Vitoria: La juez imputa también por cohecho al ex director de Urbanismo en el caso Ibaiondo

ELCORREO* : Prevaricación urbanística, falsedad documental y ahora, también, cohecho. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, Susana Junquera, que investiga la denuncia interpuesta por el fiscal jefe contra Antón Sáenz de Santa María, ex director municipal de Urbanismo y 'mano derecha' del titular del área en el anterior gobierno del PP, Jorge Ibarrondo, por el caso del sobreprecio de los 24 chalés bioclimáticos tasados de Ibaiondo, ha decidido ampliar las imputaciones contra el funcionario.

Lo hizo ayer ante la sorpresa de la Fiscalía, las acusaciones particulares de PNV, EB y EA, y, sobre todo, de la defensa de Sáenz de Santa María.

En su primera declaración ante la magistrada, el anterior director de Urbanismo negó tajantemente la comisión de los dos presuntos delitos de los que le acusa el fiscal y también del cohecho -cobro de comisiones ilegales-. El funcionario aseguró no tener ninguna relación personal ni empresarial con Opacua, la constructora que levantó los polémicos chalés, y que finalmente cobró a los adjudicatarios -elegidos por sorteo- 315.000 euros por casa, 54.000 más del precio fijado por el pleno del Ayuntamiento.

La constructora justificó este fuerte incremento en los elementos bioclimáticos de los que dotó a los chalés -como placas solares o dispositivos de aprovechamiento de aguas pluviales-, que Fiscalía y acusaciones sostienen ya estaban incorporados al precio inicial establecido por el Consistorio. Y lo hizo tras recibir en julio de 2003 una nota informativa firmada por Santa María que estimaba en 54.000 euros el aumento a aplicar a cada vivienda por su especial equipamiento. El funcionario envió la nota apenas 24 horas después de que Opacua preguntara al Consistorio cuánto podía cobrar por cada vivienda.

El ex alto cargo de confianza del PP sostuvo ante la juez que la nota informativa era «una mera opinión, sin alcance jurídico». Agregó que no consultó previamente el contenido a su jefe, el entonces concejal Jorge Ibarrondo, al que sí envió copia. No hizo lo mismo «ni a la mesa de contratación, ni a ningún otro órgano municipal».

Entonces, ¿por qué la Agencia Municipal de Renovación Urbana, la sociedad encargada de gestionar los sorteos de pisos protegidos, elevó el precio de los chalés exactamente en esos 54.000 euros «compartiendo» el criterio del ex director? Santa María se limitó a hablar de «coincidencia», tras dejar claro que él «no participó en la Agencia» y que ésta, presidida por Ibarrondo, no le solicitó el informe.

Subvenciones

El siguiente paso de las averiguaciones judiciales irá dirigido a conocer cómo llegó la nota a la sociedad municipal, y quién y por qué le dio rango de oficialidad, lo que permitió a Opacua cobrar 54.000 euros más por chalé, lo que se avisó a los compradores antes de que escrituraran su vivienda. Para ello EB pedirá que declare Ana Aguirre, directora-gerente del organismo.

El testimonio de José Ignacio Urdiain, técnico jefe de la Unidad de Valoración, podría resultar clave para dar luz al caso, pero ha fallecido. Él fue quien emitió el informe en el que se tasaba el precio medio de cada chalé que fijó el pleno municipal. Sin embargo, el día en el que Opacua pidió aclaraciones al Ayuntamiento se encontraba de baja. Sáenz de Santa María declaró ayer que al estimar que su ausencia «iba a prolongarse» decidió elaborar él mismo la nota para «dar respuesta inmediata a la solicitud».

El ex alto cargo añadió que en ese escrito avisó a la constructora que el coste final de las casas «podría variar en función de las subvenciones y que éstas deberían servir para abaratar el precio final, no para quedárselas ella», como a su juicio se deduce de los anexos del acuerdo del pleno, que fijó el valor de cada chalé en torno a los 250.000 euros.

Y es que, Sáenz de Santa María justificó en todo momento la idoneidad de su actuación con el argumento de que el precio por casa acordado por el pleno municipal era «sin instalaciones bioclimáticas». «No debía de estar tan claro el pliego de condiciones cuando Opacua hizo una oferta de 1,7 millones (por quedarse con la promoción) y el otro ofertante, Sarkis, de 60.000 euros», zanjó.








* El Correo Digital - 17.11.07 - ADOLFO LORENTE
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)



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El fiscal acusa al alcalde y varios concejales de Orpesa por una denuncia urbanística

LEVANTE-EMV/Castelló* : La Fiscalía ha presentado acusación en el juzgado contra altos cargos del Ayuntamiento de Orpesa tras encontrar indicios de delito en una denuncia presentada por el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), que acusa al alcalde, Rafael Albert, y otros 9 concejales de prevaricación urbanística y «unas ilegalidades por valor de más de 40 millones de euros» en la venta de 200.000 metros cuadrados del paraje de la Renegà, según confirmaron fuentes de la Audiencia Provincial.

Dicha determinación, ratificada en un decreto firmado el 26 de septiembre de 2007, surge como resultado de las diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que tras varios meses de pesquisas ha confirmado la existencia de posibles delitos y ha decidido remitir una denuncia al juzgado. La denuncia original remitida por Gecen a la Fiscalía refleja la supuesta venta de terrenos municipales de la Renegà a un urbanizador privado al precio de entre 6 y 24 euros euros por metro cuadrado y en contra de los informes emitidos por la Intervención en noviembre de 2003.

El colectivo ecologista acusaba de delitos de prevaricación general y prevaricación urbanística a todos los ediles de Orpesa que (con la mayoría del PP y el GIO y un edil del PSPV) aprobaron los siguientes planes urbanísticos de la sierra de la Renegà: Torre Bellver, Ampliación de Torre Bellver, Torre Colomera, La Renegà, El Tossal Natural y la ampliación de El Balcó. El único edil del pleno que no votó a favor fue el portavoz del Bloc, Josep Lluis Romero.
La mencionada denuncia advierte que el gobierno local autorizó la venta de directa de terrenos pertenecientes al Patrimonio Público del Suelo a sabiendas de su «ilegalidad» . Además, la asociación recuerda que el artículo 404 del código penal indica que se castigará «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo» .

La denuncia de Gecen también recalca que esta operación supuso «unas ilegalidades por un valor monetario superior a 40 millones de euros (unos 6.666 millones de pesetas) procedentes de la venta de más de 200.000 metros cuadrados en las actuaciones urbanísticas citadas derivadas de los excesos de aprovechamiento urbanístico, cesiones del 10% de aprovechamiento y aprovechamiento de terrenos municipales» . A este respecto, el escrito que ha motivado la denuncia de la Fiscalía precisa que la venta de los mencionados terrenos (enmarcados dentro de los planes urbanísticos) «se adjudicó a la empresa sin subasta y sin justificación de valor al precio de 6 euros por metro cuadrado, (con un aprovechamiento de 24 euros el metro cuadrado) cuando el precio medio en el mercado roza los 200 euros y el precio después de urbanizar es de 600». Fuentes de la Audiencia precisaron que, al margen de las posibles acusaciones contra miembros de la corporación, la Fiscalía podría pedir que se investigue si hubo responsabilidades por parte de algún responsable técnico que también aprobó la operación.






* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 17 de noviembre de 2007
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com



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El juez imputa a quince personas más en el caso de la 'Ciudad del Golf' de Las Navas (Ávila)

ELPAÍS* : El juzgado de Ávila que instruye el caso por la aprobación de la ciudad del Golf -una urbanización de 1.600 chalés, hotel y cuatro campos de golf, en un pinar de Ávila especialmente protegido- ha ampliado drásticamente el número de imputados. Tras declarar por la presunta corrupción en la aprobación el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, el secretario municipal, el director de Medio Natural de la Junta, Mariano Torre, y el ex presidente de la Diputación, Félix San Segundo, el juez ha aceptado la petición de la asociación ecologista Centaurea y llama a declarar a ocho miembros de la comisión territorial de urbanismo, al promotor del complejo, Francisco Gómez, alias El Paloma, y a seis técnicos que avalaron la recalificación.

En un auto fechado el 12 de noviembre, el juez llama a declarar a todos los miembros de la comisión de urbanismo "vista la existencia de acuerdos adoptados por unanimidad tendentes a conseguir la urbanización en suelo especialmente protegido desde la perspectiva de los delitos relativos a la ordenación del territorio". La comisión aprobó la recalificación de un pinar especialmente protegido que incluye una parte considerada área crítica para la cigüeña negra, una especie en extinción. El plan le permitía a la empresa la tala de más de 35.000 pinos maduros. Un vecino molesto porque a él no le recalificaron el suelo recurrió y en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la urbanización. Ahora, como en Marbella, el juez trata de dirimir si hubo prevaricación.

Años antes de iniciar la urbanización, el ayuntamiento, la Junta y la diputación, del PP, habían pactado por escrito con el promotor que le recalificarían el pinar. El alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, pactó en 1999 con el Banco Santander, propietario de Unión Resinera, la compra de 7.000 hectáreas de monte del pueblo por nueve millones de euros que saldrían de una recalificación de 95 hectáreas de pinar para hacer una urbanización. Para el banco no era garantía suficiente, ya que la Junta podría frenar la urbanización. Así que ésta entró en la operación.

La Consejería de Medio Ambiente entró con el 20% de la sociedad pública Montes de las Navas, SA. El Ayuntamiento se quedó con el 70% y la Diputación, el 10%. En 2001 buscaron un promotor para edificar el pinar. Según un consejo de administración, contactaron entonces con la empresa Residencial Aguas Nuevas, del promotor alicantino Francisco Gómez, alias El Paloma, también presidente de varios equipos de fútbol. Entonces la empres ya firmó "su intención de adquirir 95 hectáreas de pinar por 9,157 millones de euros".

El pinar salió a subasta y se lo quedó la empresa que diseñó la urbanización. El solar era ya de 215 hectáreas (de las cuales el municipio sólo había recalificadas la mitad). Era más del doble del terreno pactado inicialmente pero or prácticamente el mismo precio. Era febrero de 2002 y en julio, al firmar la escritura, la constructora introdujo una cláusula por la cual, si el terreno no estaba recalificado en dos años, la empresa pública le indemnizaría.

Sólo el Tribunal Superior de Castilla y León, contra todo pronóstico, anuló la urbanización para proteger el medio ambiente, ya que consideró que la Junta vulneró su propia normativa de protección de la cigüeña negra. La sentencia no impidió que El Paloma talase unos 3.000 pinos antes de que el fiscal de Medio Ambiente lograse parar la tala.

Por el juzgado ya han declarado cuatro imputados y ahora pasará un representante de la empresa Aguas Nuevs, José Ángel Arranz, que firmó informes favorables junto a Mariano Torre; Juan Manuel Pardo Ontoria, jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de Ávila; Sabas Yagüe que emitió informes contradictorios; José Ignacio Molina entre otros técnicos. La llamada se produce porque los ya imputados se han escudado en los informes de los técnicos y en la unanimidad de la comisión territorial de urbanismo para justificar la urbanización.







* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - 17/11/2007
Foto: Las Navas del Marqués (Ávila), tala en la Ciudad del Golf - J.Martin ( EFE )



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Manos Limpias se querellará contra Gallardón por no adoptar medidas contra la trama de corrupción

EUROPAPRESS/Madrid* : El sindicato de funcionarios Manos Limpias se querellará contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y las ex concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Paz González y Pilar Martínez, respectivamente, por no adoptar medidas para frenar la presunta trama de corrupción de empleados públicos destapada en la denominada 'Operación Guateque'. Miguel Bernad, secretario general de este sindicato, adelantó que solicitarán la responsabilidad penal de Gallardón, las ex ediles y los concejales de varias Juntas de Distrito por un supuesto delito de comisión por omisión.

La acusación contra el alcalde y las citadas concejales se incluirá bien en la querella criminal que presentarán la próxima semana para personarse como acusación popular en el 'caso Guateque' o en una querella independiente. "La ley es igual para todos. El órgano de vigilancia era conocedor de los hechos y no tomó las medidas necesarias para frenarlo", se quejó Bernad, que recordó que ya se denunciaron estos hechos hace un año y medio.

En el escrito de personación, el sindicato de funcionarios incluirá al menos 18 denuncias de particulares que dan cuenta de las extorsiones a las que fueron objeto por parte de funcionarios de la Gerencia de Urbanismo por negarse a entregar dinero a cambio de la concesión de la licencia para abrir o reabrir un local.

INVESTIGACIÓN A ALCALÁ 20

Como ya apuntó ayer, Bernad subrayó que el sindicato extenderá la investigación del 'caso Guateque' a más Juntas de Distrito de la capital y a la discoteca Alcalá 20, al traslado de Pachá a Núñez de Balboa y al cambio de Joy Eslava a la calle Cleofrás.

"Detrás de estos traslados hay una operación urbanística tremenda. Si se hacen que se haga con todas las garantías", apostilló secretario general de Manos Limpias.







* Europa Press - MADRID, 16 Nov
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE



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El Consell lleva dos años sin impulsar la vivienda protegida

ELPAÍS/Valencia* : El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los valencianos. Pese a ello, la Generalitat lleva dos años sin firmar un solo convenio con los municipios para impulsar la construcción de pisos subvencionados. No es de extrañar que los socialistas preguntaran ayer por segunda vez consecutiva al presidente Francisco Camps por esta cuestión. Ángel Luna, portavoz del PSOE, volvió a pedir los datos de las actuaciones del Consell en Vivienda de Protección Oficial (VPO) y la inactividad del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) respecto de los Ayuntamientos.

Camps, lejos de responder, glosó las actuaciones presentes, pasadas y futuras, -sobre todo futuras- de su Gobierno. Así, dijo que las actuaciones de la Generalitat ascenderán a 148.500 en esta legislatura. A través del Ivvsa, ya sea en actuaciones directas en promoción de vivienda o de suelo, se han acabado 1.117 pisos protegidos, 1.100 están en ejecución y otros 3.069 en tramitación. El presidente de la Generalitat habló además de una reserva de suelo para otros 82.000 pisos, así como de planes aprobados para la ejecución de otras 34.000 viviendas. El instituto sumaría otros 3,3 millones de metros de suelo para la edificación de 28.334 pisos protegidos más.

En su turno de réplica, Luna cuestionó el rosario de cifras que Camps dio en la Cámara y se remitió a las 205 viviendas protegidas que aparecen accesibles en la actualidad en la web del Ivvsa. Desde su escaño, la diputada socialista María José Salvador preguntó a Camps si en la última década -el PP gobierna la Generalitat desde 1995-, el Ivvsa sólo había firmado 28 convenios con Ayuntamientos valencianos para promover pisos subvencionados y si el último protocolo suscrito databa de hacía casi dos años.

La respuesta fue afirmativa, aunque la ofreció el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, José Ramón García Antón, no el presidente. El último convenio se firmó en 2005. Del vacío de dos años ni palabra y de ahí al futuro: tres nuevos convenios para edificar un total de 3.200 VPO en Santa Pola, Vinaròs y Alboraia. García Antón repitió la reserva de suelo para 82.000 pisos a la que aludió Camps al principio e insistió en que 34.000 casas están ya tramitadas. "No está mal ¿eh?", dijo García Antón.

El Consell prometió en 2003 100.000 nuevas VPO. Los datos oficiales no reflejan este impulso y la desproporción entre viviendas libres y protegidas, pese al parón de las primeras, es palmaria. En el segundo trimestre de este año se visaron en la Comunidad Valenciana 975 VPO frente a 21.975 de renta libre.Uno de los escaparates comerciales donde podrá apreciarse más crudamente el desequilibrio entre vivienda de renta libre y escasez de VPO será en Urbe Desarrollo, feria del sector inmobiliario que se celebra en Valencia entre el 22 y el 25 de noviembre. Los organizadores del certamen han explicado que los 240 expositores que acuden esta edición ofertarán 180.000 inmuebles en un momento de cambio de ciclo en el sector de la construcción.

Los organizadores apuntan a la oferta de VPO como uno de los productos estrella del certamen, pero cuando se les pregunta por su importancia numérica en el conjunto de la oferta, reconocen que todavía es escasa. Según explicó, el portavoz del certamen, José Luis Berenguer, "se ha pasado de unos años de auge inmobiliario, que alcanzó las 760.000 viviendas a las 400.000 que se hacen actualmente", dijo refiriéndose al conjunto de España.

La nueva convocatoria de la feria Urbe Desarrollo ofrece 70.000 metros cuadrados de exposición, donde se presentarán "todo tipo de hábitat" desde primera vivienda, Vivienda de Protección Pública (VPP), de alquiler y residencial, hasta vivienda vacacional, e incluso locales comerciales.

Los responsables de Urbe reconocieron que uno de los elementos que salpicarán esta edición es el cambio de ciclo en la edificación, que, tal y como indicaron, "pasa por un reajuste de la oferta inmobiliaria a la demanda estructural".

El sector intenta, no obstante, mantenerse optimista y ayer destacaron que juegan a favor del futuro del sector ciertos elementos como "el comportamiento de la economía española y la evolución sociodemográfica de la sociedad", así como "algunos aspectos culturales muy arraigados", entre los que citaron la propiedad de la vivienda.

La vivienda sigue siendo una de las primeras necesidades de la población española, según los organizadores, que añadieron que la industria de la construcción está "receptiva" a esta situación, por lo que "seguirá aportando al mercado lo que éste demanda". Resaltaron que en medio se encuentra Urbe Desarrollo, porque actúa como "un punto de encuentro de referencia para satisfacer a las partes implicadas en esta relación".

En la feria inmobiliaria expondrán empresas de ocho autonomías como son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Canarias y la comunidad de Madrid. Además, mostrarán sus productos y servicios referentes a este sector compañías procedentes de Rusia, Bulgaria, México e Italia.

Según los responsables del evento, las empresas expositoras de Urbe Desarrollo presentarán sus proyectos en las condiciones más atractivas que permite actualmente el mercado. La mayoría de los promotores que acuden a la muestra aprovecharán la concentración de agentes del sector para dar a conocer los descuentos, regalos y ofertas de servicios añadidos como financiación, decoración y viajes que ofrecen a los posibles interesados en la adquisición de un inmueble.

A la cita de este año han confirmado su asistencia inversores procedentes de 12 países. Así, a los "tradicionales" grupos de Reino Unido y Alemania, se unen en la próxima edición visitantes de Bélgica Eslovaquia, Rumania, Rusia, Ucrania, Bulgaria, Costa Rica, México, Dubai y Andorra.

El certamen inmobiliario patrocinará el concurso La casa de tus sueños, que apoya con 30.000 euros la compra de una vivienda entre el público visitante. Se trata de una iniciativa con la que la feria pretende atraer a más público.






* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ - Valencia - 16/11/2007
Foto: Valencia, protesta Vivienda Digna 2006 - EFE


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La fiscalía investiga ´pelotazos´ urbanísticos en el Plan Territorial de Mallorca

DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía de Palma está investigando los pelotazos urbanísticos que se han podido producir en Mallorca tras la aprobación del nuevo Plan Territorial, que entró en vigor en 2004. Esta investigación está en sus primeros inicios y se está comprobando la titularidad de los terrenos que se han podido beneficiar con un cambio de calificación urbanística, tras la entrada en vigor del Plan Territorial de Mallorca (PTM) que fue efectivo en 2004 tras ser aprobado por el Consell Insular cuando estaba gobernado por Unió Mallorquina y PP.

Ante la gran complejidad de esta investigación, que se ha convertido en el caso de mayor envergadura que se está tramitando en estos momentos en la fiscalía, se ha solicitado la colaboración de la Guardia Civil para que se encargue de la recogida de toda la documentación. Cuatro agentes del instituto armado han recibido la orden de dedicarse en exclusiva a esta investigación, según confirmaron fuentes policiales.
Esta investigación se centra en cinco municipios de Mallorca y afectaría a un millón de metros cuadrados (mil hectáreas) de terrenos que cambiaron de calificación urbanística tras la aprobación de este plan. El pasado martes la Guardia Civil acudió a los cinco ayuntamientos a solicitar información sobre determinados solares. Fue una actuación conjunta coordinada por la fiscalía. Se pidió documentación en los ayuntamientos de Campos, Marratxí, Sóller, Pollença y Alcúdia, que son las localidades de la isla donde se produjeron más cambios de calificación urbanística acordados por este plan de ordenación. Los agentes volvieron ayer a las oficinas de Campos a solicitar más documentación.

Fuentes policiales indicaron que esta investigación pretende averiguar si poco antes de la aprobación del plan se han producido cambios de titularidad de terrenos que se habrían visto beneficiados con una nueva calificación urbanística. Se estaría averiguando si los propietarios que adquirieron estas fincas se habrían aprovechado de una información privilegiada sobre las directrices políticas que se seguían para aprobar este plan de ordenación. Este millón de metros cuadrados, que se conocen como las áreas territoriales de reconversión directas, habrían pasado de ser terrenos rústicos a urbanizables y, por tanto, su precio se habría multiplicado. En todo caso, no todos los propietarios que se han visto beneficiados con este plan urbanístico estarían bajo sospecha, sino sólo los que habrían comprado los solares poco antes de la aprobación de este plan urbanístico.

El fiscal ha actuado tras una denuncia presentada por el GOB. Esta denuncia fue presentada hace casi un año. Sin embargo, hasta ahora, debido a la gran carga que soporta en estos momentos la fiscalía, no se han podido realizar las primeras gestiones para averiguar las presuntas irregularidades. El fiscal jefe de Balears ha autorizado estas diligencias y también se ha informado a la Fiscalía General del Estado. Fuentes policiales señalaron la dificultad que supondrá demostrar si alguno de estos nuevos propietarios ha podido aprovecharse de una información privilegiada para enriquecerse.







* Diario de Mallorca - J. F. MESTRE/ F.A. - 16 de noviembre de 2007
Foto: Protesta contra el nuevo plan urbanístico de Mallorca/ S. Llompart (Diario de Mallorca)




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Madrid: La Alcaldía conocía desde 2005 la supuesta extorsión

PÚBLICO* : "Voy a venir con la brigada y arrestarte sin ninguna explicación". El 7 de noviembre de 2005, el matrimonio formado por Rosa María Pinilla y Dragojlo Jankovic, dueños de dos locales de copas en el barrio de Huertas, envió una carta al Ayuntamiento de Madrid denunciando las amenazas que asegura recibían de un agente de la Policía Municipal. Los empresarios apuntaron a que la "única razón" que podía provocar este acoso era el haberse negado a pagar a un técnico municipal por tramitar unas licencias. La Alcaldía recibió la misiva tres días después, como consta en el acuse de recibo que el Ayuntamiento envió al matrimonio.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, insistió ayer en que todas las denuncias "han sido investigadas" y que no ve responsabilidad política tras la supuesta actuación delictiva de los 16 funcionarios detenidos el miércoles. "Las responsabilidades las pide el juez", añadió.

"Lo sabían y no lo evitaron"

Pero el acuse de recibo en nombre del alcalde de estas denuncias en la Junta Municipal de Centro desacredita la versión oficial. Los dos empresarios insisten: "Lo sabían y no lo evitaron".

Rosa María y Dragojlo explican en su carta que, desde que abrieron su primer local en 2000, habían sufrido 230 inspecciones y ninguna finalizó en multa. En 2005 las amenazas se recrudecen: "El 6 de noviembre de 2005 se presentó personalmente el jefe de Inspectores del distrito Centro y ordenó el desalojo del local, [...] amenazando concretamente al hijo: ‘Te arrestaré, lo mejor que puedes hacer es irte de aquí", refleja la carta.

En los últimos años el matrimonio presentó sucesivas denuncias en los juzgados. Pero no fue hasta noviembre de 2006 cuando el juzgado de Instrucción número 50 admitió a trámite la querella presentada contra dos agentes municipales y dos técnicos de la Junta Municipal de Centro.

En el escrito, presentado por el letrado de los empresarios, Fernando Pamos de la Hoz, se califica a los querellados de "banda organizada, interesando -al más puro estilo mafioso- cantidades de dinero y otras prebendas para no cerrar los locales u otorgarles licencias, falsificando documentos públicos oficiales y materializando el ilícito del delito de prevaricación administrativa".

"Lo que ha pasado ahora [en referencia a la Operación Guateque] ocurre desde hace mucho tiempo, lo hemos denunciado y nunca nadie ha hecho nada, ¿por qué?", se preguntó Rosa María. Público trató sin éxito de obtener una respuesta del Ayuntamiento.






* Público - PATRICIA RAFAEL - MaADRID - 16/11/2007
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org




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Sevilla: Se oponen a la construcción de 284 viviendas en el solar de Tysa Ford

ABC* : La Plataforma contra la Especulación Urbanística se opone a la construcción de torretas de hasta 15 pisos y 284 viviendas en el solar de la antigua Tysa-Ford, junto a Santa María de Ordaz, IV fase, argumentando que la zona está saturada de población y lo que necesita son equipamientos. Los vecinos, que se preguntan si está Urbanismo bajo sospecha como hace unos años y si existe la especulación, no entienden como IU, que se oponía antes de las elecciones de 2003 al proyecto del PA de torretas de 15 plantas y 250 viviendas e incluso llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción, ahora, por ser socio de gobierno esté callada.

Defienden como únicamente válido el convenio firmado en 2004 por Emilio Carrillo y la entonces propietaria de los terrenos, Uriva, S.A, modificado luego mediante una addenda entre la empresa Ferrovial, actual propietaria y Urbanismo.

La Plataforma contra la Especulación Urbanística, formada por vecinos de Santa María de Ordaz IV fase, la Asociación de Retiro Obrero, Ahro, la Asociación «Tós por por igual» de Santa María de Ordaz, fase V, y presidentes de comunidades de Miraflores, ha presentado un recurso de reposición contra la adenda.
El solar, de unos 8.000 metros cuadrados, está delimitado por la calle Santa María de Guía, la Carretera de Carmona y el colegio Valdés Leal. La parcela ha ido pasando de mano en mano, con grandes beneficios tras lograr uno de los dueños su recalificación del terreno de industrial a urbano. En 2002 cuando Uriva era la propietaria del solar intentó llegar a un acuerdo con el PA, entonces al frente de Urbanismo. El proyecto incluía torretas de 15 pisos y 250 viviendas. El PSOE intervino e Izquierda Unida incluso llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción. También se mostraron en contra Ecologistas en Acción y Arquitectura y Compromiso Social. Las elecciones de 2003 estaban cerca y todo quedó parado. Ya con el PSOE en Urbanismo, en marzo de 2004 se firmó un convenio con Uriva S.A por el cual las torretas tendrían 8 pisos y se construirían 210 viviendas y 500 aparcamientos. La edificabilidad máxima era de 22.971 metros cuadrados y se cedían gratuitamente al Ayuntamiento 1.200 metros de local comercial en planta baja. La sorpresa de los vecinos fue grande cuando se enteraron de que se había hecho una addenda en octubre de 2006, por la cual se modificaba este convenio. Presentaron alegaciones a esta addenda y al no ser aceptadas recurrieron al recurso de reposición.
«¿De qué año?»
A finales de abril o primeros de mayo pasado, en vísperas de las elecciones, vecinos de Santa María de Ordaz IV fase, se reunieron con Emilio Carrillo y el director del Área del Distrito Macarena. Según los vecinos, Carrillo les dijo que lo que habían llevado no eran alegaciones con fundamentos en la ley sino un escrito de protesta. Como había que darle tono legal Urbanismo haría las alegaciones y los vecinos si estaban de acuerdo las firmarían. Se harían en unos 10 días «aunque estaban fuera de plazo». Dicen los vecinos que a los nueve días los llamó el director del Distrito Macarena: «Nos dijo que la semana próxima nos reuniríamos con Carrillo. El problema fue que no nos dijo que día ni de qué año. Porque no supimos nada más, Nos sentimos engañados y manipulados y estamos a la espera del recurso».






* ABC - Sevilla - GLORIA GAMITO - 16 de noviembre de 2007
Foto: HUGO G. C. - Vista del solar, desde uno de las torretas de Santa María de Ordaz




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El Forródromo

FORGES - EL PAÍS*


* Viñeta de Forges / ELPAIS.com - 16-11-2007



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Se busca autor intelectual

ERNESTO EKÁIZER* : ¿Se puede institucionalizar una red organizada de mordidas en el Ayuntamiento de Madrid durante largos años sin que los responsables políticos tuvieran la sombra de una duda? La investigación policial y judicial acaba de aflorar un sistema organizado sobre el cual las autoridades municipales aseguran no tener ni pajolera idea. ¿Se puede montar un cobro institucionalizado de comisiones en el que han participado al menos 16 funcionarios, compinchados con abogados y arquitectos, como si fuera una red clandestina que operaba dentro del Ayuntamiento?

La aproximación a las respuestas vendrá de la investigación policial y judicial. Si uno sigue la lógica del Partido Popular y los teóricos de la conspiración sobre el 11-M, y la aplica al Ayuntamiento, ¿quién se puede creer que "unos pelanas" pudiesen mantener esta red clandestina sin que nada, ni un mínimo rumor, haya trascendido?

En otros términos, Mariano Rajoy, que pide la aplicación de la ley con la máxima contundencia posible, ¿no está interesado en saber si hay en esta trama de su tan admirada autoría intelectual?

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, está dispuesto a crear una comisión de investigación una vez que se levante el secreto de las actuaciones. ¿Qué menos? Pero lo que ya se puede extraer es alguna conclusión sobre el carácter de la gestión del Consistorio. Y esa conclusión es que ni la Concejalía de Urbanismo ni la de Medio Ambiente han hecho los deberes como debían. En otros términos, mientras sus responsables se dedican a la alta política nacional, por detrás funcionaba un sistema institucionalizado de corrupción.

Porque, a juzgar por la información que el propio Ayuntamiento ha hecho pública, no es el caso de una manzana podrida. Cuando hay un sistema como el que ha hecho aflorar la investigación judicial, ¿nunca nadie se paró en ambas concejalías, a la hora de estampar su firma, a pensar en el ritmo con el que se concedían las licencias y se autorizaban la apertura de locales comerciales?

En este tipo de corrupción hay varios niveles de responsabilidad. Las de carácter penal serán sustanciadas en sede judicial. Pero, ¿y la eventual negligencia en el ejercicio del control?

La atención de los políticos en los ayuntamientos de las grandes ciudades, ¿no está quizá demasiado pendiente de las elecciones generales y la lucha por el poder dentro de los propios partidos?

Esta trama de corrupción supone un descrédito para la ciudad de Madrid y para su prestigio. Alguien debería hacerse cargo de ello.







* ELPAIS.com - 16/11/2007




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Advierten de la elevada "dependencia" que el actual modelo urbanístico tiene del consumo energético

EUROPAPRESS* : El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y miembro del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), José María Baldasano, advirtió hoy de que el modelo de desarrollo urbanístico de la sociedad actual tiene "una dependencia" del consumo energético que provoca un "incremento del uso de hidrocarburos y en la emisión de gases de efecto invernadero". En este sentido, lamentó que hay "un urbanismo donde todos los factores de consumo energético no se han tenido en cuenta, y más en España, --subrayó--, donde la euforia en la construcción desde el año 1996, está desbordada".

Baldasano, que realizó estas declaraciones en la presentación del libro 'El cambio climático y sus consecuencias' en Valencia, junto al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón; y el vicepresidente ejecutivo del Alto Consejo Consultivo, Santiago Grisolía, señaló que "la urbanización es un elemento importante" en la lucha contra el cambio climático, puesto que "todos los elementos de movilidad, y todos los consumos energéticos domésticos, comerciales y urbanos se juegan sobre el modelo urbanístico".

Según dijo, "los números cantan pero no fue hasta el año pasado que se aprobó el Código Técnico de Edificación, con lo que existe un lastre energético en el país". Además, las ciudades "no se están diseñando para que haya de forma mayoritaria un transporte público", algo para que es "clave" aumentar su frecuencia de paso.

Baldasano indicó que los consumos energéticos, a nivel mundial pero especialmente en España, están derivando no sólo de los consumos industriales que eran los mayoritarios en los años 60, 70 y 80, sino que, actualmente, derivan del desarrollo de las ciudades.

De hecho, apuntó que el cambio climático "es un problema absolutamente relacionado" con el desarrollo urbanístico, el cual es necesario "revisar y adecuar" en lo que se refiere a las formas de consumo de los edificios como en el soporte de la movilidad de las personas.

Otro factor "clave" para es que "estamos siendo tan demandantes de energía en todos los niveles que hace que nos tengamos que replantear todas las alternativas". En este sentido, señaló que la energía nuclear sigue siendo una opción que está sobre el tapete mientras no hayamos desarrollado la energía de fusión".

Del mismo modo, indicó que "hay un problema" en el desarrollo de energías renovables. En su opinión el panorama energético se encuentra en un momento estratégico de modificación, por lo que se ha de ver como una "oportunidad". No obstante, "representa un lastre el aumento continuado y exponencial de demanda energética y mientras eso siga así y no sepamos cambiar la tendencia de la curva, necesitamos todos los tipos de energía".

USAR "TODAS" DE LAS ENERGÍAS DISPONIBLES

Para el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y miembro del IPCC, "frente a la magnitud de las demandas de energía y frente a la necesidad de contener la concentración de CO2 en la atmósfera, "es necesario jugar todas las cartas", por lo que abogó por "utilizar todas y cada una de las energías disponibles como única forma de lograr el equilibrio entre el desarrollo económico, la seguridad de suministro energético y la sostenibilidad medioambiental".

Asimismo, subrayó la necesidad de reducir el consumo energético y de que los políticos tengan "conciencia total" de que el momento actual es un momento "estratégico" y una "oportunidad para modificar el modelo energético" e "ir sustituyéndolo progresivamente por energías renovables".

En este sentido, concretó que una de las "claves" está en saber cómo "reducir el consumo de energía primaria y la demanda de petróleo y carbón para contener la concentración de CO2 en la atmósfera, siendo en la actualidad de "380 partes por millón", se fije el objetivo de no superar las "450 por millón".

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, destacó que la Generalitat trabaja para "promover al máximo la eficiencia y el ahorro energético" con estrategias como el Plan Eólico, el Plan de Energía Fotovoltaica, el fomento de biocarburantes, la publicación de guías de ahorro y eficiencia energética o el fomento del transporte público.

En esta línea, apuntó seguirá trabajando por el desarrollo de las redes ferroviarias, y en particular insistirá en la reivindicación del Corredor Mediterráneo, tanto de personas como de mercancías, y que, según dijo, "ahorraría el 20 por ciento de las emisiones de CO2".

García Antón instó a la sociedad a cambiar los hábitos de consumo energético para lograr una Comunitat "más sostenible". Asimismo, subrayó que para combatir los efectos del cambio climático "es también fundamental que las administraciones públicas proporcionen a las voces científicas cualificadas, los medios necesarios para trabajar y establecer los cauces precisos para hacer llegar las soluciones".

En este sentido, valoró el libro 'El cambio climático y sus consecuencias' en el que diversos expertos, profundizan en 19 capítulos sobre los efectos de los usos energéticos en el cambio climático y sus repercusiones económicas y en futura calidad de vida y aseguró que en él se habla "seriamente de estos temas y no con la visión a corto plazo con la que a veces hablan los políticos para sacar un titular" al día siguiente.







* Europa Press - VALENCIA, 15 Nov
Foto: Derroche energético urbanismo - flickr.com



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La Guardia Civil investiga posibles sobornos a altos cargos de Orihuela para reclasificar suelo

LEVANTE-EMV/Alicante* : La Guardia Civil de Torrevieja investiga la posible conexión de dos detenidos por 45 presuntos delitos de estafa, coacciones e intrusismo profesional con una trama de sobornos a altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela. Al parecer, los dos sospechosos, que han sido puestos en libertad con cargos, podrían haber intentado pagar a funcionarios de Urbanismo de la localidad de la Vega Baja para obtener licencias y favores en la reclasificación de suelo rústico.

Los dos detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de al menos 45 delitos de estafa, coacciones e intrusismo profesional y cuya conexión con funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela se está investigando, intentaron, supuestamente, sobornar a altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela, no sólo para obtener licencias para empresas de diverso tipo, sino que pretendían
Hasta la fecha han declarado en calidad de testigos 14 funcionarios del área de Urbanismo, incluido el jefe de Servicio, según fuentes municipales. La mitad de los testigos desarrollan su trabajo en las dependencias del Ayuntamiento en la costa de Orihuela, e incluye a personal funcionarial de todas las categorías.

La investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja se centra en funcionarios destinados en la sede del Ayuntamiento de Orihuela en la costa.

Teléfonos móviles intervenidos

Buena parte de los investigados han tenido intervenidos los teléfonos móviles por orden judicial durante meses, incluido algún concejal del equipo de gobierno del que se ha descartado su implicación en el asunto.
Las mismas fuentes atribuyen a los dos detenidos por la estafa en la tramitación fraudulenta de distintos tipos de licencias municipales «una recaudación» superior a los 300.000 euros, ya que habrían intervenido con sus métodos en unos sesenta locales comerciales y hosteleros de la costa durante los últimos meses, según los primeros indicios.

Las investigaciones de la Guardia Civil se pusieron en marcha hace más de 8 meses tras la presentación de varias denuncias de particulares sobre esta situación.
La alcaldía y miembros del equipo municipal del PP de Orihuela cuentan con información puntual por parte de las fuerzas de Seguridad sobre las investigaciones judiciales desde hace días, según las citadas fuentes municipales. Los dos sospechosos, uno de ellos de nacionalidad sueca y con dominio de varios idiomas, fueron arrestados el martes día 6. Al parecer, ambos se hacían pasar por arquitectos del Ayuntamiento de Orihuela y acudían a locales de la zona de ocio de Orihuela-Costa que estaban en obras o cuyos promotores querían pedir una licencia de apertura para iniciar sus actividades.

Un especial modus operandi

Los protagonistas de la presunta estafa en Orihuela Costa aprovecharon para urdir su trama la lentitud de las tramitaciones de licencias de obra y apertura municipal y las dificultades que muchos extranjeros propietarios de establecimientos encuentran para conseguir esas autorizaciones.
Los acusados detectaban establecimientos en obras o nuevos de hostelería y se dedicaban a quejarse a la Policía Local de Orihuela de algún tipo de actividad no permitida o por ruidos haciéndose pasar por vecinos molestos, según fuentes municipales. Cuando los agentes lograban atender el aviso comprobaban que, en la mayoría de los casos, efectivamente, las actividades, adolecían de algunas de las autorizaciones pertinentes. No tardaban estos personajes en aparecer por el local en cuestión al día siguiente para asegurar a sus responsables que conocían esa situación alegal, «expresar su solidaridad» y ofrecerse a prestar sus servicios para agilizar al máximo cualquier trámite por un precio «un poco más alto» del habitual. Para llevar a cabo la operación alardeaban de sus supuestos contactos en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela o se hacía pasar directamente por técnicos municipales. Un enlace con funcionarios que se desconoce si la investigación ha podido demostrar o si era un simple señuelo.
Mediante este procedimiento, entre el favor personal, la empresa de asesoramiento y la gestión municipal quisieron acelerar el papeleo de 60 establecimientos de Orihuela Costa a una media de cuatro mil euros por local, aunque en algunos casos llegaron a cobrar seis mil euros. Las primeras denuncias llegaron con la ausencia
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* Levante-EMV - E. D. G./D. P., Orihuela - 15 de noviembre de 2007
Foto: Puerta principal del Ayuntamiento de Orihuela. / a. s (Levante)



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La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Santa Lucía, en Gran Canaria

ABC* : Agentes del grupo contra los delitos urbanísticos de la Guardia Civil de Las Palmas registró este lunes el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, en busca de expedientes y diversa documentación. Los agentes se presentaron en el Consistorio satauteño que dirige Silverio Matos (Nueva Canarias) con dos mandamientos judiciales, explicaron ayer a este periódico fuentes cercanas a esta investigación.

Según las mismas fuentes, los agentes buscaban las actas de un pleno extraordinario celebrado en 2005 en el que, aseguran, «se trató la permuta de unos terrenos del Ayuntamiento a varias entidades mercantiles para la construcción de un parque eólico en Pozo Izquierdo». Una reunión «en la que Matos, alcalde también entonces de Santa Lucía, estuvo presente, pero no así todos los concejales del grupo de gobierno».

Denuncia de este año

Las investigaciones arrancaron a partir de una denuncia presentada a principios de este año y «fue en marzo cuando se instruyeron las diligencias». El caso es asunto del Juzgado de Instrucción número cuatro de San Bartolomé de Tirajana.
Según las mismas fuentes, «el alcalde podría ser llamado a declarar ante el juez próximamente junto a los denunciantes». Por el momento, el magistrado ha ordenado el secreto del sumario.






* ABC - E. CALVO - 14 de noviembre de 2007
Foto: Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - gomera.com.es




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Madrid: Manos Limpias dice que hay relación con la 'operación Malaya'

MADRIDIARIO* : El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias afirmó este jueves que la incautación de documentos realizada ayer en la Delegación de Urbanismo, dentro de la desarticulación de la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, están relacionadas "con la 'operación Malaya', a través de Monserrat Corulla y Pablo Valle". El presidente del sindicato funcionarial, Miguel Bernad, aseguró haber denunciado los hechos delictivos que se investigan hace medio año, "sin que se hubieran tomado las medidas oportunas al respecto".

"Lo denunciamos ante el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, las anteriores concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Paz González y Pilar Martínez, respectivamente, que no nos hicieron caso; y ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Félix Boix, que nos remitió ante un juzgado de instrucción", agregó.

Implicación de Alcalá 20

Bernad señaló que la presunta trama afecta a más nueve Juntas de Distrito más que las registradas ayer, entre ellas apuntó a Tetuán, Arganzuela, Hortaleza, Moncloa y Chamartín, y a tres funcionarios de medio por cada Junta "sin contar con los despachos externos".

Asimismo, denunció que la supuesta trama afecta no sólo a licencias de apertura y obras de establecimientos, "sino que tiene más ramificaciones en cambio de usos de edificios y recalificaciones urbanísticas".

El presidente de 'Manos Limpias' reveló que la última actuación delictiva de la operación se centra en el expediente de la antigua discoteca Alcalá 20, que reabrió sus puertas hace días a pesar de no contar con la autorización municipal. "Hay una tremenda presión política para permitirla reapertura de la discoteca, así como tremendas cesiones de licencias en locales como Joy Eslava y Pachá", explicó.

Entre 10.000 y 60.000 euros

Respecto a la cantidad supuestamente cobrada por funcionarios corruptos, el sindicato manifestó que ronda entre los 10.000 y los 60.000 euros, "dependiendo de la mordida impuesta por cada funcionario". "No había tarifas preestablecidas ni había organización, porque cada funcionario cobraba lo que veía", añadió.

Por estos motivos, Bernad indicó a Europa Press que el sindicato que preside ha acordado ejercitar la acción popular en este caso, "en defensa de la legalidad vigente, del Estado de Derecho y de la ciudadanía de Madrid, que tiene todo el derecho a que el principio que se ejerza el artículo constitucional 103, que establece que la administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento a la Ley y al Derecho".

"Actuaremos como acción popular en el juicio porque un hecho tan evidente contra el artículo 11 del Código Penal equipara el delito de omisión de responsabilidad pública con el de acción, una vez advertido los supuestos delitos hace año y medio, y sumado a la actuación de riesgo que ha supuesto", dijo Bernad.

Por último, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias significó que la presunta corrupción "de una mínima parte de los funcionarios" no debe "manchar la imagen" del resto de los trabajadores, aunque aseveró que estos hechos "no deben quedar impunes".





* Madridiario - 15-11-2007 - MDO/EP
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org




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El fiscal pide la paralización del aeropuerto de Castellón

ELPAÍS* : La fiscalía de Castellón se ha unido al recurso del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) en el que solicitaba la paralización de las obras del futuro aeropuerto en la zona del Monte de Santa Bárbara. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ya dictó hace un año la paralización cautelar, que levantó un mes después al considerar que los daños eran ya "irreversibles". Gecen recurrió esta decisión y la fiscalía se unió a este recurso al considerar que el hecho de que el daño sea ya irreparable no justifica el levantamiento de la medida cautelar y más cuando, como en este caso, estaba pendiente el informe ecotoxicólogo.

El juez consideró probado que el monte cuyo desnivel imposibilita el despegue y aterrizaje de aviones no estaba incluido en el estudio de impacto ambiental que hizo el promotor, Aeropuerto de Castellón. Por tanto, las obras en este ámbito no se incluyeron en la declaración de impacto ambiental. Además, el Plan General del término afectado, Vilanova d'Alcolea, tiene declarado de "utilidad pública" este monte, calificado como suelo no urbanizable con protección ecológica y paisajística. Por ello, el juzgado determinó, como medida cautelar, la suspensión de las obras en esta área. Un mes después, el propio juzgado levantó la suspensión "al carecer de razón de ser", habida cuenta que, "dado el estado en el que se encuentra la zona", las consecuencias lesivas irreversibles para el medio ambiente "ya se han producido y no queda nada que proteger o preservar". Aún así, el juzgado siguió con las diligencias por un posible delito contra el medio ambiente.

Después de que Gecen recurriera esa decisión, la fiscalía se adhirió a él al considerar que el auto del juzgado no puede basarse en que el perjuicio es irreparable pues aún no se había entregado el informe del ecotoxicólogo.

Para Gecen, "la paralización nunca se debió levantar tanto en aplicación del artículo 329 del Código Penal, que prevé la adopción de medidas cautelares para restaurar el equilibrio ecológico, como por la falta del informe pericial que debiera haber justificado si se levantaba o no la paralización". El grupo ecologista considera que "la precaución debiera haber sido la norma a seguir ante unas actuaciones ilegales con graves consecuencias medioambientales, pero, lejos de toda lógica, se levantó la paralización sin base técnico-científica, sin informe pericial alguno".







* ELPAIS.com - M. F. - Castellón - 15/11/2007
Foto: Castellón, obras aeropuerto - lasprovincias.es




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La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales

EUROPAPRESS* : La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales, de los que más de la mitad se concentran sólo en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, según datos facilitados por los técnicos de Hacienda (Gestha). Éste es el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se han investigado 6.516 empresas del sector inmobiliario, un 2,1% del total.

Éstas y otras conclusiones serán presentadas por los técnicos de Hacienda entre en el marco de su VII Congreso Nacional, que se celebra en Málaga.

Así, según Gestha la nueva legislación para la lucha contra el fraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo y, por tanto, su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo.

Concretamente, este impacto se produce, especialmente, a través del mecanismo denominado 'dar el paso', que consiste en efectuar sucesivas transmisiones no formalizadas en un documento público, u obligando al adquiriente a firmar en la escritura de la vivienda un precio inferior al realmente pagado.

La mitad del fraude, en sólo cuatro CCAA

El análisis de Gestha revela también que el fraude inmobiliario se encuentra concentrado, principalmente en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (1.836,2 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.479 millones), Andalucía (1.392,4 millones) y Comunidad Valenciana (1.088,1 millones).

A estas comunidades autónomas les siguieron Galicia (476,7 millones), Castilla y León (392 millones), Canarias (358 millones), Castilla-La Mancha (341,5 millones), Baleares (290,5 millones), Aragón (225,3 millones), Asturias (136,1 millones) y Extremadura (114,6 millones). Por debajo de los 100 millones de euros se situaron Cantabria (94,4 millones), La Rioja (49,3 millones), Ceuta (7,3 millones), Melilla (5,5 millones), País Vasco (4 millones) y Navarra (1,3 millones).

Propuestas para evitar la evasión fiscal

Con el fin de anular estas prácticas, los técnicos proponen considerar transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio del vendedor menos de tres años, siempre que no ocurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio. Además, apuestan por calificar las plusvalías obtenidas como renta general a declarar dentro de la base imponible general al tipo correspondiente en la escala el IRPF y no al actual 18%, al que tributan las rentas de ahorro.

Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, y obligar a los promotores inmobiliarios a validar estos contratos en el registro para poder detectar así los 'pases'. Este registro administrativo, continúan, podría centralizarse en los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores.

Asimismo, los técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas, y por tanto, sin escritura, la obligación de notificar al promotor esta operación, de forma que este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.

En cuanto al fraude que puede derivarse por la declaración de precios inferiores a los reales de la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado" para liquidar todos los impuestos, no sólo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Así, se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos podría estar elaborado en 2008, ya que se está ajustando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado, en colaboración con la Dirección General del Catastro. Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.

Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone una "inversión del sujeto pasivo", lo que supone que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda. También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del comprador, para asegurarse de que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.

La Ley no cumple su cometido

Se ha seguido ejerciendo 'de forma masiva' un mayor control sobre todos los incumplimientos fiscales

Desde una perspectiva general, los técnicos de Hacienda consideran que la Ley Antifraude "no ha servido para atajar las grandes bolsas de fraude existentes en España". Así, estiman que en lugar de concentrar las investigaciones en estos focos de economía sumergida, se ha seguido ejerciendo "de forma masiva" un mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.

Asimismo, desde Gestha se echa en falta un mayor control de las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. Denuncia que, en ocasiones, estos profesionales defraudan al fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.







* El Mundo - Su Vivienda - 15/11/2007
Foto: Los técnicos de Hacienda valoran negativamente la nueva Ley Antifraude / F. Ruso (El Mundo)




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Madrid: "Sin un kilo, no hay licencia"

ELPAÍS* : Cinco meses de investigación, 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial y, al menos, 16 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos y otros profesionales (arquitectos, abogados...) implicados. El resultado de ese trabajo, en el que ha colaborado con el juez el propio gobierno municipal, es la desarticulación de la trama de corrupción más voluminosa detectada hasta ahora en el Ayuntamiento de la capital de España y que afectaría exclusivamente a funcionarios, sin implicaciones de cargos políticos, según explicó ayer el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La Guardia Civil la ha bautizado como operación Guateque.

En una de las conversaciones intervenidas, según informaron a EL PAÍS fuentes de la investigación, el funcionario supuestamente corrupto le comunicaba a su interlocutor las condiciones para conseguir el permiso buscado: "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca".

Buena parte de la trama ha podido ser destapada gracias al pinchazo de al menos 10 líneas telefónicas autorizado por el juez en estos meses tras recibirse la denuncia inicial de un particular al que intentaron cobrarle comisiones ilegales a cambio de la licencia que solicitaba para abrir un comercio.

En esas grabaciones se escucha a algunos de los funcionarios implicados hablando de las comisiones que van a cobrar, con expresiones como éstas: "Si le conseguimos esta licencia, nos da dos kilos [12.000 euros]".

Los funcionarios de la trama no sólo cobraban a los empresarios por agilizarles licencias de apertura de establecimientos, sino también para retrasar expedientes sancionadores a locales ya existentes que habían realizado alguna reforma, indicaron a EL PAÍS fuentes policiales próximas a la investigación.

Todos los implicados fueron ayer interrogados por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de apertura de locales comerciales y de ocio. Los funcionarios, según la investigación, cobraban por cada gestión entre 3.000 y 18.000 euros, y conseguían que una licencia que tarda en concederse 18 meses se resolviera en 40 días, según la investigación.

El gobierno municipal, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), asegura que ningún responsable político está implicado en la trama, que la operación no afecta a expedientes de operaciones urbanísticas ni recalificaciones de suelo sino sólo a licencias para abrir locales, y que el Ayuntamiento ha colaborado con el juez "desde el primer momento" de la investigación, que comenzó hace cinco meses. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicó en la Cadena SER que los implicados formaban "una mínima organización estable" y confirmó que no le constan "conexiones políticas".

Los rumores sobre el pago de comisiones al Ayuntamiento por parte de establecimientos de ocio en Madrid están a la orden del día desde hace años, en la calle y algunos pasillos de la administración, pero hasta ahora sólo habían podido probarse casos aislados.

La de ayer es la mayor operación contra este tipo de corrupción municipal desarrollada en la capital. "Decenas de locales", según fuentes de la investigación, han podido obtener sus licencias pagando comisiones a los miembros de la trama, que han actuado impunemente durante años.

El número dos de Ruiz-Gallardón, el vicealcalde Manuel Cobo, compareció a media mañana ante una sala de prensa abarrotada para explicar que el gobierno municipal ha estado al tanto de la investigación desde que, hace meses -"antes del verano"-, un particular denunció que, al ir a pedir una licencia para abrir un local en su barrio, alguien le había sugerido que los trámites se agilizarían si pagaba dinero a cambio. Así empezó la investigación, que ha desembocado ahora en una operación de la Guardia Civil con el elocuente nombre de Guateque.

Agentes del instituto armado entraron pasadas las nueve de la mañana en cinco dependencias del Ayuntamiento: las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente (que se encargan de la elaboración de informes previos a la concesión de licencias) y tres juntas de distrito (que son las que conceden o deniegan permisos: Centro, Chamberí y San Blas. Fuentes de la operación aseguran que "el meollo" de la trama está en la Concejalía de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, que se encarga de las mediciones del ruido y del impacto medioambiental, es la edil Ana Botella.

Los agentes se incautaron de un maletín y varias cajas de documentos, entraron en el disco duro de los ordenadores y registraron mesas, armarios y archivos. "No ha sido una operación por sorpresa ni contra el Ayuntamiento. Estábamos al tanto y hemos facilitado todos los registros", insistió el vicealcalde Cobo. La Guardia Civil entró asimismo en "domicilios particulares" y oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama.

La operación, ordenada el titular del juzgado número 32 de Madrid, Santiago Torres, está bajo secreto de sumario. Por eso, Cobo no quiso concretar ni los nombres de los funcionarios afectados ni las cantidades manejadas en los sobornos. Los implicados lo están bajo la acusación de tres delitos: cohecho (soborno), prevaricación (hacer uso del cargo para dictar resoluciones injustas) y tráfico de influencias.

Según fuentes de la investigación, uno de los trabajadores del Ayuntamiento imputados en este caso es un histórico funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente que ya ocupaba cargos de relevancia cuando Esperanza Aguirre era concejal de este área, en los años noventa del pasado siglo.

Ante los primeros rumores aparecidos por la mañana, Cobo también quiso subrayar que la operación no tiene "absolutamente nada que ver" con la Operación Malaya desarrollada en Marbella (Málaga) contra la red de corrupción en la que estaba implicado la mayoría del gobierno municipal, ni con una de las principales implicadas en ese escándalo de corrupción urbanística, la abogada Montserrat Corulla, a quien el PSOE relacionó en la pasada campaña electoral con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Ayer, el regidor madrileño se limitó a afirmar que "ninguna actuación irregular va a ser consentida por parte del Ayuntamiento".




* Información elaborada por Vera Gutiérrez Calvo, Daniel Verdú, José Antonio Hernández, Jesús Duva y Jorge. A. Rodríguez




* ELPAIS.com - Madrid - 15/11/2007
Foto: Guardias civiles sacan cajas con documentos de la Junta Municipal - CLAUDIO ÁLVAREZ (El País)




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El escándalo urbanístico de Los Merinos, en Ronda, llega a Bruselas

ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El ‘Caso Merinos’, polémica macrourbanización erigida en la localidad malagueña de Ronda llega a Bruselas de la mano del parlamentario europeo David Hammerstein, quien ha asegurado que impulsará la apertura de un procedimiento de infracción a nivel europeo porque “está en clara contradicción con la Directiva Marco de Aguas, afecta a la biodiversidad y a los derechos humanos”. Da la casualidad de que Luis Solana Madariaga, hermano del jefe de la diplomacia de la UE, Javier Solana, se vio obligado a dimitir de la presidencia del proyecto -con un sueldo de 5.000 euros mensuales- hace un año.

El proyecto Los Merinos Norte, denostado públicamente tanto por Manuel Chaves como por Javier Arenas, está considerado como el mayor complejo urbanístico de la Serranía de Ronda. Teniendo en cuenta sus dimensiones, no es para menos: incluye dos campos de golf y uno tercero de prácticas, tres hoteles de cinco estrellas, 800 villas de lujo, club hípico, colegio de alto nivel, residencia para la tercera edad, polideportivo y la venta de 442 parcelas con una media de 7.500 metros cuadrados de extensión cada una.

Lo que ni Chaves ni Arenas han dicho es que miembros de PSOE, PP, CiU y Partido Andalucista comparten intereses en Los Merinos, a pesar de que el negocio urbanístico ha sido denunciado por carecer de permiso de aguas de Cuenca Mediterránea, acumular informes contrarios de la propia Junta de Andalucía, tener pendiente un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y poner en peligro las reservas acuíferas de la zona.

El ladrillo une lo que la política separa

Entre los nombres propios vinculados a la urbanización se encuentran los de los socialistas Juan Fraile -ex alcalde de Ronda cuando se aprobó el PGOU y vicepresidente segundo de Unicaja- y Jaime Montaner -arquitecto del proyecto y ex consejero de la Junta de Andalucía- ; el popular José Herrera –edil de Urbanismo de Ronda- y el empresario valenciano Jorge Juan Flor Gallén; el histórico de CiU en Amposta, Joan María Roig i Grau –ha formado parte del consejo de la promotora-; y el andalucista Antonio María Martín Lara –alcalde de Ronda-.

Como en tantos otros casos de urbanizaciones salpicadas por toda la geografía española, el entramado empresarial de Los Merinos Norte de Ronda ha intentado intimidar a través de denuncias a vecinos y periodistas que han osado denunciar las acciones de la promotora. Tal es el caso de El Observador, revista malagueña que se ha hecho eco de las críticas vecinales al proyecto.

No muy lejos de Los Merinos, también en la malagueña Serranía de Ronda, se encuentran el exclusivo circuito de F1 Ascari y la finca La Parchite, donde se han detectado obras de infraestructura para otro proyecto urbanístico ligado al golf, pese a que cuenta con una declaración de impacto ambiental negativa y vinculante por parte de la Junta de Andalucía. Casualmente, La Parchite guarda relación empresarial con David Shamoon, empresario libanés director financiero de los famosos hoteles Puente Romano y Marbella Club de Marbella, recientemente imputado en el Caso Hidalgo, acusado de los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal.







* El Confidencial - Fátima Martín.- 14/11/2007
Foto: Ronda (Málaga), Los Merinos - 20minutos.es



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La fiscalía anticorrupción investiga la situación urbanística de Campos

DIARIODEMALLORCA* : Agentes de paisano de la Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron ayer en las dependencias municipales de Campos con un mandamiento firmado por el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, por el que se requería "copia certificada o compulsada de las normas subsidiarias (normativa urbanística) de dicha corporación así como cuanta documentación obre en sus archivos relativa a la confección de dichas normas". La apertura de diligencias informativas ha causado cierto revuelo en el pueblo de la comarca del Migjorn.

Hoy, miércoles, el actual equipo de gobierno municipal, formado por UM-Campos pel Canvi (PSM+Entesa+PSOE), conocerá si la Justicia requiere las normas subsidiarias (NN SS) del año 91 o bien las últimas aprobadas de forma inicial el 30 de octubre de 2006 y de forma provisional el 26 de marzo, cuando gobernaba el PP. Tampoco se descarta que se exija toda la documentación en materia urbanística. En estos momentos están vigentes las partes más restrictivas de las NN SS de 1991 y de 2007, así como una suspensión de licencias hasta la aprobación definitiva de las normas.

El pasado verano el Consell de Mallorca devolvió las NN SS sin entrar en el fondo de la cuestión, simplemente por defectos de forma y de tramitación.
Cabe explicar que, en la anterior legislatura, con gobierno en mayoría del PP, dirigido por el alcalde Andreu Prohens, los entonces grupos de la oposición UM y PSM ya rechazaron frontalmente las NN SS, mientras que el tercer partido de la oposición, Convergència Campanera (ahora coaligado con el PP, en la oposición) se alió con los conservadores.

PSM, UM, GOB y ARCA, entre otros partidos y organismos, reprocharon falta de consenso y denunciaron múltiples presuntas irregularidades en el proceso, como la designación ´a dedo´ del equipo redactor de las NN SS (concretamente la empresa privada del arquitecto municipal Cosme Garcías); la falta de informes preceptivos y vinculantes como el de Costas; los posibles "excesos" en las Áreas de Reconversión Territorial contempladas en el Plan Territorial Insular junto al club náutico, Dalt de sa Ràpita y la zona de sa Vinyola; presuntas irregularidades en varias urbanizaciones y convenios, etc. A su vez, el pertinente informe de sostenibilidad ambiental reveló toda una serie de impactos negativos. El plan permitiría doblar la población, de los 9.000 habitantes actuales a más de 18.000.

Casi 900 personas firmaron alegaciones, de las que el PP aceptó muy pocas, entre ellas la reivindicación masiva referente a la conservación del patio de la escuela Joan Veny i Clar. A fecha de hoy, aún no se han respondido el conjunto de alegaciones. El nuevo Partil Liberal, liderado por Joan Alou (ex del PP), presentó, sin éxito, una alegación a la totalidad de las discutidas normas. El PSM, antes de elecciones, animó a la fiscalía a investigar la gestión del PP.

Otra repercusión importante que provocaron estas últimas NN SS es relativa a la polémica urbanización de Torre Marina de ses Covetes, donde se alzan los 68 apartamentos inacabados. Finalmente, el PP rectificó y declaró rústicos los terrenos. En la aprobación inicial la calificación era de zona de eventual inclusión en suelo urbano por sentencia judicial. En la provisional se pasó a suelo rústico.
Según fuentes municipales, el equipo de gobierno conservador aportó tarde el informe de Costas e introdujo modificaciones sustanciales tras la exposición pública, lo que supone una clara irregularidad.






* Diario de Mallorca - T. OBRADOR. CAMPOS - 14 de noviembre de 2007
Foto: Campos (Mallorca) - mallorca.com



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El juez cita como imputado al alcalde de Mogán por el 'caso Grupo Europa'

CANARIASAHORA/Las Palmas* : El juez del caso Góndola, que investiga casos de corrupción en Mogán, ha citado para este jueves en calidad de imputados al alcalde del PP, Francisco González, y a la ex teniente de alcalde Onalia Bueno, en una nueva tanda de declaraciones sobre el caso Grupo Europa, que continuó este miércoles con dos nuevas citaciones a responsables de la empresa municipal Gesmogán y de la mercantil de Antón Marín.

La denuncia original que destapó las relaciones ilícitas de Grupo Europa en Telde -provocó las detenciones del 16 de mayo pasado y la imputación por cohecho al administrador único de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, y al jefe de Urbanismo teldense, José Luis Mena, entre otros- también señala al alcalde de Mogán y a la entonces teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales y Vivienda, Onalia Bueno, como presuntos autores de un cohecho, investigado por la Policía Nacional.

Este lunes, tras las declaraciones en sede judicial del denunciante y del administrador, el magistrado José Alexis Reyes abrió formalmente la instrucción de la trama que liga a esta empresa promotora de viviendas sociales con el grupo de gobierno del PP en Mogán, siguiendo el mismo modus operandi que cuajó en Telde a través de la empresa municipal Urvitel, durante el mandato de gobierno de PP y AFV-Ciuca: imputar un gasto ficticio al suelo gratuito cedido por la administración pública para repartir dividendos a costa del precio final de la vivienda.

A diferencia de en Telde, donde se han detectado pagos ilegales de Grupo Europa directamente a políticos y funcionarios para amañar el concurso de asistencia técnica a Urvitel -hasta 240.000 euros-, en Mogán los datos recabados por la investigación del caso centran los pagos ilícitos en encargos realizados por Onalia Bueno a Antón Marín, para financiar un mitin de Mariano Rajoy y sendos conciertos de Bebe y Miguel Ríos en 2005, y se sustenta en nuevos testigos que han ratificado todos los extremos de la denuncia durante el verano pasado.

Consta en la denuncia que el PP de Mogán cobró al menos 95.000 euros en comisiones ilegales de Grupo Europa, introducido en este ayuntamiento también por la gestión del ex diputado del PP Jorge Rodríguez, y que el supuesto pelotazo puesto en marcha en el municipio gobernado por Francisco González González superaba los dos millones de euros, con la imputación, como en Telde, de un gasto ficticio al suelo gratuito cedido por el ayuntamiento donde se pretendían construir las VPO.

También declaran el secretario de Gesmogán y la responsable de GC Europa SAU

Además, este miércoles, pasaron por el despacho del magistrado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de San Bartolomé de Tirajana el secretario de la empresa municipal Gesmogán, Rafael Cabrera, y la responsable de administración de la filial canaria de Grupo Europa, Gestión de Cooperativas Europa SAU, Daniel Yasmina Falcón Hernández.

Tras prestar declaración ante José Alexis Reyes, sus abogados explicaron a los medios de comunicación congregados a la entrada de los Juzgados de Maspalomas que, "por orden expresa del juez", no tenían permiso para hacer declaraciones, al estar declarado el secreto de sumario. También desde el TSJC, su Gabinete de Prensa confirmó este miércoles a CANARIAS AHORA que, de momento, el juez ha decidido no informar oficialmente sobre los cargos que se imputan a los encartados.







* Canarias Ahora - ALEXIS GONZÁLEZ. Las Palmas de Gran Canaria - 13/11/2007
Foto: Mogan (Gran Canaria), puerto - puertosdecanarias.com



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