Operación Tótem: El Guadalentín marbellí

LAVERDAD/Murcia* : La Operación Tótem se extiende como la gangrena por el municipio de Totana desde el pasado lunes, cuando agentes de la Guardia Civil detuvieron a seis personas, tres de ellas en este municipio, en el transcurso de una investigación por el supuesto cobro de comisiones a cambio de la recalificación de unos terrenos. Desde entonces, la necrosis del tejido municipal y empresarial se ha propagado con la detención de seis personas más, entre ellas la de tres empresarios locales y la del alcalde, José Martínez Andreo. Hasta ahora, del total de 12 detenidos, ayer quedaban tres en los calabozos, entre ellos el alcalde.

De la recalificación de terrenos, los agentes de la Guardia Civil han pasado a investigar el pago de comisiones por la agilización de licencias de obras y la reventa de parcelas de suelo industrial público con pingües beneficios.

Pero la Operación Tótem no nació ayer. Según las fuentes municipales consultadas por La Verdad, todo empezó, o más bien se descarrió, el 27 de julio del año 2005. Ese día, el mismo que la comisión informativa de Urbanismo debía aprobar inicialmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Totana, el concejal de Urbanismo, Antonio Aliaga, presentaba su dimisión de forma inesperada alegando motivos personales.

20.000 viviendas

Según fuentes del PSOE e IU, la dimisión de Aliaga se debió en realidad a su resistencia a admitir las exigencias del alcalde, por entonces Juan Morales, sobre la gestión urbanística municipal.

Morales, tras la retirada de Aliaga, asumió directamente la supervisión de todas las decisiones urbanísticas, aunque formalmente repartió las competencias de Urbanismo entre sus dos principales colaboradores, Juan Carrión y José Martínez Andreo, quien, llegado el cambio de legislatura, heredó también el bastón de mando municipal y ahora es uno de los detenidos.

La actual operación judicial y policial que tiene en vilo a todo el municipio está relacionada con el boom urbanístico que vive desde hace años la Región y de la que Totana no se ha quedado al margen. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio, aprobado provisionalmente por la corporación con el único voto favorable del PP el 23 de enero de este año, llevaba consigo el desarrollo de 59 convenios urbanísticos para construir 35.000 nuevas viviendas. Los 59 convenios recibieron el visto bueno en el mismo Pleno que el Plan General de Ordenación Urbana y de su contenido sólo fue informada la oposición al día siguiente de su aprobación.

Uno de los convenios urbanísticos más importantes aprobados antes de que Juan Morales dejara la alcaldía es el que ha extendido las ramificaciones de la Operación Tótem a Galicia y Madrid.

Promovido por el Grupo Nuaria, el proyecto suponía la recalificación de más de dos millones de metros cuadrados en el paraje de El Raiguero para la construcción de 5.000 viviendas, tres hoteles y dos campos golf. El responsable de la promotora Nuaria, Manuel Núñez, y uno de sus directivos fueron detenidos en Nigrán (Pontevedra) el pasado lunes, además de otra persona en Las Rozas (Madrid), al parecer todas relacionadas con el pago de comisiones para lograr la recalificación.

En ese primer golpe a la trama de corrupción, también fueron arrestados en Totana José Antonio Alcántara, empleado de la asesoría de Juan Morales y de su ex mujer, María del Carmen Jordán, Joaquín Carmona, un supuesto intermediario, y el empresario Gabriel Martínez, gerente de Huevos Maryper y amigo personal del ex alcalde.

Los registros realizados permitieron a los investigadores hacerse con abundante documentación, de entre las que una fuente ha destacado la hallada en la caja de seguridad que la ex mujer de Morales poseía en una oficina de crédito en Totana.

Los siguientes pasos de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, guiados por las pruebas y documentos obtenidos, han ido ampliando la mancha de presunta corrupción.

El martes era detenida la compañera sentimental de Morales, una brasileña a la que se le acusa de blanqueo de dinero y de infringir la ley de extranjería, al tiempo que se encontraban en su domicilio más de 50.000 euros en metálico.

El jueves, tras un registro de once horas en el Ayuntamiento, era el mismo alcalde, José Martínez Andreo, el que acababa en el calabozo de la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, acompañado por la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida; el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales (liberado al día siguiente), y el empresario Pedro Martínez, con negocios en el polígono industrial.

Se estrecha el cerco

Uno de los focos de la investigación se ha centrado en los últimos días en el polígono industrial de El Saladar. En agosto del pasado año, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia abrió diligencias a raíz de una denuncia de IU por la reventa millonaria de una parcela precisamente a la empresa Maryper.

Proinvitosa, la sociedad pública que gestiona el polígono y cuyas oficinas han sido registradas, tiene derecho a recomprar a bajo precio las parcelas industriales no usadas para ponerlas a disposición de nuevos inversores, pero renunció a este privilegio y permitió que una empresa obtuviera pingües beneficios al vender su parcela a otra sociedad.

IU asegura que este no un caso aislado, y que el Ayuntamiento permitió durante la pasada legislatura especular con las parcelas de suelo industrial público en beneficio de intereses privados.

Dos nuevas detenciones ponían el viernes un borrón más sobre el nombre de la localidad que algunos empiezan ya a comparar con Marbella. Uno de los arrestados, Diego Carrión, nada tenía que ver con los casos de corrupción urbanística, sino con un expediente sancionador de tráfico, y era liberado horas después. El otro detenido, el empresario local Juan Francisco Casanova, con propiedades en el polígono El Saladar y concejal del PP en la primera legislatura en la que Juan Morales fue alcalde (1995-1999) refuerza aún más las conexiones de toda supuesta trama con el ex regidor municipal.

Morales, consciente de que se estrecha el cerco, sobre todo tras la retirada de su pasaporte y de un ordenador intervenidos en su domicilio, ha pedido amparo al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que se respete su condición de aforado como diputado del Parlamento autónomo.

A raíz de las revelaciones de la Operación Tótem, algunos en el PSOE e IU recuerdan estos días que «en la última campaña electoral el PP manejaba dinero a espuertas», y también las palabras que Ramón Luis Valcárcel le dedicó a Morales en un acto electoral en Totana, poco después de que éste consiguiera la condena por injurias de los concejales socialistas que le habían acusado de irregularidades urbanísticas: «No necesito que ningún juez me diga que Juan es una persona honrada. Yo lo sé».







* La Verdad - J. MOLLEJO - 3 diciembre 2007
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es