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ELPAÍS/Alicante* : La titular del Juzgado número 5 de Orihuela, Natividad Navarro, que dirige la investigación por la construcción de 1.200 casas en suelo no urbanizable y sin licencia en el término municipal de Catral ha imputado en el sumario a ocho promotores más. Las declaraciones de los nuevos acusados se celebrarán los próximos días 29 enero y 5 de febrero, según recoge una providencia de la magistrada dictada el pasado 14 de noviembre.
En esa misma resolución, la juez también solicita a la Consejería de Medio, Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda que emita un certificado para aclarar si siete parcelas en las que se han levantado edificaciones están ubicadas o no dentro del Parque Natural del Hondo.
La imputación de estos ocho empresarios eleva a 18 el número de personas con supuesta responsabilidad penal en estos hechos por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Los primeros imputados fueron el ex alcalde socialista, José Manuel Rodríguez Leal y tres promotores. A estos se les sumaron luego los cuatro concejales de la junta de gobierno del Consistorio, el secretario y el arquitecto municipal. Los cuatro ediles de la junta de gobierno que autorizaron las edificaciones entre 2000 y 2005 también son socialistas. El órgano municipal otorgaba licencias para vallado o casas de labor, pero en realidad los promotores construían viviendas unifamiliares, según recogen diversas actas levantadas por el Seprona.
La investigación del caso comenzó en agosto de 2005 a raíz por la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo.
* ELPAIS.com - R. LL. - Alicante - 16/12/2007
Foto: Catral (Alicante) - 20minutos.es
Imputados otros ocho promotores por las casas ilegales de Catral
Tortosa: Un millar personas exigen el cese de agresiones medioambientales en Tierras del Ebro
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EFE/Tarragona* : Un millar de personas se han manifestado hoy en Tortosa para exigir que se retiren los proyectos energéticos que afectan al territorio de las Tierras del Ebro y que son vistos como 'agresiones medioambientales' para el entorno natural de estas comarcas. La protesta ha sido convocada por la Plataforma en Defensa del Ebro, la Coordinadora Anticementerio Nuclear, la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, Salvem la Mar de l'Ebre y la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia.
Bajo constantes gritos de 'Basta ya' y una pancarta portada por los portavoces de las cinco plataformas convocantes, la manifestación ha recorrido el centro de Tortosa para finalizar ante la sede de la delegación territorial del Gobierno catalán en las Tierras del Ebro.
La protesta ha servido para mostrar el rechazo social al despliegue de los proyectos eólicos en la comarca de la Terra Alta y en el mar del Delta del Ebro, a la construcción la planta de gas y almacén subterráneo del proyecto Castor en Vinaroz, al cementerio nuclear y a los regadíos Xerta-Sénia y Segarra-Garrigues, que la Plataforma en Defensa del Ebro considera 'trasvases encubiertos'.
Las plataformas han rechazado que estén 'instaladas en la política del no' y han afirmado que solamente quieren que 'Cataluña sea un país territorialmente equilibrado y que las Tierras del Ebro no sean el vertedero del progreso de Cataluña'.
La manifestación ha sido definida por los convocantes como una reclamación del derecho de las Tierras del Ebro a decidir qué modelo de desarrollo quieren para garantizar su futuro.
Los entidades han advertido al gobierno catalán de que quieren que haya un cambio de actitud respecto a las Tierras del Ebro y no han descartado que, si el cambio no se produce, se realicen más manifestaciones y protestas conjuntas.
En los parlamentos finales de la manifestación, otro de los portavoces de esta plataforma, Manolo Tomás, ha anunciado que se han iniciado contactos en Bruselas con el objetivo de que la Comisión Europea 'revise' las subvenciones aportadas para los canales Xerta-Senia y Segarra-Garrigues.
La Plataforma en Defensa del Ebro considera que el objetivo real de la puesta en marcha de estos canales es la de disponer de infraestructuras para, llegada la ocasión, utilizarlos con el fin de hacer llegar el agua del río Segre a Barcelona y el agua del Ebro al levante español.
En la manifestación también se ha criticado el hecho de que el Parlamento de Cataluña haya pospuesto hasta enero el debate de una propuesta de resolución que busca que los políticos catalanes se posicionen en contra de la instalación en Cataluña del almacén centralizado de residuos nucleares.
La Coordinadora Anticementerio Nuclear viene denunciando la sospecha de que se esté planteando la posibilidad de instalar este cementerio nuclear -que deberá acoger durante más de 70 años los residuos nucleares de todas las centrales españolas- en las Tierras del Ebro.
Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Terra Alta ha vuelto a mostrar su frontal rechazo a la masificación de proyectos de parques eólicos en la comarca, que el movimiento ciudadano considera que dañará irreversiblemente el paisaje.
La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, por su parte, ha llevado a la manifestación su rechazo al proyecto Castor, que prevé instalar en Vinaroz (Castellón), en la frontera con las Tierras del Ebro, un almacén subterráneo y una planta de gas.
* Terra Actualidad - EFE - 15-12-2007
Foto: Manifestación Tortosa - ecoperiodico.com
Vigo: Dos manifestaciones contra el Plan General colapsan el centro de la ciudad
LAVOZDEGALICIA* : Cuando el Plan General da los últimos coletazos o eso al menos es lo que se pretende desde el Concello, las protestas arrecian de nuevo. Ayer vecinos y ecologistas contrarios al documento urbanístico se manifestaron cada uno por su lado y de forma muy diferente. Mientras que los primeros portaban caretas con los rostros de políticos de los tres partidos con representación municipal, los segundos recurrían a un método más tradicional y cortaban el tráfico entre Colón y Policarpo Sanz, lo que afectó al transporte público y a la circulación, en general.
Pese a no ser muchos, los manifestantes consiguieron colapsar durante media hora el tráfico, en torno a las siete de la tarde.
El discurso común de ambas manifestaciones se centró en las críticas especulativas y los reproches a los políticos locales por su actuación en un tema tan serio como es el futuro urbanístico de Vigo o lo que es igual, la ciudad que tendrán que soportar sus habitantes.
Respuesta
La concejala de Urbanismo, Carmela Silva respondió a las críticas recibidas el día anterior de Corina Porro en las que, entre otras cuestiones, acusaba al gobierno local de favorecer a Zona Franca con el Plan General.
Silva mostró su sorpresa «por el desconocimiento tan grande» de la ex alcaldesa y recordó que el PP no llegó a firmar los convenios urbanísticos con Zona Franca, por lo que podría no desarrollarse el suelo industrial.
Recordó que la Ley de Suelo de Galicia establece que le corresponde a la administración pública la totalidad del aprovechamiento urbanístico cuando es ella la que desarrolla suelo industrial, por lo que no se regala nada a Zona Franca.
Sobre Guixar, aseguó que la ordenación detallada está igual y que ahora la carga económica financiará parte del túnel que une Julián Estévez con la Etea y la humanización de Sanjurjo Badía, mientras que antes no figuraba aportación.
Sobre los 480.000 euros para resarcir a los afectados por el parque tecnológico, Silva dijo que antes no existía un convenio, sino que era una decisión unilateral y advirtió que el Concello dispondrá de 1.100 millones para la ciudad. Negó que aumente la edificabilidad y confirmó que el BNG tendrá seis días para estudiar el Plan. A la Federación de Vecinos le advirtió que no refleja la opinión de todos.
* La Voz de Galicia - María Jesús Fuente 16/12/2007
Foto: ÓSCAR VÁZQUEZ, lavozdegalicia.es
La Plataforma por una Vivienda Digna pide la dimisión de Solbes frente al Ministerio de Economía
BOTTUP/Madrid* : Varias decenas de personas se concentraron este mediodía frente al Ministerio de Economía y Hacienda para pedir la dimisión del vicepresidente segundo, Pedro Solbes. En la concentración se hizo entrega simbólica al ministro de un ladrillo en el que podía leerse "Construye el 47", en referencia al artículo 47 de la Constitución, relativo al derecho a una vivienda de todos los españoles.
La convocatoria se celebró entre las 12.00 y las 14.00 horas y pretendió ser "un acto simbólico que siente precedente", según informó el portavoz de la plataforma , José Luis Carretero. Asimismo, anunció que se están barajando fechas para hacer más concentraciones, y que "lo que es seguro, es que haya una grande antes de elecciones".
En la concentración se hizo entrega simbólica a Solbes de un ladrillo en el que podía leerse "Construye el 47", en referencia al artículo 47 de la Constitución, relativo al derecho a una vivienda de todos los españoles y a la obligación de las Administracioens Públicas de luchar contra la especulación.
A juicio de Carretero, Solbes "ha fomentado que la burbuja especulativa siga creciendo" y "podía haber hecho cosas que no ha hecho". Además, consideró que "el Ministerio de Vivienda es un departamento sin competencias".
En el manifiesto de la concentración se pidió "mano dura contra la corrupción", se criticó "una ley hipotecaria que sólo favorece a los bancos" y se arremetió contra "la negativa a fiscalizar la inversión en el mercado residencial".
Según Carretero, "en España nueve millones de jóvenes dedican su salario íntegro a la hipoteca o están condenados a vivir en casa de sus padres hasta más allá de los 30 años".
* Bottup - SM/RB - 15 de diciembre de 2007
Foto: Vivienda Digna, protesta Madrid frente Min.Economía - EFE
El dueño de Marina d’Or y el alcalde de Oropesa del Mar acusados de prevaricación
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MINUTO/Castellón* : El propietario del complejo Marina d’Or, Jesús Ger, declarará el próximo lunes como imputado en la causa abierta por el juzgado número 2 de la Audiencia que investiga un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación de un Proyecto de Adecuación Urbanística (PAI) por el Ayuntamiento del PP de Oropesa del Mar. Según fuentes de la acusación particular, el Ayuntamiento aprobó el PAI Les Amplàries de 350.000 metros cuadrados en la zona de expansión de Marina d’Or “de forma irregular”, porque la Conselleria exigía para ello el dictamen favorable de la Dirección General de Costas que no se emitió.
Para la aprobación de un PAI, la Conselleria, explicaron las mismas fuentes, concede un la cédula de urbanización, que “en Les Amplàries se hizo sujeta a condición de la concesión del informe favorable de Costas”, que “dijo hasta en dos ocasiones que no”.
Para la acusación particular “Jesús Ger es el beneficiado de esta concesión”, y ahora espera que el procedimiento iniciado por el juzgado número 2 “investigue y demuestre que hay trato de favor en la aprobación del PAI”.
Como imputados figuran el alcalde de la localidad, Rafael Albert (PP), que declaró ante juez el pasado 15 de noviembre junto a dos técnicos municipales, la secretaria y el arquitecto municipal, el concejal de Urbanismo, dos ex concejales, que declararon ante el juez el 30 de noviembre, y el propietario del complejo urbanístico, turístico y de ocio Marina d’Or.
* MinutoDigital - 15 Diciembre, 2007
Foto: Oropesa de Mar (Castellón) - mma.es
Mallorca, vivienda y territorio
CARLOS GARCÍA-DELGADO SEGUÉS* : En las últimas semanas hemos asistido a una enconada diatriba acerca del plan que el conseller de la Vivienda, Jaume Carbonero, ha presentado para dar respuesta a una necesidad acuciante: la de facilitar el acceso a la vivienda social. La oposición ha surgido desde ámbitos diversos, entre ellos el GOB o el Colegio de Arquitectos, y se justifica por un argumento de legalidad: el suelo a urbanizar está incluido en las Áreas de Transición del Plan Territorial Insular, pero aumenta las densidades máximas previstas. Sin embargo, la propuesta de Carbonero ha venido forzada por la escasez de suelo urbanizable disponible en el planeamiento vigente, y también por la escasez de suelo público (el poco que se tenía fue vendido por ayuntamientos y Consell para "hacer caja"), agravado todo ello por la lentitud de los ayuntamientos para adaptar sus planes generales al PTI.
En mi opinión, y al margen ya de la discusión sobre la propuesta del conseller, lo que debería criticarse es, precisamente, una legislación y un planeamiento que, incapaces de facilitar soluciones a un problema tan elemental, está obligando a la búsqueda de forzados caminos. Aportaré algunas reflexiones:
1. La población mundial está creciendo a una velocidad y con una aceleración que habría asombrado al mismísimo Malthus. En los últimos cuarenta años hemos pasado de tres mil millones a casi siete mil. La isla de Mallorca no ha sido ajena a este crecimiento, y presenta una curva demográfica muy similar, con un repunte casi vertical en las dos últimas décadas. En este momento crecemos a razón de unos 25.000 habitantes/año. Se podrá afirmar que este aumento se debe a un crecimiento económico desmesurado que es necesario frenar, y se podrá echar la culpa a varios factores, desde el pertinaz empeño de nuestros vecinos europeos por residir en la isla, a la ambición de negocio de los inversores, propios o extraños, o al crecimiento vegetativo de los que aquí habitamos, que se estima en más de un 50% del total. El caso es que el crecimiento comporta un aumento de residentes y fomenta también la llegada de inmigrantes que contribuyen a su vez a acelerarlo.
2. Planificar significa prever el futuro y prepararse para lo que va a venir. Frenar el crecimiento es algo que debe intentarse (sustituir la cantidad por la calidad, ya saben), pero, por el momento, no he conocido propuesta alguna, con visos de sensatez, que muestre el camino. Una de las más oídas es que hay que frenar la construcción. De acuerdo, pero ¿no conseguiríamos entonces, merced a la elemental ley de la oferta y la demanda, aumentar todavía más el precio de la vivienda? A mi juicio, no podemos hacer por el momento otra cosa que estar atentos a las ideas que cualquier ciudadano pueda aportar. Pero sería un grave error planificar nuestro futuro bajo la única hipótesis de que el crecimiento va a frenarse; tal vez eso sería lo mejor que podría ocurrir, pero no es lo único que puede ocurrir.
Recuerdo un viejo consejo paterno: prepara lo mejor? y está preparado para lo peor. Basar la planificación futura empecinándose en la consigna no debemos crecer más puede resultar catastrófico si no se dispone de un plan B. Se debe, en efecto, inexcusablemente, estar preparado para el caso de que el crecimiento continúe al mismo ritmo que ahora ocurre, e incluso para el caso -por desgracia probable- de que la derivada de la curva aumente. Si la población de la isla ha pasado en cuarenta años de 400.000 a 800.000 habitantes, podría ocurrir que en los próximos veinte años -sólo manteniendo la pendiente de la curva demográfica actual- aumentáramos en más de otros 400.000.
3. La rehabilitación de viviendas vacías o la ocupación de suelos urbanos vacantes, podría significar una solución a corto plazo, pero es un camino difícil e insuficiente: difícil, porque las propuestas legales de penalizar a los propietarios de esas viviendas o esos suelos (Leyes del Suelo del 56, 76, 92) no han resultado políticamente viables. Pero, aún aceptando que ese pudiera ser un camino, ¿sería suficiente con poner en el mercado estos suelos vacantes, o estas viviendas a rehabilitar, para solucionar el problema? Siendo optimistas, esto podría servir para salir del paso en una legislatura, pero ¿podemos afrontar por este camino un futuro de sólo tres o cuatro décadas en las que la población amenaza con duplicarse de nuevo? ¿Podríamos absorber una nueva población de 800.000 habitantes? La falta de realismo suele pagarse muy cara. Se puede estar contra el crecimiento desmesurado, seguramente todos lo estamos, pero no se puede estar desprevenido frente a él. Y nosotros, por el momento, estamos desprevenidos. La isla entera lo está. Porque no estamos preparados, ni tenemos instrumentos legales, para el caso en que, no habiendo sido capaces de detener el crecimiento, debamos afrontarlo de la manera más racional posible, a saber: con el menor coste territorial, con el menor coste social, con el menor consumo de recursos. ¿Se pueden imaginar el aspecto que tendría esta isla dentro de cuatro décadas -doble población, doble número de vehículos, urbanización dispersa- si se continúa con el modelo actual de ocupación del territorio? La cuestión, por tanto, no está, exclusivamente en el cuánto creceremos -esta batalla debe lucharse pero es de dudoso éxito- sino, sobre todo, en cómo vamos a ordenar el territorio para que el previsible crecimiento sea sostenible.
4. El problema no es urbanizar ocupando suelo rústico, sino la manera de hacerlo.
¿Alguien se lamentó cuando el Plan Territorial o los diferentes planes generales, para dar cabida al crecimiento, ampliaron el suelo urbanizable a costa del rústico? Nadie; y con razón, porque ¿puede alguien decirme por dónde se puede crecer si no es ocupando suelo rústico? ¡Así se ha crecido desde la más remota antigüedad sencillamente porque (salvo que estemos dispuestos a construir rascacielos, lo que sería aberrante en esta isla) no hay otra manera de hacerlo! Y puesto que a medio plazo -y salvo magia- no hay otra manera de crecer que ocupando suelo rústico, las cuestión que más debe preocuparnos es, primero, dónde debe ubicarse el suelo a ocupar de manera que cause el menor perjuicio al medio ambiente, y, segundo, cómo debe ocuparse este suelo, es decir con qué modelo urbanístico, para causar el menor impacto.
5. Dónde. Las Áreas de Crecimiento previstas en el Plan Territorial -casi todas adosadas a los cascos urbanos existentes- podrían no ser las más adecuadas para crecer. También aquí, a mi entender, erró el PTI. Sobre todo cuando se trata de la periferia de pueblos como Montuïri, Campanet, Muro, Búger, Santanyí, s´Arracó, Selva y tantos otros, verdaderos centros históricos de incalculable valor patrimonial que no fueron suficientemente valorados por algunas administraciones públicas. Hasta tal punto, que el propio Consell redactó un Plan Territorial en el que estos monumentos urbanos se ven agredidos por una serie de añadidos periféricos (las citadas Áreas de Crecimiento) que sobrecargan y desequilibran unas frágiles estructuras medievales (véase la entrada a Campos por la carretera de Palma, antes memorable y hoy convertida en un caótico conjunto de naves industriales, supermercados y bloques de viviendas; véase la silueta menguante de Campanet o de Sineu, o los adosados de Sant Joan, etc). Si algo se puede afirmar con rotundidad es que éste no es el suelo rústico adecuado para crecer. Incluso podría añadirse: ese suelo rústico (el que rodea a estos pueblos, que deberían tratarse de una vez como los conjuntos monumentales que son) es el menos adecuado para crecer, junto con las zonas costeras y las naturales ya protegidas. No deberíamos permitir que, merced a estos añadidos periféricos, se siga degradando el entorno de conjuntos como los de Pollença, Santanyí, Porreres, s´Arracó, Petra y tantos otros, con actuaciones de crecimiento que son verdaderos hachazos a un patrimonio histórico irrepetible. Sin duda sería preferible construir dejando una franja de protección de suelo rústico intocable rodeando estos pueblos. Tiempo tendremos de arrepentirnos cuando ya sea tarde; conocemos bien el camino en esta isla. Y por distintas razones pero de similar peso, tampoco es adecuado que las periferias de Palma, Manacor o Inca, sigan creciendo por adición de urbanizaciones dormitorio dispersas -y carentes de equipamientos- para culminar el caótico camino sin salida que han seguido otras ciudades en el siglo XX. Me preguntarán ustedes: si no debemos crecer en las zonas costeras ni en las zonas protegidas, ni en las periferias urbanas, ¿dónde entonces? Enseguida hablaremos de esto.
6. Cómo. Lo que sí debería haber previsto el PTI es un modelo capaz de absorber, en las nuevas áreas urbanas, densidades medias o altas (limitando a la vez las alturas, lo que resulta perfectamente posible), a fin de consumir el mínimo de suelo rústico y de causar el mínimo impacto al entorno. Pero no lo hizo. Casi nadie criticó al Plan Territorial por establecer densidades máximas (bajas), cuando debería haber obligado a todo lo contrario, a densidades mínimas (medias o altas), a fin de preservar al máximo el consumo de territorio. Ahí sí que se encerraba una concepción de la manera de ocupar el territorio desmedida. Pero ni siquiera el GOB apoyó en esto a los pocos que lo denunciamos: se confundió baja densidad con baja ocupación, cuando significa todo lo contrario. Si queremos estar preparados para absorber una determinada población con el mínimo consumo de territorio debemos tener preparado un modelo de alta densidad, es decir, de baja ocupación de territorio. El PTI no lo previó, sino al contrario: su baja densidad "obliga" a una elevada ocupación de suelo rústico. Grave error de concepto en un territorio limitado como Mallorca. Mientras las administraciones y las asociaciones ecologistas no comprendan esto será difícil progresar.
Aceptando, pues, que las soluciones sostenibles deben buscarse entre los modelos de alta densidad, mi postura acerca de con qué modelo urbanístico y dónde se debería crecer es bastante conocida y creo que daría para una segunda entrega de este artículo, tal vez necesaria porque muchas personas, incluyendo al GOB y algunos colegas, han interpretado mi propuesta de construir pequeñas ciudades compactas, de baja altura y alta densidad, de manera poco exacta. El emplazamiento debería elegirse cuidadosamente teniendo en cuenta el impacto paisajístico, que debería ser mínimo (una pequeña ciudad para 10.000 habitantes, con manzanas de tres plantas de altura y con todos los equipamientos necesarios no ocuparía más que un nudo de autopista). La crítica ha precedido a menudo al análisis, tal vez porque no he sabido expresarme con claridad. Trataré de hacerlo en una segunda parte de este artículo. Tampoco debe olvidarse que la reconversión de áreas ya urbanizadas en lugares inadecuados es un camino a tener en cuenta, y que exigirá inversiones y un laborioso esfuerzo de gestión.
Y una última reflexión, volviendo a la propuesta de Carbonero: desde luego todos tenemos derecho a criticar a quien haga falta y a hacerlo como mejor nos parezca; pero si se acepta que la escasez de vivienda social es un problema acuciante (y si seguimos por este camino lo será más en el futuro), y si se acepta que un conseller de Vivienda tiene la obligación de intentar resolver o paliar ese problema, no parece razonable criticar su propuesta, por fronteriza que sea, sin llevar antes bajo el brazo una alternativa. Otra opción que se ha barajado es la de aprovechar la nueva Ley del Suelo estatal, que permite expropiar -a valor de mero suelo rústico- alegando interés social. Pero los problemas políticos que un camino como este podría generar lo convierten asimismo en poco viable. En mi opinión, cuando las leyes y las normas vigentes, el Plan Territorial o la todavía inexistente ley del suelo autonómica, no son capaces de dar respuesta a problemas acuciantes, lo que debe cambiarse (o redactarse adecuadamente) son los planes y las leyes. Así ha ocurrido siempre en democracia, por el bien de todos. Para ello será necesario, antes, tener claro el modelo al que queremos dirigirnos. Las dificultades por encontrar solución al elemental problema de la vivienda no significan sino una señal de alarma más, que nos avisa de que nuestro modelo de ocupación del territorio, y las leyes que lo bendicen, es obsoleto e inoperante; no sólo para ofrecer una visión del futuro realista y tranquilizadora, sino para resolver los problemas del presente más inmediato. De hecho, se trata de leyes y modelos que siguen anclados a esquemas anteriores a la gran explosión demográfica. En mi opinión, la apuesta Carbonero ha tenido, cuando menos, la virtud de abrir el tarro de las esencias al poner sobre la mesa las debilidades del sistema, y señala la necesidad urgente de abrir un debate ciudadano en profundidad -y con el consenso de todos los partidos políticos- sobre cuál es el modelo territorial y urbano más adecuado para la Mallorca del siglo XXI. Un siglo que viene sobrecargado de población y de tránsito rodado, dos variables que sin duda obligarán a plantear nuevos modelos. Un territorio escaso y apetecido, como es Mallorca, no puede permanecer desprevenido.
* Arquitecto.
* Diario de Mallorca - Tribuna - 14 de diciembre de 2007
El Benidorm del norte
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MANUEL BLANCO/LAVOZ* : Con el cielo azul, Santoña y Laredo recuerdan al sur. A la costa mediterránea. A los kilómetros y kilómetros de costa salpicados de ladrillo que han destrozado buena parte del patrimonio paisajístico del Levante. La zona oriental de Cantabria concentra muchos de esos males. Todos se resumen en uno: infinidad de edificios de gran altura pegados a las playas, una gran masa de cemento y ladrillo que genera una sensación indescriptible. De ahogo, quizás.
Dice el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que él ha visto a vecinos de estos inmuebles tirar la caña de pescar desde las ventanas de sus casas. Podría parecer una hipérbole. Sobre el terreno, la afirmación gana visos de realidad.
Los 43 kilómetros que separan Noja de Castro Urdiales son un ejemplo claro de cómo se puede desordenar y destrozar un territorio. «Un disparate», admite Revilla. Noja, Santoña, Laredo, Argoña, Guriezo, Castro.... Casi todos los municipios de esta franja costera presentan llamativos excesos urbanísticos de una época no tan lejana, los años sesenta, setenta y ochenta, inmuebles anteriores a la Ley de Costas de 1988 y que seguirán ahí, a modo de ingrato recuerdo, previsiblemente todavía durante unas cuantas décadas más.
Paradójicamente, buena parte de la presión urbanística de estos municipios se origina en el País Vasco. Y ello representa una suerte de contradicción, ya que la comunidad vecina se caracteriza por su disciplina y su orden urbanístico. Miles de vascos disponen de pisos y chalés en la zona oriental de Cantabria.
Las cifras hablan por sí solas. Laredo tiene 14.000 habitantes, pero en julio y agosto su población se dispara hasta los 180.000 de media. Noja, con un censo de 1.400 habitantes, cuenta con 70.000 de media durante el período estival, una situación que se repite en Castro Urdiales, que pasa de 30.000 a 100.000 en verano.
Las autoridades locales aseguran que en estos municipios hay más pisos en propiedad de vascos que de cántabros. Y este hecho genera imágenes llamativas. Al igual que en los ayuntamientos del sur de España -o que en algunas zonas de Sanxenxo, por ejemplo-, algunos barrios de estas villas parecen desiertos en invierno. Durante la semana, hay centenares de persianas cerradas, signo inequívoco de que se trata de una segunda residencia, un tipo de desarrollo urbanístico al que ahora ha renunciado el Ejecutivo cántabro porque, a la larga, puede acabar generando mucho más gasto que riqueza.
El Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla inició hace 14 años un plan, instrumentalizado a través de varias leyes, para tratar de salvaguardar lo que quedaba de la costa cántabra. Sostiene Revilla que, con esta estrategia, han logrado algunos objetivos: «Sabemos que desde Santander hasta el límite con Asturias todo el mundo va a poder disfrutar de esos paisajes maravillosos». Al otro extremo de la comunidad no alude. El mal ya está hecho. Y eso, en materia de urbanismo, es difícilmente remediable.
* La Voz de Galicia - Manuel Blanco | Enviado especial - 6/12/2007
Foto: Laredo (Cantabria) - Haresgod, wikipedia.org
Imputado por corrupción urbanística el alcalde de Aranjuez
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ADN/Madrid* : El Juzgado número 3 de Aranjuez ha llamado a declarar al alcalde de esa localidad, el socialista Jesús Dionisio Ballesteros, por un presunto delito de cohecho relacionado con la venta del suelo donde se está construyendo la planta logística del Grupo Cortefiel en la ciudad. La portavoz del grupo independiente ACIPA, Pilar Quintana, ha informado de la medida y ha asegurado que en su día ya presentó ante la fiscalía toda la documentación de un caso que siempre consideró "ilegal".
Ballesteros ha sido citado para el próximo 30 de enero, según informa la Cadena SER, a instancias del fiscal de Medio Ambiente y Territorio, Emilio Valerio, y en representación de los 20 concejales del PSOE y PP de la corporación municipal. El juez ha llamado a declarar también al director general del grupo empresarial.
Ocho millones de euros
El Ayuntamiento de Aranjuez sacó a concurso en 2004 la enajenación de una parcela de uso industrial que fue adjudicada en el mes de junio a la empresa Eurofiel, que no tuvo que pagar nada por el suelo, ya que el pleno del Consistorio decidió bonificarla por la creación de empleo.
Dos años después, en el mes de abril, el pleno aprobó con los 20 votos de los concejales del PSOE y del PP permitir a Cortefiel vender los terrenos que le habían sido adjudicados. La empresa Coperfil, nueva propietaria, se los arrendó de nuevo a Cortefiel para la construcción de la planta logística.
El montante de la venta ascendió entonces a 8 millones de euros, según las escrituras mostradas en rueda de prensa por la edil independiente. Quintana ha criticado también que tenga que ser el Ayuntamiento, a través de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda, el que tenga que urbanizar los accesos a la nueva planta de Cortefiel, que creará en Aranjuez 385 puestos de trabajo.
Denuncia
Todo este proceso fue denunciado ante la fiscalía por el partido independiente, "tras agotar la vía política y administrativa", en el pasado mes de abril. El ministerio fiscal remitió la denuncia al Juzgado número 3 de Aranjuez en el mes de junio, y en julio la juez llamó a declarar a Pilar Quintana para que ratificara su denuncia.
"No sacamos todo esto a la prensa porque estábamos en plena campaña electoral y ya habíamos agotado la vía política", ha indicado Quintana. La portavoz de ACIPA ha adelantado que su partido no se va a personar en la causa "porque el fiscal ya tiene los datos suficientes" y porque la formación no podría permitírselo económicamente.
Quintana ha aclarado que en sus denuncias nunca se mencionó al alcalde, ya que fueron 20 los concejales que levantaron la mano a la hora de votar todos los pasos de este procedimiento. "Han llamado al alcalde como imputado, pero podrían llamar a otros 20 concejales" de la anterior legislatura, ha explicado la edil, que votó en contra de la operación.
* ADN - Agencias - 15/12/07
Foto: Aranjuez (Madrid), ayuntamiento - Ángel Serrano Sánchez de León, wikipedia.org
Vivir hacinados es más 'verde'
ELPAÍS* : Vive usted en una casa unifamiliar de dos plantas. Tiene un perro, una piscina, un jardín y una barbacoa para hacer chuletones los fines de semana. Allí, al aire libre y sobre el césped recién recortado, tiene la sensación de alejarse un poco del asfalto, de estar más en contacto con la naturaleza. Enhorabuena, ha alcanzado el sueño de muchas familias españolas, el sueño americano de Annette Bening en American Beauty. El problema de ese sueño es que es el mismo de millones de personas en todo el mundo, el mismo que tienen sus vecinos de la casa adosada y los de un poco más allá. Y no parece que sea demasiado ecológico, según señalan los expertos.
Porque ese sueño implica que las ciudades crezcan a lo ancho y no a lo alto, que las viviendas se desparramen por un suelo cada vez más escaso y que el gasto energético de sus habitantes afecte de forma más directa al cambio climático. Solución: todos a Nueva York, a Shanghai o, ya puestos, a Benidorm. A los ojos de la mayoría, las colmenas de turistas de la ciudad alicantina pueden parecer una agresión a cualquier sentido de la estética, pero para algunos arquitectos representa un modelo mucho más sostenible que el de las urbanizaciones que se expanden por la periferia. "Benidorm es genial", asegura el arquitecto Luis Fernández-Galiano. "Es una ciudad densamente poblada, pero construida en vertical, lo que supone muchos menos problemas medioambientales que los que causan las urbanizaciones de la sierra de Madrid. Puede que sea un sueño para muchos vivir en una casa en lugar de en un edificio, pero un sueño multiplicado por dos millones es una pesadilla".
En España, el problema de la expansión horizontal de las ciudades se ha definido con el nombre de ciudad dispersa, pero el término más utilizado es el de sprawl, que en inglés significa extenderse o repantigarse. Dentro de los retos planteados para luchar contra el cambio climático, el tema de la expansión horizontal de las ciudades quizá haya sido uno de los más olvidados. Un informe de la Unión Europea sobre 2006 se titula precisamente El reto ignorado (Urban sprawl in Europe. The ignored challenged), y señala que en los últimos 20 años se ha asentado un desarrollo urbano de baja densidad en la periferia de las ciudades. La expansión a lo ancho necesita que se construyan infraestructuras para que la zona recién habitada sea accesible e implica un mayor uso del transporte. En síntesis: supone un ingente gasto de recursos. "El consumo de hormigón en España", apunta el estudio, "ha aumentado un 120% desde 1996, llegando a un nivel de 51,5 millones de toneladas en 2005".
Ésa es la verdad incómoda de arquitectos como Luis Fernández-Galiano. En una conferencia organizada por la Fundación BBVA, el catedrático de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid aseguraba que la planificación de las ciudades es la solución a los problemas del clima. "Mi verdad incómoda es compatible con la de Al Gore. Él no trató este tema, pero es igualmente importante. Han pasado ya 20 años del Panel Intergubernamental del Cambio Climático y ahora toca preguntarnos cómo ocupamos este planeta. El modelo de ciudad americana se está extendiendo, pero tenemos que abandonar esas utopías agrarias y concentrarnos en las ciudades", explica el arquitecto.
El modelo de la ciudad americana se asienta donde se amasa el sueño de la nación, en la California cinematográfica de las grandes urbanizaciones. Es ese mundo nuevo, lleno de ilusiones, donde todo parece fácil y accesible, el que impone una familia tradicional viviendo feliz en su casa-jardín. "Es una utopía de cuento de hadas", comenta Fernández-Galiano, "al estilo de El show de Truman. Y esa ciudad se ha extendido a Europa, África y Rusia. Pero ese sueño se ha acabado. No sirve para atajar los problemas medioambientales a los que hacemos frente. La palabra clave es densidad. Por eso defiendo lugares como Barbate o Benidorm, porque permiten concentrar a la población para poder dejar el resto del territorio salvaje".
La imposición de estos paisajes de casas bajas viene impuesta a veces desde los propios gobiernos europeos. El caso más actual y el que ha despertado las críticas de los arquitectos es el de la Comunidad de Madrid. La Ley de Medidas Urgentes aprobada recientemente por el Gobierno de Esperanza Aguirre limita a cuatro alturas (tres pisos más un ático) los edificios que se levanten a partir de ahora en la región. La norma ha levantado sarpullidos en los arquitectos de Madrid. "Esta ley supone una ruptura del modelo cultural", comenta Pedro Ortiz, portavoz de urbanismo del Colegio de Arquitectos de Madrid. "Es la sustitución de la ciudad, del urbanismo latino por el modelo anglosajón. No es una lectura de la ley. Éste ha sido uno de los argumentos dados por Esperanza Aguirre para justificar su ley. Quiere una ciudad anglosajona. Quiere que Madrid se parezca a Inglaterra".
La Comunidad de Madrid se defiende asegurando que la sostenibilidad de un barrio no tiene por qué definirse por la altura de sus edificios, sino por una correcta ordenación del territorio. "Los modelos de desarrollo de este tipo son escandinavos, de países que suponen un modelo ecológico y sostenible. Lo importante es que las casas estén bien orientadas, que exista una gestión de residuos correcta y un aprovechamiento de las aguas pluviales", explica un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo.
Pero las cifras de Madrid no hablan precisamente de sostenibilidad. El informe de la UE mencionado anteriormente dedica un apartado especial a la comunidad titulado Región de Madrid. Un crecimiento económico rápido y un débil sistema de planeamiento: el estudio explica que el suelo urbano creció un 50% en los años noventa, mientras que la población sólo creció un 5,4%. Una de las razones de ese extraordinario desarrollo urbano se produjo por la demanda de segundas viviendas.
En conclusión, para combatir el cambio climático, gastar menos combustible y ahorrar en infraestructuras, lo mejor es viajar en ascensor. En este debate no hay sólo un trasfondo ecológico, sino sociológico. La ciudad densa al estilo de Nueva York facilita el contacto con la gente, tiene mayores posibilidades de encuentros fortuitos y genera un mayor tráfico de ideas que el que se logra en los barrios residenciales. El sociólogo Mario Gaviria, otro defensor de Benidorm como lugar turístico ("pese a que a muchos les parezca una horterada"), insiste en la defensa de la ciudad mediterránea "compacta, densa y continua. Lo demás es el más allá". "En lugares como Benidorm se va a todos sitios a pie, las aceras suelen ser anchas, se utilizan piscinas colectivas y en un mismo lugar se encuentran todo tipo de mezclas, desde el lupanar hasta la iglesia, desde el gimnasio hasta la tienda. Todo está en el mismo sitio. Esto desaparece en las urbanizaciones de adosados, donde toda esa mezcla se ha sustituido por el centro comercial", expone.
Gaviria define el interés por el jardín de casa como la "ideología de la clorofila", y señala las contradicciones de un ecologismo mal entendido que se contenta con tener algo verde cerca de los ojos. "En España estamos infrapoblados todavía. Tenemos que hacer ciudades para unos quince millones de personas más dentro de 20 años. Las nuevas tendrán que seguir ese modelo mediterráneo, proporcionar agua y energías renovables. Así haremos ciudades sostenibles de verdad y no yéndonos a las afueras con una parcelita de césped", concluye.
Aun así, los ecologistas no tienen muy claro que Benidorm sea un ejemplo de nada y opinan que el problema no ha de centrarse en la altura de los edificios, sino en la ordenación del territorio. "Hay distintos modelos dependiendo del lugar donde se construya, pero no me parece que una ciudad como Benidorm, a pie de playa, sea sostenible en sí misma", matiza Juan López de Uralde, director de Greenpeace España.
En eso están de acuerdo todos, en la importancia de planificar las ciudades, sobre todo las de nueva construcción. A miles de kilómetros de aquí, el arquitecto Norman Foster proyecta en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, una nueva ciudad salida de la nada. Se trata de Masdar, una superficie de seis kilómetros cuadrados pensada al milímetro, cuya energía sólo provendrá de fuentes renovables y cuyos canales interiores aportarán la sombra necesaria en el desierto.
Para muchos, el proyecto es un ejemplo de una ciudad pensada para los nuevos tiempos compatibles. Desde la ética resurge el debate sobre qué tipo de lugares han de construirse para que los seres humanos ocupen el suelo sin dañar el medio ambiente. La solución está en manos de los gobernantes. "Son ellos los que determinan cómo hacemos las ciudades", señala Fernández-Galiano. "Es muy raro que los arquitectos renuncien a un encargo por razones éticas". El catedrático matiza sus palabras recordando una frase del arquitecto Miguel Fisac, fallecido en mayo de 2006: "Mis obras más importantes son las que no he hecho".
* ELPAIS.com - ÁLVARO DE CÓZAR 13/12/2007
Foto: Rascacielos de Madrid /GORKA LEJARCEGI (ELPAIS.com)
Gran Canaria: La nueva vía del Norte se está ejecutando sobre un ordenamiento declarado nulo
LAPROVINCIA* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado de nuevo la nulidad parcial del Plan Insular de Ordenación del Territorio y el Plan Parcial que sustentaría legalmente la construcción del desdoblamiento de la carretera general del Norte. El pasado septiembre, el TSJC emitía una sentencia en la que declaraba nula esta actuación viaria de todo el recorrido entre Arucas y Guía -con unos puntos ya en construcción y otros adjudicados-, porque entre otras cosas se planteaba que el trazado no respetaba las Directrices de Ordenación del Territorio, que establece el aprovechamiento de las vías ya existentes.
Como no ocurre en la denominada Variante de Bañaderos, un recorrido ideado por el Gobierno de Canarias tras la petición del Ayuntamiento de Arucas de hacerlo pasar por el sur del pueblo costero para evitar su paso cerca del litoral, a pesar de que ya se habían expropiado en su momento terrenos a lo ancho de la carretera actual para realizar su ampliación.
A pesar de esta sentencia, el Gobierno de Canarias continuaba con los trabajos, especialmente en el tramo que afecta a Guía, mientras paralelamente tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Ejecutivo autónomo pedían una aclaratoria al TSJCen la que preguntaba si esta sentencia obligaba a la paralización de los trabajos.
La respuesta del mismo órgano es que no ha lugar a la aclaratoria porque, en definitiva, considera que la sentencia ya es lo suficientemente clara en este sentido "por no tener conceptos oscuros ni errores materiales".
Esto implica que la construcción que se lleva a cabo no está por el momento, ya que es recurrible ante el Supremo, sustentada en ningún ordenamiento territorial legalmente válido.
Además, el Tribunal Supremo, de optar por esta última vía, suele tardar aproximadamente cinco años por los cauces normales para dirimir sobre este tipo de asuntos, si bien utilizando la vía política podría lograrse una sentencia definitiva en el plazo de algo más de un año.
Mientras tanto las distintas administraciones canarias tendrán que decidir si continuar con los trabajos o paralizarlos cautelarmente.
* La Provincia - JUAN JOSÉ JIMÉNEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 14 de diciembre de 2007
Foto: Colas de coches en el viaducto de Silva. SANTI BLANCO
Pelotazo de altura
CAMILO JOSÉ CELA CONDE* : La alfombra que levantó DIARIO de MALLORCA hace un mes, dando la noticia de que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears estaba examinando con lupa el Plan Territorial de Mallorca (PTM), ha resultado un tapiz con polvo, basura y quién sabe si hasta cadáveres debajo, aunque todavía no se sabe de quiénes pueden ser éstos. No es para menos. Poner en estado de sospecha la gestión y aprobación del PTM es algo muy serio, lo más serio que hemos podido ver en esos muchos años en los que el urbanismo de la isla ha andado de precario por lo que hace a los supuestos, ciudadana y legalmente garantizables a priori, de honradez y legalidad. Si nada menos que la norma más importante para encauzar el maltrecho urbanismo de Mallorca queda ya bajo sospecha, ¿qué no podremos imaginar que se esconde en esta historia al parecer sin fin de las corrupciones inmobiliarias?
El detalle de las sospechas se conoce a medias. Por un lado, quedan éstas referidas a los cambios en la calificación urbanística que, de la mano del PTM, se realizaron en distintas fincas de Sóller, Campos, Marratxí, Pollença y Alcúdia. No estamos hablando de nimiedades. Los cambios afectaron a cerca de un millón de metros cuadrados que se transformaron así, de golpe, en suelo urbanizable y, aunque no todas las hectáreas afectadas están en principio en el punto de mira de los tribunales -cosa que sería ya más de risa que de escándalo-, sí que han sido en verdad laboriosos los trabajos de examen de los procedimientos seguidos en las recalificaciones. Tanto como para que hayan tenido que unir sus fuerzas los fiscales anticorrupción, el fiscal de delitos urbanísticos y aquellos que constituyen la dirección misma del ministerio público en Balears, es decir, la que depende de Bartolomé Barceló y Ladislao Roig.
Pero junto a los aspectos que se conocen ya, hay otros que están todavía por determinar. Particularidades de tanta enjundia como para afectar a quienes podrían ser a la postre encausados. El documento de denuncia que ha dado lugar a la apertura formal del episodio -porque, ya digo, los trabajos de investigación previa llevan años realizándose- no contiene el nombre y apellidos de ningún político o empresario. La pregunta inmediata que se hará cualquier ciudadano es por qué. Y, al margen de la necesaria discreción que debe acompañar a cualquier intento de dilucidar las circunstancias de los posibles delitos cometidos en la gestación del PTM, a mí no me parece mal que sea así. El asunto es lo bastante explosivo como para que sea necesario tener evidencias sólidas antes de poner en la picota a los sospechosos. Están las cosas de la corrupción urbanística en un estado tan sensible que esa sospecha se traduce de manera casi inmediata por una condena popular.
Pero una vez que tales evidencias firmes existan, la Justicia debe actuar cuanto antes persiguiendo a quienes deban ser encausados. No se pueden tolerar más prescripciones, más champán que corre porque la condena moral no es, en esta isla, nada. Si el pelotazo del PTM exhibe así, de entrada, una altura que roza la del Himalaya, proporcional ha de ser la reacción pública. Aunque sólo sea para que se recupere la confianza de los ciudadanos en la máxima, hasta ahora más bien en el olvido, de que quien la hace, la paga.
* Diario de Mallorca - 12 de diciembre de 2007
Los ecologistas se organizan contra Gran Scala y anuncian movilizaciones
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ELPERIÓDICO/Aragón* : La postura de los ecologistas aragoneses es unánime con respecto al complejo de ocio y juego en los Monegros, un "no rotundo" para el desarrollo de un proyecto que tachan de "vergonzoso, insostenible y corrupto", y por el que ya se están movilizando para imposibilitar su ejecución. Tras la presentación de Gran Scala el pasado miércoles en Zaragoza, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, Ansar y la coordinadora Aragón no se vende, se reunieron ayer junto con asociaciones de vecinos de La Magdalena, Torrero, Venecia y La Paz, en una asamblea donde buscaron estrategias para frenar el desarrollo del macro-proyecto.
El portavoz de Ecologistas en Acción, José Luis Martínez, criticó la decisión del Gobierno de Aragón de no invitar a las asociaciones ecologistas al acto de presentación de Gran Scala, de este modo, señaló que los representantes políticos impidieron la participación democrática de una parte de la sociedad civil.
Por su parte, el delegado de SEO/Birdlife en Aragón, Luis Tirado, lamentó la "falta de palabra" del Ejecutivo aragonés que "parece haber olvidado" su compromiso de convertir la zona esteparia de los Monegros en un parque natural.
En este sentido, Tirado también recordó que en esta región habitan aves como el águila perdicera o la ganga, y que el Gobierno de Aragón se comprometió a elaborar un plan de conservación para estas especies.
Además del impacto medioambiental que supondría un complejo de estas características, la clase de servicios que ofrecerá el proyecto también fueron "duramente" criticados por los asistentes a la reunión.
Los 32 casinos que se preven construir traerán "graves consecuencias" para la Comunidad, afirmó Martínez, el juego arrastra una "lacra social" que no puede reportar ningún tipo de beneficio a la sociedad aragonesa, añadió.
Otra de las cuestiones que despierta recelo entre los ecologistas es la falta de información acerca de la ubicación exacta del proyecto, a este respecto consideraron que "este secretismo" esconde las "verdaderas intenciones" del complejo: especulación inmobiliaria y urbanística.
Por último, las cuatro organizaciones representadas en la asamblea hicieron constar su "absoluto rechazo" al comportamiento del Gobierno de Aragón, del que dijeron que defendía una política de desarrollo sostenible, para luego hacer otra "bien distinta".
Los ecologistas manifestaron que el cambio de la legislación vigente al antojo de unos empresarios, echa por tierra todo lo que se ha avanzado en la materia de ordenación del territorio.
Entre los asistentes, un grupo de vecinos de dos localidades de la comarca de los Monegros, Sariñena y Bujaraloz, también tomaron la palabra para manifestar su repulsa hacia el proyecto, los afectados anunciaron que el próximo 22 de diciembre habían convocado una reunión para aunar posturas y luchar juntos contra esta "barbarie".
* El Periódico de Aragón - 14/12/2007 EFE
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala
Galicia: Vivienda y urbanismo copan las protestas ciudadanas ante el Valedor
ELPAÍS* : Urbanismo y vivienda son los principales motivos de preocupación de los gallegos en sus relaciones con las administraciones públicas. Trece de cada cien reclamaciones que recibió el Valedor do Pobo en 2006 están relacionadas con ambas áreas, y en su mayoría tienen como diana a la administración municipal. Al tratarse de quejas que afectan a los ayuntamientos, no extraña que tres de ellos, los de Mos, Santa Comba y Porto do Son, hayan sido declarados hostiles por el Valedor. Pero la institución contra la que más reclamaron los ciudadanos no es la local, sino la autonómica, que concentra el 60% de las protestas totales.
Son datos del informe anual del Valedor do Pobo correspondiente al año 2006, que ayer presentó en el Parlamento el titular de esta institución, Benigno López. Que urbanismo y vivienda lideren la clasificación de quejas en su distribución por áreas es una constante a lo largo de los últimos años, pero en 2006 se dispararon, con un incremento del 26% respecto a 2005. El tirón se debe sobre todo a las relacionadas con esta última área, que se duplican. Dentro del capítulo de vivienda, la ejecución de programas de ayudas públicas para el alquiler motivó la mitad de las denuncias.
En el capítulo de vivienda, el Valedor realiza un extenso informe sobre la conflictiva ejecución del programa de la bolsa de la vivienda en alquiler, puesta en marcha por la Administración de Manuel Fraga en 2004. Un informe de la asesoría jurídica de la Xunta que cita el Valedor revela la existencia de hasta 1.880 arrendamientos subvencionados que contravenían las previsiones sobre renta máxima.
La siguiente área con más reclamaciones es justicia, con 193, lo que supone el 10,69% del total. A continuación, aparecen universidades, cultura, turismo, deportes y bilingüismo (182 protestas, el 10,08%), sanidad (167, 9,25%), medioambiente (166, 9,20%) y presidencia y función pública (165, 9,14%). Pese a la preponderancia de urbanismo y vivienda, no son Política Territorial ni Vivenda las consellerías a las que los ciudadanos remitieron más protestas, sino a Educación e Ordenación Universitaria, seguida a distancia por las de Sanidade y Presidencia, Medio Ambiente y Vicepresidencia.
Otro clásico en los informes del Valedor son las protestas relacionadas con las listas de espera sanitarias, que lejos de remitir van en aumento, lo que lleva a Benigno López a reclamar una intervención "global, profunda y eficaz" del Gobierno gallego e incluso "la reforma del sistema sanitario público". El informe cita casos en que los ciudadanos reclamaron la intervención del Valedor ante demoras para consultas con especialistas de hasta dos años, algunas de ellas, resueltas gracias a la intervención de la institución. No tuvo inconveniente Benigno López en animar a los ciudadanos a denunciar las esperas exageradas, con el fin de acortarlas con su mediación.
Del informe anual del Valedor do Pobo destaca el incremento en medio millar del número total de protestas que se recibieron en esta institución, que ascendió a 1.805, de las que 29 fueron promovidas de oficio por el Valedor. Según adelantó López, 2007 se cerrará con otro incremento similar. El 49% de las iniciativas partieron de la provincia de A Coruña, aunque su capital es la tercera en la clasificación por ciudades, detrás de Vigo y Santiago, las dos que emitieron más quejas.
El informe alerta del incremento de los problemas derivados del botellón, principalmente sanitarios y de ruidos. El Valedor sostiene que la Ley del Ruido y los decretos de contaminación acústica deberían ser suficientes para actuar eficazmente contra el botellón, por lo que anima a Xunta y ayuntamientos a intervenir para atajar el conflicto. También advierte el informe del acoso escolar, que ha llevado a la institución de defensa de los ciudadanos a encargar un informe monográfico al respecto que será presentado en el primer trimestre de 2008.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 14/12/2007
Foto: Galicia, viviendas - aedru.org
El juez cita como imputado al alcalde de Xátiva por autorizar la ocupación de una parcela
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LEVANTE/Valencia* : La juez Susana Company citó ayer a declarar como imputados al alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y al inspector jefe de la Policía Local de la ciudad, Enric Gómez, por haber autorizado retomar las obras de urbanización del polígono la Vila de Xàtiva en la parcela que ocupa la empresa Lámparas Arnau.
Los imputados están llamados a declarar hoy a las nueve y media de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Xàtiva.
La citación judicial (recurrible en tres días) se produce dos días después de que representantes de Arnau denunciasen en el mismo juzgado a Rus y Gómez. El motivo: haber permitido que operarios y maquinaria del agente urbanizador del sector invadiesen el martes, escoltados por la policía, el aparcamiento de Lámparas Arnau para reanudar unas obras cuyo proyecto de reparcelación forzosa fue anulado (de forma subsanable) por el Tribunal Superior de Justicia de la CV en julio de 2006.
En virtud de esta sentencia (que el urbanizador considera superada al enmendarse el defecto formal que la motivó), algunos propietarios, encabezados por los Arnau, consideran las obras «ilegales». Por ello, solicitan la suspensión cautelar de las obras que ayer avanzaban en el aparcamiento de Lámparas Arnau, por donde ha de transcurrir un vial. Sin embargo, la juez no ha decretado la paralización de los trabajos hasta el momento. Esto hace temer a los Arnau que se imponga la política de hechos consumados. Es decir: que todo acabe con una indemnización económica si los tribunales les dan la razón pero las obras de urbanización ya se han ejecutado.
Rus no sabe si irá al juzgado
El alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, afirmó ayer que no sabía si iba a acudir esta mañana a declarar ante la juez. «Como siempre, ya me dirán los servicios jurídicos del ayuntamiento lo que tengo que hacer», respondió el primer edil, quien a continuación exclamó: «¡No sé qué tengo que declarar!».
Con un tono tranquilo, Rus aseguró que le parecía «muy bien» la denuncia de la empresa Lámparas Arnau por la entrada de los operarios el pasado martes. «Si ellos entienden que se han vulnerado sus intereses, están en su derecho de acudir a los juzgados», añadió el alcalde.
En declaraciones a este periódico, Rus defendió su decisión de autorizar por escrito y enviar a la policía a la parcela de Arnau para que el agente urbanizador continuara los trabajos. «Paralizaron los trabajos hace un año. Desde entonces, hemos intentado ponernos de acuerdo con todos los empresarios. Y como no lo hemos conseguido, sólo había dos salidas: echar atrás el PAI [de la Vila] o reanudar las obras por la fuerza». Ésta última opción es la que ha decidido el alcalde de Xàtiva.
Uno de los motivos que han llevado al equipo de gobierno municipal a desbloquear las obras de urbanización en el polígono de la Vila es «para evitar que el agente urbanizador [propietario del PAI] denunciase al ayuntamiento», en palabras de Rus. Además, el alcalde justifica su decisión en que hay otros propietarios que tienen interés en que finalicen las obras de urbanización de este sector I-2 del polígono industrial la Vila, ejecutadas por Urbanitzacions Xàtiva, SA. En este caso, destacó, hay «más gente» implicada que Arnau.
Por otro lado, el alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación de Valencia acusó ayer de «falta de educación» al portavoz del PSPV, Roger Cerdà, por haberle comparado con Julián Muñoz a raíz de lo sucedido el martes por la mañana en la parcela que ocupa Lámparas Arnau. «Siempre me están insultando y acusándome de todo, pero la ciudadanía les pasa la factura cada cuatro años. También la próxima vez se la pasarán. Y si no, yo les pasaré la factura», dijo, enigmático, el primer edil tras ser preguntado por las declaraciones de Cerdà.
* Levante-EMV - Paco Cerdà, Xàtiva - 14/12/07
Foto: Xátiva (Valencia) - Fev, wikipedia.org
Altea no puede pagar los servicios a las urbanizaciones que autorizó
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Altea ha engordado sus arcas municipales desde los años setenta con los impuestos procedentes de los residentes en las decenas de urbanizaciones que autorizó en el extrarradio del casco urbano. Sin embargo, el Consistorio no ofreció nunca a los vecinos las contraprestaciones correspondientes en forma de servicios y mantenimiento de los viales porque oficialmente no ha recepcionado la obra.
El actual equipo de gobierno local, ante las quejas de los residentes por el galopante deterioro de estos enclaves -en su mayoría urbanizaciones con chalés sólo al alcance de personas de un medio y alto poder adquisitivo- anuncia ahora que asumirá la gestión de las urbanizaciones, aunque de manera gradual y sin fijar un plazo para el final del proceso.
Esta localidad del litoral alicantino tiene censados en la actualidad 22.000 habitantes (el 10% extranjeros) más otros tantos residentes esporádicos. Hace 40 años el censo rondaba las 8.000 personas, que vivían en los núcleos urbanos de Altea y Altea la Vella. Gobiernos de todos los signos han autorizado durante las últimas décadas la construcción de decenas de urbanizaciones que han llenado de cemento todo el litoral hasta la sierra de Bérnia y el Mascarat. Ni siquiera existe un censo de urbanizaciones controlado por el departamento de Urbanismo. Administrativamente el constructor de un plan parcial está obligado a realizar la cesión oficial al Consistorio una vez lo ha finalizado. En ese momento los viales e infraestructuras dejan de ser privados y pasan a ser responsabilidad municipal. Los vecinos pagan impuestos y el Ayuntamiento les ofrece a cambio los servicios. Sin embargo, en Altea no es así: los vecinos pagan los impuestos, pero sin recibir nada a cambio. El Ayuntamiento tan solo es responsable del casco urbano, y en las urbanizaciones unos 15.000 habitantes viven en calles que todavía son privadas. En los accesos están los buzones numerados para correos y los contenedores de reciclaje, a los que deben desplazarse en coche, en ocasiones desde kilómetros de distancia. La empresa Aquagest, concesionaria del suministro de agua en Altea, tampoco ofrece servicio, y los usuarios adquieren el líquido a otras empresas privadas.
En Altea Hills, una de las urbanizaciones más antiguas de la ciudad y con propietarios de mayor poder adquisitivo, se ha creado una "entidad de conservación", que se encarga de mantener las calles en buen estado, cuidar los jardines, reparar el alumbrado y garantizar la seguridad. El coste corre a cargo de los propietarios. Pero las urbanizaciones más humildes no cuentan con este servicio y la dejadez las ha llevado a situaciones preocupantes: kilómetros de calles por asfaltar, alumbrado por renovar, redes de saneamiento obsoletas. Según la portavoz del Gobierno y concejal de Urbanismo, Verónica López, de las decenas de urbanizaciones en la última década tan solo se han recibido dos por parte del Consistorio. "Vamos a establecer un calendario de entrega de las urbanizaciones. Estudiaremos cada caso y se hará por prioridades. La situación es muy difícil", explica.
El nuevo Gobierno de Altea trata de regular la situación, y elaborar ese calendario de recepciones. El principal problema es el económico, al tener que asumir de repente el 70% de la trama urbana, que además, por la dejadez de los anteriores responsables políticos, está en avanzado estado de deterioro. En lugar de tener una situación económica brillante, los ingresos procedentes de dar miles de licencias durante estas cuatro décadas "se han esfumado", señala López. De hecho, el Gobierno ha encargado una auditoría para averiguar la situación económica heredada del PP, y tiene en marcha un plan económico-financiero de saneamiento.
Ante esta situación, la solución fácil pasa por recurrir al urbanismo de nuevo para obtener recursos. El proyecto más complejo en el que están inmersos los promotores en Altea es el plan parcial los Puentes del Algar, 6.000 viviendas junto al río, campo de golf y varias zonas comerciales. El actual gobierno y el Bloc se oponen a su ejecución, pero la empresa promotora, del Grupo Ballester, anticipó al anterior gobierno 7 millones de euros que ya están gastados. El Consistorio ha dado los primeros pasos para redactar un nuevo planeamiento que ponga orden en el caos. Entre las posibilidades, se baraja trasladar el aprovechamiento del PAI del río a las zonas de interior, pero López advierte de que el suelo disponible para construir está casi agotado y las dotaciones que corresponden al municipio por nuevos sectores están comprometidas por anteriores gobiernos por deudas a promotores.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 14/12/2007
Foto: Altea (Alicante) - Conrad Möller, wikipedia.org
La Plataforma por una Vivienda Digna dará un 'ladrillazo' a Solbes el próximo sábado
ELMUNDO/Madrid* : La Plataforma por una Vivienda Digna convoca una concentración el próximo sábado 15 de diciembre frente al Ministerio de Economía y Hacienda entre las 12 y las 14 horas para pedir la dimisión del Vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes. La concentración consistirá en un acto simbólico en el que se hará entrega al Ministro de Economía de un ladrillo gigante.
Según esta organización, creada en 2003 para defender el derecho a la vivienda, las actuaciones del Ministerio de Economía y Hacienda durante la presente legislatura han ido en contra de los pasos dados por el Gobierno de Zapatero para favorecer el derecho de acceso a una vivienda.
En concreto, la asociación cree que el Ministerio de Economía ha incumplido su promesa electoral de eliminar las deducciones fiscales para la compra de nuevas viviendas. Según la Plataforma, el deber del Estado es garantizar el derecho a la vivienda, no el derecho a la propiedad de ésta. Critican que el Ministerio ha seguido apoyando en esta legislatura la adquisición de casas en propiedad, cuando consideran que el alquiler es una de las soluciones del problema.
Por otro lado, la recientemente aprobada Ley Hipotecaria se ha elaborado, "a juicio de la asociación, al dictado de los grandes bancos, despreciando enmiendas de corte social y vías para favorecer el acceso a la vivienda a medio y largo plazo". Entienden que la ley debería haber incluido como mínimo un límite en la duración y cuantía de los créditos hipotecarios para ayudar a contener los precios y por lo tanto a facilitar el acceso a la vivienda.
Por último, las críticas se han centrado en la negativa del Gobierno a fiscalizar los tres millones de pisos vacíos que hay en España. La salida al mercado de estas casas bajaría los precios y supondría una solución para millones de ciudadanos para la plataforma.
La concentración se celebrará frente al Ministerio de Economía y no frente al de Vivienda porque éste "no tiene competencias suficientes para, por medio de política de vivienda o urbanismo, hacer cumplir el precepto constitucional definido en el artículo 47 de la Constitución", ya que la mayoría de las competencias en materia de urbanismo y vivienda han sido asumidas por las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de Autonomía.
* El Mundo - 12/12/2007
Foto: Una de las manifestaciones convocadas por la plataforma (viviendadigna.org)
Los Monegros, tierra de espías y casinos
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ELPAÍS/Zaragoza* : No pudo ser en Dubai, no pudo ser en Francia, pero va a ser en el desierto de Los Monegros. De la arena surgirán 32 casinos, 70 hoteles, 232 restaurantes, 500 comercios, un campo de golf, un hipódromo, una plaza de toros, un cámping, réplicas de las pirámides egipcias, de los templos romanos y hasta una del Pentágono que servirá de hotel para Spyland, un parque temático sobre el espionaje. Se llamará Gran Scala y necesita una inversión de 17.000 millones de euros para convertir el desierto en una tierra de espías y tragaperras.
Es más del doble de lo que se invirtió en Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992 y casi cinco veces el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente en 2007. Será el segundo complejo de casinos más grande del mundo tras Las Vegas.
Además del dinero, también hará falta cambiar la ley del juego (que autoriza un máximo de un casino por provincia), recalificar 2.025 hectáreas de terreno, y llevar agua, tendido eléctrico y redes de saneamiento hasta Los Monegros, hasta ahora un desierto al uso, es decir, vacío. El Gobierno aragonés y los promotores confían en llenarlo con 25 millones de visitantes por año a partir de 2015, es decir, más de la mitad del total de turistas que recibió España en 2006. "Va a ser el primer destino turístico de la Península", declaró ayer uno de los inversores.
El Gobierno de Aragón dio ayer el definitivo sí quiero a ILD, el grupo de 12 inversores extranjeros (australianos, británicos, franceses, libaneses, americanos...) que promueven el proyecto. Lo hizo en su propia sede, en un fastuoso acto al que invitó a 700 operadores y 180 periodistas. "Hoy es un día importante para Aragón. Gran Scala es una enorme esperanza, un éxito. Un concepto nuevo que atenderá a millones de familias de todo el planeta. No podíamos dejar pasar la oportunidad", explicó ufano el vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, primero en subir a la tribuna. "No somos una comunidad condenada al pesimismo", añadió.
Le siguieron en la tribuna seis de los 12 promotores de Gran Scala, entusiasmados inversores que iban dando paso a vídeos con música techno y representaciones en 3D en las que se veía algunos de los futuros habitantes de esta ciudad: hombres de cromañón, faraones, griegos, romanos, mayas, samuráis... En total, habrá 16 periodos históricos cada uno con dos museos, dos hoteles y dos casinos, ambientados hasta la última consecuencia en la época. ILD estima que convivirán en el parque unas 100.000 personas. "Esto va a ser el escaparate de Aragón ante el mundo, el relevo de la Expo", despidió el presidente, Marcelino Iglesias.
Tras la presentación, corría el champán y era indisimulable la euforia. "Yo me pido el casino de los faraones"; "de eso nada, ese me lo quedo yo, para ti los romanos", bromeaban, quizá, dos empresarios bebiendo cava.
Todos sonreían, menos Izquierda Unida, el único grupo que se opone al macroparque y que hoy pedirá una reprobación en el Parlamento aragonés. "Parece que somos los aguafiestas, los cenizos, pero todo esto nos parece una barbaridad", lamentaba Adolfo Barrena, coordinador general de IU en Aragón. "Resulta que vamos a la cumbre del cambio climático y quedamos todos en que sí, en que hay un problema y hay que hacer cosas, reducir las emisiones, etc, y a la vuelta ya aprobamos un proyecto que va en la dirección contraria. Es una locura".
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Zaragoza - 13/12/2007
Foto: Los Monegros, tierra de espías y casinos / ELPAIS.com
Pretenden triplicar el número de viviendas del 'Manhattan' de Cullera
ELCONFIDENCIAL/Valencia* : El ‘Manhattan’ de Cullera se queda pequeño al lado de los dos planes urbanísticos que esta pequeña localidad valenciana de unos 23.000 habitantes tiene pendientes. Se trata de dos PAIs, que en la terminología urbanística valenciana significa Programa de Actuación Integrada, que reclasificarán 10,5 millones de metros cuadrados para 15.000 viviendas. Es decir, triplican el volumen residencial de los agro-rascacielos de la desembocadura del Júcar.
Las promociones de los dos PAIs en concreto, denominados El Brosquil y el Marinyet, están lideradas por el Grupo Roig -firma del ex-presidente del Valencia- , Lubasa y por Cullera Playa y Golf, a quienes ha sido adjudicada la figura de agentes urbanizadores.
En el proyecto Cullera Playa y Golf participaba la malograda Llanera, actualmente en concurso de acreedores, que hubo de vender su participación del 12,5% a Intersa Desarrollos Inmobiliarios, SL por 2,7 millones de euros, según informó en septiembre Expansión. Otra de las compañías participantes es Rover Alcisa.
Ambos PAIs fueron aprobados por el Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2005. Ese mismo día, se aprobaron más de 70 planes en toda la Comunidad valenciana. El pasado mes de octubre fueron remitidos a la Consellería de Vivienda de la Generalitat.
"Interés de hacer acopio de suelo barato, aunque luego no construyan"
No son los únicos, el Conseller de Urbanismo, Agua y Vivienda, José Ramón García Antón, se comprometió el pasado mes de noviembre ante la patronal de los constructores locales (Fopa) a desbloquear en un año gran parte del centenar de PAIs que llevaban paralizados en Valencia desde la época de sus predecesores en el cargo, Rafael Blasco y Esteban González Pons, según detalla el diario Levante.
En aquel ágape, la junta directiva de la Federación de Obra Pública valenciana (Fopa) trasladó al conseller de Urbanismo la inquietud que se vive en el sector por la recesión que sufren la venta de viviendas y las operaciones de compraventa de suelo, lastradas por los problemas hídricos que sufre la comunidad.
Teniendo en cuenta esta situación, unida al cierre del grifo de las entidades para financiar aventuras relacionadas con el ladrillo, desde la asociación Abusos Urbanísticos No consideran que la ansiedad de los empresarios por acelerar los PAIs responde al "interés de hacer acopio de suelo barato, aunque luego no construyan”.
* El Confidencial - Fátima Martín.- 13/12/2007
Foto: Cullera (Valencia), zona nuevo Manhattan - EFE
Los victorianos
MONCHO ALPUENTE* : La recomendación y el enchufe, ancestrales y perversas costumbres profundamente enraizadas en la idiosincrasia celtibérica, siguen medrando en las oficinas y despachos de la municipalidad en la capital del reino, siempre a la cabeza, capitalidad obliga, de malas prácticas, corruptelas y chanchullos burocráticos. La Operación Guateque destapa, día a día, el tarro de sus fétidas esencias. Algo huele a podrido en Medio Ambiente y esta vez no se debe a la acumulación de gases, ni al ozono troposférico ni a la climatología hostil. El medio ambiente de Madrid tiene nombre y apellidos, el medio ambiente de Madrid se llama Victoriano, así lo proclamaba, en público y sin vergüenza, el funcionario municipal mientras pasaba su tarjeta de visita a los clientes que le urgían para que agilizara las licencias de apertura de sus locales de ocio y esparcimiento: "No cumples ni esto, ni esto, pero, tranquilo, no importa, se puede resolver. Son 3.000 euros".
El desparpajo de Victoriano asombraba a los empresarios que recurrían a su mediación milagrosa. Nadie podría acusar a Victoriano de doblez o hipocresía, todo estaba claro, en su tarjeta personal, letras negras sobre fondo amarillo, figuraban su nombre y su cargo, la dirección de su oficina, su teléfono directo, su fax y su página web, sólo faltaban las tarifas.
Para que la rueda, bien engrasada, siguiera rodando, en las oficinas municipales, funcionarios de menor rango, escribían en los márgenes de los expedientes congelados: "Preguntar a Victoriano si se prioriza la licencia". Protegido por el anonimato, un concejal del Ayuntamiento de Madrid habla de "regalitos y favores" y aventura que tras los funcionarios denunciados "tiene que caer la Policía y Protección Civil". Todos metían mano, unos más que otros en este promiscuo guateque organizado por Victoriano al que también estaban invitados concejales y altos cargos que, de vez en cuando, se sumaban al baile para presentar en sociedad a sus recomendados.
"Prioridad director general"; "prioridad concejal de Tetuán"; "se adelanta por escrito del concejal", éstas y otras acotaciones del mismo tenor se han detectado, por ahora, en más de 100 de los 3.390 historiales que se están investigando. No es lo que parece, aclaran algunos de los concejales implicados en estas notas al margen: "A veces se adelantan expedientes porque estamos saturados", dice Luis Asúa, concejal de Centro, y sus compañeros hablan de atascos y cuellos de botella. El tráfico de licencias está congestionado, quien lo descongestionará, el descongestionador que lo descongestione, buen descongestionador será, sólo que el método desatascador utilizado por los victorianos desatascaba poco y sólo favorecía a unos cuantos. Algo así como si para agilizar el tráfico rodado, un guardia diese prioridad a unos vehículos frente a otros al margen de su ubicación sobre la calzada: "A ver, abran paso al BMW azul de la tercera fila", "apártense para que circule ese Mercedes plateado".
La lógica indica que los expedientes a trámite deberían ser tramitados según su orden de aparición en las oficinas, así lo recomienda la ética y lo exige la propia maquinaria burocrática, fiel al procedimiento riguroso y al orden cronológico. Las excusas concejiles vulneran el principio de equidad porque no favorecen a todos los desfavorecidos por igual y no son de recibo justificaciones como "ese local llevaba dos años esperando la licencia" (Luis Miguel Boto, concejal de Chamartín) o "puede ser que me haya interesado por la situación de un expediente que llevara mucho tiempo paralizado en Medio Ambiente", dubitativa, posibilista y perifrástica coartada de Dolores Navarro, concejal de Tetuán, pudo ser y tal vez tuvo que interesarse. Mucho más claro lo tiene Íñigo Henríquez, concejal de Salamanca, cuando responde a este periódico: "No he adelantado nada. Firmo lo que me ponen delante", sin leerlo, que es una pérdida de tiempo y de dinero público porque un concejal, y más aún si es del distrito de Salamanca, tiene otras cosas más perentorias en las que ocuparse, y entretenerse en leer la letra pequeña de los expedientes podría interpretarse como signo de desconfianza hacia sus diligentes subordinados.
En la Operación Guateque, a Victoriano le tocó bailar con la más fea, a él que siempre fue con la verdad de sus mentiras por delante y que ahora está dando la cara por sí mismo y por su cuñado, cuñadísimo, el ex concejal socialista Saturnino Zapata, que le colocó, por "designación" mayestática, en su poltrona y sentó las bases de su fulgurante carrera, de los bancos al banquillo, carrera auspiciada después, ese chico valía mucho, por los sucesivos consistorios populares que supieron reconocer sus méritos al margen de sus siglas. Nada se sabe de Zapata, que desapareció por el foro dejando a su hermano político bien colocado, encastrado en un puesto estratégico, en el centro de la vieja trama, de la ancestral tela de araña de las corruptelas municipales, factótum indispensable y servicial al que sólo le faltaba incluir al dorso de su tarjeta un eslogan rompedor: "Inaugure más temprano consultando a Victoriano".
* ELPAIS.com - Madrid - 12/12/2007
El diputado murciano del ‘caso Totana’ exigió tres millones por recalificaciones
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ELPAÍS* : Juan Morales, diputado del PP en la Asamblea de Murcia, exigió al empresario de Vigo (Pontevedra) Manuel Núñez tres millones de euros a cambio de usar su influencia para facilitarle la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados de terrenos en Totana (Murcia). La intención de Núñez, también implicado en la trama de corrupción urbanística de Totana, era levantar 5.000 viviendas sobre una parcela catalogada como rústica. El pacto entre Morales y Núñez figura en conversaciones telefónicas que constan en el sumario —que sigue secreto— del caso Totana, localidad de 28.000 habitantes.
El juzgado que investiga la trama de corrupción no tiene constancia fehaciente de si se ha producido alguna entrega adelantada del dinero. No obstante, fuentes jurídicas no lo descartan, dado que el pacto incluía la entrega de un primer millón justo al cerrarse el acuerdo entre ambos. El terreno en el que Núñez pretendía construir más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa, sigue siendo aún rústico, aunque los trámites para su recalificación habían sido activados antes de estallar el escándalo. La idea era duplicar la población de Totana.
Núñez Arias, propietario del Grupo Nuaria, es uno de los detenidos e imputados en la trama de Totana. El diputado regional Juan Morales no ha sido detenido dada su condición de aforado. Es previsible que en los próximos días, la juez de Totana que investiga este asunto se inhiba en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El PP en la Asamblea de Murcia, al que pertenece Morales, decidió ayer expulsarle del grupo parlamentario. Además, le pide que renuncie al acta de diputado “por su presunta implicación en irregularidades urbanísticas cometidas durante su gestión como alcalde de Totana”. Así se indica en la nota que hizo pública Juan Carlos Ruiz, portavoz del PP en la Cámara murciana, informa Tono Calleja. El pasado día 3, el PP de Murcia aceptó la petición de baja cautelar de militancia de Morales.
Morales fue alcalde de Totana entre los años 1995 y 1999. Un pacto entre PSOE e Izquierda Unida le desalojó de la alcaldía. Pero en 2003 volvió a ganar las elecciones, esta vez con mayoría absoluta. Tras cuatro años de gobierno, alegó que se encontraba cansado y dejó paso al que era su delfín político, José Martínez Andreo, actual alcalde. Éste se halla en prisión preventiva por su implicación en la trama urbanística destapada por un grupo de élite de la Guardia Civil, la llamada Unidad Central Operativa, la UCO. Al poco de dejar la alcaldía, Morales fue elegido diputado regional del PP.
En un cuarto habilitado en el despacho profesional de la ex esposa de Morales, la Guardia Civil intervino abundante documentación perteneciente al Ayuntamiento de Totana sobre asuntos urbanísticos. La evasión de capitales que, entre otros delitos, se le atribuye obedece a los numerosos envíos de dinero —cantidades periódicas de 3.000 euros— que ha remitido Morales en los últimos años a su novia cuando ésta estaba en Brasil. En la casa que posee esta mujer en Totana, los investigadores hallaron más de 50.000 euros. La mujer comentó que el dinero pertenecía a Morales.
Por otro lado, este diputado del PP mintió supuestamente al juez de Totana que investigaba la extraña adjudicación municipal, a dedo, de las obras del colegio San José. Esta adjudicación, junto con otro cúmulo de irregularidades y favoritismos urbanísticos, es la que ha llevado a la cárcel al actual alcalde, José Martínez.
Martínez falsificó un documento oficial para hacerle creer al juez que la adjudicación de las obras del colegio no había sido a dedo, sino fruto de un convenio urbanístico. En las diligencias consta una conversación entre Morales y Martínez en la que el primero señala al segundo respecto a estas obras: “¡Menos mal que he dicho que ese convenio urbanístico estaba por ahí, porque si no, se os cae el pelo a todos!”.
* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 13/12/2007
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
