Chiclana: Justicia o agravio comparativo

LAVOZ/Cádiz* : El Ayuntamiento y los sucesivos Gobiernos municipales; el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana; los técnicos o los escasos medios con los que cuentan para controlar la edificación ilegal; los propietarios; los promotores que hicieron negocio durante años; o la tendencia habitual en todo el litoral español. La respuesta a la pregunta de quién es el responsable de que en Chiclana haya actualmente más de 15.000 casas edificadas sin permiso y fuera de control urbanístico alguno, seguramente, sea una mezcla de todas estas opciones.

Y es que el derribo, ejecutado el pasado jueves, de la primera vivienda ilegal en la historia de la localidad, ha reabierto el debate sobre quién tiene la culpa de una situación que «no tiene parangón en toda Europa» según el ex-delegado de Urbanismo chiclanero, José Pedro Butrón.

Esta demolición, que no tuvo tintes dramáticos por la buena actitud de la familia y por tratarse de una segunda residencia levantada hace relativamente poco tiempo en suelo no sectorizado (no legalizable a medio plazo) en Majada de los Chivos, no será la última. Desde Urbanismo se avisa de que hay abiertos expedientes similares que podrían tener el mismo final una vez se resuelvan.

Opiniones hay para todos los gustos. Hay quien piensa que «pagarán justos por pecadores», y que en pie quedarán muchas viviendas que han servido a sus propietarios para eludir impuestos y especular. En el otro lado de la balanza están fundamentalmente los propietarios y las AAVV que los amparan y aglutinan, que defienden la autoconstrucción casi como «una tradición antigua, que pasó de padres a hijos en ésta y otras ciudades del entorno».

Llama la atención que en estos últimos días que no se hayan pronunciado sobre el derribo de la vivienda de la familia Utrera cerca del Pinar de los Franceses ningún partido de la oposición.

Indudablemente el asunto es espinoso y susceptible de restar votos y popularidad entre la ciudadanía a los políticos, aunque lo sensato sea pensar que la legalidad debe imperar siempre.

Algunas voces alertan ya de que las responsabilidades deberían caer también «sobre quienes se han enriquecido durante todo este tiempo», promotores y constructores fundamentalmente, que han vendido parcelas e inmuebles sin control durante años.

Actualmente el departamento de Disciplina Urbanística de la GMU cuenta con 3 inspectores, que pasarán a ser 5 en breve. Con un PGOU recurrido al Tribunal Supremo y un proceso de regularización que afecta a 18 millones de metros cuadrados en 9 Áreas de Gestión Básica aún pendiente, nadie se atreve a aventurar cuántas casas más se derribarán ni cuándo podrán tener quienes viven en el extrarradio unos servicios dignos del siglo XXI.

chiclana@lavozdigital.es Construirse una casita en el campo fue el sueño de miles de familias gaditanas en la pasada década de los años 90. La mayoría de ellos, ahora, pagan el precio de tener un chalet tipo de 500 metros cuadrados, con jardín y piscina en muchos casos. Y es que en algunas zonas de Chiclana ni siquiera llega el cableado de telefonía y no es posible, por ejemplo, tener una conexión a internet. A ese hándicap se suma el problema de la conexión eléctrica, irregular mediante enganches al cableado o poste de red por regla general, así como al esfuerzo económico que supone mantener una fosa séptica y un pozo de agua subterráneo con una bomba de extracción eléctrica.

Zonas como Batería Colorada, El Sotillo o Pago del Humo soportan una densidad de población muy superior a la capacidad que tienen sus carriles y caminos, la mayoría sin asfaltar. Otra de las problemáticas es la falta de equipamientos. Ir al supermercado, al médico o al estanco supone tener que usar el coche y recorrer varios kilómetros. Los núcleos del diseminado se cuentan por docenas y todos tienen el mismo perfil. Casas aisladas, parcelación ilegal y desorden.

LOS DATOS
15.000 viviendas ilegales: Es la única estimación oficial, de hace varios años, que existe. Algunas voces hablan de que la cifra podría superar las 30.000 casas sin permiso.

Regularización y PGOU: El proceso iniciado hace varios años sigue en suspenso. La nulidad del PGOU, que sigue vigente pero que está recurrido ante el Tribunal Supremo tras su anulación, es un hándicap en contra de un proceso que será muy costoso para los propietarios.

Derribos: Urbanismo acometió el primer derribo de una casa ilegal el pasado jueves. En los próximos meses se producirán más demoliciones similares de viviendas.






* La Voz Digital - JESÚS M. ARAGÓN J. M. A - 17.03.09
Foto: DEMOLICIÓN. Primera vivienda ilegal derribada en Chiclana. / ROMÁN RÍOS. lavozdigital.es