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EFE/ACoruña* : Cuatro personas, tres de ellas relacionadas con el departamento técnico del Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña) y un policía local, han sido detenidas hoy por agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos, por su supuesta implicación en una trama urbanística, según fuentes de la dirección general de la Policía y Guardia Civil de A Coruña. La detención se desarrolló dentro de la Operación Virgin, que comenzó a gestarse el pasado mes de mayo, indicaron las mismas fuentes, en un comunicado.
Los detenidos están acusados de formar «una trama urbanística desarrollada en el Ayuntamiento de Mugardos». A los detenidos se les imputa la participación en los supuestos delitos de tráfico de influencias y de negociaciones prohibidas a funcionarios. Las mismas fuentes indican que, además de estas cuatro detenciones, los agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos, tomaran declaración a otras tres personas, dos promotores y una arquitecta, por hechos similares.
Las actuaciones policiales se han complementado esta mañana con diversos registros en estudios de arquitectura, una inmobiliaria y en un domicilio particular, en los que los agentes intervinieron diversa documentación que será analizada por los responsables de la investigación.
La inmobiliaria registrada, llamada Xesven, es propiedad de la esposa del policía local que ha sido detenido. El negocio inmobiliario está situado justo enfrente del consistorio de Mugardos, y, según fuentes municipales, es propiedad de la esposa del policía municipal que ha sido detenido.
Pilar Díaz, única concejala de IU-EU en la corporación municipal de Mugardos, ha declarado que el estudio Excale de arquitectura y urbanismo, radicado en Fene, donde hoy se practicó otro de los registros policiales, es propiedad de la arquitecta Julia Cortizas Díaz y de su hermano Pedro.
Julia Cortizas fue la arquitecta asesora del municipio de Mugardos durante el primer semestre del año 2006, periodo de tiempo en el que, según la edil, la arquitecta ejerció como promotora de algunos proyectos privados y a la vez como asesora del gobierno local en temas urbanísticos.
La concejala de IU-EU dijo, en declaraciones a los periodistas, que su grupo interpuso en los últimos meses varias denuncias dirigidas a la Fiscalía de delitos urbanísticos del TSXG en las que se advertía de presuntas irregularidades en el desarrollo de varias obras y promociones en Mugardos. Entre estos proyectos urbanísticos explicó que figuraban la de una construcción situada en la calle Peteiro y unas viviendas edificadas en la calle María.
El alcalde de Mugardos, el nacionalista Xosé Fernández Barcia, ha convocado a los portavoces de los grupos políticos municipales a una junta extraordinaria para tratar este asunto. Según fuentes próximas a la investigación, la policía no descarta que se produzcan nuevas detenciones en relación con esta trama urbanística.
* La Voz de Galicia - 3/12/2007
Foto: Mugardos (A Coruña), inmobiliaria registrada - R. Estévez (La Voz de Galicia)
Cuatro detenidos en Mugardos por su presunta implicación en una trama urbanística
El suelo urbanizado de la C. Valenciana ha crecido un 52,14% en apenas 13 años
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LEVANTE-EMV* : La superficie artificial, o urbanizada, ha crecido en la Comunitat Valenciana en apenas 13 años un 52,14% a pesar de que la población ha crecido un 9,76%, según refleja el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España de 2006 que acaba de presentar el Ministerio de Vivienda. El gato al agua en este crecimiento se lo ha llevado la construcción ya que las ciudades (el tejido urbano continuo) y las urbanizaciones exentas o ajardinadas representaban en el año 2000 el 23% y el 36,56% del suelo urbanizado, respectivamente.
El Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas 2006 ofrece por primera vez los datos sobre ocupación del suelo y la estructura de la propiedad en las principales metrópolis españolas. Las fuentes de información de las que se alimenta el Atlas estadístico son la base de datos de ocupación del suelo del proyecto europeo Corine Land Cover (1987-2000), información del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, según la información que aparece en el Atlas Estadístico la Comunitat Valenciana tenía en 1987 un total de 75.851 hectáreas de suelo artificial (donde se incluyen además de las ciudades y las urbanizaciones dispersas, las infraestructuras, las minas, las escombreras y vertederos). Trece años después, en 2000, este suelo artificial alcanza las 115.397 hectáreas en toda la Comunitat Valenciana lo que revela el incremento del suelo urbanizado del 52,14%. Un uso del territorio a costa del suelo agrícola que se produce a pesar de que la población apenas se ha incrementado un 9,76% al llegar a 4,1 millones de valencianos en 2000 (366.504 ciudadanos más que en 1987). Por el contrario, el parque de viviendas pasó de casi 2,1 a 2,5 millones de casas en un periodo analizado de diez años (lo que supone un incremento del 21,67%).
¿Y en qué se emplea el suelo artificial en la Comunitat Valenciana Además del 36,65% de las urbanizaciones exentas y ajardinadas y el 23,99% del tejido urbano continuo
Un esquema similar se reproduce en el área metropolitana de Valencia o área urbana, tal como la denomina el Atlas Estadístico . Si en 1987 la superficie urbanizada en Valencia y las 43 poblaciones de l'Horta era de 13.050 hectáreas, trece años después el terreno urbanizado había aumentado un 27,54% y ya alcanzaba las 16.644 hectáreas. En este caso también a costa de la preciada huerta comarcal. Este incremento de 3.594 hectáreas en el suelo artificial se produjo debido a la construcción de 108.264 casas más durante estos trece años, a pesar de que la población sólo aumentó en 67.221 almas en el área metropolitana de Valencia. Este suelo arrebatado a la huerta apenas se emplea para zonas verdes (el 0,99%), o instalaciones deportivas (4,36%). Los mayores porcentajes de suelo en el área urbana de Valencia se dedican al tejido urbano continuo Por último, en la provincia de Valencia la superficie artificial ha crecido un 38,79% al pasar de 35.709 hectáreas urbanizadas en 1987 a 49.562 hectáreas en el año 2000.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 03 de diciembre de 2007
Foto: Desembocadura del Xúquer en Cullera donde se proyectan varias urbanizaciones. levante-emv
Hoteles ilegales a sus anchas en Cabo de Gata
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DIAGONAL/Almería* : A pesar de que las obras del hotel El Algarrobico, en el parque del Cabo de Gata, estaban esperando su demolición por violar la Ley de Costas, una nueva recalificación del suelo andaluz podría legalizar el hotel. Hace dos años Greenpeace tomaba el hotel Azata del Sol, una macroconstrucción de 20 pisos de altura que se encuentra en la playa del Algarrobico, inmersa en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería). Con la acción pretendían denunciar su construcción, realizada al margen de la Ley de Costas y sin respetar la protección del terreno establecida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque (PORN).
Dicha normativa, de 1994, consideraba que el espacio ocupado por el hotel era una zona C2, esto es, zona no urbanizable. Acto seguido, el Ministerio de Medio Ambiente, ante la visibilización mediática de las ilegalidades en las que incurría la construcción, decidió encargar el expediente de expropiación de la mitad del hotel, que se encontraba en zona de servidumbre de costas (a menos de 100 metros del mar). Hoy, el Azata del Sol continúa ocupando su lugar en primera línea de playa, aunque las obras se encuentran paralizadas. La Junta de Andalucía acaba de redactar un nuevo PORN que desclasifica la totalidad del paraje del Algarrobico y lo sitúa bajo el grado de protección C3, es decir, “núcleo habitado existente o zona transformada”. “Esta recalificación impedirá la demolición del hotel”, declara Jaime del Val, portavoz de la asociación Salvemos Mojácar.
Sin embargo, para la Junta de Andalucía, gracias a esta nueva planificación “el Ayuntamiento de Níjar puede frenar el desarrollo de estos parajes”. Si, aparentemente, el espacio pierde protección, ¿por qué la Junta hace esta afirmación?
Tal y como relata Jaime del Val, en 1996 “aparece recalificado este terreno con unos planos que no han sido aprobados pero que la conserjería toma como válidos”. En esta recalificación, El Algarrobico aparece como zona D, urbanizable. “Por eso la señora Cove [consejera de Medio Ambiente] considera que con los nuevos planes se aumenta la protección de la zona, porque lo compara con los planos de 1996, que para nosotros no son válidos ya que no están aprobados en pleno”, concluye.
Para la Coordinadora Ciudadana en defensa del territorio, “convertir el paraje en núcleo habitado significa, ni más ni menos que legalizar definitivamente el hotel y las construcciones previstas a su alrededor”. Según Jaime del Val “alrededor del Azata del Sol se prevén miles de viviendas” que se unirán a las “500.000 casas propuestas para todo el Levante almeriense”.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente continúa con los trámites para la expropiación de los terrenos del hotel. El organismo público debe indemnizar a la empresa Azata, dueña y artífice del proyecto. “No entendemos por qué hay que entregar dinero de las arcas públicas a una empresa por hacer algo ilegal”, asegura el portavoz de Salvemos Mojácar. Para Jaime del Val, “hay una estrategia conjunta para legalizar el hotel”.
La punta del iceberg
El caso de El Algarrobico no es el único ejemplo de urbanismo que amenaza la integridad del espacio natural. El pasado mes de septiembre la Asociación de Amigos del Parque Natural del Cabo de Gata- Níjar alertaba de que un nuevo complejo se estaba planeando para la zona. Conocido como La Fabriquilla, el proyecto cubriría 15 hectáreas (ha.) con 150 casas y un hotel de 40 habitaciones. Esta urbanización, muy próxima al mar, requerirá de estructuras de hormigón en la costa para modificar el flujo marítimo y que no se inunde la zona “precisamente en un lugar donde existen varios hábitat de interés comunitario”, advierte la asociación.
La asociación también denuncia la macrourbanización Marina de Agua Amarga. Este proyecto comprende 48 hectáreas. de parque natural y estaría compuesto por 350 viviendas y un hotel de 350 habitaciones, en terrenos vírgenes de alto valor ecológico. Por ello, la Asociación de Amigos del Parque afirma que el macrohotel de El Algarrobico “sólo es la punta de un inmenso iceberg”.
* Diagonal - Sara Plaza Casares - 29 Nov /12 Dic 2007
Foto: El hotel de El Algarrobico aglutinó buena parte de las protestas ecologistas./ Foro Social de Almería
Madrid: Adiós a la ayuda por alquiler
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ELPAÍS* : Faltan sólo unos días para que estrenen piso de alquiler, pero Luis y Laura todavía no saben si van a beneficiarse de las ayudas para jóvenes inquilinos que, en teoría, entran en vigor el próximo 1 de enero. Ellos todavía no lo saben, pero a juzgar por las palabras de la consejera de Vivienda madrileña, esta pareja que a sus 26 ha logrado por fin dar el salto e independizarse de sus padres puede ir despidiéndose por ahora de los 210 euros mensuales que les corresponden por el plan del Gobierno central. Porque según Ana Isabel Mariño, es "imposible" que el sistema de gestión y control esté implantado en la región a principios del próximo año.
Esto es lo que la Comunidad ha venido diciendo las últimas semanas, desde que el ministerio anunció el proyecto con el que pretende dinamizar el alquiler. Pero el pasado viernes, en conversaciones con este periódico, la consejera moderó su discurso: "La ministra ha creado grandes expectativas en los jóvenes con unos plazos difíciles de cumplir. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, así que recogeremos las solicitudes y las enviaremos al ministerio, a ver si ellos pueden tramitarlas. Pero es muy poco probable que se pongan en marcha tan pronto", afirmó. Pasaba así del "imposible" al "muy poco probable".
La de Madrid es la comunidad que ha puesto más pegas a este programa. Los cerca de medio millón de madrileños que tienen entre 22 y 30 años y con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales ven un poco más lejos que el resto de jóvenes españoles un plan que la Comunidad considera "inaceptable", ya que, dicen, ha sido impuesto por el ministerio sin buscar el consenso con las comunidades.
Pero no es sólo que pongan en duda la puesta en marcha del plan. Es que, mientras tanto, la información que el Gobierno regional da es nula. Es lo que cuenta Laura, que mientras prepara su proyecto final de arquitectura trabaja como becaria en un estudio por 1.200 euros mensuales. En el 012 (el teléfono de atención al ciudadano de la Comunidad), le dijeron que no podían anticiparle nada porque el plan todavía no está vigente.
Laura se quedó sin recibir información básica. Por ejemplo, si a ella y a su novio les compensa esperar hasta el 1 de enero para alquilar el piso, porque así tendrían la ayuda de 120 euros para el aval o el préstamo de 600 para la fianza. "Es indignante. Aquí es donde más necesarias son las ayudas porque es donde la vivienda es más cara, y la Comunidad dice que no va poder darlas. Y encima nadie se digna a darte ninguna información", comenta enfurecida.
En el ministerio prefieren pensar que Madrid colaborará. "Es perfectamente posible cumplir los plazos. Sólo hace falta voluntad política", aseguran. ¿Y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre tiene esa voluntad? "No sé. No han mandado a ningún representante a las reuniones con las comunidades sobre este tema. Pero no entenderíamos que se saltaran un plan que beneficiará a miles de madrileños".
Laura y Luis son menos optimistas. Creen que las ganas que tienen los dos principales partidos de meterse el dedo en el ojo en periodo preelectoral primará sobre los intereses de la gente. Y que, al final, ellos, Laura y Luis, serán los perjudicados.
Cronología de una pelea política
- 18 de septiembre: la ministra de Vivienda presenta su plan estrella de impulso al alquiler, que incluye una ayuda de 210 euros mensuales para los inquilinos de entre 22 y 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales.- 3 de noviembre: el mismo día que el Gobierno aprueba la llamada renta de emancipación, la consejera madrileña dice que el plazo previsto es "inalcanzable" y que el ministerio ha impuesto un plan sin consensuarlo con las comunidades.- 22 de octubre: se celebra la tercera reunión entre el ministerio y las comunidades autónomas para coordinar las ayudas. Madrid es la única región que no ha asistido a ninguno de estos encuentros.- 28 de noviembre: las comunidades gobernadas por el PP plantean un frente común contra el plan estatal. Dicen que será imposible que arranque el 1 de enero y proponen subir la ayuda a 240 euros y ampliar la edad de los beneficiarios.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 03/12/2007
Foto: Se alquila - A. Ruesga (El País)
Salamanca manos arriba
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ELPAÍS* : "¡Manos arriba!, ¡Esto es un atraco!", grita la Plaza Mayor de Salamanca, a reventar, en la segunda manifestación en 15 días en protesta por la subida de impuestos municipales anunciada por el alcalde, Julián Lanzarote, del PP. Entre la multitud se desgañita un hombre, colorado de la ira, que dice llamarse Amable: "Estoy muy enfadado, enfadadísimo con este alcalde que gobierna para los constructores y para los ricos y que nos sube los impuestos porque pierde todos los pleitos urbanísticos. Tenían que llamarlo Partido Pierdepleitos en lugar de Partido Popular. Y lo peor no es la subida, a mí lo que más me cabrea es su chulería, esas formas dictatoriales, ese desprecio por la gente humilde. A mí no me afecta mucho, pero la subida del bonobús hace polvo a muchos amigos, gente mayor".
Como Palmira, de 76 años. "Con una pensión de 500 euros, si me suben la contribución 45 euros y la basura 17, me quedo sin nada para mí. Esto es una barbaridad", explica, justo antes de gritar "¡Lanzarote, que te pague el que te vote!".
Son ellos, los más mayores, los que han conseguido llenar por segunda vez la plaza mayor de Salamanca con cerca de 25.000 personas. Pero son los más jóvenes, un grupo de estudiantes universitarios que lideran las asociaciones de vecinos en la época en la que todo el mundo intenta escaquearse de ser presidente de su comunidad, los que han convocado esta protesta y la anterior.
En el consistorio achacan la fuerte subida de impuestos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Nos ha cerrado el grifo porque este Ayuntamiento no es santo de su devoción", declaró el portavoz municipal, Fernando Rodríguez.
En el recorrido de la manifestación alternan las grandes pancartas estampadas con los emblemas de los partidos de la oposición y pequeños carteles, con las rimas meditadas y preparadas en casa, como el de Ángel, de 85 años, que agita orgulloso un folio en el que ha escrito: "Lanzarote, capullo, el Ayuntamiento no es tuyo". José Luis, de 73 años, lleva su cartel enganchado a la boina y las manos en los bolsillos porque hace frío. "Yo no tengo coche oficial", es su escueto eslogan. "Espero que no haya que salir corriendo como en la última manifestación a la que fui, con Franco, por los sueldos de la construcción", bromea.
Entre sus abuelos y los vecinos de sus abuelos, avanza un bebé en cochecito con un cartel dramático: "Sin dodotis, ni turrón por culpa del subidón".
Va marcando el paso hacia la plaza Mayor Mara, de 22 años, flamante poseedora de uno de los megáfonos. Lo levanta orgullosa por encima de la cabeza como si fuera un Óscar de la academia y no da abasto porque maneja además, otros instrumentos propios de este tipo de ceremonias, como un silbato. "Me encanta el megáfono. La gente se pelea por él. Al día siguiente no puedo hablar, pero me da igual", explica en una breve pausa. "¡Que bote, que bote, Lanzarote el que no bote!", prosigue. Y la multitud, hombres y mujeres que pasan de los 70, bota.
A la una de la tarde, los vecinos de los distintos barrios han entrado ya por cada arco de la Plaza Mayor en la que no cabe un alfiler. Tras guardar un minuto de silencio por el guardia civil muerto el sábado en un atentado etarra, Chema Collados, arqueólogo de 26 años y presidente de la Federación de Vecinos de Salamanca (Fevesa) procede a leer su manifiesto. Pero no le dejan: "Cheeeeema, Cheeeeeema", le aclaman en la plaza como a los futbolistas en el campo. Y eso que no le ven, porque Collados está enterrado entre las pancartas y la multitud, ya que el alcalde no permitió que usara el balcón del Ayuntamiento.
El manifiesto se llena enseguida de palabras gruesas, "libertad", "bienestar social" mientras los veteranos manifestantes gritan: "El pueblo, unido, jamás será vencido" como recordando otra época, la suya. La sublevación que surgió en el órgano más sensible, el bolsillo, terminó atacando a la memoria.
Octavillas requisadas
El joven presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Chema Collados, supo explotar ayer, en plena lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor y ante 25.000 personas, el encontronazo con la Policía Municipal de la noche anterior. La escena que describía recordaba a un episodio de la serie Cuéntame. "Repartíamos octavillas a la salida del partido de baloncesto en el Pabellón Würburg. Vinieron cuatro policías, y nos dijeron que no podíamos hacer eso y que dejáramos de usar el megáfono. Cuando preguntamos por qué, dijeron: Traemos órdenes. Se lo llevaron todo. A mí me daban ganas de llorar".
"¡El alcalde nos tiene miedo!", gritaba ayer Collados, quien aprovechó también para denunciar que Julián Lanzarote, del Partido Popular, le había amenazado con retirar la subvención a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca.
No descartan nuevas manifestaciones si el alcalde no da marcha atrás.
Las siete plagas
- Las asociaciones de vecinos han bautizado la subida de impuestos municipales del alcalde Julián Lanzarote, del PP, como 'Las siete plagas de Lanzarote'. Las subidas son las siguientes:
- Tasa de basuras: sube 17 euros.
- El bonobús y el abono transporte: un 84,25% más caro.
- El agua: sube un 14%.
- El Impuesto de Bienes Inmuebles: 45 euros más.
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Salamanca - 03/12/2007
Foto: La Plaza Mayor de Salamanca, abarrotada por los manifestantes- GORKA LEJARCEGI (El País)
Operación Tótem: El Guadalentín marbellí
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LAVERDAD/Murcia* : La Operación Tótem se extiende como la gangrena por el municipio de Totana desde el pasado lunes, cuando agentes de la Guardia Civil detuvieron a seis personas, tres de ellas en este municipio, en el transcurso de una investigación por el supuesto cobro de comisiones a cambio de la recalificación de unos terrenos. Desde entonces, la necrosis del tejido municipal y empresarial se ha propagado con la detención de seis personas más, entre ellas la de tres empresarios locales y la del alcalde, José Martínez Andreo. Hasta ahora, del total de 12 detenidos, ayer quedaban tres en los calabozos, entre ellos el alcalde.
De la recalificación de terrenos, los agentes de la Guardia Civil han pasado a investigar el pago de comisiones por la agilización de licencias de obras y la reventa de parcelas de suelo industrial público con pingües beneficios.
Pero la Operación Tótem no nació ayer. Según las fuentes municipales consultadas por La Verdad, todo empezó, o más bien se descarrió, el 27 de julio del año 2005. Ese día, el mismo que la comisión informativa de Urbanismo debía aprobar inicialmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Totana, el concejal de Urbanismo, Antonio Aliaga, presentaba su dimisión de forma inesperada alegando motivos personales.
20.000 viviendas
Según fuentes del PSOE e IU, la dimisión de Aliaga se debió en realidad a su resistencia a admitir las exigencias del alcalde, por entonces Juan Morales, sobre la gestión urbanística municipal.
Morales, tras la retirada de Aliaga, asumió directamente la supervisión de todas las decisiones urbanísticas, aunque formalmente repartió las competencias de Urbanismo entre sus dos principales colaboradores, Juan Carrión y José Martínez Andreo, quien, llegado el cambio de legislatura, heredó también el bastón de mando municipal y ahora es uno de los detenidos.
La actual operación judicial y policial que tiene en vilo a todo el municipio está relacionada con el boom urbanístico que vive desde hace años la Región y de la que Totana no se ha quedado al margen. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio, aprobado provisionalmente por la corporación con el único voto favorable del PP el 23 de enero de este año, llevaba consigo el desarrollo de 59 convenios urbanísticos para construir 35.000 nuevas viviendas. Los 59 convenios recibieron el visto bueno en el mismo Pleno que el Plan General de Ordenación Urbana y de su contenido sólo fue informada la oposición al día siguiente de su aprobación.
Uno de los convenios urbanísticos más importantes aprobados antes de que Juan Morales dejara la alcaldía es el que ha extendido las ramificaciones de la Operación Tótem a Galicia y Madrid.
Promovido por el Grupo Nuaria, el proyecto suponía la recalificación de más de dos millones de metros cuadrados en el paraje de El Raiguero para la construcción de 5.000 viviendas, tres hoteles y dos campos golf. El responsable de la promotora Nuaria, Manuel Núñez, y uno de sus directivos fueron detenidos en Nigrán (Pontevedra) el pasado lunes, además de otra persona en Las Rozas (Madrid), al parecer todas relacionadas con el pago de comisiones para lograr la recalificación.
En ese primer golpe a la trama de corrupción, también fueron arrestados en Totana José Antonio Alcántara, empleado de la asesoría de Juan Morales y de su ex mujer, María del Carmen Jordán, Joaquín Carmona, un supuesto intermediario, y el empresario Gabriel Martínez, gerente de Huevos Maryper y amigo personal del ex alcalde.
Los registros realizados permitieron a los investigadores hacerse con abundante documentación, de entre las que una fuente ha destacado la hallada en la caja de seguridad que la ex mujer de Morales poseía en una oficina de crédito en Totana.
Los siguientes pasos de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, guiados por las pruebas y documentos obtenidos, han ido ampliando la mancha de presunta corrupción.
El martes era detenida la compañera sentimental de Morales, una brasileña a la que se le acusa de blanqueo de dinero y de infringir la ley de extranjería, al tiempo que se encontraban en su domicilio más de 50.000 euros en metálico.
El jueves, tras un registro de once horas en el Ayuntamiento, era el mismo alcalde, José Martínez Andreo, el que acababa en el calabozo de la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, acompañado por la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida; el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales (liberado al día siguiente), y el empresario Pedro Martínez, con negocios en el polígono industrial.
Se estrecha el cerco
Uno de los focos de la investigación se ha centrado en los últimos días en el polígono industrial de El Saladar. En agosto del pasado año, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia abrió diligencias a raíz de una denuncia de IU por la reventa millonaria de una parcela precisamente a la empresa Maryper.
Proinvitosa, la sociedad pública que gestiona el polígono y cuyas oficinas han sido registradas, tiene derecho a recomprar a bajo precio las parcelas industriales no usadas para ponerlas a disposición de nuevos inversores, pero renunció a este privilegio y permitió que una empresa obtuviera pingües beneficios al vender su parcela a otra sociedad.
IU asegura que este no un caso aislado, y que el Ayuntamiento permitió durante la pasada legislatura especular con las parcelas de suelo industrial público en beneficio de intereses privados.
Dos nuevas detenciones ponían el viernes un borrón más sobre el nombre de la localidad que algunos empiezan ya a comparar con Marbella. Uno de los arrestados, Diego Carrión, nada tenía que ver con los casos de corrupción urbanística, sino con un expediente sancionador de tráfico, y era liberado horas después. El otro detenido, el empresario local Juan Francisco Casanova, con propiedades en el polígono El Saladar y concejal del PP en la primera legislatura en la que Juan Morales fue alcalde (1995-1999) refuerza aún más las conexiones de toda supuesta trama con el ex regidor municipal.
Morales, consciente de que se estrecha el cerco, sobre todo tras la retirada de su pasaporte y de un ordenador intervenidos en su domicilio, ha pedido amparo al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que se respete su condición de aforado como diputado del Parlamento autónomo.
A raíz de las revelaciones de la Operación Tótem, algunos en el PSOE e IU recuerdan estos días que «en la última campaña electoral el PP manejaba dinero a espuertas», y también las palabras que Ramón Luis Valcárcel le dedicó a Morales en un acto electoral en Totana, poco después de que éste consiguiera la condena por injurias de los concejales socialistas que le habían acusado de irregularidades urbanísticas: «No necesito que ningún juez me diga que Juan es una persona honrada. Yo lo sé».
* La Verdad - J. MOLLEJO - 3 diciembre 2007
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es
Urbanismo País Vasco: Un país a cuatro alturas
MANUEL BLANCO* : El urbanismo, a priori, es sencillo. Simplemente hay que marcarse unas reglas del juego y cumplirlas. Respetarlas siempre, le pese a quien le pese: a los propietarios del suelo, a los promotores, a los constructores, a los políticos... El País Vasco lo hizo hace casi ya tres decenios, aprovechando la transición democrática y el traspaso de competencias. Hoy recoge sus frutos. Se trata de una comunidad ordenada, modélica por su disciplina en la ordenación del territorio y por un urbanismo de baja densidad que es especialmente visible en las zonas del litoral, donde se cuentan por miles los nuevos edificios de bajo y tres plantas.
Un paseo de Zumaya a Fuenterrabía, por la costa guipuzcoana, o por los 22 ayuntamientos del entorno de la reserva de Urdaibai, en Vizcaya, revelan un grado de conservación que contrasta con los excesos que soportan municipios gallegos como los de Barreiros, Muxía, Carnota o Sanxenxo, por citar algunos.
Gobierno, arquitectos y académicos coinciden en la fórmula que ha dado pie a este ordenamiento: la existencia de una cultura urbanística de la que se derivó un complejo entramado de instrumentos legales que se cumplen a rajatabla y que bloquean aquellos proyectos que representan un exceso. Y es que el País Vasco también sufre la presión de los promotores. Es una comunidad rica y, por tanto, cuenta con un nutrido grupo de compradores dispuestos a pagar un dineral por una vivienda en primera línea de playa.
Manuel Paja, presidente de la Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos, sostiene que el urbanismo «es algo que está en la conciencia de todo el mundo» y eso se ha trasladado a la vida real, «ha dejado un poso», subraya. El diagnóstico coincide con el del lendakari Ibarretxe, quien sostiene que «los ejemplos del desarrollismo tardofranquista estaban ante nuestros ojos como un símbolo permanente de las cosas que no se debían hacer. Esta conciencia colectiva supuso que los ayuntamientos, desde la misma transición democrática, se impusieran la norma de hacer las cosas de forma diferente».
Urbanismo y medio ambiente
Esta forma de hacer las cosas no ha sido otra que activar instrumentos legales que no dejan nada al libre albedrío en materia urbanística. José Luis Ávila, vicerrector de la Universidad de Deusto y viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco cuando se elaboró la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) de 1990, explica que esta norma «establece claramente la relación entre la ordenación del territorio y el medio ambiente».
De aquella ley surgieron unas Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) que siguen siendo hoy en día el vehículo motor del urbanismo en Euskadi. «Fueron muy acertadas al ver el territorio desde una perspectiva ambiental. Concebían todas las actividades que tienen una incidencia desde esa perspectiva», precisa. Las DOT son un documento de máximos por cuanto delimitan hasta el número de viviendas que puede construir cada municipio.
Los planes territoriales parciales -que desarrollan el urbanismo por comarcas- y los planes territoriales sectoriales -que se encargan de planificar cuestiones como las infraestructuras, las zonas agroforestales, los parques eólicos...- completan, junto a los planes generales de los ayuntamientos, la compleja madeja de mecanismos legales que interactúan para que reine el orden entre las edificaciones.
En última instancia, Ávila alude a la conciencia medioambiental que se ha arraigado en la sociedad para argumentar este hecho: «Es cierto que hay mecanismos legales útiles, pero sin esa cultura no hubiese sido posible conseguir este orden».
* La Voz de Galicia - Manuel Blanco | Enviado especial - 2/12/2007
Foto: País Vasco, urbanismo - lavozdegalicia.es
I Encuentro de la coordinadora “La Región de Murcia No Se Vende”
ENCIEZADIGITAL* : Celebrado en el Albergue de Puntas de Calnegre (Lorca), tuvo como ponentes los ecologistas y profesores universitarios Miguel Ángel Esteve y Pedro Costa Morata, así como el arquitecto urbanista Felipe Iracheta. En dicho encuentro participaron un centenar de miembros de las distintas organizaciones de dicha coordinadora, con la presencia, entre otros, de Pedro García, presidente de ANSE, Patricio Hernández presidente del Foro Ciudadano… Se debatió sobre la situación regional en materia de Medio Ambiente y Urbanismo. Habiéndose alcanzado acuerdos de acción para continuar con la defensa de nuestro territorio, destacando las siguientes conclusiones...
• “Marina de Cope y su entorno es espacio natural protegido”. La coordinadora considera prioritario defender este entorno natural ante los planes devastadores del gobierno regional, que sigue pretendiendo construir un complejo turístico con .11.000 viviendas, 23.000 plazas hoteleras, 5 campos de golf, un puerto deportivo…etc.
• Activar la concienciación y movilización social en defensa del ecologismo urbano buscando ciudades más humanas, saludables y menos agresivas con el medio ambiente.
• Proponer a la sociedad alternativas al modelo actual de consumo y ocio de las grandes superficies comerciales que suponen gran cantidad de desplazamientos, con la emisión de CO2 que conlleva, invitándoles a la participación en el disfrute y en la defensa y del rico entorno natural de nuestra región.
• Defender el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental como mecanismo de participación social, y denunciar “el fraude de ley” que se hace en esta materia.
• Denunciamos la Orden de 12 de noviembre de 2007 de de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, que desarrolla la Ley 9/2006, sobre Evaluación Ambiental Estratégica, por eximir del trámite previsto en la ley del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, a un número importante de proyectos. Lo que implica que no requerirán en su tramitación de un período de consultas, información pública y alegaciones a los mismos. Y elimina la posibilidad de información y participación ciudadana.
• La energía renovable hay que utilizarla para sustituir a otras fuentes más contaminantes, nunca para cubrir el aumento descontrolado de la demanda. Se necesita planificar de forma integral en el territorio la instalación de este sector, estudiando muy bien que lugares son los más apropiados con minuciosos estudios de impacto, que no se dañe el paisaje y el medio ambiente, aproximando lo más posible producción al consumo, minimizando infraestructura de transporte (pensar en la autonomía local energética).
• La coordinadora denuncia una vez más el modelo urbanístico, especulativo y agresivo con el medio ambiente que sigue favoreciendo el enriquecimiento de unos pocos, frente a un futuro hipotecado de la gran mayoría de los murcianos.
• Transparencia en los procesos de adjudicación de viviendas sociales (por ej. vivienda joven), sorteos o procesos limpios. Es un escándalo que lo poco que se construye se adjudique a dedo.
• La Coordinadora que desde su nacimiento insistió mucho en advertir del riesgo de orientar la economía hacia el modelo de construcción de urbanizaciones resort-golf. En el momento actual, cuando se habla abiertamente de crisis del sector inmobiliario, volvemos a pedir una vez más a los responsables en orientar la política económica, la necesidad de diversificar los sectores productivos buscando las actividades sostenibles en el tiempo y en respeto con el medio ambiente.
* EnCiezaDigital - Diego Jiménez - Murcia - 2/12/2007
Foto: MurciaNoSeVende, I Encuentro - enciezadigital.com
La bicicleta le echa un pulso al coche
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ELPAÍS* : Es ecológico, cómodo, saludable y barato. El transporte en bicicleta gana terreno en la ciudad y ya es una alternativa seria al coche y al transporte público tradicional. La revolución ha llegado de la mano de los sistemas públicos de alquiler, como en Barcelona y Sevilla, donde se ha desatado una auténtica fiebre por la bicicleta. En otras ciudades, como Madrid, el coche sigue ganando la partida.
BARCELONA
Fiebre por la bicicleta
Hace mucho tiempo que los barceloneses han abrazado la bicicleta con entusiasmo. Pero el punto álgido de esa relación ha tenido lugar este año, con la puesta en marcha del bicing, un sistema de transporte público en bicicleta que ya ha seducido a 97.000 ciudadanos. Una avalancha de ciclistas que pronto causó algunos efectos no deseados. Los ciclistas, sobre todo los menos experimentados, invadieron las aceras y los carriles destinados a taxis y autobuses y el Ayuntamiento se vio obligado a endurecer la normativa vigente para poner orden. La nueva ordenanza entró en vigor a mediados de septiembre y ya han caído las primeras multas.
La normativa marca por primera vez la obligatoriedad de circular con timbre, luces reglamentarias y elementos reflectantes en las bicicletas. Y prohíbe estacionar junto a farolas, árboles o semáforos. Fue el fin de los privilegios de un colectivo hasta entonces casi invisible para la Guardia Urbana.
En sólo unos meses el bicing ha revolucionado una ciudad tradicionalmente volcada en este transporte. Por 24 euros anuales el usuario tiene la posibilidad de coger una bicicleta de las 150 estaciones repartidas por la ciudad, cifra que llegará a 200 antes de que finalice el año.
Barcelona soporta unos 70.000 desplazamientos en bicicleta diarios, según datos del Ayuntamiento. El consistorio trabaja ahora a marchas forzadas para habilitar carriles bici. Hoy estas vías suman 130 kilómetros sólo en la ciudad y está previsto que la cifra aumente a 150 antes de que acabe el año.
MADRID
El coche manda
"Cuando vas en bici, tienes la impresión de que todo el mundo te odia". A Tamara El Khouri, estudiante libanesa de 25 años, moverse en bicicleta por el centro de Madrid le resulta una odisea. Por la acera los peatones "te miran mal" y en la carretera, "ir entre los coches es un riesgo". Pero no se rinde. La usa para ir a clase casi todos los días. Madrid tiene 166 kilómetros de carril bici, de acuerdo con datos municipales, de los que 60 están en el anillo verde ciclista que rodea la ciudad. El resto "son tramos inconexos", denuncia Iñaki Díaz, portavoz de Pedalibre, una asociación con 200 miembros que reivindica este método de transporte como un sistema habitual.
El Ayuntamiento admite que no existen vías especiales para circular con dos ruedas más allá de estos carriles. Tampoco dispone de datos de usuarios, aunque el Observatorio de Movilidad Metropolitana estima que el 0,5% de desplazamientos diarios, unos 42.000, se hacen mediante este sistema. La Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid prohíbe a los ciclistas circular por aceras y zonas peatonales que no estén habilitadas, a pesar de que la ciudad no ofrece muchas alternativas.
También establece que deben estacionar en espacios reservados, aunque el portavoz de Pedalibre asegura que "son casi inexistentes". A pesar de todo, no se tramitan muchas multas.
No existe ningún sistema de transporte público en bicicleta de iniciativa municipal. En Pedalibre, defienden esta forma de ir de un sitio a otro de la ciudad que "no depende de horarios y te permite hacer el trayecto de puerta a puerta".
SANTIAGO
Sin carriles bici
El grueso de los ciclistas que transitan por la ciudad son peregrinos, muchos de ellos catalanes, que vienen con sus, tantas veces, lujosísimas bicicletas de montaña. Ahora el Ayuntamiento, mientras anuncia una serie de medidas para potenciar el transporte ecológico de las dos ruedas, estudia la posibilidad de restringir el tráfico de velocípedos en el casco histórico, una medida que podría afectar a los peregrinos, que tradicionalmente han llegado hasta las puertas de la catedral en sus vehículos.
En Santiago no hay carriles bici. A pesar de que el gobierno local anunció hace cuatro años que se crearía uno que uniría todas las zonas verdes de la ciudad, a lo largo de siete kilómetros, hoy, el mismo Ayuntamiento reconoce que "es muy difícil" crear vías para ciclistas en un trazado urbano de calles tan estrechas. Sin embargo, después del programa piloto de la Universidade de Santiago de Compostela, que prestó a sus estudiantes entre el 10 de abril y el 30 de junio un centenar de bicis, y otra experiencia de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, que promueve (sin mucho éxito) el uso de la bicicleta entre sus funcionarios, el Ayuntamiento se ha sumado a la causa. Actualmente, busca entre las tiendas de estas monturas que existen en la ciudad un buen precio para adquirir 100 que serán alquiladas a los ciudadanos por el simbólico precio de seis euros al año. Además, prepara una ordenanza municipal para prohibir el tránsito por las aceras y obligar a las bicicletas a circular por el asfalto.
En una ciudad pequeña y accesible como Santiago (mucho más que Vigo o A Coruña), el empuje de los estudiantes y las iniciativas públicas ha incrementado significativamente, en los dos últimos años, el número de usuarios cotidianos, aunque todavía siguen siendo pocos y, prácticamente, todos ellos se conocen de verse pedaleando por la calle.
VALENCIA
Una red por conectar
Buen tiempo, temperaturas suaves la mayor parte del año y un casco urbano casi llano. Valencia reúne condiciones idóneas para el uso de la bicicleta como transporte urbano, pero la ciudad está lejos de agotar ese potencial. Y no es por falta de carriles bici, porque la red abarca 75,5 kilómetros y hay planes de ampliarla. "El problema es que son tramos inconexos, que se interrumpen de repente. No hay coherencia en la red", critica Fernando Mafé, miembro de Valencia en Bici.
Valencia fue de las primeras ciudades españolas en estrenar una vía exclusiva para ciclistas, a principios de la década de 1980, pero la red se estancó durante años y ha crecido finalmente a retazos, sin un plan específico. Así ha surgido un conjunto de carriles muy heterogéneo, de materiales diversos, unos en aceras y otros en la calzada junto a los vehículos, algunos más estrechos que otros. Los usuarios, además, se quejan de que una buena parte de los tramos desemboca en el antiguo cauce del río Turia, convertido en jardín, lo que revela que están pensados para el ciclista de fin de semana o el deportista. A pesar de los inconvenientes, se calcula que 20.000 personas van rodando por la ciudad diariamente.
El Ayuntamiento, gobernado por el PP, presume de construir carriles "seguros, siempre separados del tráfico", y del imparable crecimiento de la red, aunque algún tramo de los más nuevos, como el de la avenida del Puerto que lleva a la dársena de la Copa del América, se incorporará a la reforma de esta vía tras varias protestas ciudadanas. Fuentes municipales alegan que "la extensa red está poco utilizada para las dimensiones que tiene". El Consistorio admite el problema y promete ahora dar prioridad a la conexión de la deslavazada trama de carriles. En la fase final de planificación están las primeras zonas de velocidad 30 en los distritos del centro, y en estudio un servicio de alquiler de 700 bicicletas en 50 puntos a precios asequibles. Aunque la alcaldesa, Rita Barberá, lo anunció en enero de 2006, sigue pendiente de adjudicación.
BILBAO
Nueva ordenanza para la bici
Bilbao dispone ahora de 13,2 kilómetros de carriles bici, y la próxima semana aprobará un plan para que en un año y medio se alcancen los 45 kilómetros. Apenas dispone de áreas pacificadas para dar preferencia a las bicicletas sobre los otros vehículos: no llegan a media docena de tramos en la zona más céntrica. El consistorio realizó en octubre un recuento en las zonas por donde ahora hay carriles bici y concluyó que en dos puntos concretos hubo un tránsito total al día de entre 560 y 684 bicicletas.
Ahora no existe una ordenanza municipal específica para este transporte. La semana que viene el pleno municipal aprobará una normativa en la que se regula el uso de los carriles bici (bidegorris en el País Vasco), con especificaciones de los lugares por donde se puede circular y aparcar. Además, por vez primera fija la posibilidad de que en ellos transiten también patinadores y sillas eléctricas de minusválidos. Se prohíbe el paso de peatones o personas que realicen footing. La ordenanza, que entraría en vigor en diciembre, no establece sanciones en caso de incumplimientos.
La capital vizcaína ofrece además 197 bicicletas mediante un préstamo gratuito en 10 puntos diferentes de la ciudad. Este año, desde que se inició el servicio el pasado 4 de mayo, se han realizado 19.000 préstamos.
SEVILLA
Servicio público en expansión
La red urbana de carriles bici de Sevilla tiene ocho itinerarios radiales que cruzan la ciudad. El proyecto básico abarca 77 kilómetros, de los que ya están en funcionamiento el 65% (52 kilómetros). El gran impulso al uso de la bicicleta en la capital empezó a fraguarse en el anterior mandato municipal y es una de las prioridades del actual. La reciente peatonalización de las principales arterias del caso histórico, por las que sólo se puede circular a pie o en bicicleta, ha sido el espaldarazo definitivo para impulsar este transporte, que según un estudio municipal de julio, es usado por 23.000 personas en día laborable.
El servicio público de alquiler de bicicletas, Sevici, empezó a funcionar el pasado verano y a finales de octubre, cuando se realizó el último balance, ya había sido utilizado por 6.595 personas. De ellas, 2.100 son abonados de larga duración, que pagan una cuota de 10 euros al año para poder utilizar las bicicletas siempre que quieran. 1.100 personas emplean este servicio de alquiler cada día. Actualmente, hay abiertas 600 estaciones y otras tantas bicicletas disponibles, pero los planes municipales pasan por que antes de que acabe el año haya 150 estaciones operativas y 1.500 bicicletas en circulación.
* Información elaborada por Pilar Álvarez (Madrid), Jaume Bauzà (Barcelona), Silvia R. Pontevedra (Santiago), Reyes Rincón (Sevilla), Sara Velert (Valencia) y Alberto Uriona (Bilbao).
* ELPAIS.com - Barcelona - 02/12/2007
Foto: Una ciclista junto a la Sagrada Familia- VICENS GIMÉNEZ (El País)
Un millar de municipios españoles, el 13%, concentra el 80% de la población
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ELMUNDO* : En España somos más de 44 millones de personas para un territorio cuyas dimensiones cualquier escolar conoce, 504.782 kilómetros cuadrados. Pero un 80% de la población vive apelotonada en apenas un millar de municipios, que ocupan el 20% de la superficie del Estado y en la que se levantan 16 millones de casas. Son datos oficiales recogidos en el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España 2006, presentado por la ministra de Vivienda Carme Chacón, cuyo ministerio financia la publicación.
Que a los españoles les gusta vivir pegados unos a otros lo certifica otro dato y es que 4 de cada cinco españoles vive en ciudades, es decir, que la mayoría habita en superficies con densidad de población es de 350 habitantes y 160 viviendas por kilómetro cuadrado cuando la media estatal es de 88 habitantes y 40 casas por kilómetro cuadrado.
En los últimos años, las ciudades se han redimensionado. Murcia, por ejemplo, en el periodo 1987-2000 –últimas cifras disponibles– creció un 78,51%, Alicante/Elche lo hizo un 67,76% y Madrid un 49,39%. En ese mismo espacio de tiempo, 16 municipios del Área Metropolitana de Madrid duplicaron su tamaño.
En el Área Metropolitana de Madrid, una sola empresa posee parcelas que ocupan más de 11 millones de metros cuadrados. Las 10 mayores promotoras acumulan 23 millones de metros cuadrados.
Propiedad del suelo
"¿Esto es bueno o malo?", se planteaba durante la presentación del estudio la ministra Chacón. Lo es en la medida de que el crecimiento urbano se desarrolle "en beneficio de todos y no sólo de unos pocos", señala. Pero eso no está en sus manos. En áreas urbanas como Madrid, Murcia, Cádiz o Málaga, unas pocas empresas y particulares concentran la propiedad de gran parte del suelo construible. En la capital murciana, por ejemplo, una sola persona es dueño de 4,6 millones de m² en 5 fincas urbanas.
En la costa las empresas mandan. Son las principales titulares de suelo no edificado en áreas urbanas costeras, destacando la Costa del Sol, donde poseen más del 70% de esta superficie. También son los mayores propietarios del suelo urbano libre en Gran Canaria Sur, Tenerife Sur, Roquetas de Mar, Cartagena, Sagunto Bahía de Algeciras o Sanlúcar de Barrameda.
El Atlas Estadístico 2006 destaca en la provincia de Málaga, diez empresas concentran 24 millones de metros cuadrados y en las zonas urbanas de Madrid, donde las administraciones públicas son titulares de la mayoría de la superficie edificable, diez empresas acumulan 23,6 millones de m² y uno de ellos es titular de 166 parcelas de suelo urbano que ocupan casi 6 millones de metros y 61 parcelas de suelo rústico que cinco millones de metros.
Finalmente, el estudio presenta un dato que contradice la tendencia a pensar que en España la movilidad espacial es limitada. Más de la mitad de la población española asegura que ha migrado en algún momento de su vida y se encuentra residiendo en un municipio distinto al que nació.
* El Mundo - Su Vivienda - Jose F. Leal - 29/11/2007
Foto: Las Administraciones Públicas son las principales propietarias de suelo en el Área Urbana de Madrid / Bernabé Cordón (El Mundo)
Aciertos y fracasos del urbanismo madrileño
20MINUTOS* : Obras interminables, vecinos que sufren insoportables niveles de dióxido de nitrógeno y planes urbanísticos que multiplicarán la población de tranquilas zonas rurales. Estas son "las iniciativas urbanas más perversas de 2007", recogidas por la Fundación para el Progreso de Madrid en su Catálogo de Buenas Prácticas y Guía de Horrores Urbanos. Este año, las obras del intercambiador de la Puerta de Sol se llevan el 'primer premio'.
El centenar de arquitectos y expertos en urbanismo que forma parte de la fundación ha votado esta actuación como "la más horrorosa". La razón es que la plaza lleva levantada desde 2003 y seguirá así "quizás hasta 2009, lo que dice muy poco de la eficacia de Fomento y mucho del desprecio político a la ciudad".
En la otra cara de la moneda están las actuaciones que han "traido modernidad, dinamizado la economía y conservado la memoria histórica". Los ejemplos a seguir en futuros proyectos, según la Fundación, son el Campus de Justicia, por su "funcionalidad"; el cierre al tráfico de la Casa de Campo, "por su beneficio ambiental"; y el Monumento del 11-M, porque "mantiene el recuerdo".
Los chirimbolos publicitarios, muy criticados en los últimos días, no entran en la clasificación porque se colocaron poco después de finalizar el listado. Sin embargo, el presidente de la Fundación, Francisco Herrera, está convencido de que entrarán en la lista del próximo año: "Los debe haber ideado algún enemigo de la ciudad". Herrera también se pronunció sobre el traslado del Ayuntamiento al Palacio de Telecomunicaciones ("Madrid ha perdido una de sus señas de identidad, la Casa de la Villa era una sede única en Europa") y sobre el proyecto del Eje Prado-Recoletos ("Se ha perdido una oportunidad única de peatonalizar toda la zona").
* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 27.11.2007
Foto: Madrid, obras intercambiador Sol - 20minutos.es
Una lacra favorecida por el sistema
ENRIQUE CLEMENTE* : La corrupción urbanística se extiende por España como una mancha de aceite. Un estudio de hace unos meses de la Fundación Alternativas contabilizaba casi 400 municipios en los que se denunciaron irregularidades entre el 2000 y el 2006. Desde entonces se han incrementado exponencialmente. Andalucía, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Madrid encabezan el ránking. La tipología va desde las recalificaciones de suelos no urbanizables a urbanizables a modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). La prestigiosa organización no gubernamental Transparency International, la más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, publicó un demoledor informe a comienzos de este año. Asegura que «el ámbito donde la corrupción es más elevada en España es el del nivel local de gobierno» y añade que «la calificación de suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción».
Nueve guías
Su autor, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Villoria, destaca que el propio sistema español está «generando situaciones de corrupción muy numerosas». Da nueve guías para entender el problema: 1) Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos; 2) La modificación de los planes es frecuente, solo en Mallorca los municipios los han cambiado 227 veces en los cuatro últimos años; 3) La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa; 4) Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones; 5) En España hay una enorme cantidad de dinero negro, que se refugia naturalmente en la construcción; 6) Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar su aparente escasez y la consiguiente subida de precios; 7) Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el sueño en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos; 8) Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a las elecciones para conseguir la concejalía de Urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan, en otras se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos; y 9) La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna.
En opinión de Villoria, «el problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos». Y concluye: «Ese es el principal cáncer y aquel donde el nuevo Gobierno deberá demostrar su verdadera voluntad moralizadora». Es cierto que, ante la falta de recursos propios suficientes, los Ayuntamientos no renuncian a financiarse mediante pelotazos. Tampoco los partidos políticos. Pero también lo es que ciudadanos particulares obtienen pingües beneficios con una facilidad pasmosa y el caso paradigmático de Roca lo confirma.
Y no solo ese. Un ejemplo: en Ciempozuelos fueron detenidos hace un año su entonces alcalde, Pedro Antonio Torrejón, y Joaquín Tejero, que lo fue entre 1991 y 1995, por el presunto cobro de una comisión de 40 millones de euros por favorecer a los intereses de una inmobiliaria. Ambos tenían una cuenta de un millón de euros en Andorra.
86 procesados en Marbella
Marbella es el caso más emblemático de corrupción urbanística, que debería ser ejemplarizador. Hay 86 procesados, 40 cargos municipales implicados, entre ellos dos ex alcaldes (Julián Muñoz y Marisol Yagüe) y el todopoderoso ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca. Un nuevo dato resulta cuando menos inquietante: el nuevo juez del caso, Óscar Pérez , ha criticado duramente la instrucción de su antecesor, Miguel Ángel Torres, y ha corregido algunas de sus decisiones, por ejemplo ha devuelto la fianza a Isabel Pantoja y ha dejado en libertad bajo fianza a Pedro Román. Si el caso no acaba con duras condenas, ajustadas a derecho claro está, sería una señal nefasta para los corruptos.
Porque el «efecto Marbella» se ha propagado por Andalucía, sobre todo por localidades costeras y del interior de Málaga, pero también por otra provincia, Cádiz, donde edificaciones ilegales sirven para blanquear dinero del narcotráfico. Uno de cada cinco alcaldes de la provincia de Málaga fueron denunciados por delitos urbanísticos en el 2006. Repasar la lista de los alcaldes, concejales y empresarios condenados o imputados muestra la gravedad del problema.
* La Voz de Galicia - 30/11/2007
Barcelona: Más de 200.000 personas se manifiestan contra el caos ferroviario y en defensa de las infraestructuras
EFE* : Las fuerzas de seguridad han cifrado en 200.000 personas la participación en la manifestación que se ha celebrado hoy en Barcelona contra el caos ferroviario y en defensa de las infraestructuras catalanas, mientras que los organizadores la han elevado a, "como mínimo, 700.000".
La sala conjunta de mando encargada de supervisar la manifestación, integrada por los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y el Cuerpo Nacional de Policía, ha informado también de que hasta el momento no se ha producido ningún incidente en el transcurso de la marcha.
'Somos una nación'
La manifestación comenzó poco después de las cinco de la tarde en la Plaza de Cataluña y ha concluido en la estación de Francia de Barcelona.
La manifestación, convocada por la Plataforma Derecho a Decidir (PDD), se ha celebrado bajo el lema Somos una nación y decimos basta. Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras.
La marcha contaba con el apoyo de más de 150 entidades de diversa índole de la sociedad civil catalana y también de coaliciones partidos y formaciones políticas como CiU, ERC e ICV-EUiA, mientras que el PSC, el PP y Ciutadans han declinado participar en la misma.
* El Periódico - 1/12/2007
Foto: Parte de la multitudinaria manifestación celebrasda esta tarde en el centro de Barcelona - EFE / TONI GARRIGA
NOTICIA RELACIONADA : Cercanías de Barcelona vuelve a la normalidad tras 42 días con 3 líneas cortadas - El Periódico 1/12/2007
El juez pide al edil de urbanismo de Oropesa escrituras de su patrimonio
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ELPAÍS/Castellón* : El titular del juzgado número 2 de Castellón requirió ayer al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat, del PP, para que presente las escrituras de su patrimonio. La petición del juez forma parte de las diligencias que se instruyen en la investigación de un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del programa urbanístico conocido como Les Amplàries, en la zona de expansión de Marina d'Or. El edil, que ayer compareció como imputado ante el juez, admitió compartir la titularidad de un local con el propietario del grupo Marina d'Or, Jesús Ger.
También reconoció que entre su patrimonio figuran otros cinco locales en este complejo y aseguró que el origen del dinero con el que adquirió todos estos inmuebles procede de una herencia y de la venta de unos terrenos.
Fabregat fue interrogado sobre unas parcelas que adquirió en 2000, tres años antes de ser elegido edil, por algo más de 75.000 euros y que meses antes de las elecciones vendió por 567.905 euros al mismo grupo Marina d'Or. Pese a que la operación de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción pública no se realizó hasta mayo de 2003. Fabregat y su esposa recibieron parte de la cantidad estipulada en dinero, mientras que el pago de otra parte quedó aplazado hasta la transmisión de un apartamento en un edificio que entonces tenía el grupo inmobiliario en construcción. En su día, el concejal ya admitió la alta rentabilidad de la operación aunque sostuvo que "el precio lo marca el mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho", pese a que se trata de fincas rústicas.
La compra de una de esas pequeñas parcelas, que fueron agrupadas para su posterior venta, desencadenó un litigio judicial sobre la titularidad, y el edil fue llamado a declarar, en calidad de testigo, en la instrucción de otras diligencias. En su declaración ante el juez, en julio de 2003, dijo haber pagado parte de la finca con dinero negro.
Pese a la vinculación del concejal con el grupo Marina d'Or, participó en la aprobación del programa de desarrollo urbanístico. Durante la tramitación, un técnico de la Generalitat admitió haber recibido "instrucciones" para minimizar las "pegas" del PAI. Además, el proyecto recibió el dictamen desfavorable de la comisión técnica de Urbanismo pero, finalmente, fue el propio director general de Urbanismo de la Generalitat valenciana, Pedro Grimalt, quien firmó la aprobación.
Ayer, en su declaración ante el juez, el concejal de Urbanismo alegó que la aprobación del PAI Les Amplàries se llevó a cabo por la existencia de los informes favorables de la secretaria y el arquitecto municipales, que también están imputados por los mismos delitos. El programa salió adelante pese a que estaba supeditado a un "informe favorable" de Costas. Aunque los dos dictámenes de este departamento fueron negativos, los técnicos optaron por considerar que la intervención de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente no era vinculante, tal como esgrimía un informe presentado por el propio grupo Marina d'Or.
Junto a Fabregat, el juez tomó declaración ayer otros dos imputados, los ex concejales José Manuel Miralles y Jorge Garrido, que también votaron favorablemente para la aprobación del PAI. Ambos alegaron que ellos únicamente siguieron las directrices del grupo y justificaron su decisión en los informes favorables de los técnicos, tal como hizo el pasado día 15 el alcalde de la localidad, Rafael Albert, que también declaró ante el juez en calidad de imputado.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 01/12/2007
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), urbanización Marina D'Or - C.Francesc (El País)
La Guardia Civil detiene a un ex concejal y a un empresario por la trama de Totana
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LASPROVINCIAS/Murcia* : El número de personas detenidas en la operación Tótem sobre presuntas irregularidades en la recalificación de terrenos en la localidad murciana de Totana a cambio de comisiones ascendió ayer a 12, aunque dos quedaron en libertad. La Guardia Civil arrestó ayer a dos empresarios, uno de ellos ex concejal del PP, que fueron trasladados a dependencias de la Benemérita en la capital de la región.
Uno de los detenidos es Juan Francisco Casanova, ex concejal de Agricultura, Ganadería y Caminos del ayuntamiento de Totana con el ex alcalde Juan Morales, quien también es investigado por esta trama. Además, es socio de Pedro Martínez, hostelero de la localidad murciana, y que fue arrestado el jueves por los mismos hechos. El otro empresario es Diego Carrión que, a primeras horas de la tarde de ayer, quedaba en libertad.
Poco antes de las dos de la tarde, también era puesto en libertad el jefe de la Policía Local de Totana, Alfonso Canales, quien pasó la noche detenido en la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia en compañía del alcalde del municipio del PP, José Martínez Andreo; de la secretaria del ayuntamiento, Laura Bastida; y el empresario Pedro Martínez. Se da la circunstancia de que el mando policial no ha prestado declaración ante la juez que instruye la causa, pero sí lo ha hecho ante miembros del instituto armado que consideraron que la puesta en libertad del jefe policial no supone riesgos para la investigación.
La magistrada Asunción Navarro, titular del juzgado de Instrucción número 1 de Totana, reinició ayer la toma de declaraciones a los dos detenidos que no pudieron testificar el jueves.
Tras la petición de penas que realice el representante del Ministerio Público, Asunción Navarro deliberará y dará a conocer la situación en la que quedan los seis detenidos, una decisión que, previsiblemente no se conocerá hasta hoy. Los cuatro arrestados el jueves es previsible que pasen a disposición judicial mañana. Entretanto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia abrió actuaciones para determinar si ha existido "indefensión" por parte del diputado del PP y ex alcalde de Sotana, Juan Morales, a quien se le ha retirado el pasaporte e incautado su ordenador. Morales sostiene que se han vulnerado sus derechos como ciudadano y como aforado.
Desde el Gobierno de Murcia, el consejero de Presidencia y portavoz, Juan Antonio de Heras, señaló que la "situación en el ayuntamiento es ciertamente preocupante, la detención de un alcalde siempre lo es, el gobierno está preocupado y lo estaría exactamente igual independientemente del signo político".
* Las Provincias - 01.12.07 - TERESA BLANCO
Foto: Totana (Murcia), iglesia-ayuntamiento - totana.es
La UE abre una investigación en Murcia por el urbanismo salvaje en sus costas
ELECONOMISTA* : Primero fue la Comunidad Valenciana. Luego vino Andalucía y después Madrid. Ahora le toca el turno a Murcia. La Unión Europea (UE) ha abierto una investigación por el urbanismo incontrolado en la costa murciana. La Comisión Europea estudia la posibilidad de imponer una moratoria urbanística en la región y podría abrir expediente de infracción a España por atentar contra directivas de Medio Ambiente.
La investigación se inicia a mediados de septiembre por la información que un particular, Diego de Ramón, abogado de la región murciana, envía al Parlamento Europeo.
El pasado 6 de agosto la Comisión de Peticiones decidió admitir a trámite la denuncia por los indicios que apuntaban hacia un overbooking urbanístico en Murcia. Una vez admitida a trámite, el Parlamento pasó el dossier a la Comisión Europea (CE), que ha decidido abrir una investigación, ante la gravedad de los hechos denunciados.
En estos momentos, la CE ultima sus conclusiones. Una vez finalizada la investigación, Bruselas puede abrir un expediente por infracción de dos directivas europeas sobre Medio Ambiente. Esto, en la práctica, supondría que Bruselas denunciará a España por los excesos cometidos en materia urbanística en las zonas investigadas.
Posible modificación
Según ha confirmado a elEconomista un portavoz oficial de la Comisión Europea, "en este caso empezaría otro procedimiento que podría acabar en una petición vinculante a España para que modifique su legislación y sea acorde a la europea. Pero eso es un proceso muy largo y, en cualquier caso, poco probable", explica.
No es la primera vez que la UE pone su lupa en el urbanismo salvaje español. El Parlamento Europeo, a través de una Resolución del pasado 21 de junio, ya sacó los colores a las regiones de Valencia, Andalucía y Madrid por el urbanismo incontrolado. En aquel caso, denunció formalmente la normativa urbanística española, y en particular, la valenciana: "El Parlamento expresa su más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de constructoras y promotoras inmobiliarias que no responden a las necesidades de las ciudades", que "son insostenibles en el plano medioambiental", alertó.
Posible nuevo "tirón de orejas"
No obstante, se quedó en una simple condena, ya que las conclusiones del Parlamento no son vinculantes. Ahora, con Murcia, el Parlamento puede volver a abroncar a España.
De entrada, y al margen de lo que dictamine la Comisión Europea, el Parlamento, a través de la Comisión de Peticiones, agrupará todas las reclamaciones que ya obran en su poder sobre especulación urbanística. Asimismo, ofrecerá a la opinión pública española un informe con las recomendaciones para evitar otro boom informativo, como el que sacudió la Costa Valenciana este verano.
La investigación abierta por Bruselas analizará si realmente existe un overbooking urbanístico en la región murciana. La comunidad autónoma con una población que apenas supera el millón de habitantes (1.200.000) tiene proyectadas más de 300.000 viviendas.
Alteración del equilibrio natural
Este aumento podría derivar en una concentración de población en un territorio que apenas ocupa una decena de kilómetros de la costa mediterránea, lo que alteraría el equilibrio natural.
Como es lógico, estudia cómo afectaría este desarrollo a la contaminación del Mar Mediterráneo, verdadera prioridad en la sede comunitaria.
Moratoria urbanística urgente
Por ello, la denuncia de Diego de Ramón exige una moratoria urbanística que permitirá a los dirigentes de la zona estudiar lo proyectado y lo ya ejecutado y luego decidir la mejor solución para el desarrollo sostenible de la región.
En concreto, el denunciante pide "la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico del Levante murciano y Costa del Mediterráneo".
También exige la tutela del Tribunal de Cuentas Europeo para "fiscalizar las ayudas europeas que no sirvan para fomentar la construcción sin control y rompedora del equilibrio europeo y medioambiental por las rápidas especulaciones, cometiendo corrupciones impropias de la Unión Europea".
Asimismo considera necesaria la intervención del Banco de España, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones "para que no fomenten las infraestructuras de comunicación, autovías, autopistas, aeropuertos y puertos a través de ayudas europeas". Asimismo, considera necesarias auditorías.
* El Economista - Alejandra Ramón / Gustavo Granero - 30/11/2007
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006
Movilización y movilidad
JULIÁN HERNÁNDEZ* : No sé en que localidad viven los/as avispados/as lectores/as que leen este periódico, pero es para este humilde redactor un honor y un placer comunicarles que, en el Concello de Vigo, existe la Concellería de Movilidade. O sea, que hay un concejal responsable de la movilidad de alguien. No, no es responsable del Movimiento ni gasta camisa azul (esa que tú bordaste en rojo ayer): es de Movilidade. No se ocupa -hasta donde uno cree entender- de los casi inexistentes accesos para discapacitados. Se ocupa -¡tachán!- de los atascos, de la movilidad de máquinas de matar con ruedas, vaya. Y como el movimiento se demuestra andando, el concejal se presenta, raudo y veloz, en los colapsos circulatorios para levantar acta por las toneladas de petróleo quemadas con los motores de los coches al ralentí.
¿La movilidad es una categoría del espíritu, una facultad del alma? ¿Nos movemos o no nos movemos? Si Heráclito y Parménides levantaran la cabeza, protestarían por el atasco que les impide llegar a tiempo a la presentación de sus últimos libros. El primero de ellos tenía razón: "No nos bañamos dos veces en el mismo río". Pero Parménides apuntaba algo más contemporáneo: "Vale, pero siempre estamos en el mismo atasco". Así, el "todo fluye" de Heráclito queda totalmente desmoronado por la propia existencia de una Concellería de Movilidade que existe para que, cuando las cosas se paralizan, llegue alguien que dice: "¡Hop, hop, vamos que nos vamos, que llegamos tarde!"
La alternativa al descomunal atasco perpetuo (¿algo que ver con el movimiento perpetuo?) es tirar por calles paralelas y alternativas. Error: también están atascadas. Vivimos en un país que goza de una autonomía administrativa con respecto a un Estado central, torero él, que tolera que gaitas y sardiñadas campen por sus respetos. (Por el monte van las sardinas, señor conductor). Agradecemos este gesto de emancipación copiando su esquema de muy arriba (un ministerio) a muy abajo (una concellería); y devolvemos el favor, desde muy abajo, al poder intermedio (una consellería). Somos tan enrollaos como el atasco monumental. Un rey para todos, cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Y, entre otras cosas, los coches para lo que están, para atascarse.
El transporte público es -ya lo dice la palabra- incapaz de transportar. Galicia se queda sin trenes (de cercanías, de lejanías, horizontales o verticales) y los carros de bueyes se atascan por las corredoiras alternativas que los romanos nos construyeron. El mugido, el bocinazo, el improperio y el "¡de Vigo tenías que ser!" son la banda sonora de la película.
Los zuecos (¿los suecos?) no valen para los tres pedales del coche. Y, como vivimos en un país en perpetua retención (y rendición), tenemos que convivir con los modelos que nuestros dirigentes y nuestros cerebros nos imponen: coche, hipoteca; hipoteca, coche. Galicia sueña con una independencia impensable y piensa en un sueño independiente. Es bien, es justo, es lo suyo. Para ello contamos con una Administración (otorgada desde fuera) que vela por nuestra movilidad. ¿No somos acaso una isla pegada por casualidad a un continente? Para estar (o ser de) aquí, de algún sitio tendremos que haber salido...
Sí: venimos del atasco, vamos hacia el atasco y tenemos concellerías de Movilidade. Ya lo decía Burning: "Mueve tus caderas cuando todo vaya mal". Y apostillaba Janis Joplin en su consultorio de Rompente Radio Esquimal: "¡Move over!"
(No, ya no nos movemos como antes. El twist terminó en la época del anterior jefe del Estado, ese que jamás se movió de su sitio, no fuera a ser que hubiera zancadillas por el atasco general o generalísimo. La movilidad del Movimiento era relativa: ponían los nombres de las víctimas nacionales en las paredes de las iglesias y dejaban las fosas comunes donde tenían que estar: en ninguna parte. Que es a donde va Galicia desde que se acopló al continente).
La movilidad necesita el atasco para justificarse; un sistema judicial necesita víctimas para existir; Batman necesita a Joker; Heráclito necesita a Parménides. Y todos necesitamos a Víctor Coyote quien, años ha, cantaba: "!Mejor sería hacer algo: ¡muévete!"
julian@discosdefreno.com
* ELPAIS.com - Opinión - Galicia - 29/11/2007
Los ayuntamientos ignoran la obligación legal de destinar el suelo público a construir VPO
LEVANTE-EMV/Valencia* : La mayoría de los ayuntamientos han incumplido la obligación legal de declarar el patrimonio municipal de suelo al registro autonómico creado por la Generalitat en 2004. Esta desidia municipal se ha extendido a la obligación legal de construir vivienda de protección oficial (VPO) en este mismo suelo público o, si el consistorio no tiene liquidez suficiente para construir, vender este suelo a los promotores para que sea la iniciativa privada la que construya las VPO.
Los últimos datos oficiales facilitados sobre el registro dan buena muestra del fracaso de esta medida: en marzo de 2006 sólo 57 municipios habían declarado al registro 447.606 metros cuadrados (m2) de suelo público disponible para construir viviendas de protección oficial. Otros 18 aún debían aportar más documentación. Y 195 consistorios directamente habían ignorado la obligación legal de declarar su patrimonio público de suelo ante el registro.
Ante este incumplimiento de la normativa legal [el registro ya aparecía en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y se perfeccionó en la Ley Urbanística Valencia (LUV)] la Conselleria de Vivienda va a reunir a los alcaldes afectados para «facilitarles las herramientas necesarias para sacar al mercado este suelo», según explicó ayer Maria Jesús Rodríguez, directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos. Rodríguez participó ayer en las jornadas organizadas por la Asociación Valenciana de Empresas de Producción Inmobiliaria y de Construcció (Aveic) que preside Adolfo Cámara.
La próxima semana se celebrará la primera reunión de la conselleria con los regidores de Alicante (la cita afecta a los municipios con más de 5.000 habitantes). Posteriormente se organizará una reunión similar en Valencia y en Castelló. Se trata de buscar el consenso y el acuerdo con los ayuntamientos porque «somos conscientes que algunos ayuntamientos carecen de medios y tienen voluntad pero no posibilidades de cumplir con esta obligación legal, por eso vamos a celebrar estas reuniones para impulsar la creación de suelo», explicaron ayer fuentes oficiales de la Conselleria de Vivienda.
El Consell persigue así agilizar la creación de suelo para la construcción de VPO e incentivar el interés de los promotores por este tipo de viviendas que no suele atraer excesivamente su atención. De hecho, la directora general de Vivienda también confirmó que el próximo mes de enero podría entrar en vigor la orden que aumentará el precio mínimo de VPO y que eliminará las zonas en las que se dividía la Comunitat Valenciana para fijar el valor del metro cuadrado.
Promotores «desentrenados»
Sobre este asunto, el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción(Fevec), Juan Eloy Durà, (a la que pertenece Aveic) pidió a la conselleria que incluya ciudades como Sagunt, Alzira, Ontinyent y Dénia en los ámbitos territoriales de precio máximo superior de VPO, para que les sea más rentable la construcción de este tipo de vivienda. «Es que estamos desentrenados en hacer VPO», admitió un promotor asistente durante el debate.
Con todo, la conselleria afronta el futuro con optimismo. Según la directora general de Vivienda actualmente existen reserva de suelo para construir 140.000 VPO en los próximos años: unas 33.924 previstas en planes aprobados desde 2004, otras 68.000 incluidas en los planes en tramitación y otras 40.000 en los conciertos previos presentados ante la conselleria.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto - 30 de noviembre de 2007
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
El ex alcalde de El Puerto también legalizó casas en suelo no urbanizable
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DIARIODECÁDIZ* : No sólo era el edil de Urbanismo de El Puerto de Santa María de la pasada legislatura, Juan Carlos Rodríguez (Independientes Portuenses), el que legalizaba de modo presuntamente irregular viviendas edificadas al margen del planeamiento vigente. También lo hizo el ex alcalde, Hernán Díaz, en la Alcaldía hasta julio de 2006, cuando tuvo que dejar el cargo inhabilitado por prevaricación.
Este periódico ha podido saber que de los 101 decretos de legalización que la ahora responsable de Urbanismo, Patricia Ybarra (PP), comunicó hace poco que habían detectado, se encuentran varios cuyo autor en realidad es Díaz. El ex regidor llegó incluso a firmar en un misma jornada hasta tres decretos de legalización. Son alrededor de 80 los rubricados por Rodríguez, y algo menos de 20 los que de su puño y letra firmó el ex regidor.
El ex alcalde decretaba la legalización de los inmuebles construidos en suelo no urbanizable según el plan vigente, amparándose en un futuro planeamiento que aún dista mucho de ser aprobado. Este periódico ha tenido acceso a uno de los decretos que rubricó Hernán Díaz, en el que el ex alcalde comunica que se accede a la legalización a la vista de los informes técnicos a favor emitidos. Esos documentos son obra del actual jefe de servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de El Puerto, el arquitecto Fernando Jiménez Fornell.
La mayoría de estos decretos rubricados por el ex primer edil portuense corresponden a 2005, el año en el que se detectaron mayor parte de irregularidades.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 30 de Noviembre de 2007
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Paralizada en Ourense la obra ilegal del presidente de los constructores
ELPAÍS* : El presidente de los constructores orensanos, Eligio Nieto, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a paralizar la construcción de un polígono de viviendas -que está en la fase inicial de los trabajos de urbanización- en una superficie de 46.495 metros cuadrados de la capital. Las obras se iniciaron al amparo del planeamiento urbanístico aprobado en su día por el PP.
El tribunal superior deja claro que la obra se está realizando en suelo no urbano y no consolidado, fuera de la malla urbana, ya que no cuenta con los servicios necesarios de abastecimiento, evacuación de aguas residuales y suministro de energía, por lo que, consecuentemente, anula el área de reparto aprobada por el Ayuntamiento del Partido Popular en la que está edificando el empresario Nieto. El proyecto de construcción de la obra declarada ilegal preveía una superficie construida de 400 viviendas.
La demanda contra el planeamiento en esta parcela fue interpuesta por los representantes de un concesionario de coches, cuyas instalaciones están en un solar anexo a estos terrenos.
La empresa demandante destacaba deficiencias del plan de ordenación y denunciaba la invasión de 1.057 metros cuadrados de su propiedad para la construcción de una rotonda. La sentencia señala que para la ejecución del planeamiento no constaba conformidad "de otras administraciones distintas del Ayuntamiento".
Además, alertaba de que era improcedente la calificación de suelo urbano no consolidado de la parcela del presidente de los constructores y que se vulneraban las normas de calidad urbana, "por no cumplir los viales de nueva apertura contemplados en los planos el ancho mínimo" y prever edificaciones un número de plantas "superior a la que corresponde al ancho de los viales". La sentencia pone de manifiesto que tanto el informe de la concesionaria municipal del servicio de agua, Aquagest, como el del técnico municipal revelan que la red de abastecimiento se encuentra en dos lugares próximos al perímetro del área de reparto, pero no en éste, y que el colector general está un poco más alejado. Destaca también que el informe del técnico municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística revela la inexistencia en el área de red de suministro eléctrico, aunque en el mismo se advierta que es posible su conexión a través de otras, "sin indicar la ubicación de éstas".
El alto tribunal gallego recoge en la sentencia que la acreditación presentada por la empresa de Nieto de que la obra se realiza en suelo urbano se basa en un acta notarial, "en la que el notario da fe de la autenticidad de unas fotografías". Pero advierte la sentencia que "no se aprecia con nitidez la realidad edificatoria de la zona" y que "tampoco reflejan la totalidad de las edificaciones existentes en toda la superficie del área".
El TSXG señala que, aunque el área de reparto sea colindante con la malla urbana, incumple la ley que restringe la edificabilidad a los terrenos que dispongan de urbanización básica "constituida ya no por unas vías perimetrales que no se cuestionan", sino también por unas "redes de servicios de las que puedan abastecerse los terrenos". No es suficiente, detalla el auto, con que los servicios urbanísticos se encuentren a pie de parcela "y tampoco la mera colindancia con el suelo urbano".
Ejemplarizante
La sentencia se suma a otras que se acumulan en las dependencias municipales anulando áreas de reparto del plan general, que aprobó en 2003 el gobierno municipal del PP. En cualquier caso, el actual grupo de gobierno encabezado por el PSdeG, que se ha opuesto a la redacción de un nuevo planeamiento y ha optado por ir modificando el actual, sostiene que reconducirá sin problemas el urbanismo orensano adaptándolo a la legalidad.
Consultada por este periódico, la concejala responsable de este departamento municipal, la socialista Áurea Soto, sostiene que el auto del alto tribunal gallego, lejos de generar un problema urbanístico, "es ejemplarizante, ya que antepone los intereses de sostenibilidad y del interés público" a los particulares. "Esta ciudad está gobernada tanto en lo complejo como en lo sencillo por primera vez en mucho tiempo", señala la edil.
En su opinión, la sentencia introduce seguridad jurídica en la ciudad "y evidencia un profundo conocimiento de la materia al negar la calificación de urbanos a suelos que están fuera de la malla urbana; es de agradecer el respeto por el desarrollo", destaca Soto. La concejala afirma que su grupo de gobierno reconducirá en lo posible situaciones como la generada con esta edificación, "respetando sentencias como ésta" pese a que, reconoce Soto, "el proceso está ya muy avanzado en el tiempo".
Entre las sentencias que se van emitiendo sobre denuncias del planeamiento urbanístico que dejó aprobado el PP figura una que anuló un área de 75.000 metros cuadrados, en el barrio de A Ponte. En este caso, el fallo judicial afectó a una urbanización de nuevas viviendas, dotaciones públicas, espacios verdes y un vial de acceso a la futura estación del AVE.
En aquella ocasión el TSXG había considerado que se incumplía la Ley del Suelo, al obligar a los dueños de una parcela de casi 5.000 metros cuadrados a cederla gratuitamente al promotor y a costear además las obras de un terreno destinado a equipamientos públicos, cuando la ley establece que es necesario expropiar y realizar un reparto equitativo de cargas y beneficios. Más recientemente, el tribunal anuló otra área del planeamiento, entre las calles Reza y Fleming, ya que se contemplaba la obtención de suelo para una plaza pública sin ir a expropiación. Este fallo tendrá un coste para las arcas municipales de entre 5 y 12 millones de euros.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 30/11/2007
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
