SUR/Málaga* : La Fiscalía ha solicitado que se inculpe al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y a otras veinticuatro personas en el denominado "caso Troya", que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en esta localidad. Según el escrito, "en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande funcionaba una trama al frente de la cual se hallaban sus máximas autoridades, cuyo objeto no era otro que obtener un enriquecimiento personal ilícito".
El ministerio público mantiene que estas personas ofrecían a los empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad que la legalmente permitida en la norma de planeamiento municipal a cambio de una retribución económica.
Estos pagos están acreditados por anotaciones manuscritas y constan en archivos informáticos que fueron intervenidos en su día con motivo de las diligencias de entrada y registro que se llevaron a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el ámbito de este procedimiento judicial.
De acuerdo con las mencionadas anotaciones, en la Corporación municipal "incluso estaba tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido para esos parámetros".
De este modo, el metro cuadrado de techo de más se cifraba en la cantidad de 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se le aplicaba la suma de 6.000 euros.
De ahí se obtenía el lucro "que se aseguraban aquellos empresarios y promotores que se prestaban a efectuar dichos pagos a las autoridades municipales", según la Fiscalía.
Además, en su escrito indica que la trama descubierta estaba dirigida por el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, respectivamente.
El cometido del edil de Urbanismo era, según el ministerio público, controlar y contabilizar "adecuadamente" tanto los pagos efectuados como los que debían realizar los promotores y empresarios a cambio de las licencias de obras ilegales.
Ingresos
En cuanto al asesor jurídico de la oficina técnica del Ayuntamiento, el fiscal entiende que "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal" y que contaban con informes negativos del arquitecto municipal, informaba "siempre a favor" del otorgamiento de los permisos.
Para el alcalde, el fiscal pide que se le impute los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística, y para su mujer, el de blanqueo de capitales.
Respecto a ambos, el escrito de la Fiscalía señala que trataron de ocultar las "ilícitas ganancias" obtenidas por el alcalde, "producto de la actividad delictiva desplegada desde su cargo".
El informe alude a "numerosos ingresos" efectuados por el alcalde de Alhaurín el Grande en sus cuentas bancarias de procedencia desconocida por importe de más de 50.000 euros.
Además, en las cuentas de su esposa figuran en el año 2006 ingresos en efectivo por un importe superior a 30.000 euros, que se produjeron en "sólo seis operaciones".
Fuentes de la Fiscalía han explicado a Efe que este informe constituye la petición formal de imputación, tras la cual el juez instructor del caso dictará un auto de procedimiento abreviado y, posteriormente, la apertura de juicio oral.
* SUR - MONTSE MARTÍN / AGENCIAS - 14.01.2009
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE
La Fiscalía pide que se enjuicie al alcalde de Alhaurín el Grande y a otras 24 personas por la supuesta trama de corrupción urbanística
300 viviendas serán derribadas para recuperar el parque de los Tres Turons
ELPAÍS/Barcelona* : Unir los parques de la Creueta del Coll, Guinardó, Turó de la Rovira, Carmel y el parque Güell de Barcelona -122 hectáreas de verde urbano que configurarán el gran parque de los Tres Turons- supone el derribo de 300 casas y una inversión de cerca de 300 millones de euros.
Ésa es la última propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona para un controvertido proyecto que se ha visto cortocircuitado en más de una ocasión por la oposición de los afectados, que veían que se quedaban sin sus casas. La mayor parte de ellas son casitas que se encaraman por Can Baró y el Turó de la Rovira, entre otras zonas de los parques. Allí hay actualmente 764 viviendas que se encontraban fuera de normativa, algunas desde el plan comarcal de 1953.
El plan, que ayer fue presentado a los vecinos, supone consolidar 464 de esas viviendas y la piqueta para las restantes 300. Se consolidan las que están en las zonas más perimetrales y se derribarán, de acuerdo con esa propuesta, las que están más hacia el interior y las cotas más altas. El compromiso del Consistorio es construir las viviendas de realojamiento junto a las que han quedado consolidadas.
"Es una planificación que requiere tiempo", apuntó el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. No menos de unos 16 años para expropiar, obtener el suelo para las nuevas viviendas y construirlas. Y una inversión que se calcula en casi 300 millones, exactamente 298, precisó el concejal de Urbanismo, Ramón García Bragado. De ahí la necesidad de realizarlo por fases. No sólo se trata de pisos. La planificación también supone la ampliación de equipamientos y la construcción de nuevos: guarderías, escuelas y polideportivos.
De momento, la propuesta de modificación del Plan General Metropolitano para la creación del gran parque de los Tres Turons dará su primer paso en la comisión de urbanismo del Consistorio. PSC e ICV cuentan con el apoyo -todavía no explicitado completamente- de Esquerra Republicana, que el año pasado condicionó su voto positivo a la reforma del Carmel a afrontar, a continuación, el parque de los Tres Turons. También puso otra condición: que no se construyera más viviendas de las necesarias para realojar a los afectados que quieran quedarse en el barrio.
Ése ha sido uno de los temores de los vecinos; que se aprovechara la reforma para construir más. En cualquier caso, las asociaciones de vecinos de Can Baró y la de los Tres Turons mantienen su oposición a la afectación de las viviendas. "Nosotros consideramos que es posible un parque mixto", explicaban desde la asociación de vecinos de Can Baró.
Otra representante vecinal, Conchita Lozano, insistía ayer en que la propuesta municipal supone la piqueta para viviendas "que están perfectamente" y que pueden convivir en zona de parque: "si es posible en el parque Güell, ¿por qué no en el resto?", se preguntaba. En cualquier caso, la planificación será muy larga y acaba de empezar.
* ELPAIS.com - BLANCA CIA - Barcelona - 14/01/2009
Foto: Viviendas que serán afectadas por el derribo- GIANLUCCA BATTISTA, elpais.com
El TSJCV suspende el PAI de Portaceli porque "los perjuicios serían irreparables"
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LEVANTE/Valencia* : La Asociación de Vecinos Torre de Portaceli, ubicada junto a los terrenos del Plan de Actuación Integrada (PAI) donde el Ayuntamiento de Serra pretende urbanizar 155 hectáreas en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cartuja, ha salido al paso del anuncio realizado el fin de semana pasado por el equipo de gobierno en relación al desbloqueo del proyecto.
El primer edil apeló a una segunda versión del plan especial de protección que incluye las exigencias de la Conselleria de Cultura (eliminar del PAI 8.000 metros cuadrados del entorno de la masía de la Torre para no quedar afectado por el BIC) como el último obstáculo que faltaba para la ejecución del proyecto.
En este sentido, fuentes de la asociación señalaron ayer que "después de que la Conselleria de Medio Ambiente aprobó el PAI en agosto de 2007, los vecinos presentamos un contencioso administrativo por el que finalmente el juez, tras recurrir una primera decisión en contra de nuestros intereses, dictó un auto el pasado mes de octubre de 2008 en el que suspendía cautelarmente el PAI".
El documento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV entiende que "se trata de un PAI enclavado en una zona de influencia del PORN Sierra Calderona, por lo que, de ejecutarse el PAI los perjuicios serían irreparables" y apela a la existencia de dos informes desfavorables en algunos aspectos del proyecto, como el emitido por el Jefe de Área de Planificación y Ordenación del Territorio de 19 y 23 de mayo de 2006 y el redactado por la Sección de Espacios Naturales del Servicio Territorial de Medio Ambiente, para justificar la suspensión cautelar del proyecto.
Respecto al BIC, los vecinos de la urbanización Torre de Portaceli, no entienden "por qué el ayuntamiento en vez de incrementar la protección del paraje en el plan especial, ha aprovechado para desprotegerlo". En este sentido, recuerdan que "incluso nuestra urbanización estaba en la zona protegida de la Cartuja de Portaceli, sólo que se excluyó porque ya estaba consolidada". El ayuntamiento pedirá el levantamiento de la suspensión.
* Levante-EMV - Óscar Delgado, Serra - 14.01.2009
Foto: Serra (Valencia) - lasprovincias.es
665.000 madrileños no duermen por el tráfico
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MADRIDIARIO* : El tráfico causa en la capital muchas más molestias a sus habitantes por la noche que por el día. El Mapa Estratégico del Ruido, que será aprobado definitivamente este jueves, refleja que hasta un 20 por ciento de los madrileños sufren por la noche niveles de ruido superiores a lo permitido por la ley, mientras que durante el día son el 6 por ciento.
El trabajo de 25 técnicos durante dos años ha permitido cartografiar el ruido provocado por el tráfico en la ciudad de Madrid en el Mapa Estratégico del Ruido. De él se desprende que los lugares más afectados son las grandes vías de distribución interior, como el eje Castellana-Atocha y los nudos viarios de la M-40 con la M-23 en O'Donnell o con la autovía del Sur.
Esta herramienta permite saber el número de personas privadas del "derecho constitucional" del silencio, según lo denominó este martes el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. En Madrid, hay 665.400 personas afectadas por la noche (soportan más de 55 decibelios) y 182.200 por el día (más de 65), solo teniendo en cuenta el tráfico rodado, ya que el cálculo de la huella sonora de Barajas o de las estaciones de Cercanías corresponde a AENA y ADIF respectivamente.
Con estas cifras, el alcalde afirmó que Madrid presenta unos niveles de ruido similares al de otras ciudades europeas de dimensiones parecidas y que en sus calles hay menos personas expuestas a niveles sonoros altos que en otras capitales españolas como Valencia, Málaga o Bilbao.
Medidas contra la contaminación acústica
Según explicó Gallardón, con el Mapa Estratégico del Ruido y la calificación de zonas según su sensibilidad acústica, es decir, el establecimiento de los máximos permitidos de ruido en cada zona según su uso, el Ayuntamiento podrá declarar los lugares donde se superen esos límites como zonas de protección acústica.
Con el fin de reducir el ruido que sufren los habitantes de las futuras zonas de protección se adoptaran medidas como la utilización de pavimento poroso, instalación de pantalla acústicas, reducción de los límites de velocidad o aislamiento acústico de fachadas.
Pero las medidas tardarán en llegar algún tiempo más. Fuentes municipales aseguraron que faltan al menos seis meses para que Madrid disponga de un plan conjunto de lucha contra el ruido, como anunció Gallardón este martes, ya que primero las áreas de sensibilidad acústica tendrán que salir a información pública, lo que se producirá este jueves.
No obstante, el regidor recordó que Madrid ya ha tomado medidas para mitigar el ruido, como las brigadas conjuntas de policías y técnicos, la mejora de un millón de metros cuadrados de asfalto, la restricción del tráfico en ciertas áreas o el soterramiento de la M-30, que redujo la contaminación acústica de 270.000 vecinos.
Ocio nocturno
El conocimiento y el control del ruido provocado por el ocio nocturno es otra de las tareas del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. La delegada Ana Botella recordó que, aunque la ley no obliga, su departamento ha comenzado a realizar un mapa del ruido producido por el ocio nocturno, como ya sucede en Aurerrá, donde cinco monitores recogen datos.
En este sentido, Gallardón adelantó que se tomarán medidas correctoras una vez que se conozcan las zonas más afectadas por el ruido, como la prohibición de apertura de nuevos locales nocturnos en algunas zonas.
* Madridiario - 13-01-2009 - Carmen M. Gutiérrez
Foto: Atasco en Madrid - C.Manuel (El País)
Miles de chalés de Camp de Túria carecen de alcantarillas
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LASPROVINCIAS/Valencia* : El trabajo se acumula cuando está a punto de cumplirse la primera década del siglo XXI. Miles de chalés de Camp de Túria continúan vertiendo sus aguas fecales en pozos ciegos cuando acaba de cumplirse el plazo marcado por la Unión Europea para que todas las viviendas del continente estuviesen comunicadas con una red de saneamiento.
En Llíria son unas 9.000 viviendas, en La Pobla de Vallbona unas 2.000, en Olocau alrededor de la mitad pero todas las que hay en las urbanizaciones... En toda la comarca la suma da una cifra nada despreciable. Ante esta situación, asociaciones de vecinos, equipos de gobierno y grupos de la oposición en los Ayuntamientos buscan y exigen soluciones no sin conflictos.
La comarca sufre las consecuencias del urbanismo del siglo pasado. Durante muchos años, la ley no exigía una red de alcantarillado para aprobar una promoción de chalés. Además, miles de estas viviendas se edificaron sin permiso.
Ahora los ayuntamientos intentan regularizar esos miles de viviendas, o al menos así lo anuncian. Por ejemplo, el PSPV de La Pobla de Vallbona denunció ayer la existencia de 17 urbanizaciones en el término municipal donde, en total, 2.000 viviendas carecen de la red de alcantarillado.
El Ayuntamiento, mientras tanto, acaba de anunciar que proyecta la instalación de los colectores de aguas residuales y de pluviales en la zona norte del término, donde se hallan la mayoría de los chalés que todavía vierten en fosas sépticas.
Los equipos de gobierno municipales se escudan en la falta de recursos económicos. Las redes generales de colectores cuestan mucho dinero y se ejecutan cuando la Generalitat o el Gobierno los subvencionan. Los entramados de las urbanizaciones, que recogen los residuos de cada casa, deben ser costeados por los propietarios.
La fórmula que menos conflictos genera es la del Ayuntamiento que saca a concurso las obras, las paga y luego pasa el recibo a los vecinos por medio de aportaciones especiales. Este procedimiento supone adelantar el dinero de las arcas municipales y, como consecuencia, que no haya recursos para ejecutar otros proyectos más vistosos y también reclamados por los ciudadanos.
El municipio donde primero se intentó coger el toro por los cuernos fue el de Llíria al iniciar el proceso de regularización de las urbanizaciones del entorno del parque de Sant Vicent. El equipo de gobierno no lo ha tenido nada fácil.
Representados en el Consejo de Urbanizaciones, algunos vecinos acusan al Ayuntamiento de Llíria de obligarles a pagar costosos proyectos mientras ellos abogan por una obra más barata por la que se instalaría el alcantarillado y se asfaltarían las calles. Además, el Consistorio pretende adjudicar las obras y los vecinos exigen que sea la institución municipal la que las ejecute y luego las cobre a los propietarios.
Las actuaciones en el entorno del parque de Sant Vicent empezaron la pasada legislatura. La instalación de la red general está en su recta final e incluso ya se han realizado las obras en algunas urbanizaciones.
* Las Provincias - 13.01.09 -M. RODRÍGUEZ
Foto: Una urbanización de La Pobla de Vallbona que actualmente carece de red de alcantarillado - lasprovincias.es
Amenazan con 'rajar' a un periodista de Tenerife por informar sobre un presunto caso de corrupción urbanística
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EUROPAPRESS* : El abogado tinerfeño Felipe Campos ha denunciado este martes que el periodista del rotativo 'El Día' ha recibido amenazas de muerte por informar sobre el presunto caso de corrupción urbanístico denominado 'Arona', hecho que calificó de "gravísimo" por lo que solicitó a la Comisión de Ordenación Territorial y de Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que suspenda la tramitación del Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) del municipio sureño.
Campos relató en rueda de prensa que el redactor Juan Antonio Medina --que no estaba hoy en la convocatoria-- había recibido "amenazas de muerte" el pasado 19 de diciembre "cuando se disponía a abandonar su puesto de trabajo". El letrado detalló que el hombre que profirió las amenazas tenía acento argentino y le dijo al periodista "que no siguiera escribiendo sobre el 'caso Arona' o le rajarían".
El abogado señaló que desde el minuto que se enteró de los hechos --en Nochebuena-- se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Santa Cruz donde el subdelegado, Juan Antonio Batista, le mostró su preocupación por lo narrado y lo comunicó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Campos también informó personalmente a la delegada del Gobierno, Carolina Darias, según dijo.
Para el letrado el origen de las amenazas está en la publicación de una información el pasado 28 de noviembre donde el periódico tinerfeño informaba sobre que el redactor del PGOE, Jorge Coderch, reconocía que el documento se había redactado de forma "irregular" ante las peticiones de los miembros del grupo de gobierno en el consistorio de Arona.
"Este es un hecho gravísimo", insistió el abogado que recordó que él mismo sufrió un intento de calcinar su despacho en Santa Cruz, aunque finalmente los delincuentes quemasen las oficinas de una abogada suya, la también diputada regional del PSOE, Gloria Gutiérrez.
En esta línea, Campos añadió que la denuncia por amenazas de muerte se ha añadido al expediente del 'caso Arona' al igual que la información publicada al entender que "el plan general es un delito en sí de prevaricación". "No es demagogia decir que la amenaza va contra todos los periodistas y contra libertad de expresión y es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho", indicó.
SUSPENSIÓN ANTE LA COTMAC
Campos también afirmó que no entiende a qué espera la Cotmac para "paralizar la aprobación" del planeamiento de Arona y denunció que lleva más de un mes a la espera de que lo reciba algún representante de la Consejería de Ordenación Territorial.
El abogado también recordó que el denominado 'caso Arona' investiga una presunta trama de corrupción por prevaricación por la concesión de licencias ilegales "con conocimiento de los concejales". También se investigan "adjudicaciones de contratos a dedo" y expuso que dos arquitectos municipales han estado en prisión preventiva y un guardia civil también está imputado.
Aquí adelantó Campos que cuenta con más información relativa al caso, pero que la hará pública a la mayor brevedad posible. Ésta tiene que ver con el redactor del plan y el alcalde, José Alberto González Reverón (CC). "Me parece éste es un tema que hay que denunciar y creo que es por seguridad práctico", apostilló.
"En Arona existe un entramado de intereses económicos muy poderoso que confluyen en el Plan General. Queremos que el mismo se vaya a la basura. La Cotmac no puede plantearse reconocerlo por sus irregularidades", detalló el abogado que aseguró que aunque no puede dar nombres se han concedido "cientos y cientos de licencias ilegales y se beneficia a unas personas concretas".
"LA PRÓXIMA VEZ TE RAJAMOS"
En su edición de este martes el periódico 'El Día' informa sobre lo sucedido el pasado 19 de diciembre. Así expone que la denuncia presentada ante la Guardia Civil del redactor relata como una persona le dice: "No te vuelvas. Deja de escribir de Arona. Esto es un aviso, la próxima vez te rajamos".
Además se informa de que "desde el verano de 2008 han sido varios los artículos elaborados por el citado redactor en los que se han hecho públicos algunos aspectos relativos al PGO que han sido objeto de denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Arona, encargado del caso mencionado, para su incorporación al mismo".
* Europa Press - SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Ene 2009
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Dos urbanizaciones de Lloret de Mar acumulan 600 irregularidades
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ELPAÍS/Girona* : El Ayuntamiento de Lloret de Mar (Selva) está decidido a poner orden en la cuarentena de urbanizaciones que rodean el núcleo original del municipio. En colaboración con el Consell Comarcal de la Selva y a través de una empresa especializada, el Consistorio ha comenzado a supervisar el estado de los barrios y las zonas residenciales alejadas del centro. En una inspección a fondo realizada en los últimos meses se han detectado 600 irregularidades.
De éstas, 400 están en la urbanización Lloret Residencial y 200 en la de Serra Brava. La cifra podría aumentar, ya que está previsto que las inspecciones se extiendan de forma progresiva al resto de las urbanizaciones.
Tanto Lloret Residencial como Serra Brava son edificaciones construidas en zonas boscosas de difícil acceso, en medio de la sierra prelitoral, rodeadas de pinares y surcadas por rieras y torrentes que buscan la salida al mar. La mayoría de las infracciones documentadas hasta el momento se refieren a la realización de obras sin licencia. Por ejemplo, construir una piscina en la finca sin declararla o levantar un chalet -o una casa unifamiliar, tanto da- en un terreno donde sólo consta una barraca en el catastro municipal. Los inspectores también se han encontrado con zonas donde las rieras y torrenteras, cauce natural del agua que baja de la montaña después de las lluvias, están tapadas o rellenadas para poder edificar, con el peligro de desbordamientos e inundaciones en caso de temporal.
Una vez registradas las infracciones, el proyecto municipal estudiará cada caso antes de decidir qué medidas tomará. Para el Ayuntamiento, es una oportunidad de conseguir que los vecinos infractores paguen los tributos correspondientes a las construcciones "reales" que existen en su parcela, teniendo en cuenta que hay propietarios que sólo pagan 40 euros anuales por una finca en la que se alza un chalet. Pero también hay previstas sanciones para estas construcciones irregulares, que pueden llegar a los 30.000 euros de multa o terminar con la supresión de la piscina o el derribo de la casa ilegal. Por el momento no se ha ejecutado ninguna demolición, pero el Ayuntamiento no descarta aplicar el máximo rigor en los casos más graves.
La actuación municipal se enmarca en al anteproyecto de ley de mejora de urbanizaciones con déficit urbanísticos, que se está tramitando en el Parlament. Y es que en muchos casos el origen de las irregularidades ya viene de lejos. Gran parte de las urbanizaciones construidas en Lloret de Mar y en el resto de Cataluña fueron promovidas durante el boom turístico y el desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970.
Durante este periodo se erigieron decenas de urbanizaciones promovidas y comercializadas sin contar con un proyecto de parcelación, planeamiento urbanístico, previsiones de servicios ni dotaciones básicas de energía. Los principales problemas son de alumbrado, pavimentación, abastecimiento de agua y saneamiento. Se calcula que en Cataluña existen unas 2.300 urbanizaciones, 400 de ellas situadas en suelo no urbanizable, donde residen unas 625.000 personas.
* ELPAIS.com - NATALIA IGLESIAS - Girona - 12/01/2009
Foto: Lloret de Mar (Girona) - J.Sánchez (El País)
Castilblanco: El fiscal quiere inhabilitar 12 años al ex alcalde por los chalés ilegales
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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha pedido 12 años de inhabilitación para cargo público y multa de 14.400 euros para el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) por permitir la construcción, presuntamente, de cientos de chalés ilegales y cobrarles impuestos municipales.
Fuentes judiciales informaron a Efe de que la Fiscalía especial para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo le imputa un delito continuado de prevaricación por omisión y otro de exacciones ilegales, por los que pide dos y diez años, respectivamente, de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público.
La Fiscalía se querelló contra el edil por no haber perseguido varios centenares de construcciones ilegales en la urbanización Las Minas, pues las "funciones inherentes" al cargo de alcalde incluyen ser "garante de la legalidad urbanística". Según la Fiscalía, Ruiz Lucas no hizo "actividad alguna obstructiva o sancionadora, ni siquiera informativa", no dictó decretos de paralización de las obras y "ni siquiera la Policía Local realizó visitas de inspección a las parcelas". Además, la Fiscalía le imputa haber cobrado el IBI y otros servicios municipales, como la recogida de basuras y el suministro eléctrico, según han testificado varios de los propietarios imputados.
Manuel Ruiz Lucas fue alcalde en siete mandatos, entre 1979 y 2007, y su abogado ha defendido que sus funciones eran administrativas y no era una autoridad capacitada para perseguir delitos, y además la propia querella de la Fiscalía citaba a otras autoridades de la Junta y de la Diputación que tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades. La supuesta "permisividad municipal" ante las construcciones ilegales ha dado lugar a numerosas sentencias absolutorias contra los dueños de los chalés, que según los jueces creían estar actuando legalmente, pues el alcalde mantuvo diversas reuniones con ellos "para mejorar el suministro eléctrico" e informó en esas reuniones y en los periódicos locales "de que se iba a proceder a la legalización urbanística ".
Las Minas es una finca de la Sierra Norte que ha sido parcelada y en la que los propietarios construyeron desde los años 60 naves, viviendas, calles y piscinas, pese a tratarse en buena parte de un suelo forestal de protección especial según la Ley de Montes, y no urbanizable según las Normas Subsidiarias. La urbanización ocupa tres veces más extensión que el casco urbano histórico.
Junto a la condena de 12 años de inhabilitación, el fiscal reclama dos multas de 7.200 euros por cada delito y otros cuatro años de suspensión de cargo o empleo público, figura que, a diferencia de la inhabilitación, supone la privación temporal del ejercicio del cargo público, en este caso la condición de edil que Ruiz Lucas posee, después de haber sido el más votado en las últimas elecciones, aunque un pacto PP-PSOE le impidió seguir ostentando la vara de mando.
El ex alcalde defendió ayer su "total inocencia" y aseguró que la Fiscalía ha obviado puntos esenciales en este caso, como el hecho de que la urbanización ya estaba construida, con más de 500 chalés, cuando accedió a la Alcaldía y que desde 1985 el Ayuntamiento ha intentado legalizar estas construcciones con la Junta y la Diputación, o que la Policía Local ha realizado inspecciones para evitar nuevas construcciones. De hecho, asegura que existen más de 200 órdenes de paralización. Ruiz Lucas también negó que la urbanización se levante sobre suelo forestal y explicó que si el Ayuntamiento ha cobrado impuestos municipales ha sido porque así se lo fijaba el catastro.
* Diario de Sevilla - R. P., castilblanco de los arroyos - 13.01.2009
Foto: Un panel con una relación de calles de Las Minas, que ocupa más extensión que el núcleo histórico - diariodesevilla.es
Recorrido de segregación inmobiliaria
JUNE FERNÁNDEZ* : El acceso a la vivienda es probablemente el derecho básico más conculcado en el Estado español y también el más pervertido, después de décadas de especulación. La vivienda libre está por las nubes, la de protección oficial es escasa e impone unas estrictas condiciones. Si para cualquier persona un techo es una necesidad esencial para desarrollar una vida plena, tener un espacio de intimidad y seguridad, para las personas inmigradas supone una ventana a buena parte del resto de sus derechos que limita la Ley de Extranjería.
El empadronamiento permite acceder al sistema público de sanidad, educación y otras prestaciones, y demostrar el arraigo social: la principal vía por la que se regularizan las personas inmigradas sin papeles. Para reagrupar familiares la normativa también exige unas duras condiciones respecto a la vivienda.
Además de ese racismo institucional, las imágenes en los medios de comunicación de conflictos en barrios y escuelas identificados como guetos o de los llamados “pisos patera” estigmatizan aún más al colectivo y aumentan las actitudes de exclusión por parte de inmobiliarias y arrendadores. SOS Racismo Bizkaia organizó unas jornadas en Bilbao para abordar las diferentes caras de la discriminación en el acceso a la vivienda.
La organización antirracista presentó una investigación realizada a partir del análisis de anuncios de particulares e inmobiliarias, entrevistas en profundidad y una simulación: personas con acento autóctono y otras con acento extranjero llamaban para interesarse por anuncios de habitaciones en alquiler y contrastaban el trato recibido. Las conclusiones son contundentes: el 50% de inmobiliarias no oferta pisos a población extranjera; el 64% no los alquilan a inmigrantes, y en el 30% de las llamadas a anuncios la persona inmigrante recibía un trato diferenciado. Además, la mitad de arrendadoras imponía unas condiciones más duras a inmigrantes y el 45% les preguntaba por su país de origen. Entre otras dificultades, el estudio destaca el requisito del empadronamiento para solicitar una vivienda social, la exigencia de aval bancario y pago de fianza para alquilar un piso, y que las inmobiliarias sólo les ofrecen a las personas extranjeras una parte de su oferta. De fondo, el racismo estructural que provoca una Ley de Extranjería que “establece una dicotomía de ciudadanos de primera y de segunda, impide un acceso normalizado al mercado laboral e influye en el racismo social”, recalcó Miguel Navarro, uno de los autores del estudio. Navarro enumeró algunas de las conclusiones de esa dinámica: crece la exclusión social y el ‘sinhogarismo’; la concentración en determinadas zonas de las ciudades y la figura estigmatizada del subarriendo. “Esa vulnerabilidad fomenta los abusos y refuerza la resignación el fatalismo”, concluyó el integrante de SOS Racismo.
La segregación residencial fue uno de los temas más analizados en las ponencias. Al igual que Irene Molina, que se centró en el caso de Suecia, Juan Carlos Checa, profesor de Sociología de la Universidad de Almería, demostró con su análisis que, frente a la opinión mayoritaria, el racismo y las discriminaciones sutiles resultan más determinantes a la hora de formar guetos que los factores económicos y la preferencia de vivir junto a sus compatriotas.
Pedro Cabrera, sociólogo de la Universidad de Comillas, explicó las variables de exclusión residencial que exponen a las personas extranjeras a convertirse en sin techo. Además, criticó que en la intervención con personas en exclusión social severa se antepongan las políticas represivas a la asistencia social. El resultado, afirmó, es que la cárcel se convierte en el mayor proveedor de techo y comida para las personas con menos recursos.
* Diagonal - June Fernández, Bilbao - Del 8 al 21 de enero de 2009
La falta de debates y los errores, eje de las críticas al PGOU de Alicante
ELPAÍS* : La propuesta de nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) para el primer tercio del siglo que impulsa el equipo de gobierno local del PP sigue concitando críticas y dudas entre los colectivos cívicos de la capital, especialmente en lo que atañe al proceso de participación ciudadana, la ausencia de informes, los errores y el desorden del documento.
El nuevo PGOU fue aprobado provisionalmente por la Corporación el pasado 15 de octubre. El período de exposición al público finaliza el próximo día 17. El grueso de las alegaciones, según han adelantado diversos grupos, apuntan a recortar la previsión de suelo urbanizable (unos 22 millones de metros cuadrados) y futuro parque de viviendas (44.000 nuevas casas).
La vulneración del apartado de la participación ciudadana es la constante mencionada por todos los colectivos a la hora evaluar esta fase de exposición pública del PGOU. Este extremo motivó, al inicio del proceso, una queja del grupo Ecologistas en Acción del País Valenciano ante el Síndic de Greuges. Los conservacionistas denunciaron que el PP "se saltó a la torera" las primeras seis fases de participación, recogidas en la normativa vigente, previas a la aprobación inicial del documento en el pleno. Además, trasladaron a la Sindicatura que los documentos expuestos en Internet "eran ilegibles".
El Síndic se hizo eco de la denuncia, y días después el equipo de gobierno expuso todos los documentos de manera clara y sistematizada. Carlos Arribas, portavoz de la organización ecologista en Alicante, señala que "los debates en el período de exposición al público han sido nulos". "Y a ello tenemos que sumar que tampoco hubo participación en la fase de redacción del documento" añade. En la misma línea, el coordinador de la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de L'Alacantí, Javier Cobela, lamenta la "precipitación" en la redacción final del plan, tras ocho años desde que se inició la revisión. El ecologista apunta que el grueso de las alegaciones que presentará el grupo hará hincapié en el "desproporcionado" suelo urbanizable programado.
La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), colectivo que con más ahínco ha cuestionado el nuevo PGOU, considera en primer término, en palabras de su presidente, Manuel Alcaraz, que el "documento es una chapuza técnica y política". "Todo ello consecuencia del escaso tiempo con el que ha contado el redactor para elaborarlo, ya que los plazos estaban al borde de la ilegalidad", razona Alcaraz. El también profesor de la Universidad de Alicante subraya que "sí ha habido información, aunque en algunos casos difusa, pero lo que no ha habido ha sido participación mediante debates sectoriales". Alcaraz también abunda en la falta de documentos preceptivos, entre ellos, el informe de sostenibilidad económica. "En suma, es un documento que no profundiza en el modelo de ciudad, que se ha elaborado al margen de la actual situación de crisis e incluye trampas como cuando afirma que el plan Rabassa está en ejecución", explica el presidente del PIC.
El presidente de la PIC asegura que el hilo conductor del nuevo PGOU es el mismo que el del anterior, "es decir, un urbanismo para los promotores". Las alegaciones de este grupo pondrán el énfasis en el suelo urbanizable programado y en el "excesivo" plazo de vigencia del documento.
Más allá del calendario que ha marcado el Ayuntamiento para explicar a los distintos colectivos, desde octubre, el contenido del plan, las entidades se han ido organizando por su cuenta. Los colectivos consultados apuran el tiempo para analizar con profundidad el plan y, eventualmente, alegar. CC OO, por ejemplo, analiza especialmente los aspectos relacionados con suelo industrial, equipamientos educativos o sanitarios y la zona norte, según su secretaria general en L'Alacantí, Consuelo Navarro.
La Plataforma por la Movilidad pone el acento en el transporte. Sobre el transporte público considera que el plan no planifica el futuro Tram, ni "tiene en cuenta el transporte público". La plataforma tampoco está de acuerdo con aspectos relacionados con el vehículo privado y, entre ellos, considera que la propuesta de soterramiento de la fachada litoral es inviable.
* ELPAIS.com - S. NAVARRO / R. BIOT - Alicante - 12/01/2009
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
Ceuta: El problema del ‘autourbanismo’
ELFARO* : El colapso que Ceuta vive en la actualidad está provocando un auge de las ‘infraviviendas’ y un deterioro de las condiciones de vida. Las autoridades intentan arreglarlo y los ecologistas avisan sobre sus consecuencias. Un documental emitido por una cadena nacional, TVE, la semana pasada ponía de relieve uno de los mayores problemas de Ceuta: el ‘autourbanismo’.
La premisa que utilizaron fue que la ciudad se encuentra sitiada: por un lado el mar y por el otro una frontera que la separa de África. Este hecho supone un grave problema de vivienda e infraestructuras para un lugar donde se apiñan 75.000 habitantes y que literalmente no puede crecer más.
La realidad dicta que no se puede construir ni un centímetro más, que no se dan más licencias para urbanizar y que en algunos barrios se sigue construyendo al margen de la legalidad y en terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa. Esta situación ha provocado un incremento de la ‘infravivienda’, casas que están bajo mínimos y que no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias, y del ‘autourbanismo’, la ley del “sírvase usted mismo” en materia de construcción y ordenación urbanística. Grandes ejemplos de ellos son las zonas de Cortijo Moreno, Recreo Alto, Loma Larga o el Príncipe, donde mucha gente vive donde y como puede.
Las autoridades de la ciudad son conscientes de este problema. Juan Manuel Doncel, consejero de Fomento, afirmó a este periódico que el Gobierno estaba aprobando ya algunos planes para reordenar el caos urbanístico y que se estaban creando viviendas de VPO para ir “realojando” a las personas que habitan en esas casas. Igualmente dijo que la realidad ceutí tenía otros matices y que ellos estaban “firmando acuerdos con Defensa” para que les cedieran suelo urbanizable. Sobre las zonas verdes, las grandes olvidadas en este asunto, explicó que actualmente son “las que hay” y que se ceñirán al Plan General de Ordenación Urbana, en el que se recoge un apartado para la dotación de zonas verdes. Desde la asociación ecologista Septem Nostra afirmaron que Ceuta se encuentra bastante lejos del estándar del Reglamento de Planeamiento, que establece una media de cinco metros cuadrados por habitantes, situándose en 1,8 por habitante. Esto a pesar de que en su estudio contabilizaron como superficie total de zonas verdes todos los parterres y arriates dispersos por la ciudad, así como espacios que han perdido, desde su punto de vida, la condición de zona verde, como es el caso de la Plaza de los Reyes tras su remodelación. Todo ello hace difícil apuntar a soluciones tempranas para mejorar la calidad de vida de los 'caballas' más desfavorecidos.
Desde Septem Nostra matizaron que Ceuta, debido a su escasa superficie, presenta una densidad de población del hecho urbano realmente extrema. Esto se traduciría en unos valores de huella ecológica absolutamente desmesurados, así como en la amplia superación de la biocapacidad o capacidad de carga del sistema ecológico del territorio. Esto conlleva una serie de consecuencias medioambientales y sociales que están presentes en la realidad cotidiana: congestión urbana, colapso del tráfico, altos niveles de contaminación acústica, segregación y conflictividad social, paro, enfermedades y la total destrucción de una serie de parajes naturales y culturales de extraordinario valor, como el Monte Hacho.
José Manuel Perez Rivera, presidente de Septem Nostra, manifestó que ellos apostaban por que los esfuerzos de las administraciones se centraran en la mejora de la estructura urbana y en la dotación de servicios y equipamientos que mejoren la calidad de vida de los ceutíes. Del mismo modo matizó la necesidad de que se adoptaran medidas urgentes, dada la insostenibilidad del modelo de crecimiento urbano y poblacional actual.
* El Faro Digital - N.G. - 12.01.2009
Foto: Ceuta, vista - wikipedia.org
La oposición vecinal rebrota en Barcelona
ELPAÍS* : Cuando se cumple año y medio del actual mandato municipal, el alcalde Jordi Hereu se enfrenta a problemas vecinales, en su mayoría relacionados con el reordenamiento urbano, en muchos de los distritos de la ciudad. Por ejemplo, la recalificación propuesta por el Barça en Les Corts, el plan de mejora del Carmel y la montaña rusa del Tibidabo, puesta en marcha la pasada Navidad.
Fuentes del equipo de gobierno consideran que son cuestiones baladíes, pero no todo el mundo lo ve igual. Eva Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, estima que son problemas que rebrotan cíclicamente porque el Consistorio no los acaba de cerrar. "La crisis ha puesto en duda un modelo de ciudad megalómano y de crecimiento urbanístico sin límite. Ahora hay que dar solución a los problemas de las personas afectadas por la crisis", sostiene Fernández.
El alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García-Bragado, mantuvieron el jueves pasado una larga reunión con Fernández para repasar problemas de la ciudad. Joaquim Forn, de CiU, avisa que muchos de los casos están "enquistados" y reflejan la incapacidad del bipartito para dialogar: "Su modelo de ciudad está agotado. Ahora van a nombrar secretarios técnicos (uno por cada uno de los 73 barrios) en los distritos, que serán comisarios políticos". Éstos son algunos de los conflictos.
- Les Corts y el Barça. La futura recalificación del Miniestadi es uno de los problemas de mayor calado. El Consistorio y el Barça alcanzaron en septiembre un acuerdo que preveía la construcción de 1.600 pisos. La decisión fue acogida con ira por la coordinadora vecinal, que tacha el plan de especulativo. La concejal Montse Sánchez dice que la recalificación no está decidida y ha impulsado una mesa de participación ciudadana. El día de su constitución fue un fiasco: cuatro de seis asociaciones de vecinos se retiraron y sólo se quedaron las de Sant Ramon y Fígols, y cuatro entidades más, entre ellas la plataforma de disminuidos y de invidentes de Les Corts. La coordinadora rechaza la mesa porque, según Adela Argelet, la portavoz, la recalificación está pactada y sólo queda la movilización. La federación de vecinos sostiene que desde el primer proyecto, Barça 2000, hasta ahora no ha habido ninguna planificación en Les Corts sobre las necesidades del distrito y que el problema sigue intacto.
- La montaña rusa. El Ayuntamiento ha inaugurado la montaña rusa más polémica de todos los tiempos. Resignados a su suerte, los vecinos han acogido desolados la tala de encinas, que se elevan a más de un centenar, aunque el Ayuntamiento reduce la cifra a 36. Fuentes municipales atribuyen la oposición a una simple postura elitista de quienes viven en Collserola, que, añaden, creen que la montaña es suya y no quieren que se popularice. La insinuación incendia a SOS Tibidabo y revela que el Ayuntamiento no entiende que alguien quiera preservar la naturaleza y defienda el ecologismo por encima de intereses privados. Grupos de vecinos se han manifestado en Vallvidrera, por otra parte, por incidentes causados por menores en los centros El Bosc y Vilana.
- La nueva plaza de Lesseps. La nueva plaza de Lesseps ha generado tal impacto que ha dividido a los vecinos de la plaza. La plataforma Una altra plaça és possible ha quedado tan satisfecha que se ha disuelto, pero se ha creado otra muy crítica con la reforma. Los vecinos lamentan la falta de áreas verdes, que no se haya recuperado la pendiente natural, y el exceso de hierro de un monumento para muchos incomprensible. El Ayuntamiento cree que el proceso participativo fue "impecable", pone como ejemplo la disolución de la plataforma inicial y quiere dialogar con el nuevo colectivo que aspira a mejorar la plaza. "La participación vecinal la hizo Itziar González [edil de Ciutat Vella] y la hizo bien", dice Forn. "El problema es que luego el tema pasó a Urbanismo y la solución fue otra", añade.
- El hotel del Palau. Ciutat Vella se enfrenta a problemas endémicos como la especulación en la Barceloneta y el Raval, donde hay un repunte de los casos derivados del tráfico de drogas y la prostitución. Las mismas mujeres se quejan del acoso policial tras la apertura de un hotel de lujo en la Rambla del Raval. Y está el espinoso tema del futuro hotel junto al Palau de la Música, promovido por el Orfeó y el propio Palau. La Generalitat ha obligado al arquitecto Óscar Tusquets a reformar el proyecto que preveía derribar fincas modernistas. Los vecinos lamentan que se les invite a debatir el asunto cuando la decisión de instalar el hotel ya era irreversible. Tras el proceso participativo, muy crítico con el hotel, el distrito de Ciutat Vella ha pedido a Urbanismo que pare el proyecto y lo limite a criterios de "sostenibilidad" para conseguir "la confluencia y voluntad de las partes". Urbanismo tendrá la palabra.
- La paciencia de Sants. Si eternas fueron las obras del AVE, aún lo serán más las del recubrimiento del cajón de las vías que ha alterado de arriba abajo la vida de Sants. No son buenos tiempos para el distrito de Sants-Montjuïc. A las quejas por la falta de aparcamientos se sumaron las del barrio de La Satalia, en la falda de la montaña. El Consistorio ha querido convertir en peatonal la calle de Margarit, la única que da acceso al pintoresco barrio, y se empeñó en dejarla en cuatro metros de ancho. "Al final será de cinco, pero nos ha costado un esfuerzo desproporcionado", dice Ana Menéndez, portavoz vecinal, criticando el poco diálogo de la edil Inma Moraleda, defensora del proyecto para ganar espacio, también en este caso extremo, para el peatón a costa de los coches.
- Los afectados del Carmel. El Ayuntamiento aprobó en julio el Plan del Carmel, que afecta a 1.300 personas que se verán expropiadas. Más de 500 familias perderán su vivienda y acabarán en un piso puente hasta que se les dé uno definitivo. "Soy uno de los afectados y tengo claro que en el Carmel no se ha hecho nada en 50 años y que necesitaba una reforma, pero no a ese precio", afirma Pere Ferrer, portavoz de la coordinadora, que agrupa a nueve plataformas. El 65% de los afectados han presentado alegaciones. Los vecinos temen tener que poner dinero tras la expropiación. El Ayuntamiento ha calculado la indemnización a 1.600 euros por metro cuadrado, cuando el precio en el mercado es de 3.200. A esa cantidad, hay que sumar que los afectados tendrán que costear una plusvalía y que, además, se les descontarán 900 euros de alquiler por el piso puente. "Tenía un piso pagado y sin cargas, y quiero otro igual", dice Ferrer. Algunas entidades comerciales, sin embargo, defienden el plan.
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOLLES CORTS Y EL BARÇA - Barcelona - 11/01/2009
Foto: Manifestación de vecinos en Les Corts contra el proyecto del Barça- MARCEL·LÍ SÀENZ, elpais.com
Axarquía: explosión urbanística y globalización
JORGE BENAVIDES S.* : La huella que sobre el territorio ha dejado el urbanismo salvaje de la última década ha empequeñecido los desmanes preconstitucionales, ha desgarrado montañas, ha contaminado arroyos, ha invadido parques naturales protegidos, ha destrozado el paisaje, ha burlado la Ley de Costas y ha sembrado de ilegalidad el campo (más de 20.000 casas). En cada provincia, municipio o comarca las manifestaciones de esta barbaridad tienen diversas características, muchos matices.
Llevo investigando cuatro años este fenómeno con el fin de cuantificar y caracterizar los modos de consumo de los cuatro elementos que los clásicos consideraron fundamentales para la vida: aire (contaminación), agua, tierra (suelo) y fuego (combustibles fósiles). Actualmente están incluidos dentro del concepto de sostenibilidad, entendida en su original y única acepción: la responsabilidad social en el consumo de los recursos naturales no renovables.
Los técnicos, los políticos, los ciudadanos y la administración del estado deben saber que el suelo es un recurso limitado. Cuando se ocupa con fines urbanísticos se hace productivamente irrecuperable, queda definitivamente esterilizado.
El territorio andaluz está dividido en 770 municipios, con más de 2000 entidades urbanas. Con un criterio demográfico, la Ley Nacional para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007) al respecto distingue entre el Área Geográfica donde hay un núcleo inferior a 20.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 hab/km. cuadrado; la zona rural que sirve de referencia para el Programa de Desarrollo Rural Sostenible y el Municipio rural propiamente dicho, con menos de 5.000 residentes.
Hasta hace poco la administración tenía asumido que el 23% del total de la población andaluza era rural y el resto, urbana. Desde la Ordenación del Territorio, técnica para ocuparlo racionalmente con edificaciones y usos; más todavía desde la óptica del PGOU, la cuestión merece numerosas y finas matizaciones.
La realidad va más allá de la estadística y preña de nuevos significados a las palabras. Un ejemplo: un pueblo de la Axarquía malagueña tiene 3.712 habitantes pero 4 de cada 10 son extranjeros. Si se quiere comprar una casa aquí, es más fácil hacerlo por internet a inmobiliarias del Reino Unido, de donde precisamente procede el 54% de la población extranjera residente.
Desde Málaga hay 55 km; 43 por autovía y el resto por carretera asfaltada. Estadísticamente, todas las familias usan su coche. Del total de las viviendas, 1 de cada 3 destroza el paisaje; corresponden a chalés ´desparramados´ en el territorio, muchos tienen piscina propia y la mayor parte, una legalidad incompleta. En suma, aquí la forma de destrozar el paisaje, es similar a la de Los Ángeles (15 viv/hect.) pero con menor densidad y, por lo tanto, el consumo/derroche de los recursos naturales no renovables es más escandaloso, insostenible.
Según el IEA, la principal actividad económica de este municipio es la construcción; después, el comercio. De sus 53 km. cuadrados, dedica a la agricultura menos de 1. La actividad económica no es rural, la conectividad con el resto del mundo es mayor que con Sevilla capital de Andalucía y el modo de vida es urbano. En algunos de estos pequeños núcleos -cosa que no sucede ni en las capitales- se publican periódicos bilingües y en los bares se exponen anuncios en inglés ofreciendo todo tipo de servicios. Desde 1988, para mayor singularidad, hasta tienen moneda propia de plata, denominada ´Axarco´. Identificar como rural a éste y otros municipios similares de la Axarquía, con un alto porcentaje de casas y pobladores desparramados, no es real.
La economía globalizada es consecuencia de las formas de producir (invernaderos, cultivos hidropónicos), reproducir (semillas conseguidas con ingeniería genética), distribuir (compraventa por internet, paquetería internacional inmediata) y de relacionarse (Match, Second Life, chats). Todos estos municipios se caracterizan por tener un alto porcentaje de actividades urbanas. Sin embargo, debido a sus limitados recursos financieros y técnicos, pocos municipios pequeños han logrado aprovechar las posibilidades que brinda la globalización para hacer realidad un desarrollo con calidad de vida.
En este contexto, los Grupos de Desarrollo Comarcal, llamados a introducir, canalizar y facilitar los factores de innovación en todos los aspectos para mejorar el desarrollo, han analizado una situación de plena actualidad: la integración de los nuevos pobladores en los núcleos urbanos con pequeña población aborigen, afectados por la fiebre de la edificación desparramada, desmesurada y depredadora: inmigrantes de todas las edades y ocupaciones, nacionales, de la UE y extracomunitarios. Bien.
El siguiente paso tendrá que darlo la administración: proponer soluciones a partir de la fea realidad pero obviando una hipotética orden judicial para demoler las casas ilegales porque sería inejecutable y también la legalización general por decreto porque sería inconcebible e injusta. Hay que elevar al ámbito de la técnica y de la acción de gobierno las sinergias positivas de la realidad y las espontáneas iniciativas de integración para incorporar los aportes que ofrecen los nuevos pobladores. La crisis debería ser el inicio del éxito.
* Profesor Titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad de Sevilla.
* La Opinión de Málaga - Opinión - 11.01.2009
Valencina: Un colectivo denuncia que la adaptación del PGOU no cuenta con los vecinos
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DIARIODESEVILLA* : El colectivo Valencina Habitable denunció ayer que el Ayuntamiento de la localidad haya iniciado el proceso de adaptación de su plan general urbanístico a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "sin contar con la participación de los vecinos".
Fuentes del colectivo indicaron que el Ayuntamiento valencinero, encabezado por Antonio Suárez (PSOE), no ha publicado en la web municipal el anuncio de apertura de la exposición pública del documento de adaptación a la LOUA, ni tampoco el contenido de la "normalización" del PGOU a los estándares legales.
Valencina Habitable criticó también que el Consistorio no haya ofrecido "respuesta alguna" a la petición de la asociación conservacionista para dar publicidad al proceso de adaptación de las actuales normas subsidiarias a la LOUA, lo que "ha evitado" que los ciudadanos hayan podido presentar alegaciones.
De este modo, Aljarafe Habitable denuncia que el regidor "se ha olvidado de sus posturas a favor de la participación ciudadana y especialmente en cuestiones urbanísticas" que defendió durante la última campaña electoral municipal, en mayo de 2007.
Valencina Habitable recordó cómo, por contra, "en la anterior legislatura el PP y el PSIV colgaron en la web municipal tanto el anuncio de la exposición pública como los ficheros de las 8.000 viviendas que aprobaron, ejemplo de urbanismo salvaje y depredador del patrimonio arqueológico, paisajísitico y medioambiental, del que al menos pudimos tener información".
Valencina Habitable pidió a Antonio Suárez, que tome "buena nota" de lo que "ha hecho" su homólogo en Salteras, el también socialista Antonio Valverde, cuyo Ayuntamiento "colgó en la web" toda la documentación del PGOU.
* Diario de Sevilla - R. P., valencina de la concepción - 11.01.2009
Foto: Valencina_de_la_Concepcion (Sevilla) - andaluciarustica.com
Una Zamora de ficción
JUAN JESÚS RODERO* : Como era más que previsible, el borrador de la revisión del Plan de Urbanismo de Zamora ya se ha filtrado a la oposición, y a la opinión pública por tanto. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Guarido, ha dado a conocer, días pasados, algunas características del atrasado PGOU que han dejado perpleja a una ciudadanía que ya de poco o nada se sorprende. Pero es que hay cosas que parecen rebasar todos los límites. Fíjense, sino. Porque según la denuncia de la coalición izquierdista la revisión del Plan se proyecta hacia una Zamora habitada por el triple de la población actual y con 40.000 pisos más. De entrada, no se sabe si reír o llorar.
Bien está, es imprescindible, que los políticos que nos gobiernan tengan visión de futuro. Pero aquí o no llegamos o nos pasamos. Esto más que futuro es ciencia ficción. ¿Alguien se puede imaginar Zamora como una ciudad de 170.000 habitantes? Ni los más optimistas, imaginativos o visionarios. La capital no se despuebla, como el resto de la provincia, pero bastante hará con mantener su población.
Para tan largo viaje, de más de un año que ha durado la revisión del Plan, no se necesitaban alforjas, porque lo que en resumidas cuentas viene a señalar el portavoz de IU es que, en realidad, lo que ha hecho el equipo de gobierno municipal con el PGOU ha sido dar un paso atrás y dos adelante. Y encima, la revisión ha costado la friolera de 240.000 euros, que se pagarán, claro, con los impuestos de los zamoranos. El hecho es que este Plan, según Guarido, pretende recalificar más de cinco millones de metros cuadrados, por lo que es tildado por el grupo de la coalición izquierdista como el más especulador que ha tenido nunca Zamora.
El concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, ha replicado de inmediato que las cosas no son así, como se explica desde IU, ni mucho menos, y que este grupo vive en una calumnia permanente. El edil afirma que la revisión recorta un 40 por ciento del suelo edificable previsto anteriormente y que las cifras y datos que expone Guarido son meros cálculos interesados y partidistas. ¿A quién creer? En todo caso, la revisión será rechazada, casi seguro, tanto por IU como por PSOE, que ya hace mucho tiempo que anunciaron sus posturas. Y eso aunque el grupo de gobierno, que no tiene otro remedio, trate de debatir y llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición, lo cual representa su única salida para la aprobación por el Pleno. Se ha llegado, pues, al punto que marcará el devenir municipal de la ciudad. Y serán de nuevo los independientes de Adeiza los que muy posiblemente tengan que decidir con sus dos votos, y esta vez ya no valdrán coartadas, ambigüedades, justificaciones y demás. En política hay que mojarse. O se apoya el Plan o no se apoya. Con todas sus consecuencias en ambos casos.
* La Opinión de Zamora - Opinión - 11.01.2009
Los tribunales destapan el despotismo urbanístico de Castellón
ELPAÍS* : El PP goza de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Castellón desde 1995. Prácticamente desde entonces, los mayores problemas con los que se ha tenido que enfrentar el equipo de gobierno son relativos al urbanismo. Ahora, los tribunales están destapando las maneras con las que los populares han proyectado la ciudad, sin consideración hacia los ciudadanos, que decidieron acudir a los jueces como única vía para reivindicar sus derechos y propiedades.
Y ha sido precisamente esa desatención a los vecinos la que llevó a estos a acudir a los jueces para solicitar su atención. De momento, eso ha provocado que se anule no solo el mayor y más emblemático programa urbanístico diseñado por el PP, el de Mestrets, sino también el total del planeamiento de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), modificado en 2000. En cualquier caso, estos no han sido los dos únicos asuntos que el Ayuntamiento de Castellón ha perdido en los tribunales. Remodelaciones de calles como Guitarrista Tárrega o Méndez Núñez o el rediseño de la avenida de Villarreal recibieron también un suspenso de los jueces, pese a que las resoluciones, en ocasiones, llegaron cuando los planes ya estaban ejecutados.
Durante cinco años, una veintena de vecinos del barrio Mestrets acudió a los plenos de Castellón para levantar sus pancartas cada vez que hablaba uno de los integrantes del equipo de gobierno del PP. Todos los últimos jueves de cada mes se dieron cita en el salón de plenos para seguir haciendo oír su voz tras la imposición de un programa urbanístico que consideraron contrario no solo a sus intereses como propietarios sino a su forma de vida. Mientras, sus recursos, presentados por vía judicial, siguieron una tramitación que finalizó en octubre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió anular el acto de aprobación del PAI Mestrets. Esta decisión echó al traste el más amplio proyecto presentado por el PP en su programa electoral ya que incluye, además de 3.000 viviendas de protección oficial, el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el edificio del rectorado de la VIU de Frank Gehry, la Ciudad Deportiva y la Ronda de Circunvalación. Los vecinos han reprochado, a lo largo de este tiempo, la nula capacidad de diálogo del Ayuntamiento que, en cualquier caso, sí negoció con otros propietarios. Aún así, la falta de entendimiento entre los responsables del urbanismo castellonense y estos afectados fue el motivo por el que se recurrió a los tribunales.
Pero por grande e importante que sea el planeamiento, el PP deja vecinos "desatendidos". En el caso del Plan General, anulado por el Tribunal Supremo, el recurso procede también un grupo de vecinos. En su sentencia, el tribunal argumenta su decisión en el hecho de que el Ayuntamiento no otorgó voz a los ciudadanos para que participaran en el procedimiento de elaboración del planeamiento, hurtándoles así la posibilidad de alegar contra el mismo. Así, hace referencia al derecho constitucional por el que todos los ciudadanos han de tener audiencia en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
Formalmente, la anulación del PGOU no tiene apenas consecuencias prácticas, aunque sí la obligación de volver a realizar la tramitación, incluyendo la exposición del proyecto al público para que los ciudadanos puedan conocer los detalles y, en el caso de que los consideren, realizar alegaciones. Sin embargo, desde el punto de vista político, esta segunda decisión de los tribunales, que ha llegado apenas dos meses después de conocer el fallo sobre el PAI Mestrets, supone un auténtico varapalo para el equipo de gobierno municipal. Más si se tiene en cuenta que los planeamientos cuestionados salieron adelante cuando el actual alcalde, Alberto Fabra, era el máximo responsable del urbanismo castellonense.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 11/01/2009
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
El jueves comienza el juicio contra el alcalde de Orkoien, que se enfrenta a ocho años de inhabilitación
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EUROPAPRESS/Navarra* : El próximo jueves, 15 de enero, comenzará en el Juzgado de lo Penal nº3 de Pamplona el juicio contra el alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de viviendas de protección oficial. El fiscal pide una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Los hechos que se juzgarán el jueves, a partir de las 9.30 horas, tuvieron lugar en el año 2003. La sociedad Iturgain, presidida por el propio alcalde y encargada de la gestión urbanística de Orkoien, promovió la construcción de 216 viviendas de protección oficial.
Tras finalizar el proceso de adjudicación de esas VPO, dos viviendas quedaron vacantes, puesto que uno de los adjudicatarios había fallecido y otro no había logrado financiación para hacer frente al pago.
El fiscal sostiene en su escrito que algunos vecinos se enteraron de forma particular de estas vacantes y remitieron carta al Ayuntamiento solicitando la adjudicación de una de esas dos viviendas, aunque desde el Consistorio no se habían publicitado dichas vacantes para conocimiento general de los ciudadanos.
Según el fiscal, las dos personas que remitieron carta resultaron adjudicatarias de las viviendas, pese a que no habían participado en el proceso previo de adjudicación de las 216 VPO.
El Ministerio Público considera que esta concesión se realizó "omitiendo no ya solo la legislación vigente, sino cualquier tipo de procedimiento administrativo al respecto que preservara los principios básicos de publicidad y concurrencia, con plena desigualdad para el resto de los ciudadanos que pudiesen estar interesados, no ya solo los participantes en el proceso de selección y que no fueron adjudicatarios, sino otros nuevos que pudieran concurrir en igualdad de condiciones a esas dos personas".
El fiscal añade que, "queriendo dar una apariencia de legalidad" a estos hechos, la Junta General de Iturgain acordó condicionar la entrega de esas dos vivienda a que se estudiase si los adjudicatarios cumplías los requisitos, "sin que conste que se hiciese informe al respeto y en todo caso sin nueva Junta que examinase lo supuestamente informado y decidiese en consecuencia".
El Ministerio fiscal continúa su relato explicando que el 26 de enero de 2006 el alcalde, ante diversas preguntas de un concejal del grupo independiente, reconoció en el pleno del Ayuntamiento que las dos viviendas se habían adjudicado "a dedo".
Ello motivó la actuación del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, que solicitó a Iturgain que le remitiese la documentación acreditativa del baremo aplicado, así como las solicitudes, documentos aportados por los solicitantes y puntuación dada a los adjudicatarios, entre otras.
Sin embargo, según señala el fiscal, dicha documentación no fue remitida alegando que había sido destruida con anterioridad por la entidad gestora de Iturgain, Aranade S.L..
* Europa Press - 11.01.2009
Foto: Orkoien (Navarra) - orkoien.com
El urbanismo desenfrenado no tiene límites en Aljaraque
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GAS/Huelva* : De aquellos polvos tenemos estos barros. El desenfreno urbanístico permitió construir en suelos contaminados por cadmio, mercurio, arsénico... potencialmente tóxicos y cancerígenos. Se llegó a invadir hasta las Marismas, teóricamente paraje natural de alto valor ecológico.
Con fecha de 7 de agosto salió una resolución de la Dirección General de Medio Ambiente declarando contaminado el Plan Parcial Residencial 9, y posteriormente el 12 (que son linderos totalmente) en el sentido de declarar contaminadas zonas de estos planes residenciales por admio, mercurio, arsénico..., y otros metales pesados derivado de que toda aquella zona fue una zona dedicada a una actividad MIRENO-INDUSTRIAL durante mas de 100 años. Concretamente esa zona era dedicada al machaqueo de pirita.
Las instituciones dieron con dichas fincas, un pelotazo especulativo. Ni más ni menos que las declararon urbanas. Hoy se construyen chalet y que están a punto de ser entregados.
Los estudios realizados en dichas parcelas determinan que actualmente existe riesgo para la salud humana derivado de su toxicidad y por ser dicha contaminación potencialmente cancerígena.
Pero no bastaba con esto. Mientras se realizaban los estudios de contaminación ya teníamos a un valiente poniendo ladrillos sin haber salido la resolución. Ahora, y con el nuevo cambio de gobierno, pues el anterior Alcalde y su concejal de urbanismo están procesados por supuestos delitos de blanqueo de capitales, corrupción urbanística....etc., se preparan para echar cuatro capitas de arena por encima y declarar los suelos como no contaminados.
Cuando los vecinos que se vayan a vivir se enteren de todo esto, una vez firmadas las escrituras, me imagino que se liarán a poner denuncias a la constructora pero ya no habrá nada que hacer, seguramente la promotora dará concurso de acreedores y que vayan a por ellos.
La promotora, que empezó a vender las casas a primeros del 2006 era plenamente consciente de todo ello porque en esa fecha se estaban realizando los estudios de caracterización de suelos contaminados.
* Grupo de Acción Social (GAS) - Juan - 10.01.2009
Foto: Aljaraque - juntadeandalucia.es
La Fiscalía comprueba "a vuelo de pájaro" si hay construcciones ilegales en los pueblos sin expedientes
LEVANTE/Valencia* : La Fiscalía de Valencia comprobará "a vuelo de pájaro" si hay construcciones ilegales en los términos de los municipios que no tienen abierto ningún expediente por infracción urbanística. De los 45 pueblos que ya han contestado al fiscal de medio ambiente, sobre su requerimiento para que le notificaran todas las infracciones, más de la mitad han comunicado que no les consta ninguna ilegalidad.
No obstante, el fiscal encargado de la investigación, Vicente Torres, está comprobando pueblo a pueblo si la información municipal se ajusta a la realidad. Para ello, utiliza dos herramientas básicas, el programa de vuelo virtual del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) y el catastro.
En primer lugar, realiza un recorrido por el término municipal a través del denominado "Vuelo virtual" buscando alguna construcción, especialmente con piscina. Ello es posible a través de la ortofoto o fotografía aérea del ICV.
Cada parcela está identificada a través de unas coordenadas que conducen al número de expediente catastral, en el que figuran el polígono y la parcela.
Entonces, se acude a la página "on line" del catastro donde, a través del número de parcela, se especifica la extensión y la calificación del terreno, si es rústico o urbano y si hay declarado algún tipo de construcción.
Según explicaba Vicente Torres, "si los ayuntamientos no remiten los expedientes urbanísticos, hay que buscar a vuelo de pájaro, aunque sea costoso". Éste es el paso previo a enviar a los agentes del Seprona para comprobar "in situ" la ilegalidad.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 9.01.2009
Palazuelos de Eresma sigue apostando por el urbanismo desenfrenado
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Segovia* : El Municipio segoviano de Palazuelos de Eresma ha iniciado recientemente los trabajos para actualizar sus normas de planeamiento (las actualmente vigentes datan, nada menos que de 1981). De acuerdo con el avance del PGOU, sometido a información pública el pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento pretende elevar el número total de viviendas en el municipio hasta las 12.906.
Si estimamos una media de 3 personas por vivienda, las propuestas iniciales del Plan General plantean la posibilidad de que Palazuelos pueda superar los 38.000 residentes.
Según el censo nacional de viviendas, en 2001, Palazuelos de Eresma contaba 922 viviendas, más de un 40% de ellas segundas residencias. Aún suponiendo que en los últimos años esta cifra haya aumentado hasta las 1.500 viviendas, la propuesta contemplada en el avance del PGOU permitiría multiplicar por ocho el número de viviendas en el municipio. Se trata de un crecimiento a todas luces desmesurado.
Diversas asociaciones ecologistas y de defensa del patrimonio segovianas (entre ellas Ecologistas en Acción de Segovia, Ciudadanos por Segovia, Protejamos las Calderas o Centáurea) han alertado desde hace varios años sobre la ausencia de lógica y la insostenibilidad de los planes urbanísticos concebidos en Palazuelos. La evolución del negocio inmobiliario en el último año ha acabado dando la razón a estos grupos que, ya en 2006 y 2007, afirmaban en sus alegaciones a los macroplanes urbanizadores de Palazuelos resultaban desmesurados para el espacio territorial en el que se estaban planteando, planteaban serios impactos ambientales y conllevaban una oferta sobredimensionada que podría generar una situación caótica en el municipio, con urbanizaciones inacabadas dispersas por todo el término municipal.
Entre los colectivos de defensa ambiental ha causado sorpresa el comprobar cómo el nuevo PGOU que se prepara en Palazuelos ignora los cambios de tendencia acaecidos en el último año, con la explosión de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento de la denominada “economía del ladrillo”. El empecinamiento del alcalde de Palazuelos, Domingo Asenjo, en mantener los proyectos urbanísticos irracionales propuestos en el municipio en plena época de “tsunami urbanístico”, sin considerar el evidente cambio en el contexto económico, le ha llevado a ganarse entre los conservacionistas el sobrenombre de “Don erre que erre”.
A pesar de ello, en un nuevo ejercicio de participación responsable, Ecologistas en Acción de Segovia, Ciudadanos por Segovia y otros grupos se han dirigido, de nuevo, al Ayuntamiento de Palazuelos para trasladarle la idea de que el nuevo PGOU de la localidad debería considerar, entre otros aspectos:
La demanda de viviendas en la zona. Como es bien sabido, la demanda de viviendas ha sufrido un brusco descenso, que ha sido mucho más acentuado en el sector de las segundas residencias. Un informe recientemente realizado por el servicio de Estudios del BBVA en diciembre de 2008 estima entre 800.000 y 1.400.000 el número de viviendas nuevas que se encuentran a la espera de comprador en España. Sin embargo, el avance del PGOU se ha limitado a contemplar de forma automática un conjunto de desarrollos urbanísticos inconexos que han sido propuestos hace algunos años, sin considerar la nueva coyuntura económica o la evolución reciente del mercado inmobiliario.
Las disfunciones generadas por un crecimiento tan brusco como el que se está planteando en el Plan. Cabe pensar que un crecimiento tan intenso produciría disfunciones notables en elementos tan esenciales como: la red de infraestructuras de transporte, los sistemas de abastecimiento de aguas, los sistemas de depuración de aguas residuales y otros servicios públicos (por ejemplo, sistema de salud).
El impacto ambiental y paisajístico. En la actualidad, la vista de la Sierra de Guadarrama en ese sector es de una calidad sobresaliente. Elementos de gran atractivo visual como el cerro de La Atalaya y la población de San Ildefonso, que posee una integración en el paisaje modélica, proporcionan un carácter único a las vistas, en las que los componentes natural y cultural se refuerzan para configurar uno de los paisajes más bellos de la vertiente segoviana de Guadarrama. Este paisaje se vería inevitablemente desfigurado por el conjunto de desarrollos urbanísticos propuestos para esa zona.
En definitiva, se solicita al Ayuntamiento de Palazuelos y a los grupos políticos representados en el mismo que la planificación urbanística respete criterios de sostenibilidad económica y social. Evitando convertir el municipio en una sucesión deslabazada de segundas residencias y promociones inmobiliarias inacabadas y acomodando el crecimiento del municipio a la evolución del mercado de trabajo y a los condicionantes ambientales (disponibilidad de agua, respeto al paisaje, disponibilidad de servicios, etc.).
* Ecologistas en Acción de Segovia - 8.01.2009
Foto: ecologistasenaccion.org
