El fiscal denuncia al alcalde de Canillas por dar licencias ilegales

MÁLAGAHOY* : La vigilancia urbanística se estrecha sobre los municipios de la Axarquía. Tras la condena del alcalde de Cómpeta y las imputaciones por delitos urbanísticos de los de Tolox y La Viñuela, la Fiscalía investiga ahora al regidor de Canillas de Aceituno.

El fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo-Rubio, ha llevado ante el juzgado al alcalde de este pueblo axárquico, el socialista José Manuel Aranda. Según el fiscal, el alcalde, que se encuentra en la actualidad en su tercer mandato, concedió entre 2005 y 2006 seis licencias para construcción de viviendas unifamiliares en terreno no urbanizable. El fiscal investiga el caso.

El edil manifestó a este diario desconocer el caso por el que se le denuncia, aunque espera recibir la información para poder actuar sobre ello.

Aranda expuso que "en Canillas llevamos más de un año sin dar ni una sola licencia" y aprovechó para criticar los vaivenes normativos que, a su juicio, paralizan a los municipios. "Intentamos aprobar los planes generales, pero no hay manera; primero entró en vigor la LOUA, cuando nos estábamos adaptando, entran los POT y más adelante el POTA... nos estamos volviendo locos", dice.

El alcalde apuesta por que se apruebe una normativa definitiva y que "todos los que se la salten sean perseguidos", dijo.

Sin embargo, la apertura de una denuncia por parte del Miniserio Fiscal ha supuesto una satisfacción para el grupo GENA-Ecologistas en Acción de la Axarquía, que viene denunciando desde hace tiempo las presuntas irregularidades cometidas por los ayuntamientos de la comarca.

El pasado mes de diciembre, el grupo ecologista denunciaba ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Málaga, la "construcción de una urbanización encubierta realizada en suelo rústico no urbanizable en Canillas de Aceituno", según expusieron en un comunicado.

El grupo explica que el Ayuntamiento hace pasar por aperos de labranza casas de mayores dimensiones y que no son compradas por agricultores, "sino por personas de avanza edad o, aún peor, por promotoras o inmobiliarias".

Ecologistas en Acción facilitó al fiscal la documentación de 48 viviendas residenciales, en 2006, y cinco más en 2005. "Superponiendo fotos aéreas se demuestra como en el año 2000 en estos parajes sólo había cuatro cortijos".






* Málaga Hoy - Rebeca Tobelem / Málaga - 06.04.2008
Foto: Canillas de Aceituno (Málaga) - en-la-costa-del-sol.com

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El Cabanyal, de la indecisión municipal a la degradación especulativa

VICENTE GALLART* : Oír como hemos tenido ocasión estos últimos días, de quienes llevan gobernando esta ciudad desde el 5 de julio de 1991, cómo se atribuye toda la responsabilidad sobre el estado al que ha llegado el Cabanyal a «determinadas plataformas [los Salvem] que actúan con el beneplácito del partido socialista», que han impedido que el todopoderoso gobierno municipal pudiera llevar adelante su ansiado y por todos conocido interés de regenerar el barrio, resultaría un tanto cómico, si no fuera porque hay vecinos que se lo creen.

En 1988 el PSOE, con su falta de determinación en la aprobación del Plan General, no fue capaz de dejar resuelto el planeamiento del Cabanyal-Canyamelar y en cambio, ante la indecisión, optó por diferir la solución concreta de «la conexión del paseo al mar con el paseo marítimo, previo análisis y decisión sobre su continuidad o no», a un estudio posterior, acotando un Área de Planeamiento Diferido, que debía quedar redactado en el siguiente cuatrienio. Aun bajo su responsabilidad, en ese mismo año, se organizó un Concurso Internacional de Ideas para la conexión de Valencia con el frente marítimo, cuyo fallo se dio a conocer en diciembre de 1989, dejando desier-to el primer premio, porque se juzgó que ninguno de los trabajos presentados aportaba una solución global que cumpliera los objetivos establecidos en las bases del concurso. Unos pocos años después, en 1993 y ya con Rita Barberá como alcaldesa, fue la Generalitat Valenciana, gobernada aún por Joan Lerma, la que decidió declarar Bien de Interés Cultural al Conjunto Histórico Protegido del Cabanyal.
Así pues, es en estas condiciones en las que la señora Barberá debe asumir su plena responsabilidad sobre lo bueno y lo malo que haya podido ocurrir con nuestro barrio, desde que ella gobierna. No cabe mirar fuera para buscar responsables sobre la degradación paulatina del barrio. Si los socialistas se mostraron indecisos y prefirieron congelar el barrio, ellos sabrán con qué resultados electorales, han sido los populares los responsables de mantener la nevera en condiciones, y por el olor que sale de algunas casas, más bien parece que los congeladores se desconectaron hace muchos años. ¿Acaso piensa la señora alcaldesa que ayudan a regenerar el barrio las muchas casas propiedad de Cabanyal 2010, que se están alquilando sin contar con suministro de agua ni luz y cuya falta de habitabilidad hace que acaben alquilándolas a los más desfavorecidos de esta sociedad, que prefieren estar ahí antes que debajo de un puente, aunque precisen hacer sus necesidades en la puerta de la casa? Quien diga que esto es un bulo, sencillamente miente o no se entera de lo que pasa en el Cabanyal.
Culpar a las distintas organizaciones vecinales por haber recurrido a los tribunales, cuando esos mismos tribunales creyeron que había argumentos suficientes como para suspender cautelarmente las demoliciones, no les libera de su responsabilidad de crear las condiciones para una gestión adecuada de la regeneración del 98 % del barrio que no ha estado en ningún momento afectado por la prolongación ni paralizado por ninguna suspensión cautelar. Lo que sucede es que la única gestión que se ha hecho durante estos diez últimos años ha ido dirigida a crear las condiciones que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos amistosos para la compra de viviendas en la zona afectada por las futuras expropiaciones. Unos acuerdos que en apenas algún caso se han producido con vecinos que tenían esa vivienda como su lugar de residencia, ya que difícilmente se puede encontrar a alguien tan ingenuo como para vender amistosamente su casa por la tercera o cuarta parte de lo que le costaría comprar otra de idénticas características a la suya en la cera de enfrente, como está ocurriendo en la calle San Pedro. Tan sólo hay que asomarse a los escaparates de las inmobiliarias próximas para comprobar que lo que el ayuntamiento pretende expropiar a 500 euros/m2, su precio de mercado está a una media de 2.350 euros/m2. Según parece, los vecinos de este barrio que ven con buenos ojos los argumentos municipales que dicen «defender el interés general, y no intereses particulares de unos cuantos» expropiables, no se muestran tan generosos con las muchas viviendas vacías que algunos poseen fuera de la prolongación y que «por el interés general» o por caridad cristiana, según prefieran, podrían ofrecer al ayuntamiento por el mismo valor del justiprecio del bien que van a perder los otros por la vía de la expropiación. Tal vez si se pusiera en marcha el Registro Municipal de Casas Vacías, como ya se ha hecho con el de solares, algunos defensores del interés general empezarían a ponerse nerviosos.
La empresa mixta Cabanyal 2010, cuya legalidad está cuestionada por los tribunales europeos, no es la Oficina Riva que pueda gestionar la regeneración del barrio, ya que, aunque ostenta algunas competencias municipales en cuanto a información urbanística, expropiación y realojos, carece de todas las competencias propias de una oficina de rehabilitación integral, como la que ha empezado a funcionar últimamente en Ruzafa. Carece de competencias de gestión y resolución de expedientes de ayudas para la rehabilitación. Tampoco cumple con los objetivos sociales que tienen estas oficinas. No se puede ocultar que es una empresa formada por accionistas (Armiñana, Pavasal...), en la que no hay lugar para la participación de los agentes urbanos existentes y, en particular, de aquellas asociaciones que representan a los habitantes y comerciantes del Cabanyal-Canyamelar, participación que en cambio contempla el propio Pepri. Su gestión sólo ha creado desconfianza, comportándose como una auténtica empresa inmobiliaria sin escrúpulos, en la que algunos vecinos que se han acercado ingenuamente han visto cómo ofertas que se les hacían hoy dejaban de ser válidas al día siguiente.
Convencidos de que una Oficina Riva es el instrumento indispensable para empezar a poner en marcha la regeneración del Cabanyal, desde la asociación de vecinos, en varias reuniones mantenidas con el señor Alfonso Grau, le hemos manifestado la imperiosa necesidad de ponerla en marcha, pero su respuesta siempre ha sido la misma: «No, mientras no haya una sentencia definitiva de los tribunales». Él bien sabe que ha sido así, de manera que, una vez más, le repetimos que no necesita esperar a que el Tribunal Supremo levante ninguna suspensión cautelar para empezar la regeneración del Cabanyal. Tan sólo lo impide la estrategia especulativa que el gobierno municipal se ha marcado. Ésa es su responsabilidad.




* Vicepresidente de la Asociación de Vecinos Cabanyal-Ca­nyamelar





* Levante-EMV - Opinión - 06 de abril de 2008


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El urbanismo sin control deja más de 4.000 casas ilegales en el Almanzora

ELPAÍS/Almería* : Ni cerveza, ni sol. La primeras palabras en castellano que muchos británicos han tenido que aprender después de comprarse una casa en la hasta ahora desapercibida comarca del Almanzora (Almería) han sido contencioso administrativo, Plan General de Ordenación o licencia de primera ocupación.

En los últimos años, la fiebre urbanizadora ha avanzado a pasos agigantados con un saldo de viviendas ilegales que fluctúa entre las 4.000 y las 6.000, según las estimaciones. Las promociones comenzaron a brotar en el momento en el que los promotores advirtieron que la comunidad británica veía en esta zona las características de un retiro idílico: buen clima, tranquilidad y un nivel de vida más barato que en el Reino Unido. "Una casa aquí, con un gran jardín, sol y un pueblo con todos los servicios a cinco minutos en coche es el sueño de cualquier pensionista británico", mantiene Maura Hillen, ejecutiva de banca irlandesa retirada en Albox (11.000 habitantes censados) hace un año.

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente ya alertaba en 2007 del alto índice de delitos urbanísticos que se estaban investigando en la comarca, sobre todo en los municipios de Zurgena, cuyo alcalde fue detenido esta semana en una operación contra la corrupción urbanística, Albox, Oria, Cantoria y Arboleas.

Las investigaciones se conocían, pero la demolición en febrero de una casa en Vera, propiedad de británicos, cruzó fronteras e hizo saltar todas las alarmas.

La comunidad británica se unió y pidió ayuda al Parlamento Europeo. La mayoría se siente estafado por la falta de control de los últimos años. "Nadie ha hecho su trabajo correctamente", sentencia David Dunthorn, portavoz de la asociación Abusos urbanísticos Almanzora no, que aglutina a 300 británicos afectados. "Le prometí a mi esposa que si esto no nos gustaba nos marchábamos en un par de años, pero estamos atrapados. Hemos puesto los ahorros de nuestra vida en unas casas sobre las que nadie nos alertó", añade Dunthorn.

Las historias de los propietarios de estas viviendas, todas en el término de Albox, dan para escribir un serial. En tres años, Judy Baker, teleoperadora jubilada de la British Telecom, ha gastado 300.000 euros en una vivienda de la que ni siquiera tiene escritura. No tiene agua corriente, ni luz. Gasta 90 euros a la semana en alimentar a un generador de electricidad y tuvo que pagar 6.000 euros a un vecino por un trozo de parcela después de que denunciara un cambio en sus lindes. Baker explica con flema inglesa por qué tiene que hacerse responsable de todos los gastos. El constructor, ahora desaparecido, le hizo firmar un contrato en el que ella aparecía como promotora.

El caso se repite, con variantes, en las 12 viviendas de alrededor, también responsabilidad del mismo promotor. Thomas Jones, ingeniero mecánico dueño de la villa Las dos Torres pagó 1.000 euros de la instalación del agua y la parte que le correspondía los 100.000 euros que costaron unas torres de alta tensión instaladas cerca de sus viviendas. "Sevillana desconectó la electricidad porque las casas no tienen licencia de primera ocupación", explica. "Necesitamos que sepan que la comunidad inglesa no tiene dinero ilimitado y que hacen falta soluciones con horizontes cercanos", subraya David Dunthorn.

En estos años, la economía de los pueblos de interior ha resucitado. Han abierto comercios, supermercados e innumerables inmobiliarias. Muchos jóvenes han encontrado trabajo en la construcción, mientras los últimos agricultores y cabreros cambiaban el trabajo duro y mal pagado en sus tierras por cheques que garantizan tranquilidad económica de por vida.

Antes de las municipales de 2007, Albox contaba con 13 expedientes de demolición de chalés firmes. En la localidad vecina de Arboleas, también limítrofe con Zurgena, Ecologistas en Acción ha denunciado ilegalidades urbanísticas en siete pedanías.






* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ / M. J. LÓPEZ - Almería - 06/04/2008
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net

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Resultados encuesta: ¿Solucionarán las próximas elecciones generales el problema del ladrillazo?

Como no podía ser de otra manera, el resultado de esta encuesta que empezó en Febrero es claro...
... un 76% de los votantes cree que el sistema funciona mal y que los ciudadanos 'patasarriba' no confían en que las recientes elecciones generales vayan a resolver el problema del ladrillazo en España. Y no porque sea cuestión de competencias autonómicas o municipales (que también), sino porque se ha llegado a tal punto de salvajismo territorial que, posiblemente, ya nadie confíe en las soluciones reales de un sistema urbanístico anticuado y caduco.

En la campaña electoral se vio que el tema del ladrillazo y la especulación urbanística no interesaba a los dos grandes partidos, que no se atrevieron a debatir en público sobre esta cuestión. Sin duda el tema del estallido de la burbuja inmobiliaria estaba demasiado presente, con las consecuencias de la prevista recesión económica y el aumento del paro en la construcción. Pero hay que destacar que ambos partidos políticos han contribuido a crearla artificialmente y, por tanto, son responsables ahora de su caída en picado, con las previsibles consecuencias sociales de un modelo equivocado tantas veces aquí denunciado.

En definitiva, que la situación sigue siendo cada vez más complicada, a pesar de alguna tímida reacción en ciertas comunidades, ya que junto al agravamiento de la cuestión social se une la tremenda carga de profundidad de un territorio urbanísticamente insostenible, con la falta de credibilidad creciente de las instituciones públicas encargadas de su ordenamiento (como seguimos viendo a diario en este blog), y con una organización territorial que demuestra las múltiples carencias medioambientales, de equipamientos o de infraestructuras básicas que van a terminar repercutiendo negativamente en la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos.





NOTA: Empieza nueva encuesta: ¿Son los derribos la mejor solución contra las construcciones ilegales?

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Benidorm, la verticalidad fea pero barata

PÚBLICO/Reportaje* : Una treintena de personas celebra al atardecer la procesión de Santa Faz por las calles del casco antiguo de Benidorm. La mayoría son mujeres mayores que se agarran del brazo, llevan un palo de caña y cantan "¡Ave María Purísima!". El desfile transcurre ante la atenta mirada delos hombres ingleses de tez colorada que llenan a esa hora los bares gays. Al finalizar el acto religioso, las mujeres toman en la calle vino dulce y rosquillas.

Son de las pocas personas originarias de Benidorm (tan sólo el 6% de la población). Muchas de ellas acudieron la semana pasada al entierro de Pedro Zaragoza, don Pedro, alcalde falangista de la ciudad durante los años cincuenta y sesenta y que en 1956, impulsó un plan general que transformó un pueblo de pescadores en la que pasó su luna de miel la escritora Sylvia Plath en la actual fábrica turística.

Zaragoza sacó las aguas fecales de la playa y compró pozos a un municipio cercano para poder llevar a Benidorm el agua corriente. Incluso tuvo tiempo para inventar el Festival de la Canción de Benidorm.

Que viva el biquini

"Don Pedro dejó la ciudad muy bien", cuenta una mujer tras la procesión. "Y fue el que permitió que las mujeres estuviesen en bikini en la playa", apostilla otra. Por esto, el arzobispado de Valencia quiso excomulgarle cuatro veces, pero Zaragoza se fue con su Vespa hasta Madrid para hablar con Franco y le convenció.

Cuando Pedro Zaragoza era alcalde, en Benidorm vivían 6.000 vecinos y el Ayuntamiento tenía un presupuesto de 70.000 pesetas. Ahora residen 71.000 personas (el 30% inmigrantes) y el Gobierno municipal (PP) tiene seis millones de euros de remanente negativo en tesorería.

En medio, la ciudad ha tenido de regidor a Eduardo Zaplana que, en 1991, consiguió el bastón de mando gracias al apoyo de una tránsfuga del PSOE. Ya como presidente de la Generalitat Valenciana, Zaplana permitió que la ciudad modificara puntualmente su plan general, lo que permitió a una quincena de hoteles exceder la edificabilidad prevista hasta en un 40%.

La ciudad acumula en los últimos cuatro años 1.500 infracciones urbanísticas sin resolver y el retranqueo para aprovechar los espacios es un clásico: el 70% de los locales comerciales lo tienen.

El edificio más alto

En Benidorm hay 140 rascacielos de más de 20 pisos. "El hotel Bali es el que más levanta", comenta un taxista tratando de explicar que el Bali, con sus 52 plantas y sus 186 metros de altura preside el resto de edificaciones. Hasta la construcción de la Torre Espacio de Madrid era el edificio más alto de España.

Pero ni siquiera está al lado de la playa; los turistas se conforman con sus inmensas piscinas y con subir y bajar en el ascensor panorámico. Una suite cuesta casi 1.000 euros la noche. Esta impresionante mole es el mayor ejemplo del modelo de urbanismo de la localidad: la construcción en vertical.

Una forma de ver el desarrollo de las ciudades contrapuesto a la hilera de chalets y que cuenta con detractores y con defensores. La mayoría de los expertos coinciden en que los rascacielos producen menos impacto en el medio ambiente que los adosados, pero es un modelo que no se puede sobreexplotar.

Para Alfonso de Esteban, catedrático de Estructura Social de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Premio Europeo de Urbanismo la construcción vertical "ocupa menos suelo que los adosados tipo gallinero que se hacen ahora por todo el país". "Se ahorra agua porque las torres tienen una única zona de riego y cada chalet suele tener su propio jardín", agrega.

Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, se postula como "defensor de Benidorm". "Es más eficaz, hay menos pérdidas de agua en la red. Se gestiona mejor una ciudad así que otra con un modelo disperso", asevera. Pero señala que tiene puntos negativos como "el impacto visual".

Rafael Mata, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles también aboga por la verticalidad. Cree que el único inconveniente del turismo en torre es para el propio turista: "Es obvio, todos preferiríamos un chalet al lado de una ladera".

Faltan infraestructuras

Desde la oposición en el Ayuntamiento, la portavoz adjunta del PSOE, Maite Iraola, explica que el crecimiento de la población no ha ido acompañado por infraestructuras. "Hay un único hospital para toda la comarca de la Marina Baixa y necesitamos otro", denuncia.

Para el PSOE también faltan equipamientos culturales al margen de los shows de los hoteles y parques. "El único pulmón verde es el de L´Aigüera", critica Iraola. Además de la falta de zonas verdes, Ecologistas en Acción critica el "alarmante deterioro y la degradación"de la costa de Benidorm y que se están levantando construcciones a sólo 60 centímetros de la línea de costa.

Los vecinos, mientras, viven el día a día pero con un ojo en el futuro. "Lo que importaes ganar pasta con las licencias. Aquí casi nadie protesta porque con muchos la administración ha hecho la vista gorda", concluye un camarero, antes de preparar las mesas para la cena.


En tres minutos: Manuel Pérez Fenoll, alcalde de Benidorm (PP): «Critican por la foto, sin ver la ciudad»

Manuel Pérez Fenoll, alcalde de Benidorm por el Partido Popular, defiende el modelo de los rascacielos que llenan esta ciudad del Levante por una cuestión de “sostenibilidad”. “Se ocupa menos espacio y se ahorra en infraestructuras”, asegura. No ve nada malo ni ningún problema en gobernar una localidad con un centenar de bloques que tienen más de 20 alturas.

¿Por qué defiende la construcción verticalfrente a la horizontal?Los rascacielos ocupan mucho menos espacio que los chalets adosados, es más sostenible y se ahorra a la hora de canalizar los servicios. Por ejemplo, cuando hay que repartir el gas, con menos tubería llegamos a más vecinos. También se pierde menos agua en el reparto que si las canalizaciones tuviesen que llegar a muchas más construcciones seguidas una detrás de otra.

Si tan bueno es el modelo Benidorm, ¿por qué hay mucha gente que lo critica continuamente?
Los que critican la ciudad es porque no la conocen, y no se puede criticar algo que no se conoce. Suelen ser personas que sólo han visto Benidorm en fotografías, donde se ve el conglomerado de edificios. Pero al entrar dentro de la localidad la sensación cambia; es un lugar perfectamente habitable. El modelo es el acertado y no seré yo quien lo cambie.

Llama la atención al pasear por la ciudad que apenas hay parques ni zonas verdes de recreo. Puede ser que falten grandes zonas verdes dentro de Benidorm, tenemos en el Gobierno municipal un proyecto para hacer un gran parque yla ordenanza establece que entre cada rascacielo tiene que haber un espacio destinado a zonas verdes.

El Plan General de Urbanismo es del año 1956 y la última revisión se hizo en 1990. ¿El Gobierno municipal tiene pensado actualizarlo? Estamos dispuestos a estudiarlo y a que se abra el debate.





* Público - SUSANA HIDALGO - Benidorm - 05/04/2008
Foto: Vista de Benidorm desde el hotel Bali, con 186 metros de altura y 52 plantas. - MÓNICA PATXOT, publico.es




NOTICIA RELACIONADA: La trastienda de los hoteles - PÚBLICO - 05/04/2008

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El juez investiga también la concesión de cinco 'parkings' a JJ dentro del 'caso Urbanismo'

IDEAL/Granada* : El filtrador que trae de cabeza al gobierno municipal y a los empresarios sigue con las manos ligeras. Han aparecido más papeles, algunos anónimos, otros con nombres y apellidos, que afectan a los mismos protagonistas: al conocido promotor José Julián Romero y al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Lorente.

La Fiscalía del TSJA ha remitido al juzgado número 4 de Granada nuevos trozos de expedientes que no formaban parte de la denuncia original presentada el 3 de marzo por supuesta prevaricación y cohecho contra el promotor y dos funcionarios de la Gerencia. Los papeles llegaron después de conocerse la denuncia.

Los expedientes están ahora en manos del juez que investiga el 'caso Urbanismo', que tendrá que decidir qué hace con ellos, si aprecia algún indicio de delito o si directamente los archiva. Según fuentes próximas al caso el juzgado aún no se ha solicitado informe de la Fiscalía.

Los documentos, a los que ha tenido acceso IDEAL, afectan a la adjudicación de cinco grandes aparcamientos en Granada en cuya concesión habría intervenido supuestamete Lorente.

Una participación que nadie había cuestionado hasta ahora y que todos daban por hecho. Parece lógico que en los expedientes aparezcan informes del que durante dos décadas ha sido el hombre fuerte del urbanismo granadino con todos los alcaldes que han pasado por la plaza del Carmen. Incluso que interviniera en algún momento en la baremación de las ofertas.

Pero este procedimiento habitual se ha sometido ha revisión. En su denuncia por el 'caso Urbanismo' el fiscal no pasa por alto la amistad que existe entre promotor y funcionario y cuestiona la conveniencia de la participación de Lorente en algunos proyectos: «No sólo no se abstiene en los expedientes de su amigo declarado, sino que informa en los mismos y controla la legalidad de las promociones del empresario».

Pendiente de la amistad

La sombra de la sospecha -según la denuncia de Fiscalía- se sustenta en el famoso informe de los detectives que siguieron a Lorente y a José Julián por Japón. La investigación del fiscal acreditó un «pago tardío» de 4.654,50 euros del funcionario al promotor por los gastos del viaje, un ingreso que se produjo cuando las diligencias ya estaban abiertas.

La última documentación remitida al juzgado la forman trozos de expedientes de cinco aparcamientos subterráneos: Los Cármenes, San Jerónimo, Parque Genil, Cruz de Lagos y Joaquina Eguaras. Grandes 'parkings' que en algún caso rondan el millar de plazas.

Pese a que algunos de estos expedientes se terminaron de tramitar en el anterior mandato (PP), la mayoría empezaron a gestionarse entre el año 2000 y 2001, con el tripartito. En todos aparecen entre las interesadas empresas relacionadas con José Julián Romero, aunque en algún caso -Joaquina Eguaras- es la única oferta que se presentó al concurso.

En la documentación que han hecho llegar a la Fiscalía también se alerta sobre algunas presuntas irregularidades en la tramitación de los aparcamientos, como el desvío de la acequia gorda para la excavación del 'parking' de Parque del Genil o la concesión de las hipotecas en tres de ellos. Este periódico intentó contactar ayer con el promotor implicado para recoger su versión.





* Ideal - 04.04.08 - Q. CHIRINO Y C. MORÁN
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com

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Estepona: La demolición de la estructura del hotel de Prasa concluirá en dos semanas

SUR/Málaga* : La estructura del hotel de Prasa, que se levanta junto a la playa de La Rada, desaparecerá en breve de la imagen del litoral esteponero. Las obras de demolición se encuentran ya en la recta final -con la ejecución del 80% de la estructura- y la empresa encargada de ejecutar los trabajos prevé concluir el derribo en un par de semanas...
...según explicó ayer el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, que indicó que la retirada de los escombros concluirá en este mes.

Con motivo de los trabajos que se están realizando, la avenida de España permanecerá cortada al tráfico, entre las rotondas de intersección con la avenida Juan Carlos I y el puerto deportivo, el próximo sábado y domingo, de 08.00 a 19.00 horas.

La demolición se inició hace dos meses. El edificio de Prasa tuvo su embrión durante el gobierno del GIL. En 1996 el Ayuntamiento firmó un convenio con el propietario del solar, Acasa, donde se contemplaba una modificación de elementos en el PGOU para casi quintuplicar la edificabilidad de la parcela y otorgarle 22.000 metros cuadrados de techo para un hotel. En 1999 se aprobó esta modificación del planeamiento y unos meses después se le concedió a una sociedad del grupo Prasa, Estepona Beach 2000, la licencia para edificar. La construcción del edificio se paralizó en 2003 porque no se ajustaba a la legalidad urbanística, ya que invadía zona de protección del dominio público y no se ajustaba al planeamiento.

«Era un convenio leonino para los intereses municipales. La Junta de Andalucía informó negativamente sobre esta modificación de elementos, pero se le otorgó la licencia para crear el complejo hotelero. Lo que había en el interior del convenio era un proyecto que mezclaba la parte hotelera con apartamentos turísticos; en paralelo existía un proyecto de concesión a Prasa de una parcela del puerto para aparcamientos», según explicó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, cuando se inició la demolición.

Futuro

Esta parcela dispondrá tras la demolición de la estructura de 7.000 metros cuadrados edificables. El acuerdo urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y la promotora Prasa para el derribo de esta estructura contempla compensar a la empresa por la superficie que se demuele en la parcela de La Rada y por las pérdidas ocasionadas durante la tramitación del expediente con 25.000 metros cuadrados de edificabilidad en unos terrenos ubicados en primera línea de playa en arroyo Antón (El Velerín). Estos terrenos pasarán a disponer de un total de 35.000 metros cuadrados de techo tras esta operación urbanística.

Lo cierto es que la operación urbanística de permuta de terrenos se plasmará cuando se apruebe la revisión del planeamiento. Será entonces cuando se analice esta operación en el contexto del modelo territorial que defina el plan; si bien el equipo redactor emitió un informe favorable en el que se indica que los planteamientos del convenio se ajustan al plan.





* Sur - 04.04.08 - MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO
Foto: La empresa ha derribado el 80% de la estructura, situada en primera línea de playa. / M. P, diariosur.es

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EL TSJM declara nula la licencia de obra de 33 chalets de Aranjuez

MADRIDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Aranjuez en septiembre de 2004 para la construcción de 33 chalets en la zona conocida como el Montecillo.

El motivo de la nulidad, según los grupos de la oposición, PP y ACIPA, radica en que se concedió una licencia para construir viviendas en una zona calificada como suelo urbano no consolidado. La denuncia fue presentada en su día por la empresa Finca La Gravera S.L., propietaria de una parcela colindante declarada como zona verde, y que reclama también sus cargas y beneficios.

Para la portavoz del PP en Aranjuez, María José Martínez, la situación es "excepcional", ya que se trata de 33 viviendas que quedan fuera del ordenamiento urbanístico de la ciudad y que pueden ser derribadas en un plazo de cuatro años si el demandante solicita la ejecución de la sentencia, contra la que no cabe recurso.

Martínez explicó también que en ese caso los propietarios de las casas podrían reclamar a la constructora, y ésta al Ayuntamiento, que podría tener que asumir "una responsabilidad patrimonial cifrada en unos 210 millones de euros". El PP ha pedido la dimisión del edil de Urbanismo.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aranjuez, Francisco Fernández del Valle, pidió al PP que explique "de dónde saca esos números" y ha explicado que la licencia fue concedida porque contaba con las firmas favorables de los técnicos municipales.

"Si no la hubiera firmado me hubieran acusado de prevaricación", dijo Fernández del Valle, que recordó que el convenio urbanístico fue firmado por el último gobierno del PP en la ciudad, en el año 2000, y que cuando llegaron al gobierno en 2003 ya estaba hecha la modificación puntual del PGOU en la zona.

Del Valle recordó que el PGOU de 1996 no delimitaba unidades de ejecución en el suelo urbano no consolidado, y que se actuaba de forma sistemática a la hora de conceder esas licencias. "De hecho, durante el último gobierno del PP, y hasta que en 2003 adaptamos el PGOU a la ley de 2001, se acometieron licencias similares como las de los terrenos de Pirelli o la Charca del Secano".

"No creo que se vayan a derribar las viviendas", dijo Fernández del Valle, que ha asegurado que "si se pide ejecutar la sentencia el juez no va a tirar casas que ni están en zona verde o en zona dotacional".





* Madridiario - 04-04-2008 - MDO/EFE
Foto: Aranjuez (Madrid) - madridiario.es

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El fiscal pide reabrir el caso Los Parques des Cubells al ver indicios de delito

DIARIODEIBIZA* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Eivissa, que dirige Antoni Torres, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Balears contra la decisión del juez Juan Carlos Torres de archivar la causa penal abierta por el caso de Los Parques des Cubells. En este lugar, situado entre Cala Llentrisca y es Cubells, el anterior Ayuntamiento de Sant Josep otorgó decenas de licencias de obras pese a tratarse de un espacio dotado de la más alta protección ecológica y hallarse catalogado como suelo inedificable.

El escrito del recurso presentado por la Fiscalía recuerda que el Ayuntamiento de Sant Josep intentó dar cobertura legal a sus actuaciones, en los años noventa, mediante la tramitación de un Plan de Delimitación de Suelo Urbano para este lugar. Sin embargo, el Ministerio Público señala que dicho instrumento nunca llegó a ser aprobado definitivamente por las instituciones competentes de Balears y que, incluso, la extinta Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) advirtió a Sant Josep de que, mientras dicho plan no estuviera definitivamente aprobado, no podía considerarse en vigor ni ser aplicado.
Pese a ello, el Ayuntamiento consideró urbanizable la zona y continuó otorgando licencias para mansiones en este paraje de acantilado.
El escrito del recurso, que ocupa 18 folios, revela que muchas de estas licencias fueron otorgadas además sin el preceptivo informe jurídico, con lo que la gravedad del caso sería aún mayor.
El fiscal destaca la «contumacia y perseverancia de los técnicos urbanísticos y autoridades municipales, considerando contra viento y marea que la zona era suelo urbano, lo que supone un gravísimo incumplimiento de sus deberes constitucionales en orden a servir con objetividad los intereses generales y no los de un particular», en alusión al promotor.
Sobre este caso declararon en su momento como imputados el aparejador y el ex arquitecto municipales de Sant Josep y el promotor, Jacques Portrat.
El fiscal considera que el juez no argumentó ni justificó su decisión de archivar este caso.






* Diario de Ibiza - J. Ll. Ferrer - 05 de abril de 2008
Foto: Vista aérea de la zona edificada en Los Parques des Cubells / M. Copa, diariodeibiza.es

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El concejal de Urbanismo de Zurgena usaba el coche de un promotor detenido

ELPAÍS/Almería* : Los detalles del caso de corrupción urbanística investigado en la pequeña población almeriense de Zurgena, en la que se han detectado más de 1.000 viviendas ilegales, van conociéndose con cuentagotas. Dos días después de que la Guardia Civil detuviera al alcalde Cándido Trabalón, del Partido Andalucista, y su concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, la juez del caso decretó la puesta en libertad de ambos sin necesidad de abonar fianza, aunque siguen imputados de cohecho, prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio.

El resto de apresados, dos empresarios de la construcción y dos arquitectos técnicos también recobró la libertad, aunque todos tendrá que comparecer a primeros de mes en el juzgado.

Los interrogatorios comenzaron a las 11.30 y se prolongaron hasta avanzada la tarde y las preguntas giraron en torno a las actuaciones urbanísticas aprobadas por el Consistorio entre 2004 y 2005. La juez Pilar Alfonso Rodríguez, a cargo del juzgado número 2 de Huércal Overa, se interesó por un ingreso de 12.000 euros que el alcalde recibió en su cuenta bancaria en 2005 y por el uso que el concejal de Urbanismo hacía de un coche propiedad de uno de los promotores imputados. "A todos les han preguntado si habían recibido pagos o comisiones, y todos lo han negado", señaló uno de los abogados.

Según fuentes cercanas al caso, el regidor no supo precisar con certeza de donde venía el dinero, dado el tiempo que había pasado, y estimó que podría ser una "ayuda económica de sus padres". Una vez que se reunió con esposa, ésta aseguró frente a un grupo de amigos que es fruto de "los regalos de primera comunión" de uno de sus hijos.

A los tres delitos anteriores, el regidor del Partido Andalucista suma una imputación por falsedad documental relativa a un certificado de antigüedad expedido por el Ayuntamiento a una casa propiedad de unos ciudadanos ingleses. En los últimos diez años, una nutrida colonia inglesa se ha establecido en la comarca del Almanzora, atraídos por el sol, la cercanía del mar y la tranquilidad de pequeños pueblos.

Sobre el vehículo que usaba, el edil de Urbanismo Manuel Tijeras explicó a la juez que era propiedad del promotor Antonio López, dueño de la empresa New Horizon Villas, pero que éste lo entregó en un concesionario de Nissan para cambiarlo por una furgoneta. "Como sabía de dónde venía el coche, lo compró y todavía está pagando los 25.000 euros que le costó mediante un leasing", señalaron desde el entorno del edil.

El empresario, acusado de cohecho, explicó que le prestó el coche al concejal "en tres o cuatro ocasiones porque tuvo un accidente". "Mi cliente es amigo de todo el mundo. Es una cosa totalmente normal en un pueblo pequeño y en una empresa que tiene cinco o seis vehículos", asegura su letrado, Rafael Salinas.Tomás Zurano, el otro constructor imputado por cohecho, suma además un delito de desobediencia por no hacer caso de la paralización de una de las promociones que tenía en marcha en la población. "Parece que ser que la Junta interpuso un procedimiento contencioso para paralizar las viviendas, pero él ha declarado que creyó que no era aplicable a esas viviendas, sino a otras, y que siguió porque no se lo aclararon", señalaron fuentes de las defensas.

Los dos arquitectos técnicos, Carlos Berbel y Francisco Salvador, están acusados de prevaricación urbanística. La abogada de Berbel, María Dolores Maldonado, señaló que su cliente trabajaba con frecuencia para el ayuntamiento como colaborador y que su papel se limitaba a "emitir informes sobre las características del terreno y si cumplían las características que exigía la ley".

Durante toda la jornada, los juzgados fueron un ir y venir de vecinos de Zurgena, que recibieron a los acusados con palmas, besos y jaleos. El alcalde, Cándido Trabalón, fue recibido aún abrumado, aseguró que estaba satisfecho por estar libre. "No debe ser tanto como se dice porque estamos en la calle", aseguró.
Ex socialista

Unas horas después, cuando se reunió con su concejal, atribuyó la operación a una "trama de acoso del PSOE", partido al que estuvo afiliado y que abandonó. "Me ha dado vergüenza ajena de las instituciones que tenemos en este país", aseguró. El alcalde confesó que mientras estuvo retenido se había planteado abandonar la política, aunque el edil de Urbanismo, Manuel Tijeras zanjó esta posibilidad. "Tenemos la conciencia tranquila y hemos hecho lo mejor que creíamos para nuestro pueblo. Vamos a seguir el tiempo que el pueblo quiera", dijo.

El empresario Antonio López también salió entre aplausos de los juzgados. "No hemos robado a nadie ni hemos nada malo para que vengan así de esta manera. Es la primera noche que he dormido en la cárcel y he estado corriendo de un lado para otro porque no sabía qué hacer", contó. Su abogado se mostró confiado en que "una vez dado el golpe de efecto" levantarán el secreto de las actuaciones y podrán solicitar el sobreseimiento de las actuaciones.

"Habría que hacer un estudio en toda la comarca, porque me consta que hay muchas viviendas ilegales en peores condiciones que Zurgena y sin embargo no se han ejercido acciones de carácter penal, ni contencioso administrativo", mantuvo.






* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Almería - 05/04/2008
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net

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La corrupción urbanística se destapa en Aljaraque

G.A.S/Huelva* : Aljaraque es uno de los pueblos de la provincia que más ha crecido en relación a la expansión urbanística. Dentro de este contexto de crecimiento, se hacía casi inevitable que salieran a la luz entramados de corrupción.

Fue el pasado año cuando Rafael Barroso Castillo, promotor y ex militante del PP, denunció al ex alcalde del municipio Juan Manuel Orta y al ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, por un posible delito de cobro de comisiones ilegales, que enriquecieron el patrimonio personal de los imputados durante los 12 años de mandato al frente del Ayuntamiento de Aljaraque. Al mismo tiempo se detuvo a la esposa de Casto Pino, así como a un socio de Orta.

El pasado 2 de abril se tomó declaración a lxs detenidxs a lxs cuales no se ha procedido aún a imputar ningún cargo, hasta que la investigación policial vaya aportando luz a la posible trama de corrupción urbanística. Por el momento solo se les acusa de blanqueo de dinero, delito fiscal y falsedad documental.

La situación de Aljaraque ha cambiado drásticamente desde que el Partido Popular llegó al Ayuntamiento. Hace 12 años el pueblo, compuesto por cuatro núcleos (Aljaraque, más las pedanías colindantes), limitaba con pinares que albergaban un ecosistema rico en fauna y flora. A día de hoy todo ese pinar ha sido transformado y cubierto por cemento y urbanizaciones. Este proceso urbanizador iba a seguir su curso gracias a los permisos concedidos para la construcción de 6.000 viviendas más, aunque al parecer estos permisos se han reducido a 1.500 cuando ha cambiado el signo del ayuntamiento, aún así el cemento sigue multiplicándose.

La población de Aljaraque se ha multiplicado en los últimos años de 9.000 a una 18.000 personas. Esto según lxs vecinxs del municipio ha provocado un estancamiento total, ya que la “La gente no deja dinero en el pueblo, se va a comprar fuera” como apuntaba una vecina del pueblo. Un pueblo eminentemente ganadero ha pasado a ser una ciudad dormitorio sin recursos suficientes para abastecer a tal cantidad de población.
Al mismo tiempo que se han construido sin control alguno, urbanizaciones de lujo y chalets adosados, la edificación de viviendas de protección oficial (VPO) han sido nimias, con un total de 20 viviendas en estos últimos años.

Según lxs nuevxs integrantes del gobierno municipal, se llevará a cabo un proyecto de construcción de 578 VPOs en 4 años, aunque para ello tendrán que llevar a cabo un proceso de reconversión de los terrenos destinados a este fin, ya que el espacio con posibilidades de construcción se han reducido drásticamente gracias a la especulación.

Más allá del empobrecimiento del hábitat urbano, se han invadido zonas de alto nivel ecológico tanto de pinar como de las Marismas del Odiel, lo que nos da una muestra de hasta donde puede llegar el afán por llenar los bolsillos de un buen número de promotores, políticxs oportunistas y especuladores.





* Grupo de Acción Social - 05/04/2008
Foto: Aljaraque (Huelva) - gas

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El pleno del Puig reimpulsa el PAI del campo de golf con protestas y desalojos de vecinos

LEVANTE/Valencia* : Un año después de que el pleno del Ayuntamiento del Puig exigiera a la empresa Golf-Mar adecuar el macroproyecto de 6.255 viviendas y un campo de golf a la nueva Ley Urbanística Valenciana para garantizar un 10% de pisos protegidos (600 VPP), el nuevo equipo de gobierno surgido tras la moción de censura a los socialistas -formado por PP, un independiente y dos tránsfugas del PSPV- aprobó ayer con siete votos, en una sesión extraordinaria, revocar ese acuerdo, por lo que la promotora queda exenta de construir VPO.

Socialistas y Compromís votaron en contra.
El Programa de Actuación Integrada (PAI) ha resucitado con el nuevo gobierno, tal como informó Levante-EMV en exclusiva esta semana. Este PAI se aprobó el 30 de diciembre de 2003 con el objetivo de acogerse a la antigua LRAU. Cuatro años más tarde el mismo alcalde del PSPV que lo aprobó dio marcha atrás obligando a Golf-Mar a destinar el 10% a VPO, así como a vender los aprovechamientos urbanísticos a un precio de mercado que oscilaba sobre unos 180.000 euros la hanegada.
El nuevo alcalde del PP, José Miguel Tolosa, explicó que llevó al pleno el PAI tal como se aprobó en 2003 ante la "posibilidad más que real" de que el ayuntamiento perdiera el recurso contencioso-administrativo que la empresa presentó en su día. "Eso supondrá el fin de juicios interminables con grandes cuantías económicas que podrían llevar a la quiebra del ayuntamiento", señaló para justificar su decisión.
El nuevo gobierno sólo ha tardado dos meses y medio para debloquear este PAI desde que accedió al poder. La venta del 10% del aprovechamiento urbanístico centró casi todo el polémico debate. Desde el PSPV se pedía al gobierno local que diferenciara el planeamiento de Golf-Mar, con el que dicen estar de acuerdo, del asunto del aprovechamiento, por el cual dicha firma podía adquirir ese 10% a razón de 54.000 euros la hanegada. El portavoz socialista y ex alcalde Eugeni Ruiz declaró que "el 10% debe ser del ayuntamiento y si el pleno estima el recurso de reposición el acuerdo volverá a ser como en el año 2003, situación que haría perder varios miles de millones de euros al pueblo del Puig". Desde el gobierno, el edil independiente Enrique Navarro, ex edil de Urbanismo con el PSPV en el pasado mandato, contestó que se actualizarán los precios en una negociación con la empresa y si no hay acuerdo se hará "una subasta pública" para vender ese aprovechamiento. El portavoz de Compromís, Vicent Porta, dijo que "no podemos decir no al golf pero estamos en contra por las prisas". Porta preguntó si "¿hay algo que esconder?", al tiempo que avisó que su grupo iniciará acciones judiciales.
Desalojo de un vecino
El salón de plenos estaba abarrotado de público, en su gran mayoría propietarios de terrenos en el sector Els Plans. Hubo un nuevo desalojo de un vecino que abucheó al concejal del grupo no adscrito, José Pérez, uno de los tránsfugas. La policía lo desalojó. Otra persona se encaró con el desalojado al defender a Pérez y casi llegan a las manos ya fuera del salón. Cabe destacar que la ex alcaldesa popular y edil de Coalició, María Alfonsa Vázquez, abandonó la sesión antes de votar como forma de protesta.






* Levante-EMV - Paco D. Ausina, El Puig - 05 de abril de 2008
Foto: El Puig (Valencia), costa - mma.es

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Pelotazo en Torre Pacheco

ELPAÍS/Murcia* : "El Ayuntamiento de Torre Pacheco está interesado en formalizar la permuta de los terrenos de su propiedad con los de la mercantil Mar Menor Golf Resort (Polaris World) para, entre otros fines, la ampliación del cementerio de El Jimenado". De esta forma justificaba en un decreto el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, su decisión de promover el cambio de una finca de 34.834 metros cuadrados en terrenos aledaños a una urbanización con campo de golf por cinco fincas de secano de 52.000 metros cuadrados, alejadas del casco urbano.

García Madid ingresó ayer en prisión tras negarse a declarar ante el juez por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El alcalde olvidaba en aquel texto que el cementerio no es propiedad municipal, y que el valor de los terrenos es muy desigual, según fuentes de la investigación. En el decreto, firmado el 12 de febrero de 2007 e incorporado al sumario, sostenía que los terrenos que le cede la mercantil "podrían ser un lugar idóneo para la instalación del Grupo de Proyección Exterior de la Guardia Civil". Lo cierto es que el Grupo de la Guardia Civil se instaló en Los Alcázares. En el bancal, que Polaris World compró a una familia antes de cambiarlo por el otro del Ayuntamiento, no se ha iniciado ninguna actuación. Ya ni se plantan lechugas.
Perjuicio al Ayuntamiento

Las valoraciones independientes realizadas por la Fiscalía revelan que el terreno que cedió el ayuntamiento era mucho más valioso. Y que la operación pudo suponer un perjuicio al municipio de entre cinco y seis millones de euros.

El decreto recoge que los terrenos de Mar Menor Golf Resort estaban valorados en 2,42 millones y los municipales en 2,88 millones, "según un informe emitido por el técnico municipal". Dicho funcionario es el arquitecto municipal detenido, Ramón Cabrera, en prisión por hacer esa tasación a la baja. Según el decreto, la empresa debía pagar como compensación por la diferencia de precio sólo 455.331 euros.

Todas las personas que participaron en el decreto de la alcaldía están detenidas o imputadas, como el secretario municipal, José Luis de Dios Rojo, y el interventor, Miguel Pérez. También están imputados el presidente de la compañía presuntamente beneficiada, José Luis Hernández, y el ex directivo Juan Marcos Fernández Farrugia.

El juez Salvador Calero investiga las irregularidades urbanísticas en Torre Pacheco y Fuente Álamo en sustitución de la juez Aránzazu Moreno, de baja maternal. Tres días antes de ceder el testigo, Moreno levantó las medidas cautelares sobre el alcalde García Madrid. Su sustituto ordenó detenerlo y lo ha enviado a prisión. El consejero de Presidencia del Gobierno de Murcia (PP), Fernando de la Cierva, calificó a la juez Moreno de "pepera" en una conversación grabada. De la Cierva trabaja ahora para Polaris World. Este periódico trató de contactar con la juez Moreno, pero no es posible al estar de baja, según un portavoz del Tribunal Superior de Murcia.





* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 05/04/2008
Foto: Mar Menor Golf Resort - llavetex.net

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'Trama eólica': "Te he colocado cinco 'kilos' por la patilla"

ELPAÍS/Gran Canaria* : Celso Perdomo, valiéndose de su cargo de director general de Industria del Gobierno de Canarias, "facilitó información que no debía ser divulgada a personas que tenían interés" en el concurso de instalación de parques eólicos, a cambio de sustanciosos cohechos. Ésa es la conclusión del fiscal anticorrupción de Gran Canaria, Luis del Río, que solicita siete años de prisión para el ex alto cargo.


Cuando tramó en 2004 el amaño del concurso, Perdomo dependía de un consejero del PP, Luis Soria, hermano del máximo dirigente popular canario, José Manuel Soria. El presidente del Gobierno era el nacionalista Adán Martín, que gobernaba en coalición con el PP. Perdomo fue destituido en junio de 2005. Pero eso no le impidió seguir tejiendo en la sombra ventajas ilegales para sus clientes en el futuro concurso, que finalmente sería anulado en diciembre de aquel año. Su trueque de información privilegiada por reiterados cohechos está abundantemente detallado en el relato del fiscal, basado en la investigación policial:

- Correos ilegales. Antes de que se publicara la orden del concurso, Perdomo envió sendos correos electrónicos, en agosto de 2004, a Wilebaldo Yanes y a Daniel Fernández Salamanca, representantes de diversos concursantes, con un borrador de la orden del concurso y una relación de terrenos y contactos públicos y privados para instalar parques eólicos.

- Cesión de acciones. Perdomo mantuvo contactos con representantes de dichas sociedades para pactar el precio de su información. Por ejemplo, con Enrique Guzmán López, que el 5 de octubre de 2004 firmó un contrato de cesión de acciones a Perdomo en Proyectos Renovables de Canarias, haciendo constar que dicha firma tenía un acuerdo con Hidrocantábrico para presentarse al concurso eólico.

- Pagos en Luxemburgo. Además, Perdomo recibió pagos de dicho empresario en una cuenta de un banco de Luxemburgo, nominalmente a cargo de su novia, Mónica Quintana. Por esa vía, ingresó más de 23.000 euros en 2005. Pero esta cifra podía ser aún mayor, a tenor de las grabaciones telefónicas. El empresario Guzmán le avisó en mayo de 2005 en varias conversaciones del pago de su comisión: "En el banco tienes que firmar lo de los 30.000 euros y firmar la cuenta, lo tiene que firmar Mónica (...). Han pagado los 30.000, el dinero llega a la cuenta esta semana (...). Vas a poder tocarlo esta semana". El remache es contundente: "Te estás haciendo millonario conmigo, perdona, a ti te están saliendo bien las cosas desde que me conoces. Te he colocado cinco kilos por la patilla".

- Pago en especie. Perdomo también acordó el pago de cohechos con los empresarios Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel. Ambos concursantes pactaron pagarle 12.700 euros a través de una empresa que había hecho obras de albañilería en su domicilio.

- El topo. Tras cesar como director general de Industria, en junio de 2005, Perdomo compró la voluntad de un alto funcionario para la trama: Honorato López, jefe de área de la Consejería de Industria. Era un hombre clave: podía valorar los expedientes y figurar en la mesa de contratación. Su abordaje queda evidenciado en las escuchas. "¿Es colega tuyo como para sentarnos a hablar de pasta?", le preguntan a Perdomo los empresarios. Éste asiente. "Sí, sí. Pero tengo que sentarme con él a ver de qué pie cojea, lo puede haber tocado otra gente". "Tú al Honorato le tienes que decir, tú, gilipollas, ¿quieres ganar dinero o no, idiota?", le aconsejan a Perdomo. Y Honorato resulta no ser "idiota". "Me tomé un café con Honorato, me va a dar una lista de cantidades [de comisiones]... Dos kilos por megavatio. Honorato dice que como él puede controlar los informes previos...", explica Perdomo a sus secuaces, que esgrimen dificultades técnicas para pagarle el soborno. "Le puedo abrir una cuenta, lo que no voy a poder firmarle es una orden de transferencia cuando todavía no sé cuántos megavatios nos va a dar". Su fichaje vale la pena. "Y si me dice que es poco, nos rascamos el bolsillo. Si él nos garantiza que sale con los nueve megavatios de Lanzarote, nos vamos a llevar cada uno entre 40 y 45 millones de pesetas si nos garantiza la adjudicación", argumenta Perdomo.

- Cinco millones por megavatio. Perdomo y el empresario Guzmán prometen a Honorato pagarle dos millones de pesetas de entrada, cuatro más cuando realice su informe y un millón más por cada megavatio adjudicado. Otro empresario, Esquivel, le garantiza pagos adicionales: dos millones por dejar el expediente bien valorado y, posteriormente, hasta cinco millones por megavatio adjudicado. Honorato se jacta del favor que devolverá: "Me dijo anoche que este año los Reyes Magos venían cargaditos de megavatios eólicos", comenta Perdomo. "El éxito depende de él, vamos a hacerle la rosquilla, lo que teníamos pactado con él, 50% para él, 50% para mí. Lo está estudiando todo muy bien, quiere máxima discreción. Como se filtre, se lo levantan. No quería que me viesen con él (...). Quiere una copia de todos los proyectos en los que quieres que él interactúe para él encauzarlos antes de que lleguen a la mesa [de adjudicación]".

- Anulación. Cuando el concurso es anulado en diciembre de 2005 por el Gobierno de las Canarias por un problema formal, Perdomo y sus cómplices pactan mantener sus estrategias de cara al futuro concurso. No sin cierta inquietud. "Tenemos que mantener nuestro contacto donde lo tenemos, no vamos a hablar por teléfono a partir de ahora", acuerdan Perdomo y un empresario. Pero no tienen ya salida. "He invertido mucho", le advierte a Perdomo su interlocutor.







* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 05/04/2008
Foto: Delegación en Las Palmas de Gran Canaria del Gobierno de Canarias - wikipedia.org

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Los ecologistas denuncian once casos de especulación urbanística en Extremadura

ELPERIÓDICO/Extremadura* : Ecologistas en Acción denuncia que el mapa de la especulación urbanística en Extremadura incluye once casos, tres en la provincia de Cáceres y ocho en la provincia de Badajoz. La denuncia de esos casos de especulación se formula en Navalmoral de la Mata por la coordinadora de Urbanismo de Ecologistas en Acción, María Ángeles Nieto, durante la presentación de la campaña nacional Ni un metro cuadrado más de hormigón.

Los casos de especulación urbanística en la provincia de Cáceres se ubican en Plasencia, Saucedilla y el embalse de Valdecañas, siendo éste último proyecto, conocido con el nombre de Marina Isla de Valdecañas, el que se encuentra más avanzado, según informa la agencia Efe.

En Badajoz, los lugares señalados en el mapa de la especulación son Medellín, Mérida, Olivenza, Castilblanco, Valdecaballeros, Alange, Fregenal de la Sierra y Cabeza la Vaca.

Todos los proyectos previstos en estas localidades son actuaciones en suelo no urbanizable protegido, algunas incluidas en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Interés Comunitario (LIC), próximas a embalses y cursos fluviales. De este modo, existen proyectos ubicados en los embalses de Valdecañas, Proserpina, García de Sola o Alange.

Nieto destaca que la especulación urbanística en Extremadura está amparada por el Decreto de Ciudades Mixtas y "responde claramente a intereses especulativos dentro de un modelo de desarrollo que no ofrece servicios ni respuestas adecuadas a los municipios". Además, advierte de que algunos de estos grandes proyectos podrían carecer de viabilidad económica, pese a los "enormes" presupuestos que los sustentan.

Los proyectos suelen plantearse en municipios con pocos habitantes y gran valor natural, paisajístico y arqueológico, y las actuaciones incluyen hoteles, campos de golf, grandes villas y otras instalaciones.

Asimismo y en opinión de Ecologistas en Acción, todos estos proyectos están dirigidos, especialmente, a turistas centroeuropeos con un alto poder adquisitivo, "siendo éste un modelo que perpetúa un urbanismo muy impactante y sin justificación alguna". Dentro de las protestas organizadas contra este tipo de planes, Ecologistas en Acción y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Extremadura (ADENEX) protagonizarán este fin de semana una acampada en El Gordo como señal de oposición a "Marina Isla de Valdecañas".

Con respecto a esta acampada, la presidenta de Ecologistas en Acción del Campo Arañuelo, Francisca Blanco, observa que tanto el Ayuntamiento de El Gordo como la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y la Dirección General de Turismo no han dado permiso alguno para que su celebración. Blanco critica la actitud de estas instituciones, especialmente con la consejera de Cultura y Turismo, Leonor Flores, de la que recuerda su pertenencia en el pasado a Ecologistas en Acción.

Los alcaldes de El Gordo, Baustista Sánchez, y Berrocalejo, Evelio García, prefieren no comentar la acampada, una decisión que respetan, pero no entienden, al tiempo que han dicho desconocer el lugar exacto de la acampada. "Que sea con toda la normalidad posible y nada más", asevera Sánchez, mientras que García ha insiste en que la isla en la que se va a construir el complejo de ocio y turismo está abandonada desde 1963.





* El Periódico de Extremadura - 03/04/2008
Foto: Marina Isla - hoy.es

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El juez del ´Caso Faycán´ imputa a Guillermo Reyes por un delito contra la ordenación del territorio

LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El juez instructor del 'Caso Faycán', Francisco Javier García García-Sotoca, ha imputado al ex concejal de Urbanismo del municipio grancanario de Telde Guillermo Reyes por un presunto delito contra la ordenación del territorio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado ha dictado una providencia en la que cita a declarar al líder de la plataforma Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca) el próximo día 10 de abril a partir de las 09.30 horas en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 del municipio, agregaron las mismas fuentes.

El 'Caso Faycán' salió a la luz pública el 1 de marzo de 2006 y con la imputación del ex concejal de Ordenación del Territorio y Urbanismo se eleva a 41 el número de personas imputadas por esta presunta trama de corrupción.

Este caso partió de la denuncia de una empresaria relacionada con el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas durante el anterior mandato local de PP y AFV-Ciuca.

Asimismo, el próximo martes también declararán en calidad de testigos dos técnicos municipales de la oficina de Urbanismo, situada en el barrio histórico de San Juan. De hecho, varios empleados de este departamento ya han comparecido con anterioridad como testigos ante el juez.


EL MISMO DELITO QUE LA PRINCIPAL IMPUTADA.
Según fuentes jurídicas, la imputación del portavoz de AFV-Ciuca podría estar relacionada con la instalación de dos cabañas en la finca que poseía la ex concejala de Vías y Obras del PP y principal imputada, María Antonia Torres, en el barrio teldense de Tara, en suelo catalogado como rústico que no admitía esta actuación.

Además, el juez imputó el mismo presunto delito contra la ordenación del territorio a la también ex presidenta del PP local tras su última comparecencia en el juzgado.

La Concejalía de Urbanismo ha remitido al juez una certificación en la que especifica que los tres inmuebles --una vivienda grande y dos cabañas de madera-- se alzan sobre terrenos calificados en parte por el actual Plan General de Ordenación Urbana como suelo de especial protección agrícola, mientras que el resto estaría regido por la calificación de asentamiento rural, según informaron a a Europa Press fuentes municipales, que precisaron que dichas construcciones estaban en "situación irregular".


GRUPO EUROPA Y MAZOTTI.
Reyes podría ser también interrogado en relación a un proyecto de la empresa Gestión de Cooperativas Europa, dentro de una investigación que forma parte de la pieza separada número 38 de la instrucción del caso vinculada a supuestas gestiones irregulares de esta empresa, a la que la sociedad municipal de Vivienda y Suelo Urvitel adjudicó la asistencia técnica de dos promociones de viviendas de protección oficial (VPO) en El Goro.

En su última declaración ante el juez este martes, el ex alcalde Francisco Valido indicó que en las reuniones con dicha empresa se hizo referencia a que los expedientes relacionados "estaban bloqueados en la Concejalía de Urbanismo", que dirigía en aquella época Reyes, de AFV-Ciuca, por lo que dijo en el encuentro que "habría que hablar" con este edil para solventar dichos contratos.

Según las fuentes consultadas, el magistrado estaría interesado en la concesión de licencias de obra para construir las VPO en las parcelas donde Grupo Europa programó dos promociones de 24 y 47 viviendas cada una.

Por otro lado, el juez investiga también el contrato suscrito por el anterior grupo de gobierno local con Mazotti, implicada en el caso Faycán, acerca de las obras realizadas en el potrero municipal de El Goro.


LA DECLARACIÓN DE GORDILLO.
El ex asesor de Vías y Obras de Telde, Francisco Gordillo, también imputado, aseguró que en una de sus declaraciones ante el juez que el procedimiento para el cobro de comisiones a los empresarios lo articuló María Antonia Torres "a principio de la legislatura" del pacto conformado por el PP y AFV-Ciuca, que se hizo con el poder municipal en junio de 2003.

El que fuera mano derecha de Torres admitió que el cobro de comisiones ilegales se ideó al poco tiempo de que la alianza de populares y AFV-Ciuca comenzara a gobernar el Consistorio de Telde. En concreto, señaló que "se empezó a cobrar cuando se empezó a dar obras", aunque dijo que no recordaba el mes.

Gordillo sostuvo en su comparecencia que no recuerda si cobró comisiones en 2003 y puso de relieve que el cobro llevaba un "trámite". "Hasta que las obras no están realizadas no se hace operación alguna", aseguró. En cambio, dijo que sí recordaba haber cobrado "algo" en el ejercicio siguiente.





* La Provincia - Europa Press - 04 de abril de 2008
Foto: Telde - laguiadegrancanaria.com

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Parcent se convierte en referente en Europa de la lucha contra los desmanes urbanísticos

LEVANTE/Alacant* : Nadie del PP, ni de la Generalitat, ni siquiera del resto de fuerzas políticas que se oponen a las recalificaciones de terrenos y destrucción del territorio podía llegar a imaginar que un pequeño pueblo de la Vall del Pop iba a plantar cara al poder del ladrillo.

Parcent ha dejado de ser una bellísima población de la Marina Alta que tiene amenazadas sus montañas, para convertirse en un símbolo en Europa de la lucha contra la destrucción del territorio, de la unión de un pueblo para decidir su futuro y de la supremacía de las leyes europeas por encima de las nacionales y autonómicas.
Todos los grupos políticos del Parlamento Europeo mostraron el pasado miércoles su solidaridad con Parcent y le dijeron a su alcalde, Máximo Revilla que no están solos. Además, las críticas a la situación de Parcent y a la negativa de la Generalitat Valenciana a devolver al consistorio los tres PAI, que contemplan la construcción de 1.800 casas, vinieron desde la derecha y desde la izquierda y dejaron a la Generalitat sin argumentos. Políticos británicos alienados en el Grupo Popular europeo se mostraron muy críticos por la "intimidación" a la que están sometidos los políticos locales de Parcent.
En este sentido, cabe recordar que el gobierno del pequeño municipio de la Vall del Pop es independiente y consiguió la mayoría absoluta oponiéndose precisamente a la construcción de las 1.800 casas. Una situación vergonzante para la Comunidad, que podría haberse resuelto en muchísimas ocasiones. La última hace menos de un mes si el conseller de Medio Ambiente, Jose Ramón Garcia Antón hubiera cumplido su palabra dada en precampaña electoral cuando afirmó que la conselleria no haría nada en contra de la opinión de los vecinos de parcent. No obstante, pasaron las elecciones y la conselleria siguió en sus trece y negó devolver los planes al consistorio para subsanar los errores.
El caso de Parcent comienza a ser increíble ya que la CHJ, el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo y Europa han mostrado su rechazo al mismo por falta de recursos hídricos principalmente. También ha sido rechazado mayoritariamente en las urnas por los vecinos. Sin embargo, el PP que preside Francisco Camps mantiene el proyecto contra viento y marea, incluso contra el propio Partido Popular europeo.
En este sentido, cabe destacar las palabras del británico conservador Neil Parish (perteneciente al Grupo Popular) quién criticó que España no había solucionado el problema y "por ello acuden a la comisión, para que se tomen las medidas adecuadas porque por defender a su pueblo, Máximo Revilla y Jacqui Cotterill tienen una querella criminal. ¿No es eso intimidación y persecución? las construcciones de Parcent no deben hacerse y España debe impedirlo ya".






* Levante-EMV - César Monzonís, Parcent - 04 de abril de 2008
Foto: El alcalde, Máximo Revilla, llevó hasta el parlamento europeo la problemática de Parcent/ levante de alacant

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El alcalde de Torre Pacheco cedió a Polaris World terreno urbanizable por una parcela rústica

ADN/Murcia* : El diario digital Noticias de Murcia ha publicado este jueves una información por la que el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), detenido este jueves por su presunta relación con las diligencias abiertas por corrupción urbanística en el municipio, habría cometido prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio.

El texto acusa al primer edil de haber cedido por decreto "35.000 metros de suelo municipal" a la empresa Polaris World a cambio de "50.000 metros de bancales de secano en suelo rústico en El Jimenado". El terreno perteneciente al Consistorio está situado en el entorno interior inmediato al resort de lujo que esta empresa tiene junto a la carretera que une Torre Pacheco y Los Alcázares, "a escasos metros de parte de las viviendas ya construídas".

El técnico municipal había valorado los metros de tierra permutados en "460 millones de pesetas" (2.884.277,56 euros) y en una cifra algo inferior, concretamente en "404 millones" (2.428.946,21 euros) los del Jimenado. Por la pérdida, Polaris World "se comprometía a entregar al Ayuntamiento algo más de cuatrocientos mil euros a efectos de equiparación de valores", según el diario.

Añade además que "las fuentes no han precisado si el uso urbanístico concreto del suelo permutado por el Ayuntamiento permite la construcción de viviendas en el mismo, si ese suelo estaba comprometido para alguna actividad municipal o si sirve a los intereses de la operativa del negocio turístico, residencial y deportivo de Mar Menor Golf Resort".

A raíz de las consecuencias que puede tener el cambio para el municipio y como prueba del presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio, el digital apunta que "en opinión de los agricultores y propietarios de la zona si la valoración (de los técnicos) hubiera sido de 3.000 pesetas el metro, ya estaría bien la cosa", por lo que, añade "los bancales de suelo rústico obtenidos por el Ayuntamiento tendrían un valor de más de sietemil setecientas pesetas el metro cuadrado".

Además, el propio periódico ha comprobado que "una finca de 140.000 metros cuadrados, en la misma pedanía (El Jimenado), y con suelo rústico ha sido tasado en un millón y medio de euros (249 millones de pesetas), a 1.663 el metro cuadrado".

Sin aviso a la Corporación

Otro punto del asunto que cita el diario es que la Corporación Municipal de Torre Pacheco no fue informada del decreto de permuta en el momento en el que se produjo y que debía haberse hecho por tratarse de "una operación que supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal" y por ello, debería haberse acordado "en mayoría absoluta".

El resto de ediles murcianos "no tuvieron conocimiento de los detalles de la operación", otro dato que vendría a confirmar la presunta corrupción urbanística del alcalde. Según versa el digital, estos fueron informados "al final de un pleno maratoniano y dentro de un conjunto de decenas de decretos".

Socios de Polaris World

Dentro de la mismas diligencias, el empresario y ex socio del grupo inmobiliario Polaris World Facundo Armero ha sido llamado a declarar esta tarde por el titular del juzgado número 3 de San Javier, Salvador Calero.

Armero se encuentra en libertad con cargos y con obligación de presentarse cada quince días ante la justicia, tras su declaración, el pasado 6 de noviembre, ante la jueza de instrucción Arancha Moreno, que abrió el caso de presunta corrupción en los municipios de Torre Pacheco y Fuente Álamo, a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El empresario es propietario entre otras de la empresa Construcciones Torre Pacheco y fue co-fundador del grupo promotor inmobiliario Polaris World en 2001, y que abandonó a finales de 2006 al vender su 50% del grupo por más de 300 millones de euros.





* ADN - Marta Muñoz - 03.04.2008
Foto: polarisworld.com

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'Góndola': "Hablé lo tuyo con el presidente y me prometieron que lo iban a impulsar"

LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Las escuchas de la 'operación Góndola' revelan la intención del Gobierno de Canarias de facilitar al empresario Santana Cazorla la autorización para construir siete mil camas en Mogán. El ex director general del Gabinete del Presidente, Salvador Iglesias, tranquilizó al empresario Santiago Santana Cazorla acerca de la autorización para construir siete mil camas turísticas en el complejo Anfi Tauro, de su propiedad.

Según una conversación telefónica interceptada por la policía dentro de la investigación de la 'operación Góndola', el 14 de diciembre de 2006, en la que es el propio Iglesias el que realiza la llamada, éste le comenta al empresario que "lo tuyo estaba medio parado, entonces hablé con los consejeros ayer, antes de ayer martes, y le dije, oye, esto no puede ser, tenemos todo esto parado, ¿qué pasa, presidente?, los expedientes parados y tal... y entonces me prometieron que lo iban a impulsar".

En la misma conversación, Iglesias traslada al empresario que el presidente Adán Martín se está tomando la molestia necesaria para que se tramite todo con rapidez: "Le dije al presidente, coño, no tengan eso parado, tramítenlo porque hay que llevarlo al Parlamento porque se nos acaba el año".

Por otra parte, en otra conversación telefónica interceptada por la policía entre Adán MArtín y el empresario Santana Cazorla, el ex presidente del Gobierno de Canarias le confirma que "antes de ayer llamé al consejero y le dije que está bien ya esta historia, que la quería ver y que la viera el secretario general técnico, porque estaba cansado, hasta los huevos... y si puedo la llevo al Gobierno el martes que viene". En la misma conversación interceptada, de fecha 18 de enero de 2007, Martín asegura que "soy consciente de que el tiempo se acaba, porque estaban ahí mareando la perdiz".

En el mismo diálogo, que se inicio a las 21.18 de la noche el presidente le asegura a Santana Cazorla que ha dado instrucciones a los técnicos para que "escriban en diez horas" los informes, "porque lo quiero en la comisión de mañana".A su vez, da explicaciones al empresario sobre el retraso que ha sufrido todo: "tu sabes que a Pilar (su mujer y ex viceconsejera de Turismo) la separaron totalmente de esa historia y no ha podido tocar nada, que lo tenía medio enfocao, pero ya lo cogí directamente y lo hice ayer".

Las conversaciones revelan un tráfico de influencias entre el presidente, Adán Martín, el director general del Cabinete del Presidente, Salvador Iglesias, y el empresario Santiago Santana Cazorla, al que finalmente se le concedió la autorización para construir las camas en Tauro.




* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 03 de abril de 2008
Foto: Mogán - wikimedia.org

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Otro capítulo del urbanismo en Bruselas

ELPAÍS* : Parecía que el Parlamento Europeo había cerrado el capítulo del urbanismo valenciano. Pero no. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo volvió ayer tarde a escuchar el relato de algunos de los proyectos urbanísticos más polémicos tramitados al amparo de la ya derogada LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) e incluso de la vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV), denunciada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

A dos minutos por peticionario, los afectados actualizaron ante los europarlamentarios el estado de proyectos urbanísticos como los de Parcent, Tibi, Catarroja o Porxinos, entre otros. Estos son algunos de los casos que ayer volvieron a exponerse ante la Eurocámara:

Parcent. Localidad alicantina de 1.000 habitantes y 11,8 millones de metros cuadrados de término municipal. Tres planes urbanísticos -El Replà, El Cantalar y La Solana- se aprobaron el penúltimo día de vigencia de la LRAU en medio de protestas ciudadanas. Su única base era unas obsoletas Normas Subsidiarias del año 1991, según la plataforma Veïns de Parcent. Estos planes, que prevén unas 1.800 viviendas, continúan en tramitación en la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. El Ayuntamiento, gobernado tras las elecciones locales de 2007 por Coalició Democrática de Parcent, se opone a estos proyectos y ha pedido a la Generalitat la documentación. La promotora ha denunciado a la nueva Corporación por supuesta prevaricación.

Llíria. La Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat denuncia las supuestas infracciones medioambientales al aprobar el PGOU, que incluye el proyecto Golf Coto de Català. Están previstas 2.000 viviendas.

Riba-roja. La plataforma vecinal contraria al plan de Porxinos, donde el Valencia CF tiene previsto construir su nueva ciudad deportiva, insiste en que el proyecto incumple la ley europea en materia medioambiental. Además está prevista la construcción de 2.500 viviendas en este municipio de Camp de Túria.

Catarroja. El proyecto Nou Mil·leni, en Catarroja, donde están previstas cerca de 13.000 viviendas, está aprobado, pero está en estos momentos paralizado porque la promotora, la mercantil Llanera, ha suspendido pagos. La plataforma Salvem Catarroja presentó la denuncia ante Europa.






* ELPAIS.com - Valencia - 03/04/2008
Foto: Votación en el Parlamento Europeo - elpais.com

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