Arzúa se pone en pie de guerra contra el plan de urbanismo

ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : La casa de cultura de Arzúa se quedó pequeña para acoger a más de medio millar de personas que se dieron cita convocadas por la Plataforma Veciñal que intenta defender los intereses de una buena parte de los arzuanos, tanto del casco urbano como del rural, ante las últimas modificaciones incluidas en el Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal (PXOM).

En una cita sin precedentes en el municipio arzuano, por el número de vecinos que congregó, la nueva plataforma decidió solicitar al grupo de gobierno –en manos del BNG con mayoría absoluta– la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se acuerde la devolución del PXOM a la Consellería de Medio Ambiente, la exposición pública del documento a efectos de alegaciones por el plazo de un mes y la contestación razonada a cada una de esas alegaciones. Dicho pleno creen que se debe celebrar en el multiusos para que puedan acudir todos los interesados

Los responsables de este nuevo colectivo sienten que los vecinos afectados fueron engañados y que quedaron indefensos ante lo que consideran un atentado a los derechos de las personas a ser informadas y a poder alegar, ya que las modificaciones del PXOM en ningún momento se expusieron al público.

La Plataforma Veciñal se queja de que una gran parte de las modificaciones –como variaciones de alturas, alineación de edificaciones y nuevos inmuebles catalogados en Patrimonio– se hicieron después de la aprobación inicial del PXOM y que no responden a ningún tipo de valor arquitectónico o cultural, dejando indefensos a los afectados al no poder encauzar las alegaciones que estimen oportunas.

La situación es más dolorosa porque la plataforma afirma que el gobierno municipal conocía estos cambios y, pese a todo, no los puso en conocimiento de los vecinos interesados. Este hecho es interpretado desde este nuevo colectivo como una falta de transparencia y un ocultismo que pueden derivar en posibles favoritismos personales en el entorno del grupo de gobierno nacionalista.

LAS CLAVES

Explicaciones al grupo de gobierno

La Plataforma Veciñal que logró unir los intereses de más de quinientos vecinos de Arzúa solicitó el apoyo de los grupos de la oposición para exigir al gobierno municipal una explicación a los cambios del PXOM.

Movilizaciones si no hay una respuesta

En caso de que el gobierno local arzuano no apoye las solicitudes de la Plataforma Veciñal, ésta convocará de nuevo a los afectados para organizar nuevas movilizaciones como concentraciones o cortes de carretera.








* El Correo Gallego - Santiago - 21.01.2008
Foto: Edificio de la esquina de la calle Calvo Sotelo que también se contempla/ Formoso, elcorreogallego.es


NOTICIA RELACIONADA: Los vecinos de Arzúa se rebelan contra los cambios en el PXOM - El Correo Gallego - 17.01.2008


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Obras Públicas costeará el derribo de viviendas ilegales en Cádiz

ELPAÍS* : La Junta de Andalucía tiene abiertos 12 expedientes de demolición con sentencia firme en la provincia de Cádiz, sobre las que ya hay ocho órdenes de derribo con carácter inminente. Una de las principales trabas que encuentra la Fiscalía para reponer la legalidad urbanística es la tardanza que acumula la ejecución de estos fallos judiciales.

La falta de recursos económicos de los particulares y de los ayuntamientos para acometer estos derribos lleva a la Junta a asumir de forma subsidiaria estos pagos, aunque transcurrido un considerable tiempo. La Consejería de Obras Públicas y la red de fiscales de Andalucía han ultimado un protocolo para que sea el Ejecutivo andaluz el que asuma estos costes y reduzca trámites al restablecimiento de la legalidad.

El código penal establece que deben ser los propietarios los que acometan y paguen el derribo de sus casas sin licencia. Pero pocas veces se da esta circunstancia. Todavía en El Palmar (Vejer, Cádiz) se recuerda el caso de Rosendo Bonillo, que en 2006 se derribó sus cinco chalés en cumplimiento de una sentencia. O el más reciente de una pizzería en la misma pedanía, cuyo dueño también prefirió demoler por su cuenta. No es lo más habitual.

Los propietarios suelen aferrarse a recursos judiciales y a la esperanza de que una futura regularización salve sus casas. Cuando los particulares no actúan, el mismo código penal establece que son los ayuntamientos los que deben asumir esta responsabilidad, aunque no todos tienen fondos para ello. Al final, es la Junta la que ejecuta la demolición.

Para evitar estas trabas, Obras Públicas y la red de fiscales de Medio Ambiente han preparado un protocolo que establece que la Consejería se haga cargo de los costes de este proceso. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, se felicita. "Es una ayuda necesaria porque el proceso de demolición es muy complejo y se dilata en el tiempo", sostiene. El delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, matiza que las aportaciones autonómicas no serán generales sino que se aprobarán tras estudiar cada caso.

Desde 2001 la Delegación de Obras Públicas de la Junta y hasta finales de 2007 había abierto 385 expedientes urbanísticos para perseguir la proliferación de viviendas ilegales. La mayoría de ellos, 283, fueron sancionadores. En la actualidad la Junta tiene aprobados los expedientes de contratación de obras de demolición para dos casas de El Palmar.

También la Demarcación de Costas ha decidido intervenir ante las viviendas ilegales. El Ministerio de Medio Ambiente entregará incentivos a los ayuntamientos que colaboren en poner orden al urbanismo salvaje. Ya se han iniciado conversaciones con los ayuntamientos de Vejer, Rota, Chipiona, Sanlúcar y Barbate. Esos planes consensuados conllevarían el derribo de casas ubicadas en zonas protegidas. A cambio esos suelos recibirían inversiones para mejorar los accesos a las playas, tratar las dunas dañadas o crear senderos en el litoral.






* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 21/01/2008
Foto: Chiclana (Cádiz), zona viv. ilegales - ELPAIS / Roman Ríos


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La Costa da Morte volvió a manifestarse contra el Plan Acuícola en Malpica

ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : "Se isto non se amaña, ¡caña, caña...!" Esta fue una de las numerosas consignas coreadas ayer en Malpica de Bergantiños, donde más de medio millar de personas se manifestaron en contra del Plan Acuícola diseñado por la Consellería de Pesca, y en especial, contra la inclusión en el mismo del área de Seiruga.

Además de vecinos de Malpica, uniformados con camisetas de color naranja, entre los manifestantes resaltaban también las de color azul, que vestían los de Merexo (Muxía), y las verdes de los de Camelle (Camariñas) que, una vez más, volvieron a unir sus voces en contra de la ubicación de piscifactorías en sus respectivas localidades.

A ellos se sumaron también representantes del colectivo ecologista Verdegaia y de todos los grupos políticos de Malpica, entre ellos el alcalde, el socialista Ramón Varela, que la pasada semana intentó en vano convencer a la conselleira para que Seiruga se excluyese del Plan Acuícola.

La marcha partió de la casa consistorial y se dirigió al puerto de la villa, concluyendo una hora después en el punto de partida. Durante la misma se oyeron peticiones de dimisión a Touriño y Carmen Gallego, a la que acusaban en algunas pancartas de haber diseñado "un plan hipotecario" para la costa.

La presidenta y el portavoz de la plataforma Seiruga Limpa, Irene Muíño y Alfonso Vidal, antes de disolver la concentración, acusaron a la Xunta de diseñar un Plan Acuícola que "é un feixe de mentiras", ya que mientras la Administración autonómica dice que se van a crear 2.800 puestos de trabajo en Galicia, "as empresas dín que só serán 1.200". En el caso de Seiruga, añadieron, "ó noso alcalde dixéronlle que serían 50, e se facémo-lo cálculo polo plan serían 127".

Creen asimismo que se está "especulando" con los terrenos, pues, según Vidal, en Mougás se pagaron terrenos a 30 euros el metro cuadrado, "mentras que aquí só valen 6, en Merexo nada, e en Camelle unha miseria".

Una zona muy turística

Entre las razones que vienen esgrimiendo los vecinos de Malpica para oponerse a la construcción de una granja acuícola en Seiruga está el impacto visual y ambiental que causaría en una zona que atesora un gran potencial turístico, ya que se ubica entre dos playas. Además, de los informes que maneja la plataforma vecinal se deduce que perjudicaría al equilibrio biológico de dicho espacio, en cuyas proximidades hay también un castro, por lo que su deseo es preservar el entorno natural.

Unas razones que la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, considera que carecen de peso y así se lo hizo saber al alcalde, confirmándole además que el proyecto cuenta con los informes favorables de Medio Ambiente y Patrimonio, y se aprobará en un mes y medio.

EL DATO
Más movilizaciones

La plataforma Seiruga Limpa tiene previsto continuar con sus movilizaciones en contra del Plan Acuícola. Anuncian concentraciones ante la Consellería de Pesca mientras su titular, Carmen Gallego, se niegue a recibirlos. Además preparan, junto con otros colectivos, una gran concentración en Santiago.







* El Correo Gallego - J. M. RAMOS • MALPICA - 21.01.2008
Foto: Los manifestantes recorrieron las calles de Malpica para pedir a la Xunta que cambie el Plan Acuícola/ RAMÓN BUSTO, elcorreogallego.es


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Málaga: El Seprona investigó 44 delitos por casos urbanísticos en 2007

LAOPINIÓN/Málaga* : Los casos urbanísticos copan gran parte de la actividad judicial en la provincia de Málaga. La Fiscalía de Medio Ambiente estima que la mitad de los municipios de la provincia han sido investigados por cometer presuntas irregularidades urbanísticas, ya sea por edificaciones ilegales, por la concesión de licencias de obra que contravienen la normativa urbanística, o por no cumplir con los plazos legales para construir.

Precisamente el Servicio de Protección de la Naturaleza investigó en 2007 un total de 44 delitos por casos urbanísticos, de los que 37 correspondieron a edificaciones presuntamente ilegales y siete a obras, según datos proporcionados por la Subdelegación del Gobierno. No obstante, los casos en materia urbanística tramitados por el Seprona se han reducido considerablemente, en concreto a la mitad con respecto a hace dos años. El pasado año la Guardia Civil abrió 261 expedientes urbanísticos -suman las infracciones administrativas y los delitos-, mientras que en 2006, actuó en un total de 495, lo que convirtió a Málaga en la provincia con más infracciones en Andalucía. No obstante, de esos expedientes, sólo se consideraron delitos seis casos.
En cuanto a las infracciones administrativas tramitadas en 2007 (no conllevan a un proceso penal), 109 hacían referencia a edificaciones, 89 a obras y 19 a trabajos de movimientos de tierra.

Minería. El Seprona también intervino en casos contra el medio ambiente, derivados del uso de recursos naturales sin permisos o sobreexplotación de yacimientos. En el ámbito de la minería se tramitaron un total de 48 infracciones administrativas por extracción de recursos mineros y 38 por explotación de los minerales sin autorización de la administración competente.
Otras intervenciones en este ámbito correspondieron a expedientes administrativos por actividades con aguas minerales o termales, y otras once por infracciones derivadas de otras actividades mineras.

Denuncias. En el apartado de turismo, se formularon 71 denuncias administrativas por acampar en zonas no habilitadas, nueve por el uso de caravanas y 27 por el empleo de embarcaciones de recreo en parajes costeros. Asimismo, se recibieron cuatro denuncias por construcciones en vías pecuarias.
El Seprona trabaja muy ligado a la Fiscalía de Medio Ambiente para luchar contra la delincuencia urbanística en la Costa del Sol. Sus actuaciones se han convertido en la principal fuente parta los órganos judiciales que inician causas contra la ordenación del territorio.
Además de este servicio, la Guardia Civil cuenta con un equipo especializado en corrupción inmobiliaria que colabora con la Fiscalía Anticorrupción. En España hay 200 agentes dedicados a esta labor.







* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 21 de enero de 2008
Foto: El Seprona vela por el cuidado del entorno. EFE



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¿Cuál es el siguiente municipio?

LAVERDAD/Murcia* : Los dirigentes del PP y del PSOE se han enfrascado en una escalada para ver quién reclama el mayor castigo político a los detenidos e imputados de cada bando -expulsados ya de la militancia- a cuenta de los escándalos urbanísticos de Totana y de Los Alcázares. Esa carrera parece no tener fin a la hora de extremar y apurar las responsabilidades, con el deseo de fondo de trasladar la culpabilidad a los órganos directivos de cada partido. En definitiva: A ver quién llega más lejos propinando el mayor escarmiento público, para satisfacer a los ciudadanos y arrogarse el premio de la ética y la estética políticas.

Mientras tanto, el problema de fondo que ha dado pie a esta ola de corrupción -presunta- en territorio murciano sigue en el limbo. Esto es, el uso y abuso de los convenios urbanísticos que, pese a estar regulados y reconocidos por ley, se manifiestan con renglones torcidos e ilícitos cada vez que la tentación es muy fuerte ante voluntades volubles y corrompibles. Una especie de reino de jauja se ha instalado en determinados municipios y ahora está pasando factura.

No hay que generalizar, pero a este paso se corre el peligro de que la excepción se convierta en costumbre, ya que, además de Totana y Los Alcázares, jueces y fiscales también ha levantado en peso los archivos urbanísticos de Torre Pacheco y Fuente Álamo. Eso, aparte de las denuncias en curso en otras poblaciones. De momento, tirando por lo alto y a modo de balance provisional, hay un alcalde en prisión, otros tres imputados, un ex alcalde hasta ayer en los calabozos, otro ex alcalde y diputado regional a punto de ser procesado; además de concejales y ex altos cargos imputados en otros casos. Una lista demasiado larga y socialmente inaceptable.

El deseo de unos cuantos regidores de alicatar su municipio de ladrillo, cemento y campos de golf a golpe de convenios urbanísticos tiene estas consecuencias. No hay nada más peligroso y arbitrario que un concejal tirando rayas con un lápiz sobre el mapa: Esta parte urbanizable; ésta otra protegida; aquí un convenio; al otro lado una recalificación que genera millonarias plusvalías; y más allá el plan urbano a palo seco. ¿Qué puede salir de todo eso? ¿Dónde va un alcalde aprobando más de 50 convenios urbanísticos de golpe? Con intención o sin ella, los jueces y fiscales, la Guardia Civil y la Policía Nacional le han tapado por ahora la boca a aquellos del PP murciano que se quejaban de un trato desigual de la Justicia y de la Fiscalía. A Totana (PP) le ha seguido Los Alcázares (PSOE), donde el secreto de sumario se había ido prorrogando, quizás a la espera de pruebas concluyentes. Pero la cosa, probablemente, no va a quedar así, ya que como ha comentado alguien estos días, «esto no es un empate. Estamos en el minuto 10 del partido».

Según diversas fuentes, es muy probable que a Los Alcázares le sigan otros casos y municipios gobernados por el PP y que están siendo investigados por las brigadas anticorrupción, sobre la base de denuncias presentadas en su día, como ya publicó La Verdad. Alguna diligencia incluso podrían apuntar más alto. Está por saber si el próximo golpe será antes o después de las elecciones generales del 9 de marzo. Mientras tanto, ¿qué imagen!







* La Verdad - ANUEL BUITRAGO - 21 enero 2008
Foto: Murcia, vista huerta - wikipedia.org


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La mayoría de PGOU de 2007 no tiene informe de sostenibilidad

ELPAÍS/Valencia* : La mayoría de los Ayuntamientos valencianos ignora la legislación estatal y autonómica en materia de impacto medioambiental y participación pública en el trámite de sus nuevos planeamientos urbanísticos, según constata un estudio del colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano. El informe resalta que de los 28 planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sometidos a información pública durante el año 2007, tras superar la fase de concierto previo, sólo tres municipios habían elaborado el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental.

Los conservacionistas responsabilizan a la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de "tolerar" esa vulneración de la norma. El departamento que dirige José Ramón García Antón rechaza la denuncia.

Ecologista en Acción del País Valenciano asegura que la tramitación de la mayoría de los nuevos planes generales vulnera la ley estatal de evaluación ambiental estratégica e impide, por tanto, la participación pública recogida en la misma. El grupo ecologista, a tenor del seguimiento realizado a la actividad urbanística de los municipios valencianos en el año 2007, también denuncia que el grueso de planes no incluye la participación pública para la redacción de los estudios de paisaje, incumpliendo de esta forma la normativa autonómica.

El estudio de Ecologistas en Acción del País Valenciano constata que sólo dos de los 28 municipios habían recogido en sus respectivos PGOU un plan de participación pública previsto en la Ley 9/2006 sobre evaluación ambiental estratégica y en la ley 27/2006 que incorpora la normativa europea recogida en el convenio de Aarhus. Los Ayuntamientos que cumplimentaron ese trámite fueron el de Palomar, en la provincia de Valencia, y Castalla (Alicante). Además, únicamente otros tres municipios habían elaborado el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental y lo sometieron a información pública. Esos tres Ayuntamientos fueron los de Palma de Gandia, Aielo de Malferit (ambos en la provincia de Valencia) y Caudiel (Castellón), aunque este último con posterioridad a la información pública del proyecto.

Y en cuanto al cumplimiento de la participación pública prevista en la legislación autonómica (reglamento de paisaje, aprobado por el decreto 120/2006 de 11 de agosto), sólo se observó en los PGOU tramitados por los Ayuntamientos de Beniarjó, Lloc Nou d'En Fenollet y Palomar, en la provincia de Valencia; Albocàsser, Almenara, Borriol y Jérica, en la de Castellón, y Planes, Alcalalí y Castalla, en la provincia de Alicante. Para los ecologistas, la principal responsabilidad de que el procedimiento de participación pública no se esté dando actualmente recae en la Generalitat valenciana. El grupo naturalista sostiene que el Consell no informa ni guía a los Ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, de sus obligaciones, y que no ha incorporado la normativa estatal a la legislación autonómica. "Quizás se explique por la falta de interés en aplicar una normativa estatal que, cumpliendo con las directivas europeas, es mucho más ambiciosa que la realidad existente en el País Valenciano", precisa Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción.

La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a través de su gabinete de prensa, rechazó la acusación de los ecologistas. "Todos los PGOU en marcha en la Comunidad Valenciana se están tramitando de manera legal y respetando la norma estatal y autonómica, tanto en el apartado de evaluación ambiental como de la participación pública", señaló la responsable del área de comunicación del departamento que dirige el consejero José Ramón García Antón.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) más polémico aprobado provisionalmente recientemente es el de Sant Joan d'Alacant, que no cumple ninguno de los requisitos recogidos en la legislación vigente (ni el de participación pública ni el de sostenibilidad). Este plan ha recibido más de 300 alegaciones de vecinos, la oposición política y colectivos conservacionistas, entre ellos de Ecologistas en Acción del País Valenciano. El grueso de las alegaciones planteadas al documento urbanístico rechaza la iniciativa del equipo de gobierno local del PSPV de agotar prácticamente todo el suelo no urbanizable que existe en el término municipal y que supera los dos millones de metros cuadrados. El plan previsto para el crecimiento urbanístico de la población a medio plazo llevaría a Sant Joan d'Alacant a tener 32.000 viviendas y a multiplicar por cuatro su actual censo de habitantes, hasta rondar los 70.000 vecinos.

Los planes generales de ordenación urbana tramitados en 2007 en la Comunidad Valenciana y que no cumplen ninguno de los tres requisitos mencionados son los aprobados por los Ayuntamientos de Aielo de Malferit (en concreto el de fecha 29 de diciembre de 2006, uno de los dos que ha impulsado el municipio), Montserrat, Teresa de Cofrentes, Altura, Onda, Benafer, Antella, Alfarp, Lloc Nou d'En Fenollet (uno de los dos que ha tramitado el Consistorio de este municipio valenciano), Rafelcofer, Beniarbeig, Geldo, Caudiel (uno de los dos tramitados), Llutxent, Museros, Teulada, Useres y el citado de Sant Joan d'Alacant.


Planes tramitados que cumplen
- Contemplan la participación pública en la redacción de los estudios de paisaje:
Beniarjó (15/02/2007)
Albocàsser (24/09/2007)
Planes (17/10/2007)
Fenollet (07/11/2007)
Almenara (23/11/2007)
Alcalalí (21/12/2007)
Palomar (21/12/2007)
Borriol (24/12/2007)
Castalla (26/12/2007)
Jérica (27/12/2007)

- Los que incluyen el Informe de Sostenibilidad Ambiental:
Palma de Gandia (20/02/2007)
Aielo del Malferit (21/03/2007)
Caudiel (22/06/2007)

- Los que incluyen la participación pública de Evaluación Ambiental Estratégica:
Castalla (26/12/2007)
Palomar (21/12/2007)







* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 20/01/2008
Foto: Sant Joan d'Alacant, playa - mma.es


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Fantasma de cemento

SUSO DE TORO* : Tanto la Cidade da Cultura como el puerto exterior de Punta Langosteira son grandes empeños nacidos del pasado. Ambos nacieron en el oscurantismo, de decisiones a espaldas de la ciudadanía y cubiertas con el silencio de medios de comunicación. Ambos fueron proyectos completamente irracionales en origen y por eso ambos deben ser conocidos y racionalizados. El proyecto Cidade da Cultura ha sido expuesto al público, sometido a discusión y ahora parece que está en vías de racionalización. A ver. El proyecto de Punta Langosteira, en cambio, sigue en su limbo, seguimos sin saber nada de él.

No vemos mapas de su localización, foto aérea de su ubicación, alguna explicación cabal del proyecto. Sólo nos queda recurrir a Google Earth, pues en la prensa oímos un denso silencio sobre el lugar y el tema. Sin embargo, igual que la Cidade da Cultura, es un proyecto que la sociedad necesita conocer y luego debatir para poder asumirlo, pues no es una inversión particular de una empresa sino una gran obra pública. Verdad que la Cidade da Cultura se construye con dinero público, pero el dinero para construir el puerto exterior, aunque venga de la Unión Europea, también es público. Es un dinero que se da para ese proyecto y por lo tanto se nos negará para otros proyectos, así que nos debe ser rentable.

A Coruña hace años que necesita sacar de la ciudad los depósitos de Campsa- en años pasados se vivieron situaciones de verdadera emergencia- y seguramente otras descargas también. Por otro lado, la propia dinámica de la ciudad, su crecimiento, su falta de suelo, hacen deseable recuperar para los vecinos el espacio ocupado por el puerto de mercancías. Pero la operación urbanística en curso se fraguó como la trama de un lobby local en torno del alcalde de entonces para dar un pelotazo inmobiliario. Lógicamente se hizo de espaldas a la ciudadanía, sin conocimiento público del proyecto ni posibilidad de debate entre los vecinos. Fue una decisión demasiado importante para la ciudad como para hacerse así, pues condiciona su futuro.

En la práctica, A Coruña renunció a ser puerto, pues se buscó un lugar en otro ayuntamiento sin considerar un emplazamiento más cercano. Es una decisión arriesgada, quizá tenga su lógica pero debería haber sido más meditada pues es un precio muy alto el pagado por la ciudad. Por otro lado, el enclave escogido para levantar el nuevo puerto es muy cuestionado por su peligrosidad en caso de temporal, y hablamos de un proyecto que nació aprovechando la revoltura social creada por el desastre del Prestige. Lo que acaba de hacerlo inverosímil es que una inversión tan costosa queda a unas pocas millas de otro puerto exterior ya construido, el de Ferrol.

En su momento, el lobby promotor, con el alcalde y la Administración de Aznar, consiguió echar a rodar el proyecto y luego, tras resistencias iniciales por parte de la Administración socialista que lo veían disparatado, que la UE lo financiase. La actual ministra de Fomento se topó con el proyecto aprobado por su antecesor, el inolvidable Álvarez Cascos (oportunamente condecorado con medallas), y lo paró. Obligó a reformular los planes de construcción, a dejar más espacio público y a aumentar considerablemente el número de viviendas sociales que se preveían construir. No es raro que la ministra, que de por sí da pie a controversia, fuese tan atacada desde alguna prensa local. Una verdadera campaña, con motes y empapada de sexismo, desatada para evitar esa revisión del proyecto que lo sometía a criterios más sociales.

En cuanto al nuevo puerto en construcción, sigue en la niebla, un fantasma de cemento. Se echan toneladas de euros al fondo del mar y no sabemos lo que se está haciendo allí. Habría que poner sobre la mesa el mapa del proyecto del puerto exterior de Punta Langosteira y a su lado el del puerto exterior de Ferrol. Considerar la posibilidad de unirlos en un único sistema portuario, revisar el sistema de comunicaciones de Ferrolterra y repartir las funciones y servicios entre ambos. Crear un verdadero gran puerto doble, un puerto esgallado, pero con conexión a las autovías y ferrocarril. Tenemos el deber de pensarlo, porque tendremos que pagar las comunicaciones a ambos puertos e integrarlos en un proyecto de país, hacerlos nuestros y rentables.








* ELPAIS.com - 20/01/2008



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Fin del sueño en Marina D'or

PÚBLICO/Castellón* : Es sábado por la tarde, un plácido día de enero, y en los jardines de Marina d’Or algunos niños apuran los últimos rayos de sol bajo la atenta mirada de sus madres. El crepúsculo está a punto de extender una niebla rojiza —como de un fantasmagórico membrillo casero— sobre la lenta majestad del mar, y en todo el complejo no hay más de treinta o cuarenta personas pululando, como muertos vivientes, por las calles de la “Ciudad de Vacaciones”.

Los principales hoteles están cerrados. El balneario de agua marina está cerrado. La mayoría de los apartamentos están vacíos, y en muchos cuelga el letrero de “Se vende”. ¿Crisis en Marina d’Or? Quizá es sólo el invierno y sus paradojas. Al fin y al cabo, ahora es cuando se está bien en la costa mediterránea, sin aglomeraciones, sin sofocones, sin estridencias. Pero ahora no hay nadie.

Antes se vendían entre 1.500 y 1.800 apartamentos al año. En 2007 sólo unos 400La crisis tampoco hay que desatenderla. Si en los últimos tiempos la venta de apartamentos se situaba en una media de entre 1.500 y 1.800 al año, en 2007 no debieron ser más de 400. Los perros de las hipotecas, por otro lado, han mordido donde más dolía, y por eso muchos propietarios han empezado a acariciar la idea de volver a la meseta. De los sueños se despierta. O te despiertan.



Se va el sol y con él parece desvanecerse un imperio. No es tristeza lo que se masca aquí, sino una pequeña y volátil inutilidad. Un niño juega en la arena de la playa sin saber que esa playa necesita constantes aportaciones para mantener esa arena, porque el lecho es originariamente de piedra. Un poco más abajo, una pareja de mujeres de mediana edad pasa a mi lado arrastrando los pies, con un tedio estudiado pero infinito. Este crepúsculo, como el de los dioses, ya no tiene remedio.

Jornadas de 12 horas

Sorin y Mijaela Bika son dos de los muchos inmigrantes que me encuentro en mi paseo. Son amables y locuaces. Ambos han trabajado en los hoteles del complejo, pero ahora sólo vienen los sábados a gozar del silencio y la tranquilidad. Me explican: jornadas de doce horas diarias, seis días a la semana, con derecho al abuso en caso de sufrir algún percance sanitario. Sorin imposta la voz y descubre un rostro con capacidad plástica para el misterio: es que el jefe de personal, dice, es “un árabe”. ¿No les gustaría volver a trabajar en Marina d’Or? La respuesta es inmediata y a dúo: no.

“He visto las calidades con que se ha contruido esto. Ni loco compro nada aquí”Se puede visitar, también, una carpa con maquetas sobre el futuro. Qué será, será. Nada más penetrar en este espacio de fantasía, un cartel anuncia “promociones a la venta en Marruecos (Marrakech, Tánger, Agadir)”. El grupo se expande, claro. Ya está presente en Reino Unido, Francia y China.

Pero sigamos en la carpa. Otro cartel anuncia que el complejo obtiene el agua de la desalación del mar. Hasta 8’6 hectómetros cúbicos al año, por tres que capta de acuíferos internos y otros tres del agua subterránea del acuífero costero. Eso está muy bien, pero si falta agua, siempre se puede desecar un poquito el parque natural de Cabanes-Torreblanca, en el límite norte de las urbanizaciones. Hay que recordar, en todo caso, que la Conselleria de Territorio (en manos absolutas del PP) redactó en 2003 el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque (PORN) a la medida de los intereses vacacionales. De aquí la presencia, nada discreta, de excavadoras lanzando tierra sobre zonas húmedas. Eso no lo dice ningún cartel.

Más carpa. Un pequeño rebaño de jóvenes atienden a un anunciado espectáculo de “agua, luz y sonido”. Como delfines perfectamente adiestrados, seguirán las evoluciones de unos chorritos de agua acribillados por luces de colores al son de la banda sonora de “Oficial y caballero”. Es estéticamente emotivo: uno esperaría que en cualquier momento se pusieran a saltar y a pedir una sardina como premio.

Desde un rincón, un elegante caballero de mediana edad observa la pantomima con una sonrisa irónica. Le doy palique. Dice que es ingeniero industrial, de Madrid, y que llegó aquí en los inicios del complejo (en el año 2000). Ha visto crecer los enormes bloques de apartamentos como Keops contemplaba la erección de la gran pirámide de Giza. La pregunta es obligatoria. — No, no, yo no tengo aquí ningún piso. Yo vivo en Oropesa, en el casco antiguo. He visto las calidades con que se ha construido esto. Ni loco, oiga.

El advenedizo Jesus Ger

Oropesa. Más de diez mil habitantes, contando a Marina d’Or. Pero antes fue otra cosa. Un pequeño pueblo costero, que vivía de la naranja y de la viña. Sé lo que digo, porque mi padre tuvo en este término más de treinta hanegadas de naranjo, en la falda de una montaña. Mi infancia es un recuerdo de esos naranjos. Acabó vendiendo las tierras, porque la frontera entre el regadío y el secano no es la más propicia para sacar rendimiento del fruto dorado. Se vendió y ya está (también se vendió mi infancia). Jesús Ger, sin embargo, no llegó a tiempo de comprar.

Jesús Ger, por si alguien lo ignora, es el propietario de Marina d’Or. Es el hombre que convirtió uno de los últimos pedazos de costa virgen del litoral castellonense en esta aldea “de ensueño”. Podría parecer el tipo más popular de su entorno, pero no es así. Su voracidad le ha enfrentado con los principales empresarios de Castellón. Los de “toda la vida”. Con Luis Batalla (Lubasa), por ejemplo, ha medido bien sus fuerzas: Alien versus Predator. A Ger le reprochan ser un advenedizo. Nació en Barcelona e hizo sus primeros pinitos reparando televisores marca Grundig. Eso fue antes de comenzar a pensar a lo grande.

Es noche cerrada. La avenida de Barcelona —principal arteria del complejo— parece un compendio de soledades o quizá la ilustración de esa máxima que se repite obsesivamente en la pantalla digital del ascensor de mi hotel: “Ni temas ni desees la muerte”. Los neones alumbran calles espectrales por donde sólo yo me digno pasar. En el restaurante Il Pecatto —¡un sábado por la noche!— no cena nadie más. Vivo a cuarenta kilómetros de aquí, pero es como si hubiera penetrado en otro mundo. Uno de esos no-lugares de los que hablan los sociólogos (como un hipermercado, o un aeropuerto).

Domingo por la mañana. Levísima animación en el complejo: los inmigrantes juegan al fútbol. En los jardines, el sol baña suavemente las esculturas de Ripollés, ese artista gran amigo de Carlos Fabra. En el arte contemporáneo, medio centímetro separa lo ridículo de lo sublime. Ese medio centímetro ha proporcionado a Ripollés una enorme fortuna. Como a Jesús Ger.








* Público - JOAN GARÍ - Castellón - 19/01/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), urbanización Marina D'Or - publico.es


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Los Verdes llevan ante la UE el proyecto Gran Scala

ELPERIÓDICO/Aragón* : El eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, ha llevado el proyecto del macrocomplejo de casinos y parques temáticos Gran Scala ante la Comisión Europea. El pasado miércoles, el parlamentario europeo registró una pregunta, para la que solicita respuesta por escrito, sobre la iniciativa que promueve International Leisure Development (ILD), un pool de doce empresas --la mayoría de ámbito internacional--, y apoya el Gobierno de Aragón.

La pregunta insta a la Comisión, "dada la envergadura del proyecto", a que se informe "de forma inmediata" sobre las consecuencias que podría tener el desarrollo del proyecto y de las infraestructuras asociadas sobre el medio hídrico y en cuanto a los recursos energéticos.

No obstante, la pregunta que concretamente dirige el europarlamentario a la Comisión Europea se refiere al cumplimiento de "las medidas compensatorias adoptadas por los regadíos de Los Monegros, compromiso adquirido por el Gobierno de Aragón" ante las instituciones comunitarias, y a "los proyectos de conservación de especies en peligro en esta zona".

Hammerstein da por hecho que Gran Scala se convertirá en una realidad, ya que, "a pesar de no tener todavía aprobado el emplazamiento definitivo del proyecto y de estar en un estado preliminar, es de dominio público que esta obra es la principal apuesta de futuro que el Gobierno de Aragón tiene".

El documento indica que la puesta en marcha del complejo en Los Monegros vulneraría los objetivos de la Directiva Marco, ya que "carece de recursos hídricos" y en la zona hay déficit de agua; añade que el impacto de Gran Scala "se extendería incluso al Pirineo, donde se produciría una gran afección debido a la construcción de embalses para abastecer" al recinto, y recuerda que buena parte de la comarca está incluida en la Red Natura 2000 y que en ella habitan más de 5.400 especies animales, "la mayoría invertebrados" que en muchos casos forman comunidades "con alto grado de endemismo", así como aves esteparias.

Los promotores de Gran Scala sostienen que han puesto como condición para la adquisición de los terrenos en los que se ubicará el complejo que se encuentren libres de cualquier figura de protección ambiental. Por su parte, los diseñadores del recinto --el gabinete Art & Build y el arquitecto Nicolas Devuyst-- están trabajando en un sistema de suministro y reutilización de agua de bajo consumo.







* El Periódico de Aragón - 8/01/2008 E. B. D
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala - elperiodicodearagon.com


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Valencia: "Más puerto, menos ciudad"

JOAN OLMOS* : Finalmente, la poderosísima maquinaria política, empresarial y mediática que confluye en la APV ha conseguido su penúltimo objetivo. La macroampliación del puerto de Valencia empezará en breve, contra toda lógica ambiental, contra la falsa retórica de sostenibilidad que unos y otros predican. Sin planificación territorial, buscando exclusivamente objetivos relacionados con la actividad portuaria -tan sometida a los vaivenes de la globalización- comprometiendo otras opciones económicas tan respetables como las del tráfico portuario, desoyendo incluso a los técnicos y expertos nada sospechosos de posiciones ambientalistas extremas.

Parece claro que el Ministerio de Medio Ambiente dio luz verde a esta obra -en pleno verano- bajo la tremenda presión institucional local (que por cierto, lejos de agradecer tan generoso gesto, se dedicó de inmediato a desacreditar la medida por tardía y dubitativa). Lo que significa, lisa y llanamente, que fue una decisión alejada de la racionalidad científica, encajando mejor en el epígrafe de concesiones preelectorales de elevado coste para la ciudadanía.

Los riesgos de dicha operación no se limitan a las afecciones -ya de por sí muy preocupantes- a las playas colindantes y fondos marinos. Es toda la ciudad de Valencia la que está comprometida por una realización de esta magnitud, en un momento en que el necesario debate sobre el futuro de la fachada litoral está en pleno apogeo. Recordemos que se trata de duplicar la superficie portuaria actual, mar adentro. Evitaré repetir algunos de los argumentos críticos que se han hecho públicos en los últimos tiempos, apenas rebatidos desde instancias oficiales con cuatro tópicos, así como el análisis de las alternativas razonables que se han planteado.

Al tiempo que se anuncian las obras de ampliación, otro proyecto asociado al puerto, el llamado acceso norte, se ha puesto a funcionar. Ocurre con éste, como en otros casos, que de repente, como si el resultado de las elecciones de mayo hubiera levantado la compuerta de un dique, se han precipitado en cascada proyectos conflictivos que permanecían en lista de espera.

Detengámonos por un momento con este nuevo acceso norte al puerto. Se trata de un tramo de autovía, de más de dos kilómetros y medio de longitud, paralelo a las playas de Alboraia y Malva-rosa, partiendo desde el Carraixet hasta la calle de Serrería. Esta primera fase en superficie se prolongaría hasta el puerto a través de un túnel.

Justificado en principio para facilitar un acceso más directo a la zona portuaria, se presenta ahora como un nuevo elemento de la red viaria que, según la publicidad oficial "mejorará la comunicación con el área metropolitana, aumentará la capacidad de la red y reducirá los frecuentes episodios (¿?) de tráfico y congestión de la zona...", cuando lo que acaba realmente sucediendo no es que disminuye el tráfico (objetivo sostenible) sino que se estimula y aumenta. Como en las recientes ampliaciones de accesos, nuevas rondas, nuevos puentes, o nuevas circunvalaciones que no han hecho sino destrozar zonas de huerta sin conseguir el objetivo propuesto: la prueba es que hoy, la presión para construir nuevo viario es tan fuerte como hace diez años.

Ya lo expresó Colin Buchanann hace más de cuarenta años en Inglaterra, al señalar que la creación de más vías agravaría el problema de la congestión de las ciudades, puesto que iba a funcionar -como de hecho ha sucedido- como estímulo del tráfico privado y en perjuicio del transporte colectivo, que inició, a partir de ese momento, un declive imparable. Ahí es donde nos duele: la inexistencia de una política de transportes para el Área Metropolitana de Valencia se maquilla con un paquete de inversiones que nos endeudan y empobrecen.

Y así seguimos anclados en los planteamientos desarrollistas de los sesenta y no hay manera de atisbar cambios positivos en esta dinámica. Basta tomar un plano de los fantasiosos proyectos viarios del Plan Sur para comprobar cómo siguen marcando la pauta actual. El nuevo acceso norte lleva camino de convertirse en la vieja aspiración de conectar por autopista el norte litoral con el sur, atravesando el puerto y enlazando con la autopista de El Saler, burlando la intención del by-pass, al atraer tráfico de travesía por el camino más corto. Es lo que ocurrió con la ronda litoral en Barcelona, donde ahora no saben qué hacer con ella.

Menos razonable resulta la primitiva justificación del acceso norte al puerto, basada en evitar un rodeo del tráfico de mercancías procedentes del área norte de la ciudad. De entrada, hablar de rodeo resulta tendencioso. La línea recta no existe en el territorio, solo en la mente de los planificadores que consideran que éste es una especie de tabula rasa. El acceso del puerto tiene hoy una suficiente oferta viaria, a falta de completar la ferroviaria. No existe ninguna penalización actual a los camiones que proceden del norte del área metropolitana de Valencia, en todo caso deberían considerarse favorecidos por proximidad, teniendo en cuenta que el hinterland (zona de influencia) del puerto tiene un radio de varios centenares de kilómetros.

Pero hay otro argumento más poderoso a la hora de cuestionar globalmente el proyecto: es el ferrocarril el que debería absorber conexiones tierra-mar, y en todo caso, hacer factible el principio de internalización de los costes del transporte en el precio que pagan los transportistas. Para entendernos: el transporte por carretera está fuertemente subvencionado, contraviniendo la más elemental regla del libre mercado. Por si faltaran argumentos, las preocupaciones por el cambio climático apuntan a este medio como uno de los máximos responsables de las emisiones de gases nocivos. La Unión Europea y otras instituciones vienen ya apostando por ajustar este desequilibrio favoreciendo los modos menos agresivos con el medio.

Y en esas estamos. No solo el entorno portuario, sino toda la ciudad, están sometidos de nuevo a la presión para ahondar en esa crisis: más accesos por carretera para aliviar la ciudad colapsada resulta una demanda absolutamente improcedente. Es nuestra particular contribución al nuevo acuerdo internacional de Bali.

Por el contrario, urge un replanteamiento urgente del modelo de transportes metropolitano, basado en la racionalidad urbanística, evitando la dispersión, que facilite la movilidad a pie y en bicicleta, y construya un potente y fiable sistema de transporte colectivo, para que el automóvil no monopolice el uso del espacio público. Solamente así podremos conseguir una ciudad más habitable.



* Joan Olmos es ingeniero de Caminos.






* ELPAIS.com - 17/01/2008



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Siete Aguas vendió suelo a una promotora a 20 euros que a los tres meses se pagó a 210

LEVANTE/Valencia* : El Ayuntamiento de Siete Aguas que preside el popular Rafael Zahonero vendió en octubre de 2006 a una promotora 8.991 metros cuadrados de terrenos de propiedad municipal, procedentes de parte del aprovechamiento urbanístico que le correspondía al consistorio por la promoción Cerro de San Julián, a un precio de 20 euros el metro cuadrado. Tres meses más tarde, en diciembre del mismo año, los terrenos llegaron a alcanzar un precio de mercado de 210 euros por metro cuadrado.

El hecho fue denunciado por los grupos de la oposición (PSOE y EU) que lo enmarcan dentro de la "nefasta" gestión del alcalde y el equipo de gobierno en esta promoción urbanística "en la que han perdido más de 1,5 millones de euros del patrimonio de todos los vecinos". La moción fue tratada en un pleno extraordinario en la que los ediles de la oposición pidieron explicaciones al alcalde porque vendió a ese precio cuando esos terrenos se estaban vendiendo casi al 1.000% del valor de tasación marcado por los técnicos municipales. Hasta el día de hoy los ediles de la oposición reconocen no haber recibido una explicación que justifique esa venta.

El 23 de octubre de 2006 Rafael Zahonero, como alcalde de Siete Aguas firmó una propuesta de convenio con la empresa Casas de Siete Aguas, S.L. por el que la empresa se comprometía a realizar las obras de reparación y renovación de los servicios urbanísticos en la Urbanización El Cerro de San Julián, que la empresa había comprado meses antes, además la empresa se comprometía a ceder al ayuntamiento los viales y servicios urbanísticos que por ley le correspondían, con lo que se ponía en marcha el desarrollo urbanístico de esta urbanización, un proyecto que estaba casi paralizado desde hace más de 30 años. El Ayuntamiento de Siete Aguas se comprometía a aceptar la conversión en metálico del 10% del aprovechamiento urbanístico que le corresponde -8.991 m2- según la valoración de los servicios técnicos que acompañaba al documentos. Esta valoración era de 20 euros por cada metro cuadros y el total de la operación ascendió a 179.820 euros.

Tres meses después de la materialización del convenio, Servi7, la inmobiliaria que se encargaba de la venta de los terrenos de la urbanización El Cerro de San Julián de Siete Aguas, vendía las parcelas a un precio de 210 euros el metro cuadrado, tal como se podía ver el día 7 de diciembre en la página web que tenía abierta esta empresa en la red Internet.

Dos meses después, en febrero de 2007, los dos grupos municipales en la oposición -PSOE y EU- presentaron una moción, en la que pedían explicaciones a Rafael Zahonero y a su equipo de gobierno por esta venta. Los representantes pedían explicaciones al ayuntamiento por el punto del convenio en el que se compromete a cobrar en metálico el 10% del aprovechamiento que le corresponde por la promoción y la falta de firmas de los técnicos en el documento de tasación de los terrenos del aprovechamiento.
Además de ignorar la situación de este aprovechamiento sobre los vecinos que compraron en 1972, y sobre todo, "el hecho de que el valor del parque público y equipamiento no podrá ser inferior a 124.862,40 euros. Al igual que el 10% del aprovechamiento urbanístico, que nos parece insuficiente, teniendo en cuenta que Casas de Siete Aguas vende estos terrenos a 210 euros el metro", señalaron.







* Levante-EMV - 19 de enero de 2008
Foto: Siete_Aguas (Valencia) - JFCSvalencia, wikipedia.org


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Justicia pragmática para Marbella

MÁLAGAHOY/Editorial* : LA Fiscalía de Málaga, con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, negocia con las defensas de los acusados un acuerdo para sustanciar los más de 70 procesos judiciales pendientes por la concesión de licencias ilegales en Marbella. El pacto supondría para los acusados la condena global a una pena no superior a seis años de prisión por la comisión de decenas de delitos urbanísticos. Una quincena de ex concejales y ex alcaldes de las etapas más negras del gilismo podrían beneficiarse de este compromiso.

El Ministerio Público ofrece varios argumentos para defender estas conversaciones y la concesión final, como la obligación de aplicar el principio de economía procesal. Los costes de la tramitación y de la larga lista de causas fijadas atascan a la Administración de Justicia y suponen un exceso de carga de trabajo para la propia Fiscalía, que impide prestar dedicación a otros asuntos de relevancia. La segunda y, jurídicamente, discutible apreciación es que estaríamos ante un presunto delito conexo, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite instruir en un solo proceso porque hay relación entre todos los elementos. El Código Penal prevé un cumplimiento final de condena no superior al triple de la pena mayor de la infracción, dos años de prisión en el supuesto que nos ocupa. Una resolución de la Junta de Jueces de Málaga de hace un año da base legal a la decisión. La reflexión se cierra con que los acusados admitirían ante los tribunales su culpabilidad y que esta transacción sólo alcanza a los procesos por delitos contra la ordenación del territorio, no a los convenios urbanísticos ilegales y a otras posibles irregularidades.
Pero al margen del soporte jurídico que sustenta la iniciativa -no contemplada hasta ahora pese a que se han dictado ya numerosas sentencias, algunas incluso firmes-, el poso final que queda es más que alarmante. Si el caso paradigmático de Marbella, con unos desmanes urbanísticos que dieron origen a una corrupción y un saqueo generalizados, se cierra con castigos testimoniales, esta Justicia pragmática enviará el peor de los mensajes a la ciudadanía.






* Málaga Hoy - Editorial - 19.01.2008




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'Murcia no se vende' reclama que «el patrimonio de los condenados sirva para restaurar el medio ambiente»

LAVERDAD/Murcia* : La plataforma ciudadana Murcia no se vende pidió ayer que el patrimonio de los condenados por corrupción urbanística se destine a restaurar el medio ambiente dañado con sus actuaciones, y a la mejora ambiental, cultural o social de las localidades afectadas. «La corrupción debe dejar de ser rentable, social y económicamente», añadían.

La citada plataforma exige además al Gobierno regional la derogación «inmediata» de la Ley Regional del Suelo, las Directrices del Litoral y la Orden de 12 de noviembre de 2007 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, que desarrolla la Ley sobre Evaluación Ambiental Estratégica, «por considerar a los mismos el marco jurídico idóneo para la corrupción urbanística que asola nuestra región últimamente».

También exigen mecanismos de participación y control democráticos en los ayuntamientos para dificultar la acción de los corruptos, piden «mejores y más democráticos» métodos de elección de los candidatos a las elecciones, y que sufran la expulsión inmediata los alcaldes, concejales y diputados imputados en casos de corrupción.

Las corrupciones «y las que quedan por descubrir -añadía el mismo comunicado de prensa- son fruto del modelo económico impuesto por el Gobierno regional basado en el monocultivo del ladrillo, y han encontrado el marco idóneo para producirse en la ley regional del suelo, y en la utilización sistemática de la figura del convenio urbanístico».







* La Verdad - 19.01.08
Foto: Murcia no se Vende, pancarta - murcianosevende


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Las Palmas tendrá que pagar más de 58 millones por irregularidades urbanísticas

LAPROVINCIA* : Los ciudadanos de la capital grancanaria tendrán que hacer frente al pago de más de 58,5 millones de euros por irregularidades urbanísticas cometidas durante los últimos 20 años. La inmensa mayoría de las indemnizaciones tienen que ver con sentencias desfavorables por expropiaciones irregulares realizadas durante la época en que gobernó el consistorio el Partido Popular.

El resto de las irregularidades tienen que ver con indemnizaciones a vecinos perjudicados por la construcción de edificios que vulneraban la normativa de alturas -como es el caso de la Supercomisaría y la Biblioteca del Estado-, o por el uso indebido de la parcela, como el edificio Insular I, una de las sedes administrativas del Cabildo de Gran Canaria.

El último pufo que se acaba de añadir a la larga lista que soporta ya el Ayuntamiento tiene que ver con la expropiación de la parcela de la calle Pavía, número 12. El gobierno local está valorando aún lo que le costará la reversión del solar a la familia Reyes Fuentes para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero expertos en derecho urbanístico calculan que deberá pagar al menos 30 millones o compensarles con parcelas de valor equivalente, si así se acuerda con los propietarios. El PP asegura que a esos 30 millones habría que descontarle el valor del solar de La Minilla por el que se permutó.

En cualquier caso, la carga que supondrá para las arcas municipales esta expropiación irregular será enorme y se suma a las obligaciones de pago por más de 28,5 millones a las que tendrá que hacer frente el consistorio este año por expropiaciones recurridas en los tribunales y perdidas por el Consistorio.

EXPROPIACIONES. Sólo en los últimos seis meses, el Ayuntamiento ha tenido que desembolsar 13,1 millones de euros para indemnizar a propietarios de parcelas a los que se expropió y no se les pagó el precio real de la parcela o por intereses devengados por el retraso en los abonos.

La expropiación forzosa del merendero y el campo de fútbol de Las Coloradas es sólo un ejemplo de estas irregularidades urbanísticas. El Ayuntamiento expropió de forma forzosa y sin indemnización una parcela de 17.048,65 metros cuadrados en 1989 para hacer un campo de fútbol. El pasado mes de abril, el TSJC obligó al consistorio a devolver el campo de fútbol y el merendero a los dueños y además condenaba a la administración a indemnizarles por la ocupación de la finca.

Las irregularidades urbanísticas cometidas con la Biblioteca Pública, la Supercomisaría y el edificio Insular I le costarán más de cuatro millones a la ciudad.

El alcalde Jerónimo Saavedra anunció el pasado mes de noviembre su intención de reclamar a Madrid compensaciones económicas para pagar las indemnizaciones por la construcción irregular de la Supercomisaría y la Biblioteca Pública, ambos pertenecientes al Estado. Las tres edificaciones cuentan con sentencias desfavorables desde hacer tres años, pero no se les había dado cumplimiento. La Supercomisaría fue construida en 1994 superando la altura y edificabilidad permitida en la zona, en primera línea de la Avenida Marítima. Lo mismo sucedió con la Biblioteca, que comenzó a construirse en 1997. Eso no fue problema para tener la licencia del Ayuntamiento. Por su parte, el edificio Insular I se construyó en una parcela calificada como espacio libre. Inicialmente fue un edificio particular que el Cabildo adquirió para oficinas.







* La Provincia - TERESA GARCÍA - 19 de enero de 2008
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, vista aérea - Marrero (La Provincia)



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Marbella: El 80% de las licencias ilegales corresponde a viviendas ya ocupadas

ELPAÍS* : Terminada y ocupada. Un 80% de las 1.009 licencias irregulares que la oficina de planeamiento urbanístico de la Junta de Andalucía encontró en Marbella se han transformado en viviendas y están habitadas. El minucioso listado que el equipo de José María Ruiz Povedano elaboró durante el tiempo que el gobierno andaluz tuvo retiradas las competencias urbanísticas en las ciudad muestra que en la mayoría de las ocasiones los promotores optan por la política de hechos consumados vendiendo las construcciones a pesar de que sus permisos urbanísticos estén bajo sospecha.

Los técnicos visitaron la mayoría de los emplazamientos que deberían ocupar las obras ilegales para comprobar el estado de los trabajos y anotaban en un archivo informático cualquier peculiaridad. De este trabajo, incluido en la memoria de gestión, se pueden extraer curiosidades como que los inspectores encargados de las visitas encontraron un hotel abierto en el lugar en el que la promotora Villarozas había obtenido licencia para construir 136 viviendas o que descubrieron un club de playa en construcción donde iba una vivienda unifamiliar.

Algunas de estas sorpresas, como el hallazgo de un solar lleno de coches aparcados donde esperaban encontrar un grupo de viviendas dúplex, se debe a que 119 de las licencias bajo sospecha no habían llegado a comenzar las obras el día de la inspección. Otra treintena estaban paralizadas con estadios que van desde las obras de cimentación hasta los últimos retoques.

La memoria también incluye las famosas fichas fruto de las reuniones que el equipo de Povedano mantuvo con promotores que se interesaron por el futuro de sus proyectos. De ellas se desprende algo que ya había avanzado el antiguo director de la oficina, que la mayoría se interesó por el criticado sistema de compensaciones y que algunos lo aceptaron. Entre ellos estaban los representantes del Corte Inglés, interesados en regularizar el Hipercor de Puerto Banús.

Del contenido de estas anotaciones se desprende que reconocieron que habían construido demasiado, aunque hablaban de 9.000 metros cuadrados y no de los 20.000 metros que habían calculado los técnicos del Ayuntamiento marbellí. En otras reuniones el constructor aseguraba que ya había aportado en su día los suelos necesarios para la regularización, algo que deberá acreditar ante el Ayuntamiento, encargado ahora de la gestión del Plan General de Ordenación Urbana.

La alcaldesa ha recibido toda esta documentación, que ahora analizará, y sobra la que ya ha emitido sus primeras críticas. A juicio de Muñoz, las fichas son demasiado escuetas y que le han llegado siete meses después de haberlas pedido.







* ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 19/01/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com


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La CHJ rechaza la construcción de 1.746 viviendas en Parcent por falta de agua

LEVANTE/Alacant* : La actualidad urbanística en la Marina Alta está cambiando radicalmente en las últimas semanas. Hace unos días, la fiscalía detenía en l'Atzúvia a un promotor alemán por presuntas irregularidades urbanísticas. Posteriormente, la asociación de promotores de Alicante aplaudía la actuación y emplazaba a la Justicia a continuar actuando contra los "tramposos". A principio de año, la Síndica de Greuges criticaba duramente en su informe diferentes actuaciones urbanísticas impulsadas sin las mínimas garantías de la ley.

En aquel documento aparecían los tres planes previstos en Parcent donde se detallaban múltiples carencias, pero sobre todo criticaba la falta de informes hídricos que garantizaran el suministro de agua para las 1.746 viviendas nuevas.

En este sentido, con fecha de 10 de enero de 2008 (registro de entrada en el Ayuntamiento de Parcent del 17 de enero) la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha emitido un informe desfavorable sobre los PAI "El Replà", "La Solana" i "El Cantalar", actualmente pendientes de aprobación definitiva en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. El informe de la CHJ, versa sobre dos aspectos: la afección al dominio público hidráulico o a las zonas de servidumbre y policía, así como incidencia en el régimen de corrientes; y la disponibilidad de recursos hídricos.

Necesidades hídricas

La falta de agua es el más destacado ya que para las 1746 viviendas previstas en los 3 PAI, con una proporción de 2,5 habitantes por cada casa se calcula un incremento de población de 4.365 habitantes, que supone multiplicar por cuatro de una tajada la población actual del municipio. Si se tiene en cuenta un consumo de 250 litros por ciudadano (como marcan las Normas Subsidiarias), se prevé un gasto total de 398.306,25 m3/año, para las nuevas viviendas, mientras que la dotación actual de agua es de 96.710,4 m3/año.

La citada dotación está en trámites de ser aumentada hasta los 438.150,40 m3/año, si se tiene en cuenta la compra que el ayuntamiento hizo a la Comunidad de Regantes y Usuarios de la Vall del Pop. No obstante, este expediente está en tramitación en la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación. Al respecto, cabe señalar que al consumo de los PAI se tiene que sumar el consumo de la población, que en el mejor de los casos y para los 1.019 habitantes de Parcent (según el último censo ya 1.061), sería la teórica cifra de 103.478 m3/año.

Aunque la cifra se basa en un consumo de 250 litros al día por persona, en algunas jornadas de 2007 se ha llegado a consumir 498 litros. Por su parte, Aquagest Levante, empresa concesionaria del servicio en la localidad, ha indicado que la demanda real en un futuro podría llegar a ajustarse a 350 litros por persona y día. Basándose en los citados datos, la CHJ informa que "los derechos actualmente inscritos no permiten atender el incremento de demanda previsto" y además, el expediente de revisión (es decir, el aumento de la dotación), "tampoco dará solución a los incrementos de demanda planteados".

Devolución de los PAI

El ayuntamiento acordó en el pleno del pasado 15 de octubre de 2007 solicitar la devolución de la documentación de estos PAI a la conselleria, con la intención de subsanar las deficiencias que tenían cuando fueron enviados en un primer momento. Los programas se aprobaron provisionalmente por el gobierno del PP el 30 de enero de 2006, semanas antes de entrar en vigor la LUV, más exigente en materia medio ambiental que la LRAU. Desde entonces -hace algo más de tres meses- no ha habido ningún pronunciamiento del Consell. No obstante, el rechazo popular de los programas provocó un vuelco en las elecciones municipales del pasado mes de mayo cuando el CDP (Coalición Democrática de Parcent) obtuvo la mayoría absoluta. En esa localidad el resto de partidos de centro-izquierda, izquierda y nacionalistas declinaron presentar listas.

En cuanto a la afección al dominio público y a la incidencia en el régimen de corrientes, el informe plantea la necesidad de una mayor y más clara documentación, pues parece haber afecciones a diversos barrancos que no están suficientemente documentados.






* Levante-EMV - César Monzonís, Parcent - 19 de enero de 2008
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es


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Alzira: Recurso contra la urbanización en la Vall d'Aigües Vives

ELPAÍS/Valencia* : La plataforma ecologista Salvem Aigües Vives, que se opone a la construcción de urbanizaciones y campos de golf en los valles de Alzira, presentó ayer un recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, contra el Plan Parcial Sector Medievo que fue aprobado recientemente por el gobierno local compuesto por el PP y el PSD.

Las 780 viviendas unifamiliares junto a un campo de golf y un hotel-balneario de ambiente medieval están proyectados para construirse en la ladera sur de la Serra de les Agulles, en la conocida como finca de SOS, en plena Vall d'Aigües Vives, en unos terrenos calificados actualmente como suelo no urbanizable de protección agrícola y de protección paisajística.

El recurso indica que no se puede recalificar los terrenos hasta que se revise el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira, por lo que que la aprobación del proyecto "es un acto nulo de pleno derecho", y que los terrenos forestales de la Serra de les Agulles están catalogados como Lugar de Interés Comunitario.






* ELPAIS.com - XAVIER ESPANYA - Alzira - 19/01/2008
Foto: Alzira (Valencia), pancarta Aigües Vives - nachollopis.com


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El nivel del Mediterráneo podría subir medio metro en los próximos 50 años

EFE* : El nivel del mar Mediterráneo subió de media entre 4 y 16 centímetros desde 1990 hasta 2005 en las costas españolas y podría ascender entre 25 centímetros y medio metro en los próximos 50 años si se produjera el ascenso de las temperaturas que prevén los expertos debido al cambio climático. Estas son las conclusiones de un estudio del Instituto Español de Oceanografía, presentado hoy, que ha analizado por primera vez la evolución de nivel, la temperatura, y la salinidad del agua del Mediterráneo español, a partir de observaciones realizadas durante más de medio siglo -desde 1948- con métodos científicos.

Manuel Vargas, coordinador de la investigación, ha afirmado que la tendencia observada de ascenso del Mediterráneo está "en consonancia con los peores resultados" de los estudios sobre el cambio climático y señaló que las predicciones en el aumento del nivel "están condicionadas por lo que hagamos" para luchar contra el cambio climático.

Las predicciones que advierten sobre estos riesgos se expusieron también recientemente en Valencia, durante la XXVII reunión del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, dependiente de las Naciones Unidas.
Las predicciones, de cumplirse, tendrían consecuencias muy serias en las zonas litorales bajas, incluso en el caso de un aumento menor del nivel del mar, y catastróficas si se produce un incremento de medio metro, según el Ministerio de Educación y Ciencia.

El informe concluye que el nivel del mar aumentó menos de la media en los últimos cincuenta años -ocho centímetros en el caso del mar de Alborán, en Málaga-, ya que aunque desde los 90 ha ascendido a un ritmo de entre 2,5 milímetros y un centímetro al año, entre las décadas de los 50 y los 90, el nivel había descendido.

El descenso del nivel hasta los años noventa se debió a una rara subida de la presión atmosférica. "Como si fuera un tubo de pasta de dientes, donde sale la pasta al apretar", cuando se ejerce presión sobre el mar, el agua del Mediterráneo "tiende a salir por Gibraltar", que es como "el tapón del tubo", ha explicado Vargas.

La disminución de esta presión a partir de los noventa y el ascenso de las temperaturas en la misma década provocaron el acusado aumento del nivel del mar.
La temperatura del aire sobre el Mediterráneo y de sus aguas superficiales también experimentaron un fuerte ascenso a partir de mediados de los 70.

Las aguas superficiales aumentaron de media su temperatura cada año entre 0,12 y 0,5 grados entre 1948 y 2005, mientras que, en profundidades intermedias, el termómetro subió entre 0,05 y 0,2 grados y en las aguas profundas, entre 0,03 y 0,1 grados.
"Estas variaciones pueden parecer pequeñas", ha afirmado Vargas, "pero hay que tener en cuenta que se requiere una cantidad de calor gigantesca para producir un aumento de las temperaturas en las aguas profundas".

Los datos también muestran un aumento de la salinidad del mar, debido al descenso de las precipitaciones y de las aportaciones de agua dulce que los ríos del litoral hacen al mar.
El científico advirtió que, además del cambio climático existen otras muchas presiones causadas por el hombre sobre el Mediterráneo.






* ABC - EFE - 18 de enero de 2008
Foto: La Manga (Murcia), bajo el mar - P. Armestre y M. Gómez (Greenpeace)


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Caos urbanístico en Torrelodones

ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : Desde 1997 hasta diciembre de 2007, se han producido cincuenta modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias de Torrelodones. Esta circunstancia, unida a la dificultad para acceder a la información, hace imposible conocer la situación urbanística del municipio. Ecologistas en Acción afirma que esta situación se agravará con las modificaciones introducidas en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y el nuevo plan general que tramita el Ayuntamiento.

Ecologistas en Acción afirma que Torrelodones es un ejemplo del caos urbanístico que impera en algunos municipios madrileños. Desde 1997, año en el que se aprobaron definitivamente las Normas Subsidiarias (planeamiento urbanístico) se han producido cincuenta modificaciones puntuales de las mismas. A estas modificaciones del planeamiento general hay que sumar las que han sufrido algunos planes parciales, como el del Área Homogénea Sur, algunos estudios de detalle y planes especiales.

El resultado es que para conocer la situación urbanística del municipio, o de algún sector determinado, hay que conocer el documento matriz y las modificaciones que ha sufrido. Un trabajo complejo, especialmente si el Ayuntamiento no facilita esa información completa y actualizada. Es el caso por ejemplo del sector denominado APD-7 Los Bomberos, donde ni vecinos ni Ecologistas en Acción han conseguido conocer con certeza las condiciones de urbanización y normativa de aplicación.

Esta falta de información, favorece la opacidad en la gestión urbanística. Actualmente resulta prácticamente imposible comprobar si las obras autorizadas y en ejecución son conformes al planeamiento urbanístico aprobado.

A pesar de que la situación es compleja, las cosas podrían empeorar. El Ayuntamiento de Torrelodones tramita el Avance de un nuevo plan general que en realidad no es más que una nueva modificación de las Normas Subsidiarias de 1997. Este Avance no acomete una actualización de todo el planeamiento, se centra únicamente en la reclasificación de una zona del municipio, la conocida como Área Homogénea Norte. Este paraje de 130 hectáreas está clasificado actualmente como no urbanizable de especial protección e incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Ecologistas en Acción considera muy grave la situación urbanística en Torrelodones. Sin embargo, este modelo de caos urbanístico creado por la aprobación sucesiva de modificaciones de planeamiento se podría reproducir por toda la Comunidad de Madrid. Las modificaciones introducidas en la Ley del Suelo, tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, en julio y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en diciembre de 2007, permitirá transformar los planes vigentes mediante modificaciones puntuales, algo que la Ley del Suelo aprobada en 2001 había desterrado.

Ecologistas en Acción lamenta que la política y gestión urbanística en Madrid y en concreto en Torrelodones, cada vez se aproxime más al modelo Marbella, en cuanto a saturación del territorio, falta de transparencia y legitimación de actuaciones irregulares.







* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 15 de enero 2008
Foto: Torrelodones (Madrid)- 20minutos



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El fiscal rebaja a doce años de inhabilitación la pena para ex ediles estradenses

ELCORREOGALLEGO/Pontevedra* : Los ocho políticos de A Estrada, que en el año 1994 formaban parte del grupo de gobierno de ese municipio, se sentaron ayer de nuevo en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra para responder de tres presuntas irregularidades urbanísticas que el BNG denunció en su día.

En total fueron tres los casos que los nacionalistas llevaron al juzgado: las alturas de edificios en el nuevo tramo de la prolongación de la calle Justo Martínez y las licencias de la urbanización de chalés en la plaza de la Iglesia y de un edificio en Pérez Viondi. Sin embargo, el fiscal sólo les acusa por los dos primeros. Tras pedir ocho años de inhabilitación especial por cada uno de los delitos, la petición se rebaja a seis años y un día por cada uno (doce en total). Desde la acusación particular que ejerce el BNG, además de apreciar un presunto delito a mayores (el del edificio), se piden también 6 años por cada uno (18 en total), salvo para el ex alcalde, Ramón Campos, y el entonces edil de Urbanismo, Alfonso Uzal, para los que piden 10 años de inhabilitación especial por cada caso. A uno de los imputados, Manuel Arca, el BNG sólo le imputa uno de los casos, al no estar presente en las otras juntas de gobierno.

Tanto Campos como los ediles (además de Arca y Uzal se imputó a Francisco Cora, José Manuel Reboredo, Mario López, Selesio Meda y Eusebio Porta) aseguraron que votaron a favor de las propuestas hechas por la comisión informativa de Urbanismo por entender que se ajustaban a la legalidad y nadie les advirtió que incurrirían en una ilegalidad.

"En caso de saberlo no hubiera votado", declaró Campos. Pese a admitirse los testimonios de la vista de septiembre, ayer también volvieron a declarar los testigos. Los técnicos admitieron la complejidad de los casos debido a las normas urbanísticas municipales, que eran muy antiguas, lo que creaba muchos problemas a la hora de conceder licencias. El entonces secretario señaló que nunca había propuesto al gobierno local un informe externo porque era algo que correspondía solicitar al alcalde, lo que hizo después. El técnico externo Juan Rico Lenza, al que se consultó (que redactara las normas de planeamiento), también declaró ayer.

Por fin, el juicio, que se suspendió a finales de noviembre (tras una primera vista en el Juzgado de lo Penal que acabó por inhibirse en favor de la Audiencia), quedó visto para sentencia.


LOS DATOS

En la sentencia

Uno de los letrados defensores planteó la prescripción de los hechos que se iban a juzgar, al menos para sus defendidos, a lo que se sumaron los otros letrados. Sin embargo, la sala, que presidió el magistrado Juan José Barreiro, acordó continuar la vista señalando que a esa cuestión se referirán en la sentencia.

Sólo Reboredo

Han transcurrido casi 14 años desde que sucedieron los hechos juzgados. Dos de los imputados ya han fallecido (se pidió que no constaran en el fallo) y sólo José Manuel Reboredo continúa en la vida política, ahora ya fuera del Partido Popular, como concejal de Cidega.







* El Correo Gallego - 18.01.2008
Foto: A Estrada - elconfidencial.com


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