El TSJ ratifica la suspensión de un plan con 3.884 viviendas y un campo de golf en La Nucía

P.ROSTOLL.- Información/Alicante* : "El Tribunal Superior de Justicia ha ratificado, en una resolución del pasado 16 de mayo, la suspensión del PAI de La Serreta en La Nucía, impulsado por el gobierno del PP que dirige Bernabé Cano, que prevé la construcción de 3.884 viviendas y de un campo de golf sin recursos hídricos, de acuerdo a los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y al margen del planeamiento general. Es el segundo fallo de la sala de lo contencioso- administrativo del TSJ contra el polémico proyecto que aumentaría la población de La Nucía en 16.000 personas.

El juzgado insiste, casi en exclusiva, en los mismos argumentos que sirvieron para paralizar el desarrollo de la macrourbanización el pasado mes de marzo. El tribunal considera que la documentación aportada por el consistorio que controla Bernabé Cano, que cuenta con 13 de los 17 ediles de la corporación y que recurrió junto a la Generalitat ese primer fallo, no varía, apunta la resolución, «en exceso las conclusiones del auto sobre el enorme incremento poblacional» que supondría el desarrollo del polémico PAI nuciero.

El tribunal también insiste en la carencia de recursos hídricos y, más allá de eso, rechaza un nuevo informe de la empresa que gestiona el agua en La Nucía tratando de justificar la existencia de los acuíferos necesarios para atender a cerca de cuatro mil viviendas, un documento que, según, el juez ha sido elaborado «ad hoc». E, incluso, el alto tribunal valenciano vuelve a sacar a relucir, en esta ocasión con algo más de fuerza, la cuestión de la «discutible» técnica empleada para poder ejecutar el proyecto. Como se recordará, el PAI de La Serreta está tramitado al margen del planeamiento general como ocurre con el plan de Rabasa, también con informe contrario de la CHJ, en la ciudad de Alicante.

Iniciativa Independiente La candidata de Iniciativa Independiente a la Alcaldía de La Nucía, María José Campos, mostró su «enorme satisfacción» por la decisión judicial y apuntó que el fallo ratifica que la zona «una de las más bonitas del municipio quede para disfute de los vecinos. No hacen falta tantas casas».



* Diario Información - 24 de mayo de 2007
Foto: Una vista general de los terrenos donde el Ayuntamiento de La Nucía pretende urbanizar el PAI de La Serreta /ROSARIO FRAILE /diarioinformacion.com


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La proliferación de escándalos urbanísticos socava la imagen de los políticos y las instituciones

COLPISA* : "La proliferación de escándalos urbanísticos socava la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos y de las instituciones. Esa es, en lo que concierne a España, la conclusión principal del informe global sobre corrupción en el mundo de Transparencia Internacional (TI). Este organismo no gubernamental minimiza los efectos de otras corruptelas como la judicial o la administrativa, que da por casi extinguidas, pero señala a los "pelotazos" inmobiliarios como el paradigma de las malas prácticas en la España actual. La "explosión" de casos de corrupción urbanística provocó en 2006, según el estudio de TI, una progresiva "deslegitimación" de los políticos y de las instituciones ante los ciudadanos, que tienen una visión cada vez más "cínica" y "crítica" de la administración. El informe, que fue presentado de forma simultánea en varias capitales europeas, destaca que en general hay un "cierto clima de escándalo en relación con la corrupción en el nivel local de gobierno, en especial la vinculada al ámbito urbanístico".


Sobre las posible consecuencias -sin contar las medioambientales- el citado estudio subraya que, si no se atajan a tiempo, este tipo de fenómenos "acaban deteriorando la democracia y abriendo la vía a populismos y a extremismos de todo tipo". El presidente de la Fundación Ortega y Gasset, asociada en España a TI, Antonio Garrigues, avisó de que la corrupción "tiene un coste" y de que "si dejamos que siga invadiendo el sistema, el sistema colapsará". "Es como una leucemia que invade el sistema financiero y liquida absolutamente las perspectivas de una evolución digna", explicó.

TI denuncia la falta de mecanismos públicos para frenar la corrupción y transmitir la idea de que el Gobierno reacciona. Un responsable del estudio, Manuel Villoria, explicó que "los españoles entienden que se han empezado a tomar medidas", pero "todavía el 60 por ciento están insatisfechos con la respuesta gubernamental".

Entre las "medidas" ya tomadas por el Ejecutivo están las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de algunos cargos públicos -al consentir o fomentar "pelotazos"- en ayuntamientos como Marbella, Telde, Ibiza, Ciempozuelos y Andratx; en los gobiernos canario y balear y en la Diputación de Castellón. TI lamenta que los partidos políticos estén "permanentemente intercambiando cromos de corruptos" para identificar la corrupción con el adversario, en vez de llegar a un "consenso" para atajar la causa de este problema, y no sólo sus efectos.

Ley del suelo

TI reconoce también otros "avances" propiciados por iniciativas como la nueva Ley del Suelo, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y que introduce medidas novedosas para fiscalizar los planes urbanísticos y combatir los "pelotazos". Destaca la obligación de las corporaciones locales de hacer pública la identidad de quienes hayan sido propietarios durante los últimos cinco años de terrenos recalificados. Además, obliga a los cargos de las juntas de gobierno municipales a declarar sus bienes y establece un régimen estricto de incompatibilidades. El Gobierno ha presentado esta norma como el paradigma de su lucha contra la corrupción de cara a las elecciones locales ya autonómicas del 27-M.

Otra actuación encaminada a combatir la corrupción sería, según este estudio, el proyecto de ley de financiación de partidos, ahora en tramitación, que prohibirá las donaciones anónimas a los partidos y limitará a 100.000 y 150.000 euros las cantidades que pueden percibir, ya sea de forma directa o a través de sus fundaciones, provenientes de personas y empresas. No obstante, esta norma no incluye una prohibición expresa a los partidos de percibir fondos provenientes de constructores, tal y como pidió el PP.

TI asegura que el urbanismo desmedido tiene "mucho que ver" con el retroceso experimentado por España en ranking mundial de la corrupción. Se ha roto la tendencia positiva que había hecho mejorar la puntuación del país desde 1996. En el último informe la "nota" obtenida por España desciende a un 6,8 por ciento. El año pasado fue de 7, es decir, notable. La "nota" actual es la misma que en 1999, y sitúa a España por detrás de Chile y Estados Unidos; una décima por delante de Estonia, y dos de Portugal.

El informe considera casi extinguidas otro tipo de corruptelas, como la administrativa o la judicial, debido a la introducción de nuevos métodos en el trabajo de los funcionarios públicos y nuevas herramientas informáticos, que aseguran un tratamiento imparcial e igual en lo que se refiere a plazos y tiempos procedimentales. A pesar de eso, el dos por ciento de los encuestados aseguraron haber pagado sobornos en 2006 para lograr objetivos o agilizar gestiones ante la administración.




* Heraldo de Aragón - 25 de mayo de 2007


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El caos urbanístico, una lacra a erradicar

Ecologistas en Acción* de Guadalajara responsabiliza a Urbanismo y Medio Ambiente, del caos urbanístico que vive nuestra provincia. Los casos relacionados con la corrupción y la especulación empiezan a salpicar a empresarios relacionados con nuestra provincia y la connivencia político-empresarial con los desarrollos urbanísticos "salta a la vista". El crecimiento desenfrenado, devorador y especulador que está viviendo la provincia de Guadalajara, no es nada más que responsabilidad política de las Consejerías de Urbanismo y Vivienda y de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. La falta de planificación en urbanismo y ordenación del territorio, unido a los grandes intereses, están convirtiendo a Guadalajara en "territorio comanche".

La recalificación de millones de metros cuadrados por parte de la Comisión provincial de urbanismo, con el beneplácito de los informes ambientales redactados por la Delegación provincial de Medio Ambiente, es una práctica habitual.

Con el retraso premeditado del Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Corredor del Henares, se está permitiendo el crecimiento insostenible de poblaciones ínfimas, con una ocupación de suelo fértil y vegetal espectacular y con un modelo de costrucción insostenible, que no tiene garantizado ni el suministro de agua potable ni los servicios básicos, y están consiguiendo la aprobación sistemática de la mayoría de los Planes de Ordenación Municipal, que a través del POT, se podían haber controlado algo. Asi es como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en connivencia con promotoras, constructoras y alcaldes (de cualquier signo político), están llevando a cabo su política urbanística.

Poblaciones del Corredor del Henares como Alovera, Chiloeches, Valdeaveruelo, Yunquera, Humanes, Villanueva, Quer, Guadalajara o Cabanillas del Campo, han multiplicado por cien su población en los últimos ocho años. Otros municipios como Pioz, Loranca de Tajuña, Horche, Yebes o el Pozo de Guadalajara, han acabado con cientos de hectáreas de bosques mediterraneo y con el hábitat de importante fauna vulnerable o en peligro de extinción. Al otro lado, en la zona de la Campiña, Torrejón del Rey o El Casar, son dos claros ejemplos de urbanismo devorador.

Cañizar, Tórtola de Henares, Hita o Torija, son otros municipios que se van sumando al desarrollo urbanístico insostenible y especulador, alentados por nuestros responsables políticos.

Ecologistas en Acción denuncia la connivencia existente entre políticos y promotores, denuncia la tolerancia con la que la Delegación de Medio Ambiente está apoyando estos modelos irracionales y destructores de fauna, flora, territorio y paisajes y denunciamos la falta de rigor y de responsabilidad de la Comisión Provincial de Urbanismo tutelada por Don Abilio Martin.

BASTA YA DE ESPECULACIÓN, BASTA YA DE CORRUPCIÓN, JUSTICIA YA.




* Ecologistas en Acción - Guadalajara 22 de mayo



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Labastida, golf y especulación

arkimia* : "Labastida es un bonito pueblo de la rioja alavesa que apenas cuenta con 1.500 habitantes y prácticamente no tiene demanda de primera residencia y en el que, sin embargo, su alcalde del PP con el apoyo de PSE y PNV quiere construir 800 viviendas y un golf junto a un espacio protegido y de singular belleza, junto a la Sierra de Cantabria y el Toloño. Esto de usar el golf como subterfugio para la especulación urbanística, en el Madrid de Espe Jode lo que somos parece que es el golf nuestro de cada día, pero... ¿no habíamos dicho que Euskadi is different?


En este caso el alcalde y su equipo de gobierno tienen el atrevimiento de asignar, en las Normas Subsidiarias, como carga de urbanización a sufragar con las sustanciosas plusvalías inmobiliarias, hasta las pérdidas futuras del club de golf (medio millón de euracos al año, oigan), y -casualidad- se olvida de sus obligaciones sociales y legales de construcción de vivienda protegida sobre el 10% de cesión municipal. Y lo que es peor, pretende ocupar millón y medio de metros cuadrados de territorio innecesariamente en un territorio sensible y muy valioso.

La plataforma TORROLATE lleva años defendiendo los intereses generales de Labastida y sus ciudadan@s, tomando la iniciativa contra la instalación de este golf y sus tentáculos inmobiliarios, llevando su reivindicación a todas las instituciones (Ararteko, Parlamento Vasco, Juntas Generales de Álava,...). Se merecen una visita y un apoyo a su lucha desinteresada por el interés general de la comarca.




* Arkimia - 22/05/2007
Foto: Labastida /arkimia.nireblog.com


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El cemento cubre un 30% de costa mediterránea

EL PAÍS* : "El cemento avanza imparable por la costa española. El caos urbanístico es especialmente llamativo en el litoral Mediterráneo. Si en el año 2000, el 26% de los dos primeros kilómetros de costa estaban construidos, en 2005 el porcentaje ascendía a más del 30%, según un cálculo a la baja del Observatorio de la Sostenibilidad. Esto supone que en cinco años el ladrillo ha cubierto de media más de tres hectáreas al día, como tres campos de fútbol. Eso como mínimo, porque el cálculo está basado en el ritmo de crecimiento observado entre 1990 y 2000, mucho menor que el actual. La Costa del Sol es el modelo, no la excepción.


La Ley de Costas de 1988 impedía construir en los 100 primeros metros de litoral, pero la norma se incumple debido en parte a que muchos de esos terrenos fueron declarados urbanizables antes de la norma. Medio Ambiente asegura que ha demolido 300 obras en la costa desde 2004, pero aún hay 2.500 kilómetros (el 25%) en los que el Gobierno no ha delimitado la zona pública y la privada y eso impide aplicar la Ley.

Aunque muchos promotores están pasando de la costa al interior por abaratar costes, el hotel del Algarrobico, que la Junta de Andalucía, del PSOE, autorizó a 20 metros del mar y en el Parque Natural del Cabo de Gata, tiene muchos imitadores.

ALMERÍA Jaque a los acantilados

La costa de Almería es una sucesión de grúas. Uno de los proyectos más espectaculares es el que la empresa Almerinvest promueve en los acantilados de Aguadulce (Roquetas de Mar, Almería). Las grúas están desmontando unos escarpados acantilados junto al mar para construir 600 viviendas en torres de más de 10 pisos. Cuentan con el apoyo directo del ayuntamiento (del PP) y del indirecto de la Junta, que aunque se opuso a la aprobación municipal y detectó decenas de irregularidades en el plan, no lo recurrió a tiempo.

Los terrenos son urbanizables desde 1997 y el Ayuntamiento de Roquetas aprobó el plan parcial en noviembre de 2002. La Comisión de Urbanismo afirmó entonces que no tenía todos los datos para emitir el informe preceptivo, pero el Ayuntamiento decidió aprobarlo sin el apoyo de la Junta. La administración autonómica pudo entonces recurrir a los tribunales, pero no lo hizo. En febrero de 2005, el Ayuntamiento firmó un convenio con los promotores para urbanizar los acantilados y a mitad de año comienzan los desmontes. Entonces, a petición de la plataforma en defensa de los acantilados de Aguadulce, la Junta revisó todo el expediente: el 26 de julio de 2005 detectó una decena de irregularidades y en 2006 decidió no recurrir el plan. A cambio, SOS Acantilados y la Junta han ido recurriendo a los tribunales todos los actos siguientes, pero las obras siguen con permiso de los jueces, ya que el trámite principal, el plan parcial, está vigente.

LA MANGA DEL MAR MENOR Ganando terreno al mar

En los 45 ayuntamientos de Murcia hay suelo recalificado para 800.000 nuevas viviendas. La zona más saturada es el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa, un espacio protegido junto al que hay previstas 200.000 casas. El Mar Menor está delimitado por La Manga, una lengua de tierra única. Pero ya está tan construida que el Gobierno regional, del PP, en contra de sus servicios jurídicos, autorizó un complejo con un gran puerto deportivo en terreno ganado al mar. El Tribunal Superior de Murcia ha paralizado cautelarmente la obra, llamada Puertomayor. El número tres del PP, Antonio Sánchez Carrillo, era consejero de la empresa. La obra estaba amparada en una licencia de 1975. La urbanización y la agricultura ha aumentado tanto los vertidos a la laguna que han proliferado millones de medusas.

LANZAROTE El Algarrobico canario

A cientos de kilómetros del Mediterráneo, en medio del Atlántico, sobre la misma Playa Blanca, en Yaiza (Lanzarote), se ha levantado un hotel de 640 plazas que invade el dominio público, linda con el parque protegido de Los Ajaches y tiene siete alturas, cuando sólo se permiten cuatro. La Fundación César Manrique recurrió la licencia y el 15 de enero de 2007 fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el trámite para expropiar y derribar el edificio, ocupado por turistas que desconocen la ilegalidad.

El alcalde que concedió la licencia, José Francisco Reyes (antes Coalición Canaria, ahora Partido Nacionalista de Lanzarote), está denunciado desde el pasado diciembre por la Fiscalía por delitos urbanísticos y prevaricación. Se presenta a las municipales.

La licencia anulada fue concedida a la empresa Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia SL, que posteriormente la traspasó a Papagayo Arenas SL. El Cabildo insular de Lanzarote, que también recurrió las licencias, denuncia "una estrategia coordinada en los ayuntamientos de Yaiza y Teguise para autorizar la ejecución de enormes complejos turísticos obviando el Plan Insular", lo que supone más de 12.000 camas hoteleras ilegales. Entre otros vínculos familiares entre responsables de la empresa y municipales, el arquitecto del hotel, Ángel García Puertas, había sido años antes el arquitecto de la Oficina Técnica Municipal de Yaiza, según el Cabildo. Reyes y el alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández (antes del PIL y ahora de CC), estaba citado en el juzgado para mañana, pero se aplazó por las elecciones.



* Información de Sofía Menéndez, Rafael Méndez y Tono Calleja.



* ELPAIS.com - Madrid - 24/05/2007
Foto: obras PuertoMayor (Murcia) /laverdad.es



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Un juez paraliza el mayor PAI, en Jijona, por «no encajar con el interés público»

B.SIRVENT.- LaVerdad* : "El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha fallado contra el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Jijona y la promotora Construcciones Valencia Constitución SL en el mes de noviembre del año 2005 para recalificar algo más de siete millones de metros cuadrados en uno de los principales secarrales de España. El PAI El Espartal es el mayor en extensión de casi el centenar que hay proyectados y en tramitación en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Este plan urbanístico, además, está siendo investigado por un juez de Instrucción de San Vicente, que ha abierto recientemente diligencias, por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de coacciones al denunciar la oposición socialista que el Ayuntamiento gobernado por Rosa Verdú, del PP, contrató al mismo abogado que representaba a esta promotora para la gestión del suelo y el desarrollo del concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana.


El titular de la sala de lo Contencioso, Ricardo Estévez, en fallo notificado hace dos días y emitido el 15 de mayo, dictamina, en relación al convenio entre el Consistorio y la promotora con sede en Valencia, que «su carácter marcadamente privado encuentra difícil encaje en los intereses públicos, que han de satisfacerse mediante los convenios en general y los urbanísticos en particular». El PSPV, a través de su portavoz y candidato a la alcaldía, Ferran Verdú, uno de los cinco ediles del grupo socialista que presentó el recurso hace año y medio, alerta de que no sirve ya el concierto del PGOU, que en su día presentó el equipo de gobierno ante la comisión provincial de urbanismo y cuya elaboración estaba ligada al desarrollo del PAI El Espartal.

De hecho, el fallo dice textualmente, tras estimar el recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 26 de enero del 2006, de la alcaldesa Rosa Verdú, desestimatoria del recurso de reposición contra el acuerdo de la junta de gobierno del mes de noviembre anterior (cuando se aprueba el convenio con la promotora privada): «Acto que declaro nulo y sin efecto por no ser conforme a Derecho». En la práctica, el mayor plan urbanístico de la Comunidad Valenciana queda paralizado, así como la petición para recalificar como urbanizable casi 7,5 millones de metros cuadrados.

Apelación al TSJ

El fallo que estima el recurso contencioso-administrativo, sobre el que los demandados pueden interponer recurso de apelación ante el mismo juzgado y para su resolución por la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Comunidad Valenciana, fundamenta que el Ayuntamiento «debería promover una convocatoria pública respetuosa con los principios de concurrencia y publicidad, ya que no se trata de una concesión graciosa del aspirante urbanizador, sino de la anticipación de unos gastos que finalmente habrán de ser satisfechos por los propietarios del sector».

El acto administrativo impugnado es la aprobación de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento jijonenco y Construcciones Valencia Constitución para la gestión de suelo y la tramitación del concierto previo. El mayor plan urbanístico de la Comunidad Valenciana prevé la construcción de 5.400 viviendas y un campo de golf. Los socialistas jijonencos alegaban que su ejecución conllevaría una recalificación de terrenos al margen del actual PGOU de Jijona.

El secretario de Urbanismo y Vivienda del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, consideró, en declaraciones que recoge Efe, que el fallo «demuestra, una vez más, que es hora de cambiar este tipo de urbanismo, porque el modelo del PP no sólo destruye nuestro territorio, sino que, además, es ilegal». Según Burriel, el modelo urbanístico del Consell de Camps «da inseguridad jurídica a ciudadanos y empresarios y prueba de ello es que cada vez hay más sentencias condenatorias».




* La Verdad - 24 de mayo de 2007
Foto: RECREACIÓN. Chalés con campo de golf al fondo. / L. V. /laverdad.es


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El cemento releva al 'Prestige'

P.OBELLEIRO.- El País* : "Si se le pregunta a un andaluz, un catalán o un madrileño por algún titular llamativo de las elecciones municipales de 2003, sin duda citaría el avance del PP en la Costa da Morte, una de las más castigadas por la catástrofe del Prestige, ocurrida seis meses antes. Aquellos resultados chocaron con la imagen de semanas previas de contestación social sin precedente contra la gestión de la crisis de los gobiernos de Aznar y de Fraga. Hoy el fuel ha dejado paso al cemento, que centra con una inusitada virulencia la disputa de las elecciones del domingo. A favor o en contra de la moratoria de la Xunta para construir en el litoral, todas las opciones políticas coinciden en que quizás llegue tarde para este rincón de la península. Los carteles de los candidatos a estos comicios compiten en el paisaje de la Costa da Morte con anuncios de venta o alquileres de apartamentos y el perfil de innumerables grúas.


El urbanismo está "en boca de todos", confirman políticos locales de todas las ideologías. Y no sólo porque destroza el paisaje y los recursos naturales de una comarca muy subsidiada que, sin industria, aún vive esencialmente del mar y la pesca. O porque arruina las perspectivas de organizar un sector turístico que constituiría una alternativa económica. El urbanismo preocupa, en esta campaña, esencialmente porque, como en todo, toca al bolsillo de cada uno.

Desaparecieron las sustanciosas ayudas por el Prestige y las contrataciones masivas en las cuadrillas de limpieza del chapapote que, para el PSOE, fueron el principal aporte de votos al PP en 2003. Marineros y mariscadoras llegaban a ganar más que faenando, reconoció el alcalde de Muxía, Antonio Blanco (PP). Cuatro años después, el bum urbanístico disparó los precios del mercado inmobiliario y los pisos de tanta nueva construcción ya no están al alcance del poder adquisitivo de la mayoría de los habitantes de la Costa da Morte.

Los jóvenes, ya penalizados por la escasez de empleo, son los más perjudicados. Comprar una vivienda en su pueblo resulta inviable. "Para la gente de aquí, pagar 30 o 35 millones de las antiguas pesetas por un piso es una barbaridad. Los compran los de Madrid o Bilbao, no los de aquí", corrobora Rafael Suárez Lema, un abogado treintañero que se estrena en la política como cartel electoral del PP en Ares, una de las pocas localidades de la comarca en las que los socialistas lograron hace cuatro años una cómoda mayoría absoluta.

En esta villa de paradisiacas playas, el "urbanismo desenfrenado", denuncia Suárez, también está en primera línea del rifi-rafe electoral, después de que la Xunta informase en contra del proyecto municipal de ordenación por planificar excesiva construcción. La presión urbanística es consecuencia directa de la marea negra del Prestige, cuya repercusión mediática desveló una costa tan bella como sin explotar. Un diamante en bruto que avivó todas las codicias.

Al amparo del desierto de regulación y normas urbanísticas que caracteriza todos los municipios de la zona, se desató la construcción desenfrenada de urbanizaciones residenciales pese a que no cesó de caer la población. En un año, la comarca perdió mil habitantes pero su costa se vistió de hileras de edificios vendidos fuera de Galicia que sólo se ocupan dos meses al año. "Y todas requieren servicios" que merman los ya exiguos presupuestos municipales e impiden dedicar el dinero a generar riqueza en los pueblos, alerta el presidente de los profesionales del turismo en A Costa da Morte, Manuel Pan.

El triángulo que conforman Fisterra, Cee y Muxía, y que en 2003 Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del Gobierno al mando de la gestión del Prestige, convirtió en "símbolo" electoral tras lograr sus tres alcaldes del PP mayorías absolutas, encabeza hoy en Galicia los índices de la construcción.

El 444% de Fisterra

En Fisterra la edificación ha aumentado un 444% en los dos últimos años. Más al norte, en Malpica (PSOE), también se multiplica. Tres urbanizaciones en esta localidad y unas 400 viviendas a pie de playa en la carretera de entrada a Fisterra, gobernada por el PP, están en los tribunales. En Cee, la fiebre por construir en un relleno abrió otra polémica, a golpe de riadas. Los negocios inmobiliarios del hijo del alcalde de Cee y un sobrino del de Muxía, ambos asociados a uno de los constructores más dinámicos de la comarca, alimentan la controversia.

Ningún partido escapa a las denuncias. En Corcubión, la playa de Quenxe ilustra desde hace años la destrucción de la costa. Apeado en 2003 de la alcaldía tras 24 años, Rafael Mouzo, del BNG, hoy de nuevo candidato, aprovechó sus últimos días en el cargo para dar licencia para construir una nueva urbanización. La paralizó su sucesor.






* ELPAIS.com - A Coruña - 23/05/2007
Foto: Fisterra /centros.edu.xunta.es



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El Tribunal Supremo desbarata un plan urbanístico en el campo de tiro y el cementerio de Salamanca

ElConfidencialDigital* : "En el año 2000, el Ayuntamiento de Salamanca calificó como “edificables” el campo de tiro y el cementerio de la ciudad. Ecologistas en Acción denunció el caso ante los tribunales y ganaron. Pero los planes del alcalde ‘popular’, Julián Lanzarote, siguieron adelante. Ahora, el Tribunal Supremo obliga al edil a revisar las licencias. 72 promociones de viviendas están en el aire. Ni el campo de tiro ni el cementerio católico de Salamanca son edificables. Así lo acaba de certificar el Tribunal Supremo a través de una sentencia en la que rechaza, de plano, el recurso interpuesto por el consistorio.


Esta era la última baza del alcalde para anular otra sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anulaba los convenios urbanísticos suscritos hace siete años por el ayuntamiento con la Diócesis salmantina y la sociedad Campo de Tiro y Deportes, para dotar de edificabilidad al camposanto y al club de elite. Entre los socios y miembros de la Junta Directiva de esta sociedad figura, por cierto, el propio alcalde del PP, Julián Lanzarote.

El Supremo no sólo ha quitado la razón al regidor sino que le obliga a revisar las licencias concedidas tras la sentencia del TSJ. Se trata de la consecuencia más drástica de la resolución judicial pues, según fuentes jurídicas, unas 72 viviendas están en peligro de ser declaradas ahora “ilegales”.

En una breve conversación mantenida con El Confidencial Digital, el consistorio ha minimizado el daño y perjuicio de la resolución aludiendo a un voto particular contenido en la sentencia del TSJ, que impedía la revisión de las licencias concedidas tras los acuerdos por ser “firmes”.

Del cumplimiento de dicha resolución estará vigilante la organización Ecologistas en Acción que fue la que denunció ante los tribunales dichos acuerdos. De hecho, han manifestado ya su intención de investigar las licencias concedidas tras la suspensión de los convenios.

La sentencia, apunta esta ONG, es sólo un ejemplo de “la caótica e interesada” gestión urbanística del alcalde del PP en Salamanca, Julián Lanzarote, que regenta la alcaldía desde 1995 con mayoría absoluta.
“Lo que ocurre en Marbella puede quedar pequeño comparado con lo que lleva años ocurriendo en esta ciudad”, añade por su parte el candidato de Izquierda Unida a las elecciones, Ángel Gamazo.



* El Confidencial Digital - 23 DE MAYO DE 2007
Foto: Salamanca /bibliotecaspublicas.es



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Balance del urbanismo en Madrid: crecimiento salvaje y 153.000 casas prometidas

T.ESCÁRRAGA.- 20minutos* : "El urbanismo desmedido, el Plan Joven y la dimisión de un alto cargo de Aguirre marcan los últimos cuatro años. La cesión a la Consejería de Medio Ambiente de las competencias de vivienda y urbanismo; la creación de la Oficina de Vivienda; la construcción de 153.000 casas hasta 2008; los escándalos por el desmesurado crecimiento de algunos municipios y la dimisión del director general de Urbanismo bajo sospechas de corrupción han marcado la legislatura de Esperanza Aguirre en esta materia.

¿Qué se ha hecho?

Uno de los principales logros que exhibe la Consejería de Medio Ambiente es el Plan Joven, que prevé 79.000 casas para menores de 35 años en régimen de alquiler con opción a compra.

Vivienda

El Plan Joven no ha estado exento de polémica. De hecho, un error hizo que la Comunidad tuviera que dar marcha atrás el pasado año y conceder a más de 500 personas las viviendas que les había quitado a pesar de haber resultado ganadores en un sorteo en Móstoles.

Según la Consejería, en esta legislatura se han puesto en marcha 80.000 viviendas protegidas y se han terminado 46.000, lo que convierte a Madrid en una de las regiones donde más casas públicas se construyen.

Urbanismo

La organización Ecologistas en Acción calcula que Madrid se quedará sin suelo urbanizable en 18 años si se aprueban los planes urbanísticos previstos por algunos municipios.

Hay casos en los que el número de habitantes se multiplicaría por 15, como ocurre en Quijorna, donde gobiernan juntos PSOE y PP, un municipio cercano al polémico desdoblamiento de la M-501, la carretera de Los Pantanos. Alrededor de esta vía se pasará de 20.000 a 80.000 residentes.

Corrupción

La corrupción urbanística ha salpicado a los dos grandes partidos.

La hasta ahora única baja política forzada del equipo de Esperanza Aguirre se produjo en octubre de 2006. El director general de Urbanismo, Enrique Porto, dimitió ante las sospechas de que recalificó a la carta terrenos para su beneficio.

Los escándalos también han salpicado al alcalde de Torrejón, del PP, y a un regidor y un ex alcalde de Ciempozuelos (PSOE).




* 20minutos.es - 26.04.2007
Foto: Madrid inicio nuevas torres ciudad deportiva /20minutos.es



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"Estoy harto de pagar comisiones a todos los que quieren participar en este pastel"

F.MERCADO.- El País* : "Las últimas detenciones relacionadas con las tramas de corrupción de los ayuntamientos canarios de Telde y Mogán (un técnico de urbanismo y cuatro directivos de empresas) parten del minucioso relato de un arrepentido que consta en el sumario del caso. El arrepentido, relacionado con esta trama, fue testigo del pago de comisiones ilegales por parte de un promotor inmobiliario a ediles populares y técnicos de Telde y de cómo financió ilegalmente actos organizados por el PP en Mogán (un mitin de Mariano Rajoy en 2005 y un concierto de Miguel Ríos). Todo ello, a cambio de la concesión, mediante concursos amañados, de la construcción de miles de viviendas de protección oficial -el promotor proyectó hasta 20.000- cuyos precios inflaba artificialmente.

El explosivo relato del arrepentido, con el que el juez ordenó las detenciones, se soporta en una ingente documentación aportada al sumario y en poder de este diario.

Su confesión acusa al promotor José Manuel Antón Marín, dueño del Grupo Europa, detenido e imputado, cuyas irregularidades denunció meses atrás Canarias Ahora. El plan de Antón consistía en construir para ayuntamientos canarios miles de viviendas de protección oficial. A cambio de que le dieran suelo gratuito y le permitieran inflar los precios de las casas, el promotor, según el arrepentido, les ofrecía comisiones y un magnífico triunfo electoral: miles de viviendas sociales que podían garantizarles miles de votos. Para ello, en 2001, Antón contacta con Jorge Rodríguez Pérez, portavoz del PP en el Parlamento canario, candidato autonómico número tres por Gran Canaria y ex concejal de Urbanismo de Las Palmas.

- Dinero para el "introductor". El arrepentido detalla las reuniones entre ambos junto a la sede del PP en Las Palmas, en las que "supuestamente se pagaban ciertas cantidades de dinero a Jorge Rodríguez Pérez por su papel de introductor en los ayuntamientos que eran gobernados por el partido al que pertenece". "En esa época, periódicamente, Antón trae grandes cantidades de dinero en efectivo. Ese dinero servía para pagar favores políticos. Antón comentaba que Jorge Rodríguez estaba en nómina".

- Facturas de pagos a un político del PP. El denunciante aporta facturas de pagos a este político del PP por supuestas labores de consultoría. Y explica cómo gracias al paraguas de este cargo popular, Antón introduce sus proyectos en diversos municipios bajo control del PP, por ejemplo, Telde.

- "Lo de Canarias es una pasada, aquí piden todos". Tras una primera entrevista gestada por Rodríguez, Antón se reunió media docena de veces en una cafetería con la concejal de Obras de Telde, Toñi Torres, imputada como presunta cerebro de la trama de corrupción. Antón le "entregó en una funda plástica los pliegos de condiciones para el concurso que debía realizarse [para VPO], además había un sobre con dinero, como adelanto para las gestiones". Antón, tras la reunión, se quejó en los siguientes términos: "Lo de Canarias era una pasada, que era mucho más que en la Península, pues aquí pedían todos, mientras que fuera sólo pide el de arriba". Antón explicaba a sus íntimos que el truco para ganar dinero con sus inversiones es que el suelo le saldría gratis y, sin embargo, le imputaría un coste. Y de aquí "se podrán obtener grandes beneficios que serán repartidos por ambas partes y por los que se cubrirán los adelantos de pago a Toñi Torres y a otros políticos y funcionarios". El "beneficio ilícito" previsto en Telde con sólo dos promociones en marcha suponía un 10% del total del volumen de negocio (2,2 millones de euros). Y otro tanto referido al municipio de Mogán.

Antón, con el beneplácito de sus cómplices municipales, multiplicaba por cuatro el coste de edificación en Telde y por seis en Mogán. El denunciante fue testigo de cómo se amañaban los concursos en ambos municipios para que la adjudicataria fuese el Grupo Europa.

Las entregas de sobres con dinero se sucedían ante sus ojos. Antón seguía quejándose de la voracidad de los políticos. "Está harto de pagar comisiones a Toñi Torres y a toda la gente que quiere participar en este pastel a repartir por medio del gasto imputado a suelo gratuito. Dice que en Telde no sólo es a ella a la que hay que pagar comisiones de dinero para poder lograr sus objetivos finales".

- 30.000 euros a un técnico urbanístico. Y seguían los pagos a Jorge Rodríguez. Antón confesaba que "estaba pagándole por sus negociaciones unos 6.000 euros mensuales, por lo que era necesario agilizar o concretar en el menor tiempo las actuaciones para rentabilizar las sangrías periódicas de los políticos menores". El denunciante ejemplifica cómo un técnico urbanístico de Telde cobró 30.000 euros por amañar el concurso.

Pese a todas las voluntades compradas, el proyecto de Antón se atasca en Telde. Toñi Torres le "comenta que hay que engolosinar a AFV/Ciuca, pues todo el tema del suelo está controlado por Urbanismo, cuyo responsable político es Guillermo Reyes, circunstancia que le servía a Toñi para pedirle más dinero". Posteriormente, Toñi le indica que para desbloquearlo tiene que sobornar a dos funcionarios de Urbanismo. Antón envía un sobre con 30.000 euros a uno de ellos, quien al contar su contenido, exclama: "¿Y lo mío?". Hubo que preparar otro sobre con igual cantidad. Poco después, se liberaban las dos licencias.

"En lo que respecta a Telde, las comisiones ilegales en dinero B en efectivo que se pagaron antes del inicio de los proyectos fueron para Toñi Torres, y Jorge Rodríguez [diputado popular], y José Luis Mena [técnico ya detenido]". "Los pagos totales [ilegales] que llegó a realizar el Grupo Europa en Telde ascendieron a 240.000 euros, según se refleja en el apartado otros gastos de la contabilidad".

La Operación Faycan contra la corrupción en Telde, que arrancó en marzo de 2006, supuso la detención de todo el equipo municipal del PP incluyendo al alcalde Francisco Valido. El escándalo provocó la paralización del proyecto urbanístico del Grupo Europa: 700 viviendas, de las que sólo se habían iniciado un 10%. Antón urge los buenos oficios de Jorge Rodríguez. El portavoz popular logra una entrevista del empresario con el regidor. "La reunión con el alcalde no lleva a nada. Antón comenta que Rodríguez le ha dicho que "en el partido le pondrán las pilas al alcalde Valido, sin que tal circunstancia se produjera finalmente". Las licencias se bloquean.

- "El amaño del concurso lo llevaban el alcalde y la concejal". El portavoz popular en el Parlamento canario introdujo a Antón en el equipo de Gobierno de Mogán, también del PP. Y se suceden las entrevistas con el alcalde, Francisco González, y la edil Onalia Bueno, ambos posteriormente imputados en un nuevo caso de corrupción. "El proceder es idéntico a Telde, y ya todo está previamente pactado. Todo el asunto de amañar el concurso lo llevan directamente Antón, Onalia y el alcalde". El proyecto sumaba 150 viviendas de protección oficial. A cambio, se pagaron los actos que exigió Onalia, un mitin del PP y un concierto.





* ELPAIS.com - Madrid - 23/05/2007
Foto: Mogan /puertosdecanarias.com



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Anticorrupción solicita que testifique el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante

R.F.- Levante* : "El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha pedido al juez que investiga en Alicante el caso de los aparcamientos que tome declaración en calidad de testigos a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, según confirmaron fuentes próximas al caso. El fiscal también ha solicitado una nueva prueba pericial para determinar si los sobrecostes de 2,2 millones de euros en las obras están justificados. Esquerra Unida, que está personada en la causa como acusación particular, también ha reclamado la toma de declaración de todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, aunque en calidad de imputados.


El juez que investiga el caso, Jesús Gómez Angulo, se ha reincorporado esta semana al juzgado tras estar tres semanas de baja por una intervención quirúrgica. El magistrado debe decidir ahora si acepta las pruebas propuestas por las partes o considera que ya tiene suficiente con lo instruido. El juez puede seguir adelante con la causa, archivarla o dictar un sobreseimiento parcial sobre alguno de los imputados. Las acusaciones están convencidas de que el caso seguirá adelante.
El fiscal Anticorrupción y Esquerra Unida han pedido que presten declaración todos los miembros de la Junta de Gobierno Local de Alicante porque aprobaron la modificación del contrato para la construcción y explotación de los tres aparcamientos públicos, además del alcalde, Luis Díaz Alperi, y de los ediles de Urbanismo, Sonia Castedo, y Tráfico, Luis Concepción.

Casas de los hijos de Alperi


Los ediles que podrían ser citados a declarar son Pedro Romero, Pablo Suárez, Juan Zaragoza, Asunción Sánchez Zaplana, Andrés Lloret, además de Juan Rodríguez Marín y María Teresa Revenga, ambos miembros no concejales de la Junta de Gobierno Local. El juez también se tiene que pronunciar sobre las casas que ocupan los hijos de Alperi. El abogado de José Luis Valdés, candidato a la Alcaldía por Vecinos por Alicante, pidió la semana pasada al juez que instruye el caso de los aparcamientos que investigue más a fondo las casas construidas por una empresa de Ortiz que disfrutan los hijos de Alperi. El constructor difundió que las viviendas no eran de su propiedad, ya que pertenecían a su socio. El letrado de Valdés solicitó que sea citado a declarar Aurelio González Villarejo, socio de Ortiz, para que informe sobre si era propietario de la vivienda que utilizó uno de los hijos de Alperi. Además, reclamó que la empresa del socio del constructor aclare si autorizó a otra hija de Alperi a vivir en otra de las casas hechas por la empresa de Ortiz y González Villarejo.
En el caso están imputados el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, el edil de tráfico, Luis Concepción, la de Urbanismo, Sonia Castedo, el técnico municipal Antonio Escobedo, el constructor Enrique Ortiz, y su apoderado, Santiago Bernáldez. El asunto probablemente pasará a manos del TSJ en las próximas semanas al haber incluido el PP al alcalde en las listas autonómicas.




* Levante-EMV - Alicante - 23 de mayo de 2007
Foto: alicante ayuntamiento /alicante-ayto.es



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La Costa del Sol está enladrillada

D.NARVÁEZ.- El País* : "La hipertrofia urbanística que ha vivido la provincia de Málaga en la última década -313.000 viviendas entre 1996 y 2005- ha acabado por enterrar la Costa del Sol bajo un muro de hormigón. Los espacios libres en los 90 kilómetros de litoral entre Málaga capital y Manilva, en el límite con Cádiz, son escasos y el territorio, de clima privilegiado, padece ya las consecuencias del desarrollo caótico: problemas de tráfico, abastecimiento, residuos e inseguridad. El problema no se limita a Marbella, se extiende a Mijas, Fuengirola y Estepona, y amenaza con saltar a la segunda línea de costa. El Plan de Ordenación del Territorio elaborado por la Junta de Andalucía prevé que en 2015 Benahavís pasará de los 2.860 habitantes actuales a 67.000 residentes. Y Mijas alcanzará los 475.000 habitantes en ocho años.

El intenso desarrollo urbanístico, con crecimientos que dejan pequeño al boom inmobiliario de los años setenta, y la masificación que sufre la Costa del Sol, suponen una amenaza para uno de los motores turísticos de Andalucía y España, según el documento de diagnóstico del Plan de Recualificación Turística de la Costa del Sol.

El fenómeno parece no tener freno. El documento del Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol Occidental estima que la población de los nueve municipios que abarca casi se triplicará en el horizonte de una década, y alcanzará los 1,7 millones de personas. El equipo redactor del plan parte de la base de que ya hay suelo calificado suficiente para este desarrollo residencial, por lo que incide en la preservación de espacios libres y la dotación de equipamientos adecuados a una gran urbe de tamaña dimensión. El plan identifica reservas estratégicas para la restauración paisajística y parques públicos y aumenta al doble el espacio protegido declarado ahora en la Costa del Sol.

Para frenar la expansión y evitar el salto a la llamada segunda línea de desarrollo, pone como límite del crecimiento la frontera que delimita el trazado de la autopista AP-7, por encima de la cual sólo se permitirán en algunos casos determinadas construcciones de baja densidad (0,1 metros de techo por metro cuadrado de superficie).

MIJAS Segunda urbe tras Marbella

Gobernada por el PSOE desde 1979, esta ciudad, que dispone de 14 kilómetros de costa y un amplio término municipal, ha dejado de ser el pequeño pueblo blanco típico de excursión obligada para los turistas (son muy populares sus burrotaxis) para convertirse en una ciudad residencial en la que aproximadamente la mitad de su censo es extranjero. Se estima que actualmente viven en Mijas unas 114.000 personas, aunque su censo es casi la mitad, y que en el 2015 podría alcanzar 475.000 habitantes, lo que la convertiría en la segunda urbe de la zona tras Marbella. La extensión de su huella urbana hacia el interior es especialmente llamativa desde la AP-7.

FUENGIROLA Crecimiento limitado

Las expectativas de crecimiento de Fuengirola son más limitadas porque se trata de un término municipal muy pequeño en el que prácticamente se ha agotado el suelo disponible. Con un censo de 57.000 habitantes, la población real se estima en 121.000 personas que, con los planes previstos, podrían alcanzar los 205.000 dentro de 10 años. Desde 1991 la ciudad está gobernada por el PP con holgadas mayorías absolutas. Recientemente, el PSOE ha denunciado en la fiscalía presuntas irregularidades en el desarrollo de un plan parcial de las que se habría beneficiado una sociedad vinculada al ex concejal de Urbanismo Guillermo Rodríguez.

ESTEPONA 80.000 nuevas viviendas

Aunque el desarrollo urbanístico se inició en Estepona más tarde que en otras ciudades de la Costa del Sol, su crecimiento en los últimos años ha sido imparable y cuenta ya con unos 91.000 residentes. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación contempla más de 80.000 nuevas viviendas, de forma que en una década podría superar los 316.000 residentes. Gobernada en los últimos cuatro años por el PSOE en coalición con un grupo independiente surgido de la descomposición del GIL, entre 1995 y 1999 tuvo como alcalde a Jesús Gil Marín, hijo del fundador del partido, etapa de la que están pendientes de aclaración en el Tribunal de Cuentas varias operaciones urbanísticas que supusieron una importante pérdida patrimonial para la ciudad.

MANILVA El objetivo inmobiliario

Al municipio más occidental de la Costa del Sol se ha trasladado en los últimos años la presión de inmobiliarias y constructoras que buscaban nuevas zonas de desarrollo. La recalificación de una finca de 1,3 millones de metros cuadrados que benefició a dos sociedades implicadas en la Operación Ballena Blanca motivó en 2005 la detención y dimisión de su ex alcalde Pedro Tirado, imputado por cohecho y delito urbanístico. Desde entonces ha estado gobernada por Salvador Zotano, que encabeza ahora la candidatura del PSOE.





* ELPAIS.com - Málaga - 23/05/2007
Foto: Benalmádena Costa /J.ROJAS - ELPAIS.com



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Sobreviviendo sobre vivienda

José Miguel Esquembre* : "Mucho se habla sobre vivienda pero se avanza poco. La demanda es fuerte, quizás acuciada por la escasez, pero la oferta es débil, en especial para los que menos tienen. El tema está constantemente en la calle, y desde Arquitectos Sin Fronteras queremos aportar nuestro punto de vista con algunas propuestas, en un momento en las próximas elecciones municipales obligan a requerir a las distintas formaciones a que las promesas de campaña no sean un brindis al sol, sino que se materialicen en acciones beneficiosas para la ciudadanía. Reconocemos que el tema es complejo y la solución no es fácil, sobre todo si pensamos en el vicio social de la especulación, deseo individual al que se ha apuntado la Administración en general a la vista de las inauguraciones electoralistas que promete.

Nuestra legislación ha definido la responsabilidad en las soluciones repartiendo su cuota de más a menos, delegando en el último escalón, lo local y lo autonómico, la fase más complicada: la gestión. En cambio la Unión Europea apenas trata el tema y el Estado se preocupa fundamentalmente de la legislación y financiación.

Desde ASF somos conscientes de que es difícil cambiar las pautas sociales de la noche a la mañana, pero el momento actual debe ser una buena ocasión para avanzar. En primer lugar es capital un impulso del Desarrollo Sostenible. Todo el mundo está de acuerdo en que es la vía de nuestro futuro, pero pensamos que se explica poco lo que realmente quiere decir. La imagen dominante se centra en la protección de los recursos naturales, ahorro energético y tratamiento de residuos, pero se habla poco de su aspecto social. El Desarrollo Sostenible se articula sobre tres apoyos: economía, acción social y protección del medioambiente. Se analizan la economía y el medioambiente, pero los aspectos sociales se siguen considerando cuestiones caritativas no incluidas en la sostenibilidad. Es necesario que estos conceptos cambien hasta situar los tres apoyos en el mismo plano.

En segundo lugar queremos llamar la atención sobre la venta de viviendas VPO usadas. El mercado de segunda mano es muy abundante y no se ve en él ningún anuncio de viviendas de dicho tipo cuando es seguro que se venden. Esto quiere decir que no se cotizan al precio oficial, sino que, es lógico pensar, se transfieren muy por encima del obligado. Sabemos que la Administración establece normas y cautelas, pero resultan parcas ante la presión y tentación que suponen la escandalosa diferencia económica entre la vivienda libre y la protegida. Pensamos que una VPO debe serlo durante toda su vida y, en la práctica, esto sólo puede lograrse con una intervención administrativa mucho más directa que garantice que el precio de venta es el que exige la ley. En otros ámbitos se está interviniendo más directamente, como es el caso de intermediación de alquileres. No hay razón objetiva para que no se actúe en el caso de las ventas.

Por otro lado, consideramos que las administraciones públicas no deberían en ningún caso financiarse con la recalificaciones de suelo, y que resulta imprescindible vigilar que las posibles recalificaciones y revisiones del planeamiento se hagan de acuerdo a un crecimiento racional y sostenible. Estos criterios urbanísticos deben impedir además la creación de guetos, evitando trasladar a las economías más débiles a las zonas más alejadas de la ciudad, con criterios claramente separatistas en lugar de integradores.

No puede ser, además, que las administraciones públicas y en gran manera las corporaciones locales, no empleen los aprovechamientos urbanísticos en intentar regular los precios de repercusión de suelo para las viviendas de Protección Oficial, al ser ellos mismos, los ayuntamientos, los que subastan el suelo al mejor postor por encima del valor de repercusión de suelo habitualmente admitido

Estamos viendo como el precio de la vivienda depende cada vez más del precio del suelo. Su repercusión supera ya el coste de la ejecución material de los edificios, lo que resulta a todas luces inadmisible. El coste del suelo no deja de ser un pago por adquirir el derecho a vivir en un determinado lugar. La cuestión se hace más sangrante cuando se comprueba que hay ciudades completamente vetadas para mucha gente, ciudades de las que presumimos por su calidad, pero que se van haciendo económicamente inhabitables. Cuanto mejor es el lugar, peor. El esfuerzo colectivo que supone hacer ciudad, deriva en unas plusvalías para unos pocos mientras que la mayoría queda perjudicada. Esta tremenda paradoja desvela un lamentable descuido o un desinterés mayúsculo de la Administración por la redistribución de los beneficios, y da la impresión de que las cosas se han ido decidiendo de una manera improvisada y parcheada, más propia de una tertulia de café que de un análisis global del problema.

Entrando en cuestiones económicas, queremos recordar las consecuencias sociales de que una masa tan ingente de dinero esté comprometida en la vivienda a corto, medio y largo plazo. Una persona hipotecada a tantos años se encuentra sumamente limitada en múltiples aspectos y especialmente deberá controlar sus discrepancias con su entorno diario si no quiere poner en riesgo su situación económica y con ello la seguridad familiar. Esta incómoda postura para muchos reporta a cambio seguridad a otros grupos sociales que buscan solvencia para su jubilación. Así las cosas, una generación está manteniendo a otra mediante la vivienda. De esto se habla poco y se analiza menos.

Por último queremos señalar que la legislación sobre vivienda se preocupa exclusivamente del que tiene algo, poco o mucho, y por tanto puede responder económicamente a los créditos en lo que inevitablemente se va a implicar. Para quien no tiene recursos, la vivienda pasa a ser un problema de asistencia social desatendido. Es necesario que haya por ley una reserva de viviendas para los más desfavorecidos, dispersa e integrada en la construcción general. Hay ya demasiadas experiencias negativas sobre viviendas colectivas que han derivado en guetos irresolubles. Su gestión será responsabilidad posterior de áreas sociales pero previamente las leyes de vivienda deben contemplar este problema y facilitar los medios para su solución. Se trata de un asunto complejo, pero asumible con voluntad política y coordinación, por lo que demandamos a las administraciones mayor interés del que hasta ahora han mostrado.

+info: www.asfes.org


* José Miguel Esquembre Menor, presidente de Arquitectos Sin Fronteras




* plusarquitectura.info - 17 de mayo


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Corrupción urbanística y el 27M

Luis de Velasco.- EstrellaDigital* : "Es poco probable que las numerosas denuncias de casos de corrupción urbanística, que han crecido estos días de vísperas electorales, terminen pasando factura a los denunciados y a sus partidos. Si el electorado pasa esa factura, será a una mínima parte de ellos.
Por varias razones. Una, es que el ciudadano, tras muchos años de denuncias y de correlativo desprestigio de la política y de los políticos, ha llegado a la conclusión – equivocada, hay que decirlo- de que todos los políticos son iguales ( en este caso, de corruptos) y que,entonces, lo mejor es abstenerse o votar a los suyos. Otra, es que la credibilidad de muchos medios de comunicación también está seriamente tocada. No es por casualidad. Su sectarismo en la información, en la deformación y en la no información ha alcanzado cotas muy altas.

Uno lee un periódico, ve una cadena o escucha una radio y luego las de la otra orilla y cree estar en países distintos y distantes. Finalmente, se alcanza un punto de saturación, de fatiga de noticias de corrupción y el ciudadano se cansa y ya no presta atención salvo que, como en el caso Marbella, haya personajes “ famosos”. Véase sino el contraste de interés entre este caso y el de Andratx en Mallorca.

Ocurre además que en el mantenimiento del “tsunami urbanizador”, primera causa aunque no la única de corrupción, hay muchos y muy poderosos intereses en juego. El que la rueda siga girando es clave en el modelo de crecimiento español de estos últimos años. Basta recordar que la construcción supone un 18 por ciento del PIB y un porcentaje muy similar en el empleo, ambas proporciones casi el doble del promedio en la UE. La construcción de viviendas es la mitad de ambas proporciones. Es en estos sectores donde se han acumulado fortunas increíbles en poco más de un quinquenio. Habrá algunas impecables pero también es cierto que algo huele a podrido.

Es sintomático que Izquierda Unida ha presentado a todas las demás formaciones políticas una propuesta de pacto contra la corrupción con medidas interesantes y que ha sido recibido con un estruendoso silencio tanto por parte de esa formaciones como de la mayoría de medios. Mientras tanto, los escándalos urbanísticos siguen apareciendo y políticos imputados o no los echan sus partidos o, incluso, repiten en las listas de candidatos amparándose en la presunción de inocencia, algo inadmisible porque los niveles jurisdiccional y político son cosas diferentes. Pero a los partidos les da igual, confían en la mala memoria o en el escepticismo del electorado. ¿Alguien recordará al votar en Cataluña, en el “oasis catalán” como decía Pujol, el tema del 3 por ciento, de las comisiones recibidas por los partidos más importantes por adjudicaciones de obras públicas? ¿Alguien pasará factura en Andalucía al PSOE por su indudable responsabilidad, por lo menos política, en el tema Marbella?

Las respuestas, en breves días. El grado de abstención y el mapa electoral mostrará si, a pesar de todo, contamos todavía con una ciudadanía digna de ese nombre.





* Estrella Digital - 21 de Mayo


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Entre el sillón y el banquillo

R.RINCÓN.- El País* : "¿Es la corrupción urbanística la gran lacra de la política municipal? Para Fernando Jiménez Sánchez, autor del estudio Incidencia de la corrupción en la democracia, incluido en el Informe sobre la democracia en España que acaba de publicar la Fundación Alternativas, la corrupción política es "un subproducto" de un problema mucho más grave: la especulación inmobiliaria y la apuesta por el crecimiento urbanístico como principal instrumento para financiar a los ayuntamientos. Jiménez Sánchez, profesor titular del departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, cree que en la mayoría de los casos los alcaldes que acaban siendo corruptos no llegaron al cargo con esa intención. Simplemente, les fue difícil resistirse a la tentación. "El Ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos y eso siempre les pone en la necesidad de tener que cumplir con las demandas de sus vecinos. Eso les lleva a buscar la forma de ingresar dinero y al final, caen".


Al analizar la lista de alcaldes imputados se aprecia que la mayoría de ellos gobiernan en municipios pequeños, donde los controles son menores. No obstante, Jiménez Sánchez advierte de que los controles en los Ayuntamientos españoles no son "muy eficaces". Entre otras cosas, porque se recurre excesivamente al control jurídico. "Y la vía del contencioso administrativo tiene muchos problemas de eficiencia y si no funciona bien se crea un clima de impunidad que es un caldo de cultivo para la corrupción".

A las elecciones del próximo domingo concurren, al menos, 40 alcaldes que pese a estar imputados en asuntos judiciales aspiran a la reelección. Cuatro decenas de regidores que representan el 5,2% de los 770 que gobiernan en Andalucía. Los hay acusados por usar más de la cuenta el teléfono móvil oficial para llamadas personales (el de Puebla del Río, Sevilla), por comprar entradas para los toros con dinero del Ayuntamiento (Huércal Overa, Almería) y por acoso moral a una compañera (Chipiona, Cádiz). Pero en la mayoría de los casos, las imputaciones corresponden a acusaciones por malversación de caudales públicos y, sobre todo, por delitos urbanísticos (27 de los 40 alcaldes).

Los programas electorales regionales de PSOE, PP, IU y PA contemplan medidas para mejorar la "transparencia" en la gestión urbanística. PSOE y PP proponen elevar al pleno todos los convenios urbanísticos (ahora los aprueba sólo el equipo de gobierno) y publicarlos en Internet. Además, los cuatro apuestan por hacer público el patrimonio de todos los altos cargos al principio y al final de cada mandato. IU incluso aboga por no utilizar el urbanismo para financiar a los Ayuntamientos.

Para Susana Corzo, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Granada, no hay, sin embargo, una voluntad política real de acabar con la corrupción. "Hay más interés en destapar corruptelas de políticos, para dañar al adversario durante la campaña electoral, que una voluntad responsable de acabar con la corrupción", advierte. En su opinión, los políticos "confunden" la labor judicial de perseguir a los corruptos "con la función política de empezar a erradicar, de raíz, la corrupción".

Las propuestas electorales de los partidos para acabar con esta situación son, según Corzo, "improvisadas e ineficaces". Tampoco gustan al profesor Jiménez Sánchez, quien considera que la mayoría son de "cara a la galería" y que la lucha contra la corrupción debería abarcar desde la educación ("el respeto hacia lo público") a más medidas de control técnico.

Además, según el profesor de Ciencia Política y de la Administración, habría que empezar por "clarificar las competencias" de los Ayuntamientos, "mejorar" la estructura de los ingresos municipales y que las comunidades autónomas "asuman la responsabilidad que tienen en política urbanística". "La nueva ley andaluza de Suelo va en esa dirección. A ver si se aplica bien", señala Jiménez Sánchez.






* ELPAIS.com - Sevilla - 21/05/2007



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La legislatura más nefasta para el medio ambiente de Madrid

*Ecologistas en Acción señala, con motivo del cierre de la actual legislatura, que esta ha sido la más nefasta para el Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid desde que se creó esta institución en 1983. La ejecución de proyectos desestimados durante la legislatura pasada, como el desdoblamiento de la carretera M-501 o la aprobación de instrumentos de ordenación que reducen la protección de espacios protegidos, como el PORN de la Sierra de Guadarrama, son sólo algunos ejemplos de ello. Durante toda la legislatura, Esperanza Aguirre, ha vinculado todas las políticas a favorecer el desarrollo urbanístico e inmobiliario en la Comunidad de Madrid, lo que ha producido daños ambientales enormes.

Además, esa es la política que tenía prevista desde el inicio de la Legislatura, y que se cuidó mucho de informar a los ciudadanos, como demuestra el hecho de que una de la primeras medidas que decidió adoptar fuese la de eliminar la Consejería de Medio Ambiente, y vincular dichas competencias a la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El masivo desarrollo de nuevas infraestructuras ha tenido por objeto favorecer los nuevos desarrollos inmobiliarios, no el satisfacer la necesidades en este sentido del conjunto de los ciudadanos, como prueban los nuevos desdoblamientos de carreteras por medio de zonas de interés natural, cuyo tráfico actualmente no alcanza los niveles a partir de los cuales se desdoblan las carreteras. Ese es el caso de los desdoblamientos aprobado y en marcha de las carreteras M-501 y M-600 que tienen como principal finalidad favorecer nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas de gran valor natural, especialmente en la Sierra del Guadarrama , en el suroeste de la Región y en la vecina provincia de Ávila. En este sentido, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha empleado el dinero de todos en favorecer los intereses de unos pocos promotores inmobiliarios, en detrimento del conjunto de la sociedad.

Durante esta legislatura se han aprobado en la región auténticos pelotazos urbanísticos, intentando transformar los pequeños pueblos en grandes ciudades-dormitorio, como ha sido el Plan General de Ordenación Urbana de Brunete, donde se pretende pasar la población de los 8.000 habitantes actuales, a más de 80.000. Además, estas operaciones se caracterizan por no exigir prácticamente nada a los promotores, para el conjunto de los ciudadanos, más allá de lo establecido en la normativa (recordemos que en operaciones urbanísticas de anteriores legislaturas se obtuvieron de los promotores miles de hectáreas de pinares y encinares, cuya titularidad se cedía a la Comunidad de Madrid para su conservación, e incluso se obtuvieron para el patrimonio público grandes palacios como el de Nuevo Baztán). A pesar de las facilidades que el Gobierno Regional está dando a los promotores inmobiliarios, en detrimento del conjunto de los ciudadanos, la vivienda en estos últimos años no ha dejado de incrementar su precio, lo que constituye un gran fracaso de Esperanza Aguirre, que se comprometió, a través de su política “liberalizadora” a reducir el precio de la vivienda. Esperanza Aguirre ha convertido la Comunidad de Madrid en el “Paraíso” de los especuladores inmobiliarios, todo ello en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de los madrileños.

La política de espacios naturales protegidos también ha sido especialmente nefasta. El Gobierno Regional no ha dudado en promover grandes proyectos de infraestructuras a través de los espacios naturales protegidos, como es el proyecto de cierre norte de la M-50, que dañaría gravemente al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, o el ya citado desdoblamiento de la carretera M-501, que ha sido objeto de la apertura por parte de la Comisión Europea de un procedimiento sancionador contra España, por incumplimiento claro de la normativa ambiental comunitaria.

Asimismo, todos los espacios naturales protegidos han visto sustancialmente reducidos sus presupuestos en los últimos años.

Desde que se creó la Comunidad de Madrid, en cada legislatura se solía crear un nuevo espacio natural protegido, cuya normativa específica establecía una protección efectiva de ese territorio. En esta legislatura la Comunidad de Madrid, ha pretendido crear el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que constituye un auténtico fraude y engaño a los ciudadanos, pues en el PORN (Plan de Ordenación de la Sierra de Guadarrama), no sólo no se incrementan los actuales niveles de protección, sino que incluso se reducen los actualmente existentes. Es decir, se trata de un parque nacional que, en vez de proteger el medio natural, elimina las restricciones que actualmente existen en el mismo para poder urbanizar. Esperanza Aguirre ha inventando lo que desde Ecologistas en Acción calificamos de Parque Nacional para el Desarrollo Urbanístico e inmobiliario.

De todas maneras, si esta legislatura ha sido nefasta para el Medio Ambiente Madrileño, mucho nos tememos que la próxima, si Esperanza Aguirre consigue ser de nuevo Presidenta de la Comunidad de Madrid, puede ser dramática, pues dispone en la “cocina” de una gran batería de proyectos inmobiliarios y de desarrollo de infraestructuras, que pretende convertir el conjunto de la Comunidad de Madrid en una gran urbe totalmente urbanizada, de 9-10 millones de habitantes, cosida literalmente por autovías, cada vez con más carriles y salpicada de campos de golf, que parece que el Gobierno de Esperanza Aguirre quiere convertir a la fuerza en el “deporte regional por excelencia”.





*Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid 21 de mayo
Foto: ecologistasenaccion.org



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Querellas en trámite e investigaciones de la Fiscalía contra alcaldes en Murcia

Vegamediapress* : "Hasta nueve alcaldes y ocho concejales del Partido Popular en la región murciana imputados en procesos en trámite en los tribunales de justicia se presentan a la reelección el domingo, 27 de mayo. El siguiente es un recorrido por el el mapa de las numerosas querellas e investigaciones del ministerio fiscal que afectan, además, a dos arquitectos municipales y a un secretario de corporación local gobernadas por el PP: Águilas, Alcantarilla, Archena, Cartagena, Cieza, Mazarrón, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, Totana, Ulea, Villanueva del Segura...


ÁGUILAS

Querella contra el alcalde, Juan Ramírez, junto al exconcejal del PP, José López, en el caso de La Zerrichera. Se trata de la querella más importante presentada por la Fiscalía ante los tribunales de justicia murcianos, tras un año largo de investigaciones y numerosas comparecencias en el palacio de justicia de Murcia. En este caso se encuentran también imputados dos directores generales, un subdirector general, un jefe de servicio y una exditora general del Gobierno Valcárcel.

ALCANTARILLA

Querella contra el alcalde, Lázaro Mellado Sánchez, por un presunto delito contra el medio ambiente, estando pendiente la celebración del juicio oral. El fiscal solicita un año de prisión y seis años la acusación particular. Se instruye en un juzgado de Murcia.

ARCHENA

Tres querellas contra el alcalde, Manuel Marcos Sánchez Cervantes, y el concejal de Urbanismo, Francisco José Fernández Reina, por presuntos delitos urbanísticos, interpuestas por IU por edificaciones ilegales y sin licencias. Se instruyen en los juzgados de Molina de Segura. También, diligencias abiertas contra el alcalde, por falta de información.

CARTAGENA

El fiscal ha abierto diligencias informativas contra la alcaldesa, Pilar Barreiro Álvarez, por presunto delito urbanístico, por la edificación de 5.300 viviendas y 3.000 plazas hoteleras en el espacio natural protegido del saladar de Lo Poyo, en el Mar Menor, tras una denuncia del PSRM-PSOE. Según el sumario del caso Malaya, uno de los dueños de Lo Poyo, a través de empresas interpuestas, es el cartagenero Juan Antonio Roca. Este se entrevistó a mediados de 2004 con el concejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén, para hablar sobre Lo Poyo. Meses después, el Gobierno regional aprobó esta reclasificación urbanística y Barreiro elevó al pleno municipal la aprobación inicial del plan. También la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha reclamado por vía administrativa a Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir daños ambientales en Lo Poyo. Tras la apertura de las diligencias de la fiscalía, Valcárcel se vió obligado a paralizar este proyecto y obligó a Barreiro a hacer lo mismo.

CIEZA

Primera querella de la Fiscalía contra el alcalde, Antonio Tamayo; el jefe de servicio de Sanidad Animal de la consejería de Agricultura, José Pastor, y el secretario de la corporación, Bartolomé Buendía, y otro funcionario municipal, por prevaricación y tráfico de influencias, por la concesión de una licencia de ampliación de la explotación porcina Claufer, propiedad de la hermana de la concejala de Urbanismo y de su marido, José Pastor. La segunda querella contra el alcalde es por el convenio urbanístico de Benis, iniciada por la denuncia de IU ante la Fiscalía. Ambas querellas son instruidas por el juzgado de Instrucción de Cieza.

Por otra parte, el Fiscal Jefe ha abierto también diligencias por otro delito urbanístico cometido por el alcalde, Antonio Tamayo, en relación con la empresa Cieza Golf, en el que se desafectan 120 hectáreas de monte público, para construir un campo de golf y 8.000 viviendas.

MAZARRÓN

Una primera querella de la Fiscalía contra el alcalde, Francisco Blaya, amiguísimo de Ramón Luis Valcárcel y José Antonio Ruiz Vivo, y el concejal del Partido Independiente de Mazarrón (PIXM), Domingo Varela, por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos, por el presunto pago de 33.000 euros de Blaya a Varela para que los tres concejales del PIXM apoyaran la recalificación de más de 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico a urbanizable. Así el Plan General de Ordenación Urbana hace posible la construcción de hasta 43.000 viviendas, lo que duplicaría la población actual. Las empresas beneficiadas son Polaris World, con más de 7 millones de metros cuadrados; Euromarina, con seis millones, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón, con unos cinco millones. Esta última sociedad fue creada en noviembre de 2005 en Madrid y se ha comprometido, sin ninguna contrapartida conocida, a hacerse cargo de la deuda de 6,5 millones de euros contraídos por el ayuntamiento desde 1995, bajo los mandatos de Varela (ex PP) y Blaya, con la empresa que presta los servicios de limpieza, Urbaser. Esta sociedad desempeña las mismas labores en ciudades como Orihuela, donde está siendo investigada por presuntos pagos ilegales a varios ediles. La instruye el juzgado de Instrucción número 4 de Totana.

Una segunda querella contra el concejal de Hacienda del PP, Segundo Muñoz Paredes, por presunta falsificación en documento público. Ambas se instruyen en el juzgado de Mazarrón.

MULA

Apertura de diligencias del Fiscal Jefe al concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos, por presunto delito de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios, al comprar, junto a otros socios, 1,8 millones de metros cuadrados en terrenos rústicos en La Muela de Albudeite por un valor de 55.000 euros en 1999, que después vendió, siendo edil en 2004, por 1.162 millones a las empresas inmobiliarias Artecons Mar Menor, S.L., Urbicosta, S.L., ambas de San Pedro del Pinatar, y Galba Inversiones, con sede en Murcia, todas ellas propiedad de Juan Gracia Jiménez, dueño de Peinsa 97, para la construcción de 9.500 viviendas. Gracia era socio con el concejal de San Javier, José Hernández, en la empresa Valencia del Mar. La denuncia la presenta el PSOE.

MURCIA

El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el arquitecto municipal y jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento, Joaquín Peñalver, tras la denuncia del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Entre las irregularidades detectadas estaba la paralización de proyectos que no iban firmados por el despacho de arquitectura del padre y el hermano de Peñalver, así como la valoración de uno de los convenios de la zona norte de la ciudad con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, por la que el ayuntamiento regido por Miguel Ángel Cámara dejó de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros. Peñalver se encuentra en excedencia y fue pieza clave en los convenios de Nueva Condomina, Joven Futura y Casino, entre otros. El sumario ha sido decretado secreto.

PUERTO LUMBRERAS

Querella contra el alcalde, Pedro Antonio Sánchez, y los concejales Juan Moisés Gea, José María Parra, Matilde Gloria García, Dolores Arenas, Ginés David Piñero y la arquitecto municipal, Inmaculada García, por presunto delito de prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociación prohibida a los funcionarios y falsedad en documento público, presentada por los ediles socialistas. Por el trato a favor obtenido por el concejal Gea respecto a una finca de su propiedad con la participación directa de la arquitecto municipal en la redacción del proyecto. Se instruye en el juzgado de Lorca. También, diligencias abiertas contra el alcalde, por ocultación de información a la oposición.

SAN JAVIER

Una querella contra el alcalde del municipio, José Hernández, por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y ambiental, por una operación urbanística en la urbanización Las Brisas, al construirse de forma ilegal y ocupar parte de la zona marítimo-terrestre. Se instruye en el juzgado de San Javier.

También, la Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas diligencias de investigación contra el alcalde por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y delito urbanístico, por tratos de favor a socios y amigos en operaciones urbanísticas que se desarrollen en el municipio.

TOTANA

Denuncia contra el concejal de Infraestructuras y Obras Públicas y candidato a la alcaldía, José Martínez Andreo, por presunto delito contra la ordenación del territorio en la construcción de obra pública sin expediente administrativo de contratación adjudicada a dedo a la empresa del hermano del alcalde.

ULEA

Una querella contra el alcalde, José Bolarín Cano, por una operación urbanística en donde se encuentran implicados familiares del alcalde que presuntamente se beneficiaron de un convenio redactado en connivencia con el abogado particular del regidor. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, con el visto bueno de la consejería de Obras Públicas y Vivienda, contempla trece millones de metros cuadrados sectorizados mediante convenios, y prevé la construcción de 21.000 viviendas, por lo que el municipio pasaría de 900 a 64.000 habitantes, a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Segura asegura que no hay agua para su abastecimiento. Entre las empresas beneficiadas se encuentra Fadesa, con tres millones de metros cuadrados en el paraje La Losilla, para la construcción de 3.000 viviendas y un campo de golf; la sociedad Mare Nostrum, para la construcción de Los Juncos Golf Rresort, de Higinio Pérez Mateos, con otras 4.000 viviendas. Se instruye en el juzgado de Cieza.

VILLANUEVA DEL SEGURA

Querella contra el alcalde, José Luis López de Ayala, por otorgar licencia ilegal en contra de la ley del suelo para construir, en zona de dominio público hidráulico del río Segura, en el conocido paraje de La Morra, el resort Spa Valley, llevado a cabo por la empresa Oasis Mediterráneo. Presentada por Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa del Valle de Ricote. El Plan General de Ordenación de este ayuntamiento declara urbanizable el 95 por ciento del municipio, siendo una de las mayores desmesuras de entre todos los municipios del Valle de Ricote, con la construcción de 50.000 viviendas, 236 ya levantadas. Instruida por el juzgado de Instrucción número 3 de Cieza. Prestaron declaración ante el juez, Ayala, el arquitecto municipal, Juan Rubio García, y los tres ediles que integran el consistorio, José Carrillo, Mariano Gómez y Nuria López.




* Vegamediapress - 20/05/2007
Foto: La Zerrichera (Águilas) /ecologistasenaccion.org



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Los fiscales denuncian los retrasos al ejecutar órdenes de demolición

M.RAMOS.- DiariodeCádiz* : "Un lamento extendido entre los fiscales especializados en delitos medioambientales y urbanísticos en Andalucía es la demora con la que se ejecutan las sentencias que obligan a la demolición de las construcciones ilegales. Así lo ponen de manifiesto buena parte de ellos en su última memoria, donde analizan las actuaciones realizadas en 2006. En ella, los fiscales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén coinciden en destacar en algún punto de su informe los problemas que están encontrando para que se restituya el patrimonio destruido con la demolición de los edificios ilegales.


El más duro en su discurso sobre la impotencia que genera que las piquetas no actúen contra lo levantado fuera de la legalidad es el fiscal de Cádiz, que llega a advertir en el documento que "se extiende la sensación popular de que, en el peor de los casos se pagará una multa, pero que nunca se producirán las demoliciones de lo ilícitamente construido, con lo que ello supone de efecto llamada para nuevas edificaciones ilícitas". El fiscal Ángel Núñez Sánchez llega a asegurar que incluso se consideran las multas que se imponen en las sentencias "como un gasto más de la edificación ilegal".

A lo largo de sus informes, los fiscales señalan a varios culpables de esta situación. De un lado, la lógica reticencia de los infractores por cumplir la sentencia de demolición; de otro, las administraciones, especialmente los ayuntamientos, "que fomentan la convicción de que una vez finalizada una construcción las irregularidades en las que se haya podido incurrir se van a poder legalizar en todos los casos". Por último, el propio sistema judicial ya que, indica el informe, los juzgados y tribunales penales se abstienen de solicitar el restablecimiento de la legalidad, remitiendo la decisión a la administración, "cuya falta de competencia dio motivo a la creación de estas figuras delictivas".

El fiscal gaditano alerta de otro problema, la fuerza que llegan a tener ante sus consistorios los propietarios de casas ilegales, que acaban convirtiéndose en "grupos de presión para tratar de obtener las modificaciones del planeamiento que legitimen sus edificaciones". Situación que se está dando, por ejemplo, con los propietarios de las parcelaciones ilegales en Medina Azahara, en Córdoba.

El fiscal de esta provincia denuncia que han sido precisamente "las promesas municipales del Plan de Mejora Rural" las que han alentado a que en el último semestre de 2006 se reactivara la construcción ilegal en torno a este Bien de Interés Cultural en la capital cordobesa. También recuerda que, aunque ha logrado durante el pasado año las primeras sentencias condenatorias por la presión urbanística en la sierra de Córdoba, en ninguna de ellas se ha decretado la demolición "alegando razones de desequilibrio y desproporción".

Algo parecido le ocurre a Juan Sánchez Martínez, fiscal de medio ambiente en Almería, que ve como no se ejecutan tres órdenes de demolición en suelos de Dominio Público Marítimo Terrestre. Por eso pide en el informe al Servicio Provincial de Costas que ejecute estas sentencias para, después, pasarle el importe de los derribos a los penados. Así, en el paraje de Fas, en Cantoria, llevan esperando desde 2004 a que se destruya una piscina construida sobre suelo de dominio público. El infractor no sólo no ha cumplido la sentencia, sino que además ha podido, por orden de la Audiencia, sustituir la pena de cárcel por una multa.

Todo esto en un año en el que entró en vigor en Andalucía la nueva Ley de Vivienda Protegida y Suelo, que capacita a los ayuntamientos y a la propia Consejería de Obras Públicas a ejecutar en el plazo máximo de un mes el derribo de las construcciones que incumplan con las normas de ordenación urbanística, previa audiencia del interesado. La Consejería de Obras Públicas incluye en los presupuestos de este año una partida de seis millones de euros para ayudar a los consistorios a financiar el derribo de obras ilegales.




*Diario de Cádiz - 21 de Mayo de 2007
Foto: Algarrobico (Almería) ¡demolición! - greenpeace.org


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Alcaldes constructores

CarlosMARTÍNEZ-BUJÁN.- El País* : "Uno de los temas que ha venido marcando la agenda política gallega de cara a las elecciones del 27 de mayo es el de la figura del alcalde-constructor. Convencidos, unos más que otros, de que esta simbiosis es una de las causas que últimamente ha aparecido vinculada a algunos casos de escándalos urbanísticos, los tres principales partidos han realizado diferentes propuestas (con diversos e importantes matices), tendentes a ponerle límites e, incluso, a erradicarla. No obstante, en el análisis de este problema no se puede pasar por alto que nos enfrentamos ante un fenómeno muy arraigado, propiciado por la existencia de un sistema de incompatibilidades en la Administración local mucho más laxo que el que rige en la Administración central y en la autonómica.


El problema posee, pues, ante todo una compleja perspectiva jurídica, cuya solución no resulta sencilla, y que, desde luego, no puede alcanzarse a corto plazo. Por tanto, la única medida que cabría adoptar con carácter inmediato y que sería eficaz ya con vistas a las inminentes elecciones es la de recurrir a lo que en términos sociológicos se conoce como control informal del problema, esto es, un control que no es jurídico, sino estrictamente político, y que los partidos pueden establecer en el seno de sus organizaciones, fijando unas pautas éticas al respecto.

Ahora bien, ello no debería llevar a marginar la conveniencia de abordar el problema también a través del control formal, jurídico, y, en determinados casos de especial gravedad, incluso a través del Derecho penal. Con todo, usualmente se olvida que en nuestro Código penal existen ya unos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, que, si bien han sido poco utilizados en nuestra jurisprudencia, podrían ser aplicables a algunas de las conductas que recientemente hemos conocido en Galicia. Piénsese, por ejemplo, en el caso del alcalde que (infringiendo su deber de abstención, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo) interviene en votaciones de su ayuntamiento, mediante las cuales se otorgan contratos y se conceden licencias de obra a empresas en las que él tiene intereses privados, especialmente cuando además esas empresas no constan en el registro de bienes, en el que obligatoriamente todos los ediles deben consignar sus propiedades, lo cual indiciariamente supone una prueba de actuación dolosa.

Una cosa es que, con arreglo al Derecho administrativo, una actuación de esta índole no invalide en principio el acto administrativo aprobado por la corporación municipal, y otra muy distinta que no pueda aplicársele al alcalde que obra dolosamente el delito definido en el artículo 441 del Código penal (como lo entendió, por cierto, el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de febrero de 1997), delito que, en lo que atañe al caso ejemplificado, castiga a la "autoridad o funcionario que, fuera de los casos admitidos en las leyes, realizare una actividad profesional al servicio de entidades privadas o de particulares en asunto en que deba intervenir por razón de su cargo".

El elemento fundamental de este delito es el hecho de que el funcionario acceda a una posición jurídica de privilegio y de deber (el funcionario debe intervenir en el asunto por razón de su cargo). Si se cumple esta característica (situación jurídica), la realización de la actividad particular de constructor (por sí misma jurídicamente irrelevante) adquiere entonces un sentido relevante para el Derecho penal, porque afecta a la necesaria imparcialidad del funcionario, que debe inspirar una correcta organización administrativa al servicio de los ciudadanos, lo cual constituye indudablemente un interés jurídico merecedor de protección penal.

Y repárese en que, una vez constatado el citado elemento fundamental, el delito existiría ya con la simple realización de la actividad particular de constructor, sin que se exija una resolución administrativa calificable de injusta ni una efectiva situación de corrupción, puesto que, de concurrir éstas, habría además otros delitos más graves, como la prevaricación, el tráfico de influencias o el cohecho.





* ELPAIS.com - Galicia - 21/05/2007



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Una financiación ligada al urbanismo

L.LUCIO.- El País* : " El IBI supuso el 27% del total de los ingresos tributarios de los ayuntamientos andaluces en 2005.
En este mandato municipal, la actividad económica generada por el urbanismo en los ayuntamientos casi siempre ha ido asociada a episodios de corrupción, extendiendo la mancha de sospecha en el imaginario colectivo a los 770 municipios andaluces. Ésta es una de las consecuencias de la potente imagen proyectada por la corrupción urbanística en Marbella (Málaga), destapada con toda crudeza por la operación Malaya.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, considera "injusto" que el urbanismo se haya convertido en sinónimo de corrupción. "El urbanismo debe servir para financiar a los ayuntamientos y a veces se confunde al tío que se lleva el dinero a su bolsillo con el hecho de que un municipio deba estructurar sus necesidades", afirma.

El peso de la actividad inmobiliaria en los ingresos de las corporaciones locales ha aumentado año tras año. Según un informe de Virginia Pou, del Servicio de Estudios Económicos del BBVA, sobre El impacto del mercado inmobiliario en las finanzas públicas, los recursos totales vinculados a la actividad inmobiliaria en el conjunto del Estado "han pasado de representar el 22,8% del total de ingresos no financieros municipales en 1992 [año de crisis en el sector] a un 31,9% en 2004".

Este informe, no obstante, advierte que si bien los ingresos por el ladrillo aumentan, también lo hacen y a un ritmo mayor los gastos por el aumento de la población en los municipios. Este incremento genera más obligaciones para los ayuntamientos (transporte público, alumbrado, recogida de basura). Un aspecto que los gobiernos locales, sostiene Pou, no tienen en cuenta con vistas al futuro. Según sus datos, el sector inmobiliario "está aportando un 32% de los ingresos municipales", pero "genera un gasto equivalente al 36% del total de gastos municipales".

Una de las cosas que más llama la atención cuando se intenta bucear en la financiación de los ayuntamientos es la poca información que existe. La FAMP carece de un mínimo banco de datos para saber, por ejemplo, cuánto pagan los ayuntamientos a sus funcionarios o cuál es el nivel salarial de las distintas policías locales de la comunidad. O qué efecto tiene el urbanismo en sus presupuestos. El propio Toscano reconoce que la FAMP no tiene una información adecuada.

Según datos de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, elaborados a partir de las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Economía, el 43,2% de los ingresos de los ayuntamientos andaluces el ejercicio 2005 son de naturaleza tributaria. Es decir, son sus propios ingresos los que en mayor parte nutre sus recursos totales.

El 35,79% son transferencias corrientes y de capital procedentes de otras Administraciones -las del Estado suponen el 24,19%, las de Junta, el 9,39%-. Los ingresos patrimoniales y enajenación de inversiones reales representan el 11,60%; y los activos y pasivos financieros, el 9,19%. En el año de referencia, los presupuestos de todas las entidades locales de Andalucía sumaron 9.797.758 millones de euros.

La mayor parte de la financiación procede de los impuestos directos, indirectos y de las tasas por la prestación de servicios y contribuciones especiales.

Dentro de los ingresos de carácter tributario destaca el peso que representa el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que grava el valor catastral de las propiedades urbanas y rústicas. El pago de lo que se conoce popularmente como la contribución representa el 27% del total de lo que ingresaron en 2005 los ayuntamientos andaluces por tributos. Aunque es un impuesto estatal, los ayuntamientos pueden aplicar una escala de gravamen que oscila entre el 0,4% y el 1,10%. En Andalucía, Huelva y Cádiz son los que aplican el tipo más alto (1,06% y 0,91%, respectivamente), frente a Córdoba y Jaén (0,61% y 0,60%).

Otra carga tributaria que ha cobrado protagonismo relacionado con la actividad inmobiliaria es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, un tributo indirecto que se paga cuando se hace una obra o una reforma. Supone el 9,8% de los ingresos tributarios de los municipios.

En las propuestas de los partidos sobre financiación municipal llama la atención que no se hable de estos asuntos y que centren sus expectativas en una mayor participación en los ingresos de la Junta.





* ELPAIS.com - Sevilla - 21/05/2007
Foto: Benalmádena /UrbPatasArriba


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