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LEVANTE/Alicante* : La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre la construcción de 127 apartamentos turísticos en la Cala Lanuza de El Campello, después de que la Asociación de Vecinos de la Zona Norte pidiera hace meses la intervención de esta institución ante las supuestas irregularidades que advierten tanto residentes de la zona como los partidos de la oposición y ecologistas. Las denuncias se basan en un exceso de cuatro alturas más de las permitidas -planta baja más dos-, en que invade zona protegida, las dudas sobre su uso hotelero al poder venderse los apartamentos y que se trata de una zona virgen del litoral.
El retraso del Ayuntamiento en hacer público el informe técnico sobre las alturas, anunciado hace ya 14 meses, ha incrementado aún más las dudas sobre esta construcción, que EU ha llevado también ante la Unión Europea y los vecinos ante la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha contestado a la solicitud de los vecinos admitiendo a trámite su escrito para investigar el plan. La comunicación remitida por el presidente de esta comisión, Marcin Libicki, fechada el 15 de noviembre de 2007 en Bruselas, explica que este organismo "ha examinado su petición y que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Parlamento, ha decidido admitirla a trámite, debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la UE. La Comisión de Peticiones ha iniciado el examen de su petición y ha decidido a tal efecto solicitar a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema. La Comisión de Peticiones proseguirá el examen de su petición tan pronto como disponga de la información necesaria".
Hay que recordar que este proyecto, cuya construcción sigue a buen ritmo, contemplaba en un principio 211 viviendas en dos fases, pero la promotora ha renunciado a la segunda fase -84 casas-, al oponerse Costas por invadir zona protegida. Del mismo modo la empresa, Enypesa, ya ha vendido todos los apartamentos pese a tratarse de uso hotelero. La edificabilidad de este complejo se multiplicó por cuatro al pasar de uso residencial a hotelero y la oposición y vecinos consideran un fraude que las viviendas puedan venderse ahora. Desde el equipo de gobierno del PP se señala que al tratarse de "apartamentos turísticos" hay una serie de restricciones para su compra pero ésta es legal.
Del mismo modo hay que recordar que existen dos informes municipales que aseguran que la concesión es legal y que los pisos no se pueden vender a particulares -extremo matizado por el PP con las citadas restricciones-, pese a que otro informe anterior sin firmar del secretario municipal advertía de la irregularidad de suprimir en la licencia la cláusula que impedía venderlos.
* Levante-EMV - José A. Rico, El Campello - 06 de enero de 2008
Foto: El Campello (Alicante) urbanización playa - R.Bartolomé (Greenpeace)
La UE investiga la construcción de 127 apartamentos en una zona virgen de El Campello
La mujer más anciana de España cumple 116 años en una chabola de Sevilla
EFE* : María Díaz Cortés, de etnia gitana, matriarca, canastera, ha cumplido hoy 116 años, lo que la convierte en la más anciana de España, según el Instituto Nacional de Estadística, rodeada de su familia en su casa prefabricada, sin agua caliente, en la que vive en un asentamiento de Sevilla. Según cuentan sus familiares, María nació en 1892 en tierras granadinas, lugar que no tardó en abandonar para marcharse a Sevilla adonde llegó para buscar una nueva vida junto a su marido y asentarse en las chabolas del barrio de Triana.
Hasta entonces, María había vivido siempre en el campo; cuenta su hija Dolores Martín, que opina que quizás ésa es " la clave" para llegar a tan longeva edad, ligada a una buena alimentación y a unas ganas de vivir "muy grandes".
María tuvo cinco hijos, el quinto fue Dolores, la hija a la que su madre, ya viuda, sacó adelante gracias a la venta ambulante y a su trabajo como canastera, que le permitió, con los recursos mínimos y siempre en chabolas, formar una familia unida que ahora pide seguir al lado de la matriarca para atenderla en su delicado estado.
La abuela María, -a la que sus bisnietos y tataranietos siguen llamando así- vive en una casa prefabricada, a la que llegó tras abandonar la calle Polvero, la única del asentamiento de El Vacie de la capital sevillana allá por los años 70, en la que se ubicaba la última de las chabolas donde vivió con los suyos.
Pero esa casita a la que se fue a vivir no tiene agua caliente, ni calefacción, ni aire acondicionado para soportar los más de 40º que azotan a Sevilla en verano aunque sí tiene tres habitaciones, una de unos cuatro metros cuadrados exclusivamente para María, un pequeñísimo cuarto de baño con los suelos levantados, una cocina, en la que cabe una persona a lo ancho, y un salón.
María no vive sola en su casa, con ella conviven su hija, dos nietas y dos bisnietos, que no la dejan sola ni un minuto y que se encargan de bañarla, darle de comer, cuidar su salud y darle la pastilla de la tensión que hasta hoy "es lo único que tiene mal", según Dolores.
Toda la familia, fiel a sus tradiciones, permanecerá unida en torno a la abuela hasta que "Dios se la lleve" y una de sus nietas afirma que "cada año que cumple es un regalo de Dios" y un motivo de alegría para ellos aunque hay una petición pendiente que no les permite gozar plenamente del cumpleaños de María.
Las hijas de la anciana han solicitado una vivienda que les permita salir de la situación de chabolismo en la que viven, pero dicen no tener noticias del Ayuntamiento ni recibir ayudas para cuidar a la anciana como deben.
Dolores afirma que a "la abuela no le falta de nada" ya que come fruta, pescado, arroz y "potaje" como otro más de la familia y está atendida todo el tiempo.
Pese al buen estado de salud que dicen sus familiares que tiene la anciana, a sus 116 años María tiene algunas dificultades que le impiden oír y hablar correctamente, y de movilidad debido a una trombosis que sufrió hace cinco años.
Por este motivo, la delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, Ana Gómez, ha dicho que a finales de noviembre, los técnicos de chabolismo presentaron un informe ante la Oficina Técnica de Asistencia al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa) para poder otorgar una vivienda de segunda adjudicación.
Gómez no ha querido omitir que la anciana tiene la posibilidad de acceder a una residencia "donde le darían los cuidados que necesita la anciana" pero que la "familia se niega" ante lo que el Ayuntamiento no puede hacer nada y que la opción que solicita la familia -de que le concedan una casa para vivir todos- resulta complicada, ya que las casas no se otorgan "sacando una varita mágica y llevando a María a un piso".
La delegada de Bienestar social finalizó diciendo que, según datos municipales, la familia de María llegó al asentamiento chabolista de El Vacie "en 1996 y no antes", que se han beneficiado de "numerosas ayudas" así como que ya disponen de los papeles para acceder a la Ley de Dependencia aunque todavía no los han presentado.
* La Vanguardia - EFE Sevilla - 04/01/2008
Foto: María Díaz Cortés, una mujer de raza gitana que vive en el asentamiento chabolista del Vacie, en Sevilla, celebró hoy con una tarta su 116 cumpleaños / Efe / Eduardo Abad
El Tren de Alta Velocidad, otra experiencia de lucha de clases
ASKAPENA* : En el ordenamiento de las economías nacionales y supranacionales, el transporte adquiere una importancia estratégica. En las sociedades de alto consumo, parecen una pieza obligada las líneas para trenes de alta velocidad. Este tipo de trenes han llegado a convertirse en herramientas imprescindibles para los sectores acomodados, que han hecho del tiempo un bien muy preciado por escaso. Los trenes de alta velocidad se han convertido, también, en indicativo de la capacidad económica de las naciones ricas. Una sociedad que se precie de tener una alta renta per cápita tiene que demostrarlo contando con trenes de alta velocidad. Este tipo de trenes están estrechamente vinculados al capitalismo salvaje, ya que requieren de inversiones gigantescas para su trazado y para su mantenimiento.
Los trenes, además de requerir un ingente consumo de energía y recursos para su mantenimiento, son ferozmente agresivos con el medio. Sólo pueden mantener su alta velocidad, si arrasan todo lo que se les pone por delante: montañas, valles, ríos, explotaciones rurales... todo debe de sufrir las modificaciones que sean necesarias para que el trazado del tren garantice su alta velocidad en condiciones de seguridad.
El acuerdo intergubernamental que desenmascara a los gobiernos
El Gobierno Vasco, gestionado siempre por el neoliberalismo del Partido Nacionalista Vasco, no podía sustraerse a la fascinación de "un juguete" tan llamativo y caro pero, al mismo tiempo, tan lucrativo. El gobierno navarro, de la ultraderecha heredera de Franco, también tiene su parte del pastel, y las consejeras de transporte de ambos gobiernos pronto de dieron la mano (del negocio). Los intereses de las burguesías capitalistas que gobiernan en Madrid, Gasteiz e Iruñea son, en este punto, coincidentes. Madrid necesita reforzar su conexión de alta velocidad con Europa al precio que sea. Los Gobiernos vasco y navarro, desde su perspectiva neoliberal, también están muy interesados en ese proyecto. ¿Qué ventajas les reporta?: la perspectiva de gigantescas inversiones que beneficiarán a empresas vinculadas con los partidos políticos gobernantes; este macroproyecto reforzará la integración del País Vasco en el modelo de sociedad consumista que PNV y UPN están intentando reforzar; además de sus beneficios económicos, la sociedad vasco-navarra ganará en imagen de progreso (en clave capitalista) siendo ellos los artífices de la misma... ¿Y los graves perjuicios medioambientales y sociales? Debieran de ser precisamente los gobiernos quienes se preocuparan, en primera instancia, por salvaguardar los recursos naturales y sociales de su territorio. Pero las agresiones al medio, nunca han sido preocupación sustancial para los neoliberales que gestionan los gobiernos nacionales o locales. En este caso, ha ocurrido lo mismo. El acuerdo entre los tres Gobiernos se ha formalizado.
La contestación popular
El proyecto, al que se le conoce como la "Y vasca" ya que su trazado se asemeja a esa letra, comenzó a ser conocido en marzo de 1994, cuando se aprobó el Plan Director de Infraestructuras. Desde que se conoce dicho el proyecto, y sobre todo a medida que va tomando cuerpo el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos, hay sectores populares muy variados que demuestran su desacuerdo con el proyecto estrella: el trazado de tren de alta velocidad. La contestación popular ha experimentado un fuerte incremento a medida que e proyecto se ha ido consolidando y, sobre todo, desde que las obras se iniciaron de forma precipitada, y casi subrepticia. En la actualidad, las obras siguen un proceso muy acelerado para que se imponga el argumento de los hechos consumados.
Las razones que se alegan en contra del trazado son importantes:
- Sobrecarga de infraestructuras de transporte en un país pequeño, que cuenta con poco espacio y que, el que tiene, está sobresaturado por la marea del cemento (grandes infraestructuras y construcciones masivas de viviendas con interés especulativo).
- Agresiones muy fuertes e irreversibles a un entorno muy accidentado: necesidad de grandes túneles (que afectarán seriamente a muchos acuíferos hoy activos) y de grandes viaductos (que destrozarían el hábitat poblacional y productivo de esos bellos rincones naturales).
- Problema añadido a una agricultura y ganadería que se encuentra con grandes dificultades para la supervivencia.
- Obra faraónica que no va a responder a las necesidades reales de transporte de la población sino a intereses foráneos. Va a absorber ingentes masas de recursos económicos que tendrán que ser desviados de mejoras sociales.
Los grandes debates que suscita el proyecto
El intento de construir semejante obra ha provocado, de forma colateral importantes debates:
1. El modelo de transporte del que queremos dotarnos: La iniciativa ciudadana es consciente de que la sociedad debe de hacer frente a los nuevos retos. No se opone de forma ciega a la modernización de los transportes. Ofrece alternativa: el desarrollo del tren social.
2. El modelo de sociedad. Es el gran debate que hay de fondo: capitalismo salvaje o socialismo racionalizado. Neoliberalismo depredador o progreso racionalizado y solidario.
3. Despotismo ilustrado o democracia participativa. Los acuerdos intergubernamentales para salvaguardar el proyecto se han formalizado en el más absoluto oscurantismo. Acuerdos alcanzados por las camarillas de poder: gobernar para el pueblo pero sin el pueblo. A la sociedad se le ha negado información y se ha elegido la vía de los hechos consumados. Cuando la sociedad civil ha querido participar activamente en el debate se ha encontrado con la oposición cerrada de las instituciones que dicen representarle. Las Instituciones, supuestamente representativas de la voluntad popular, frente a la voluntad popular que ha está desbordando los cauces institucionales.
4. Debate social o conflicto de orden público. Los sectores sociales organizados consideran su posicionamiento como un enriquecedor debate social. Los gestores de la "cosa nostra", que ven obstaculizados sus oscuros intereses, intentan que la confrontación dialéctica degenere en debate de orden público. Situación que, como acostumbran, debería de resolverse con la utilización de la violencia institucional para reprimir la disidencia. Enfrentamiento y represión que ya se está produciendo.
Frente a esta actitud represora y de violencia institucional, la creatividad popular está desarrollando su imaginación. Verdadera fuente de iniciativas para hacer frente a la prepotencia neoliberal.
Cada clase despliega sus estrategias
La confrontación social en torno al trazado del TAV está agudizándose por momentos. Los Gobiernos de Madrid, Vitoria y Pamplona se han convertido en gestores y garantes de los intereses capitalistas. Los sectores de izquierda han asumido la defensa de los intereses populares. Los primeros, daban por hecho que neutralizarían sin dificultad al movimiento popular que se opone al demoledor proyecto. La preocupación gubernamental va en aumento a medida que los sectores populares incrementan su grado de organización y de respuesta.
Las armas del movimiento popular
La organización. El movimiento popular contrario al TAV se ha constituido en una plataforma amplia y plural conocida como AHT Gelditu (Detengamos el TAV). Es el organismo que, de forma democrática y participativa recoge las iniciativas y las canaliza conformando un tejido asociativo entre todos los agentes que se van incorporando al movimiento.
La formación y la información. De acuerdo a una concepción democrática de su trabajo, el movimiento popular reitera la exigencia de que la ciudadanía conozca con precisión los detalles del proyecto. Acusan a las administraciones de oscurantismo ya que están llevando adelante el proyecto mientras niegan la información necesaria respecto al mismo. Para contrarrestar esta actitud sigilosa, la plataforma ha organizado encuentros, acampadas, espacios de reflexión colectiva y abierta; en dichos encuentros se han organizados charlas, mesas redondas, debates para que los participantes adquieran un nivel de información amplio respecto a la problemática que se aborda.
Con la finalidad de trasladar a toda la ciudadanía una información detallada del proyecto, la Coordinadora ha puesto en marcha (21.11.07) una web que facilite información a quienes quieran recabarla: www.ahtgelditu.org. Pretende ser espejo y voz de la oposición a la que las instituciones pretenden acallar.
Aportación de alternativas. La Coordinadora no se limita a cuestionar la gigantesca macro estructura que se está construyendo. Es consciente de que el transporte público es una necesidad de vital importancia en nuestra sociedad. Por eso motivo, reitera su apuesta por un tren social: se trataría de un modelo de transporte menos costoso, menos agresivo con el entorno y más ajustado a las necesidades reales de la ciudadanía.
La movilización. Coordinadas por AHT Gelditu, son muchas las iniciativas locales que se están poniendo en marcha: marchas montañeras, colocación de propaganda en sitios visibles (paredes, puentes sobre los viaductos, carreteras...) conferencias, encarteladas, concentraciones... Los miembros del movimiento están centrando estas concentraciones delante de las sedes de las empresas que participan en el macroproyecto, también delante de los domicilios de algunos de los responsables políticos más significados. Se trata de concentraciones pacíficas.
Esta dinámica de permanente movilización, está creando conciencia en la ciudadanía. Lo que, inicialmente, era un movimiento que concentraba a unos cientos de personas, ha tenido una expresión mucho más concurrida. El día 15 de noviembre, fueron ya más de 15.000 personas las que se movilizaron contra el TAV.
Las consultas populares. Manteniendo esta dinámica eminentemente democrática, se ha creado una corriente a favor de las consultas populares promovidas por los ayuntamientos. Hasta la fecha de hoy, son varias las instituciones municipales que han impulsado estas consultas dando como resultado un rechazo masivo al proyecto allá donde la ciudadanía se ha podido expresar abiertamente.
Sabotajes. En los últimos meses debido a que en diferentes puntos, y siguiendo una política de hechos consumados, han comenzado las obras, se están produciendo numerosas obras de sabotaje de la maquinaria e infraestructuras necesarias para la construcción del TAV.
Las armas de los sectores financieros y gubernamentales
Como ya se ha dicho, están llevando una política obscurantista, difundiendo propaganda del proyecto pero negando la información. Las estrategias que están utilizando son las siguientes:
Política de hechos consumados. Las fuerzas que han apostado por el TAV ignoran al movimiento social y a la ciudadanía que se opone al proyecto. Intentan desarrollarlo a marchas forzadas para que el TAV sea una realidad que no admite contestación.
Acoso al ejercicio democrático. Las autoridades gubernamentales del Estado español están persiguiendo las iniciativas municipales que promueven consultas populares. En unos casos, recurren las resoluciones adoptadas por los ayuntamientos; en otros casos, prohíben el ejercicio de la consulta. En Elorrio, ante la prohibición expresa del Delegado de Gobierno español respecto a la iniciativa municipal, la consulta tuvo que realizarse impulsada por un colectivo de vecinos de la localidad.
La represión y criminalización del movimiento. Una estrategia perfectamente diseñada por los sectores capitalistas, está haciendo una dura campaña para deslegitimar al movimiento social. Están utilizando todos sus medios para difundir estos mensajes: el movimiento social es minoritario y no tiene representatividad, la verdadera representatividad está en las instituciones; el movimiento social contra el TAV agrupa a sectores radicales (¡palabra maldita!) de la sociedad cuya única obsesión es oponerse por sistema a las mejoras que las instituciones promueven; el movimiento anti-TAV es violento en sus métodos (consideran inaceptable que se concentren pacíficamente con una pancarta en la mano delante de las sedes de las empresas constructoras); detrás del movimiento está ETA (no hay constancia de que ETA haya actuado ni haya anunciado su actuación en este frente), tienen verdadera obsesión en convertir la lucha contra la ciudadanía y el entorno en una lucha contra ETA. Son bastantes las detenciones de activistas que se han producido hasta la fecha.
Cada cual toma partido
El Gobierno español (PSOE), el vasco (PNV-EA-IU)) y el navarro (UPN-PP), gestores decididos de los intereses neoliberales, han hecho una apuesta total por el macroproyecto; han dedicado a él una ingente cantidad de recursos económicos que serán sustraídos de partidas para mejoras sociales.
Las élites empresariales del PSOE, PNV y PP apoyan sin fisuras el proyecto. Izquierda Unida (EB) se mueve en continuas contradicciones. Dice estar en contra del TAV pero, como miembro del Gobierno Vasco, lo defiende y financia. Dio su voto favorable a los presupuestos del macroproyecto. Nafarroa Bai se mueve en la mayor de las ambigüedades: mientras alguno de sus miembros pone reservas, casi todos sus integrantes apuestan por el TAV del capitalismo. Dentro de las fuerzas políticas la izquierda vasca es la única que se opone abiertamente al TAV.
Los sindicatos ELA y LAB (mayoritarios en Euskal Herria), aunque con un grado de implicación muy desigual, también se oponen al proyecto.
Además una larga serie de organismos sectoriales y movimientos populares ecologistas, juveniles, baserritarras (pequeños campesinos), gaztetxes (casas ocupadas)...
La batalla está ya en la calle.
* Rebelión - 04-01-2008
Palma: ARCA ´castiga´ al alcalde de Escorca otorgándole el Premio Carbón 2007
DIARIODEMALLORCA* : La Asociación para la Recuperación de los Centros Antiguos (ARCA) ha concedido su Premio Carbón 2007, con el que distingue actuaciones negativas para la conservación del patrimonio, al alcalde de Escorca, Antoni Gómez, por "su pretensión de crear un núcleo de población intenso" en la urbanización Es Guix.
En un comunicado emitido ayer, desde ARCA justificaron el veredicto explicando que la ejecución del proyecto urbanizador de Es Guix es "un mal irreparable en el entorno de Lluc, Escorca y la Serra de Tramuntana y no responde a ningún interés general que lo pueda justificar".
En cuanto al Premio Azúcar, destinado a personas o iniciativas positivas para el patrimonio histórico, ha recaído en el proyecto de recuperación de Es Baluard des Príncep de Palma, obra que "todavía ha de finalizarse pero que sin duda supondrá un reencuentro con la fisonomía histórica de Palma".
Asimismo, desde ARCA quisieron recordar al resto de nominados. Optaban también al Premio Carbón los ayuntamientos de Montuïri y Felanitx y Mateu Crespí, ex-regidor de Urbanismo de Santa Eugènia por la paralización de un estudio previo para la declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico para los llogarets de ses Olleries i ses Coves.
Entre las candidaturas al Premio Azúcar también quedaron recogidas la estatua de Jafuda Cresques; el esfuerzo y altruismo de Amics del Museu Marítim; y la restauración del Convent de Sant Bonaventura de Llucmajor.
También un reconocimiento explícito "al trabajo conservacionista y sensible" con el patrimonio que, durante treinta años, ha desarrollado Miquel Àngel March, del GOB.
* Diario de Mallorca - EFE - 05 de enero de 2008
Foto: Las viviendas militares de Es Baluard des Príncep en el momento de ser derribadas/ Queco, diariodemallorca.es
Guateque: "Ofrecí cuatro o cinco 'kilos' por la licencia del Rúber", declara un intermediario preso
ELPAÍS/Madrid* : El ex funcionario del Ayuntamiento de Madrid Carmelo García, encarcelado por la trama del caso Guateque, declaró voluntariamente ante el juez Torres la víspera de Navidad. En la última admite haber ofrecido "cuatro o cinco kilos" a un funcionario del Ayuntamiento, Fernando Ruiz, para que agilizase una licencia para la clínica Rúber de Madrid. El PAÍS ha tenido acceso a las dos declaraciones, íntegras, prestadas por García.
La Rúber niega en un comunicado haber pagado nada nunca al margen de la ley.
En su primera declaración, García negó todas las imputaciones que le hizo el juez. Hace años, García ya tuvo problemas con la justicia por tráfico de influencias en relación con licencias municipales, pero fue absuelto. En concreto, el juez Torres le preguntó por su intervención a favor de una licencia para obras en la Rúber, en la calle Juan Bravo de Madrid. El juez cree que, en connivencia con amigos suyos del Ayuntamiento, García intentó endurecer los requisitos municipales con vistas a que la Rúber -o alguien que decía actuar en nombre de esta clínica- tuviera que pagar una comisión fuerte si quería resolver los problemas que planteaba su licencia. La respuesta de García al juez en esa primera declaración fue: "No conozco a nadie de la clínica Rúber".
En realidad, en su primera declaración García lo niega todo. El juez le preguntó, además, por su intervención en la tramitación de otras licencias para la aseguradora Ocaso y para cafeterías y restaurantes situados en las calles de Manuela Malasaña, Servator, Piamonte, Curtidores o Flor Baja, 1, entre otros locales. Fue enviado a prisión. Aparentemente, porque García se limitó a negar evidencias, según fuentes jurídicas. Para borrar esa imagen, es por lo que pidió al juez ampliar su declaración inicial.
Lo hizo el pasado 20 de diciembre. Es cuando reconoce que hace trabajos para la firma AC 93, un despacho del que es directivo Santiago Castillo, otro de los encarcelados en la Operación Guateque. Castillo era una especie de conseguidor desde su designación como apoderado de AC 93 en 1995. Los dos máximos directivos de esta firma, Julián Ruben López y Eduardo Agustino Carrasco, se hallan en paradero desconocido. El juez les tiene en búsqueda y captura. Muchos dueños de locales de Madrid acudían a AC 93, calle de Atocha, 25, cuando el Ayuntamiento les ponía pegas a sus licencias.
En su declaración voluntaria, García señala que el ofrecimiento de los "cuatro o cinco kilos" a su amigo y funcionario municipal Fernando Ruiz es por encargo de Castillo. García señala al juez: "Que lo de la calle Juan Bravo [se refiere a la licencia de la Rúber] no conozco a nadie. Lo que pasa es que el despacho de Santiago llevaba ese tema y me dijo que como yo tenía amistad con Fernando, [pues] que tenían que hacerle [a la Rúber] un requerimiento importante (...) Y que si era necesario pagarle cuatro o cinco kilos [por ello a Fernando], se le pagaba". Fernando Ruiz, funcionario de la gerencia de Urbanismo, también está preso. Ruiz, en su declaración, admite que habló de dinero con García, pero señaló que son amigos y se trataba "de una broma". García avala el testimonio de Ruiz en su segunda declaración, en la que niega haber cobrado de comisiones. Admite, eso sí, que se interesó ante un amigo suyo del Ayuntamiento, donde él trabajó y tiene un hermano, por un bar de Malasaña. Pero explica que fue su jefe Santiago Castillo quien trató este tema con el dueño del bar. "Hablaron ellos solos, yo no oí nada ni pillé ninguna cantidad".
En la casa de una amiga de García se han hallado fotocopias de falsas licencias que el propio imputado elaboraba. También había un tapón o sello del Ayuntamiento, real, para estamparlo sobre esas licencias falsas y aparentar que eran válidas. Pero no hay pruebas de que tales falsificaciones hayan sido utilizadas.
* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 05/01/2008
Foto: Madrid, cárcel Carabanchel - madriddigital.info
Málaga y sus faraones locales, el urbanismo para la gloria
LUCAS MARTÍN* : Los alcaldes del pasado, quién sabe también si del presente, han tratado de ingresar en la historia por la vía arquitectónica, casi siempre soberbia. Se podría decir que únicamente hay un asunto más feo e ingobernable que la muerte: la cuestión de la inmortalidad. Sobre todo, si se carece de maestrías y moral superlativa, lo que, por otra parte, suele representar un gran reclamo para que te coloquen en la administración. Y ahí es donde está el problema, de la eternidad, de la moral, y de la propia administración, porque cuando un político siente las estrecheces de la vida, que son innumerables, lo da todo por colarse en la historia y no precisamente por la vía de la gloria intangible, que es más subjetiva y resbaladiza, sino mediante la firmeza de la piedra y la construcción.
En este tipo de cosas, los alcaldes de Málaga están más versados que una convención de faraones. Si observan que no van a aparecer en la enciclopédica británica, que no habrá ni una sola madre que pregunte por ellos, dejan su huella en plazas y recintos públicos. Así, logran que las generaciones futuras se acuerden de su obra, aunque también de toda su familia, especialmente la directa, a la que popularmente se atribuyen extrañas concomitancias con el oficio más antiguo del mundo. En su último libro, el británico Deyan Sudjic, crítico de The Observer y director del Design Museum de Londres, condensa la arquitectura del poder en un ramillete de principios: la gloria, el espectáculo, la memoria, la identidad y las preguntas primordiales. De acuerdo con su tesis, la mayoría de los edificios públicos responde a alguno de estos parámetros. Resta saber cuál será el que domina en la cabeza, cabezota o cabecilla de los conspicuos alcaldes que dominaron la ciudad después de fenicios y renacentistas.
Grandeza y billetera
Aunque en cierta manera, si Sudjic lo permite, la cosa está más o menos clara. En Málaga, los edificios más señeros, el fabuloso hotel que interfiere en la contemplación de la Catedral, los apartamentos comunes que abrazan portadas decimonónicas, manifiestan en su origen una búsqueda insensata de la eternidad municipal, pero también enunciados banales, aunque igualmente reconfortantes: el dinero mondo y lirondo. Los ayuntamientos, en esto Málaga no es una excepción, se han acostumbrado a contemplar el urbanismo como la única vía posible de financiación y ahí aparecen torres gigantes, edificios anejos al monte y chalés de que me quiten lo bailao. Una pena, pero un método infalible de malgastar o entorpecer el patrimonio.
Alcaldes modestos
En cuanto a los alcaldes, deberían convencerse de lo mal que les sienta la heroicidad y ganarse la paga como lo que son: funcionarios elegidos por el pueblo y por sus compañeros de partido. Un recorrido por Málaga basta para cerciorarse de que el mejor representante público es el que pasa inadvertido. Al menos para el urbanismo, piedra angular del prestigio de administraciones ramplonas y radicalmente provincianas.
* La Opinión de Málaga - 03 de enero de 2008
El Consell espera la demolición en Sagunt mientras reconstruye la Valldigna
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LEVANTE/Valencia* : Diecisiete años lleva la Generalitat Valenciana animando la demolición de las obras efectuadas en el teatro romano de Sagunt y tres lustros reconstruyendo monumentos e iglesias a lo largo de la Comunitat Valenciana guiados por su forma de entender la recuperación y conservación del patrimonio. Aunque para sus acciones acertara a blindarse judicialmente mediante la doble modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, aquella que hoy el Tribunal Supremo y Superior consideraría legítima la intervención sobre el monumento saguntino, como legitimaría las actuaciones del Consell sobre el patrimonio monumental valenciano.
Así lo recordó en su auto el Alto Tribunal hace sólo unos días. Una ley autóctona que no resolvió el tema de Sagunt al no encontrarse en vigor la norma que hoy permite reconstruir cualquier tipo de edificio o monumento histórico artístico a partir de la simple existencia de un vestigio que dé pie a interpretar una hipotética realidad, como así especifica su articulado.
Seguramente, el mejor ejemplo para ilustrar este hecho sea la reconstrucción del complejo del Monasterio de la Valldigna en el que la Administración autonómica lleva involucrada una década y para cuya realización ha invertido ya cerca de diez millones de euros. La recuperación de la Valldigna, que hoy muestra un digno e interesante esplendor, además, se trata de un proyecto alentado por el propio President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, durante su etapa como Conseller de Cultura. Fue él mismo quien quiso que este monumento, recuperado por el Gobierno socialista del desplome y que durante años llegó a mostrar una auténtica imagen de ruina, creciera desde su propia desaparición. Y también fue el propio Camps quien quiso que en la reforma del Estatuto de Autonomía figurara el monasterio cisterciense de leyenda negra, que mandó construir Jaume II el Just, como "símbolo de la grandeza del pueblo valenciano". Y para ello no han existido reparos.
Durante los últimos años, la Valldigna ha visto como se reconstruía en su totalidad, y casi desde la nada, la sala capitular encargada por Roderic de Borja, así como su refectorio con toda la contundencia que merece; o cómo se ha recuperado la espectacular cúpula de su impactante iglesia. Sin olvidar la pavimentación de su entorno, la reintegración del Claustrillo del Abad, trasladado desde Torrelodones, o cómo desde hace meses se reconstruye una parte de su claustro principal o se han cerrado sus muros con ladrillo caravista a la espera de tener terminado el albergue de invitados.
Pero para claustro el del Patio del Embajador Vich, incorporado hoy en el Museo de Bellas Artes de Valencia, San Pío V, y que apenas unas semanas antes de las últimas alecciones autonómicas era inaugurado con todos los honores.
De la mano del mismo arquitecto, Salvador Vila, para la reconstrucción del patio del Embajador Vich se desmantelaron los elementos renacentistas que se conservaban y estaban integrados en el Convento del Carmen. Allí se mantenían como lección arquitectónica para explicar la forma de entender las rehabilitaciones arquitectónicas en los albores del Siglo XX. Su traslado generó una intensa polémica cultural. Hubo que desvestir un edificio para recrear otro. Para lograr su conclusión, debió completarse el coqueto edificio pintado actualmente en azul de tormenta con algunas columnas y capiteles falsos. Hoy da la entrada a los visitantes que acceden al San Pío V desde Viveros.
Pero existe otro caso igual de ilustrativo. Las ruinas de la Almoina reconvertidas por el Ayuntamiento de Valencia en un museo arqueológico sobre los orígenes históricos de la ciudad de Valencia. Las mismas que preservan del calor a los ciudadanos gracias a una inesperada pagoda de hierro colado que rompe la estética del complejo monumental que conforma la Catedral y el Palacio Arzobispal y que la misma Ley de Patrimonio "pone" en cuarentena.
La Almoina ha visto como gran parte de sus ruinas arqueológicas se han reconstruido, sin más, para poder explicar cómo entendemos hoy el epicentro de una ciudad de esplendor doblemente liberada. Muchos arqueólogos han advertido del falso histórico de su conclusión. Pero sin más.
Y cerca está uno de los logros patrimoniales de los que más orgulloso se encuentra el Consell y la Iglesia Valenciana. El "descubrimiento" de los ángeles de la Catedral que los libros de Historia y la documentación dejaron fijados hace muchos años, pero que, de repente y guiadas por la luz, unas palomas "descubrieron" al azar. Para que puedan lucir lozanos e impactantes, tanto el Arzobispado como la Generalitat debieron renunciar a la bóveda barroca de Pérez Castiel que aún debe permanecer en doscientos pedazos almacenada en el seminario de Montcada a la espera de una supuesta ubicación definitiva.
Si bien el reloj de la Iglesia de Santa Catalina de Valencia desapareció de la torre -por no hablar de la única estatua renacentista de san Martín, guardada en una sacristía- el castillo de Montesa, por ejemplo, recuperaba las láminas de sus lienzos para recrear la realidad de la reconquista de Pedro El Grande. Mientras, la Administración autonómica y el consistorio valenciano observaba el expolio del valioso patrimonio cerámico del Convento de Sant Josep de Valencia o lo hacía años antes con el patrimonio del convento de las Clarisas de Xàtiva.
La ciudad de la Costera no es ajena a este afán fiel de recuperación patrimonial. El proyecto de la Luz de la Imágenes, sin ir más lejos, no ha dejado indiferente al Convento de Sant Doménec del que se ha recuperado la antigua iglesia gótica a base de eliminar elementos barrocos con los que se habilitó el antiguo teatro. En proyecto se encuentra una nueva fase de reconstrucción que ha de recuperar la sala capitular, el refectorio y el claustro del antiguo complejo conventual. Una de las novedades de la rehabilitación de Sant Doménec ha sido la construcción de unas originales escaleras de granito que dan acceso al antiguo templo. Asimismo, en el edificio anexo a Sant Doménec, donde se ha habilitado una de las salas de recepción de la exposición "La Luz de la Imágenes", la Generalitat ha reconstruido estancias interiores. E incluso la fachada del edificio. Muy cerca, el castillo de Xàtiva fue objeto de una actuación contundente en su patio de armas para así reconvertirlo en escenario desde el que celebrar su festival del verano Nits al Castell.
Pero entre toda la literatura de recuperación patrimonial, la mejor la dejó publicada la Diputación de Valencia. Dos lujosos volúmenes, con un millar de páginas, explican cómo es posible devolver a la actualidad un patrimonio olvidado. El mismo patrimonio recuperado sobre el que Camps dejaba escrito que "É entre las actuaciones de la Generalitat con una mayor trascendencia, se encuentra la recuperación y conservación de nuestro legado histórico, artístico y cultural como la apuesta decidida por seguir incrementándolo....".
* Levante-EMV - J. R. S., Valencia - 05 de enero de 2008
Foto: Monasterio de la valldigna. La Generalitat ha reconstruido en su totalidad el complejo, que estaba en ruinas - levante-emv
Valladolid: La Federación de Vecinos pide al TSJ la suspensión del plan urbanístico de los cuarteles
NORTECASTILLA* : La Federación de Vecinos Antonio Machado ha presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de los Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez, ubicados en el Arco de Ladrillo y donde se pretenden levantar 870 pisos frente a la Ciudad de la Comunicación. La organización expone los argumentos contra este nuevo desarrollo urbanístico que considera plagado de «ilegalidades». La Federación pide la suspensión cautelar.
Entre ellas destaca que el documento aprobado por el Ayuntamiento es sustancialmente diferente al que se dio el visto bueno inicialmente, por lo que tenía que haber sido sometido de nuevo a información pública. En la demanda, se recuerda que Urbanismo dio luz verde al ordenamiento dando por bueno un dictamen encargado por las promotoras al catedrático José Luis Martínez López Muñiz en vez de atender a las objeciones que planteaban al documento los propios técnicos de la concejalía. La federación añade que el PERI vulnera el artículo 158.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León al no justificar los cambios introducidos.
Respecto a la edificabilidad, recuerdan que el PGOU estipula 92.590 metros cuadrados en la zona, mientras que en el PERI sobre el que versa la demanda se establecen 110.956. Además de rebasar lo permitido, subrayan, el uso residencial también supera el 80% de la edificabilidad. Se vulnera así el artículo 130 a del PGOU.
Otro de los argumentos de la demanda es que las viviendas de protección no están consideradas dentro de ese uso residencial como obliga la ley, algo que califican de «repugnante». Asimismo, según se lee en el documento, no se cumple el artículo 38.2 del Reglamento de Urbanismo regional, que manda reservar el 10% de la edificabilidad total a VPO. «Debiera ser de 9.171 metros cuadrados cuando es de 7.709», exponen.
A juicio de los demandantes también se vulnera el artículo 17.2 de la Ley de Urbanismo al no ceder al Ayuntamiento el 10% de la edificabilidad total. Mientras que según la norma debiera ser 8.199 metros cuadrados en el plan de reforma se contemplan 8.199.
Para la Federación se Vecinos no se respeta el número de plazas de aparcamiento que tendría que tener este desarrollo (están previstas 917 y en el PERI se contemplan 833). Asimismo interpretan que se vulnera el artículo 37.c de la Ley de Urbanismo porque se prevén torres con una altura de nueve plantas que no están acordes con el entorno, donde predominan bloques de cinco pisos.
* El Norte de Castilla - 05.01.08 - J. ASUA
Foto: Edificios castrenses de los cuarteles de Arco de Ladrillo/ RICARDO OTAZO, nortecastilla.es
La promotora reactiva el plan de Foster en Cangas
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ELPAÍS/Vigo* : Residencial Marina Atlántica, promotora del proyecto del arquitecto Norman Foster en los terrenos de O Salgueirón, en Cangas, reiniciará en la segunda quincena de este mes las obras del puerto deportivo, paralizadas desde octubre de 2005 por el obstruccionismo del Foro Social pola Defensa do Pobo. El puerto deportivo se complementa con la urbanización de los terrenos de O Salgueirón, que pertenecieron a la histórica conservera Massó Hermanos. La promotora cree haber generado un nuevo clima social para relanzar el proyecto. Pero ayer mismo seguía levantando chispas entre opositores y grupos políticos.
"Pensamos que la información que maneja la promotora es errónea", señala el Foro Social en una nota difundida ayer, mientras que Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), que participa con BNG y PSOE en la coalición que gobierna Cangas, presentaba una moción al pleno municipal para anular todo el proyecto. Esta iniciativa, eso sí, abre una fisura en la coalición. "Creo que es una deslealtad de ACE y singularmente del concejal de Urbanismo [Mariano Abalo], pasando por encima del pacto de gobierno, que nos obliga a todos a consensuar las actuaciones", respondió Clara Millán, la alcaldesa nacionalista.
Marina Atlántica, según explicaron fuentes de la misma, comenzó después de las últimas elecciones locales un proceso de explicación del proyecto a todas las partes implicadas que ha permitido un mayor grado de aceptación del mismo. Xosé Luis Barreiro Rivas, ex vicepresidente de la Xunta, fue el intermediario elegido para esas tareas de explicación por la promotora, participada por Caixanova, Atlántico Construcciones y, desde hace unos meses, Puentes y Calzadas.
En el puerto deportivo, con un espigón de 600 metros y con capacidad para 450 amarres, se ha sustituido el inicial muelle de escollera del proyecto por otro de hormigón, lo cual aminora la lámina de agua necesaria y su incidencia sobre la actividad pesquera, hasta ahora uno de los motivos principales de oposición a las obras. Es una de las mejoras. Además empezarán las obras por la restauración del viejo muelle de Punta Balea.
"No se empezarían las obras sin contar con todas las garantías legales, nadie se arriesgaría a enterrar millones por capricho", indicaron las mismas fuentes de la promotora para asegurar que la construcción del puerto cumple todos los requisitos. Paralelamente, Marina Atlántica, señalan sus fuentes, sigue la tramitación administrativa para desarrollar la urbanización en O Salgueirón, que incluye una zona residencial de 750 viviendas, un hotel, un centro comercial, paseo marítimo y otras dotaciones. La promotora prevé una inversión total de casi 200 millones de euros.El puerto deportivo y la urbanización son partes indisolubles del mismo proyecto. Los permisos para construir el puerto dependen de Autoridad Portuaria de Vigo y el desarrollo de la urbanización, del Ayuntamiento de Cangas, que en el anterior mandato del PP firmó un convenio con la promotora que quedó sin efecto al anularse el plan general de urbanismo al que se supeditaba.
"El proyecto se ha explicado a todo el mundo, BNG y PSOE han cambiado el tono de su mensaje y se ha entrado en un clima de concordia", insisten en la promotora. Pero nada lo confirma. "En las obras del puerto no tenemos nada que decir porque no son de competencia municipal. Con respecto a la urbanización, no hay nada nuevo sobre nada", asegura la alcaldesa. "Conmigo hablaron una vez y no llegamos a concretar nada. O Salgueirón sigue calificado como suelo industrial en un 80%", añade Millán.
Tanto ACE, en su moción, como el Foro Social en su nota, reiteran los argumentos que justifican su oposición al proyecto de Foster desde que éste intentó arrancar en 2004. Las irregularidades en el proceso administrativo serían, según ellos, manifiestas, tanto en la parte portuaria como en tierra, de lo que darían fe media docena de denuncias judiciales y un par de contenciosos interpuestos por la cofradía de pescadores, "ninguna de las cuales ha sido rechazada, ni archivada o sobreseída", subrayan.
'Marbellización'
Según los opositores, el concurso para la construcción del puerto deportivo, fallado por Autoridad Portuaria de Vigo, fue ilegal y los pretendidos recortes y modificaciones en la obra precisarían de un nuevo proyecto y de nueva evaluación ambiental. El Foro, en consecuencia, no encuentra motivos para deponer la actitud de obstrucción a las obras que inició en octubre de 2005 y que han impedido todo avance en el proyecto realizado por Norman Foster.
La concejalía de Urbanismo, a su vez, ha contratado una asistencia técnica que propondrá un plan de usos alternativo para O Salgueirón, en el marco del plan general de urbanismo que actualmente se elabora, con el fin de recuperar el patrimonio industrial de la parcela, "que se está destruyendo pese a ser el más emblemático de Galicia", señala Mariano Abalo. "No queremos ni escándalos urbanísticos ni la marbellización de Cangas"
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 05/01/2008
Foto: Cangas (Pontevedra) - cangasnonsevende.org
Oposición a ‘Las Vegas’ de los Monegros
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DIAGONAL/Aragón* : Después de ser rechazado en Dubai y en Francia, el promotor de la mayor macrociudad del juego ha encontrado el apoyo del Gobierno de Aragón. Gran Scala podrá instalarse en el desierto de los Monegros pese a las irregularidades. Los grupos ecologistas denuncian la complicidad del Gobierno de Aragón, que tendrá que cambiar la ley del juego, recalificar terrenos, dotar de infraestructuras con dinero público... Y todo para un proyecto de dudosa viabilidad financiado previsiblemente por las mafias del juego de Estados Unidos.
Parques temáticos, 32 casinos, 70 hoteles, 230 restaurantes, 32 museos, 500 comercios, hipódromo, plaza de toros, campo de golf y palacio de congresos. Una ciudad nueva de 100.000 habitantes (la segunda más poblada de Aragón) en el desierto de Monegros, entre Huesca y Zaragoza. Unas semanas después de la publicación de este proyecto, el 12 de diciembre, empiezan las críticas más allá de un debate cerrado entre conservacionismo y riqueza.
La operación parte de un capital norteamericano, proveniente del juego, interesado en Europa como área de negocio. Ya antes, el proyecto se rechazó en Dubai y en Francia. Aunque los 32 casinos acaparen la atención, el volumen de instalaciones, servicios y viviendas en cantidades aún no definidas generaría una plusvalía sustancial del suelo. El precio actual de la tierra en los Monegros lo hace posible por su extensión, su régimen de secano y la escasa población (21.600 habitantes, 8 hab/km2). Además, disfrutan de una buena posición en el mapa y están bien comunicados. Sin embargo, otros aspectos oscurecen la viabilidad económica que el complejo Gran Scala tiene por sí mismo.
La única iniciativa privada visible, el consorcio International Leisure Development (ILD), es promotor, es decir, aunque esté vinculado a empresas de máquinas de juego y casinos no aportan todo el capital necesario, sino que pretenden atraerlo. Sobre la identidad y solvencia de esos inversores nada se ha adelantado. En todo caso, vaticinan 25 millones de visitantes para 2015 (más de la mitad del total de turistas que recibe anualmente el Estado español) y ello, mientras languidecen otros complejos similares en Europa.
Apoyo institucional
Con todo, el apoyo del Gobierno de Aragón (formado por la coalición PSOE-PAR) sigue siendo imprescindible. En tal sentido, el Partido Aragonés (PAR) se ha convertido en valedor del proyecto desde los primeros contactos, y desde el Gobierno de Aragón ha trasladado al público una “ilusión” que ya la información disponible cuestiona. Los responsables públicos no han aclarado su impacto social, económico y medioambiental para el actual modelo aragonés, por ejemplo en cuanto a vertebración del territorio, calidad del empleo, movilidad o gestión de recursos naturales. Tampoco su impacto sobre poblaciones cercanas o la propia Zaragoza; ni una suerte de ‘plan B’ en caso de que el macro-proyecto quiebre. Lejos de esto, el Ejecutivo aragonés se encuentra desde el inicio comprometido plenamente con el proyecto.
Promotores y Gobierno de Aragón han remarcado que toda la inversión (17.000 millones) será privada. Sin embargo, la acción pública deberá ir más allá de lo recaudatorio, además deberá reducir los tipos impositivos por actividades del juego. Y parecen aceptarse otros cambios normativos a la carta. Según AZAJER (asociación que trabaja problemas de ludopatía), la actual Ley Aragonesa del Juego sólo permitiría un casino más, y en Teruel. Asimismo, el impacto urbanístico del proyecto, las modificaciones y expropiaciones que se avanzan pertinentes exigen la declaración del complejo como de “interés prioritario” por el Legislativo aragonés, lo que permitiría superar el escollo de municipios díscolos y dotaría a la Administración de mayor flexibilidad en su acción. Por otro lado, y aunque no se realicen inversiones públicas directas en el proyecto, éstas serían imprescindibles en infraestructuras y servicios públicos, que abarcarían al menos una nueva estación del AVE, autopistas y la ampliación del aeropuerto. Ello sin contar los servicios públicos de una hipotética ciudad de 100.000 habitantes o los imprescindibles para que los anunciados 35.000 trabajadores comiencen siquiera a construirla. Algunos servicios son urgentes si se pretende que unas tres quintas partes del proyecto estén listas en torno al 2010. La Administración aragonesa no ha aclarado aún su grado de compromiso con estos gastos.
Desde que se publicó la iniciativa, el consorcio ILD ha advertido de que la oposición del “lobby ecologista” podía perjudicar las inversiones. Se manifiesta así la necesidad de garantizar un consenso social en torno al proyecto, cerrar el debate y desprestigiar los escepticismos para no ahuyentar las inversiones.
Junto a razones sobre el fondo del proyecto, la opacidad y su exclusión del debate han motivado la oposición de grupos que cuestionan este modelo de desarrollo (entre otros Ecologistas en Acción, Aragón No Se Vende y CGT). IU también mostró su rechazo y progresivamente otros sectores del ámbito político y social, como la Chunta Aragonesista (CHA), han reclamado prudencia o una discusión seria del proyecto, así como la organización Ecología y Desarrollo (ECODES).
En los Monegros, los rechazos surgidos se han agrupado en la Plataforma Monegros No Se Vende y, tras el entusiasmo inicial sobre el terreno, en que los valedores políticos del proyecto habían fundado gran parte de su legitimidad, algunos representantes comarcales y pequeños agricultores despliegan dudas y alternativas más coherentes con el modelo social, económico y ecológico monegrino, cuestionando que el incremento de población en sí mismo sea un objetivo que deba imponerse a la calidad de vida de quienes ya habitan esta tierra.
‘La Expo’ hipoteca los presupuestos de Zaragoza
N.E. (REDACCIÓN ARAGÓN)
El aumento de los gastos en las obras emblemáticas de la Expo ha originado grandes dificultades al Ayuntamiento de Zaragoza para cuadrar los presupuestos para 2008. Algunos analistas, como el Seminario Zafra de Economía o la sección de Acción Social de CGT, empiezan a anunciar la bancarrota en la que se encuentran las arcas municipales, a lo que se añaden las críticas por parte de la oposición del PP, CHA e IU a los presupuestos propuestos por la coalición del PSOE y PAR. El Ayuntamiento de Zaragoza ya está pagando las consecuencias del despilfarro en la Expo y afronta un endeudamiento sin precedentes en su presupuesto: 133 millones de euros para saldar esta cuenta. El proyecto económico para 2008 hipoteca numerosas actuaciones necesarias y se basa en la petición de créditos astronómicos, la paralización de inversiones y la subida de los impuestos. La Asociación de Vecinos de La Paz critica el retraso en la apertura de una ludoteca construida en el barrio "por falta de presupuesto para material”. Hasta Domingo Buesa, líder local del PP, en un alarde de cinismo, afirmó que "no debemos repetir el error de Sevilla, donde la exposición se convirtió en el peor enemigo de la ciudad”. Al mismo tiempo, edificios emblemáticos de la Expo, como el Pabellón Puente, la Torre del Agua o el Palacio de Congresos, van aumentando su coste y retrasando su finalización. Roque Gistau, presidente de Expoagua afirmaba el pasado 16 de diciembre en el Periódico de Aragón que algunas obras no obedecerán a plazos marcados, anticipando las dificultades para llegar al 16 de junio de 2008 con todas las obras terminadas.
* Diagonal - David Vila / Redacción Aragón - 26 dic - 9 ene 2007
Foto: Los Monegros (Aragón), señales - Primo Romero, diagonalperiodico.net
Barcelona: El caos de las infraestructuras eleva al 60% el número de descontentos
ELPAÍS* : El descontento de los ciudadanos contra los políticos se dispara tras la crisis de las infraestructuras. Ayer, a la misma hora que miles de catalanes sufrían por enésima vez retrasos en los trenes de Cercanías, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) presentó el índice de satisfacción política, que eleva el descontento de la población para con los políticos hasta el 60,9%, el 5,7% más que en marzo. Esta cifra es la segunda más alta desde junio de 2005, fecha en que se empezó a elaborar el índice.
Sólo el 61,3% de descontentos de marzo de 2006, en plena pelea política por la aprobación del Estatut, fue mayor que el actual.
La situación del aeropuerto de El Prat, el retraso y el desaguisado de las obras del AVE, con el consiguiente caos de Cercanías, y el apagón que dejó a oscuras a Barcelona en julio "han actuado como un tsunami que ha hecho crecer la insatisfacción hasta el punto actual", afirmó ayer Gabriel Colomé, director del CEO. Colomé se mostró "confiado" en que la llegada del AVE y de nuevas inversiones "hagan que la satisfacción política aumente".
El sondeo, basado en 2.200 entrevistas, se llevó a cabo entre el 20 y el 30 de noviembre, en plena recuperación del servicio de Cercanías y justo antes de la manifestación del 1 de diciembre convocada por la Plataforma por el Derecho a Decidir y contra el caos en las infraestructuras. Según Colomé, la movilización "influyó en parte en el resultado del índice".
Por partidos, los votantes del PP son los más descontentos, ya que el 58,4% se sienten insatisfechos con la política. Por el contrario, el PSC es el partido con menos votantes descontentos, el 26,7%. La formación que registra un repunte mayor de insatisfacción entre sus simpatizantes es Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). El 36,9% de los votantes del partido ecosocialista, que desde que empezó el caos de Cercanías lo ha tomado como caballo de batalla político, se sienten descontentos con la política. En el anterior índice de octubre de 2007, sólo el 14,4% de los votantes de ICV estaban insatisfechos, el 22,5% menos que en el índice actual.
El repunte de los descontentos se refleja aún más en el índice de insatisfacción coyuntural, que se refiere a aquellos ciudadanos que, si bien confían en el sistema, se sienten descontentos con la situación política del momento. Esta cifra llega al 58,5%, la más alta desde que el CEO realiza estos sondeos y muy por encima del 42,9% de insatisfechos de hace tan sólo seis meses. El 45,2% de los entrevistados, sin embargo, está satisfecho con la situación actual.
Por el contrario, la insatisfacción estructural, que alude a los descontentos con el sistema político en general, desciende el 3% respecto al índice de octubre hasta situarse en el 54,8%. Los satisfechos con la política llegan al 45,2%, la tercera cifra más elevada de todos los índices pero aún lejos del 48,7% del sondeo de noviembre de 2005.
El crédito del régimen democrático y el descontento por la situación va acompañado de un aumento de la participación electoral. A sólo tres meses de los comicios generales, el 70,8% de los entrevistados sostiene que irán a votar y ya tienen decidido a qué partido darán su apoyo. En el anterior sondeo la participación prevista era del 64%.
Por partidos, los simpatizantes del PP son los más participativos (89,8%) y los de CiU los menos (82,8%). ICV movilizaría al 86,1% de sus votantes, el PSC al 84,5% y Esquerra al 83%. Los republicanos son los que más indecisos tienen en sus filas. El 14,7% de los votantes de ERC no sabe si repetirá su voto en las generales.
JÉSSICA SANROMÁN: "Quiero un tren sin incidencias de una vez"
"Me parece fatal la situación que estamos viviendo", lamentaba Jéssica Sanromán en una de las innumerables paradas no justificadas que ayer asolaron a los trenes de la línea C2 de Cercanías. Ella lo tenía claro: "No quiero volver al autobús ni quiero viajar así, lo que quiero es un tren sin incidencias de una vez". Jéssica no está segura de que la situación de Cercanías se arregle con la llegada del AVE a Barcelona. "Ojalá", espetó antes de asegurar que "con un buen tren", no le importaría pagar el billete.
EVA RUBIO: "Con el autobús sabías a qué hora llegabas"
Eva Rubio era una de las pasajeras que ayer sufrió los retrasos de Renfe. A la altura de Bellvitge, cuando el tren ya llevaba una hora de retraso, su hartazgo era evidente: "Siempre pasa lo mismo desde hace demasiado tiempo. Cuando había el autobús tardabas más, pero sabías a la hora que llegabas". El hecho de que su trayecto sea gratuito hasta que llegue el AVE a Barcelona no la consolaba: "Depende del trabajo que tengas te conformas o no. Hay mucha gente que llega tarde y no le sirve de nada ahorrarse el billete".
DORI SEBASTIÀ: "Pagaría el doble si hubiera más trenes y fueran puntuales"
Dori Sebastià estaba nerviosa ayer. "Estamos parados en un puente y me está sentando mal el desayuno", confesaba. El tren de la línea C2 de Cercanías llevaba más de 50 minutos de retraso, 10 de ellos estacionado en vías elevadas que alteraban a Dori. "Me parece indignante, por decirlo suavemente. Pagaría el doble si el tren fuera puntual y pasara cada cinco minutos", aseguraba. Pese a tener el viaje gratuito, Dori se mostraba reticente: "Con la subida de precios ya lo pagaremos".
ROSALIA HUGUET: "He salido una hora antes y llegaré tarde igualmente"
Rosalia Huguet no usa el tren con asiduidad, pero ayer se subió a un convoy de Cercanías para ir al médico con su marido. "Cuando me he levantado he oído que los trenes iban mal. He salido una hora antes de casa; sin embargo, llegaré tarde al médico igualmente", lamentaba. A pesar del retraso, Rosalia se mostraba más comprensiva que otros viajeros: "Debemos comprender que se está haciendo una obra importante, quizá es normal que haya todas estas molestias".
* ELPAIS.com - MAIOL ROGER - Barcelona - 05/01/2008
Foto: Barcelona, usuarios cercanías en Sants - EFE
El juez Torres levanta parcialmente el secreto del sumario del 'caso Guateque'
EUROPAPRESS/Madrid* : El juez Santiago Torres, que investiga la presunta trama de tráfico ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, levantó hoy parcialmente el secreto del sumario que pesa sobre las actuaciones del procedimiento, que salió a la luz el pasado 14 de noviembre con el desarrollo de la primera fase de la operación, informaron hoy fuentes próximas a la investigación.
La decisión del magistrado fue trasladada esta mañana a los abogados defensores de los nueve imputados, funcionarios del Consistorio y varios empresarios, que cumplen prisión preventiva por participar en la supuesta red de cobro de sobornos a cambio de agilizar licencias. Se les acusa de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
El instructor, que investiga el caso a raíz de la denuncia de un particular, ha levantado el secreto del sumario recogido en un total de ocho tomos de la causa (4.107 páginas), de los diez que engloba la totalidad del procedimiento. Por el momento, los letrados aún no han podido hacerse con el sumario, al existir "un problema material" ante el gran volumen de páginas.
Las partes del proceso, abogados y la representación legal del Ayuntamiento de Madrid (que ejerce la acusación particular), podrán acceder a la mayor parte de los datos recabados hasta ahora en la investigación. Estos meses, el procedimiento se ha centrado en el análisis de los 187 expedientes considerados sospechosos y de la documentación incautada en los 24 registros practicados hasta ahora.
Asimismo, parte de la información obtenida por el magistrado proviene de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y en las propias manifestaciones de los imputados ante el juez.
A mediados de diciembre, Torres prorrogó por un mes el secreto sumarial, lo que limitaba el conocimiento de la investigación al propio instructor y al fiscal astrito al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, César Estirado.
EN LIBERTAD
Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que el juez Torres tiene previsto en los próximos días dejar en libertad a alguno de los nueve detenidos en la primera y segunda fase de la operación. Hasta ahora, Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, ha sido la única que ha abandonado la prisión tras hacer efectiva una fianza de 20.000 euros.
Las últimas detenciones se llevaron a cabo el pasado 27 de diciembre, cuando agentes de la Benemérita registraron seis sedes municipales y arrestaron a otros cinco funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Estos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Área de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo).
De la primera fase, cumplen prisión Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, entre otros.
24 PERSONAS DETENIDAS
Hasta ahora, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales.
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la primera fase de la operación 'Guateque' con la detención de 16 funcionarios, entre empleados públicos y técnicos, que posteriormente se elevó a 19, y se practicaron más de una quincena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios.
* Europa Press - MADRID, 4 Ene
Foto: Madrid, urbanismo ayuntamiento - europapress.es
El legislador del 2007
ÁNGEL B. GÓMEZ PUERTO* : El ejercicio real del derecho constitucional a la vivienda ha estado en el debate político y social, y en la agenda legislativa de las Cortes Generales durante el pasado año 2007. Recordemos que el artículo 47 de nuestra actual Constitución de 1978, declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Al respecto, el pasado año 2007 entró en vigor una importante norma, la nueva Ley reguladora del Suelo, una de las más importantes de las 161 leyes aprobadas en la legislatura 2004-2008. La nueva ley tiene como fundamento el precepto constitucional antes señalado. Era la respuesta contundente del legislador, y de la sociedad en su conjunto, a tanto desorden urbanístico sufrido en los últimos años en demasiadas zonas del territorio nacional.
El objetivo que las Cortes Generales pretenden con la nueva ley es regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal, así como establecer las nuevas bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, de su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en materia de suelo.
Entre los principios generales que informan el contenido global de la ley del suelo se encuentra el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, en base al cual, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.
Además, y en virtud del objetivo de desarrollo sostenible, todas esas políticas públicas han de propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, la salud y seguridad de las personas, y la protección del medio ambiente.
Es muy importante destacar un derecho que se consagra esta nueva ley del suelo al ciudadano: el de acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como a obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados. Por otra parte, se establece la obligación ciudadana de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y paisaje natural y urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos en la materia.
Esperemos que con la entrada en vigor de la nueva regulación se sienten las bases de un nuevo modo de entender el respeto a los bienes comunes, de una ordenación justa y racional del territorio, y del fin de la especulación urbanística. Y que se posibilite en cualquier territorio de España el ejercicio eficaz de derechos constitucionales tan transcendentales como el “derecho a la vivienda digna y adecuada” (artículo 47 de la Constitución), o el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” (artículo 45 de la Constitución).
Al respecto, también ha aprobado nuestro legislador el pasado año 2007 normas legales tan importantes como la Ley de Responsabilidad Medioambiental, así como la nueva Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Parece que el círculo legislativo verde empieza a completarse, quedando algunas asignaturas pendientes para la legislatura 2008-2012, como una norma legal sobre fiscalidad ecológica, o la necesaria ley general sobre el derecho al medio ambiente, aún no abordada en los 30 años de vigencia de nuestra actual Constitución.
(*) Ángel B. Gómez Puerto es Doctorado en Derecho Público por la Universidad de Córdoba.
* La República - 3 de enero
Marbella legalizará de una tacada casi 1.000 comercios sin licencia
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) se ha dado un mes para comenzar a regularizar los cerca de 1.000 comercios que funcionan sin licencia municipal porque se encuentran en edificios ilegales. El equipo jurídico está elaborando una normativa que permita conceder permisos de apertura provisionales que adquirirán firmeza una vez que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que se contempla la regularización de muchos de estos edificios a cambio de compensaciones a la ciudad.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), anunció ayer que quiere aprobarlo antes de que finalice enero. "Estamos estudiando cuál es la mejor manera para desbloquear esta situación. No es fácil porque hay muchas irregularidades en alguno de los edificios y por lo tanto de los comercios", explicó.
La Comisión Gestora ya trató de conceder licencias provisionales a 600 de estos comercios hace un año, pero no sacó la medida adelante por la dificultad para obtener fórmulas que se ajustaran a la legalidad.
La medida anunciada por Muñoz pretende dar un poco de tranquilidad a un sector que ha tocado fondo tras una crisis que dura ya tres años. Sólo en la primera quincena de enero está previsto que echen el cierre 123 pequeños comercios de la ciudad. Según el presidente de Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymen) la regularización provisional de estos negocios afectará "de forma indirecta" a unas 3.000 personas.
La regularización de los edificios ilegales, mediante el sistema de compensaciones establecido en el plan general, condiciona directamente la legalización de estos comercios. "Si un local no tiene permiso de primera ocupación, porque Urbanismo no lo ha concedido, difícilmente se podrá una licencia comercial", explican técnicos consultados.
Entre los negocios que carecen de licencia se encuentran seis hoteles construidos sobre suelos catalogados para otros usos o que sufren un exceso de edificabilidad como el Guadalpín Marbella y Banús, dos establecimientos de cinco estrellas que posee en la ciudad la inmobiliaria Aifos, cuyos principales directivos están imputados por cohecho en el caso Malaya.
La revisión de los permisos también afecta a varios locales del centro comercial La Cañada, propiedad del empresario Tomás Olivo, también imputado en la trama de corrupción marbellí, y cerca de 40 negocios del centro comercial Plaza del Mar, en pleno paseo marítimo de Marbella, además de oficinas, guarderías o bares.
La regularización de algunos de estos negocios acarreó un enfrentamiento entre el responsable de comercio e industria de la gestora marbellí, el socialista Fidel Fernández Nieto, y Ángeles Muñoz, cuando ésta era candidata a la alcaldía.
Muñoz anunció que suspendería los expedientes de revisión a locales y comercios en su primer pleno como regidora y el vocal de industria mantuvo que esta medida sería ilegal. "Como regidora nunca va a tener esta potestad porque la norma establece claramente que los actos administrativos se anulan mediante las correspondientes revisiones de oficio, motivadas y con informes preceptivos del Consejo Consultivo", dijo Fernández Nieto.
En mayo de 2007 la comisión gestora trató de conceder autorizaciones de apertura de carácter transitorio hasta que el Plan General pudiera resolver la situación. "Desgraciadamente la legislación no contempla situaciones como la existente en Marbella y no se ha podido encontrar ningún resquicio para aplicar", se excusó entonces el vocal responsable del área.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 04/01/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Riba-roja aprueba un PAI de 1.660 viviendas en el que tiene terrenos la mujer del alcalde
LEVANTE/Valencia* : El PP de Riba-roja aprobó el pasado miércoles por la tarde un Proyecto de Actuación Integrada (PAI) para construir 1.660 viviendas en una zona no urbanizable del municipio situada junto al futuro Parque del Túria. Tal como reconoció ayer el propio alcalde de la localidad, Francisco Tarazona (PP), el proyecto de El Quint afecta a unos terrenos propiedad de su esposa y de los padres de otro concejal del grupo popular y sobrino del primer edil, Jose Vicente Tarazona.
Aún así, Tarazona y el otro edil popular pudieron votar el miércoles a favor de la reclasificación de los terrenos escudándose en dos informes jurídicos (el primero de un catedrático de derecho y el segundo de la Generalitat) que señalaban que ninguno de los dos incurría en causa de exención a pesar de su grado de parentesco con los propietarios del suelo.
Según estos informes, el alcalde podía votar a favor del PAI porque la propiedad de su mujer "era mínima" respecto al total que se iba a reclasificar y porque la decisión final para llevar a cabo el proyecto iba a ser de la Generalitat y no del ayuntamiento.
"Estos son unos terrenos que heredó mi mujer de sus padres desde antes de que se aprobara el PAI", reconoció Tarazona.
Por su parte, el PSPV, que se abstuvo en la votación para la aprobación del plan urbanístico, sí que criticó ayer que el PAI de El Quint se vaya a llevar a cabo conforme a la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y no conforme a la LUV o a la Ley Estatal del Suelo, que hubiese obligado a publicar los propietarios de terrenos implicados en la reclasificación. Aún así, los socialistas reconocieron la legalidad de esta decisión ya que el PAI fue aprobado provisionalmente en 2005, cuando todavía se aplicaba la anterior ley urbanística.
El edil del PSPV, Robert Raga, también criticó que el gobierno del PP haya aprobado un proyecto que desde su primera aprobación en 2005 se ha modificado sustancialmente. Y es que la puesta en marcha del proyecto del Parque del Turia ha quitado unos 250.000 metros cuadrados del diseño del PAI original. "A pesar de ello, el ayuntamiento no informó a los propietarios afectados de esta modificación, por lo que se trata de un procedimiento absolutamente oscurantista".
* Levante-EMV - V. Contreras, Riba-roja - 04 de enero de 2008
Foto: Riba-roja (Valencia) - vias pecuarias
Almería: Cóndor denuncia los trucos de los ayuntamientos para edificar fuera de la ley
TELEPRENSA* : El Grupo Ecologista Cóndor, de Almería, denuncia que algunos Ayuntamientos han creado figuras urbanísticas para construir en zonas aisladas del núcleo y en suelo no urbanizable, sorteando la Ley sin que las administraciones superiores, Consejería o Ministerio, hagan nada por evitarlo. El que hizo la ley hizo la trampa. Este dicho popular también se puede aplicar a los alcaldes y responsables de urbanismo de numerosos ayuntamientos de la provincia de Almería que a lo largo de los últimos años han ideado todo tipo de trucos para “burlar” la legislación vigente y facilitar a los constructores y promotores suelo que permita un desarrollo urbanístico más grande del que podían asumir.
El aspecto positivo de estas fórmulas ha sido, para los ayuntamientos, lograr unos ingresos extraordinarios para las arcas municipales y para algunos políticos inflarse sus bolsillos, pero la parte negativa se la han llevado los ciudadanos, que care-cen en muchos casos de los servicios necesarios para desarrollar el día a día.
El pionero en esto de los trucos fue el anterior alcalde de Arboleas, Cristóbal García (PSOE), que abrió la veda a todos los ayuntamientos de la zona, concediendo licencias para construir viviendas en terrenos asilados del núcleo urbano. Fuentes de la Delegación de Obras Públicas detallaron que aprovechó la ley anterior al año 2002 y clasificó “mucho” suelo aislado. En él, permitió construir sin la figura de planea-miento necesaria, es decir, sin el plan parcial. Las consecuencias es que a día de hoy todavía no se contemplan los equipamientos e infraestructuras necesarias, que van a tener que costear ahora todos los que construyeron y promovieron allí.
Otro ejemplo claro que también denuncia el Grupo Ecologista Cóndor es el de Cuevas del Almanzora (PP). En este caso, los problemas urbanísticos han aparecido con posterioridad al año 2002, es decir, con la nueva ley. Para construir al ritmo que el Ayuntamiento ha considerado conveniente, el Área de Urbanismo se inventó una figura, el ‘proyecto de delimitación del suelo urbano consolidado’. Mientras que las localidades que carecen de PGOU se rigen por las Normas Subsidiarias o por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en contra de lo que determina toda esta normativa, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora creó la citada figura, a la que se han acogido para dar licencia a numerosas promociones, en suelos que están decla-rados como no urbanizables en las Normas Subsidiarias, que son las que rigen hasta que se apruebe el PGOU, que está en fase de redacción.
Zurgena (PA) ha tomado ejemplo de Cuevas, al igual que otros municipios co-mo Cantoria, que han creado una figura adicional, el “hábitat rural diseminado”, para legalizar viviendas que en su día se construyeron en suelo no urbanizable. Alegan que se trata de un asentamiento histórico y que los moradores se dedican a la actividad rural, para legalizar su situación. Pero la única que tiene competencias para crear esta figura es la Junta y, en todo caso, el Ayuntamiento a través del PGOU.
* Teleprensa Almería - 4 de Enero del 2008
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net
La fiscalía abre un nuevo frente contra el alcalde de Cabanes por Torre la Sal
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ELPAÍS/Castellón* : La fiscalía de Castellón ha abierto una investigación penal contra el alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, ante la posible comisión de los presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la tramitación y aprobación del programa de actuación urbanística conocido como Torre La Sal.
El concejal de Esquerra Unida en el municipio, Carles Mulet, presentó un escrito ante fiscalía que ahora ha provocado la apertura de estas diligencias en las que se investigará si el alcalde y los otros concejales del PP del anterior equipo de gobierno cometieron algún delito al otorgar licencias de construcción para la edificación de dos bloques de apartamentos (460 viviendas) sin que se cumplieran los condicionantes previos al desarrollo del proyecto, que estaban marcados en la Declaración de Impacto Ambiental.
La aprobación definitiva del programa, otorgada por el Consell en octubre de 2005, señalaba como condiciones previas que estuviera "asegurada y debidamente autorizada la construcción y puesta en funcionamiento" de una desaladora con el fin de garantizar los recursos hídricos necesarios. También incluía otras medidas de carácter hídrico y medioambiental, ya que la zona se encuentra a apenas tres metros del parque natural del Prat de Cabanes y alcanza una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados.
Sin embargo, cuando el Ayuntamiento concedió las licencias no se habían dado los condicionantes exigidos por la Consejería de Territorio. Esta es la tercera diligencia de investigación penal iniciada en poco más de dos meses contra el alcalde a instancias de EU. El fiscal investiga la cesión de la explotación del suministro de agua a Marina d'Or, quitándosela a Facsa en el ámbito de este mismo PAI, y la denuncia por fraude electoral por el empadronamiento masivo de forasteros en domicilios del alcalde y de sus familiares.
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 04/01/2008
Foto: Cabanes (Castellón), torre la sal - mma.es
Canarias: Políticos bajo la sombra de la sospecha
ABC* : `Eolo´, `Faycán´ (Telde), `Góndola´ (Mogán), `Las Teresitas´ (Sta. Cruz de Tenerife), `Paraíso´ (S.Bartolomé de Tirajana), `Brisan´ (Sta.Brígida)... en poco más de un año, un buen número de casos de corrupción han salpicado la geografía de las Islas, involucrando a miembros y antiguos militantes del Partido Popular (PP), el Partido Socialista (PSC), Coalición Canaria (CC) y el CCN, Centro Canario. Miembros de la oposición de las distintas administraciones y ciudadanos de a pie no han dudado en presentar denuncias que han llevado a decenas de empresarios, políticos y cargos públicos canarios a los tribunales, y en algunos casos, también a la cárcel.
`Brisan´
Uno de los últimos escándalos, tras la sombra que dejaron en 2006 los casos `Eolo´ y `Faycán´, saltaba en la localidad grancanaria de Santa Brígida. Se trata de una operación que investiga una presunta trama de corrupción con ramificaciones urbanísticas.
Tras más de un año de pesquisas, hace ya dos meses, agentes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil detenían a Carmelo Vega, actual concejal en Santa Brígida y ex alcalde; Luis Manuel Troya, ex concejal y antiguo primer teniente de alcalde; Antonio Díaz, actual concejal y ex alcalde; Antonio Ventura, capataz de la Concejalía de Obras y Vías; y los interventores Santiago Hernández y Jacinto Hernández.
Son sólo seis de los doce detenidos en este caso, y tras su paso por los juzgados quedaron en libertad con cargos. Se les acusa de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, falsificación documental y malversación de caudales públicos.
Las investigaciones continúan y es posible que haya más imputados. Fuentes cercanas al caso no descartan que se esté investigando al popular Lucas Bravo de Laguna, actual alcalde del municipio. Los últimos cinco detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil sólo un día después de que pasaran por los juzgados los primeros apresados en esta operación.
Este último grupo estaba formado por Rosa Troya, hermana del ex concejal Luis Troya y administradora de la ferretería que regentan (Las Casillas S.L.) y que está siendo investigada; Carmen Rosa Rodríguez; Santiago Alvarado, administrador de la empresa Las Casillas de Servicios Hoteleros, y Esteban Santana, empleado del Ayuntamiento, «condenado hace unos ocho meses por hurtar gasolina de los depósitos municipales, y luego readmitido de nuevo por el Ayuntamiento», relatan fuentes de su entorno.
`Las Teresitas´
En la isla vecina, en Tenerife, El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaba hace unas semanas un fallo de cómo debía ejecutarse la sentencia del Supremo que anulaba la compraventa de las parcelas de Las Teresitas.
Esa decisión fue recurrida por Inversiones Las Teresitas, ya que la empresa privada estimaba que se beneficia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al plantear que la solución pasa por una nueva tasación de los terrenos, con lo que Inversiones debería devolver parte de lo cobrado a las arcas municipales.
La compraventa de las parcelas en la playa de Las Teresitas se llevó a cabo en septiembre de 2001 por importe de 52,5 millones de euros. Inversiones Las Teresitas vendió al Ayuntamiento unos terrenos por un valor que, según el Tribunal Supremo, que anuló el acto administrativo, era contraria a derecho.
El caso de `Las Teresitas´ no ha sido el único relacionado con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, a quien se vincula con un posible delito de corrupción urbanístico en tal expediente, hecho que se sumó al escándalo del asunto de la filial de Forum Filatélico.
Hace un año, el juez Baltasar Garzón remitió un auto al juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz en el que pedía que se investigara un posible delito de cohecho. Así, el asunto estaría relacionado con algunas operaciones inmobiliarias de las empresas filiales de la empresa Forum.
Garzón hablaba de un posible cobro de comisiones ilegales en la construcción de un puerto deportivo en el barrio de San Andrés y la recalificación de unos terrenos. En el documento se citaba al alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, al ya ex presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Luis Suárez Trenor, a la asesora urbanística municipal Herminia Gil, expulsada de PSOE, y al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga. Nunca más se supo de la investigación, hasta que hace unos días se hizo público que la Policía había registrado oficinas y viviendas del empresario José Pérez Labajos y de Herminia Gil.
Y en Arona
Por otra parte, el magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías, decretó hace dos semanas el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el empresario Arsenio Zamora y para el arquitecto del Ayuntamiento tinerfeño de Arona, Eliseo de la Rosa, según informó el TSJC.
El juez imputa a Arsenio Zamora como «cooperador necesario» por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias y a Eliseo de la Rosa por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, añade el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Unos entran y otros salen
Las detenciones se relacionan con un caso de presunta corrupción urbanística que investiga Frías, que mantiene imputado al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, de CC, y a la anterior Junta de Gobierno municipal, formada por CC, PP y Centro de Arona.Casi al mismo tiempo que Zamora y De la Rosa ingresaban en la cárcel, la jueza que instruye el ´caso Paraíso´, Almudena de la Rosa Marqueño, decidía la puesta en libertad del ex concejal de Vías y Obras, Pacuco Guedes, quien abandonó Salto del Negro junto al propietario de la empresa Mazotti, Alejandro Navarro.
Ambos fueron detenidos el pasado 28 de junio y enviados a prisión el 30 del mismo mes, donde han permanecido 166 días privados de libertad por estar implicados en una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
También en el sur de Gran Canaria, en el municipio de Mogán, comenzaba a principios de 2007 la operación `Góndola´, relacionada con la corrupción urbanística.
Al actual alcalde del municipio (del Partido Popular), José Francisco González, y a la entonces teniente de alcalde, Onalia Bueno, se les acusa de varios delitos. Los cargos que se le imputan al primer edil son tráfico de influencias, malversación y delito contra la ley electoral.
Los de Mogán, y muchos otros políticos de las Islas, podrían ir ya este año a juicio, tras años de intensas investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas.
* ABC Canarias - ERENA CALVO/ CE CASTRO. LAS PALMAS - 2 de enero de 2008
Foto: Tenerife, suelo artificial 2000-2006 - Dir.Ord.Paisaje
