Salvemos Carabanchel. La lucha continúa a pesar del derribo de la cúpula de la cárcel

ELPAÍS/Madrid* : Otra vez de noche, como no puede ser de otra manera cuando un gobierno que se pliega a los que quieren enterrar la memoria actúa de forma cobarde, cometiendo un grave atropello histórico, ha comenzado la demolición de la cúpula. El derribo se podría haber iniciado desde múltiples puntos, pero en apenas dos días han intentado derribar el elemento simbólico de la cárcel más importante de la represión franquista en este país.

Pero el tiro tampoco le salió bien al gobierno en esta ocasión. A las once y diez de la noche, dos horas después del inicio del ataque a la cúpula, una viga transversal golpeó a la máquina que realizaba los trabajos. Saltaron chispas y un gran estruendo anunciaba que el enorme brazo que destrozaba a dentelladas la memoria de Carabanchel, se venía abajo. Se escucharon sirenas de ambulancia, que presagiaban que nada bueno había ocurrido en el interior de la prisión, lo que no resultaría complicado dadas las lamentables condiciones de seguridad de los trabajos que se veían agravadas por la oscuridad de la noche.

El resultado será que con la luz del día quedará a la vista del mundo entero que la cúpula de Carabanchel aguanta, que no sólo no estaba en ruinas, sino que puede soportar los ataques de la maquinaria que durante dos horas la estuvo intentando destrozar. Las vergüenzas de un gobierno que prefirió especular y hacer pisos a recordar la memoria de todos los que sufrieron la represión por el simple hecho de oponerse a la dictadura, quedarán al descubierto para aquellos que todavía le otorgaban un mínimo de credibilidad.

Por la mañana, el PP se frotará las manos al ver como día tras día el Ministerio del Interior se enfanga más en su absurda lucha contra la historia. Ellos, que siguen sin condenar el levantamiento militar y que durante ocho años se opusieron a la construcción de un hospital en Carabanchel, sacarán todo el rendimiento político a las prisas del gobierno, que tan sólo obtendrá los beneficios de las plusvalías y cargará para siempre con el peso de ser el responsable de derrumbar la memoria de la prisión.

La Plataforma por un centro para la paz y la memoria en la cárcel de Carabanchel continuará la lucha. No será posible en la cúpula, pero seguiremos exigiendo que se salve una parte de la cárcel de Carabanchel para la memoria, que no se especule con el suelo y que todos los terrenos se dediquen para equipamientos sociales y un hospital público con capacidad de atender a los vecinos de Latina y Carabanchel. Existen otros elementos simbólicos importantes, como la fachada principal o el antiguo hospital psiquiátrico, que podrían perfectamente ser habilitados para ubicar el centro para la paz y la memoria que venimos reclamando.

Por ello, no sólo continuaremos con la acampada que desde las seis de la tarde del viernes se mantiene en el parque anexo al edificio, sino que durante todo el fin de semana se están programando diferentes actividades históricas y culturales para que todo el mundo conozca lo que supuso la cárcel y los planes de futuro. También se espera la visita de históricos ex presos, de personas relacionadas con el mundo de la cultura, la universidad y el sindicalismo. Las actividades culminarán el domingo con una concentración a las 12 de la mañana en la puerta principal de la antigua cárcel de Carabanchel.


(fuente: http://salvemoscarabanchel.blogspot.com/2008/10/la-lucha-contina-pesar-del-derribo-de.html)






* ELPAIS.com - La Comunidad - 25.10.2008
Foto: Trabajos de demolición de la cúpula de la cárcel de Carabanchel, ayer. - EFE / ÁNGEL DÍAZ


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La regularización urbanística no anula el delito, advierte el fiscal de Medio Ambiente

ABC/Sevilla* : Las regularizaciones de miles de viviendas ilegales en Andalucía utilizando para ello el procedimiento de la modificación de los planes urbanísticos, y de forma específica sustituyendo la calificación de los suelos, no lleva aparejado la anulación del delito cometido por quienes utilizaron terrenos no aptos para las construcciones.

Ésa es la opinión expresada por el coordinador de la Red de Fiscales de Medio ambiente de Andalucía, Ángel Núñez, en declaraciones a ABC.
Señala el representante del Ministerio Público que a la hora de valorar las actuaciones que se están produciendo desde el punto de vista jurídico, «nosotros y los tribunales atendemos exclusivamente a cuál era la clasificación del suelo en el momento en el que se construyó. Y aunque después se regularice, los hechos son constitutivos de delito».
No obstante, añade Ángel Núñez, sucede que si «durante el periodo de tramitación del procedimiento penal se produce la regularización, y el suelo pasa a ser urbanizable y la edificación pasa a tener carácter legal, más que nosotros, los tribunales entienden que en esos casos no procede acordar la demolición. Pero el hecho sigue siendo delictivo porque lo era en el momento que se cometió», subraya.
En este sentido, considera que «la condición de delito no se pierde nunca. Para la condición de delito se atiende exclusivamente a cuál era la clasificación del suelo en el momento de la construcción. Si cuando se construyó el suelo era no urbanizable, eso es delito, sin perjuicio de que después se regularice. No se produce—insistió— una destipificación del hecho si se regulariza el suelo».





* ABC - J.C. - 25.10.2008
Foto: Chiclana (Cádiz) - uca.es

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El urbanismo, de espaldas a los vecinos

LASPROVINCIAS/Alicante* : Quién declarará hoy en los juzgados? Esta es la pregunta que desde hace unos días intentan responder los vecinos de San Fulgencio cuando se levantan por la mañana. La trama urbanística que se ha desatado en el municipio se ha cobrado ya tres detenciones: la del ex primer teniente de alcalde, el independiente Manuel Barrera, la del jefe de la Policía Local, Bernardo Cortijo, y la del concejal de Seguridad, el socialista José Antonio Gamuz.

Tres arrestos en poco más de una semana y la investigación no ha hecho más que comenzar.

El ladrillo ha vuelto a ser el protagonista de un caso de corrupción que ha conseguido acabar con la tranquilidad de un municipio de 10.583 habitantes -de los que el 76% son residentes europeos- y cuya principal fuente de ingreso ha sido la agricultura. Los extranjeros han traído las grandes urbanizaciones, el turismo, la aparición de un sinfín de partidos políticos y unas ganancias desorbitadas que han hecho ricos a más de uno.

"Algo olía mal". Este es uno de los comentarios que más se escuchan entre los vecinos cuando se reúnen en el bar a repasar la actualidad del día. El fútbol e, incluso, la crisis económica han quedado relegados a un segundo y tercer lugar ante el temor que existe a que esta pequeña localidad se convierta en el 'caso Marbella' de la comarca de la Vega Baja.

Dicen que los problemas en el Ayuntamiento se "veían venir" después de que hayan sobrevivido a tres mociones de censura contra la alcaldesa electa. La pasada legislatura se produjeron dos mociones de censura y pocos meses después de las elecciones de mayo de 2007 prosperó una tercera, que arrebató la Alcaldía al PP en favor del PSPV-PSOE, AIM Y APSFYU.

Mientras unos piden que se constituya una gestora para enderezar la política en el municipio hasta que concluyan las investigaciones, otros reclaman al Ayuntamiento que abra la caja de las cuentas para comprobar dónde ha ido destinado el dinero generado por el sector de la construcción. Pero, sobre todo, lo que quieren es justicia y que el nombre de San Fulgencio deje de ser protagonista en los medios de comunicación. Ahora sólo quedan por pronunciarse los miles de extranjeros que dieron su apoyo al edil independiente implicado en la trama.





* Las Provincias - 26.10.08 - R. A.
Foto: Unos vecinos de San Fulgencio conversan a las puertas de un céntrico bar del municipio. - lasprovincias.es

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Prevaricación en Baiona

CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : La acusación formulada por la Fiscalía de Pontevedra contra el alcalde y otros ediles de Baiona por una presunta prevaricación suscita una interesante cuestión en la interpretación de este delito. Tal cuestión -muy relevante en la lucha contra la corrupción urbanística- era reflejada acertadamente hace unos días en los titulares de este periódico: "El regidor de Baiona se ampara en los técnicos ante el juez"; "Ediles de Baiona también se escudan en los técnicos".

Y es que, en efecto, dejando ahora al margen el contenido de la resolución administrativa, esto es, el examen de su posible calificación como injusta y arbitraria, lo que me interesa analizar hoy es el problema de la autoría en sí mismo considerado, es decir, el problema de la imputación del delito de prevaricación a los miembros de un gobierno municipal que se amparan o se escudan en la existencia de unos informes técnicos previos que avalan la decisión administrativa. En esencia, en el caso de Baiona el fiscal sostiene que, apoyándose en el informe desfavorable de los técnicos, los miembros del gobierno municipal denegaron arbitrariamente y sin justificación una licencia a una promotora para construir en una parcela que el plan general cataloga como suelo urbano consolidado y que cumplía con todos los requisitos legales.

Ciertamente, con el doble fin de paliar las insuficiencias de que adolecía el tradicional delito de prevaricación genérica y de castigar más severamente las resoluciones injustas en materia urbanística, el legislador del nuevo Código Penal de 1995 creó un delito específico de prevaricación urbanística en el artículo 320, en el que se tipifican dos conductas diferentes: por un lado, la de la autoridad o funcionario que haya resuelto o votado a favor de la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas, a sabiendas de su injusticia; por otro lado, la del funcionario que, conociendo también su injusticia, haya informado favorablemente la concesión de tales licencias. Así, a diferencia del Código Penal anterior, ahora el funcionario informante puede ser autor de esta nueva figura delictiva, incluso en el supuesto de que los ediles que después dicten la resolución queden exentos de responsabilidad penal, si éstos consiguen probar que, ante la complejidad del asunto administrativo y el consiguiente desconocimiento de la situación jurídica, condicionaron su decisión a lo que se reflejase en los informes de los técnicos del ayuntamiento.

Ahora bien, el nuevo delito de prevaricación urbanística sólo castiga los supuestos de informe favorable (y consecuentemente los de resolución favorable), pero no aquellos en los que el funcionario emite un informe desfavorable, pese a saber que la licencia se ajustaba a la legalidad urbanística; por tanto, en casos como el de Baiona este delito no podría ser aplicado. Aunque esta exclusión del informe desfavorable (y de la posterior resolución denegatoria) en el nuevo delito ha sido criticada en nuestra doctrina, tiene su explicación: en la prevaricación urbanística el legislador no sólo pretende proteger la legalidad administrativa, sino además la correcta ordenación del territorio, en el sentido de que la conducta prevaricadora haga posible la aparición de un delito contra la ordenación del territorio (a saber, alguno de los tipificados en el artículo 319); y cabe entender que esto último sólo sucede cuando se concede una licencia urbanística ilegal, y no cuando se deniega.

¿Quiere ello decir que en el caso de denegación de licencia, tras un informe desfavorable, los hechos deban permanecer impunes? La respuesta es obviamente negativa, dado que siempre cabrá recurrir a la prevaricación genérica del artículo 404. Eso sí, lo que sucede es que en este caso hay mayores dificultades probatorias para aplicar el delito, en la medida en que únicamente se castiga la conducta de la autoridad o funcionario que dicta la resolución injusta, pero no la de los técnicos que se limitan a emitir un informe. Por consiguiente, en tal supuesto únicamente cabría fundamentar una responsabilidad penal cuando pudiese demostrarse que existía una connivencia entre técnicos y ediles, y que estos últimos conocían la injusticia de la resolución denegatoria que dictaban. Así, no habría obstáculo para calificar a los ediles como autores de la prevaricación y a los técnicos como partícipes.





* ELPAIS.com - Opinión - 20/10/2008

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El concejal de Urbanismo de Telde reconoce que Las Terrazas es ilegal

CANARIAS7* : La nueva gran superficie comercial de Las Terrazas, inaugurada oficialmente el pasado lunes por el presidente del Gobierno de Canarias y abierta al público al día siguiente, lleva funcionando desde entonces de manera ilegal porque no posee permiso de apertura, una situación que viene a confirmar las sospechas del colectivo ecologista Turcón cuando solicitó días atrás copia del expediente.

Ha sido el propio concejal delegado de Urbanismo, José Antonio Perera, quien en declaraciones efectuadas a la radio municipal Canal Telde, ha reconocido que el 'macrocentro' promovido por Parque Marítimo de Jinámar “ciertamente, no posee licencia, pero sí todos los informes técnicos favorables”.

En sus manifestaciones públicas, captadas por el periódico digital www.teldeactualidad.com, el también vicealcalde asegura que el consistorio de Telde “advirtió” a la propiedad del centro comercial de que no debía abrirlo hasta contar con los preceptivos permisos municipales. Perera alegó al respecto que el gobierno local “no ha mirado para otro lado” ante esta posible ilegalidad, pero significó que “la apertura no la negocia ni la pone el Ayuntamiento, la pone el promotor”.

No obstante, el delegado de Urbanismo enfatizó que, aunque Las Terrazas no posee licencia de apertura, “si tiene todos los informes técnicos favorables”, lo que, a su juicio, “garantiza la seguridad jurídica del expediente y del inmueble” y que “el interés público queda perfectamente salvaguardado”. Abundó en que estos informes “nos dan seguridad de que se está en condiciones para que se pueda abrir”.

Asimismo, Perera abundó en que el promotor del proyecto comercial ha depositado en el Ayuntamiento un aval por valor de un millón de euros por las obras de urbanización de Las Terrazas que debe acometer, que aún no están recepcionadas porque “aún faltan unos flecos por ejecutar”.

Convenio cumplido

Subrayó también Perera que el Ayuntamiento ya es propietario de una parcela de algo más de 9.000 metros cuadrados, de “bastante valor económico” que está al lado del equipamiento inaugurado esta semana y que su promotor registró ya a nombre del patrimonio municipal en cumplimiento de las compensaciones fijadas por convenio.

Por último, el edil dijo que este convenio determina también que la propiedad del centro comercial deberá afrontar y financiar obras de acondicionamiento del palmeral de Jinámar, de recuperación de yacimientos arqueológicos de la zona (Las Brujas y La Restinga) y de ejecución de peatonales.





* Canarias 7 - ACN Press
Las Palmas de Gran Canaria - 24.10.2008

Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad

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La tasación judicial revaloriza El Cabanyal

LEVANTE/Valencia* : Las tasaciones del Jurado Provincial de Expropiaciones vienen a demostrar, a juicio de la plataforma Salvem el Cabanyal, que el plan especial del barrio que incluye la prolongación de Blasco Ibáñez es "social, cultural y económicamente inviable".

Un reciente dictamen del Jurado Provincial de Expropiaciones multiplica por cuatro el precio que el consistorio pretendía pagar por dos naves ubicadas en la calle Mariano Cubells y Mariano Brull y destinadas a equipamiento cultural.
El ayuntamiento, alarmado ante la posibilidad de que se sucedan este tipo de sentencias que equiparan el precio del suelo expropiado al del mercado de renta libre, ha recurrido a los tribunales. La administración municipal ofreció por estas dos naves, encuadradas en el ámbito del plan y que en conjunto suman más de mil metros cuadrados de superficie, 267.035 euros. Los propietarios, en cambio, encargaron sus propias valoraciones que situaban el precio del suelo en 1,5 millones.
La decisión final del jurado casi cumple el cálculo de los afectados y cifra el justiprecio en 1.159.024 euros. El dictamen va un paso más allá de la tendencia a acercar los precios de expropiación a los reales del mercado, ya que en este caso se equipara el valor del suelo destinado a equipamiento público -siempre con precios muy inferiores- al que hubiese alcanzado si en el planeamiento se hubiera grafiado como residencial.
Se da la circunstancia de que el plan especial del Cabanyal, hoy por hoy, prevé que todo el suelo expropiado para viviendas sea bajo régimen de protección. Este argumento ha llevado al servicio jurídico municipal a plantear un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Jurado Provincial.
Es fácil imaginar el descalabro que supondría para el estudio económico del plan del Cabanyal -entre 144 y 250 millones de euros- y para las arcas locales que las valoraciones inicialmente calculadas se multiplicaran finalmente por cuatro o cinco veces más. Cabe recordar que hace unos meses los socios privados -todo empresas promotoras- que habían entrado a formar parte de la sociedad mixta Cabanyal 2010, órgano gestor del plan, se "descolgaron" del proyecto vendiendo sus acciones a las administraciones valencianas, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana.




* Levante-EMV - H. G./S. G. - 25.10.2008
Foto: Valencia, el Cabanyal - levante-emv.com

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Julián Muñoz declara como imputado en la causa por el pago de tres millones a Del Nido

SUR/Marbella* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el abogado José María del Nido acudieron ayer a los juzgados de Marbella para declarar como imputados por la querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento a los servicios del letrado entre 2000 y 2001.

Del Nido llegó una hora antes que Julián Muñoz a las dependencias judiciales y ambos eludieron hacer declaraciones sobre este asunto a los periodistas.

Durante las comparecencias judiciales, Del Nido ha mantenido un careo con un antiguo interventor del ayuntamiento, han explicado a Efe fuentes judiciales, que han eludido dar detalles sobre el contenido de dicho encuentro.

Las comparecencias de Muñoz y Del Nido se aplazaron el pasado lunes debido a que coincidieron con el paro convocado por los secretarios judiciales y con la junta de jueces a nivel nacional.

Ésta es la primera ocasión en la que Muñoz declara en los Juzgados de Marbella desde que Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado, el pasado 10 de octubre, tras permanecer en prisión desde julio de 2006, cuando fue detenido por el "caso Malaya", aunque en la actualidad cumple pena por tres causas urbanísticas por las que fue condenado posteriormente.

Este beneficio penitenciario le permite residir fuera de la prisión pernoctando de domingo a jueves en la antigua cárcel de Málaga capital, donde se encuentra la sección abierta dependiente del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.

Además de Muñoz, estaban citados hoy a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella , Ricardo Puyol, el ex concejal Esteban Guzmán y el ex administrador de la empresa municipal Eventos 2000 Modesto Perodia aunque, según las fuentes, ambas se ha suspendido sin fecha.

Por esta causa judicial ya declararon en septiembre de 2006 Muñoz y Del Nido, mientras que en abril de 2007 también lo hicieron tres ex concejales del Ayuntamiento de Marbella como imputados.

Tres millones de euros

En la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 consta que el abogado y presidente del Sevilla F.C., José María del Nido, facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales.

La Fiscalía establece que hay «abundantes y evidentes indicios» de que Julián Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y, «en ningún caso, justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado».






* SUR - 25.10.2008
Foto: Marbella, puerto Banús - diariosur.es

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Lanzarote: El TSJC ve ejecutable la sentencia del Islas Canarias

CANARIAS7* : El TSJC ha rechazado la solicitud del Ayuntamiento de Arrecife de no ejecutar la sentencia del Supremo que confirmó la ilegalidad de la licencia del parking del Islas Canarias, concedida en 2002 por la alcaldesa Isabel Déniz.

Los nuevos mandatarios han tildado el auto de «poco afortunado».

El concejal de Urbanismo y teniente de Alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra, ha tildado de «poco afortunado» el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), conocido ayer, que rechaza la petición del Ayuntamiento de no ejecutar la sentencia del Supremo por la que se declaran nulas las licencias otorgadas al aparcamiento del parque Islas Canarias.

«La magistrada se pronuncia sobre el parking en sí, sin tener en cuenta en ningún momento que encima del mismo hay un casco urbano que existe de siempre, y viales, por lo que ejecutar la sentencia de nulidad implica dejar allí directamente un hoyo»

Tanto Becerra como el alcalde, Pérez Parrilla, subrayaron que «de lo que se habla es estrictamente de la licencia ilegal y no de orden de derribo», aunque el segundo constató que «sería la última consecuencia». El Ayuntamiento estudiará ahora las acciones oportunas en el caso.

VÍAS

En marzo de 2003, con la todavía pilista Isabel Déniz en la alcaldía, el pleno municipal concedió la licencia con la oposición dividida en el voto. Tras anularse la licencia, se abrieron dos vías de recurso. Una la municipal, hoy desestimada, y otra la de la empresa adjudicataria, que ha pedido la nulidad de la resolución que ilegaliza el permiso.

Ocho años de debate

En 2000, la Autoridad Portuaria otorgó la concesión administrativa de los terrenos considerados zona de servicio portuario. Dos años después, el Ayuntamiento lo hace a Parque Islas Canarias SL y la Fundación César Manrique interpone el recurso contencioso contra las licencias de obra y apertura.





* Canarias 7 - Lourdes Bermejo - Arrecife - 24.10.2008
Foto: Imagen del aparcamiento Islas Canarias. La licencia municipal luego se concedió en 2003. - Carrasco, canarias7.es

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Alicante: Denuncian que el PGOU carece de «informes exigidos por las leyes»

INFORMACIÓN* : La entidad Ecologistas en Acción ha denunciado hoy que la documentación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante carece del informe de sostenibilidad ambiental y del relativo a la suficiencia de los recursos hídricos, entre otros "importantes documentos" exigidos por varias leyes.

Fuentes de Ecologistas en Acción han anunciado que se reservan "las acciones legales que pudieran emprender para denunciar" esos presuntos "incumplimientos legales" y han reclamado al Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, que "comience de nuevo el procedimiento de elaboración de la revisión del PGOU".

Las mismas fuentes han recordado que el trámite de información pública de la documentación del PGOU de Alicante, iniciado el pasado viernes, durará tres meses y el del Informe de Sostenibilidad Ambiental, 45 días.

"Este último documento es obligatorio para someter el PGOU a una evaluación ambiental estratégica, propia de los planes y programas promovidos por la Administración Pública", han argumentado.

Sin embargo, en el caso de Alicante, el citado documento "no se somete a información, sino sólo a consulta de organismos públicos y a determinadas entidades", por lo que se podría incumplir "el artículo 10 de la Ley 9/2006 sobre evaluación ambiental estratégica, que dice que las consultas se deben extender al público en general".

Ecologistas en Acción han señalado también que "llama poderosamente la atención" que, entre la documentación del PGOU que se somete a información pública, no aparezcan "importantes documentos" exigidos por "diferentes leyes", como los estudios de impacto ambiental, del paisaje y acústico.

Tampoco figuran, según las mismas fuentes, el informe sobre suficiencia de recursos hídricos, el estudio de movilidad y el de sostenibilidad económica que "ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas por la implantación, el mantenimiento de infraestructuras o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes".

Los ecologistas sostienen que se trata, por consiguiente, de un "PGOU mutilado", porque la documentación se presenta "recortada" a los ciudadanos, al haberse "obviado de la preceptiva participación pública en su elaboración y de importantes documentos".

A su juicio, eso "dificulta, todavía más, la compresión de la insostenible propuesta de crear una ciudad de 500.000 personas con 50.000 nuevas viviendas a construir, en una época de estallido de la 'burbuja' inmobiliaria, de crisis económica y de descenso del flujo migratorio".

Según Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant sometió a exposición pública una propuesta del PGOU de ese municipio "incompleta y tuvo que rehacerla y exponerla de nuevo a información pública".




* Información - EFE - 23.10.2008
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com

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El fiscal pide cárcel para el ex secretario de Ourense

ELPAÍS* : El secretario del Ayuntamiento de Ourense durante los mandatos de Manuel Cabezas, Mariano Rodríguez Gutiérrez, no denunció en su día ante la Fiscalía un supuesto pelotazo urbanístico cometido por el ex regidor con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) porque no pudo acceder a la documentación.

Tras acusar en enero de 2006 a Cabezas, en unas declaraciones a la cadena Ser, de "haber acumulado capital" a costa del planeamiento urbanístico, anulado ahora por sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Galicia, y advertir: "Tengo documentación para mandar a este señor a la cárcel". Rodríguez acudió a su despacho, pero no pudo coger los informes "porque había dos policías en la puerta" que le impidieron entrar.

El técnico hizo estas declaraciones ayer en el Juzgado de Ourense, donde acudió acusado por el ex regidor del PP, cuyo letrado pide para el técnico, ya jubilado, dos años y medio de prisión y 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil por un delito de calumnias y alternativa de multa de 18 meses a 150 euros por día por un delito de injurias. Rodríguez se ratificó sin embargo en las denuncias. "Yo ya había advertido en los informes que había convenios urbanísticos y expedientes que iban en contra del ordenamiento jurídico y mi obligación era informar", declaró ante las preguntas del Fiscal jefe de la Audiencia, Florentino Delgado, quien pide también para él pena de cárcel y 13 meses de multa a 24 euros el día, más 18.000 euros. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Rodríguez no se desdijo ayer. Molesto con las preguntas del fiscal, a quien intentó recusar, reiteró que cuando acusó en la emisora a Cabezas estaba dando "fe pública de lo que ocurría", cumpliendo con su deber.





* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 24/10/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

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Espiral especulativa

MATÍAS KURTSCHEIDT* : Causan estupor las palabras del presidente de los promotores españoles cuando dice: "Que nadie espere que los pisos caigan un 30% o un 40% porque antes de eso se lo regalo al banco". En tiempos en los que quienes se beneficiaron de la especulación están siendo seriamente cuestionados, la tolerancia frente a arrebatos de soberbia de este tipo es poca. Más aún cuando, como en este caso, el presidente de los promotores españoles reclama el dinero de los contribuyentes para volver a accionar la espiral especulativa.

Como potencial comprador de un piso, me da igual si en un futuro se lo he de comprar a un promotor o a un banco, mientras no tenga que pagar un precio "inflado". Hace años que organismos internacionales venían denunciando que los precios de los pisos en España estaban sobrevalorados. La corrección que vendrá ahora estaba anunciada. Mientras antes y más bajen los precios, más seremos los que nos animemos a comprar un piso.

De momento, las palabras del presidente de los promotores españoles constatan lo bien invertido que está el alquiler que estoy pagando por el piso en el que vivo.






* ELPAIS.com - Opinión - Vitoria-Gasteiz, Álava - 20/10/2008

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Las promotoras ligadas a la cúpula de Urbanismo proyectan 5.000 casas en Dénia

INFORMACIÓN/Alicante* : Dos planes a los que opta Blauverd, accionista de la firma que tiene como consejero al coordinador de obras municipal, Jesús Escolano, suman un total de 4.700 viviendas. Han transcurrido dos meses desde que este diario destapara la vinculación existente entre la cúpula técnica del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Dénia, recién nombrada entonces por el pentapartito, y algunas empresas promotoras.

Desde entonces, el gobierno local integrado por PP, GD, CU, PSD y el tránsfuga Juan Collado, no ha tomado, que se sepa, medida alguna al respecto. Y no es un asunto menor, si se tiene en cuenta que hay pendientes en Dénia varios proyectos urbanísticos de dichas empresas, que supondrían la construcción al menos de en torno a 5.000 viviendas. El PSPV exigió explicaciones por escrito y por segunda vez ayer -ya lo hizo el 18 de septiembre, sin hallar respuesta- a la alcaldesa, Ana Kringe.
La relación de los dos principales técnicos de Urbanismo, Rogelio Mira y Jesús Escolano, con empresas del sector ha dejado rastro en el registro mercantil.
Jesús Escolano, coordinador de obras del Área de Urbanismo, administra una empresa de ingeniería civil y es además consejero de la sociedad Meridian Gestión Urbanística, participada por la promotora Blauverd, con grandes bolsas de terreno en Dénia.
De hecho, el Ayuntamiento de Dénia tendrá que decidir en breve sobre varios proyectos de la mercantil alzireña Blauverd. El más conocido es el del PAI Almadrava-Molins que presentó ya la empresa en el pasado mandato municipal para construir 3.954 viviendas junto al río Alberca. El proyecto fue rechazado por el equipo de gobierno de entonces (PSPV-Bloc) y en principio no se podría materializar hasta que se haga el nuevo PGOU, ya que en el Plan General Transitorio se dejó en suspenso el planeamiento de la zona. El pentapartito y su área de Urbanismo tienen que decidir ahora si mantienen los terrenos como urbanizables o los desclasifican, como pretendía el anterior ejecutivo.
Menos conocido es otro proyecto al que opta Blauverd. Es el del sector UOP-M5, para la construcción de 707 viviendas más. El proyecto lleva cerca de un año pendiente de adjudicación (al margen de Blauverd, también pujaba por él el grupo Villegas). Quizás el motivo del retraso sea la negativa de Blauverd a que parte de las viviendas sean de protección, como marca el Plan General.
Rogelio Mira, el máximo responsable técnico del departamento de Urbanismo municipal desde el mes de agosto, tiene dos sociedades domiciliadas en un mismo despacho en Pedreguer: Corokia S.L. y Arquimazara S.L., dedicadas al "negocio inmobiliario". De hecho, la segunda de ellas ha realizado proyectos para otra sociedad, Patrimonios del Levante S.L., con una destacada actividad constructora en Dénia durante los últimos años -cuando Mira era ya arquitecto municipal y entre sus funciones estaba la de informar los proyectos-, y con varios proyectos aún en marcha.De hecho, esta empresa, según publicita su propia página web, ha construido 8 promociones durante estos últimos años en Dénia y las entidades locales de La Xara y Jesús Pobre, y todavía tiene en curso otras dos.
Por otro lado, en el pleno ordinario de agosto, la concejala de Planeamiento Urbanístico, Pepa Font (CU) se comprometió "en nombre del equipo de gobierno" a encargar al secretario municipal un informe sobre si las relaciones profesionales de Mira y Escolano implican algún tipo de incompatibilidad. El 18 de septiembre, el PSPV pidió el informe. Los socialistas no obtuvieron respuesta, por lo que ayer volvieron a solicitar la misma información adviritiendo a Kringe de que puede constituir delito de prevaricación.




* Información - SERGI GARCÍA - 22.10.2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)

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Adenex denuncia la "pérdida" de valores históricos y ambientales del Conjunto Monumental de Mérida

EXTREMADURAALDÍA* : La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura Adenex, denunció hoy la "pérdida" de valores históricos y ambientales del Conjunto Monumental de Mérida y el "empobrecimiento" de los argumentos de los gestores responsables para la protección y recuperación del "singular y valioso" legado histórico.

Adenex, con motivo de la celebración de la última reunión de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, que tuvo lugar el pasado día 21 de octubre de 2008, a la que asisitió como miembro, señala que "una vez más", no se ha informado a los medios de comunicación, de "muchos e importantes" asuntos tratados en la reunión de la Comisión y que tan solo ha trascendido a la opinión pública, "aspectos menores e intrascendentes, cuando no anecdóticos" .

Al respecto, Adenex, dice que tiene que informar que en uno de los puntos del Orden del Día, se ha tratado la reforma de una vivienda, junto al Templo de Diana. Obra paralizada por el Ayuntamiento y el Consorcio.

En este sentido, ADENEX ha denunciado la "falta de sensibilidad" de estas instituciones, que tienen que velar por la conservación del Patrimonio Arquitectónico, al autorizar transformar la tipología de fachadas, "permitiendo alterar huecos de ventanales, alegando que no tienen valor histórico". Por ello, Adenex considera "inadmisible" que en el Plan de Protección del PGOU de Mérida se permitan estas "aberraciones", que den lugar a estas actuaciones.

Además, la organización conservacionista ha expresado su preocupación ante una nueva actuación urbanística en el entorno monumental del Acueducto de San Lázaro y Xenodoquio; se trata de una promoción de viviendas, " que dificultará, aún más, la contemplación del monumento".

También, en la Comisión ejecutiva, y según apuntan los ecologistas, se ha informado de la excavación del solar sito en la calle Viñeros. Un importante y excepcional yacimiento (se trata de un enorme edificio religioso, perteneciente al Foro Romano), que según indica Adenex, "es obligado que sea reconocida por los poderes públicos, especialmente por la Junta de Extremadura", para que se destine las cantidades económicas necesarias para recuperar y poner en valor "ese tesoro cultural", y se evite decididamente cualquier especulación sobre su futuro.

Asi mismo, Adenex, denuncia la "degradación" del entorno natural y monumental que está sufriendo la zona de La Godina-Rabo de Buey , no sólo por las actuaciones urbanísticas actuales, que invaden la vía pecuaria, camino histórico y entornos monumentales, sino que según la asociación, los futuros planes urbanísticos que se ciernen sobre la zona, "ponen en peligro de desaparición la vaguada del Arroyo de las Arquitas, lo que puede producir incluso problemas de escorrentía superficial y avenidas, difícilmente evaluables".

Por todo ello, Adenex, denuncia, "una vez más", la pérdida de valores históricos y ambientales del Conjunto Monumental de Mérida.





* Extremadura al Día - 23 oct 2008
Foto: edicficio en construcción en el entorno del Templo de Diana en Mérida - extremaduraaldia.com

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Coslada: un mes, tres inundaciones

ELPAÍS/Madrid* : "Hasta que no muera más gente, nadie va a hacer nada por arreglarlo. Nuestras casas se inundan cada vez que llueve sin que nadie venga a arreglarlo". De esa forma tan rotunda se expresaba ayer Esperanza Oliva, una vecina del distrito de Vicálvaro cuya vivienda colinda con Coslada. En el plazo justo de un mes su vivienda se ha anegado tres veces.

"Y sin que la Administración haya hecho nada para arreglarlo", añade. Hartos de esta situación, los afectados no descartan movilizaciones más fuertes si la Comunidad o el Ayuntamiento de Madrid no realiza obras que eviten esos problemas cada vez que llueva.

La forma en que llovió ayer no tiene que ver con las dos primeras. No hubo tormentas ni grandes precipitaciones en un corto periodo de tiempo. La lluvia cayó de forma continua durante toda la noche, sin que se registraran grandes balsas de agua ni inundaciones en la región. Con una única excepción: la avenida de Vicálvaro, en Coslada. Los vecinos pasaron toda la noche en vela ante el riesgo de que se volvieran a anegar sus viviendas, en especial los huertos y los jardines de sus casas.

A primera hora de la mañana, sobre las nueve, la situación era tranquila, pero conforme avanzaba el día se fue complicando. Una gran avenida de agua caía por un torrente formado justo delante de las casas. El origen eran las obras de urbanización y la falta de colector en el futuro barrio de El Cañaveral. Como toda esa zona no tiene tuberías, el líquido sigue la caída natural, cauce abajo. A eso se une la falta de canalizaciones adecuadas en la M-45. La consecuencia es que las lluvias se ceban con las casas de esa zona y la humedad se cuela por todos los lados.

"¿Por qué no viene nadie de la Comunidad de Madrid ahora a ver cómo lo estamos pasando?", se quejaba a gritos una vecina que tiene a su madre, de más de 80 años, en silla de ruedas. "Y si el agua sube mucho, ¿cómo la saco yo de casa?", preguntaba a otros vecinos con cara de indignación. Los residentes ya están pertrechados para hacer frente a tanta inundación: botas de agua, impermeables y palas para desalojar el agua. Pero todo este material resulta insuficiente ante las torrenteras.

Algunos patios de la avenida de Coslada tenían ayer hasta medio metro de agua. Al lugar sólo acudieron dos concejales de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Coslada.

La primera inundación se produjo el 22 de septiembre, justo un mes antes. En ella murió una mujer tras ser arrastrada por una riada. Ese día cayeron 52 litros por metro cuadrado en cuatro horas; 20 días después, el 12 de octubre, se reprodujeron los hechos. Durante la noche se recogieron 46 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones de ayer fueron de unos 15 litros por metro cuadrado.

"El problema es que la tierra no es capaz de tragar y los colectores rebosan", se quejaba María de los Remedios Lozano, una vecina de Vicálvaro. En su casa se respira un olor nauseabundo que sale de los desagües. "Esto es infernal. En cuanto llueve, me tengo que levantar y poner mantas bajo las puertas para que no entre el agua", protesta.

El alcalde de Coslada, el socialista Ángel Viveros, anunció que se manifestará con los vecinos si el Ayuntamiento de Madrid no pone solución a las inundaciones. "No voy a permitir que sean otra vez los vecinos de Coslada quienes resulten perjudicados por la inoperancia de otras administraciones. Asumo la responsabilidad de llevar a cabo una actuación de emergencia en otro término municipal", adelantó el primer edil. La Comunidad ha encargado un estudio de la zona, cuya redacción tardará un mes.

Otra zona que se anegó ayer fue el poblado chabolista de El Gallinero (Villa de Vallecas), donde viven unas 60 familias rumanas.





* ELPAIS.com - F. JAVIER BARROSO - Madrid - 23/10/2008
Foto: Un hombre intenta salir de un jardin anegado en la avenida de Vicálvaro- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais.com

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La UE investigará el nuevo puerto de Benitatxell y la ampliación del de Xàbia

ELPAÍS/Alicante* : La Unión Europea (UE) investigará los dos últimos proyectos para construir un nuevo puerto en el litoral de Benitatxell y para ampliar el del de Xàbia. Acció Ecologista-Agró anunció la presentación de una denuncia ante las autoridades de Bruselas contra el plan de una mercantil de realizar unas instalaciones portuarias en el litoral de los Penyasegats, que ha recibido el apoyo del gobierno local de Benitatxell (integrado por el Partido Independiente Democrático, Piddeb) pese a tratarse de una costa protegida por la UE.

"Es evidente que tanto el Ayuntamiento de Benitatxell como la Generalitat no respetan la normativa medioambiental, por lo que sólo Europa nos ofrece garantías para paralizar ese puerto", dijo el portavoz ecologista Joan Sala, quien advirtió de que la Consejería de Infraestructuras "es muy amiga de este tipo de obras, como ha demostrado con la ampliación del puerto de Xàbia". Según Sala, esta costa alberga endemismos, entre ellos, 15 ejemplares de Silene hifacensis y praderas de posidonia oceánica.

Por otro lado, el Comité de Peticiones de la UE ha admitido a trámite dos peticiones enviadas por el Ayuntamiento de Xàbia y por la Plataforma en Defensa del Litoral para "alertar de la posible ampliación del puerto" de esta población, que contempla una nueva escollera y un total de 1.000 amarres deportivos. Así lo informó el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein al alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort.

Por otro lado, las organizaciones ecologistas SEO-Birdlife. WWF/ Adena y Xoriguer han instado al Ayuntamiento de El Campello a retirar el proyecto del puerto deportivo en la cala Baeza por su negativo impacto en las praderas de posidonia y en las colonias de aves.





* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 21/10/2008

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La legalización de 200 viviendas en Marbella ponen en entredicho la actitud de la Junta y el ayuntamiento

GAS* : Una vez más, viviendas ilegales construidas durante el transcurso del gobierno de Jesús Gil, han sido indultadas tanto por el Ayuntamiento del municipio malagueño, como por la Junta, ya que consideran viable que se mantengan estas viviendas, a día de hoy vacías, a pesar de que en el PGOU, se señale a estas viviendas fuera del modelo de ciudad que a día de hoy se intenta encauzar la realidad marbellí.

El Ayuntamiento de Marbella y Junta de Andalucía, están llevando a cabo reuniones, en las cuales, al parecer se estarían poniendo las bases para las diferentes modificaciones que éstos, quieren llevar a cabo en el nuevo PGOU. La negativa de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, de llevar a cabo los derribos de las viviendas hoy consideras ilegales, así como la connivencia de la Junta ante las actuaciones que está llevando a cabo el consistorio, con el afán de dar normalidad al funcionamiento del Ayuntamiento tras los escándalos urbanísticos destapados, dan una idea de por qué, de las 700 viviendas que se suponía que no tenían posibilidad alguna de legalización, 200 ya están en proceso de ser legalizadas, gracias al apoyo de la Junta y el Ayuntamiento, y con la única traba legal del paso por los tribunales, para legalizar definitivamente éstas construcciones.

Las legalizaciones que se están llevando a cabo corresponden a edificios que claramente incumplen la legalidad. Así, nos encontramos con edificaciones como la urbanización Jardines del Príncipe, 81 apartamentos que superaban en un 40% la edificabilidad permitida, ya que tapaba las vistas de otras viviendas hacia el mar. En un primer momento, se consideró que el edificio debía ser demolido parcialmente, para que cumpliese lo establecido legalmente, aunque posteriormente se ha dado marcha atrás, gracias al encuentro entre Ayuntamiento y empresa promotora. La empresa donará los bajos del edificio al consistorio a cambio de que se mantenga la estructura inicial de la construcción.

Así, otros promotores como Tomás olivo y José María Enriquez (ambos procesados por el caso Malaya), han conseguido mantener sus inversiones en Marbella. Tomás, ha llegado a un trato con el Ayuntamiento para regularizar la 3ª fase del macrocentrocomercial La Cañada, en compensación a la legalización, el promotor ha entregado 92.000 metros cuadrados de los 200.000 que se le exigía en concepto de suelo para equipamiento municipal, y en dicho terreno se acondicionará un recinto ferial. Por lo tanto aún le quedan 110.000 metros cuadrados para uso comercial.
En el caso de José María Enriquez, su proyecto, Jardines de la Costa-16, han seguido su construcción a pesar de existir una orden de paralización de la obra. En este caso, el promotor comprará parte del suelo para cederla posteriormente al Ayuntamiento como zona verde.

La situación no se perfila fácil para las promotoras, pero si los arreglos entre empresarixs y Ayuntamiento siguen produciéndose, es posible que se siga reproduciendo el mismo problema que aqueja a gran parte de la costa andaluza, donde el turismo ha encaminado la economía hacia una carrera por la urbanización masiva, que a pesar de la paralización de la burbuja urbanística, aún hoy se sigue normalizando y asimilando parte del problema, ya que es posible que sea más rentable para el Ayuntamiento, en este caso el de Marbella, dar concesiones a empresarixs, que arrancar el problema de raíz y posicionarse por una sostenibilidad coherente.






* Grupo de Acción Social (GAS) - 18/10/2008

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"Mejor en billetes grandes, ocupan menos espacio"

ELPAÍS/Alicante* : Manuel Barrera, concejal independiente del Ayuntamiento de San Fulgencio, fue arrestado el lunes a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, cuatro días después de la difusión de un DVD que recoge el momento en el que el edil coge un sobre con 5.000 euros a cambio de apoyar el PAI de la Cantera.

La cinta reproduce una comida entre Barreda y dos representantes un grupo inversor de Cataluña y Andorra celebrada en un restaurante en Valencia a principios de septiembre. En un momento de la conversación, uno de los dos interlocutores de Barrera asegura: "Ya tengo una consignación desde agosto, 5.000 euros". Y, a continuación, le entrega el sobre Barrera. Éste coge el sobre, examina el interior y comenta: "Mejor en billetes grandes, ocupan menos espacio". Este DVD ha sido distribuido este miércoles de manera anónima en todos los medios de comunicación de Alicante y un día antes entre los vecinos de San Fulgencio.

Junto a la cinta, cuya autoría se atribuye un grupo de empresarios no identificados, se adjuntó una nota en la que los citados empresarios señalan que han decido dar a conocer la grabación tras comprobar que el proyecto urbanístico con campo de golf, casino, puerto deportivo y hoteles que les propuso invertir el concejal Barrera "no existe". "Para empezar nos exigió una entrega económica para facilitarnos documentación, alegando que le hacía falta para comprarse un coche, hacer reformas en su casa, irse de viaje, comprarse un barco, sus juergas con las mujeres y así seguir manteniendo su doble vida", recoge otro párrafo del citado anónimo.





* ELPAIS.com - 22.10.2008
Foto: San Fulgencio (Alicante) - ayto-sanfulgencio.es

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Cerco a las viviendas ilegales en el Millars

LEVANTE/Castelló* : La Fiscalía de Castelló ha remitido al juzgado la primera denuncia contra un particular por construir de forma ilegal dentro de la zona húmeda protegida de la desembocadura del Millars, en el término municipal de Almassora.

Se trata de la resolución de la primera de las dieciséis investigaciones penales que la Fiscalía abrió el pasado mes de abril sobre otras tantas construcciones ilegales en el paisaje protegido por la Generalitat después de aceptar la denuncia presentada el año pasado por el grupo conservacionista Gecen que denunció hasta 120 edificaciones en el entorno de la desembocadura.
Según el decreto del fiscal jefe de Castelló, fechado el pasado 23 de septiembre, la Fiscalía remite al juzgado la denuncia tras comprobar que dentro de la zona húmeda y coincidiendo con la parcela I-56 se han construido dos estructuras "de 3 por 6 metros y otra de 7 por 3 metros con ventanas con rejas y puerta, así como dependencia aneja cuyo destino es de gallinero". En las diligencias se especifica que, al encontrarse en zona húmeda y en el dominio privado del cauce del río las estructuras no son "susceptibles de obtener autorización". En este sentido se propone la remisión al juzgado y que se tome declaración como imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio al usuario de las edificaciones y se recabe un informe de la confederación hidrográfica para comprobar si se ha abierto un expediente disciplinario.
Por parte del grupo Gecen insistieron en que el destino de estas construcciones ilegales, "bien con responsabilidad penal para el propietario o sin ella" debería ser "el derribo y la restauración al estado anterior de dicha agresión".
En este sentido desde la asociación consideraron "de especial relevancia" la conclusión de este proceso "ya que de él se derivará o bien el 'construye que no pasa nada' o bien el inicio de un punto de inflexión en la degradación del humedal, que abriría las puertas a actuaciones de gestión creíbles en pro de la conservación del patrimonio natural".
Los efectos
Además desde Gecen confiaron en que el resto de las quince denuncias tengan el mismo destino. Cabe recordar que la Fiscalía abrió estas 16 investigaciones penales tras recibir una denuncia de Gecen contra 120 edificaciones dentro del paisaje protegido. En abril, la fiscalía dictó el archivo de las denuncias contra todas aquellas construcciones anteriores a 2003 aunque remitió a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Conselleria de Medio Ambiente y a Costas un informe con la relación de todas ellas "a los efectos oportunos".





* Levante-EMV - Victoria Salinas, Almassora - 22.10.2008
Foto: construcciones. Cauce del río Millars entre Vila-real y Almassora, en cuyo entorno se han ido levantando edificaciones que está investigando la Fiscalía.
vicent martí, levante-emv.com

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Londres y Berlín presionan a España contra la Ley de Costas

ELPAÍS* : Cliff Carter no sale de su asombro. "¿Usted cree que la gente en España no protesta porque lo heredó de la época de Franco?". Este jubilado británico llegó en 2003 a Valencia a vivir en la casa que sus suegros le habían dejado a su mujer, María José Ruiz, que se define como Miss Carter (herencia de 30 años en las islas). La casa, blanca, de dos plantas, construida en los años setenta, tranquila a más no poder, está en la playa de El Saler, en un parque natural a 15 kilómetros de Valencia.

El 2 de abril pasado recibieron una carta que aún marca al matrimonio. En ella, la Dirección General de Costas les comunicaba que había completado el deslinde de la zona y que, en virtud de una ley de 1988, la construcción estaba en dominio público, que podían pedir una concesión para seguir disfrutándola durante 30 o 60 años. Y Cliff no lo entiende. Cientos de extranjeros (la mayoría británicos y alemanes) y miles de españoles se encuentran en la misma situación. Y las quejas han cruzado la frontera.

El Reino Unido y Alemania han pedido explicaciones a España por lo que consideran expropiaciones abusivas a sus súbditos en la costa española. Las embajadas de estos países han reclamado al Ministerio de Medio Ambiente aclaraciones sobre la Ley de Costas, vigente desde 1988, pero cuya aplicación se aceleró en 2004, con la llegada de Cristina Narbona al ministerio. Miles de españoles y cientos de extranjeros han visto cómo sus casas en primera línea de playa están pasando a manos del Estado. Pueden usarlas durante al menos 30 años, pero no pueden venderlas ni ampliarlas y para hacer obras necesitan un permiso.

Las presiones son frecuentes. El 21 de mayo de 2007 el secretario del Ministerio de Exteriores británico, Peter Ricketts, "elevó la cuestión" al embajador español en Londres, según explica un documento del Ejecutivo británico al que ha tenido acceso EL PAÍS. En septiembre de ese año, Ricketts "trató la cuestión" con el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, durante una visita oficial a Madrid. Finalmente, el pasado 18 de septiembre, la secretaria de Estado de Asuntos Consulares de Reino Unido, Meg Munn, se reunió en el Ministerio de Medio Ambiente con el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, y con la directora general de Costas, Alicia Paz Antolín, para pedirles detalles sobre la ley y su aplicación.

"Nuestra embajada en Madrid ha elevado la preocupación a alto nivel, a menudo, en colaboración con otras embajadas de la Unión Europea cuyos ciudadanos también se han visto afectados. Seguiremos haciendo lobby en el ámbito nacional y regional para conseguir más seguridad para los derechos sobre la propiedad privada en España", escribía el pasado marzo un responsable británico. En ese mismo texto añadía, sin embargo, que el Reino Unido "no puede interferir en las leyes de otro Estado soberano". Los consulados en España a los que acuden los británicos a protestar recomiendan quejarse ante el Defensor del Pueblo o llevar el caso al Parlamento Europeo, algo que ya han hecho. El vicecónsul británico en Alicante, John Tomlinson, respondió por escrito a Cliff en febrero pasado: "Lamento conocer otro ejemplo más de los problemas que los ciudadanos británicos están padeciendo en relación con la propiedad en España y comprendo los problemas que le está causando".

Entre los aliados de Reino Unido está Alemania, según fuentes próximas a los encuentros. Representantes alemanes se reunieron antes del verano con el Ministerio de Medio Ambiente para trasladar quejas parecidas. Un portavoz alemán admite: "Por supuesto, estamos en contacto con las autoridades españolas para informarnos sobre la ley y su aplicación".

La directora general de Costas, Alicia Paz, asistió a la última reunión con los representantes británicos. "Querían más bien información técnica sobre la ley y su aplicación y dijeron que compartían el espíritu de la ley", explica a este periódico en su despacho en la primera entrevista desde que en julio fue nombrada.

El Reino Unido comprende que España quiera limitar los daños del desbarre urbanístico en la costa. Lo que no acaba de compartir es el método que utiliza España para expropiar a los dueños de las casas. Considera que afecta a compradores de buena fe y que no siempre garantiza la seguridad jurídica. La mayoría de los registros de la propiedad no alertan de si la propiedad está afectada por un deslinde o si puede estarlo en el futuro. Así que alguien desprevenido puede comprar una vivienda legalmente y verse sorprendido en unos años con que el suelo pasa a manos del Estado. Medio Ambiente anuncia que prepara un convenio con los registradores y notarios para asegurarse de que las servidumbres de la Ley de Costas queden reflejadas de forma clara y rápida en las escrituras de propiedad.

Los británicos lamentan que llueve sobre mojado, ya que los problemas se unen a casos como el de la ley valenciana de urbanismo, que propició la expropiación a cientos de británicos para construir urbanizaciones. Los ingleses denuncian el caso a sus diputados, estos al Gobierno y así llegan a la embajada. En casi todos los encuentros bilaterales del último año ha salido el tema de la Ley de Costas.

La ley establece que en primera línea de playa, el llamado "dominio público marítimo terrestre", no puede haber ninguna casa, ninguna piscina. Como muchas de esas construcciones estaban allí desde antes de 1988, la norma establece que el suelo pasará a ser propiedad estatal y que los dueños tendrán una concesión de 30 años, ampliable a 60. El problema es que para delimitar si una casa estaba en la zona pública o privada, Costas tenía que hacer un trámite -el deslinde- sin el cual no se puede aplicar la norma. La ley daba cinco años de plazo para deslindar toda la costa, pero 20 años después aún faltan 1.845 kilómetros (el 17% del total) por deslindar.

El deslinde no es sencillo porque hay que hacer complejos estudios topográficos, ya que la norma define el dominio público con conceptos geográficos. Así, dice que será público hasta "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos" o "las playas o depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas, incluyendo escarpes y guijarros y dunas". Además, suele haber multitud de alegaciones de los afectados, ya que mover la línea uno o dos metros supone mucho dinero. La aprobación de deslindes estuvo prácticamente paralizada entre 1996 y 2004, con el PP, y el Gobierno prevé terminar el deslinde de todo el litoral en 2011. En 2018 comenzarán a caducar masivamente las concesiones otorgadas desde 1988.

En ese trámite, Costas acaba de incluir la casa de Cliff en dominio público. Y junto a ésta, las 80 viviendas de la urbanización La Casbah y el hotel Sidi Saler, de cinco estrellas. Todos fueron construidos en los años setenta. Y los dueños están molestos. "Que apliquen el sentido común. Puede que el hotel no guste. Pero se construyó porque hubo una subasta de suelo público para hacer un hotel. Ahora no nos pueden quitar el suelo. ¿Por qué no empiezan por las miles de casas ilegales que hay en España", se pregunta Roger Zimmerman, el alemán que dirige el establecimiento, y que se ha reunido con la embajada alemana. Zimmerman viste un impecable traje. Poco que ver con la ropa casi veraniega que aún lucen los vecinos de La Casbah.

La urbanización hierve, y al llegar el periodista los vecinos le asaltan espontáneamente para contar sus quejas. "No duermo desde que recibí la notificación de Costas. Ésta es mi casa y no me la pueden quitar", explica Mercedes Gómez. Irene Calvet narra que nació aquí y que ahora vive con sus hijos pequeños: "Me he quedado en paro, y ahora si tengo necesidad no podría vender mi casa".

Las casas de la urbanización más alejadas del mar están a decenas de metros de la arena de la playa, pero en su carta, Costas afirma que "se encuentran en la actualidad sobre el conjunto de dunas de la playa de la Devesa".

Todos los vecinos citan ejemplos de hoteles y edificios mucho más recientes y más cerca del mar, desde el Algarrobico a los hoteles ilegales de Lanzarote que siguen en pie pese a carecer de licencia. Cliff resume: "La casa de al lado valía 600.000 euros. Ahora no podemos vender ésta, y cuando nosotros muramos se acabó, la casa ya no existirá. Si un día queremos venderla, no podremos". El matrimonio Carter posee otro piso en Valencia. La mayoría de afectados tiene su casa en la costa como segunda residencia, según el Ejecutivo, que añade que intenta ayudar a reubicar a aquellos que se ven afectados en una primera residencia.

Los perjudicados se están organizando y han creado la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Su presidenta, Carmen del Amo, calcula que hay unas 45.000 viviendas que podrían estar marcadas por dicha ley en toda España, un 15% de ellas en manos de extranjeros. "No sé de dónde sacan la cifra de viviendas. No tenemos estimaciones pero me parece elevada" replica Paz Antolín. El Ministerio de Medio Ambiente no comprende que el escándalo salte ahora por aplicar una ley de hace 20 años y que el PP ni tocó en sus ocho años de Gobierno. Y recuerda que ha ganado en los tribunales el 97% de los casos. La mayoría de sentencias de la Audiencia Nacional están de parte del Gobierno.

Paz Antolín afirma que el Gobierno no tiene ningún plan para impulsar una reforma de la ley, recuerda que el Constitucional avaló la norma y que la intención del Ejecutivo es garantizar que todo el mundo pueda acceder y disfrutar del litoral. Aunque la ley permite al Estado rescatar las concesiones en cualquier momento y por un precio que acaba siendo bajo, Paz Antolín niega que ése sea el plan del Gobierno: "No hay previsto un rescate de las concesiones salvo que en algún sitio haya un proyecto de utilidad pública, como un paseo marítimo o una regeneración de playas o dunas".


El Gobierno aconseja informarse bien antes de cerrar la compra

-¿Se compraría una casa en primera línea de playa?

-No tengo interés en estar en primera línea. Pero si tuviese que comprar iría a informarme bien antes de hacerlo.

La directora general para la Sostenibilidad de la Costa, Alicia Paz Antolín, aconseja a los interesados en comprar una casa en primera línea de playa que vayan a la demarcación de Costas. Allí debe estar el deslinde con el trazo que delimite la zona pública y la privada de playa. Si no está y hay un plan urbanístico debe tener al menos una línea de deslinde probable.

Pero eso sí, el deslinde puede ser revisado en unos años y adentrarse al interior, con lo que podría afectar a propietarios que se creían a salvo: "Desgraciadamente van a ser más los supuestos en los que los deslindes avancen hacia el interior" que hacia la costa. La construcción en la costa, los puertos, el menor aporte de arena en la playa por la regulación en los ríos y la subida del nivel del mar, todo va en contra de las playas. Por eso Costas en los últimos años ha multiplicado las regeneraciones de playa con arena del fondo marino.

Alicia Paz niega que su departamento realice ahora los deslindes con más dureza que antes: "La Administración aplica la ley de la manera más objetiva posible".






* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 20/10/2008
Foto: Propietarios de casas en la urbanización La Casbah, en El Saler- JESÚS CÍSCAR, elpais.com


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El Tribunal Supremo confirma la extinción del Plan Parcial Alborada de Teguise por el Plan Insular

DIARIODELANZAROTE* : El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la extinción del Plan Parcial Alborada de Teguise por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de 1991, desestimando el recurso de casación presentado por la empresa Cortijos del Majo S.A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 15 de septiembre de 2003.

El Alto Tribunal canario ya había desestimado la demanda formulada por dicha empresa para que se declarase aprobado y en vigor el plan parcial La Alborada en Costa Teguise, que preveía 7.000 nuevas camas.

En su recurso, la empresa Cortijos del Majo S.A. pretendía que el Tribunal Supremo declarase aprobado por silencio el plan parcial Alborada al amparo del antiguo Plan Insular de Lanzarote de 1973.

La empresa alegaba que el Cabildo de Lanzarote no tenía competencias para suspender la aprobación de planes parciales durante el proceso de elaboración del Plan Insular de 1991, iniciado en 1987, y que por ello el acuerdo de aprobación inicial del PIOT adoptado por el Pleno del Cabildo en 1989, sería nulo.

El Tribunal Supremo rechazó el pasado mes de junio en su sentencia todos los argumentos de Cortijos del Majo S.A. reafirmando las competencias del Cabildo de Lanzarote en materia de ordenación insular y la superioridad del Plan Insular sobre los demás planes parciales y generales municipales y confirmando la legalidad del acuerdo que impidió la aprobación definitiva del plan parcial Alborada y la clasificación del suelo de dicho plan como rústico en el PIOT.

Historia del Plan Parcial

El plan parcial Alborada se presentó en el Ayuntamiento de Teguise en septiembre de 1987 para su tramitación (unos meses después del inicio del proceso de aprobación del Plan Insular de Lanzarote).

Se aprobó inicial y provisionalmente mediante acuerdos plenarios adoptados por el Ayuntamiento en sesiones celebradas los días 4 de diciembre de 1987 y 30 de junio de 1988, siendo remitido a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC) para que resolviera sobre su aprobación definitiva.

El 31 de marzo de 1989 la CUMAC adoptó el acuerdo de suspensión de la aprobación definitiva del plan parcial Alborada al estar afectado por las determinaciones del PIO (que clasificaba el suelo de aquel como rústico) y haber suspendido el Cabildo, mediante acuerdo plenario, la aprobación de planes parciales contrarios al PIO en tramitación.

Los terrenos que pretendían ser ordenados por el plan parcial Alborada (propiedad de la familia Lamberti) se encuentran junto al plan parcial Costa Teguise y hubieran tenido capacidad edificatoria para aproximadamente 7.000 nuevas plazas alojativas. Este plan es uno de los veinte que se tramitaron coincidiendo con el inicio de la redacción del Plan Insular de 1991.





* Diario de Lanzarote - ACN - 21.10.2008
Foto: Teguise (Lanzarote), costa - diariodelanzarote.com

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