Las Palmas: Catálogo de pufos urbanísticos

LAPROVINCIA* : Las numerosas irregularidades urbanísticas de la época del PP han propiciado cuantiosos perjuicios económicos para los intereses de la ciudad, que ahora se enfrenta además al pago de indemnizaciones multimillonarias, tras los varapalos judiciales que comenzaron a sucederse a cuentagotas a partir de 2004 y amenazan desde 2008 con convertirse en una verdadera avalancha.

Sólo por la reversión de la parcela de Pavía y el caso del Canódromo, el Ayuntamiento se enfrenta al pago de indemnizaciones por más de 50 millones de euros.

La última sentencia, en la que el Supremo ratifica la anulación de la unidad de actuación para prolongar Mesa y López, expone al Ayuntamiento al pago de indemnizaciones millonarias si la empresa Fadesa decide reclamarlas. Esta es la última condena hecha pública, pero las denuncias sobre irregularidades urbanísticas comenzaron a multiplicarse desde 2002 y el movimiento vecinal jugó un papel importantísimo para que algunas de ellas llegaran a los tribunales.

Una de las primeras denuncias urbanísticas de la 'era Soria' estuvo protagonizada por la recalificación en el año 2000 de 3.000 metros cuadrados de terreno rústico que la hermana del ex alcalde había comprado tres años antes en Las Mesas. Soria llevó al nacionalista Marino Alduán -que fue el que denunció la recalificación- a los tribunales por injurias, pero perdió el caso.

También en 2002 salió a la luz el caso Valdemar, cuando dos propietarios de las parcelas que no fueron compensados por el promotor del edificio, junto al paseo de Las Canteras, amenazaron con ir a los tribunales.

La compra de la antigua fábrica La Favorita para oficinas municipales, bajo el mandato de Soria, provocó también un gran escándalo. El Ayuntamiento adquirió el edificio en 2002 por 12,3 millones de euros, pese a que un informe municipal lo valoró un año antes en 9,3 millones de euros. Los socialistas acusaron entonces al PP de "fabricar un traje a medida" para comprar La Favorita que le salió a la ciudad 3,3 millones más caro.

Pero, el primer gran varapalo judicial que reciben los populares se produce en 2004, cuando el TSJC anula la unidad de actuación para prolongar la avenida de Mesa y López.

Después fueron tumbadas las unidades de actuación previstas en la calle Presidente Alvear y la que contemplaba la construcción de una rambla peatonal entre la plaza de América y Las Canteras. La de Lazareto ha sido suspendida cautelarmente.

En todos los casos, el argumento es el mismo: en suelo urbano consolidado sólo se puede recurrir a la expropiación forzosa. A principios de este año se produce el segundo gran varapalo: el TSJC ordena al Ayuntamiento revertir a la familia Reyes el solar de Pavía, dado que el solar se expropió como zona deportiva y luego fue recalificado como espacio residencial con una altura que llegó varios años después a tener 16 plantas.

Luego, en febrero de 2008, el TSJC anula el plan especial que ampara la operación de las torres del Canódromo y la modificación del plan general, que recalificó una esquina de la zona de ocio para construir sendos edificios, porque no fue sometida a información pública. En realidad era la segunda anulación del plan. Unos meses antes el tribunal había dado la razón a uno de los dueños de un pequeño solar de la parcela que ocupan las torres que no fue indemnizado.

Los vecinos que denunciaron esta operación llevarán ahora a la Fiscalía Anticorrupción la operación de venta de más de 9 millones que protagonizó la empresa Urbacan con los solares que le permutó el Ayuntamiento. Este mes fue anulada también la licencia de construcción de las torres, pero la obra sigue adelante.

La lista de sentencias contra actuaciones urbanísticas continúa, y entre ellas figuran numerosas expropiaciones mal hechas, por las que el Ayuntamiento tendrá que pagar más de 28 millones.





* La Provincia - T. G. - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 19.10.2008
Foto: Solar de la calle Pavía. ANDRÉS CRUZ, laprovincia.es

.................................... Leer más...

Medio Ambiente blinda Las Salinas y paraliza el gran complejo urbanístico

ELALMERÍA/Roquetas de Mar* : Una Orden Ministerial establece como dominio público marítimo-terrestre 2.600 metros de costa en los que Amat había previsto construir 18.000 viviendas y un millón de metros de zonas verdes.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente que notifica la Orden Ministerial de 11 de junio de 2008, por la que se aprueba el deslinde en un tramo de costa de unos 2.600 metros de longitud en el término municipal de Roquetas de Mar, estableciendo "aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa comprendido entre el extremo norte de la calle Antonio Machado y las inmediaciones de las ruinas del antiguo cuartel de carabineros junto a la playa de los Bajos de la Romanilla". Se ordena además al Servicio Provincial de Costas iniciar"las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado".

Esta publicación supone la imposibilidad de construcción del gran complejo urbanístico que el alcalde Gabriel Amat y el equipo de gobierno del Partido Popular tenían previsto desarrollar en esa zona de primera línea de playa y da la razón a la oposición municipal de Indapa y PSOE que durante años han denunciado una política de "sólo ladrillos". También se ve así ratificada la versión de la Junta, que se oponía a la realización de este proyecto con argumentos de conservación de espacios naturales para evitar la degradación del medio ambiente y la política especulativa.

La Junta informó años atrás a la Dirección General de Costas que si bien Las Salinas no están catalogadas como humedales, sobre el territorio existe una protección total al diferenciarse en la zona dos hábitats correspondientes a las formaciones de matorrales halófilos mediterráneos y vegetación halófila mediterránea continental, estepas salinas, éste último catalogado como prioritario, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna silvestre, por lo que el área en cuestión alberga valores naturales al margen de que no esté incluido en un inventario en particular. El área se recoge también dentro del Plan de Ordenación del Poniente como un Sistema de Espacios Libres.

El deslinde Las Salinas es uno de los casos que han provocado una gran polémica en torno al municipio de Roquetas de Mar, ya que un grupo de propietarios presentó hace tres años un proyecto de urbanización que supuestamente contaba con la aprobación inicial del consistorio. Parte de este suelo está afectado por el nuevo deslinde y quedará convertido en dominio público y no habrá posibilidad de edificación.





* El Almería - I. M. G. / Roquetas De Mar - 21.10.2008
Foto: Esta zona se recoge dentro del Plan de Ordenación del Poniente como un sistema de Espacios Libres. - elalmeria.es

.................................... Leer más...

El decano del Colegio de Arquitectos critica la degradación territorial balear

DIARIODEMALLORCA* : El decano del Colegio de Arquitectos, Luis Antonio Corral, criticó ayer la degradación de Balears por la utilización del territorio que se ha hecho en muchas zonas. Como ejemplo, puso el uso "abusivo del litoral por la actividad urbanizadora", así como por infraestructuras que han afectado negativamente a los recursos naturales y los "activos medioambientales".

Corral realizó estas declaraciones durante la inauguración de las VII Jornadas de Ordenación del Territorio, organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears con la colaboración del Govern y del Consell de Mallorca, y que en esta edición se centran en el Convenio Europeo del Paisaje firmado en Florencia en el año 2000.
El conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, afirmó que la aprobación de las leyes del Suelo y del Paisaje son "dos objetivos inmediatos" del Govern. En el caso de la Ley del Suelo, resaltó que "precisamente tendrá como ejes vertebradores los criterios ambientales y paisajísticos", mientras que la del Paisaje dotará a las administraciones de los "·procedimientos para identificar y sobre todo gestionar, conservar y restaurar los paisajes de las islas".
Recordó que Balears es "un país pequeño y fragmentado" que tiene en el turismo su principal motor económico", por lo que el paisaje "debería ser entendido como un patrimonio identitario". Por ello, consideró que no puede seguir estando "amenazado por la actividad turística descontrolada ni por la arbitrariedad de las planificaciones de infraestructuras", dos cuestiones que han sido las "principales responsables de su deterioro".
La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, pronunció el discurso de inauguración oficial en el que recordó que la institución insular se adhirió el pasado mes de febrero a la Red Europea de Entes Locales y Regionales para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje. Armengol apostó por un cambio de modelo territorial en Mallorca que tenga como referente la protección del paisaje ya que el actual "ha tocado techo".
Resaltó que el Convenio Europeo "huye de la demagogia interesada" y no sólo habla de la protección del paisaje en ámbitos "excepcionales, sino también "en los paisajes cotidianos", como las entradas a los barrios o pueblos. "Las instituciones y la sociedad hemos de ser decididos y valientes para impulsar este cambio con una política urbanística y de protección del paisaje que debe ser el binomio para cambiar un modelo que ha tocado techo", concluyó la presidenta del Consell.





* Diario de Mallorca - VIRGINIA EZA. PALMA - 21.10.2008
Foto: Andratx (Mallorca), construcciones costa - efe, diariodemallorca.es

.................................... Leer más...

El juez sostiene que la vicepresidenta de Castilla y León prevaricó al recalificar un pinar

ELPAÍS* : El juez de Ávila que desde hace dos años instruye el caso por la tala de un pinar protegido en Las Navas del Marqués lo tiene tan claro como el fiscal: "Hay indicios racionales de la comisión de un delito de prevaricación" por la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, del PP, que firmó en 2004 la declaración de impacto ambiental que permitía talar más de 35.000 pinos protegidos para que el promotor Francisco Gómez, alias El Paloma, construyera 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf.

El juez Miguel Ángel Pérez califica ese dictamen como "ilegal y arbritrario" y apoya la petición del fiscal de que el Tribunal Superior de Justicia impute a Ruiz. En un escrito de 16 folios fechado el viernes pasado, el juez considera que la Junta de Castilla y León incumplió sus propias normas de protección de la naturaleza.

El juez coincide con el ministerio público en que toda la actuación de la Consejería de Medio Ambiente que dirigía Ruiz estuvo destinada a recalificar el pinar. Ruiz prometió al alcalde de Las navas, Gerardo Pérez, del PP y también imputado, que aporbaría la declaración. El alcalde y altos cargos de la Junta y la Diputación de Ávila habían firmado con el promotor de antemano que recalificarían el pinar y que si se retrasaba el trámite le indemnizarían con 1,5 millones de dinero público. La urbanización ya fue declarada ilegal en 2006 por el Tribunal Superior y ahora la justicia investiga si hubo delito en la aprobación del plan.

Miguel Ángel Pérez destaca que "las leyes no permitían" recalificar el pinar, que tiene una parte clasificada como área crítica para la cigüeña negra, en peligro de extinción. "Cuando se concibió y planificó el proyecto Ciudad del Golf y se realizaron las autorizaciones administrativas para llevarlo a cabo existín suficientes instrumentos legales para defender las áreas naturales más valiosas de las agresiones urbanísticas, de modo que sólo la frontal oposición de la Administración a aplicar sus propias normas hizo posible que se produjera la agresión al medio ambiente determinante de la presenta causa penal", afirma el escrito del juez.

El auto añade: "Aquellos informes técnicos de Medio Ambiente que podían cuestionar la legalidad de la urbanización, unas veces, directamente se omitieron (...) en otro caso no se hizo caso a lo informado por ellos (...) y, como caso más extremo, en determinados expedientes se exigió la colaboración a los técnicos para que los informes fueran favorables (esto ocurrió en el expediente de la declaración de impacto ambiental con la polémica exclusión del área crítica para la cigüeña negra".

El fiscal pidió, y el juez acepta, separar el caso en cuatro piezas y que el Tribuanl Superior investigue la aprobación ambiental (ya que Ruiz es aforada) y el juzgado de Ávila seguiría con el resto. También están imputados los miembros de la comisión de urbanismo que aprobaron la recalificación urbanística; el alcalde, el secretario municipal y el promotor por pactar de antemano la recalificación, y el promotor por talar 2.243 pinos cuando la urbanziación ya era ilegal con el argumento de que la sentencia no era firme.





* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 21/10/2008
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad Golf -J.Martin ( EFE )

.................................... Leer más...

Sólo 29 concellos adaptaron su Plan Xeral a la ley de 2002

FARODEVIGO* : ¿Cuánto tiempo lleva elaborar el plan urbanístico de un ayuntamiento en Galicia? A la vista de lo que está ocurriendo, años. Los datos son claros y rotundos. Seis años lleva ya en vigor la normativa autonómica que obliga a todos y cada uno de los concellos a poner a punto el diseño futuro de su territorio, la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, de 2002. Y, desde entonces, sólo 29 municipios de los 315 que salpican la geografía de la comunidad se han puesto al día.

Dos de ellos, además, cuentan sólo con la aprobación parcial. Es decir, que la Xunta les ha pedido unos cuantos retoques para recibir su beneplácito.
El 91% restante está en trámites. ¿En cuál exactamente? Es difícil saberlo, según la Consellería de Política Territorial. No quiere decir que ninguno de ellos haya presentado ya toda la documentación necesaria ante la Administración autonómica, pero el proceso todavía puede estar cerrado entre las paredes del correspondiente consistorio. Un "elevado porcentaje" se pierde en las discrepancias políticas de las corporaciones locales, lo que impide a los planes seguir dando los pasos administrativos necesarios. Otros pueden estar ahora en manos de la Consellería de Medio Ambiente, obligada ahora a someter a los planes generales de ordenación municipal (PGOM) a una evaluación ambiental y dictar su correspondiente informe de sostenibilidad. Ante semejante procesión burocrática, varios arquitectos gallegos señalan que la tramitación puede superar con creces los cinco o seis años. Y eso, añaden, si por camino no encuentran el recelo del Gobierno gallego y se ven obligados a modificarlos.

Ourense, en suspenso
La estadística no se cumple en el caso de Ourense, el primer concello que adaptó su plan. Recibió la aprobación de Política Territorial en abril de 2003. Cinco años después recibió un duro revés legal. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el documento porque "lo que se aprobó inicialmente no fue sometido a información pública". El veto es, además, para la totalidad y sólo el comienzo del calvario que le puede quedar a la vista de los 17 recursos que todavía quedan pendientes de resolver interpuestos por particulares y del Partido Socialista local, que en su momento -el gobierno estaba liderado por el Partido Popular- votó en contra. El concello alegó que se trataban de "vicios simplemente formales" y que en ningún momento se vulneró el interés de los propietarios, pero el alto tribunal gallego sentencia que "el vicio" no se puede subsanar "por falta de reclamaciones".
Al plan general de Santiago de Compostela le esperan también unos cuantos recursos ante el TSXG que se han ido publicando las últimas semanas en el Diario Oficial de Galicia (DOG. E pasado 1 de septiembre recibía el respaldo de Política Territorial. Contaba con la aprobación parcial en octubre de 2007, que dejaba en suspenso una quinta parte de las actuaciones previstas. La pregunta: ¿cuántas viviendas prevé construir? El concello compostelano calcula que la ciudad tiene capacidad para absorber 40.000 y suelo industrial equivalente a ocho polígonos industriales como el del Tambre.

En Vigo, Plan parcial
La tercera, y última, gran ciudad gallega que cuenta con planeamiento urbanístico autorizado ya por la Xunta es Vigo. Sólo de forma parcial. Tras un largo proceso de negociación, y una oleada de protestas desde la oposición al bipartido encabezado por Abel Caballero y Santiago Domínguez, vecinos y parte del sector en la recta final de la elaboración, el documento, iniciado hace más de siete años, echó a andar el 25 de agosto. Hasta 19 millones de metros cuadrados pasan a ser edificables, lo que permitirá elevar alrededor de 140.000 viviendas. El Concello prevé marcar el crecimiento del próximo cuarto de siglo, cuando la población superará los 400.000 habitantes. El impacto, según el responsable de urbanismo vigués, José Mariño, será "inmediato" con la puesta en marcha de obras que llevaban años atascadas.
La mayor parte los ayuntamientos que cumplen con la Lei do Solo están en la provincia de A Coruña. Además de la capital gallega, Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Boimorto, Vedra, A Pobra do Caramiñal, Zas, Curtis, Toques y Arzúa. La Dirección Xeral de Urbanismo dio su negativa al de Sobrado. El mismo veredicto para los de Esgos, Melón y Vilardevós, en la provincia de Ourense; y Moaña y Rodeiro, en Pontevedra. A lo que se añade la suspensión decretada por el TSXG a los planes de Ares, Gondomar, y el de Ourense.
En la provincia de Lugo están en vigor ya la planificación de O Incio, otro de los más apurados (2005), Paradela, Castroverde y Rábade. En Ourense, los de San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Avión, Amoeiro, Laza, Taboadela, Melón y Paderne de Allariz, que únicamente cuenta con la aprobación parcial. Y en la provincia de Pontevedra, únicamente Vigo.
Según los arquitectos y expertos en urbanismo, una de las claves de que los concellos pontevedreses se retrasen tanto está en los retoques constantes a los que han tenido que ser sometidos por la salida de normativas urbanísticas relacionadas con el litoral, como las Medidas Urxentes decretadas por el departamento que dirige María Xosé Caride para prohibir la construcción a menos de 500 metros de la costa. Los cinco niveles de protección contemplados se conocerán en 2009.

La visión "desoladora" de los arquitectos
El resumen de los arquitectos ante esta situación con los planeamientos urbanísticos en Galicia es "desalentadora". "En general -apunta el colectivo en su último informe general-, las normas que regulan el territorio están desfasada por su falta de adaptación al marco legal vigente". Y no es el único hándicap. Hay que tener en cuenta su "escasa entidad técnica". Las Normas Subsidiarias o Delimitaciones de suelo urbano. "En algunos casos -añaden-, esta fallas resultan irrelevantes frente a la simple inexistencia de una norma que regule la actividad urbanística".
Los arquitectos llaman la atención sobre el hecho de que la mayoría de los concellos costeros carezcan de un plan urbanístico. Únicamente dos ayuntamientos del litoral de la comunidad, A Pobra do Caramiñal y recientemente Vigo, se han adaptado a la ley vigente, pese a que la proximidad al mar o a las rías implica una mayor responsabilidad a la hora de dibujar el crecimiento de una localidad.

217 peticiones de ayudas para redactar el documento

Una de las principales razones que dan los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, para justificar los evidentes retrasos en la aprobación de sus planes urbanísticos es la falta de medios. Por eso, la Consellería de Política Territorial abrió una línea de ayudas para que los concellos pudieran hacer frente al costoso proceso. Desde la contratación de personal a los gastos derivados de la tramitación. Hasta comienzos de agosto, la Xunta había otorgado un total de 20,2 millones de euros entre 212 solicitudes presentadas. En la partida se contemplan todavía otros 6 millones de euros más, en previsión de más peticiones.
De los que tienen la subvención concedida, 182 saben la cuantía que van a recibir. Las cuantías oscilan entre los 31.400 que recibirá el concello lugués de Os Blancos y los más de 360.000 de Vilalba, en la misma provincia. La ayuda depende del volumen de población. Los de menos de 5.000 habitantes cubrirán al 100% el gasto; los que no superen los 20.000 tienen derecho a una partida de hasta el 90%. En la horquilla de los 20.000 y 50.000 habitantes, el 80%. Para las siete grandes ciudades gallegas, la colaboración se realiza mediante un convenio específico. En caso de que el municipio tenga su plan general suspendido por una orden judicial, "ante la situación más delicada y urgente" que supone, Política Territorial eleva hasta el 100% la ayuda, independientemente del número de habitantes.
"Esta línea de ayudas tiene un carácter transparente y objetivo de forma que cada concello puede calcular la cuantía que le corresponde", señalan desde el Gobierno gallego. Los parámetros establecidos coinciden con los precios recogidos por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para la elaboración y que tienen en cuenta el número de habitantes, la superficie, la dispersión de los núcleos y el tipo de planeamiento que está vigente en ese momento.





* Faro de Vigo - JULIO PÉREZ - 20.10.2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org

.................................... Leer más...

El círculo urbanístico se cierra sobre el acantilado de Benitatxell

ELPAÍS/Alicante* : El proyecto de un puerto deportivo consolidaría frente al mar la mayor barrera de cemento, que ya cubre sus montañas, de La Marina Alta. El majestuoso litoral de los Penyasegats de Benitatxell, formado por cuevas marinas, acantilados cortados a pico y calas de silenciosa belleza como la del Moraig o la del Llebeig, está ya en el ojo de la piqueta.

La decisión del Partido Independiente de Benitatxell (Piddeb), que gobierna la población con mayoría absoluta, de apoyar el proyecto de un puerto deportivo impulsado por una empresa privada amenaza esta costa protegida por la Unión Europea por sus endemismos y praderas de posidonia.

El Piddeb bendijo las instalaciones portuarias en el último pleno municipal pese a la indignación de tres de los grupos de la oposición (PP, PSPV y BNV), que denunciaron que la mercantil, denominada Real Club Náutico Pesquero y Deportivo de Benitatxell, SL, y con sede en Teulada, no ha presentado ni siquiera un estudio de impacto medioambiental, limitándose a asegurar que "la actuación será lo menos agresiva posible". Tampoco ha indicado en qué lugar ubicará las futuras instalaciones. "Hasta dentro de un mes no podremos decir nada", indicó a este diario uno de los administradores de la firma, Cristian Soto.

Habilitar un recinto portuario en una costa muy escarpada cuyos escasos accesos viarios se ven entorpecidos no sólo por la naturaleza sino por un gran número de urbanizaciones, se antoja difícil y puede disparar el impacto ambiental del proyecto. La mercantil, en la memoria que ha presentado al Ayuntamiento, admite que éste es un obstáculo serio y subraya la necesidad de realizar una circunvalación y nuevas carreteras que permitan transportar maquinaria pesada. Por su parte, fuentes de la oposición sostienen que la ubicación más probable sería la cala de los Testos, muy cerca de la del Moraig. Para llegar a ella, por cierto, habría que atravesar terrenos de la controvertida urbanización Cumbre del Sol, donde existen más de 5.000 viviendas.

Se trata de un proyecto ambicioso que, según la firma, podrá cubrir la demanda de amarres para embarcaciones recreativas durante los próximos 25 años y prevé la creación de un paseo marítimo. En el objeto social de la empresa que consta en el Registro Mercantil también se alude a la construcción de clubes náuticos, locales hosteleros y centros sociales y comerciales. Así, ofrecería 50 puestos de trabajo directos, además de otros 150 indirectos.

La propuesta irrumpe en plena crisis económica y cuando los ingresos por licencias urbanísticas en el Ayuntamiento se han desplomado y han pasado de los 900.000 euros en 2004 a tan sólo 75.000 en lo que va de 2008. De hecho, un 25% de los terrenos del plan parcial de Cumbre de Sol aún está pendiente de urbanizar. La empresa del puerto se erige como una solución al parón inmobiliario al asegurar que la dársena constituirá una "revalorización de las propiedades de la población derivada de la mejora en la oferta turística y ofrecer amarre de barco en el municipio".

El proyecto está minado de incógnitas. La firma se constituyó como sociedad limitada el mismo día que presentó su plan al Ayuntamiento y uno de sus administradores acudió a la comisión informativa en la que los ediles debatían la propuesta.

Las nuevas instalaciones portuarias cerrarán frente al mar un círculo de hormigón que comenzó a trazarse en la montaña de Benitatxell hace 30 años, en las postrimerías de la dictadura de Franco, cuando la empresa de Benissa VAPF le compró al Ayuntamiento los terrenos del Puig Llorença, un cerro de 445 metros de altura. En 1975, VAPF obtuvo autorización para construir en las lomas entonces vírgenes del monte una urbanización casi sin parangón en el resto de la costa valenciana, la de Cumbre del Sol. Hoy existen allí medio millar de viviendas y 100 kilómetros de viales sobre 3,7 millones de metros cuadrados que constituyen un abigarrado laberinto de chalés, bungalós, apartamentos, piscinas y supermercados. Un auténtico imperio urbanístico.

Con Cumbre de Sol, Benitatxell pasó de pueblo agrícola a emporio turístico-residencial de primer orden y experimentó una explosión demográfica: en 1981 había empadronados 1.525 habitantes; en 2008 ya son más de 5.000, el 63% de ellos extranjeros.

Esta expansión urbanística ha tenido un precio: "Aceleró la degradación del medioambiente en muy corto espacio de tiempo con un irreparable deterioro paisajístico", asevera la profesora de la Universidad de Alicante Cristina Montiel en un estudio sobre el desarrollo turístico de Benitatxell.

El Ayuntamiento, atraído por los ingresos por licencias, ha apoyado sin reparos a Cumbre del Sol. En 1987, cuando, con motivo de la redacción de las normas subsidiarias del municipio, la Generalitat gestionada entonces por el socialista Joan Lerma quiso elaborar un plan de especial protección para el área, se suspendieron las licencias en la zona. El Ayuntamiento y VAPF recurrieron. El conflicto se resolvió en enero de 1988 con un convenio entre VAPF y el Consistorio por el que la mercantil se comprometía a sacrificar los enclaves más espectaculares de la urbanización, como los acantilados y la cumbre del monte, para crear un cinturón verde protegido de 2,8 millones de metros.

Un alcalde imputado

El paraje idílico con el que la naturaleza recompensó a Benitatxell ha provocado sin embargo que en los últimos 30 años el municipio haya sufrido una intensa presión urbanística sazonada de conflictos sociales y escándalos políticos. Pese a su desmesurado crecimiento, la población ha dependido tanto de los ingresos urbanísticos que ya durante el presente mandato el Piddeb tramita un nuevo Plan General que prevé urbanizar otro millón de metros cuadrados y triplicar el censo de la población.

Este PGOU también se ha visto sacudido por la polémica: el 8 de julio de este año, el alcalde, Juan Cardona, y su primera teniente de alcalde, la austriaca Hannelore Rheindorf, fueron detenidos por la Guardia Civil por pedir a un promotor 50.000 euros por mantener urbanizables sus terrenos en ese documento. Los dos están imputados por un presunto delito de cohecho, según una causa abierta en un juzgado de Dénia y en el que están implicados también el administrador de fincas de origen alemán Kai Oliver Wagner y el arquitecto municipal.

Un aluvión de proyectos portuarios

Los proyectos de las empresas privadas para construir puertos deportivos arrecian en la Marina Alta. Además de Benitatxell, sólo durante este año en la comarca se han presentado otras dos propuestas: una para instalar una marina de 600 amarres en la desembocadura del río Girona, en Els Poblets, y otra para ampliar el puerto de Xàbia y dotarlo de un total de 1.000 amarres más. En paralelo, el año pasado se inauguró la ampliación del puerto de Dénia, que ahora tiene capacidad para otros 280 barcos.

Las inmejorables condiciones paisajísticas de la costa de La Marina y el componente residencial de su turismo han propiciado esta presión por parte de las empresas del sector, que insisten en sus proyectos portuarios pese a la oposición de los ecologistas, de algunos Ayuntamientos, como el de Xàbia o el de Dénia cuando era gestionado por PSPV y BNV, y de asociaciones vecinales como la de Els Poblets.

La náutica parece inmune a la crisis, "ya que la demanda de amarres es muy superior a la oferta en toda la provincia de Alicante", explican fuentes empresariales del sector, quienes añaden que "el propietario de un barco no puede renunciar a comprar un amarre ni siquiera con esta coyuntura, ya que no hay ninguna garantía de que tenga uno disponible después".

La falta de oferta ha disparado incluso la reventa de puntos de atraque. "Ha creado un mercado negro basado en la especulación que nos perjudica como empresarios". El precio del amarre en España se ha multiplicado por cuatro en el último lustro. El negocio, según las fuentes, mueve en todo el país cerca de 18.000 millones de euros anuales.





* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 20/10/2008
Foto: Benitachell (Alicante), urbanización Cumbre del Sol - elpais.com

.................................... Leer más...

Manifestación en Castellar del Vallès contra un polígono

ELPAÍS/Barcelona* : Unas 300 personas se manifestaron ayer en Castellar del Vallès (Vallès Occidental) para pedir que se detengan las obras de construcción del polígono Can Bages. La manifestación fue convocada por la Plataforma Aturem Can Bages, que agrupa una treintena entidades ecologistas y sociales, y tiene el apoyo de Unió de Pagesos.

La plataforma considera que el nuevo polígono es innecesario, ya que el municipio ya cuenta con dos polígonos "que todavía disponen de terrenos libres, además de las naves industriales que se abandonarán debido a la crisis", señalan los contrarios al polígono, quienes añaden que el polígono incrementará la circulación en 15.000 vehículos.

El concejal de Proyectos Estratégicos de Castellar, Pepe González, reconoce que "no es el mejor momento para crear un nuevo polígono, porque no se desarrollará todo lo rápido que gustaría".




* ELPAIS.com - IVANA VALLESPÍN - Sabadell - 20/10/2008
Foto: Defensem el territori, o del Vallès no en quedarà res - kaosenlared.net

.................................... Leer más...

Vecinos de Los Ángeles de San Rafael alertan del descontrol urbanístico

ELNORTE/Segovia* : Dos pilotes, uno visiblemente vencido hacia un terraplén sobre el que se levanta el complejo de viviendas y el otro también ligeramente desplazado, soportan a duras penas el porche de acceso a los apartamentos del bloque Faro de Castilla, en Los Ángeles de San Rafael.

Como ya informó ayer este periódico, cerca de una treintena de residentes tuvieron que ser evacuados durante la noche del pasado viernes ante el notorio riesgo de desplome de la estructura.
La cubierta de la entrada muestra un hundimiento que ponía en riesgo la seguridad de la instalación. La Guardia Civil mantiene acordonada y vallada la zona, según relatan vecinos afectados, quienes tuvieron que salir a toda prisa, durante la madrugada del viernes al sábado, sólo con lo puesto. Las pequeñas grietas aparecidas en los muros en un principio en pocas horas llegaron a alcanzar los seis centímetros de diámetro. El daño detectado en la estructura forzó al desalojo urgente visto el rápido deterioro que presentaba la estructura.
Algunos de los evacuados permanecen en el hotel Tryp Comendador. Otros damnificados han sido realojados con sus familias.
La plataforma vecinal y de copropietarios de Los Ángeles de San Rafael ha criticado las obras que se llevan a cabo en las proximidades al bloque de viviendas desalojado este fin de semana, junto al que -según relatan estas fuentes- se pretenden construir pequeños apartamentos y garajes.
«Hechos consumados»
La agrupación quiere denunciar la política de «hechos consumados» que se sigue en algunas urbanizaciones en este entorno serrano. Asimismo, ya han adelantado que van a exigir responsabilidades y a estudiar si existen las licencias oportunas para la ejecución de construcciones que salpican el paisaje en entornos como el Volcán de los Ángeles o la Montaña del Repetidor. Sospechan que hay proyectos que se acometen «sin estudios geológicos».
Los representantes anuncian que pedirán una «inspección seria» a las autoridades locales de Vegas de Matute, en cuyo término se encuadra el complejo de apartamentos desalojados. Precisamente, fue la arquitecta municipal de esta localidad la que instó a tomar como medida de precaución el acordonamiento de la zona y la prohibición del acceso de personas al bloque dañado.
La plataforma cívica insiste en su «honda preocupación», ya que se están levantando proyectos en zonas de la ladera «sin la seguridad de que se están realizando las inspecciones técnicas que vigilen la modificación del entorno natural». Voces de la agrupación critican que «a fecha de hoy no les consta la existencia de inspecciones cualificadas ni de prospecciones geológicas en terrenos de riesgo por la pendiente».

Inquietud ecologista
Por su parte, el responsable de la asociación ecologista Centaurea, Carlos Bravo, también ha manifestado su inquietud por «la tramitación irregular de numerosas obras en Los Ángeles de San Rafael». El representante conservacionista cita el caso del Burger King abierto junto a la urbanización y que supuestamente carece de las licencias municipales, tanto ambientales como urbanísticas, como denunció en su día el concejal de Izquierda Unida-Los Verdes en El Espinar, Eugenio López.
Para Bravo, este caso es un ejemplo de incumplimiento flagrante de la normativa, ya que el inmueble de la hamburguesería ocupa una vía pecuaria. El trámite aún no está resuelto.





* El Norte de Castilla - 20.10.08 -C. BLANCO
Foto: Bloque desalojado afectado por los desperfectos, en el centro, el porche está casi hundido. / EL NORTE

.................................... Leer más...

La construcción de casas ilegales provoca la detención de más de 400 gaditanos en cuatro años

SUR/Cádiz* : Dentro de unos días, seis vecinos de Chiclana tendrán que sentarse ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz para ser juzgados por construir tres chalés en 2003 en una parcela de su localidad clasificada como no urbanizable y, además, protegido por el PGOU, al estar situado junto a unos pinares.

El juicio estaba previsto para este pasado miércoles, pero fue finalmente suspendido. El fiscal pide hasta dos años y medio de prisión por cada uno de ellos.

Hace años, un juicio como este resultaba cuanto menos raro, ya que la mayoría de las irregularidades por viviendas ilegales se resolvían por vía administrativa, a través de multas impuestas por los ayuntamientos afectados. En muchos casos pasaban desapercibidas o, según las asociaciones ecologistas, eran incluso «toleradas» por los distintos ayuntamientos de la costa. En los últimos años, en cambio, los delitos «contra el ordenamiento urbano» han dejado de quedar impunes y han empezado a ser perseguidos de forma penal por la Justicia.

En los últimos cuatro años, de hecho, aproximadamente 400 personas han sido detenidas y denunciadas en la provincia, según fuentes de la Policía Autonómica de Andalucía, competente en la investigación de delitos urbanísticos. A ellos se suman los interpuestos por los agentes de la Guardia Civil del servicio del Seprona.

Sólo esta unidad de la Benemérita ha detenido en lo que va de año a 16 personas por delitos contra el medio ambiente vinculados con las viviendas ilegales, pero además ha imputado a otras 59 personas por el mismo motivo. Todas ellas tendrán que pasar por el banquillo por un total de 39 delitos y 43 infracciones urbanísticas. La Policía autonómica en Cádiz, por su parte, detiene cada año entre 80 y 90 personas por construir casas de forma irregular.

40.000 casas ilegales

Las cifras pueden resultar apabullantes: cientos de gaditanos imputados cada año, enfrentándose en muchos casos a penas de cárcel. Sin embargo, se vuelven ridículas al contrastarlas con el aún más apabullante número de viviendas ilegales que se estima que existen en la provincia: los cálculos más conservadores de Ecologistas en Acción, por ejemplo, hablan de unas 40.000 casas irregulares. Se podría decir, por tanto, que sólo un 1% de los casos han llegado a ser denunciado por vía penal.

'Chanchullos' legales

Entre los delitos relacionados con las vivienda ilegales, no todos consisten en poner un ladrillo sobre otro en suelos donde está prohibido (aunque ésta sea la causa principal de la mayoría de los casos), según explica el fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, Ángel Núñez, que es el encargado de perseguir las viviendas ilegales en la provincia y que considera abiertamente que «Cádiz está a la cabeza de denuncias judiciales y procesos de investigación» por estos casos, «por delante de muchas provincias no sólo de Andalucía, sino de toda España».

Núñez recuerda que en el saco de las casas ilegales entran también numerosos delitos por estafa o falsedad documental, de los cuáles, el juicio contra los chiclaneros que se celebrará en dos semanas es un buen ejemplo: de hecho, uno de los seis acusados (de profesión, aparejador) está imputado por falsear un informe técnico en el que fechaba cinco años antes una casa ilegal recién construida. Este chanchullo es uno de los más frecuentes entre los cometidos para que una casa ilegal evite el proceso judicial y administrativo, ya que los delitos urbanísticos prescriben a los cuatro años.

Además de estos, también hay que contar los delitos por prevaricación urbanística cometidos por funcionarios y concejales municipales. Estos pasan por el juzgado con mucha menos frecuencia, aunque en Cádiz ya se han descubierto y denunciado varios casos de sonada repercusión mediática, como la imputación del ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y dos concejales de urbanismo.

Según la memoria de la Fiscalía de Cádiz, el número de investigaciones realizadas el año pasado hasta octubre llegó a las 280 diligencias, -sin incluir las del Campo de Gibraltar-, lo que duplicaba las que se abrieron en 2006. Este año el número de diligencias, según las estimaciones Núñez, pueden ser incluso superiores a las de 2007, aunque quizá debido a la crisis, «el número de hechos cometidos parece que son menos». Es decir, el boom de las viviendas ilegales ha decaído, en paralelo a la crisis inmobiliaria que afecta a las casas que sí son legales.

«Impunidad total»

Con todo, la diferencia entre las viviendas detectadas y las que llegan a juicio lleva a muchos representantes ecologistas a considerar que «en materia urbanística la impunidad en la provincia de Cádiz ha sido hasta ahora total». Así lo cree, por ejemplo, Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción, que recuerda que «de las 40.000 viviendas ilegales se han tirado apenas una docena en los últimos años, y porque estaban en terrenos públicos, es decir, en suelos que ni siquiera eran suyos, que es una cosa escandalosa», afirma. Clavero, recuerda además cómo «en la mayoría de ayuntamientos estas viviendas están en trámites de legalización», como efectivamente ocurre en Chiclana (donde el Ayuntamiento pretende legalizar más de 15.000) o Barbate, donde está previsto para la próxima semana un Pleno Extraordinario en el que se pretende recalificar como urbanizables terrenos de Zahora y los Caños donde hay casas construidas desde hace años.

Ecologistas en Acción considera que el derribo es «lo único que puede conseguir parar» el problema de la vivienda ilegal en Cádiz. Un punto de vista que coincide con la del fiscal de Medio Ambiente, que en este punto es acaso más optimista: «La inmensa de las sentencias son condenatorias y, cada vez con más frecuencia, ordenan la demolición de la construcción ilegal», recuerda Núñez.





* SUR - 20.10.08 -MIGUEL D. GARCÍA
Foto: Chiclana (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es

.................................... Leer más...

Detienen a un ex concejal de San Fulgencio por presunta corrupción urbanística

LEVANTE/Alicante* : El ex primer teniente de alcalde y ex concejal de Hacienda de San Fulgencio (Alicante), el independiente Manuel Barrera, ha sido detenido hoy en relación a un supuesto cobro de dinero para impulsar un plan urbanístico.

Según la alcaldesa socialista, Trinidad Martínez, el arresto de Barrera, que hace unos días fue relegado de sus funciones y que sigue como concejal de la Agrupación Independiente del Mediterráneo (AIM), se produjo a primera hora en su domicilio a instancias de un juzgado de Orihuela, que ha decretado secreto de sumario.

A continuación, agentes de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de la Policía le trasladaron al Ayuntamiento en calidad de detenido y esposado, donde registraron su despacho a puerta cerrada entre las 11 y 13 horas en su presencia y junto al fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, entre otros.

Martínez, que estaba en el Ayuntamiento en ese momento, ha incidido en que los agentes sólo registraron las dependencias municipales que ocupa Barrera.

"Han mirado su mesa, papeles y ordenador, y nos han dicho que con nosotros no había nada", ha declarado la alcaldesa en referencia al resto de los concejales de la corporación.

Tras el registro, sobre las 13 horas, Barrera salió del edificio acompañado por los policías y, al parecer, en dirección a su vivienda.

Martínez ha manifestado que Barrera, a quien le revocó sus competencias el pasado viernes, sigue únicamente con su acta de concejal ya que ésta es de carácter personal y no se le puede arrebatar salvo que dimita o reciba una inhabilitación judicial.

Hace unos días, se difundió que Barrera había, presuntamente, cobrado 5.000 euros para favorecer un plan urbanístico ante lo cual el fiscal Anticorrupción abrió diligencias y se inició una investigación judicial.

La vida política en San Fulgencio, un pequeño municipio de unos 10.600 habitantes, el 80 por ciento extranjeros, se ha visto agitada en los últimos años con tres mociones de censura, la última hace un año para arrebatar el poder al PP a favor del PSPV-PSOE, el AIM y la Agrupación Popular San Fulgencio y Urbanizaciones (APSFYU), que forman equipo de gobierno hasta hoy.

Para la alcaldesa, "es triste" y "penoso que ciertas personas den esta imagen de San Fulgencio" aunque ha reiterado que se trata de actuaciones individuales que no empañan el trabajo del resto.





* Levante-EMV - 20 de octubre de 2008
Foto: San Fulgencio (Alicante) - inem.es

.................................... Leer más...

El Cabildo que presidía Soria avaló un plan hotelero ilegal

ELPAÍS/GranCanaria* : El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que presidía Juan Manuel Soria, líder del PP en las islas, al que investiga la fiscalía por corrupción, aprobó en octubre de 2005 un macroproyecto hotelero de 7.500 plazas -la mitad eran nuevas- de Anfi Tauro, empresa hotelera propiedad de un amigo de Soria.

El Cabildo calificó el plan empresarial "de interés para la isla, y conforme con la ordenación, el modelo territorial establecido y la capacidad de carga insular". Apenas dos meses después, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario emitió un informe -obligado por la moratoria urbanística que sólo admitía este tipo de proyectos por causas excepcionales-, al que ha tenido acceso este periódico, que pulverizaba uno a uno los argumentos del Cabildo: "No reúne los requisitos de excepcionalidad". "Presenta incumplimientos de la ordenación urbanística y no se considera justificable" el número de plazas pedidas.

José Manuel Soria se ausentó de la sesión en la que el Cabildo Insular que presidía aprobó un plan empresarial que avalaba el dueño del grupo empresarial, el noruego Bjorn Lyng. El Cabildo defendía que el proyecto de Bjorn Lyng, amigo de Soria, fuera eximido de la moratoria que impedía construir nuevas plazas hoteleras en el archipiélago y, en todo caso, limitaba a 3.600 plazas las edificables por año en toda la provincia.

Unas semanas antes de que el Cabildo de Gran Canaria aprobara el controvertido proyecto hotelero, el promotor noruego había invitado a Soria a un viaje a Austria en su jet privado para asistir a un festival de música y luego a Noruega a pescar salmón.

La denuncia del periodista Carlos Sosa unió ambos hechos y ha provocado que la fiscalía investigue un supuesto trato de favor.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el fiscal anticorrupción Luis del Río investigan si el regalo del empresario a Soria, hoy vicepresidente del Gobierno canario y reelegido como líder regional del PP, fue un cohecho y si hubo prevaricación.

Como primera medida, la fiscalía ha planteado recabar todo el expediente urbanístico de este proyecto hotelero. Y pieza angular del expediente es el análisis que hizo el jefe de servicio de análisis territorial de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario, Faustino García Márquez.

Sus conclusiones fueron inequívocas: "Se considera que el proyecto presentado no reúne desde el punto de vista territorial los requisitos de excepcionalidad establecidos en la disposición transitoria segunda de la ley 19/2003 [normativa regional que fijó la moratoria de plazas hoteleras], al no ajustarse la capacidad alojativa solicitada a la capacidad de uso de los equipamientos planificados, dado que no pueden considerarse, a tal efecto, el campo de golf de 18 hoyos, vinculado a la autorización previa concedida al establecimiento hotelero situado en la parcela T-1 con una capacidad de 800 a 1.186 plazas, ni las instalaciones portuarias y de playa, al no encontrarse aún legitimadas por el planeamiento y la evaluación de impacto correspondiente".

"A mayor abundamiento", continuaba el escrito, "la actuación cuenta ya con licencias para 3.653 plazas alojativas, de las que 1.400 se encuentran en ejecución y 2.087 aún no se han iniciado, por lo que no se considera justificable en estas circunstancias la iniciativa de obtener autorizaciones previas para otras 3.019 plazas adicionales para su eventual ejecución a lo largo de diez años, según prevé el promotor. Por otra parte, el planeamiento territorial y urbanístico que legitima la actuación se encuentra cuestionado por los tribunales".

Por entender que los "defectos documentales e incumplimientos de la ordenación urbanística que acumula el anteproyecto no son subsanables sin afectar sustantivamente a los objetivos y contenido del documento", el informe señalaba que el único camino para resolverlos era "la iniciación de un nuevo expediente". En definitiva, lo tumbaba: "Por todo ello, se propone informar desfavorablemente la declaración de interés general del proyecto".

El informe del Ejecutivo canario, por otro lado, hallaba numerosos vicios, errores, y trucos en el proyecto. Por ejemplo, la inclusión de un puerto deportivo y de unas playas, que no estaban incluidas en el plan parcial y, por tanto, carecían de planeamiento específico. La propia ubicación del puerto despertaba reservas medioambientales, según el informe. El proyecto, además, "presentaba unas capacidades y densidades edificativas que superan las máximas establecidas por el plan parcial". El informe de la Consejería de Medio Ambiente dejaba al desnudo la oculta intención del proyecto avalado por el Cabildo presidido por Soria: "Es obvio que no cabe aprovechar el presente expediente para introducir modificación alguna de cualquiera de las determinaciones del plan parcial, que deberá tramitarse en la forma establecida legalmente".

Y había una confusión de lenguaje interesada. El proyecto hablaba continuamente de uso "residencial turístico", cuando el plan sólo admite el "uso turístico". ¿Cuál era la diferencia? "La diferencia es relevante, como señala el informe del servicio insular de planeamiento, puesto que podría estarse planteando la introducción del uso residencial prohibido en el sector".

El informe también denunciaba el impacto paisajístico de las nuevas edificaciones hoteleras: "La disposición de los hoteles en pantallas de 12 a 15 plantas de altura y de alta densidad (50 metros cuadrados de solar por cama) tiene su antecedente, en la urbanización Anfi del Mar, pero las que allí constituyen pantallas adosadas a un acantilado, poco apreciables desde tierra, aquí se sitúan en los bordes de un amplio valle, enmarcando completamente su paisaje".

El propio informe resaltaba que amén de refutar las nuevas plazas cabía recordar que Anfi Tauro ya disfrutaba ilegalmente de un exceso: cuenta con "licencias urbanísticas para sendos hoteles de 1.186 y 901 plazas, cuando las respectivas autorizaciones previas fueron otorgadas para 800 y 752, ajustada la primera de ellas al límite máximo para hoteles vinculados a campos de golf de 18 hoyos, lo que podría constituir una infracción muy grave".

Nada de esto fue óbice para que el Cabildo de Gran Canaria avalara el macroproyecto hotelero de Anfi Tauro que, por sí solo, consumía todas las plazas hoteleras que preveía la norma para toda la provincia. Y todo ello con una acelerada emisión de informes por distintos organismos del Cabildo tras el viaje regalado a Soria por Lyng. Informes que daban luz verde al proyecto, pero desgranaban múltiples deficiencias.

Finalmente, el Gobierno canario, de Coalición Canaria, recondujo el proyecto de Anfi Tauro. Sólo aceptó 1.790 de las 3.600 nuevas plazas propuestas, y dejó consolidado el resto (unas 3.500 más).






* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 20/10/2008
Foto: Gran Canaria, complejo Anfi Tauro - flickr.com

.................................... Leer más...

La empresa del Plan de Ourense tenía en contra los informes

ELPAÍS* : La empresa que contrató el PP para redactar el Plan General de Ourense de 2003, anulado por 8 sentencias judiciales, "no presentó la mejor oferta, fue rechazada por todos los técnicos municipales y ni siquiera era conocida por su experiencia urbanística, ya que tenía como objetivo social ejercer el control de calidad del hormigón armado".

La actual concejal de Urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, pone de esta forma en tela de juicio la decisión del PP que ahora, en la oposición, reprocha al gobierno local que haya elaborado unas bases "muy exigentes" para la contratación del equipo redactor del nuevo Plan, lo que en su opinión ha determinado que sólo se haya presentado una empresa, Oficina de Planeamientos, SA.

Ésta había concurrido ya al concurso para el Plan de 2003, pero su propuesta de entonces, por 79 millones de pesetas, fue descartada por los representantes políticos del PP, que eligieron la de GOC, SA, tasada en 82 millones. Entonces el ingeniero, el arquitecto y el economista municipal respaldaron la propuesta de Oficina de Planeamientos, pero ésta no prosperó porque los dos representantes del PP inclinaron la balanza hacia GOC, SA.

Uno de los dos políticos que avaló su propuesta fue el entonces director general de Urbanismo, José Caride, que ha superado ahora las pruebas para dirigir la oficina de urbanismo que ha creado José Luis Baltar en la Diputación provincial.





* ELPAIS.com - C. H. - Ourense - 20/10/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

.................................... Leer más...

Vivienda quiere excluir del acceso a VPO a los mileuristas

REBELIÓN* : Dedicar sólo el 33% de los ingresos al pago de la vivienda puede dejar de ser una utopía y convertirse en una lacerante realidad. El borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) para el periodo 2009-2012, estipula que “el esfuerzo económico medio de los demandantes de viviendas acogidas al PEV en cada municipio no debiera superar la tercera parte de sus ingresos”. Es decir, que sólo podrían comprar o alquilar una VPO aquellas personas solventes que, en muchos casos, tienen acceso a una casa en el mercado libre. Se dejaría fuera a las rentas bajas y a la mayoría de los inmigrantes, que ingresan, de media, entre un 20% y un 30% menos que los nacionales.

Esto se ve muy fácilmente con ejemplos. Una VPO muy barata, de 112.500 euros, hipotecada al 80% (90.000 euros), acarrea el pago mensual de 573,51 euros, teniendo en cuenta un préstamo a 25 años con el euribor de septiembre (5,384%, menor a la media de octubre) más un diferencial bancario del 0,5%.

Así, el aspirante a habitar esta VPO tendría que cobrar 1.720,53 euros brutos mensuales. O 24.087,42 euros anuales, cobrando 14 pagas. Algo muy lejano al mileurismo.

Además, se amplía el salario máximo para adquirir una vivienda social a 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual con pagas extra, es decir, 47.037 euros. Las personas que cobren 3.350 euros brutos mensuales podrían comprar un inmueble concertado, pero los que ingresen 1.200 brutos lo tendrían casi imposible. Sólo podrían pagar una cuota de 400 euros, lo que equivale a una VPO de 78.464 euros.

Esto es, poco más de 13 millones de las antiguas pesetas, toda una ganga inencontrable en las grandes ciudades o sus áreas de influencia. Más aún tras la subida del precio básico de referencia del metro cuadrado de VPO (el llamado módulo), a finales de 2007.

Todo esto no ha sentado nada bien en muchas comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, según han relatado fuentes de la Conferencia Sectorial de Vivienda a este diario.

Así, la advertencia del Ministerio de Vivienda sobre el esfuerzo máximo va dirigida a las comunidades autónomas (CCAA), que serán las que “habrán de tenerla en cuenta”.

La ministra, Beatriz Corredor, ha chocado con algunas autonomías , porque en el anterior borrador se ponía como condición obligatoria para acceder a un piso protegido no dedicar más del 40% de los ingresos al pago de la cuota hipotecaria.

Esto “dejaba fuera a las rentas bajas”, señala Juan Van Halen, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid. “Quieren fijar como sea un límite concreto de ingresos, pero muchas CCAA nos hemos opuesto porque eso es muy complicado”.

De ahí la eliminación de esta obligación en el apartado de “condiciones de los beneficiarios” del nuevo documento y su inclusión en otro apartado y de forma más sutil (el término “debiera” es ambiguo) pero más drástica (un máximo del 33% en lugar del 40%). “Se plantea una obligación, pero suavizada”, afirma Van Halen.

Los promotores, por su parte, podrían verse perjudicados. Según sus datos, sólo deberían construir viviendas concertadas “en las áreas periféricas de las ciudades”. Una VPO media se vende por “unos 180.000 euros” allí, especifica Guillermo Chicote, presidente de patronal APCE. “Y es donde se construye ahora”. Estos pisos acarrean 917,61 euros brutos de cuota, 2752,83 euros de salario mensual y 38.539,62 euros anuales. Sólo podía tratarse de un piso concertado, porque para acceder a una VPO en régimen general el máximo de ingresos permitidos es 4,5 veces el IPREM: 32.564 euros.

¿Cuál puede ser el motivo de esta posible medida?

Los expertos han mostrado en los últimos días su sorpresa por el interés del Ministerio de Vivienda en fijar un porcentaje mínimo de los ingresos que deben destinar los adjudicatarios de viviendas protegidas al pago de la cuota mensual.

En el primero de los borradores del Plan Estatal de Vivienda (PEV) con los que trabajan el Ministerio y las comunidades se especificaba que “no podrá dedicarse a la adquisición de vivienda más del 40% de los ingresos”. En el segundo se estipula un tercio de las ganancias (33%). Juan Van Halen, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, hace hincapié en las posibles intenciones de la ministra Beatriz Corredor: “Subyace que el Ministerio quiere incluir en el PEV una frase del tipo ‘no se puede hacer un esfuerzo superior a…’, pero no se hace de forma tan categórica, sino que se deja ver que es una medida que se está sopesando”.

Lucio Rivas, director del bufete Urbe Asesores y técnico urbanista, señala más posibles causas: “No es por la dificultad de acceso al crédito hipotecario, algo complicado en la actualidad, sino por un argumento más interesado y menos altruista. En definitiva, se hace para garantizar que los adquirentes puedan acreditar que disponen de fondos para pagar a la administración las viviendas de promoción pública que ésta les vaya adjudicando”. Así, se evitarían “impagos por personas cuyos ingresos presumiblemente vayan a ser muy justos, según criterio de la administración”, apostilla Rivas.






* Rebelión - Agencias - 19.10.2008

.................................... Leer más...

Valencia: Pintadas en protesta del hotel de Jesuitas

LASPROVINCIAS* : Botes de pintura y música de dolçaina i tabalet. Una decena de miembros de la asociación Salvem el Botànic se reunieron ayer para protestar contra el proyecto de construcción del hotel en el antiguo jardín de Jesuitas. Para ello, pintaron toda una fachada -la que recae en el tramo del paseo de la Petxina- con el lema "Més jardí".

Primero cubrieron toda la pared de blanco y después comenzaron a decorarla en color verde. "Es una forma de que la gente pase y vea lo que pedimos", apuntó Pascual Requena, portavoz de la plataforma.

Requena explicó que, en una "acción lúdica y reivindicativa la ciudadanía ha convertido el muro gris en un macromural de 70 metros de longitud que integra repetidamente el perfil paisajístico con el logotipo de Salvem el Botànic: més jardí". La asociación viene mostrando repetidamente el rechazo a la edificación del hotel en el sitio que tradicionalmente ha estado ocupado por el jardín y el patio del Colegio de San José.

De momento, Cultura ha aparcado su decisión sobre el hotel. Aantes de analizar la propuesta desde el punto de vista patrimonial, la Dirección General de Paisaje tendrá que decidir si cumple con lo establecido en la legislación autonómica.





* Las Provincias - 19.10.08 -B. LL.
Foto: Varios miembros de Salvem el Botànic pintan un muro colindante con Jesuitas, ayer por la mañana. - lasprovincias.es


.................................... Leer más...

Sevilla: El Ayuntamiento tendrá que contar con los vecinos

ABC* : La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, significa algo más que revocar la cesión de suelo municipal para la construcción de la mezquita. Además de considerarla un fraude urbanístico, especifica que sin perjuicio de las potestades del planificador «los ciudadanos tienen derecho a decidir cómo debe ser el lugar que constituye el centro de su convivencia, o al menos a ser oídos»...

...y señala que no parece correcto que se sustraigan esos derechos a los ciudadanos, «otorgando calificaciones e interpretaciones no ajustadas a una realidad palpable y mediante un procedimiento que dificulta, cuando no impide, el cumplimiento de esos derechos ciudadanos».
Fuentes jurídicas consultadas por ABC de Sevilla señalan que la sentencia del TSJA no juzga más que el caso de la mezquita de Los Bermejales pero sienta doctrina aplicable a otros casos, como sucede con los fallos que dicta el Tribunal Supremo que sientan jurisprudencia. Resaltan, asimismo, estas fuentes dos aspectos novedosos de esta sentencia y es que no sólo especifica el derecho de los ciudadanos a participar, sino también, y esto es lo más nuevo. a decidir en los asuntos que les afectan más directamente.
Por este motivo la sentencia marca un nuevo período, un antes y un después en las actuaciones del Ayuntamiento sobre cesiones de suelos, porque incluso los ciudadanos le pueden pedir cuentas de cesiones de SIPS, Suelos de Interés Público y Social, que se han realizado desde el equipo de Gobierno en estos últimos tiempos de forma unilateral, no sólo sin contar con los vecinos, sino en contra de la opinión y los deseos de éstos. Y no se trata de suelo para pequeñas dotaciones de barrio, sino que se trata de grandes dotaciones consideradas de interés general. Por poner un ejemplo, los vecinos habrían de decidir en el caso de que en cualquier barrio la Iglesia Católica quisiera ahora construir una nueva catedral.
Es el caso del suelo SIPS cedido a la Universidad para la construcción de la Biblioteca del Prado justo donde se levantaba la zona más frondosa de los Jardines, construidos con fondos de la Unión Europea, si bien en el Prado los suelos son de sistema general y no propiamente para el barrio. En el mismo caso está el templo de los mormones en el Polígono Norte, aunque en esta ocasión no fue propiamente una cesión sino intercambio de suelos entre la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y el Ayuntamiento.
Con todo, no deja de resultar paradójico que un Ayuntamiento como el de Sevilla que presume de la participación de los vecinos, incluso en asuntos decisorios del gasto público, como es el caso de los Presupuestos Participativos, haya sido condenado por actuar al margen de los vecinos y continúe teniendo problemas por cesiones de suelo del mismo tipo.
El problema de estas cesiones municipales no consensuadas puede tener su origen, su génesis, en las distintas modificaciones realizadas al Plan General mientras éste se desarrollaba y después del proceso de participación ciudadana, que se realizó sólo al principio. Hay que recordar que muchas asociaciones y colectivos pidieron una segunda exposición del PGOU que el Ayuntamiento finalmente no concedió, por lo que la participación en el Plan, tan cacareada, fue meramente testimonial.





* ABC - GLORIA GAMITO - 18.10.2008
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com

.................................... Leer más...

Los arquitectos critican que la moratoria abra una puerta en falso para más camas en Canarias

LAPROVINCIA* : La Ley de Medidas Urgentes por la que el Gobierno quiere sustituir las Directrices y la moratoria turística no sólo ha obtenido el rechazo de los cabildos y las patronales de las dos provincias, sino que también es criticada en un amplio y demoledor informe elaborado por la Comisión de Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.

Los urbanistas consideran que el proyecto del Ejecutivo es una "puerta abierta en falso" que contradice la moratoria turística porque permite la construcción de nuevas camas sin que haya "una verdadera acción de recualificación del espacio turístico".

El hecho de que se pueda duplicar y hasta triplicar el número de nuevas plazas con una autorización previa antes de iniciar la rehabilitación, sin exigirse garantías suficientes, es una medida criticada por los arquitectos, que proponen la supresión de esta disposición o, en su caso, habilitar un procedimiento que aporte estas garantías.

Para los arquitectos, la ley "no tiene un modelo y objetivo claro de adónde se pretende llegar" en lo que se refiere al espacio turístico degradado, a intervenir en construcciones en declive o a renovar la planta alojativa.

Asimismo "no hay una reflexión seria sobre los límites al crecimiento", ya que la norma carece de un "enfoque integral" sobre las políticas en materia turística, económica y urbanística, necesarias para garantizar la viabilidad de la rehabilitación del espacio turístico y que las empresas se adapten a las necesidades de calidad que requiere el principal sector de la economía de las Islas.

El Colegio Oficial de Arquitectos no comparte que los proyectos de rehabilitación de la planta alojativa queden exentos de la licencia municipal de obras porque entonces los ayuntamientos turísticos "perderían de facto la capacidad para ordenar y controlar el crecimiento de la edificación".

También muestran su desconfianza con la pretensión de que todo quede en manos del Gobierno a través de un plan de modernización, mejora y competitividad del sector porque en la ley no se define su contenido, quién sería su responsable y quién aprobaría las autorizaciones incluidas en el mismo.

En una carta remitida por el decano del Colegio, Virgilio Gutiérrez, al presidente del Gobierno, critica que el Ejecutivo introdujera novedades importantes a última hora en la ley sin ningún tipo de participación pública.




* La Provincia - RUBÉN ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 18.10.2008
Foto: Uno de los hoteles de Lanzarote afectados por la anulación de licencias dictada por los tribunales. LA PROVINCIA / DLP

.................................... Leer más...

La movilización vecinal de Parcent contra los planes urbanísticos hizo interesarse al parlamento de la UE

LASPROVINCIAS/Alicante* : El 30 de enero de 2006, el gobierno de la entonces alcaldesa, Mari Carmen López (PP), aprobó tres planes urbanísticos que conllevaban que la población de Parcent se multiplicara por 10. Ese mismo día nació un fuerte movimiento vecinal que se oponía a tan brusco cambio social y que se asoció bajo el nombre Veïns de Parcent.

El colectivo movió cielo y tierra para intentar frenar lo que consideran un planeamiento urbanístico desproporcionado y urbanizaciones tramitadas a pesar de los muchos errores hallados en los expedientes.

El caso llegó a Europa. Y junto un año después el parlamentó envió una delegación al municipio para escuchar a los vecinos y recopilar los datos para analizar si la planificación urbanística cumplía los criterios de sostenibilidad.

Semanas después la Comisión Europea emitía su informe señalando que los planes de Parcent "contienen vicios e infracciones de gravedad suficiente para que los tribunales hayan intervenido para suspender cautelarmente la ejecución del más importante de ellos, el de La Replà.

Los europarlamentarios también recalcaron el valor de la opinión ciudadana que en este caso "no desea verse inmersa en un proyecto urbanístico que prevé un aumento de la población actual de 900 habitantes hasta los 10 000 durante la próxima década".





* Las Provincias - 18.10.08 - L. R. B.
Foto: Parlamentarios europeos visitaron el municipio en 2007. - lasprovincias.es

.................................... Leer más...

Buenos Aires: Basta de demoler

SOITU* : Desde hace unos cuatro años, hay en Buenos Aires un auge inmobiliario que atenta contra esta la huella histórica de la ciudad, contra esas edificaciones que fueron construidas a finales del siglo XIX y comienzos del XX. "Para muchos inversionistas es más rentable construir edificios modernos, de mayor altura, que preservar las construcciones antiguas. La fisonomía de la ciudad está perdiendo la identidad arquitectónica", explica Santiago Pusso, director de la ONG Basta de Demoler.

Esta organización, que se creó hace un año, aboga por los intereses del patrimonio arquitectónico de la ciudad porteña. Alrededor de 20 voluntarios, entre los que se encuentran abogados y arquitectos, y un centenar de vecinos, realizan una labor incesante para preservar la identidad urbanística.

Aunque el Código de Planeamiento Urbano garantiza la protección patrimonial, el sistema parece no estar bien desarrollado. Este mecanismo de protección ampara a 2.000 edificios, lo cual significa un porcentaje bajísimo si lo comparamos con otras ciudades como Nueva York, México DF, Londres o Paris. Las construcciones más vulnerables a las demoliciones son las conocidas como 'petits hôtels', un modelo francés de edificios que no supera los cuatro pisos, junto con casonas y edificios de viviendas de baja altura que se desarrollaron especialmente entre los años 1880 y 1930.

Es el caso de un emblemático edificio ubicado en la calle Montevideo 1250, en el barrio de Recoleta, que gracias a la pronta intervención de Basta de Demoler, todavía existe. "Nosotros procedemos por la vía formal, por el reclamo. En una segunda instancia recurrimos a la movilización de vecinos, y por último, a la justicia», comenta Santiago con respecto a la manera en que han logrado detener esta y varias demoliciones.
Víctimas de cemento

En la madrugada del 6 de agosto de 1981, un ataque perpetrado con tres bombas incendiarias amenazó con hacer desaparecer el histórico Teatro del Picadero, símbolo cultural de la resistencia a la dictadura militar, construido en 1926 por el arquitecto italiano Benjamín Pedrotti. El recinto, ubicado en el pasaje Discépolo 1847 del barrio Balvanera, fue el escenario predilecto de destacados artistas, directores y escritores.

Veinte años después del atentado fue reinaugurado, pero con el tiempo pasó a ser parte de un estudio de televisión. Siguió en pie y no faltó mucho para que la amenaza volviera. Esta vez, una empresa constructora visualizó el terreno para levantar un edificio de viviendas, oficinas y locales comerciales.

Basta de Demoler no se hizo esperar y pronto convocó a todos los ámbitos culturales a una manifestación para ejercer presión y evitar la desaparición del teatro. El capítulo concluyó de una manera acertada y la histórica edificación será preservada gracias a un acuerdo logrado con los actuales propietarios.

Esta parece ser una lucha contrarreloj: la organización calcula que en menos de seis años, si el proceso no se detiene, el panorama arquitectónico de la ciudad perderá gran parte de la identidad de los distintos barrios.

Hace pocos meses, Basta de Demoler se enteró de que el Hospital Rivadavia, el más antiguo que funciona en Argentina, iba a ser tirado abajo para construir un centro asistencial de alta complejidad, ya que se encontraba en un estado 'irrecuperable'. "Se desconoce qué organismo especializado o profesional competente realizó la evaluación para llegar a tal veredicto", advierte el director de Basta de Demoler.

El centro médico está emplazado en un área de cinco hectáreas sobre la Avenida Las Heras. Cuenta con un Museo de medicina único en Latinoamérica y es sede de la Escuela de Instrumentación Quirúrgica. Fue concebido con la arquitectura hospitalaria de finales de 1800, con énfasis en la armonía entre la naturaleza y los pabellones.

Ante la polémica generada por la posibilidad de demoler el hospital, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometió a compatibilizar las reformas necesarias preservando los elementos de valor patrimonial.

Entre los proyectos de la ONG, destaca una campaña para apoyar un proyecto de ley que proteja los edificios de más de 60 años de antigüedad, así como promover la reforma del Código de Planeamiento Urbano para que desaliente la construcción en zonas con edificios de valor patrimonial y se promueva en aquellas zonas donde no los hay.





* SOITU.es - TATIANA GARCIA - BUENOS AIRES (ARGENTINA) - 17-10-2008

.................................... Leer más...

Gran Canaria: Las obras anuladas por el TSJC cuestan 759 millones

CANARIAS7* : Las actuaciones del PIO y del corredor del Norte que el TSJC considera ilegales suman un presupuesto estimado de 758,69 millones de euros, sin contar la anulación de los suelos Bb3 ni la inversión asociada al aprovechamiento del banco submarino de arena de Pasito Blanco.

Sólo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha anulado las determinaciones del Plan Insular (PIO) sobre las carreteras entre La Aldea y Agaete, la tangencial de Telde y el nuevo corredor interior del Sureste, así como sobre la ampliación del puerto de Arinaga y la creación del puerto deportivo de Bahía Feliz, entre otras actuaciones afectadas, deja en el aire una inversión de 539 millones de euros según las estimaciones del propio PIO.

El presupuesto más elevado recogido en la memoria final del PIO es el de la nueva autovía entre Jinámar y el Aeropuerto, con un coste estimado de 222 millones de euros. Le sigue la nueva carretera entre La Aldea y Agaete previsto en el proyecto de trazado, que es de 196 millones sin contar las expropiaciones, aunque la cifra se quedará corta a la vista del gasto autorizado para el primer tramo, que es de 128,5 millones para hacer diez de los 18 kilómetros de la nueva vía. El nuevo corredor interior entre Carrizal, Ingenio y Agüimes costaría 40 millones de euros (39,67) según el PIO, la ampliación del puerto de Arinaga 52,5 millones y la creación del puerto deportivo de Bahía Feliz otros 29, en este caso de inversión totalmente privada.

Los fallos que anulan parte del plan viario del Norte y el corredor entre Arucas y Guía previsto en el PIO cuestionan una inversión de 220 millones de euros, los 91,1 en que ha sido adjudicada la cuarta fase de la circunvalación, los 75 reservados para la variante de Bañaderos en el convenio de carreteras entre los gobierno central y canario y los 53,6 recogidos en el contrato de la duplicación entre El Pagador y Guía que está en ejecución.

Y los Bb3, el gas y...

A la inversión que está prevista para las infraestructuras afectadas por la anulación parcial del Plan Insular y del plan viario del Norte hay que sumar el coste de no poder convertir en terrenos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales los suelos B.b.3, una determinación del PIO anulada por otra sentencia del TSJC de 2008. Tampoco están sumadas las decenas de millones de euros que costaría la planta regasificadora que Gobierno regional y Gascan quieren poner en Arinaga, para lo que es preciso que se amplíe el puerto. Además, Ben Magec pedirá al TSJC que aclare si su última sentencia afecta también a los puertos deportivos de Meloneras y Tauro.

El Norte exige recurrir con "todos los medios".

La Mancomunidad del Norte mostró ayer todo su apoyo al Cabildo ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula parcialmente el Plan Insular de Ordenación (PIO) y acordó por unanimidad solicitar a esta corporación que recurra la sentencia y «que destine todos los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar los proyectos que afectan al desarrollo de esta comarca y al interés general de la Isla», entre ellos la carretera de La Aldea a Agaete.

Los alcaldes del Norte acordaron «solicitar al Cabildo que subsane los defectos de forma que menciona la sentencia» –principalmente la falta de declaración de impacto ambiental- como argumento de base para declarar la nulidad del PIO, «garantizando con ello que los proyectos que se contemplan en este documento de ordenación puedan seguir su curso y no hipotecar el desarrollo de la comarca».

Además, coinciden en que todos los proyectos afectados disponen de sus propios estudios de impacto exigidos por las administraciones locales, estatales y europeas, lo que viene a demostrar que han pasado por los trámites exigidos y necesarios.

La Mancomunidad confía en que este fallo judicial, que estima un recurso de Ben Magec, no suponga retrasar mucho más en el tiempo el desarrollo de las actuaciones que demandan desde hace tiempo los vecinos de esta comarca basándose en aspectos puramente formales y no de fondo, como parece que recoge la sentencia.





* Canarias 7 - Jesús Quesada - 18.10,2008
Foto: La ampliación del puerto de Arinaga amparada por el Plan Insular ha sido anulada por una sentencia del TSJC./ Gerardo Montesdeoca, canarias7.es

.................................... Leer más...

La DIA de la Ciudad del Golf coincidió con el fin del plazo para recalificar los terrenos

ÁVILADIGITAL* : La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que daba luz verde a la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués se firmó justo cuando vencía el plazo para recalificar los terrenos. Según el contrato suscrito entre Montes de Las Navas y Residencial Aguas Nuevas, si la finca no se recalificaba en dos años, la mercantil, de la que formaban parte el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, tendría que pagar a la promotora tres millones de euros.

Así lo ha explicado Carlos Bravo, presidente de Centaurea, una de las organizaciones personadas como acusación en el caso de la Ciudad del Golf, quien ha destacado que la imputación de la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, era “previsible”.

“La Consejería de Medio Ambiente actuó en contra de informes técnicos previos en los que se reconocía el valor del pinar y la presencia de especies protegidas como la cigüeña negra”, ha señalado Bravo, quien ha destacado que a pesar de ello “se forzaron informes que contradecían los primeros y se emitió una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2004”.

A su juicio, la Junta “violó su propia normativa”, teniendo en cuenta que doce de las 210 hectáreas sobre las que pretendía construirse la macrourbanización eran Área Crítica para la cigüeña negra y aún así fueron recalificadas.

Tres millones de euros

Señala, además, que “en un acta del pleno del Ayuntamiento, de 2004, se relata la visita de la consejera en la que se comprometió a agilizarlo” y que “a los pocos días se firmó la Declaración de Impacto Ambiental”. Bravo ha destacado en este sentido que coincidía con el vencimiento de un plazo por el cual Montes de Las Navas tendría que pagar tres millones de euros a Residencial Aguas Nuevas si no se recalificaban los terrenos: 950.000 metros cuadrados estaban clasificados como suelo urbanizable delimitado en las normas urbanísticas y el resto, 970.000, como no urbanizable.

De hecho, en la escritura de compraventa, firmada en agosto de 2002, se incorporaba una cláusula que establecía que “si en el plazo de dos años desde la firma de la escritura pública no se hubiera aprobado con carácter definitivo la clasificación como suelo urbanizable delimitado de los 970.000 metros cuadrados que se encuentran clasificados como suelo no urbanizable, la compradora podrá exigir a la vendedora la devolución de la parte del precio correspondiente a dicho suelo (2.953.943,55 euros), más el 50 por ciento del descuento (250.028,22 euros)”.

Para Centaurea, la petición de imputación de la consejera efectuada por el fiscal “avala la denuncia que se presentó en noviembre de 2006” y que “hay indicios claros de que pudieron cometerse delitos urbanísticos, medioambientales y económicos”.





* Ávila Digital - María Cuenca - 17.10.2008
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com

.................................... Leer más...