SUR/Ceuta* : El estudio previo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) avisa: «Casi la cuarta parte de la edificación está en estado deficiente, malo o ruinoso». Más de 1.900 edificios, el 23,6 por ciento del parque residencial de la Ciudad Autónoma deja mucho que desear, a juicio de los servicios técnicos encargados de redactar el futuro PGOU. De esos casi dos mil edificios en mal estado, 568 se acercan a la ruina peligrosamente.
Además, señala el avance, la mayoría de los edificios tiene las instalaciones básicas, -bien debido al clima o a la baja renta per cápita, argüye el informe-. Así, sólo la tercera parte de los inmuebles dispone de agua caliente central o instalación telefónica.
Carencias y limitaciones propias de edificios antiguos. El avance del PGOU subraya que, si se exceptúa la parte más antigua del parque edificado residencial, aquella construida antes de 1900, con escasa presencia en la ciudad, la antigüedad de los inmuebles ceutíes «es mayor que la del parque español». Aún así no parece que esta antigüedad vaya a ser un problema en el futuro vista la evolución de la construcción en la ciudad autónoma. Y es que si en 1990 la mitad de los edificios de Ceuta se había construido antes de 1940, diez años después la mitad habían desaparecido. Se renueva así el parque inmobiliario pero con la renovación se evapora buena parte de la historia de Ceuta.
Este problema no afecta por igual a toda la ciudad autónoma. Y es en el Almina y en el istmo, el origen de la ciudad, donde el deterioro de los edificios es más acusado, con el 40 por ciento de ellos en mal estado, según el avance del PGOU.
Quizá debido al mal estado del común de los edificios de Ceuta se ha impulsado las obras de reforma y rehabilitación que ha afectado desde 1999 a más de 150 casas.
Por otra parte el crecimiento del número de viviendas ha sido muy importante pese a las limitaciones de suelo. En la década de los ochenta el parque creció a un ritmo del 15 por ciento, que se elevó al 23,3 por ciento en la siguiente década, lo que supone 2.467 y 4.310 nuevas viviendas respectivamente en cada decenio. Es decir, 6.777 nuevos hogares en veinte años.
La mayoría de la vivienda que se visa en Ceuta, señala el avance del PGOU, es libre y tan sólo se han visado 139 VPO, el 3,6 por ciento del total, entre 1993 y 2004, muy lejos del 12,5 por ciento de pisos protegidos respecto al volumen total construido en el resto del país.
Infravivienda
El precio sube y el tamaño medio de la vivienda aumenta, situándose entre los 60 y los 120 metros cuadrados. A pesar de esta aparente mejora aún hay en Ceuta 1.414 de menos de 30 metros, en las que, apunta el avance técnico del PGOU, debido al tamaño medio de un hogar ceutí «tienen que darse situaciones de hacinamiento». Un serio problema que alcanza dimensiones preocupantes en Benzú, donde la tercera parte de las casas presentan situaciones de hacinamiento que rozan la infravivienda.
Más zonas verdes
Los ceutíes suspiran por una zona verde cerca de su casa, o lo que es lo mismo, un parque urbano, la zona ajardinada más habitual en Ceuta, que sólo cuenta con el decrépito parque de San Amaro, pendiente de renovación. Según el preámbulo del PGOU, dos de cada tres ceutíes ven en este su principal problema, seguido por la poca limpieza de las calles, los ruidos exteriores o la delincuencia y el vandalismo en la zona. Jerarquía de preocupaciones similar a la ofrecida por el sondeo de voto de SUR y la encuesta sobre calidad de vida del INE.
* Diario SUR - 13.08.07 - JAVIER SAKONA
Foto: RUINA. Medio millar de inmuebles se acercan al estado ruinoso, según el avance del PGOU. / SKN
La cuarta parte de los edificios de Ceuta están en mal estado o ruinosos
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Tema: NOTICIAS CeutaMelilla
Porto do Son consuma su desfeita urbanística
ELCORREOGALLEGO* : Hace ya algunos años que tanto este periódico como quien esto firma nos ocupamos con reiterada obstinación de la situación urbanística que vive el municipio de O Son, que hemos calificado en la práctica totalidad de las ocasiones con el expresivo nombre de desfeita. Como la exageración es propensión humana disculpable cuando se pone pasión en la defensa de los propios argumentos, podría aducirse que la referida desfeita responde a una interesada distorsión por parte de periódico y de periodista, antes que, como entendemos, a la fiel constatación de lo sucedido.
Y como en los años transcurridos desde que se diera la primera voz de alarma las obras han ido sucediéndose y a la vista están, y las que faltan pronto asomarán lo que va a suponer el más grave atentado perpetrado en el municipio a la riqueza natural, ambiental y paisajística -queda por saber si también a la histórica, dada la existencia de numerosos hallazgos arqueológicos castreños-, conviene refrescar la memoria de lo sucedido y, tras ello, dejar que sea el avispado lector quien, en su sano albedrío y mejor juicio, ponga el calificativo que estime oportuno a la sucesión de hechos relatados.
1) Se dijo desde aquí en todo este tiempo que el patrimonio natural heredado es riqueza que ningún pueblo puede destruir a su conveniencia o capricho, y un centenar de chalés ilegales jalonan espacios catalogados dentro de la Red Natura.
2) Se advirtió de la continuada usurpación del patrimonio construido, que, en tanto conforma tipologías urbanas dignas de relieve, se constituye en riqueza común inalienable (Castro de Baroña, Casas Colgantes de Cuenca, Barrio Alto de Lisboa, judería de Ribadavia...). Pues bien, se han tirado salazones, derruido casas con hornos de pan artesanales, derribado fuentes, demolido algún viejo cine...
3) Se reclamó un catálogo de casas singulares para su conservación como símbolo de una peculiar arquitectura digna de preservarse, y se hizo, pero justamente para tirar algunas de ellas cuando ya habían sido singularizadas como tales por el equipo técnico, según reconoció el propio ex regidor. Otras, con elementos arquitectónicos excepcionales, han sido frenadas por condicionantes externos pero nada vaticina que no sigan, en breve, la misma suerte.
4) Se alertó de la belleza natural de un acantilado encima de un mar excepcionalmente atractivo en su bravura invernal, y se anuncia un proyecto de senda verde que amenaza destruirlo. ¿Justificación? En las proximidades había un humedal con nutrias. Nutrias y humedal están a punto de ser enterrados bajo la piqueta en el más osado proyecto de desfeita urbanística, pero la senda se mantiene. Todo ello a pie de costa.
5) Se avisó de la irracionalidad de aplicar unas Normas Subsidiarias datadas en 1994 y superadas al menos por tres leyes del Suelo, autonómicas y estatales, que deslegitimaban su contenido, y se mantuvieron en plena vigencia hasta hace escasos meses, con el consentimiento de la Xunta y por exclusivas razones de clientelismo. Con mucho más exquisita preocupación, la misma Xunta, con otro color político, paralizó las licencias en Oroso y en Teo. Con ello se generó un daño cierto a promotores y particulares, pero sólo temporal y reversible; con el dejar hacer en O Son, se propició un daño continuado, para todos e irrecuperable.
6) Se recomendó la conveniencia de extremar la inspección urbanística, y a día de hoy hay edificios que sobreviven a ilegalidades reconocidas por sentencia, otros denunciados por particulares por no ajustarse a proyecto, el citado centenar de chalés construidos sin licencia en espacios de la Red Natura y más de una decena de otros levantados en suelo rústico.
7) Se denunciaron por la oposición municipal supuestos tratos de favor, y nadie investigó. Es público y publicado que buena parte de los proyectos de obra realizados llevan la firma de quien, se dijo, es compañero en el mismo estudio de arquitectura del que fuera arquitecto municipal encargado de validar esos proyectos. Una relación que, en todo caso, sí existió entre ambos como miembros del consejo de administración de una misma empresa. De igual modo que el mismo arquitecto municipal fue socio de un empresario que en los últimos tiempos, y desde otras siglas comerciales, ha cobrado protagonismo singular en los más ambiciosos y lesivos proyectos urbanísticos actualmente en marcha (comida y toros por medio).
8) Se recomendó acabar con la engañosa práctica de publicitar y vender con el reclamo de primera línea de costa o de vistas al mar, y en su insaciable voracidad, los distintos promotores han ido comiéndose terreno, alturas y vistas y, en idéntica medida, engañado a los compradores de pisos, quienes a los pocos meses comprobaban como sus "vistas al mar" eran tapadas por las de nuevas promociones que iban surgiendo. Todo un fraude.
9) Cuantas advertencias se hicieron de acomodar el planeamiento a las nuevas disposiciones legales fueron respondidas por alcalde y equipo de gobierno socialista con el visto bueno a expedientes urbanísticos justo 24 horas antes de la entrada en vigor de una nueva ley del suelo que haría inviable tal aprobación. Y, reincidiendo en el intento, hace escasos meses, aprobando trámites de licencia de más de dos centenares de viviendas a pie de litoral, en base a la misma disposición de 1994 y justo el día antes de la entrada en vigor de la disposición de los 500 metros de distancia de la costa.
10) Que la escalada de irracionalidad llegaría a más se encargó de constatarlo este periódico, al informar de la compra por parte del concejal de Urbanismo de fincas rústicas susceptibles de posterior recalificación urbana. Una denuncia que investigó de oficio el fiscal Anticorrupción y que ahora espera el dictamen judicial.
11) Si el robo es definitivo en la memoria urbanística, también lo es, aunque temporal, en el uso y abuso de los espacios públicos por parte de las promotoras invadiendo durante meses aceras, plazas y hasta carreteras con los materiales de construcción. Poniendo en peligro vidas humanas. Sólo la providencia ha evitado un accidente. ¿Asumiría Xunta o Concello la responsabilidad debida en caso de haber ocurrido?
12) Señalamos que cuanto se estaba haciendo era un urbanismo pobre y empobrecedor, "sin alma", como muy acertadamente lo definió desde este periódico una de las más fervientes y documentadas luchadoras contra la desfeita en este municipio, María Luisa García Gil. Insistimos hasta la saciedad que el progreso del municipio difícilmente podría asentarse en la indiscriminada construcción de soluciones habitacionales de verano mientras se olvidaban los proyectos de primera residencia, ahora que Noia, Brión, Bertamiráns y hasta Compostela quedan lo suficientemente cerca, en tiempo. Pero el cemento lo inundó todo, volviéndolo inhóspito, del mismo modo que la villa se tornará un pueblo fantasma tan pronto pasen los calores del verano. Lo conocen de primera mano hosteleros y comerciantes, que saben cuándo, en qué medida y de qué bolsillos llega el valor añadido que cada turista o visitante aporta a la economía vecinal. Basta preguntarles.
13) Finalmente, este periódico repitió hasta la saciedad que ese urbanismo conduciría ineludiblemente al retroceso económico, a la par que al social de todo el municipio. Pues bien, en los últimos años, ningún indicador económico -población, paro, inmigración, cuotas de mercado, indicadores comercial, industrial o turístico, existencia de oficinas bancarias...- arroja un sólo dato favorable respeto de épocas anteriores. Y si la población tuvo un descenso continuado desde los 12.000 a los pocos más de 10.000 habitantes, el paro se incrementó respecto al año precedente pese a todo el bum constructivo, la emigración de la gente joven continúa, con un saldo migratorio negativo; el precio de la vivienda para los lugareños se multiplicó por varios enteros, la industria se mantiene en índices de ocupación de hace años y ni siquiera tanta riqueza logró que se abriera una nueva sucursal bancaria. En suma, más viejos y más pobres gracias a esa forma de hacer urbanismo.
Pero no será desde aquí desde donde, a la vista del panorama descrito, se concluya con la insultante moraleja de que cada pueblo tiene lo que se merece. Lo que no ofrece duda es que cada pueblo tiene lo que quiere, cuando sabe luchar por él, como recientemente demostraron Corrubedo o Baroña. Y ese sentimiento de creciente indignación colectiva ha comenzado a madurar, aunque da la impresión de que surge cuando ya se antoja tardío. La desfeita apura sus últimas y más graves consecuencias para ignominia de unas autoridades políticas que han propiciado, cuando no apurado, la mayor de las afrentas que caben contra toda una colectividad vecinal: usurparle lo mejor de su propia memoria histórica -natural y construida- e hipotecar, a la vez, el futuro crecimiento armónico. Y se decían pueblo.
* El Correo Gallego - XOÁN SALGADO SUBDIRECTOR DE EL CORREO GALLEGO - 26.08.2007
Foto: La barbaridad arquitectónica que muestra la foto es, en su nimiedad, paradigma del grado de desfachatez con el que algunos promotores han sentado sus dominios en O Son, sin que nada les sonroje - elcorreogallego.es
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27.8.07
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Tema: NOTICIAS Galicia
"Queremos gas, pero no a costa del territorio"
ELPAÍS/Cataluña* : Una superficie industrial equivalente a 18 campos de fútbol, con chimeneas de 60 metros ardiendo las 24 horas, a dos kilómetros de la playa y a menos de 1,5 del núcleo urbano de Alcanar (Montsià). Esto es contra lo que se ha alzado la sociedad civil y la clase política del último municipio de Cataluña lindando con Castellón. En menor medida, el mismo movimiento ha echado ya a andar en Vinaròs, ya en tierras valencianas.
A ambos lados, están convencidos de que esta planta pensada para transformar el gas que se almacenaría en un depósito submarino 20 kilómetros mar adentro supondrá un durísimo golpe al cada vez más importante turismo familiar, a la vez que terminará con una de las escasísimas zonas vírgenes del litoral mediterráneo.
Haakon Brenner es austriaco de nacimiento, pero de Alcanar de corazón. Lleva 11 años viviendo en esta pequeña ciudad pegada al sur del delta del Ebro y de 10.000 habitantes, ganándose la vida alquilando a los turistas Villa Carmen, una antigua residencia señorial que ha restaurado. "Todos queremos que el gas llegue a los hornillos de nuestras cocinas, pero no a costa de destrozar por completo un territorio", dice. Y, como él, así piensa una mayoría social aplastante en el municipio, lo que queda reflejado en dos recientes sesiones plenarias del Consistorio en las que ICV, PP, CiU, PSC y ERC han votado juntos su rechazo a la instalación. Desde la terraza de Villa Carmen, las parejas de mediana edad y con hijos, mayoritariamente catalanes, aragoneses y valencianos, que llenan actualmente el establecimiento de Brenner tendrían unas vistas fabulosas a las chimeneas de la planta transformadora. "Es un problema de seguridad enorme, y de salud. El turismo se iría asustado", señala.
Todo un vasto territorio llano como un papel entre el Maestrazgo valenciano y el Montsià catalán, y en el que cualquier construcción alta tendría esas mismas vistas, al margen de una mayor acumulación de gases de efecto invernadero y partículas de desecho en su atmósfera.
La empresa Escal UGS, por encargo de un Ministerio de Industria que considera urgente la construcción de esta instalación, solicitó el 6 de agosto al Ayuntamiento de Vinaròs un informe de compatibilidad urbanística de la planta. Se trata de un terreno calificado como rústico al lado del río Sénia, un torrente seco que delimita el territorio entre Castellón y Tarragona. Esta zona ha quedado al margen de la presión urbanística y en el lado catalán está protegida no sólo para las actividades industriales, sino también para el uso residencial.
Apenas a una decena de metros, en el lado valenciano, el ministerio que dirige Joan Clos ha diseñado una planta transformadora que convertirá en apto para su uso un gas que se almacenaría 20 kilómetros mar adentro, en el antiguo pozo petrolífero Chaparral, hoy en desuso. Según el plan energético aprobado en Consejo de Ministros el 31 de marzo, la instalación global tendrá capacidad para almacenar 1.300 millones de metros cúbicos de gas, de los que podrían extraerse 25 millones al día, en la mayor instalación de las otras tres de este tipo que hay en España, según prevé el documento. Todas deberían estar operativas en 2009, y el plan energético mencionado subraya la proximidad en Vinaròs del gran centro de consumo de gas que supone la industria del azulejo castellonense. De hecho, el consumo de gas de Castellón cuadriplica al de la provincia de Valencia, según datos del Ayuntamiento castellonense. Industria considera estratégicas y prioritarias unas instalaciones que permitirían aumentar la autonomía energética de España almacenando un gas que hoy llega de países potencialmente inestables políticamente.
Las contrapartidas son varias: la flota pesquera del norte del Castellón y sur de Tarragona vería reducido su ámbito de acción, ya que no podría faenar ni en las inmediaciones del depósito ni en las de la tubería que transportaría el gas hacia la planta de Vinaròs. Y el turismo, como añade el farmacéutico vinarocense Javier Roca, huiría. Roca ejemplifica la relación fluida que existe entre los municipios del sur de Tarragona y norte de Castellón. Su hija tiene una farmacia en Les Cases d'Alcanar, un barrio del municipio catalán, y él está convencido de que la instalación de la planta de gas va a significar la "muerte" del territorio. "Vendemos tranquilidad y calidad de vida", subraya, y lamenta que el Ayuntamiento de Vinaròs no haya hecho el esfuerzo suficiente de informar con detalle a la población del proyecto. De hecho, la zona en la que se prevé construir la planta ha sido objeto de numerosas operaciones de compra-venta por parte del sector inmobiliario, que ve en este espacio natural un lugar de crecimiento para la oferta de turismo residencial. Escal UGS posee sólo el 7,8 de las 177 hectáreas que necesita.
Javier Roca, como Brenner y unas 700 personas más de la zona, forman parte de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia, un recién nacido movimiento vecinal que se ha puesto como objetivo informar tanto a Vinaròs como a los pueblos afectados de ambos lados sobre el impacto del proyecto. "Es mucho más grave esto que discutir sobre el futuro del puerto", dice Roca, refiriéndose a un controvertido proyecto de ampliación y reforma del puerto local que concentra la atención de los vecinos.
"Con nocturnidad y alevosía"
La tramitación del proyecto se ha precipitado en agosto, pese a estar presente en los planes ministeriales desde 2002. "Ha sido con nocturnidad y alevosía", según ha denunciado la plataforma vecinal. El propio Ayuntamiento de Alcanar no lo ha tenido fácil para conseguir la información de un proyecto que le afecta de lleno. Fuentes del ministerio no saben explicar el porqué de la publicación en el BOE el pasado 2 de agosto del proyecto por parte de Industria. El teniente de alcalde de Vinaròs, Juan Antonio Beltrán (PSPV), detalla que el Consistorio ha alegado contra el proyecto debido a la incompatibilidad urbanística de la zona, y advierte de los mismos impactos negativos sobre la zona que la plataforma vecinal. Sin embargo, y pese a todas las iniciativas contrarias que han surgido en el lado catalán, matiza: "La única vía para frenarlo es que la Generalitat valenciana se oponga".
* ELPAIS.com - ORIOL AYMÍ 26/08/2007
Foto: Alcanar (Tarragona) - mma.es
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Benidorm autoriza a ocupar 112 pisos que ilegalizó el tribunal superior
EL PAÍS* : El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha otorgado cédula de habitabilidad de primera ocupación a 112 apartamentos construidos en la manzana comprendida entre las calles Mallorca, Girona y Mediterráneo. La comisión de Urbanismo accedió el pasado 13 de agosto a la solicitud de la promotora, Coblanca Mediterráneo SL con los votos favorables del PP y el PSPV. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó una sentencia el 11 de abril que anuló y dejó sin efecto la aprobación del estudio de detalle para dicha manzana, un trámite que sirvió de cobertura a la modificación de la licencia municipal para superar la edificabilidad prevista inicialmente.
La fórmula del estudio de detalle permitía al promotor pasar de construir 92 apartamentos, como pretendía en un primer momento, a 112, aprovechando el trasvase de edificabilidad de otra parcela. El TSJ de la Comunidad Valenciana tumbó ese acuerdo. El consistorio interpuso un recurso de casación pendiente ahora de resolución.
El abogado del propietario que presentó el recurso contra la decisión municipal afirma: "Al anular el estudio de detalle quedan ilegalizadas las viviendas, porque la licencia de edificación se otorgó sobre la base de esas condiciones ahora no validas". Y añade: "Entregar la licencia de ocupación es como decir que todo se ha realizado correctamente y que el edificio cumple los requisitos, algo falso".
El Ayuntamiento otorgó la licencia de nueva ocupación después de solicitar un informe jurídico externo favorable, con el fin de "no perjudicar a los vecinos que nada tienen que ver", sostiene el concejal de Urbanismo, José Ramón González. "Un edificio vacío en un lugar perjudica a una ciudad que vive de la imagen", apunta. Federico López, el abogado que firma el informe jurídico externo señala que las licencias "son actos administrativos independientes del estudio de detalle". Y argumenta que las obras están amparadas en dicha licencia y "son legales".
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm[EMPTYTAG] - 26/08/2007
Foto: benidorm - losgenoveses
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La especulación y su impacto ecologico
AUREO SÁNCHEZ* : Lo que a continuación leerá no será un artículo de carácter técnico adornado con cifras ni con un afán tecnicista, es un escrito para aquellos que soportan cada día la especulación en el mercado inmobiliario español. Es, para los ciudadanos que observan desolados como bosques y zonas de campo colindantes a las metrópolis son masacradas por un afán de lucro personal, mientras los ecosistemas se debilitan y producen comportamientos anómalos en la fauna del lugar.
Quizá el peor de los efectos que ha provocado la burbuja del sector inmobiliario ha sido la continua recalificación de terrenos para la construcción de viviendas, esta medida ha provocado que gran parte de las zonas colindantes a los pueblos y ciudades se vean ahora reducidas a cemento y ladrillos, el efecto recalificador ha provocado tal afán lucrativo que ha supuesto que la superficie urbanizada aumentase en mas de un 100% en algunos municipios de la zona noroeste de Madrid por no hablar del caso mas famoso ; Seseña.
Tanto crecimiento urbano se sostiene según los medios oficiales por un aumento de la población que prefiere ir a vivir al extrarradio creando las llamadas ciudades dormitorio ; y sin embargo Madrid o Barcelona siguen teniendo los precios de los alquileres al mismo nivel o superiores , tal efecto que debería preconizar el éxodo a las ciudades dormitorio no repercute a los precios de las viviendas en las capitales y mientras en el extrarradio se siguen construyendo viviendas aun cuando recientemente salio el alarmante dato que advertía que en España existía una vivienda para cada 2 personas , situándose nuestro país en el primer puesto de la lista en toda la unión europea.
Y sin embargo los promotores inmobiliarios siguen especulando, edificando nuevas viviendas aunque parece ser que estas no serán nunca habitadas ya sea por sus precios desorbitados o por exceso de demanda, la actitud de los alcaldes de estos municipios ya sean socialistas o populares es denigrante puesto que en sus campañas electorales para los comicios del pasado mayo apostaron por la calidad de vida en sus municipios y tras haber resultados elegidos han llevado a cabo las reformas contrarias a las que prometían, como es posible apostar por municipios que ofrecen calidad de vida a los ciudadanos en cuanto a comodidad y prestaciones cuando la realidad muestra que avanzamos inexorablemente hacia la conurbación entre pueblos y a la masificacion y a la desaparición de los espacios vegetales.
Tanta urbanización y recalificación esconden tras de si un afán de crecimiento desmesurado por parte de los municipios que aspiran a tener mas importancia en la comunidad aunque esto conlleve acabar con la belleza natural del entorno y hacer que la clase social de los promotores inmobiliarios haya estado beneficiándose de la situación durante demasiado tiempo.
Esta es la encrucijada en la que ahora nos vemos, podemos cerrar los ojos y hacer que no vemos como nuestros entornos naturales siguen siendo destrozados por personajes sin escrúpulos hasta que se conviertan en los paraísos del cemento y la plastificación de la sociedad. O bien podemos reaccionar ahora que el proceso no esta del todo terminado, aun hay cabida para la lucha y la protesta frente a los destrozos incontrolados . Tenemos que pelear ya sea denunciando los casos de corrupción, llevando a juicio a aquellos que demasiado tiempo han estado estafando a la sociedad y haciendo saber a aquellos que no quieren ver la situación que la cosa no tiene porque ser de esta manera y que un buen municipio no es el que mas habitantes tiene , la lucha es aplicable a numerosos campos pero ha de ser inmediata , no podemos dormirnos ahora , es el momento de actuar.
El mercado de la vivienda parece estar comenzando a desinflarse, no podemos dejar se renueve otra vez. Hay pelear contra aquellos que juegan con nuestro futuro y el de nuestro planeta, no hay que dejarse intimidar por aquellos que utilizan en miedo como mejor mecanismo de defensa. Ahora es el momento de actuar y no de mirar a otro lado
* Rebelión - 24-08-2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
EL TSJ declara ilegales las obras del nuevo edificio del Ayuntamiento de Calp
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha declarado ilegales, pese a que ya están finalizadas, las obras de ampliación que llevó adelante el anterior gobierno municipal del Partido Popular en el edificio del nuevo Ayuntamiento de Calp y en la piscina municipal. La sentencia denuncia que los fondos que se utilizaron para la financiación de ambas obras provenían de la venta de suelo municipal que sólo puede estar destinado a promover viviendas de protección oficial.
El nuevo alcalde socialista busca fórmulas para devolver el dinero.
El TSJ emite sendas sentencias en las que desestima los dos recursos de apelación que presentó el anterior gobierno del Partido Popular en Calp, presidido por Javier Morató, y argumenta que el dinero obtenido con la venta de Patrimonio Municipal de Suelo no puede destinarse a cualquier fin, "sino al de desarrollar técnica y económicamente la expansión de las poblaciones", a través de la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).
El gobierno del Partido Popular gastó en la pasada legislatura alrededor de 3 millones de euros en la rehabilitación del edificio consistorial y 1,7 millones de euros en la construcción de la piscina. El dinero que financió estas obras, provenía de la venta de diversas bolsas de terreno recalificadas como suelo público y que únicamente podían ser destinadas a la promoción de VPO.
Con ambos recursos desestimados, el TSJ impondrá al Ayuntamiento calpino que reponga el importe total del gasto que realizó en sufragar dichas obras, es decir, 4,7 millones de euros que sólo pueden ir destinados a viviendas de promoción pública. Pese a que las obras son ilegales, el edificio no se demolerá, aunque habrá que devolver toda la partida que supuso su coste. El ex alcalde de Calp ya acumulaba tres sentencias del TSJ, junto a estas dos, que estaban recurridas por vender en los últimos años suelo municipal, incurriendo así en un delito urbanístico, según especifica la ley.
La Subdelegación del Gobierno llegó a impugnar al Ayuntamiento popular hasta 40 partidas, que sumaban 7,5 millones de euros, cuyo dinero no ha sido destinado a financiar estas viviendas sino a gastos del equipo de gobierno entre los que se encuentran muebles de despachos y oficinas, mobiliario urbano, equipos de aire acondicionado, el acondicionamiento de la calle de la Pilota y la ampliación efectuada en el edificio consistorial, que ahora es declarada ilegal junto a las obras de la piscina.
El Tribunal Superior de Justicia confirma en las sentencias la "ilegalidad" de las obras efectuadas al estar financiadas con cargo a los fondos del suelo municipal cuya finalidad es "muy distinta" y añade que para estas obras se puede utilizar la partida de gasto corriente del Ayuntamiento.
El problema para que el actual Ayuntamiento pueda devolver el dinero es la liquidez, que ya justificaba el anterior alcalde del PP, Javier Morató. Y es que el gobierno popular de Calp ha endeudado en estos últimos años el Ayuntamiento "al límite", y sigue aumentando las deudas con las sentencias. Hasta ahora, la deuda calpina ascendía a 60 millones de euros entre deuda bancaria y derechos urbanísticos, lo que supera el 100% del endeudamiento permitido.
En el primer pleno convocado en el Ayuntamiento con la nueva dirección PSPV, Bloc y PSD, se anunció que se realizaría una auditoria al Consistorio para averiguar dónde se ha invertido tanto dinero. Según los técnicos del Ayuntamiento, el dinero de Calp "ha desaparecido" de las arcas municipales.
Sin embargo, las facturas siguen llegando. El equipo de gobierno actual denuncia la innumerable cantidad de facturas sin expediente y sin contrato que se han ocultado por parte del PP, y que por tanto permanecen pendientes de pago, y que, según conocen los funcionarios, se encuentran "en la nevera", a la espera de que se conozca el concejal que lo encargó y la partida a la que deben cargarse.
El PP no ha querido realizar comentarios al respecto y su responsable de Hacienda, Fernando Penella ya matizó en sesión plenaria que "habrá deuda pero es que se han hecho muchas cosas para Calp".
El edil nacionalista, Ximo Tur recuerda que a un mes de las elecciones el PP solicitó dos créditos por un total de 10 millones de euros, lo que "compromete actualmente mucho la sostenibilidad económica del consistorio", sentencia.
Según La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, a un municipio como Calp, de más de 10.000 habitantes, las bolsas de suelo municipales sólo pueden ser destinadas a la promoción de VPO, según los técnicos del Ayuntamiento, el ex alcalde popular durante sus doce años de legislatura debería haber promocionado 200 viviendas, sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna en todo el término municipal en los últimos 14 años.
* ELPAIS.com - NEUS GÓMEZ - Xàbia - 25/08/2007
Foto: Calpe - Císcar (ELPAIS.com)
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25.8.07
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Comisión Europea tomará medidas sobre el urbanismo de las Comunidades Autónomas
EUROPA PRESS* : La Comisión Europea tomará las "medidas pertinentes" en relación a las leyes urbanísticas que rigen en las distintas comunidades autónomas una vez que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) haya fallado sobre la denuncia que presentó Bruselas el pasado mes de junio contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por no cumplir las normas comunitarias sobre contratos públicos.
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se refirió a este caso en su respuesta a una pregunta parlamentaria que le planteó el eurodiputado de IU Willy Meyer en relación las presuntas irregularidades en el desarrollo urbanístico en la costa asturiana.
"En cuanto a las legislaciones urbanísticas en vigor en las otras comunidades autónomas españolas, la Comisión tomará las medidas pertinentes una vez que el Tribunal se haya pronunciado en el asunto relativo a la legislación valenciana", afirmó.
Meyer preguntó a la Comisión qué medidas prevé para preservar la costa del Principado de Asturias, sometida a la "presión" de las inmobiliarias y a un plan para construir 17 campos de golf que se sumarán a los 11 ya existentes. En su exposición, el eurodiputado alude al informe Fourtou, con el que el Parlamento Europeo denunció los excesos del urbanismo valenciano en diciembre de 2005.
En su respuesta, Dimas afirmó que los proyectos urbanísticos tienen que determinar, antes de ser aprobados, si pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, por medio de un estudio de impacto.
Fallo sobre Valencia, clave
Por lo que respecta a los mercados públicos, el titular de Medio Ambiente recordó que la Comisión examinó la legislación urbanística valenciana y concluyó que "la atribución de los programas urbanísticos en base a esta legislación tiene que someterse a la directiva en materia de mercados públicos".
"La Comisión considera que estos programas (de desarrollo urbano) constituyen mercados públicos, algo que ha sido rechazado por las autoridades españolas", lo que, dijo, fue causa de la denuncia ante el TUE, el pasado 27 de junio, con cuyo fallo se examinarán el resto de leyes autonómicas.
* El Mundo - 21/08/2007
Foto: Casas ilegales en la urbanización 'El Perpen' en la huerta de Catral. (FOTO: CRISTOBAL LUCAS)
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25.8.07
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
¡Oído en terraza!
MIGUEL DALMAU* : Es lo que tiene el verano. Si nos sentamos en una terraza junto al mar, podemos asistir al espectáculo de la comedia humana. En este caso, se trata de tres parejas de mediana edad, españoles, ropa de marca, desenvueltos, sobradillos. Se sientan en la mesa contigua, ya con los vasos de vino en la mano, y piden para todo un regimiento. En cierto punto, descubro que son constructores. "Rara avis in terris", me digo, y procedo a escucharlos furtivamente para comprobar si queda un átomo de decencia en el sector. Lo hay. De pronto, uno de los comensales, que ha bebido más de la cuenta, empieza a increpar a otro. El ataque es demoledor. "El chollo se nos va a acabar, tío", repite. Y no contento con ello, lo razonaba así: "Ha sido una vergüenza. Todos estos años robando y especulando, ganando fortunas a costa del país entero. ¿Sabes cuánto he ganado yo los últimos diez años?". El otro, que indudablemente no lo sabe pero se lo imagina, guarda silencio. Humilde. Abochornado.
A estas alturas uno comprende que deben, forzosamente, ser muy amigos para que el increpado soporte tan tranquilo el rapapolvo. Asombra, eso sí, el estoicismo o la cobardía del constructor, que sólo toma la palabra cuando el otro se sirve una nueva copa de vino. "La cosas funcionan así. No iba a chuparme el dedo. Todo el mundo ha sacado tajada. Mira a...". El otro estalla: "No me hables de ése. ¡Vaya pelotazos! ¡Qué vergüenza!". Entonces yo recuerdo la Ley del Suelo del PP, que ha sido sinónimo del "todo urbanizable" y ha provocado un crecimiento del ciento dieciocho por ciento de la vivienda española.
En este punto interviene un tercer comensal. "Ahora hay que verlas venir. Estar quietos. Esperar". Coincidencia general. Mientras acaban el arroz de bogavante, comentan que hay que obrar con mucha cautela. Aunque no haya crisis en el sector, se percibe una cierta regresión y, sobre todo, cierto malestar social. ¿Resultado? Ya no habrá arroz de bogavante cada día, pero seguirán tomándolo varias veces a la semana. En eso queda siempre la crisis de la construcción.
Pero el otro insiste: "Hemos hipotecado al país. ¿Qué pasa con la gente? ¿No nos da vergüenza? Un piso en Leganés por cien kilos. Y encima hay imbéciles que lo compran. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Me quieres decir para quién estamos construyendo?". La pregunta, al fin, conmueve a las damas. Y una de ellas se lanza a recordar el caso de un sobrino que... Las mujeres de estas lumbreras no son precisamente mejores. Yo diría que son peores, porque alimentan el ego y la ambición de estos tiburones para vivir a lo grande sin dar un palo al agua. Inútil añadir que en todo ese tiempo no se ha hablado de cine, teatro, pintura, literatura, filosofía, medicina... En el fondo, no se ha hablado de nada, pero he aprendido mucho de un tema que nos afecta a todos.
Por alguna razón el país entero, en efecto, está en manos de esos. Y de los bancos y de los políticos, que son sus compinches. Pero me consuela el pensar que el mar sigue brillando, eterno.
* Diario de Mallorca - Opinión - 19 de agosto de 2007
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Aifos saca pisos de debajo de la tierra
ELPAÍS* : La promotora Aifos ha construido en Fuengirola una promoción con 203 viviendas, Terrazas de Torreblanca, cuando la licencia concedida por el Ayuntamiento le autorizaba a levantar 161. Las 42 casas construidas de más se encuentran actualmente en un limbo jurídico porque el consistorio que preside Esperanza Oña (PP) se niega a dar la licencia de primera ocupación hasta que el proyecto no se ajuste al autorizado. Este obstáculo administrativo no ha impedido a la promotora malagueña comercializar las viviendas, con lo que los compradores pueden ser al final los principales perjudicados del conflicto.
La promotora defiende la legalidad de su actuación y asegura tener informes jurídicos que le dan la razón. Según Aifos, la edificabilidad final no excede de la autorizada y no considera que exista una planta de más porque "cuando se hizo el muro de contención resultó que el terreno era más profundo que lo que aparecía en el estudio geotécnico del Ayuntamiento, que estaba mal hecho". Las 42 viviendas construidas de más ocupan una planta bajo rasante no contemplada en el proyecto que el Ayuntamiento autorizó y para el que dio la pertinente licencia. Es decir, la promoción de Aifos no ha crecido en altura porque ha crecido en profundidad sobre un talud.
Para el Ayuntamiento de Fuengirola, sin embargo, la situación es evidente y no admite matices. Concedió una licencia para 161 viviendas y se han construido 203. Según el departamento municipal de prensa, "en su momento, Aifos presentó un proyecto de obras que se ajustaba a la ley y por lo tanto el Ayuntamiento le concedió la correspondiente licencia. Sin embargo la construcción edificada por la promotora no se corresponde con el proyecto presentado, ya que sobrepasa la edificabilidad permitida por la ley y ante este incumplimiento no se puede conceder la licencia de primera ocupación".
Aifos realizó el proyecto de la urbanización Terrazas de Fuengirola en octubre de 2002, y el Ayuntamiento le concedió la licencia el 11 de octubre de 2003 por decreto de la concejal de Urbanismo, Ana Mula. En octubre de 2004, los mismos arquitectos que hicieron el proyecto lo reelaboraron e incluyeron ya las 203 viviendas que se han ejecutado finalmente. El Ayuntamiento no detectó las irregularidades hasta que la promotora concluyó las obras y solicitó el permiso de primera ocupación.
La construcción acabó hace un año, y el 2 de agosto de 2006, la promotora solicitó la preceptiva licencia de primera ocupación. Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, en enero volvió a solicitar el permiso, pero el consistorio sigue sin contestar. Según Aifos, se podría entender concedida la licencia por silencio administrativo dado el tiempo transcurrido sin respuesta, pero ha anunciado que de momento no entregará las viviendas a sus compradores a la espera de resolver el conflicto con el Ayuntamiento.
Fuentes municipales han informado a EL PAÍS de que el consistorio "no concederá licencia de primera ocupación mientras el edificio no respete la ley" y han precisado que "la empresa no va a encontrar apoyo ni colaboración municipal hasta que no rectifique". El consistorio hace responsable a Aifos de cualquier perjuicioque puedan sufrir los compradores por no cumplir la legalidad.
En el escrito de solicitud de la licencia de primera ocupación, la promotora justifica la diferencia entre lo construido y lo autorizado en que es titular de un aprovechamiento de 1.650 metros cuadrados de techo en una parcela distinta en la misma zona y ha decidido por su cuenta una redistribución. Invoca principios legales que según entiende Aifos le permiten materializar todos sus derechos sobre las dos parcelas en la que ocupa Terrazas de Torreblanca. Pero en el mismo escrito Aifos admite la falta del pertinente permiso municipal para hacerlo. "En este caso, nos encontramos con una situación basada en la confianza dada por esa administración que si bien en ningún momento nos autorizó reglamentariamente a concluir la edificación sita en la parcela TB-058 con los 1.650 metros de techo provenientes de la parcela TB-059, tampoco nos lo ha impedido".
Aifos, una de las promotoras inmobiliarias más potentes de la provincia de Málaga, se ha visto con frecuencia en los últimos tiempos en el ojo del huracán. Su presidente y fundador, Jesús Ruiz Casado, está procesado en el caso Malaya junto a otros tres directivos de la firma por cohecho al haber entregado cantidades más de cinco millones de euros al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, para obtener trato beneficioso el Ayuntamiento de Marbella en varias de sus promociones, entre ellas los dos hoteles Guadalpín.
Pero además, del sumario de Malaya se han desgajado dos piezas separadas, una por presunto delito contra la Hacienda Pública de Ruiz Casado y su esposa, y otra para investigar los regalos que la promotora ha realizado a cargos públicos, jueces y técnicos de algunos ayuntamientos. Ruiz Casado se encuentra además imputado por un presunto delito de estafa por vender varias promociones de pisos en Rincón de la Victoria que nunca construyó y para los que no llegó a tener siquiera licencia de obras.
EL AYUNTAMIENTO NO COLABORARÁ
Aifos levantó en la promoción Terrazas de Torreblanca 203 viviendas cuando sólo podía construir 161.
El edificio se acabó de construir en agosto de 2006 pero el Ayuntamiento no dará la licencia de primera ocupación "hasta que el inmueble respete la ley".
Los directivos de Aifos están imputados en el caso Malaya por dar más de cinco millones a Roca.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 21/08/2007
Foto: Urbanización de Aifos Terrazas de Torreblanca- JULIÁN ROJAS (El País)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Urbanismo y protección del patrimonio
JOSÉ CARMONA* : En relación al patrimonio, en los territorios se manifiestan las luchas y las tensiones entre distintas fuerzas. Aquellos que consideran que todo lo que en el territorio existe tiene una dimensión económica que prima sobre las otras, y que urgen para que los plazos de planificación se adecuen a esa dimensión. Pero están también aquellos que deben imponer pausa, impulsar la integralidad de los procesos y defender que los recursos patrimoniales y culturales sean mirados y tenidos en cuenta desde otras perspectivas. Éste debe ser el papel de la Consejería de Cultura.
Tras los descubrimientos que se están haciendo en Castilleja de Guzmán alrededor del extraordinario dolmen de Montelirio, que incluyen cuatro nuevos dólmenes, el delegado de Cultura convoca una rueda de prensa y aparece dándole legitimidad técnica y política a la rapidez con que se desarrollan las excavaciones, guiadas por intereses urbanizadores. Hay una duda que las promotoras inmobiliarias ya tienen resuelta: ¿se excava para construir o se excava para conocer, profundizar, relacionar las partes de lo que se encuentra, y después valorar las distintas posibilidades científicas, sociales y de puesta en valor de lo que aparece?
La Consejería de Cultura, y el alcalde, en el caso de Montelirio, parece que también han resuelto esa duda aliándose con las fuerzas urbanizadoras. Primero, reduce el perímetro de protección del dolmen para que quepan un geriátrico y un supermercado en su entorno, aunque hay un informe en contra, que simplemente no aparece en el expediente; y después, el delegado se lanza a decir a los cuatro vientos que los restos de los cuatro dólmenes que acaban de aparecer están muy deteriorados, ninguneando así su valor.
¿Quién va a reclamar pausa, mirada de conjunto y unos mínimos principios para que no sea devastado uno de los conjuntos dolménicos más importantes del calcolítico europeo? Podemos hacerlo los ciudadanos, pero, por favor, que entonces nos ahorren el sueldo del delegado de Cultura.
* ELPAIS.com - José Carmona Navarro - Valencina, Sevilla - 20/08/2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
El alquiler sigue en lista de espera
ELPAÍS* : "El número de viviendas en alquiler es claramente insuficiente; y la política oficial debe potenciar este mercado mediante medidas que incrementen la oferta de pisos de alquiler a precios moderados". Aunque podría serlo, esta cita no es de ningún responsable del ministerio de Carmen Chacón, sino de una tribuna publicada en este periódico en 1991. La firmaba la entonces directora general de Vivienda y hoy ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Hoy, 16 años y varios Gobiernos -socialistas, populares y de nuevo socialistas- más tarde, la situación del alquiler sigue igual. O peor.
A pesar de las declaraciones de Narbona y de todos sus sucesores, el porcentaje de inquilinos se ha mantenido en torno a un raquítico 11%, a un abismo del 38% de media europea. A finales de julio, el presidente Zapatero anunció con efluvios maoístas un "gran salto" para facilitar el acceso al alquiler, sobre todo a los más jóvenes. Ni él ni ningún portavoz gubernamental especificaron en qué va a consistir ese "gran salto" a ocho meses del fin de la legislatura.
Pero el anuncio llega en un momento en el que los desorbitados precios de la vivienda y la inacabable escalada del Euríbor hacen que sobre muchos españoles planee la duda de si les compensaría renunciar a la inveterada pasión patria por la propiedad del piso. Porque algo parece estar cambiando. En los últimos tres años se firmaron 421.000 contratos de alquiler, casi un cuarto de los existentes.
"Hasta ahora. El alquiler ha sido el patito feo del mercado español. A partir de ahora, ya no va a ser así", dice Fernando Encinar, portavoz de Idealista.com, el mayor portal inmobiliario en Internet. Y los argumentos que da son consistentes: según un estudio realizado sobre casi un millar de pisos que comercializa la web, alquilar sale un 49% más barato que comprar.
Idealista.com comparó el precio que los propietarios solicitaban al mes a sus hipotéticos inquilinos con la cuota, también mensual, de lo que costaría pagar la hipoteca de ese mismo piso. Para calcularlo, supusieron un préstamo con un interés del 3,5% y a 30 años.
Este mismo estudio hecho en mayo de 2006 reducía la diferencia al 40%, lo que hace suponer a los responsables del portal que cada vez más gente se inclina al alquiler.
Menos ventajosa para éste resulta la comparación entre el precio que pagaron de media las familias que arrendaron el año pasado un piso de 100 metros cuadrados, 720 euros, con los 787 euros que supuso en el primer trimestre la cuota hipotecaria media, a pagar en un plazo de casi 28 años.
El catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona Josep Oliver no cree que la subida de los tipos de interés vaya a generar una gran salida hacia el mercado del alquiler. Más bien al contrario: "El Euríbor por las nubes hará que se creen menos hogares, tanto en propiedad como arrendados", asegura.
Y es que las malas noticias no llegan sólo para los que tienen una hipoteca. Mientras que el precio de la vivienda libre aumentó en el primer semestre del año sólo un 3,2%, los alquileres de las grandes ciudades, según el INE se encarecieron en torno al 4,3%. No es éste el único problema del alquiler.
Las ayudas fiscales, además de ser escasas, no benefician a la mayor parte de arrendatarios, informa Lucía Abellán. "No son muy allá", resume Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Según esta organización, sólo cinco comunidades (Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña y Valencia) más el País Vasco, que tiene sus propias normas forales, ofrecen deducciones generalizadas. En Andalucía, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra se conceden sólo a rentas bajas o colectivos desfavorecidos.
Pero al presentar la declaración, el ciudadano no suele tener en cuenta esa posibilidad por desconocimiento. No existen datos sobre lo que se gastan las administraciones en incentivar el alquiler, pero es de suponer que poco. Las ayudas son bastante "cicateras", según los asesores fiscales. Y eso que las deducciones ayudan a combatir el fraude.
Hay una condición indispensable según los profesionales para que el mercado del alquiler deje de ser residual. En palabras del consejero delegado de Colonial, Mariano Miguel: "Necesitamos una legislación de desahucio rápida. Mientras no se cambie la filosofía hiperproteccionista hacia el inquilino que no paga, que esconde una política social mal entendida, esto no se va a arreglar".
A pesar de que se aprobaron en 2003, los juicios rápidos para los desahucios por impagos no funcionan todavía. La falta de acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las autonomías sobre quién ha de financiar los nuevos juzgados mantiene la reforma en la nevera.
Enrique Sanz, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, dice que a pesar de que con la legislación vigente los plazos no deberían sobrepasar los tres meses, es muy habitual que lleven ocho o nueve. "Si el propietario ha reclamado varios meses el pago antes, como es habitual, el proceso puede superar el año. Un negocio ruinoso".
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 20/08/2007
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Las 14 urbanizaciones ilegales de la Sierra de Córdoba no tienen planes contra incendios
TERRA* : La marea de parcelaciones ilegales está pasando factura a la Sierra cordobesa. El Avance del Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra de Córdoba da la voz de alarma sobre los perniciosos efectos que la presión urbanística está ejerciendo en este vasto territorio de 31.000 hectáreas que 'constituye uno de los espacios naturales más ricos y variados de la Península Ibérica', según recalca el citado documento elaborado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Córdoba y la Gerencia de Urbanismo.
La interminable lista de impactos describe un cuadro muy alejado de esa imagen de evocaciones bucólicas y de gran belleza paisajística: vulnerabilidad de los acuíferos: formación de vertederos incontrolados que 'convierte el entorno de las parcelaciones en grandes focos de contaminación'; destrucción de la vegetación natural por rotulación, desmontes y talas indiscriminadas para la apertura de caminos y explanadas de parcelas; establecimiento de alambradas, vallados y paredes que ponen en peligro la fauna, así como afecciones sobre vías pecuarias y 'valores culturales en su mayoría desprotegidos ante la actividad parcelaria'.
Riesgo de incendio
El documento se marca como 'uno de sus puntos prioritarios' atajar el preocupante riesgo de incendios, que clasifica como 'alto y muy alto' en más del 60 por ciento de las parcelaciones situadas en suelo no urbanizable, que consumen 2.320 hectáreas, de las cuales casi dos terceras partes están ocupadas de manera ilegal.
Sólo pequeños núcleos de población cuentan, según expone el informe, con un plan de emergencia contra incendios, es decir, con servicios de saneamiento e infraestructuras diseñados de forma que respetan una anchura mínima de accesos. Sin embargo, son casos aislados, porque 'otras parcelaciones por su situación de ilegalidad no cumplen con ninguno de estos requisitos', avisa.
Pero la conclusión más inquietante que arroja el documento es que lo abrupto del terreno hace imposible que se puedan establecer dichos dispositivos, por lo que sus residentes se encontrarían completamente indefensos y sin posibilidad de cambiar su situación en caso de que una lengua de fuego amenace sus viviendas.
'Las condiciones en las que se encuentran éstas dificultan y pueden llegar a imposibilitar el diseño de un plan de emergencia contra incendios, evacuación y las labores de prevención', advierte el documento.
En el ámbito del plan especial existen 24 parcelaciones. De ellas, 14 no están reconocidas por el PGOU y ocupan 1.550 hectáreas en las que se ubican a su vez 1.400 viviendas. Mientras que las 10 restantes están situadas en suelo no urbanizable con parcelación, lo que significa que son susceptibles de reconducirse con un Plan Especial de Mejora del Medio Rural.
El Avance dedica un capítulo monográfico y hace un inventario de los asentamientos. Asimismo, revela que desde la aprobación del PGOU de 2002 su superficie ha crecido un 7,8 por ciento.
Los efectos de estos asentamientos también son apreciables en los acuíferos. Así, el diagnóstico realizado con motivo del plan, que se basa en el muestreo de aguas en las cuencas hidrológicas, pone de relieve que 'la excesiva extracción de aguas subterráneas ha provocado la disminución apreciable del caudal' de los manantiales, así como 'la desecación de muchos de los pozos existentes'.
Considera el entorno de Santa María de Trassierra, regado por los arroyos El Molino y Bejarano, como 'la zona con mayor presión urbanística e impacto'.
Zona de máximo interés
Cabe destacar que el Avance define el cauce y vertientes del río Guadiato y arroyos Guadanuño, Bejarano, Don Lucas y El Molino como la zona de máximo interés ambiental, que será objeto de un estudio pormenorizado posterior.
Su interés paisajístico radica en su relieve accidentado, resultado de la incisión fluvial, así como la vegetación, que ha dado lugar a parajes de gran atractivo visual, caracterizados por los saltos de agua y elementos singulares como la Fuente del Elefante, el acueducto de Valdepuentes, los Baños de Popea, los Molinos y Caño de la Escarabita, al que se asocia el asentamiento romano de Cárbula.
* Terra Actualidad - VMT - 19/08/2007
Foto: Parcelaciones ilegales siguen destruyendo la Sierra de Córdoba - Ecologistas en Acción, Córdoba Abril 2006
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La velocidad del urbanismo
VICENTE GUALLART* : Si las organizaciones más competitivas son aquellas que saben crear estructuras que respondan a las oportunidades y retos del entorno en el que operan a la velocidad adecuada, las estructuras físicas de las ciudades y la disciplina que las regula, el urbanismo, parecen funcionar a través de procesos obsoletos. Las ciudades y las regiones, como organizaciones que operan en un marco de competitividad, deben desarrollar sus potenciales en un espacio físico limitado, en un marco temporal definido para formar parte de las redes de ciudades y territorios que lideran los procesos económicos y culturales, en la sociedad de la información.
1. Hoy en día no sólo es importante la calidad en los desarrollos urbanísticos, sino que hay que garantizar que se desarrollan a la velocidad adecuada, para permitir en su caso generar viviendas, infraestructuras o lugares de trabajo al ritmo que lo requieren las condiciones cambiantes de nuestra sociedad. El caso de la vivienda es paradigmático, puesto que el debate de los últimos años no ha permitido, en general, traducir las voluntades en hechos, de forma que hay una generación de españoles que no dispondrán de vivienda en aquella edad en la que los jóvenes deciden crear empresas o establecer familias. Por ello, construir viviendas tanto en alquiler como en propiedad para los colectivos más necesitados (jóvenes, mayores, inmigrantes, etcétera) debería ser objeto de actuaciones concretas específicas en plazos determinados, como un objetivo de prioridad nacional. Se trata, por tanto, de no sólo ser capaces de actuar en el espacio de forma correcta, sino también controlar asimismo la acción en el tiempo.
2. En el urbanismo confluye una circunstancia paradójica: se requiere la misma figura jurídica para desarrollar un plan urbanístico que contiene principalmente viviendas protegidas que para construir un campo de golf y viviendas de lujo. Los trámites de ambos procesos son similares y en general la desconfianza (por responder ambos a procesos urbanísticos) también lo es. Y, sin embargo, ambas son actuaciones tan diversas como jugarse el dinero en un casino o ahorrarlo en un banco. Por ello se hace necesario el desarrollo de normativas y procedimientos que permitan que se puedan resolver a una velocidad mayor aquellas iniciativas relacionadas con la implantación de actividades en el territorio con mayor impacto social.
3. Los propios ayuntamientos y comunidades deberían ser sensibles a la necesidad de crear viviendas protegidas a la velocidad que lo reclaman los ciudadanos, garantizando el acceso a la vivienda, de la misma manera que se garantiza el acceso a una plaza escolar. Los trámites burocráticos para obtener licencias de las viviendas protegidas siguen la misma velocidad que cualquier otra actuación urbana. Y todo ello es dramático porque retrasar el inicio de una construcción de viviendas seis meses significa retrasar una emancipación ese mismo tiempo para decenas de personas o familias.
4. Porque las ciudades demuestran que, en ocasiones, sí saben operar según la velocidad del mundo contemporáneo, cuando las circunstancias lo requieren. El caso de la cubrición de la M-30 en Madrid, o de la construcción de un circuito de fórmula 1 en Valencia en tiempo récord, demuestra que las administraciones son conscientes del valor de la velocidad con relación a la economía de las ciudades, lo cual es de celebrar. La llegada del AVE a Barcelona (y su cruce por la ciudad) o la ampliación de la red viaria estatal en la costa mediterránea sería el ejemplo contrario de esta situación. Por ello, habría que demandar una gran capacidad de gestión en cuestiones clave para el desarrollo de las ciudades y el territorio, sin la necesidad de depender necesariamente de grandes eventos (en los cuales en general sí que se ha sabido actuar con celeridad en los últimos años).
5. La cuestión del ámbito de actuación también es relevante para definir su velocidad. La reciente Ley del Suelo español ha cometido aparentemente el error de seguir pensando que el municipio es una unidad clave en los desarrollos urbanísticos, cuando tanto técnica como culturalmente se reconoce que las áreas metropolitanas o las comarcas son las unidades operativas reales. Asumir que un pequeño municipio incluido en una gran área metropolitana deba utilizar la figura del plan general que requiere al menos cuatro años de gestión para asumir implantaciones de vivienda protegida o de actividades clave su desarrollo, puede significar el colapso de ciertas áreas metropolitanas de España necesitadas de una mayor agilidad urbanística en la respuesta a los problemas sociales reales. Por ello, frente a un urbanismo regulador o punitivo, se debería potenciar un urbanismo de ideas y creativo que responda más a las aspiraciones de la sociedad de una forma natural, y que no considere sospechoso cualquier desarrollo sobre el territorio, por el simple hecho de ser "urbanístico".
Una vez pasada la euforia desarrollista de los últimos años, habría que reclamar de la iniciativa privada la búsqueda de la excelencia en cualquier desarrollo urbanístico que se realice en el territorio. Asimismo, habría que solicitar a las administraciones que gestionen los proyectos a la velocidad adecuada, que se tomen en función de su importancia social, con independencia de los ciclos electorales. Una buena iniciativa no gestionada correctamente en el tiempo puede transformarse en una mala iniciativa.
Si la velocidad en una magnitud que relaciona el espacio y el tiempo, debería ser integrada en el urbanismo como un parámetro más a cumplir de forma estricta en relación a las cuestiones que afecten más directamente la vida de los ciudadanos.
* Vicente Guallart es arquitecto.
* El País - 18 Agosto 2007
* Reggio - 18 Agosto 2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Una cadena de 3.000 personas contra la ampliación del puerto de Xàbia
INFORMACIÓN/Alicante* : Tres mil personas se concentraron ayer frente a la playa de la Grava de Xàbia para protestar contra la ampliación del puerto. Mediante una cadena humana los vecinos del municipio y de la comarca pidieron al ministerio de Medio Ambiente y a la Conselleria de Infraestructuras que respeten la «voluntad» de los vecinos y la decisión del pleno extraordinario del pasado julio, que mostró el rechazo de todos los grupos políticos a la propuesta de Marina Punta del Este S.L.
Tanto el colectivo Arrels como la Federación de asociaciones vecinales y la Plataforma Cívica en defensa del litoral de Xàbia -organizadores del acto- leyeron un manifiesto en el que se pidió «la protección del litoral valenciano» y en concreto del de Xàbia. La propuesta de denominar Paisaje Protegido toda la costa de Xàbia está pendiente de resolución desde septiembre del año 2004, a petición municipal.
Al acto asistieron ediles del equipo de gobierno, entre ellos el alcalde del Bloc, Eduardo Monfort, concejales del PSOE y, «a título personal», los ediles del PP Juan Carlos Generoso y Mari Carmen Pérez.
El manifiesto de Arrels tachó de «viejo fantasma» la ampliación de las instalaciones portuarias que ahora pretende la demolición y reconstrucción de la escollera de Levante para habilitar 381 nuevos amarres. Así, instó a las administraciones a que «termine con esta barbarie declarando el litoral del País Valencià espacio protegido».
En este sentido, denunció que «lo que hemos demostrado en las calles es que no queremos lo pueden aprobar en un despacho de Madrid o Valencia». Así, se preguntó si las decisiones de los representantes del consistorio «no tienen ningún valor para quien quiere destrozar nuestra costa».
Describieron el proyecto como la construcción de «infraestructuras innecesarias en zonas de interés ecológico, con la voluntad de acabar con el medio natural mientras cuatro avispados se hacen con el dinero».
* Diario Información - ELOISA VIDAL - 19 de agosto de 2007
Foto: Concentración que tuvo lugar frente a la playa urbana de la Grava /Tino Calvo - diarioinformacion.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Turistas de playa y golf
DIAGONAL* : Detrás de las alabanzas al sector turístico en el Estado español, se esconde un modelo de desarrollo basado en la especulación con grandes impactos en el litoral. En la actualidad, el sector turístico en el Estado español constituye uno de los exponentes fundamentales para la economía. Tras Francia, España se ha convertido en la segunda potencia turística de la UE, ingresando 35.970 millones de euros durante 2006. En términos generales, la influencia del turismo en la economía nacional es relevante en la contribución al Producto Interior Bruto (11%), en la generación de empleo y en la cobertura del déficit comercial.
Las cifras indican que el turismo de sol y playa ha dejado de convertirse en una actividad minoritaria que practicaba la elite, para convertirse en uno de los principales motores de la economía. Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, hasta mayo de 2007, las llegadas de turistas internacionales superaron los 20 millones. Sin embargo, no todo lo que guarda el sector turístico son cifras positivas. La imagen que encierra hoy en día esta actividad económica, se ha visto afectada por numerosos casos de corrupción urbanística descubiertos en varios municipios de la península, como los casos de Marbella, Puerto de Santa María o Valencia.
El informe de Greenpeace, Destrucción a toda Costa de 2007, analiza el estado del litoral y pone de manifiesto las graves amenazas ambientales causadas por la saturación urbanística, por el aumento imparable de los campos de golf, y por la proliferación de puertos deportivos. Las comunidades que encabezan la lista negra siguen siendo Andalucía y la Comunidad Valenciana.
El golf se paga caro
Según el informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), Andalucía es la comunidad con una mayor superficie ocupada por campos de golf, con 4.300 hectáreas.
Al mismo tiempo, se sitúa en el segundo puesto en consumo de agua por persona y día con una media de 180 litros de agua. Pero la apuesta de ofertar turismo de ‘calidad’ de sol y playa con campos de golf no es exclusiva de Andalucía. La gran mayoría de las ciudades ubicadas en la costa mediterránea ha sabido dirigir su modelo territorial para suplir las demandas que el sector encierra. Se estima que, por tener un campo de golf en la proximidad de una residencia turística, se puede incrementar el coste de la vivienda entre un 15% y un 30% del precio normal del mercado, incrementando el caché de la oferta. Ante la falta de una política clara por parte de la Administración para evitar este modelo territorial destructivo para el entorno e ilegal en todas sus vertientes, se pone de manifiesto la necesidad de abrir nuevas fórmulas de presión ciudadana que eviten una destrucción irreversible del patrimonio natural.
Existen normas legales, como el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, por las que se regulan los derechos a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, pero no son suficientes para cambiar la dinámica actual.
* Periódico Diagonal - Carolina Yacamán / Redacción - Número 59. 19 jul - 5 sep 2007
Foto: MAZARRÓN. Las construcciones sobre la arena apenas dejan espacio a los turistas/ GreenPeace
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Comprar una vivienda para luego alquilarla no es rentable en España
SERVIMEDIA* : Comprar un piso con el objetivo de recuperar la inversión por la vía de los ingresos derivados de alquilarlo no es una buena opción en España. Al menos eso es lo que reflejan los datos de un estudio elaborado por Global Property Guide, que, tras comparar la rentabilidad de esta operación en varios países, concluye que la rentabilidad anual en España en apenas un 2,87% de la inversión, mientras que en los países del Este Y en algunos del Oeste supera el 8%.
Sólo un país de los considerados en el estudio presenta una rentabilidad menor. Se trata del Principado de Mónaco, donde el alquiler devuelve al año un 2,43% de lo invertido en la compra del piso.
Entre las razones de esta baja rentabilidad se encuentran, en el caso de España, factores como el encarecimiento de los pisos en los últimos años, en los que ha superado ampliamente el 10%, mientras que las rentas derivadas del alquiler nunca han superado el 5%. No obstante, los últimos datos oficiales revelan un acercamiento entre el avance de los alquileres (4,3%) y el de la vivienda libre (5,8%).
Con una rentabilidad anual del 2,87% del precio de compra, sería necesario tener alquilado un piso durante 35 años para recuperar la inversión.
Otros países
No obstante, hay países de la Unión Europea que presentan rentabilidades notablemente superiores a las de España. Es el caso de Eslovaquia, donde alcanza cada año el 9,09% de la inversión; u Holanda, uno de los países con un mercado del alquiler más potente, en el que el retorno es del 8,25%.
Cifras también altas presentan Rumanía (8,17%), Hungría (8,09%), Bélgica (7,54%), Malta (6,94%), República Checa (6,93%), Eslovenia (6,81%), Estonia (6,13%), Suecia (6%), Polonia (5,95%), Bulgaria (5,87%), Portugal (5,72%), Alemania (5,39%), Reino Unido (5,36%) o Finlandia (5%).
Por debajo de la barrera del 5%, o lo que es lo mismo, que hay que alquilar 20 años el piso para recuperar lo invertido, aparecen Letonia (4,97%), Dinamarca (4,88%), Luxemburgo (4,88%), Austria (4,40%), Chipre (4,38%), Italia (4,27%), Lituania (4,04%), Francia (4,02%) e Irlanda (4%).
Entre los países considerados en el estudio de "Global Property Guide", es Moldavia donde más rápido se recupera la inversión, con una rentabilidad anual del 14,36%.
* El Mundo - Su Vivienda - 16/08/07
Foto: Se alquila - J.Aima (elmundo.es)
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Turismo: próxima escapada, la Luna
Consume Hasta Morir (Ecologistas en Acción)* : El modelo de viajes marcado desde las agencias y los ‘tours’ contratados en los centros comerciales no deja de crecer entre la publicidad engañosa, la masificación y la degradación del entorno natural.
Ese ciudadano, que durante toda la semana está deseando que por fin llegue el viernes, se pasa el año pensando en las vacaciones. Eso sí, al igual que cuando llega el domingo siente una resaca tremenda y no recuerda nada de la noche anterior, en verano se tumba en una hamaca al lado de la piscina de un resort y no sabe si se encuentra en Bali, Cancún, Túnez, Varadero o Benicásim.
Ese ciudadano medio que trabaja diez horas al día, tarda una hora en ir a la oficina y otra en volver, come una ensalada insípida y una barrita energética, va al gimnasio por la noche y ve una media de tres horas diarias de televisión, ese personaje que agacha la cabeza a la hora de firmar su contrato y que nunca protesta por tener que hacer horas extraordinarias, ese hombre que nunca se uniría con otra gente para reclamar sus derechos es el mismo que provoca un altercado si su avión sale con retraso y que acude a una manifestación convocada por una línea aérea de bajo coste con la promesa de regalar billetes de avión a quien lleve pancartas contra Iberia.
Y es que el capitalismo hace bastante tiempo que lo descubrió: el turismo de masas es un filón. Antes, viajar estaba reservado sólo a quien pudiera pagarlo, y lo más normal era que las familias cogieran el coche en verano y se fueran unos días a la playa con los niños. Hoy, con la extensión del modelo consumista a amplias capas de la sociedad, viajar ha pasado de ser un privilegio a convertirse en una obligación. Por eso, quien no se gasta una gran cantidad de dinero en las vacaciones es porque es un poco raro. No hay excusas: si no tienes dinero, paga a crédito; si no tienes tiempo de quedar con tus amigos para planificar el viaje, mejor emplea tu tiempo en ir al centro comercial y deja que una empresa lo haga por ti. Como Viajar.com, por ejemplo, que ya ha definido el tonting como el “síndrome que provoca la pérdida de tiempo y dinero al organizar un viaje”.
La transformación de la clase media en clase consumista permite que ésta pueda disfrutar de muchas cosas que antes se consideraban un lujo al alcance de muy pocos. Y, además, puestos a ello, no hay por qué ceñirse al mes de agosto ni poner especial cuidado en proteger nuestro entorno. Un fin de semana en Londres. Unos hoyos en algún campo de golf de la Costa del Sol. La semana santa, en todoterreno por el desierto de Marruecos. Una escapadita a una casa rural con jacuzzi. Un apartamento en Marina D’or. Un viaje de novios a la Rivera Maya. ¿Qué será lo próximo? ¿Ir a la Luna? Bueno, eso muy pronto también será posible: Ryanair ha anunciado la puesta en marcha de vuelos baratos a la Luna para el año que viene, y espera que para 2020 ese destino “sea tan atractivo para las vacaciones como Alicante o Málaga”.
La salvación del paraíso virgen
En una sociedad que fabrica individuos permanente insatisfechos, en el imaginario colectivo se ha instalado la idea de que, a pesar de que nos estamos cargando el planeta, el trabajo es alienante, las amistades son superficiales y la vida está monetarizada, cuando llegan las vacaciones hay que trasladarse a una suerte de paraísos vírgenes donde se nos promete que todo va a ser diferente. Así, por ejemplo, Cuba aparece en los anuncios de Iberia, según denuncia Facua, como un lugar en el que “mulatas en bikini están las 24 horas al servicio de los turistas para bailarles, hacerles masajes, abanicarles y darles de comer y beber”. La publicidad, que ha conseguido que la gente no compre productos sino estilos de vida, hace que te creas que eres especial por llevar una camiseta de Tommy Hilfiger y que tu viaje va a ser algo único que nadie haya experimentado jamás. Pero la realidad es que todos los días ves a otra persona con la misma ropa que tú y que cuando te vas de safari fotográfico a Kenia los leones no te impresionan, porque ya los habías visto muchas veces en el National Geographic y no es para tanto.
Dos ideas aparentemente opuestas, el trabajo asalariado y las vacaciones, forman parte, como dos caras de la misma moneda, del mecanismo que hace girar la rueda del sistema de consumo. Por eso, no es de extrañar que, en lo que va de año, el crecimiento mundial del número de turistas haya aumentado un 5,8% respecto a 2006. Esto ya no hay quien lo pare. Nunca mejor dicho, porque, en una sociedad marcada por la velocidad, lo importante es llegar al destino, no detenerse en el viaje. Y, encima, a eso le llamamos descansar.
* Periódico Diagonal - Número 59. 19 jul - 5 sep 2007
Foto: cartel Consume Hasta Morir (Ecologistas en Acción)
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , COLABORACIONES
Medio Ambiente no derribará los caseríos de Anaga por estar fuera de dominio público
EFE/Tenerife* : El Ministerio de Medio Ambiente no derribará los asentamientos tinerfeños de Almáciga, Tachero y Roque de las Bodegas porque están fuera del dominio público de la administración estatal y "se encuentran dentro de la zona de servidumbre que gestiona la Comunidad Autónoma". Los caseríos de esta zona de Anaga, según un comunicado del Ministerio, se sitúan fuera del dominio público marítimo-terrestre y están en la zona de servidumbre para la protección del litoral, gestionada por la autoridad autonómica.
De acuerdo con la Ley de Costas, si las viviendas se encuentran dentro de la zona de protección, "no presupone que deban ser objeto de demolición", sino que "se someten a operaciones de mantenimiento y conservación para asegurar su adecuada habitabilidad".
Asimismo, la ley recoge que estas condiciones se darán "siempre que este mantenimiento no implique ni aumento de volumen ni incremento de su valor a efectos expropiatorios". Según se informa en el comunicado del Ministerio, la autoridad competente de la gestión de la zona de protección es la Comunidad Autónoma de Canarias, y esto impide que la Dirección General de Costas pueda elaborar expedientes para la demolición de las casas.
El deslinde de la zona fue aprobado en septiembre de 2006, y establece que la anchura sobre la que recae la servidumbre legal para la protección del litoral viene determinada por la Ley de Costas, en función de la clasificación que tenía el suelo en el momento de la entrada en vigor de la ley.
En una reunión el pasado lunes con el director general de Costas, los vecinos reclamaron que las diferentes zonas fueran consideradas como urbanas para que de esta forma el deslinde marítimo terrestre sea de 20 metros y no de 100 como establece la Ley de Costas para zonas no urbanas.
Además, los vecinos sostuvieron que tenían pruebas anteriores a la ley de 1988 de que se trata de suelo urbano y por ello deben disponer de una línea de servidumbre de protección de 20 metros con respecto al mar. Según lo expresado en el comunicado, el instrumento normativo en vigor en 1988 no clasificaba como urbanos los suelos de estos asentamientos, y por ello las viviendas están afectadas por las limitaciones de la zona de protección.
Sin embargo una portavoz vecinal declaró que la excusa por parte de la administración central y de la autónoma para impedir la calificación de suelo como urbano, son las "posibles peticiones" por parte de otros pueblos españoles. "Si le ponen 20 metros a Almáciga se abren otros frentes en el resto de España, pero vivimos en una isla, somos distintos y nos tiene que tratar con esas diferencias".
Además, uno de los vecinos, al salir de la reunión, dijo que Almáciga tiene más de 350 años de antigüedad, por lo que las autoridades deben "mirar nuestro caso en concreto" y por ello propuso cambios en la ley de Costas al tiempo que advirtió de que si hace falta "lucharemos por los veinte metros que tienen otras zonas de aquí".
Mientras, el director general de Costas, José Fernández, se mostró partidario de buscar soluciones en el marco de la legalidad y prometió acciones "hechas siempre con un esfuerzo escrupuloso".
* Canarias 7 - 08/08/2007
Foto: El caserío de Almáciga se levanta en un risco sobre el mar y tiene más de 200 años de antigüedad /ActiPress
Noticia relacionada: Costas deja 250 casas del litoral de Anaga /Canarias 7
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Tema: NOTICIAS Canarias
Mallorca: Más de la mitad de los municipios pueden ser penalizados
DIARIODEMALLORCA* : Más de la mitad de los ayuntamientos de Mallorca pueden ser penalizados por el Consell Insular al no haber ni siquiera iniciado su adaptación al Plan Territorial, pese a que el plazo que se había dado para ello concluyó el pasado 31 de diciembre. La responsable del área de Territorio de la citada institución, María Luisa Dubón, ha adelantado que el próximo mes se dará a conocer el plan de ayuda que se ha diseñado para que los consistorios adapten su urbanismo a la citada normativa, pero ha advertido también que se plantearán sanciones para aquellos que sigan sin poner en marcha ese trámite en marzo del próximo año.
Los datos facilitados por la consellera insular dejan patente el elevadísimo nivel de incumplimiento de la legalidad por parte de los ayuntamientos isleños. Más de dos años y medio después de la aprobación del plan territorial, sólo Alcúdia ha hecho los deberes y ha completado dicha adaptación, mientras que en otros 24 municipios está iniciada, si bien en la mayoría de los casos en fases iniciales.
En los restantes 28 términos municipales, la paralización es total, según los datos facilitados por el Consell, al no haber aprobado ningún trámite. En este último grupo aparecen Andratx, Capdepera, Felanitx, Pollença, Santa Maria, Muro, Santanyí o Son Servera, por citar algunos de los casos más significativos.
Y este incumplimiento dista mucho de ser inocuo. Para empezar, bloquea cualquier modificación de los planeamientos urbanísticos ahora en vigor, lo que de hecho supone impedir el desarrollo de un amplio paquete de nuevos proyectos, según se apresuran a destacar desde la patronal de promotores de Balears.
Pero además, el acuerdo de gobierno alcanzado por PSOE, UM y Bloc contempla la penalización a aquellas zonas que no hayan formalizado el citado trámite, con la retirada de las subvenciones que el Consell concede, una medida sobre la que Dubón reconoce sus reticencias a la hora de hacerla efectiva y sobre la que se deberá analizar el alcance que se le dará.
Durante las últimas semanas los técnicos del Consell han estado analizando el plan de ayudas que se va a poner en marcha para dar un impulso a los consistorios más perezosos a la hora de cumplir con la normativa en vigor. Al respecto, María Luisa Dubón adelantó que se aplicará una solución mixta, consistente en facilitar a los ayuntamientos el apoyo del personal del propio Consell, pero que también contemplará la aportación de partidas económicas para que se puedan contratar equipos técnicos que se hagan cargo de este trabajo.
Unos seis millones de euros
En cualquier caso, se admite que esta última solución dista mucho de ser barata, hasta el punto de que la institución insular no va a poder afrontar en solitario los pagos necesarios.
Los cálculos ya realizados por el Consell ponen de relieve que la contratación de personal externo para que se lleve a cabo la adaptación al plan territorial únicamente en los municipios con menos de 5.000 habitantes supondría un desembolso de unos dos millones de euros, y se estima que si se hace sobre todos los que siguen sin poner en marcha esta medida el gasto podría ascender a unos seis millones -es decir, mil millones de las antiguas pesetas-.
María Luisa Dubón reconoce que el Consell de Mallorca no está en condiciones de poder asumir un gasto de este calibre, de ahí que se vayan a tener que analizar la posibilidad de que con Consistorios asuman una parte del gasto y de que colaboren otras administraciones.
Personal escaso
Por lo que respecta a la colaboración del personal de propio Consell, se señala que además del área de Territorio también participará la de Cooperación Local. El problema, según apunta la consellera insular, es que el equipo técnico de su departamento está formado por personas de una sólida formación, pero en número escaso, lo que dificulta el que puedan destinarse a estas labores.
Un aspecto a tener en cuenta es que el pacto de gobierno alcanzado por PSOE, UM y Bloc contempla no sólo la aplicación de sanciones sobre los ayuntamientos que no pongan en marcha su adaptación al plan territorial, sino también que por ahora no se plantearán cambios en esta norma, a la espera de comprobar las bondades de su aplicación cuando sea respetada por todos los consistorios.
Un aspecto que se subraya, tanto por la actual titular de Territorio del Consell como por su antecesor, Bartomeu Vicens, es que el nivel de insumisión de los ayuntamientos mallorquines a las nuevas leyes es muy importante. Aproximadamente un tercio todavía sigue sin adaptarse a las Directrices de Ordenación Territorial que se aprobaron hace unos ocho años, y lo mismo sucede con el Plan de Ordenación de la Oferta Turística, por citar algunos ejemplos especialmente significativos.
* Diario de Mallorca - F. GUIJARRO. PALMA - 17 de agosto de 2007
Foto: Mallorca, plan territorial - diariodemallorca.es
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La Fiscalía investiga los permisos de la Xunta a la planta de Reganosa
ELPAÍS/Galicia* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha abierto una investigación para dilucidar si miembros del anterior Gobierno de la Xunta cometieron algún delito al tramitar los permisos a la planta de gas de Ferrol. Los vecinos que rechazan esta instalación dentro de la angosta ría ferrolana han remitido al ministerio público el pacto confidencial que firmó Manuel Fraga con los promotores del proyecto. Los opositores le han enviado también informes en los que supuestamente se demuestra que el ex conselleiro de Economía es socio de estos empresarios.
El fiscal jefe del alto tribunal gallego, Carlos Varela, ha abierto diligencias informativas sobre el caso y ha ordenado a su coordinador en Ferrol, Román Ruiz Alarcón, que "incoe el procedimiento correspondiente". El ministerio público pretende aclarar si los promotores de la planta de gas se beneficiaron de algún trato de favor durante la tramitación de los permisos y si uno de los responsables de este proceso, el ex conselleiro de Economía José Antonio Orza es socio de uno de ellos, el empresario Roberto Tojeiro.
El Comité Cidadán de Emerxencia de Ferrol, una plataforma integrada por colectivos vecinales, culturales y ecologistas, ha remitido al fiscal diversa documentación que, a juicio de los denunciantes, demuestra que la Xunta del PP cometió "graves irregularidades". En manos del ministerio público está, por ejemplo, información extraída del Registro Mercantil donde supuestamente consta que Orza y Tojeiro son socios en la empresa Industrias del Tablero (Intasa), SL. Los opositores a la planta sostienen que Orza "compartía intereses privados" con el principal promotor del complejo cuando tramitó el proyecto, "ya que era y continúa siendo a día de hoy socio de Tojeiro en alguna de sus empresas".
Los vecinos, que permanecen encerrados en el Ayuntamiento de Mugardos en protesta por el funcionamiento de la planta, han enviado al fiscal el pacto confidencial que firmó Fraga en 2000 con los empresarios que luego constituirían Reganosa. En este convenio, el entonces presidente de la Xunta se comprometía a acelerar la tramitación de los permisos y a garantizar la rentabilidad de estas inversiones privadas. El comité cree que este documento es "un compromiso con un grupo industrial privado en detrimento del interés público", que prueba "todas las irregularidades que se llevan cometiendo".
Reganosa ha aplazado a hoy o mañana la entrada en su planta ferrolana del sexto gasero, una operación prevista para ayer. La empresa achaca el retraso al mal tiempo que se ha encontrado el buque en su ruta desde Nigeria. Los vecinos, por su parte, han denunciado en los juzgados que los permisos que tiene la instalación para recibir barcos en pruebas ya han caducado.
* ELPAIS.com - S. VIZOSO - Santiago - 17/08/2007
Foto: Mugardos (A Coruña), planta Reganosa /kaosenlared.net
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Tema: NOTICIAS Galicia