.
* El Mundo - Isabel Rodríguez - 16.03.09
Foto: Vista Numancia - elmundo.es
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Chiclana: Justicia o agravio comparativo
LAVOZ/Cádiz* : El Ayuntamiento y los sucesivos Gobiernos municipales; el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana; los técnicos o los escasos medios con los que cuentan para controlar la edificación ilegal; los propietarios; los promotores que hicieron negocio durante años; o la tendencia habitual en todo el litoral español. La respuesta a la pregunta de quién es el responsable de que en Chiclana haya actualmente más de 15.000 casas edificadas sin permiso y fuera de control urbanístico alguno, seguramente, sea una mezcla de todas estas opciones.
Y es que el derribo, ejecutado el pasado jueves, de la primera vivienda ilegal en la historia de la localidad, ha reabierto el debate sobre quién tiene la culpa de una situación que «no tiene parangón en toda Europa» según el ex-delegado de Urbanismo chiclanero, José Pedro Butrón.
Esta demolición, que no tuvo tintes dramáticos por la buena actitud de la familia y por tratarse de una segunda residencia levantada hace relativamente poco tiempo en suelo no sectorizado (no legalizable a medio plazo) en Majada de los Chivos, no será la última. Desde Urbanismo se avisa de que hay abiertos expedientes similares que podrían tener el mismo final una vez se resuelvan.
Opiniones hay para todos los gustos. Hay quien piensa que «pagarán justos por pecadores», y que en pie quedarán muchas viviendas que han servido a sus propietarios para eludir impuestos y especular. En el otro lado de la balanza están fundamentalmente los propietarios y las AAVV que los amparan y aglutinan, que defienden la autoconstrucción casi como «una tradición antigua, que pasó de padres a hijos en ésta y otras ciudades del entorno».
Llama la atención que en estos últimos días que no se hayan pronunciado sobre el derribo de la vivienda de la familia Utrera cerca del Pinar de los Franceses ningún partido de la oposición.
Indudablemente el asunto es espinoso y susceptible de restar votos y popularidad entre la ciudadanía a los políticos, aunque lo sensato sea pensar que la legalidad debe imperar siempre.
Algunas voces alertan ya de que las responsabilidades deberían caer también «sobre quienes se han enriquecido durante todo este tiempo», promotores y constructores fundamentalmente, que han vendido parcelas e inmuebles sin control durante años.
Actualmente el departamento de Disciplina Urbanística de la GMU cuenta con 3 inspectores, que pasarán a ser 5 en breve. Con un PGOU recurrido al Tribunal Supremo y un proceso de regularización que afecta a 18 millones de metros cuadrados en 9 Áreas de Gestión Básica aún pendiente, nadie se atreve a aventurar cuántas casas más se derribarán ni cuándo podrán tener quienes viven en el extrarradio unos servicios dignos del siglo XXI.
chiclana@lavozdigital.es Construirse una casita en el campo fue el sueño de miles de familias gaditanas en la pasada década de los años 90. La mayoría de ellos, ahora, pagan el precio de tener un chalet tipo de 500 metros cuadrados, con jardín y piscina en muchos casos. Y es que en algunas zonas de Chiclana ni siquiera llega el cableado de telefonía y no es posible, por ejemplo, tener una conexión a internet. A ese hándicap se suma el problema de la conexión eléctrica, irregular mediante enganches al cableado o poste de red por regla general, así como al esfuerzo económico que supone mantener una fosa séptica y un pozo de agua subterráneo con una bomba de extracción eléctrica.
Zonas como Batería Colorada, El Sotillo o Pago del Humo soportan una densidad de población muy superior a la capacidad que tienen sus carriles y caminos, la mayoría sin asfaltar. Otra de las problemáticas es la falta de equipamientos. Ir al supermercado, al médico o al estanco supone tener que usar el coche y recorrer varios kilómetros. Los núcleos del diseminado se cuentan por docenas y todos tienen el mismo perfil. Casas aisladas, parcelación ilegal y desorden.
LOS DATOS
15.000 viviendas ilegales: Es la única estimación oficial, de hace varios años, que existe. Algunas voces hablan de que la cifra podría superar las 30.000 casas sin permiso.
Regularización y PGOU: El proceso iniciado hace varios años sigue en suspenso. La nulidad del PGOU, que sigue vigente pero que está recurrido ante el Tribunal Supremo tras su anulación, es un hándicap en contra de un proceso que será muy costoso para los propietarios.
Derribos: Urbanismo acometió el primer derribo de una casa ilegal el pasado jueves. En los próximos meses se producirán más demoliciones similares de viviendas.
* La Voz Digital - JESÚS M. ARAGÓN J. M. A - 17.03.09
Foto: DEMOLICIÓN. Primera vivienda ilegal derribada en Chiclana. / ROMÁN RÍOS. lavozdigital.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El Supremo sostiene que el cambiazo en el plan de Ourense "no fue un error"
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Ourense puede quedarse en unos meses sin planeamiento urbanístico. Ocho sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han declarado ilegal el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) por diversas causas. El Gobierno local ha presentado recursos con la única intención de demorar su anulación y ganar así tiempo para redactar uno nuevo. Pero uno de los recursos no prospera.
El Tribunal Supremo remitió hace unos días al Ayuntamiento una providencia que hace temer lo peor a los técnicos municipales.
El alto tribunal cifra en al menos dos las causas para rechazar el recurso de casación contra la sentencia del TSXG, que anula el plan basándose en que los planos expuestos al público no eran los que se habían aprobado inicialmente en el Ayuntamiento, ya que variaba la edificabilidad. En la providencia se da un plazo, que acabó ayer, para presentar "otra crítica razonada". El Gobierno local ya ha enviado las nuevas argumentaciones, aunque duda que prosperen, ya que el auto del Supremo deja claro que el cambio de los planos "no puede considerarse un error".
"Es un mal presagio", destacó ayer el alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, que responsabiliza al futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por haber autorizado el PXOM cuando era conselleiro de Política Territorial, "a sabiendas de que era ilegal". "Tendrá que responder de ello", advirtió el regidor. El líder del PP gallego autorizó en 2003, como responsable de Ordenación del Territorio, el PXOM de Ourense pese a tener constancia documental, según Rodríguez, de que había un cambiazo en los planos expuestos al público respecto a los aprobados inicialmente. El alcalde orensano responsabiliza al PP y a Núñez Feijóo de la "adjudicación ilegal" del plan de ordenación urbanística. Su anulación dejará a Ourense con el planeamiento de 1986, lo que sitúa en el limbo urbanístico el desarrollo de la ciudad desde aquel año e impide el crecimiento previsto.
El regidor orensano transmitió la inquietud del gabinete jurídico municipal "y de otro exterior" que su equipo ha consultado. Todos coinciden en que Ourense está "en situación de emergencia". Por ello, reclama al presidente in péctore de la Xunta un "inmediato pronunciamiento" sobre su disposición a mantener la hoja de ruta garantizada por el presidente en funciones, Emilio Pérez Touriño "para evitar que Ourense se paralice". "Feijóo aparece continuamente en los medios de comunicación con propuestas de gobierno, pero no dice nada sobre el futuro de esta ciudad", reprocha el alcalde socialista. El mandatario orensano lo emplazó ayer públicamente a que garantice "la salida responsable, mesurada y jurídicamente segura a la que se había comprometido Touriño".
La hoja de ruta que reclama el alcalde para solventar "esta herencia envenenada que dejó el PP" pasa por la colaboración entre Xunta y Ayuntamiento. El alcalde reclama el apoyo del Gobierno gallego en la tramitación "del nuevo planeamiento que se está redactando y que, mientras tanto, no se perjudique a los orensanos". Exige que la Xunta garantice el desarrollo urbano de la ciudad hasta que no se redacte el nuevo PXOM. Y solicita también a Feijóo un "compromiso público" que garantice la tramitación urgente de los proyectos estratégicos aprobados para la ciudad. Entre ellos destaca los de la Ronda Bulevar, el Plan de Termalismo, el Plan Especial de la Universidad y la integración del AVE en la ciudad. Además, solicita la redacción de medidas especiales para los proyectos comerciales previstos (la instalación de El Corte Inglés y de Eroski) en la finca Santa Marina y en A Farixa.
El regidor reclama prudencia a su antecesor, el actual portavoz del PP en la Corporación, Enrique Nóvoa. "Sigue diciendo frivolidades como que es suficiente con hacer unos retoques en el PXOM", reprueba Rodríguez. "Feijóo debe hacerle entender que cuando un planeamiento se anula por ilegal hay que redactar otro nuevo".
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 17/03/2009
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Vecinos de la Costa regresan a sus países de origen por la falta de servicios básicos
INFORMACIÓN/Alicante* : Vecinos de la urbanización Triana I de la costa oriolana no pudieron reprimir ayer el llanto al explicar a los medios de comunicación que no tienen luz desde el jueves y que algunos residentes de otras zonas con el mismo problema se han visto forzados a volver a su lugar de origen, en el Reino Unido.
Estos residentes, la mayoría británicos, pero, remarcaron, "ciudadanos oriolanos" que viven todo el año en Orihuela, fueron acompañados por la concejal del PSOE, Rosa Martínez, en su comparecencia para explicar su situación. Muy afectada, Mandy Tipling, presidenta de la comunidad de propietarios, explicaba que en el residencial viven una docena de familias; entre ellas, una española con un niño pequeño que han tenido que dejar su casa.
Estos residentes adquirieron su vivienda en 2002 a la empresa promotora y urbanizadora Tecnología Urbanística. Tienen escrituras de sus casas, pero no cédula de habitabilidad y viven con luz y agua de obra desde entonces porque la urbanización no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento al no estar concluida, algo que sucede en numerosos puntos de la costa. En el caso de Tecnología Urbanística el problema tiene difícil solución porque, según fuentes municipales, la empresa, que ha construido miles en la comarca, no está en condiciones ni de abonar más facturas de luz y agua de obra ni mucho menos de concluir lo que empezó debido a la crisis.
Los residentes especificaron que no tienen deuda con Iberdrola porque en 2008 ya se encargaron de pagar los recibos. Tipling dijo que explicaron su problema en el Ayuntamiento de Orihuela Costa sin obtener respuesta y se preguntaba por qué han cortado la luz si abonan las facturas. La presidenta de esta comunidad afirma que ellos "no son culpables de los problemas de Iberdrola con la promotora". En casos similares, con la misma empresa implicada, el problema es que Iberdrola no puede formalizar el suministro para pasar del de "obra" al individual porque en la urbanización aparecen más casas de las que se proyectaron en su día y por lo tanto hay que ofrecer más potencia de la prevista, según fuentes del PSOE.
Finca
Rosa Martínez explicó que los residentes "no han encontrado respuesta ni de la constructora, ni de la administración de la finca y tampoco del Ayuntamiento que mira para otro lado mientras que decenas de residentes de Orihuela costa tienen que abandonar sus casas y volver a su país. Muchos de ellos sin casa en su lugar de origen porque las vendieron para poder venir a Orihuela", aseguró. Para la edil, la situación es fruto de un "urbanismo salvaje y desmesurado, sin ordenamiento previo y en ocasiones ilegal" que provoca "verdaderos dramas humanos y este caos".
Martínez advirtió de las "ciudades fantasma" que se están creando por los abandonos "masivos" de residentes y recordó que la alcaldesa, Mónica Lorente, "vende" el turismo residencial "como algo consolidado" pero la situación real "es cada día más insostenible y dura, tanto para el turismo de futuro, como para los residentes que se en despojados de sus casas y de sus derechos".
Una solución temporal
José Antonio Aniorte, edil de Infraestructuras en la Costa, aseguró que Iberdrola ha cortado el suministro "de obra" en esta urbanización por un problema de inseguridad en el tablero de instalación, y no por impago de la constructora o de los vecinos, como ha ocurrido en otras ocasiones. En este sentido aseguró que ayer mismo la cuadrilla de mantenimiento del Ayuntamiento se iba a poner en marcha para solventar el problema de forma provisional. Aniorte admitió que se han dado una docena de casos en los últimos meses de impago y corte de luz de obra en comunidades de propietarios que se han solventado con la domiciliación directa de la factura a los vecinos.
En este caso el tablero eléctrico presenta unos problemas de inseguridad que Iberdrola no está dispuesta a asumir porque "cualquiera que lo tocara podía sufrir un accidente grave". El problema de fondo sigue siendo el mismo en todos los casos: Años después de ocuparse las urbanizaciones no están terminadas y los servicios básicos son de "obra".
* Información - D. PAMIES - 17.03.09
Foto: orihuela costa - loquo
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17.3.09
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El Parlamento Europeo hace suyo el manifiesto de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio
SANBORONDÓN* : A través de una información remitida hasta nuestra redacción por la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, que forma parte de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, hemos conocido que se ha publicado ya la versión corregida del Informe Auken, un demoledor documento contra el urbanismo salvaje en España, aprobado el pasado 11 de febrero en una sesión histórica del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en el que se acorraló al PP y PSOE español, se rechazaron las enmiendas presentadas por estos contra el informe y en cambio se admitieron otras enmiendas que han dado aun mayor dureza al texto, muchas de ellas extraidas del informe elaborado por la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) y otras organizaciones y que fue enviado a todos los europarlamentarios en los dias previos a la presentación de enmiendas.
El texto, aprobado ya en el Comité de Peticiones, será votado en el pleno del parlamento el próximo 26 de marzo.
El texto resultante es mucho más duro que el borrador original al incorporar más de 20 puntos extraidos directamente del texto enviado a todos los europarlamentarios por la Coodinadora Ciudadana en Defensa del Territorio en los días previos a la votación. Una versión de dicho informe, junto con otros más, había sido enviado hace cerca de dos años al Comité de peticiones y ha sido determinante a la hora de inducir este primer pronunciamiento global del PE sobre el problema del urbanismo en España. ya que sus anteriores condenas se habian referido sobre todo a la Comunidad Valenciana.
Se trata del tema por que más quejas se han recibido de país alguno en el Comité de Peticiones: abusos ciudadanos y medioambientales asociados al urbanismo salvaje en España. En total se han recibido más de 20.000 quejas sobre 186 temas diferentes relacionados con el urbanismo en distintos puntos del territorio.
Jaime del Val comparecía unas semanas atrás como invitado del Comité de Peticiones y peticionario, como portavoz de Salvemos Mojácar, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, Salvemos Las Rozas, Salvemos el Territorio, Reverso y otras organizaciones.
Denuncia esta plataforma que PP y PSOE se hallan unido contra el informe Auken en su desesperado y despreciable intento de seguir apostando por la especulación y el urbanismo salvaje, cerrándose en banda a reconocer el problema de fondo de España, y apostando por agrandar el agujero en el que nos han metido, en vez de sacarnos de él con un cambio radical de modelo económico, que en ningún caso se está poniendo en marcha.
El texto definitivo contiene párrafos de asombrosa contundencia que parecen extraidos directamente del Manifiesto que la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio remitió al Comité de peticiones y a todos lo Europarlamentarios para que lo incluyeran en sus enmiendas al informe, y que ya habia sido enviado, en una versión anterior, con anterioridad a la primera redacción del Informe Auken.
Denuncia que "España ha sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones...lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, " que "todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible" y que cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción".
Denuncia "la falta de actuación y parcialidad de la justicia española" y que "hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión"
Denuncia que "las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el país" que "miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron ", que "este modelo de crecimiento tiene consecuencias negativas también sobre el sector turístico" y que "se trata de un modelo expoliador de los bienes culturales".
Exige que "las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social" y que "detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario". Afirma que "Los nuevos proyectos urbanísticos que no observen la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios legítimos deberían suspenderse y revisarse".
Exige al estado español y la Autonomias "que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador" que "lleven a cabo una profunda revisión de toda la legislación... con objeto de poner fin a los abusos de los derechos", que "desarrollen una cultura de la transparencia... impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos" y "que establezcan mecanismos judiciales y administrativos operativos" y a su vez "Insta al Gobierno español a realizar un debate público"
Denuncia que "hay muchos casos en los que urbanización masiva ha incorporado elementos de la financiación europea" e insta a la Comisión Europea a "interrumpir la provisión de fondos estructurales, y ... suspender dicha dotación a un Estado miembro" y a "colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión".
A su vez afirma que "los promotores que celebraron contratos de cuya ilegalidad deberían haber tenido conocimiento no deben tener derecho a compensación". En ese sentido denuncia el doble rasero de la aplicación de la Ley de Costas, que se aplica despidadamente contra ciudadanos indefensos pero no contra promotores. El Informe exige que se aplique con contundencia contra los promotores de grandes desarrollos que incumplen la norma y con cautela en el caso de ciudadanos indefensos.
Citas resumidas del texto:
*España ha sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones
*lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades,
*todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible
*cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción
*la falta de actuación y parcialidad de la justicia española
*hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión
*miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron
*las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el país
*este modelo de crecimiento tiene consecuencias negativas también sobre el sector turístico
*se trata de un modelo expoliador de los bienes culturales
*que lleven a cabo una profunda revisión de toda la legislación... con objeto de poner fin a los abusos de los derechos
*Pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador
*Los nuevos proyectos urbanísticos que no observen la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios legítimos deberían suspenderse y revisarse
*las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social
*detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario
*Pide a las autoridades españolas que desarrollen una cultura de la transparencia... impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos
*Insta al Gobierno español a realizar un debate público
*Insta a las autoridades regionales y nacionales a que establezcan mecanismos judiciales y administrativos operativos
*hay muchos casos en los que urbanización masiva ha incorporado elementos de la financiación europea
*interrumpir la provisión de fondos estructurales, y ... suspender dicha dotación a un Estado miembro
*colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesió
*los promotores que celebraron contratos de cuya ilegalidad deberían haber tenido conocimiento no deben tener derecho a compensación
Destacamos los siguiente párrafos:
"se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas," (punto S).
Acerca de la Justicia: "...los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos, y que ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española;" (Punto U)
Sobre la vivienda: "...Considerando que el artículo 47 de la Constitución Española determina que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y manda que los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación," (Punto Y)
"...con frecuencia, muchas autoridades locales y regionales malinterpretan gravemente estos objetivos (no solo en las regiones costeras) a la hora de proponer o acordar programas urbanísticos extensos; considerando que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor; considerando asimismo que hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión;" (punto Af)
"...Considerando que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones de tal forma que han afectado no sólo al frágil medio ambiente costero, la mayor parte del cual está nominalmente protegido en virtud de la Directivas sobre hábitats/Natura 2000 y aves, como ha ocurrido en casos de urbanizaciones en el Cabo de Gata y Murcia, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado;" (Punto Aj)
"Considerando que este modelo de crecimiento tiene consecuencias negativas también sobre el sector turístico, ya que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, puesto que destruye los valores del territorio y fomenta la expansión urbana excesiva," (Punto Ak)
"Considerando que se trata de un modelo expoliador de los bienes culturales, que destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno natural y paisajístico," (Punto Al)
"...actual desplome de los mercados financieros, a su vez provocado en parte por la especulación en el sector inmobiliario, y que ello afecta no sólo a las empresas en sí, que ahora se enfrentan a la quiebra, sino también a las decenas de miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron y de las que ahora han pasado a ser víctimas;" (Punto Am)
"Pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas a que lleven a cabo una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos"; (Punto 1, pag 8)
"Pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador;" (Punto 2, pag 8)
"Considera que las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente;" (Punto 3, pag 9)
"Pide a las autoridades españolas que desarrollen una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos de la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos;" (Punto 5, pag 9)
"Insta al Gobierno español a realizar un debate público, con la participación de todos los órganos administrativos, que suponga un estudio riguroso mediante la formación de una comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España, que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible",(Punto 6, pag 9)
"Insta a las autoridades regionales y nacionales a que establezcan mecanismos judiciales y administrativos operativos," (Punto 7, pag 9)
"los promotores que celebraron contratos de cuya ilegalidad deberían haber tenido conocimiento no deben tener derecho a compensación por el abandono de unos proyectos debido a la falta de conformidad con la legislación nacional y comunitaria, ni deben tampoco gozar de un derecho de recuperación automática de los pagos ya abonados a los municipios si dichos pagos se realizaron a sabiendas de la probable ilegalidad del contrato que estaban celebrando;" (Punto 17, pag 10)
"cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción" (Punto 18, pag 10)
"Recuerda, asimismo, que la Comisión está facultada por el artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE " (Punto 27, pag 12)
"Asimismo, recuerda que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar, sea con arreglo al Tratado o como consecuencia de la aplicación del Derecho comunitario, hasta el momento en que el problema se haya resuelto;" (Punto 28, pag 12)
"ya antes de los acontecimientos acaecidos en otoño de 2008, este sector se encaminaba al desastre. Los años de urbanización masiva y destrucción del litoral que han conllevado considerables beneficios financieros para el sector y excesos de construcción masiva (puesto que en la actualidad existen un millón y medio de viviendas de nueva construcción esperando comprador y unos cuantos campos de golf), basados en las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el país." (exposición de motivos, pag, 15)
"Ya es un hecho por todos conocido que en la última década se ha empleado más cemento y hormigón en la construcción de viviendas en España que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos." (exposición de motivos, pag, 16)
"La comisión pide a las autoridades españolas competentes que revisen y modifiquen, cuando proceda, la legislación, a fin de garantizar los derechos contenidos en el Tratado en relación con los propietarios, y que cancelen las promociones que no respeten o apliquen las leyes comunitarias. Los nuevos proyectos urbanísticos que no observen la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios legítimos deberían suspenderse y revisarse." (exposición de motivos, pag, 17)
"La exposición de motivos concluye con este párrafo: "La Comisión Europea puede usar el procedimiento de infracción para asegurarse que un Estado Miembro cumpla con sus obligaciones de los Tratados y Directivas Europeas. El Parlamento Europeo que no tiene esta arma a su alcance, pero puede usar su autoridad presupuestaria para conseguir fines similares si así lo decide. Baste decir a este punto que hay muchos casos en los que urbanización masiva ha incorporado elementos de la financiación europea, para permitir al Parlamento y su Comité de Control Presupuestario, investigar tales casos más de cerca si no se resuelven con prontitud las peticiones presentadas ante el Parlamento."
* Revista San Borondón - 16.03.09
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Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
La Coordinadora Ciudad Compacta 2014 exige suspender el compromiso de Dubai y priorizar los barrios
EUROPAPRESS/Zaragoza* : La Coordinadora Ciudad Compacta 2014 exige al equipo de gobierno municipal que suspenda el compromiso adquirido en Dubai, aún desconociendo el grado de obligación que implica y reiteran su oposición a Expo Paisajes 2014 mientras no se planteen las prioridades urbanísticas y sociales de los barrios de Zaragoza, además reclaman ser partícipes de la toma de decisiones estratégicas de desarrollo de la ciudad.
El representante de la Asociación de Vecinos de La Madalena, David Arribas, criticó que el equipo de gobierno PSOE-PAR del Ayuntamiento de Zaragoza "eludió el debate" sobre este próximo evento para adquirir el compromiso "de forma oculta".
En su opinión, antes de emprender esta "nueva aventura" el Consistorio zaragozano se "tiene que comprometer con la ciudadanía" y en este sentido incidió en que se "tiene que mirar la ciudad hacia dentro para dedicar los recursos a la ciudad compacta" para mantener las redes sociales y configurar unos barrios de calidad en lugar de extender la ciudad "en contra del PGOU y detraer recursos para fuegos artificiales".
Para abordar esta necesidad de actuar en la ciudad consolidada, desde la Coordinadora han organizado las jornadas 'Expo Paisajes 2014. Un nuevo derroche frente a las prioridades sociales y ambientales de Zaragoza' que se celebrarán en el Centro Joaquín Roncal a las 19.00 horas los días 19 y 23 de marzo.
El objetivo es doble, dijo el representante de la Coordinadora, Mariano Mérida. Por un lado, la necesidad de mirar hacia dentro de la ciudad y por otro lado abordar los espacios periurbanos.
Mérida abogó por rehabilitar y actualizar edificios y calles de los barrios ya consolidados de Zaragoza después de que con la Expo 2008 se desarrollaron infraestructuras "supeditadas a traer dinero público a los bolsillos de particulares, pero no a las mejoras de la población de los barrios" para advertir de la posibilidad de que se generen bolsas de exclusión.
Respecto a los espacios periurbanos defendió la existencia la huerta zaragozana, que "aunque está muy destrozada es necesaria como huella ecológica de despensa de alimentos frescos y de calidad". A su parecer, la producción de la huerta zaragozana tiene que "valorarse e incrementarse dada su calidad" y como contraposición a la producción de alimentos transgénicos en Aragón.
PROGRAMA DE LAS JORNADAS
El jueves 19 de marzo impartirá una conferencia el ingeniero técnico agrícola y miembro del Consejo de Protección de la Naturaleza de la Generalitat catalana, Josep Montasell, quien disertará sobre los beneficios de los parques agrícolas periurbanos y sus efectos como espacios productivos.
El mismo día intervendrá el representante de la UAGA, Eduardo Navarro, y el presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, Antonio Ruiz, quienes abordarán la producción agrícola en las cercanías de la ciudad ligada a la calidad y seguridad alimentaria.
Seguidamente disertarán el sociólogo Ángel Sanz, el arquitecto Gerardo Molpeceres, y la presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Fuentes, Nieves Boj, para disertar sobre las necesidades y propuestas urbanísticas del barrio de Las Fuentes.
El lunes, 23 de marzo, impartirá la conferencia "Grandes eventos o vida cotidiana" el arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Josep María Montaner, quien además es Premio Nacional de Urbanismo 2007 y se ha mostrado crítico a los grandes eventos, recordó Mérida.
El ingeniero de Montes y profesor de Paisaje de la Universidad Syracusa de Nueva York, Luis Orive expondrá su experiencia como artífice del diseño del anillo verde de Vitoria.
La mesa redonda la configurarán los representantes de las asociaciones vecinales de San José, Isabel Aína; Picarral, Juan José Jordá; Delicias, Ángel Muñoz; y Casco Viejo, Juan Carlos Orús.
* El Economista - E.P. - 16.03.09
Foto: Zaragoza - educa.aragob.es
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Tema: NOTICIAS Aragón
Fracasa el plan de vivienda de Aguirre
ELPAÍS/Madrid* : Cuando lo presentó en julio del año pasado, parecía la panacea para un sector que llevaba meses en estado de coma. El acuerdo auspiciado por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, con promotores y entidades financieras preveía que a finales del año pasado saldrían al mercado hasta 25.000 viviendas a un precio asequible.
El objetivo era doble: aliviar los resultados de unos empresarios que no lograban vender ni a tiros y facilitar el acceso a casas hasta un 20% más baratas que en el mercado. Ocho meses más tarde, los resultados son más modestos.
No han sido 25.000 los pisos que se ofrecían en la página web de la Consejería de Vivienda, sino 1.270. Y si el foco se centra en el volumen de transacciones, la cifra roza el ridículo: sólo 108 ventas. El acuerdo consistía en que bancos y cajas se comprometían a dar financiación a los compradores de una bolsa de pisos que las promotoras debían dar de alta en un listado de la consejería. A cambio, los empresarios no sobrepasarían unos precios máximos que se establecían en función del municipio. Muy pocos promotores se han apuntado a la iniciativa. Los ciudadanos tampoco se han decidido a comprar.
La propia consejería reconoce que los resultados han sido "limitados". Y achaca la culpa del fracaso al momento que atraviesa el sector: "Muchos compradores están a la espera de que los precios bajen más", apunta un portavoz de Vivienda. Pero esa situación ya se conocía cuando Aguirre posó con los primeros espadas de las mayores entidades financieras y de la patronal de los promotores. José Manuel Galindo, presidente de Asprima, la asociación de promotores que firmó el acuerdo, explica el poco éxito de la iniciativa por "la falta de ayudas por parte de la Comunidad". "También se ha echado en falta una comisión de seguimiento que comprobara si los bancos estaban dando créditos para la compra de pisos", explica.
A pesar de los pobres resultados, la consejería no se plantea modificar la iniciativa. "Era una opción más para reducir el stock de casas que no se venden. Hay muchas otras ayudas", se justifican. Los precios de las viviendas ofertadas van desde los 2.000 euros por metro cuadrado a los 3.200, en función de la zona.
Aguirre declaró en julio que la iniciativa trataba de "contribuir al mantenimiento de la actividad y del empleo en el sector inmobiliario y de ofrecer a miles de familias la oportunidad de acceder a una vivienda a precios asequibles". Tanto por un lado como por otro, prueba no superada.
No eran tan baratos
Las compraventas cerradas que constan en la web de la consejería (www.madrid.org/vivienda) muestran que las condiciones de compra no eran tan ventajosas como anunció la Comunidad. Los precios iban a ser un 20% inferiores a los de mercado. Pero un piso de 54 metros en Villa de Vallecas por 180.000 euros tampoco parece un chollo. En la capital sólo se han vendido 37 de las 316 viviendas que las promotoras ofrecieron a los precios tasados.
La caída de precios en el mercado inmobiliario hace que muchos se lo piensen a la hora de firmar compras que hace dos años podrían parecer ventajosas. Los precios que se fijaron como máximos ya no son tan favorables.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 16/03/2009
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
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Las urnas indultan a los corruptos
PÚBLICO* : El 28 de mayo de 2007, horas después de que el PP revalidara su mayoría en Castellón en las últimas elecciones municipales, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, celebró los resultados con una sentencia tan jactanciosa como reveladora: "El juicio popular nos ha absuelto con un sobresaliente".
Fabra, imputado desde hace años por varios delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, hacía suya una impresión extendida: las sospechas de corrupción no se cobran obligadamente su factura en las urnas.
"Los escándalos tienen un efecto no despreciable sobre el voto, aunque tal impacto no suele dar lugar a un fuerte descenso del apoyo electoral al candidato afectado por el caso y, en muchas ocasiones, no supone su derrota". Con esta introducción arranca el trabajo firmado por los profesores Miguel Caínzos y Fernando Jiménez sobre los efectos de la corrupción en el voto. Su estudio, La repercusión electoral de los escándalos políticos (Revista Española de Ciencia Política, abril 2004), sigue siendo hoy una de las referencias obligadas para analizar esta cuestión.
"No hay un efecto inmediato"
"A nadie le gusta oír hablar de corrupción, pero no hay un efecto inmediato en el voto", explica Jiménez a Público. Este profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia asegura que la fórmula "escándalo de corrupción igual a candidato perjudicado" no siempre se cumple, aunque sus investigaciones han demostrado que la impunidad tampoco es siempre la única consecuencia de esta ecuación.
"Si penalizar es perder votos, sí hay penalización si el castigo es perder el poder; en la mayoría de los casos, esto no ocurre", argumenta Ignacio Urquizu, politólogo y subdirector de estudios de la Fundación Alternativas. Este laboratorio de análisis político investigó en 2008 a 133 alcaldes sobre los que recaían sospechas de corrupción. El 70% mantuvo su poder tras las elecciones municipales celebradas un año antes (Informe sobre la democracia en España 2008. Fundación Alternativas).
La decisión que se esconde detrás de cada voto es un combinación de elementos variable hasta el infinito. "No hay un único factor que te diga por qué vota la gente. Con una papeleta, tienes que decir tantas cosas al mismo tiempo que el elector está obligado a priorizar", justifica Urquizu para hacer más accesible un principio enunciado por los investigadores norteamericanos Dobratzy Whitfield en 1992: "Aunque algunos podrían sugerir que idealmente los escándalos por sí solos pueden derribar gobiernos, a la hora de depositar su voto los electores tienen en mente probablemente más de una sola cuestión".
La factura de la crisis
Cada caso es único, pero en todos pesa siempre el contexto político y social en el que nace un escándalo. En el actual, la coyuntura de crisis económica hará que se dispare la sensibilidad pública, advierte Jiménez. "No es lo mismo la disponibilidad para castigar a un corrupto cuando a todo el mundo le va bien que en una época de crisis. La corrupción se personaliza y se tiene más disposición hacia el castigo", explica.
Hay, sin embargo, ejemplos de lo contrario es representativa la reelección de Menem en 1995 en una Argentina asediada por la hiperinflación y con las instituciones carcomidas por un castillo de irregularidades. En estos casos, los electores priorizan la solvencia de los candidatos. "Pelear contra un corrupto sólo con honestidad es peligroso defiende Jiménez porque no te asegura ninguna victoria".
Es necesaria, además, la presencia de un líder sólido que capitalice la debilidad de un adversario en horas bajas. "Primero decidimos a quién elegimos y después buscamos argumentos para justificar nuestro voto", sostiene Urquizu. Los medios de comunicación juegan un papel relevante. "Suministran armamento ideológico a unos votantes que no saben a quién tienen enfrente". Aun así, el consumo de opinión publicada está ligado también a la ideología, por eso "elegimos a los que nos cuentan lo que queremos oír", reconoce.
Las teorías que intentan explicar la trastienda del voto y su comportamiento ante la corrupción no determinan qué conductas irregulares generan más rechazo. "Qué es peor, ¿recalificar de forma ilegal o que te regalen un Jaguar?", se pregunta Urquizu a golpe de titulares. Tampoco aclaran qué votante izquierdas o derechas es más crítico. "Hay muy poca diferencia", responde este investigador. "No hay datos para ser concluyentes", se excusa Jiménez, que desliza una impresión personal: "Hay mayor rechazo en la izquierda que en la derecha, que comparte cierta mentalidad casi empresarial, capaz de disculpar determinados comportamientos".
Cínicos frente a idealistas
El diputado socialista José Andrés Torres Mora, titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que no hay diferencias automáticas aunque, a su juicio, "es más fácil encontrar posiciones cínicas en la derecha que también existen en la izquierda y posiciones más idealistas en el electorado de izquierdas".
José María Lassalle, parlamentario del PP y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, tampoco encuentra reacciones distantes entre los dos grandes electorados: "Los ciudadanos reaccionan por igual ante la corrupción; la ciudadanía democrática exige de sus políticos ejemplaridad, con independencia del color político en el que se sientan ubicados".
Lassalle sostiene que la influencia de la corrupción en el voto está asociada "al grado de implicación generalizado que puedan tener los escándalos en un partido". Esa impresión generalizada pesó en la derrota de Felipe González en 1996.
Una formación cuajada de escándalos "aumenta la probabilidad" de que pague una factura en las urnas, pero "no es algo directo ni mecánico", concluye Torres Mora, quien advierte a quienes depositen sus esperanzas de victoria en la corrupción del adversario político: "Los defectos del contrario no me benefician a mí; me benefician mis virtudes".
* Público - MIGUEL ÁNGEL MARFULL - MADRID - 15/03/2009
Foto: El Roto - corrupción (El País)
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Navarra: Vivienda Digna ve "inmoral e inconstitucional" el nuevo proyecto de ley
EFE* : La Plataforma por una Vivienda Digna (PVD) ha calificado de "inmoral e inconstitucional" el proyecto de ley foral de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda remitido por el Gobierno de Navarra al Parlamento. La Plataforma recuerda que el artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho a una vivienda y el Gobierno de Navarra, dice, "ha tenido a su alcance" el que se cumpliera, pero "lo que se ha conseguido es convertir la vivienda en un artículo de lujo y el suelo en un elemento especulador".
Ahora tacha de "inconstitucional" el nuevo proyecto de ley al entender que en Navarra "lo que se pretende es volver a inflar la burbuja inmobiliaria" y la Constitución dice que para hacer efectivo el citado derecho los poderes públicos promoverán las condiciones y establecerán las normas, "regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
Además a juicio de la Plataforma "es inmoral" que el proyecto de ley defina por primera vez la vivienda libre de precio limitado porque lo hace cuando "no se venden", pero no se hizo cuando eran los ciudadanos en general y los jóvenes en particular "los que debían hipotecarse por cantidades escandalosas para acceder a una de ellas".
Y por ello la PVD se pregunta por qué el Gobierno foral no puso límite a una "sobrevaloración" de los inmuebles que convirtió "la vivienda en un lujo y no en un derecho" y lo hace ahora "para evitar la caída de precios y beneficiar a ayuntamientos, promotores y constructores", con lo que además, añade, se "intenta evitar la necesaria corrección en los precios del sector inmobiliario".
La PVD considera asimismo que "la posibilidad de que los adjudicatarios de una vivienda protegida puedan alquilar sus habitaciones es una puerta abierta de par en par para incumplir el baremo por el que se rigen la adjudicación de estas viviendas y supone acabar con uno de los logros alcanzados en materia de vivienda protegida, ya que ciudadanos que no cumplen el baremo podrán disfrutar" de ellas.
Otro "golpe más" al baremo para la PVD es "la posibilidad de incluir excepciones al cumplimiento de ingresos mínimos y empadronamiento para evitar que en determinadas localidades queden viviendas protegidas sin adjudicar".
Como alternativas la Plataforma aboga por potenciar las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, reformar la ley para dar más seguridad a arrendadores e inquilinos, eliminar de forma progresiva y no retroactiva las desgravaciones fiscales a la compra, censar las viviendas vacías en Pamplona y comarca y establecer gravámenes fiscales, y reformar la ley para limitar los plazos de las hipotecas con un nivel de endeudamiento máximo del 25%
También propone tasaciones a través de una oficina pública acordes a la realidad, bajar el precio del módulo de vivienda protegida para evitar renuncias y permitir que la cuanta vivienda se destine al alquiler.
* Finanzas - EFE - 15.03.09
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15.3.09
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La Fiscalía abre diligencias penales al ex regidor de Teo por una licencia de obras
LAVOZ/A Coruña* : La Fiscalía ha abierto diligencias penales previas que afectan al Concello de Teo durante la etapa de gobierno del popular Armando Blanco, y que están directamente relacionadas con el procedimiento urbanístico seguido en el año 2000 para dar licencia de obras a la urbanización Augas Mansas, de 152 chalés y quinientos habitantes.
La investigación judicial arrancó en febrero con la denuncia ante la Fiscalía del actual grupo de gobierno (BNG) tras descubrir que, pese a a lo que establece la ley, la constructora Mahía no había depositado un aval de más de un millón de euros para garantizar que las obras de la urbanización se ajustasen al proyecto y para que, en caso de que hubiese algún problema, el propio Concello o la promotora pudiesen utilizar este aval para subsanarlo.
Estos hechos implican, según el actual grupo de gobierno, que «o Concello aceptou no ano 2000 como garantía un papel que non ten ningún valor», y lo que es más grave, que el acta de arqueo contable de Teo, elaborada en el 2007 para cumplir con el procedimiento del traspaso de poderes, no se ajustaba a la realidad, lo que deja la puerta abierta a que haya situaciones similares.
«Herdanza envelenada»
Por ello, el regidor teense, Martiño Noriega, y el edil de Urbanismo, Rafael Sisto, consideraron ayer esta situación «unha herdanza envelenada», que afecta a numerosos vecinos y que condiciona la gestión diaria del municipio, ya que el Ayuntamiento no puede acometer ninguna mejora en las urbanizaciones si están en situación irregular.
Además, en el caso de Augas Mansas el gobierno local sospecha que la promoción finalmente construida no coincide con el proyecto técnico, lo que podría implicar que algunas de sus instalaciones estén invadiendo suelo público. Para comprobarlo, ya han encargado un estudio topográfico de los terrenos.
Depurar responsabilidades
Con semejante radiografía, Noriega fue especialmente expresivo al señalar que «no Concello de Teo atopámonos cousas para montar un circo». En un tono más institucional, reconoció que habían optado por denunciar públicamente los hechos, «xa que cremos que estas non son cousas como os fondos do Estado», por lo que «entendemos que hai responsabilidades políticas que hai que depurar». En caso de que la investigación judicial concluya que hubo algún tipo de irregularidad, Noriega anunció que también exigirían responsabilidades por la vía judicial.
Esta investigación no es la única que afecta a Teo, ya que la Fiscalía también investiga al ex alcalde Armando Blanco por la concesión de una licencia en 1999 para construir viviendas privadas en terrenos que presuntamente la beneficiaria de la licencia le había cedido en propiedad.
* La Voz de Galicia - Emma Araújo - 14.03.09
Foto: Teo (A Coruña), puente - consumer.es
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15.3.09
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Málaga: Sólo tres municipios tienen su urbanismo adaptado a la ley
LAOPINIÓN* : Cortes de la Frontera, Mollina y Rincón de la Victoria pueden presumir de ser los únicos de los 100 municipios malagueños con su urbanismo adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Tras cinco años desde la aprobación, en 2004, de esta normativa y un año después de que terminara el plazo para adaptarse a sus exigencias, sólo éstas localidades cuentan con la revisión de su plan general de ordenación urbana (PGOU) aprobada, según los datos aportados por la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Así, Cortes ha completado la revisión de su planeamiento, al igual que Rincón de la Victoria y Mollina, aunque en estos casos fueron adaptaciones parciales las acometidas.
El resto de los 97 ayuntamientos malagueños se encuentran distribuidos en diferentes estados de tramitación, con 10 municipios con la aprobación provisional obtenida y afrontando la fase final de la revisión. Pero lo más preocupante es que 36 sólo han superado la aprobación inicial y 38 están en la fase de avance, que es un punto todavía muy primario de la adaptación a la normativa andaluza.
Sin embargo, Málaga y Marbella, los núcleos más importantes, cuentan con una buena situación para desbloquear su política urbanística, ya que las revisiones de sus planes de ordenación están ante la última fase antes de su aprobación definitiva. En ambos casos ya se ha superado el visto bueno provisional. La capital está terminando de recopilar los informes sectoriales para que la Consejería revise el documento en un plazo máximo de cinco meses. Marbella, por su parte, espera obtener la aprobación en dos meses.
El principal problema que arrastran los ayuntamientos sin el PGOU aprobado es la imposibilidad de iniciar proyectos urbanísticos nuevos, ya que no disponen de planes en vigor que avalen las inversiones. No obstante, la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, apunta que los municipios con el suelo urbanizable agotado pueden simultanear la revisión de su PGOU con modificaciones puntuales que adelanten la obtención de suelo para construir VPO, zonas industriales o equipamientos.
Los retrasos que acumula la mayoría de las localidades se pueden achacar a muchos motivos, aunque desde la Delegación se apunta que las dificultades técnicas con las que se encuentran los pequeños municipios para redactar sus planes ocasiona que el ritmo de trabajo no siempre sea el adecuado. Habría que tener en cuenta también otro elemento, como la propia adaptación a los planes subregionales de ordenación elaborados por la Junta, que en algunos casos ha obligado a replantear los documentos originales.
Un año. A pesar de todo, la delegada de Vivienda y Ordenación se muestra satisfecha con el proceso de adaptación de los planes de ordenación a la LOUA. En este sentido, considera que son muchos ya los ayuntamientos "que finalizan la fase de redacción para adaptar su planeamiento a las determinaciones de la ley y conseguir suelo para vivienda protegida, uso productivo y equipamientos".
"El objetivo que nos hemos marcado es que de aquí a final de año esté el mayor número de municipios adaptados a la norma urbanística andaluza, lo que les permitirá plantear las modificaciones de elementos necesarias", insistió Josefa López, quien aclaró que este desbloqueo permitirá impulsar nuevos proyectos urbanísticos, algo que no se ha podido hacer desde enero de 2007.
* La OPinión de Málaga - MIGUEL FERRARY - 15.03.09
Foto: Cortes de la Frontera. Este es de los pocos municipios malagueños con su plan de ordenación adaptado a la ley andaluz. Blas Gil, laopiniondemalaga.es
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Miles de jóvenes se manifiestan en Madrid por una vivienda digna
MADRIDDIGITAL* : La asamblea VdeVivienda reunió en la tarde del sábado a más de 5000 personas en el centro de Madrid por la vivienda digna y el alquiler social universal. El problema de la vivienda sigue en la calle, la explosión de la burbuja inmobiliaria ha agudizado aún más las crisis de derechos. A los que ya estaban excluidos del derecho al acceso a la vivienda se le suma ahora familias que no pueden afrontar el pago de la hipoteca, millones de parados que no pueden pagar ni letra del piso ni alquiler y todos los que ven como con dinero público se premia a los verdaderos culpables de esta crisis.
La manifestación discurrió por el centro de Madrid durante más de dos horas exigiendo las medidas que propone El Alquiler Social Universal (ASU). Durante el recorrido activistas señalizaron una oficina bancaria para poner de manifiesto lo fundamental que ha sido la banca en el proceso especulativo, que se enriqueció con hipotecas abusivas y ahora es la principal acaparadora de viviendas vacías. Además se descolgó de una fachada de un edificio vacío una pancarta reivindicando la principal medida del ASU, la expropiación de uso de todas las viviendas vacías pertenecientes a los grandes propietarios y especuladores.
La manifestación concluyó en la plaza del Museo Reina Sofía con la lectura del siguiente comunicado:
Contra la crisis de derechos, por la vivienda digna: ALQUILER SOCIAL UNIVERSAL
Después de casi tres años luchando para que se haga efectivo el derecho a la vivienda digna, esa necesidad básica reconocida en un papel mojado, ahora nos encontramos con la paradoja de que los grandes protagonistas de la especulación, que no son otros que los banqueros y los señores del ladrillo, son rescatados con la excusa de la crisis por sus cómplices, los poderes públicos. Tenían razones para hacerlo. No en vano, sin la colaboración activa de la clase política, no hubiera sido posible esta doble crisis que padecemos, la internacional y la propia, resultado de esa burbuja inmobiliaria que miraron de forma tan complaciente y sumisa. Los teóricos representantes del pueblo han sido los que han hundido al pueblo para beneficiar a sus corruptos amigos del ladrillo. Por eso sabemos que no pueden seguir obrando de espaldas a la ciudadanía. Lo tenemos muy claro; si les dejamos solos, su receta será la de siempre: que nosotros paguemos la crisis que ellos han creado.
Exigimos que la ciudadanía sea quien decida todo lo que deba hacerse ahora para afrontar este difícil momento histórico. Exigimos que los poderes públicos acaten la voluntad popular. Estamos hartos de las declaraciones solemnes de nuestros gobernantes sobre la democracia. No queremos discursos pomposos y vacíos, queremos practicar la democracia y ser los verdaderos protagonistas. Es hora de levantarse. A pesar del miedo que nos quiere infundir el poder con esta crisis; a pesar de este clima de terror que el poder está generando con la finalidad de que los trabajadores y trabajadoras accedan a seguir perdiendo derechos con tal de salir de esta grave crisis que ellos han causado. Su receta es sencilla, es la receta del terror: retirénomos a nuestros cuarteles de invierno llevándonos toda la riqueza que hemos ganado en los años de la abundancia, y dejemos que los pobres sean cada vez más pobres. Así serán presa fácil y acatarán todos nuestros deseos.
Pero su juego se ha terminado porque su mundo ha terminado. No queremos volver a los tiempos de su abundancia, de esa abundancia que nunca llegaba al pueblo, de esa abundancia que pedía obligatoriamente nuestra precariedad. No queremos su mundo porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Somo muy conscientes de lo queremos y de lo que pasará si seguimos cedemos. Si cedemos, todo lo que perdamos ahora no lo volveremos a recuperar después. Así ha sido siempre. La crisis de derechos comenzó mucho antes que la económica, y nunca tendrá fin si seguimos cediendo. Animamos a la ciudadania a que defienda con uñas y dientes todos sus derechos. Hoy ha sido la vivienda. Mañana será la educación. Pasado la sanidad.
Llamamos a la ciudadanía a defender su dignidad derecho a derecho. En esta lucha todos tenemos mucho que decir. Nosotros y nosotras, la Asamblea VdeVivienda, queremos aportar nuestro granito de arena proponiendo un programa de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, y que hemos llamado Alquiler Social Universal.
Contiene las siguientes propuestas:
1- Expropiación de uso de las viviendas vacías que se encuentran en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias de este país: los bancos, las promotoras, las inmobiliarias y las grandes fortunas. Estas viviendas se destinarán a la constitución de un parque público de viviendas en alquiler. Deberá ser un alquiler estable, con garantías legales de una permanencia libre y duradera, y realmente social, por el que sólo se que pagar una renta mínima que garantice el mantenimiento del inmueble.
2- · Cambio de la ley hipotecaria de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago al banco nunca tenga que responder más allá del precio de subasta de la casa ante el banco.
3· Ni un euro de dinero público para entidades privadas, rechazo frontal a los planes usar el ICO para donar 3.000 millones a los constructores ni a las billonarias inyecciones de dinero público por medio de los bancos centrales.
4· Despenalización del uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales.
Estas son nuestras medidas contra la crisis de derechos en el ámbito de la vivienda y el mensaje que desde VdeVivienda os queremos dejar. Pero hoy, en este día, VdeVivienda no es el verdadero protagonista. Los auténticos protagonistas somos todos y todas los que estamos aquí. No lo sabéis, pero ya hemos vencido. Hemos vencido porque somos libres en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Han perdido la primera batalla porque no tenemos miedo. Y van a seguir perdiendo, porque no hay nada más imparable que un pueblo consciente y sin miedo. Si seguimos adelante, sólo los puede esperar la victoria. Con V de Vivienda, con V de Victoria.
* Madrid Digital - 15.03.09
Foto: Kike Rincón, madridiario.es
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Tema: NOTICIAS Madrid , NOTICIAS VIVIENDA
72 imputados por casas ilegales en Pozo Alcón
IDEAL/Jaén* : Setenta y dos personas figuran en la lista de imputados en una operación contra delitos urbanísticos desarrollada por el equipo de investigación del Seprona en Pozo Alcón. La más importante, por el volumen de implicados, desarrollada en la provincia en los últimos años.
En la lista figuran medio centenar de propietarios de casas de campo que no deberían estar donde se levantan actualmente, la ex alcaldesa Carmen Escudero (PSOE), tres arquitectos técnicos, ocho constructores y diez directores técnicos de obra. Se les ha puesto a disposición de la Justicia en calidad de imputados por construir sobre suelo no urbanizable viviendas unifamiliares. A la ex alcaldesa, por permitir que se vulnere la legalidad urbanística en el municipio.
Parte de las construcciones supuestamente irregulares detectadas tienen una licencia urbanística municipal. Pero no para una vivienda unifamiliar, sino para una nave de aperos agrícolas que en algunos casos podría ser autorizable porque lo permiten las normas urbanísticas actualmente en vigor en el municipio. Pero asociar alguna de esas construcciones -chalés de grandes dimensiones con piscina, y en algunos casos incluso pistas deportivas- con usos agrícolas será una tarea difícil en los tribunales.
Los encargados de visar los proyectos, hacerlos realidad y vigilar la legalidad tendrán que explicar cómo construcciones que sobre el papel son naves de aperos son en realidad grandes chalés y por qué nadie hizo cumplir las licencias.
Por experiencias en casos similares llevados a la Justicia anteriormente en la provincia, en la fase de instrucción en el juzgado muchos consiguen demostrar que sus casas tienen más de tres años de antigüedad, con lo que el posible delito está prescrito. Es la principal tabla de salvación- En una zona de chalés entre Jaén y la Guardia conocida como los Bermejales, el Seprona llegó a imputar en 2007 a 64 personas. En el caso Megatín se comenzó con 47. Sin embargo, en ambos casos apenas una decena de personas llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados. Nunca, sin embargo, se había llegado a poner a disposición del juzgado a 72 personas por este tipo de delitos.
Las fuentes consultadas indican además que no se han detectado urbanizaciones masivas, sino la proliferación de construcciones ilegales a las mismas puertas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
Los investigadores del Seprona llevan meses sobre este tema. Las pesquisas llevaban paradas desde el mes de junio pasado, cuando el Instituto Armado confirmó la masiva presencia de casas irregulares en el término municipal. Casi un año antes, la actual alcaldesa, Pilar Salazar, había pedido a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística en la localidad. «A los pocos días de tomar posesión como alcaldesa -en junio de 2007-, recibí información de la propia Guardia Civil de que se iban a producir en Pozo Alcón por parte del Seprona actuaciones de inspección sobre ilegalidades urbanísticas», explicó hace meses la alcaldesa. «Ante la alarma social que ésto podría producir, esta alcaldía se dirigió a esta institución (la Guardia Civil) para que antes de que se produzcan actuaciones de difícil solución» se le diese la oportunidad de «regularizar las situaciones de uso y transformación de edificaciones disconformes con la legalidad vigente», continuó la regidora. Primero había que determinar qué es lo que había que arreglar. Así que se pidió a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística.
En febrero pasado Salazar indicaba que la modificación del Plan General de Ordenación de Urbana del municipio está «en fase de avance», ya que el trámite se inició el año pasado. La Guardia Civil ha ido más deprisa.
* Ideal - JUAN ESTEBAN POVEDA - 14.03.09
Foto: Vista panorámica del municipio de Pozo Alcón, junto al Parque Natural de Cazorla , Segura y Las Villas. /IDEAL
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