La legislatura más nefasta para el medio ambiente de Madrid

*Ecologistas en Acción señala, con motivo del cierre de la actual legislatura, que esta ha sido la más nefasta para el Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid desde que se creó esta institución en 1983. La ejecución de proyectos desestimados durante la legislatura pasada, como el desdoblamiento de la carretera M-501 o la aprobación de instrumentos de ordenación que reducen la protección de espacios protegidos, como el PORN de la Sierra de Guadarrama, son sólo algunos ejemplos de ello. Durante toda la legislatura, Esperanza Aguirre, ha vinculado todas las políticas a favorecer el desarrollo urbanístico e inmobiliario en la Comunidad de Madrid, lo que ha producido daños ambientales enormes.

Además, esa es la política que tenía prevista desde el inicio de la Legislatura, y que se cuidó mucho de informar a los ciudadanos, como demuestra el hecho de que una de la primeras medidas que decidió adoptar fuese la de eliminar la Consejería de Medio Ambiente, y vincular dichas competencias a la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El masivo desarrollo de nuevas infraestructuras ha tenido por objeto favorecer los nuevos desarrollos inmobiliarios, no el satisfacer la necesidades en este sentido del conjunto de los ciudadanos, como prueban los nuevos desdoblamientos de carreteras por medio de zonas de interés natural, cuyo tráfico actualmente no alcanza los niveles a partir de los cuales se desdoblan las carreteras. Ese es el caso de los desdoblamientos aprobado y en marcha de las carreteras M-501 y M-600 que tienen como principal finalidad favorecer nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas de gran valor natural, especialmente en la Sierra del Guadarrama , en el suroeste de la Región y en la vecina provincia de Ávila. En este sentido, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha empleado el dinero de todos en favorecer los intereses de unos pocos promotores inmobiliarios, en detrimento del conjunto de la sociedad.

Durante esta legislatura se han aprobado en la región auténticos pelotazos urbanísticos, intentando transformar los pequeños pueblos en grandes ciudades-dormitorio, como ha sido el Plan General de Ordenación Urbana de Brunete, donde se pretende pasar la población de los 8.000 habitantes actuales, a más de 80.000. Además, estas operaciones se caracterizan por no exigir prácticamente nada a los promotores, para el conjunto de los ciudadanos, más allá de lo establecido en la normativa (recordemos que en operaciones urbanísticas de anteriores legislaturas se obtuvieron de los promotores miles de hectáreas de pinares y encinares, cuya titularidad se cedía a la Comunidad de Madrid para su conservación, e incluso se obtuvieron para el patrimonio público grandes palacios como el de Nuevo Baztán). A pesar de las facilidades que el Gobierno Regional está dando a los promotores inmobiliarios, en detrimento del conjunto de los ciudadanos, la vivienda en estos últimos años no ha dejado de incrementar su precio, lo que constituye un gran fracaso de Esperanza Aguirre, que se comprometió, a través de su política “liberalizadora” a reducir el precio de la vivienda. Esperanza Aguirre ha convertido la Comunidad de Madrid en el “Paraíso” de los especuladores inmobiliarios, todo ello en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de los madrileños.

La política de espacios naturales protegidos también ha sido especialmente nefasta. El Gobierno Regional no ha dudado en promover grandes proyectos de infraestructuras a través de los espacios naturales protegidos, como es el proyecto de cierre norte de la M-50, que dañaría gravemente al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, o el ya citado desdoblamiento de la carretera M-501, que ha sido objeto de la apertura por parte de la Comisión Europea de un procedimiento sancionador contra España, por incumplimiento claro de la normativa ambiental comunitaria.

Asimismo, todos los espacios naturales protegidos han visto sustancialmente reducidos sus presupuestos en los últimos años.

Desde que se creó la Comunidad de Madrid, en cada legislatura se solía crear un nuevo espacio natural protegido, cuya normativa específica establecía una protección efectiva de ese territorio. En esta legislatura la Comunidad de Madrid, ha pretendido crear el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que constituye un auténtico fraude y engaño a los ciudadanos, pues en el PORN (Plan de Ordenación de la Sierra de Guadarrama), no sólo no se incrementan los actuales niveles de protección, sino que incluso se reducen los actualmente existentes. Es decir, se trata de un parque nacional que, en vez de proteger el medio natural, elimina las restricciones que actualmente existen en el mismo para poder urbanizar. Esperanza Aguirre ha inventando lo que desde Ecologistas en Acción calificamos de Parque Nacional para el Desarrollo Urbanístico e inmobiliario.

De todas maneras, si esta legislatura ha sido nefasta para el Medio Ambiente Madrileño, mucho nos tememos que la próxima, si Esperanza Aguirre consigue ser de nuevo Presidenta de la Comunidad de Madrid, puede ser dramática, pues dispone en la “cocina” de una gran batería de proyectos inmobiliarios y de desarrollo de infraestructuras, que pretende convertir el conjunto de la Comunidad de Madrid en una gran urbe totalmente urbanizada, de 9-10 millones de habitantes, cosida literalmente por autovías, cada vez con más carriles y salpicada de campos de golf, que parece que el Gobierno de Esperanza Aguirre quiere convertir a la fuerza en el “deporte regional por excelencia”.





*Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid 21 de mayo
Foto: ecologistasenaccion.org



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Querellas en trámite e investigaciones de la Fiscalía contra alcaldes en Murcia

Vegamediapress* : "Hasta nueve alcaldes y ocho concejales del Partido Popular en la región murciana imputados en procesos en trámite en los tribunales de justicia se presentan a la reelección el domingo, 27 de mayo. El siguiente es un recorrido por el el mapa de las numerosas querellas e investigaciones del ministerio fiscal que afectan, además, a dos arquitectos municipales y a un secretario de corporación local gobernadas por el PP: Águilas, Alcantarilla, Archena, Cartagena, Cieza, Mazarrón, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, Totana, Ulea, Villanueva del Segura...


ÁGUILAS

Querella contra el alcalde, Juan Ramírez, junto al exconcejal del PP, José López, en el caso de La Zerrichera. Se trata de la querella más importante presentada por la Fiscalía ante los tribunales de justicia murcianos, tras un año largo de investigaciones y numerosas comparecencias en el palacio de justicia de Murcia. En este caso se encuentran también imputados dos directores generales, un subdirector general, un jefe de servicio y una exditora general del Gobierno Valcárcel.

ALCANTARILLA

Querella contra el alcalde, Lázaro Mellado Sánchez, por un presunto delito contra el medio ambiente, estando pendiente la celebración del juicio oral. El fiscal solicita un año de prisión y seis años la acusación particular. Se instruye en un juzgado de Murcia.

ARCHENA

Tres querellas contra el alcalde, Manuel Marcos Sánchez Cervantes, y el concejal de Urbanismo, Francisco José Fernández Reina, por presuntos delitos urbanísticos, interpuestas por IU por edificaciones ilegales y sin licencias. Se instruyen en los juzgados de Molina de Segura. También, diligencias abiertas contra el alcalde, por falta de información.

CARTAGENA

El fiscal ha abierto diligencias informativas contra la alcaldesa, Pilar Barreiro Álvarez, por presunto delito urbanístico, por la edificación de 5.300 viviendas y 3.000 plazas hoteleras en el espacio natural protegido del saladar de Lo Poyo, en el Mar Menor, tras una denuncia del PSRM-PSOE. Según el sumario del caso Malaya, uno de los dueños de Lo Poyo, a través de empresas interpuestas, es el cartagenero Juan Antonio Roca. Este se entrevistó a mediados de 2004 con el concejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén, para hablar sobre Lo Poyo. Meses después, el Gobierno regional aprobó esta reclasificación urbanística y Barreiro elevó al pleno municipal la aprobación inicial del plan. También la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha reclamado por vía administrativa a Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir daños ambientales en Lo Poyo. Tras la apertura de las diligencias de la fiscalía, Valcárcel se vió obligado a paralizar este proyecto y obligó a Barreiro a hacer lo mismo.

CIEZA

Primera querella de la Fiscalía contra el alcalde, Antonio Tamayo; el jefe de servicio de Sanidad Animal de la consejería de Agricultura, José Pastor, y el secretario de la corporación, Bartolomé Buendía, y otro funcionario municipal, por prevaricación y tráfico de influencias, por la concesión de una licencia de ampliación de la explotación porcina Claufer, propiedad de la hermana de la concejala de Urbanismo y de su marido, José Pastor. La segunda querella contra el alcalde es por el convenio urbanístico de Benis, iniciada por la denuncia de IU ante la Fiscalía. Ambas querellas son instruidas por el juzgado de Instrucción de Cieza.

Por otra parte, el Fiscal Jefe ha abierto también diligencias por otro delito urbanístico cometido por el alcalde, Antonio Tamayo, en relación con la empresa Cieza Golf, en el que se desafectan 120 hectáreas de monte público, para construir un campo de golf y 8.000 viviendas.

MAZARRÓN

Una primera querella de la Fiscalía contra el alcalde, Francisco Blaya, amiguísimo de Ramón Luis Valcárcel y José Antonio Ruiz Vivo, y el concejal del Partido Independiente de Mazarrón (PIXM), Domingo Varela, por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos, por el presunto pago de 33.000 euros de Blaya a Varela para que los tres concejales del PIXM apoyaran la recalificación de más de 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico a urbanizable. Así el Plan General de Ordenación Urbana hace posible la construcción de hasta 43.000 viviendas, lo que duplicaría la población actual. Las empresas beneficiadas son Polaris World, con más de 7 millones de metros cuadrados; Euromarina, con seis millones, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón, con unos cinco millones. Esta última sociedad fue creada en noviembre de 2005 en Madrid y se ha comprometido, sin ninguna contrapartida conocida, a hacerse cargo de la deuda de 6,5 millones de euros contraídos por el ayuntamiento desde 1995, bajo los mandatos de Varela (ex PP) y Blaya, con la empresa que presta los servicios de limpieza, Urbaser. Esta sociedad desempeña las mismas labores en ciudades como Orihuela, donde está siendo investigada por presuntos pagos ilegales a varios ediles. La instruye el juzgado de Instrucción número 4 de Totana.

Una segunda querella contra el concejal de Hacienda del PP, Segundo Muñoz Paredes, por presunta falsificación en documento público. Ambas se instruyen en el juzgado de Mazarrón.

MULA

Apertura de diligencias del Fiscal Jefe al concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos, por presunto delito de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios, al comprar, junto a otros socios, 1,8 millones de metros cuadrados en terrenos rústicos en La Muela de Albudeite por un valor de 55.000 euros en 1999, que después vendió, siendo edil en 2004, por 1.162 millones a las empresas inmobiliarias Artecons Mar Menor, S.L., Urbicosta, S.L., ambas de San Pedro del Pinatar, y Galba Inversiones, con sede en Murcia, todas ellas propiedad de Juan Gracia Jiménez, dueño de Peinsa 97, para la construcción de 9.500 viviendas. Gracia era socio con el concejal de San Javier, José Hernández, en la empresa Valencia del Mar. La denuncia la presenta el PSOE.

MURCIA

El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el arquitecto municipal y jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento, Joaquín Peñalver, tras la denuncia del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Entre las irregularidades detectadas estaba la paralización de proyectos que no iban firmados por el despacho de arquitectura del padre y el hermano de Peñalver, así como la valoración de uno de los convenios de la zona norte de la ciudad con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, por la que el ayuntamiento regido por Miguel Ángel Cámara dejó de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros. Peñalver se encuentra en excedencia y fue pieza clave en los convenios de Nueva Condomina, Joven Futura y Casino, entre otros. El sumario ha sido decretado secreto.

PUERTO LUMBRERAS

Querella contra el alcalde, Pedro Antonio Sánchez, y los concejales Juan Moisés Gea, José María Parra, Matilde Gloria García, Dolores Arenas, Ginés David Piñero y la arquitecto municipal, Inmaculada García, por presunto delito de prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociación prohibida a los funcionarios y falsedad en documento público, presentada por los ediles socialistas. Por el trato a favor obtenido por el concejal Gea respecto a una finca de su propiedad con la participación directa de la arquitecto municipal en la redacción del proyecto. Se instruye en el juzgado de Lorca. También, diligencias abiertas contra el alcalde, por ocultación de información a la oposición.

SAN JAVIER

Una querella contra el alcalde del municipio, José Hernández, por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y ambiental, por una operación urbanística en la urbanización Las Brisas, al construirse de forma ilegal y ocupar parte de la zona marítimo-terrestre. Se instruye en el juzgado de San Javier.

También, la Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas diligencias de investigación contra el alcalde por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y delito urbanístico, por tratos de favor a socios y amigos en operaciones urbanísticas que se desarrollen en el municipio.

TOTANA

Denuncia contra el concejal de Infraestructuras y Obras Públicas y candidato a la alcaldía, José Martínez Andreo, por presunto delito contra la ordenación del territorio en la construcción de obra pública sin expediente administrativo de contratación adjudicada a dedo a la empresa del hermano del alcalde.

ULEA

Una querella contra el alcalde, José Bolarín Cano, por una operación urbanística en donde se encuentran implicados familiares del alcalde que presuntamente se beneficiaron de un convenio redactado en connivencia con el abogado particular del regidor. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, con el visto bueno de la consejería de Obras Públicas y Vivienda, contempla trece millones de metros cuadrados sectorizados mediante convenios, y prevé la construcción de 21.000 viviendas, por lo que el municipio pasaría de 900 a 64.000 habitantes, a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Segura asegura que no hay agua para su abastecimiento. Entre las empresas beneficiadas se encuentra Fadesa, con tres millones de metros cuadrados en el paraje La Losilla, para la construcción de 3.000 viviendas y un campo de golf; la sociedad Mare Nostrum, para la construcción de Los Juncos Golf Rresort, de Higinio Pérez Mateos, con otras 4.000 viviendas. Se instruye en el juzgado de Cieza.

VILLANUEVA DEL SEGURA

Querella contra el alcalde, José Luis López de Ayala, por otorgar licencia ilegal en contra de la ley del suelo para construir, en zona de dominio público hidráulico del río Segura, en el conocido paraje de La Morra, el resort Spa Valley, llevado a cabo por la empresa Oasis Mediterráneo. Presentada por Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa del Valle de Ricote. El Plan General de Ordenación de este ayuntamiento declara urbanizable el 95 por ciento del municipio, siendo una de las mayores desmesuras de entre todos los municipios del Valle de Ricote, con la construcción de 50.000 viviendas, 236 ya levantadas. Instruida por el juzgado de Instrucción número 3 de Cieza. Prestaron declaración ante el juez, Ayala, el arquitecto municipal, Juan Rubio García, y los tres ediles que integran el consistorio, José Carrillo, Mariano Gómez y Nuria López.




* Vegamediapress - 20/05/2007
Foto: La Zerrichera (Águilas) /ecologistasenaccion.org



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Los fiscales denuncian los retrasos al ejecutar órdenes de demolición

M.RAMOS.- DiariodeCádiz* : "Un lamento extendido entre los fiscales especializados en delitos medioambientales y urbanísticos en Andalucía es la demora con la que se ejecutan las sentencias que obligan a la demolición de las construcciones ilegales. Así lo ponen de manifiesto buena parte de ellos en su última memoria, donde analizan las actuaciones realizadas en 2006. En ella, los fiscales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén coinciden en destacar en algún punto de su informe los problemas que están encontrando para que se restituya el patrimonio destruido con la demolición de los edificios ilegales.


El más duro en su discurso sobre la impotencia que genera que las piquetas no actúen contra lo levantado fuera de la legalidad es el fiscal de Cádiz, que llega a advertir en el documento que "se extiende la sensación popular de que, en el peor de los casos se pagará una multa, pero que nunca se producirán las demoliciones de lo ilícitamente construido, con lo que ello supone de efecto llamada para nuevas edificaciones ilícitas". El fiscal Ángel Núñez Sánchez llega a asegurar que incluso se consideran las multas que se imponen en las sentencias "como un gasto más de la edificación ilegal".

A lo largo de sus informes, los fiscales señalan a varios culpables de esta situación. De un lado, la lógica reticencia de los infractores por cumplir la sentencia de demolición; de otro, las administraciones, especialmente los ayuntamientos, "que fomentan la convicción de que una vez finalizada una construcción las irregularidades en las que se haya podido incurrir se van a poder legalizar en todos los casos". Por último, el propio sistema judicial ya que, indica el informe, los juzgados y tribunales penales se abstienen de solicitar el restablecimiento de la legalidad, remitiendo la decisión a la administración, "cuya falta de competencia dio motivo a la creación de estas figuras delictivas".

El fiscal gaditano alerta de otro problema, la fuerza que llegan a tener ante sus consistorios los propietarios de casas ilegales, que acaban convirtiéndose en "grupos de presión para tratar de obtener las modificaciones del planeamiento que legitimen sus edificaciones". Situación que se está dando, por ejemplo, con los propietarios de las parcelaciones ilegales en Medina Azahara, en Córdoba.

El fiscal de esta provincia denuncia que han sido precisamente "las promesas municipales del Plan de Mejora Rural" las que han alentado a que en el último semestre de 2006 se reactivara la construcción ilegal en torno a este Bien de Interés Cultural en la capital cordobesa. También recuerda que, aunque ha logrado durante el pasado año las primeras sentencias condenatorias por la presión urbanística en la sierra de Córdoba, en ninguna de ellas se ha decretado la demolición "alegando razones de desequilibrio y desproporción".

Algo parecido le ocurre a Juan Sánchez Martínez, fiscal de medio ambiente en Almería, que ve como no se ejecutan tres órdenes de demolición en suelos de Dominio Público Marítimo Terrestre. Por eso pide en el informe al Servicio Provincial de Costas que ejecute estas sentencias para, después, pasarle el importe de los derribos a los penados. Así, en el paraje de Fas, en Cantoria, llevan esperando desde 2004 a que se destruya una piscina construida sobre suelo de dominio público. El infractor no sólo no ha cumplido la sentencia, sino que además ha podido, por orden de la Audiencia, sustituir la pena de cárcel por una multa.

Todo esto en un año en el que entró en vigor en Andalucía la nueva Ley de Vivienda Protegida y Suelo, que capacita a los ayuntamientos y a la propia Consejería de Obras Públicas a ejecutar en el plazo máximo de un mes el derribo de las construcciones que incumplan con las normas de ordenación urbanística, previa audiencia del interesado. La Consejería de Obras Públicas incluye en los presupuestos de este año una partida de seis millones de euros para ayudar a los consistorios a financiar el derribo de obras ilegales.




*Diario de Cádiz - 21 de Mayo de 2007
Foto: Algarrobico (Almería) ¡demolición! - greenpeace.org


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Alcaldes constructores

CarlosMARTÍNEZ-BUJÁN.- El País* : "Uno de los temas que ha venido marcando la agenda política gallega de cara a las elecciones del 27 de mayo es el de la figura del alcalde-constructor. Convencidos, unos más que otros, de que esta simbiosis es una de las causas que últimamente ha aparecido vinculada a algunos casos de escándalos urbanísticos, los tres principales partidos han realizado diferentes propuestas (con diversos e importantes matices), tendentes a ponerle límites e, incluso, a erradicarla. No obstante, en el análisis de este problema no se puede pasar por alto que nos enfrentamos ante un fenómeno muy arraigado, propiciado por la existencia de un sistema de incompatibilidades en la Administración local mucho más laxo que el que rige en la Administración central y en la autonómica.


El problema posee, pues, ante todo una compleja perspectiva jurídica, cuya solución no resulta sencilla, y que, desde luego, no puede alcanzarse a corto plazo. Por tanto, la única medida que cabría adoptar con carácter inmediato y que sería eficaz ya con vistas a las inminentes elecciones es la de recurrir a lo que en términos sociológicos se conoce como control informal del problema, esto es, un control que no es jurídico, sino estrictamente político, y que los partidos pueden establecer en el seno de sus organizaciones, fijando unas pautas éticas al respecto.

Ahora bien, ello no debería llevar a marginar la conveniencia de abordar el problema también a través del control formal, jurídico, y, en determinados casos de especial gravedad, incluso a través del Derecho penal. Con todo, usualmente se olvida que en nuestro Código penal existen ya unos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, que, si bien han sido poco utilizados en nuestra jurisprudencia, podrían ser aplicables a algunas de las conductas que recientemente hemos conocido en Galicia. Piénsese, por ejemplo, en el caso del alcalde que (infringiendo su deber de abstención, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo) interviene en votaciones de su ayuntamiento, mediante las cuales se otorgan contratos y se conceden licencias de obra a empresas en las que él tiene intereses privados, especialmente cuando además esas empresas no constan en el registro de bienes, en el que obligatoriamente todos los ediles deben consignar sus propiedades, lo cual indiciariamente supone una prueba de actuación dolosa.

Una cosa es que, con arreglo al Derecho administrativo, una actuación de esta índole no invalide en principio el acto administrativo aprobado por la corporación municipal, y otra muy distinta que no pueda aplicársele al alcalde que obra dolosamente el delito definido en el artículo 441 del Código penal (como lo entendió, por cierto, el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de febrero de 1997), delito que, en lo que atañe al caso ejemplificado, castiga a la "autoridad o funcionario que, fuera de los casos admitidos en las leyes, realizare una actividad profesional al servicio de entidades privadas o de particulares en asunto en que deba intervenir por razón de su cargo".

El elemento fundamental de este delito es el hecho de que el funcionario acceda a una posición jurídica de privilegio y de deber (el funcionario debe intervenir en el asunto por razón de su cargo). Si se cumple esta característica (situación jurídica), la realización de la actividad particular de constructor (por sí misma jurídicamente irrelevante) adquiere entonces un sentido relevante para el Derecho penal, porque afecta a la necesaria imparcialidad del funcionario, que debe inspirar una correcta organización administrativa al servicio de los ciudadanos, lo cual constituye indudablemente un interés jurídico merecedor de protección penal.

Y repárese en que, una vez constatado el citado elemento fundamental, el delito existiría ya con la simple realización de la actividad particular de constructor, sin que se exija una resolución administrativa calificable de injusta ni una efectiva situación de corrupción, puesto que, de concurrir éstas, habría además otros delitos más graves, como la prevaricación, el tráfico de influencias o el cohecho.





* ELPAIS.com - Galicia - 21/05/2007



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Una financiación ligada al urbanismo

L.LUCIO.- El País* : " El IBI supuso el 27% del total de los ingresos tributarios de los ayuntamientos andaluces en 2005.
En este mandato municipal, la actividad económica generada por el urbanismo en los ayuntamientos casi siempre ha ido asociada a episodios de corrupción, extendiendo la mancha de sospecha en el imaginario colectivo a los 770 municipios andaluces. Ésta es una de las consecuencias de la potente imagen proyectada por la corrupción urbanística en Marbella (Málaga), destapada con toda crudeza por la operación Malaya.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, considera "injusto" que el urbanismo se haya convertido en sinónimo de corrupción. "El urbanismo debe servir para financiar a los ayuntamientos y a veces se confunde al tío que se lleva el dinero a su bolsillo con el hecho de que un municipio deba estructurar sus necesidades", afirma.

El peso de la actividad inmobiliaria en los ingresos de las corporaciones locales ha aumentado año tras año. Según un informe de Virginia Pou, del Servicio de Estudios Económicos del BBVA, sobre El impacto del mercado inmobiliario en las finanzas públicas, los recursos totales vinculados a la actividad inmobiliaria en el conjunto del Estado "han pasado de representar el 22,8% del total de ingresos no financieros municipales en 1992 [año de crisis en el sector] a un 31,9% en 2004".

Este informe, no obstante, advierte que si bien los ingresos por el ladrillo aumentan, también lo hacen y a un ritmo mayor los gastos por el aumento de la población en los municipios. Este incremento genera más obligaciones para los ayuntamientos (transporte público, alumbrado, recogida de basura). Un aspecto que los gobiernos locales, sostiene Pou, no tienen en cuenta con vistas al futuro. Según sus datos, el sector inmobiliario "está aportando un 32% de los ingresos municipales", pero "genera un gasto equivalente al 36% del total de gastos municipales".

Una de las cosas que más llama la atención cuando se intenta bucear en la financiación de los ayuntamientos es la poca información que existe. La FAMP carece de un mínimo banco de datos para saber, por ejemplo, cuánto pagan los ayuntamientos a sus funcionarios o cuál es el nivel salarial de las distintas policías locales de la comunidad. O qué efecto tiene el urbanismo en sus presupuestos. El propio Toscano reconoce que la FAMP no tiene una información adecuada.

Según datos de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, elaborados a partir de las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Economía, el 43,2% de los ingresos de los ayuntamientos andaluces el ejercicio 2005 son de naturaleza tributaria. Es decir, son sus propios ingresos los que en mayor parte nutre sus recursos totales.

El 35,79% son transferencias corrientes y de capital procedentes de otras Administraciones -las del Estado suponen el 24,19%, las de Junta, el 9,39%-. Los ingresos patrimoniales y enajenación de inversiones reales representan el 11,60%; y los activos y pasivos financieros, el 9,19%. En el año de referencia, los presupuestos de todas las entidades locales de Andalucía sumaron 9.797.758 millones de euros.

La mayor parte de la financiación procede de los impuestos directos, indirectos y de las tasas por la prestación de servicios y contribuciones especiales.

Dentro de los ingresos de carácter tributario destaca el peso que representa el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que grava el valor catastral de las propiedades urbanas y rústicas. El pago de lo que se conoce popularmente como la contribución representa el 27% del total de lo que ingresaron en 2005 los ayuntamientos andaluces por tributos. Aunque es un impuesto estatal, los ayuntamientos pueden aplicar una escala de gravamen que oscila entre el 0,4% y el 1,10%. En Andalucía, Huelva y Cádiz son los que aplican el tipo más alto (1,06% y 0,91%, respectivamente), frente a Córdoba y Jaén (0,61% y 0,60%).

Otra carga tributaria que ha cobrado protagonismo relacionado con la actividad inmobiliaria es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, un tributo indirecto que se paga cuando se hace una obra o una reforma. Supone el 9,8% de los ingresos tributarios de los municipios.

En las propuestas de los partidos sobre financiación municipal llama la atención que no se hable de estos asuntos y que centren sus expectativas en una mayor participación en los ingresos de la Junta.





* ELPAIS.com - Sevilla - 21/05/2007
Foto: Benalmádena /UrbPatasArriba


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"Está todo fatal"

Diversos colectivos y entidades de Cataluña lanzaron a la palestra la iniciativa "Està tot fatal", una semana (del 14 al 20 de mayo) de lucha descentralizada pero unitaria contra la especulación y en defensa del territorio. Centenares de inmobiliarias selladas, encadenamiento a balcón de Ayuntamiento, ocupación de distritos, pancartadas en torres elitistas, y otras muchas acciones que puedes ver en www.estatotfatal.net. Y la semana aún no ha terminado...
Traducción del manifiesto: ESTÁ TODO FATAL.:¡Pasemos a la acción!:. Semana de lucha en defensa del territorio y contra la especulación.
"Como sabemos, los intereses de enriquecimiento de las mafias del cemento y del turismo de masas, y de los centros de poder económico públicos y privados, nos condenan a una existencia cada vez más precaria. Al mismo tiempo, cada vez son más las voces de personas y colectivos que se alzan para denunciar esta situación.


Por eso, algunos de estos colectivos consideramos que es importante crear puntos de encuentro donde evidenciar de forma activa que los conflictos particulares a los que estamos haciendo frente cada uno no son casos aislados, y que somos muchas las que estamos plantando cara a la especulación y la destrucción de nuestro territorio.

Así, estamos convocando esta semana para evidenciar y denunciar:

- La destrucción del territorio. A través de la construcción de infraestructuras destinadas a favorecer las manos privadas; mediante procesos de urbanización y creación de espacios de ocio masivo que tienen poco que ver con las necesidades de la población; de la extensión de un modelo de agricultura industrializada, que provoca la desaparición, entre otras cosas, de nuestro patrimonio ecológico, etc.

- La elitización y destrucción de barrios, villas, pueblos y comarcas que se concreta en la privatización del espacio público, en la construcción de grandes centros y áreas comerciales y de grandes edificios "emblemáticos" y faraónicos con finalidades especulativas; además de muchas otras infraestructuras urbanas, POUMs, planes directores, etc.

- El crecimiento de la maquinaria especulativa que impide el acceso a la vivienda y a los espacios colectivos de creación y expresión popular, en contraste con la fiebre constructora.

- La represión, la criminalización mediática y el silenciamento como única respuesta a los sectores populares que han decidido hacer frente a esta situación.

Y enmarcamos esta semana en plena campaña electoral para a la vez denunciar el papel activo de las instituciones en estos procesos. Se busca poner en primera plana los verdaderos problemas sociales existentes, que los circos mediáticos de las elecciones pretenden esconder.

Si el IV cinturón destruye tu pueblo; si la MAT amenaza con pasar sobre tu cabeza; si un plan urbanístico hace desaparecer las últimas huertas de tu villa; si el TAV divide tu barrio; si te echan de casa para construir pisos de lujo a los que nunca podrás acceder, si ya no encuentras un techo donde vivir...

Si ves que está todo fatal…

Decide un día de la semana (o toda), ¡y haz tu acción!





* Alasbarricadas.org - Sáb, 2007-05-19
Foto: www.estatotfatal.net


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Elecciones contra la corrupción

Carlos Jiménez Villarejo*/El Periódico : "El informe del Parlamento Europeo sobre la corrupción urbanística en España contiene un dato que ejemplifica una realidad mucho más amplia: en un municipio, los representantes europeos se reunieron con el alcalde y los promotores inmobiliarios, "uno de los cuales es hermano del concejal de urbanismo". La gestión del urbanismo se ha situado siempre como piedra angular en el debate sobre la corrupción. El Informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción en el 2006 lo confirma: "La calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción. España es el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años". Este diagnóstico ha sido confirmado por el citado informe del Parlamento Europeo, en el que constata el "enladrillado del litoral" mediterráneo y "el descomunal enriquecimiento de una pequeña minoría a costa de la mayoría". Denuncia a "los implacables ayuntamientos que han aprobado a sabiendas la construcción en suelo no calificado oficialmente para tal fin", y advierte de que "las presiones a favor de la ejecución de grandes proyectos urbanísticos suelen proceder de la comunidad empresarial, que es la que más se beneficia de esta lucrativa actividad".


EN ESTE MARCO,la tipología de la corrupción municipal es muy amplia y ha generado ya una jurisprudencia consolidada, como el otorgamiento de licencias urbanísticas a una sociedad inmobiliaria formada por un alcalde y concejales, la concesión de licencias de edificación en suelo no edificable o de otras que vulneraban las normas vigentes de volumen de edificabilidad, pese a constar informes técnicos desfavorables, licencias que luego fueron compensadas por la venta a los concejales de pisos en el edificio ilegalmente construido.
La actividad urbanística, por tanto, se ha revelado como un potencial instrumento de enriquecimiento de los ediles en cuanto están dotados de capacidad de decidir en asuntos de gran trascendencia económica y social, con un amplio grado de discrecionalidad y escasos controles. Basta considerar lo que significa decidir sobre el suelo, su calificación, su enajenación, además de las licencias urbanísticas, todas ellas decisiones públicas de gran riesgo en cuanto confluyen con intereses particulares. Y que, además, deben garantizar prioritariamente derechos fundamentales, como el derecho a una "vivienda digna y adecuada", a un "medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona" y a una "calidad de vida". Derechos que obligan a los ayuntamientos a que esa actividad esté siempre presidida por el interés general y la participación ciudadana en la planificación y ejecución urbanística y, desde luego, en las plusvalías que genere el suelo. Son condiciones básicas para evitar el urbanismo basura presente en tantas ciudades.

Todo este proceso de corrupción ha sido favorecido por causas estructurales que precisan de una reforma sustancial. Por ejemplo, las incompatibilidades previstas para alcaldes y concejales han sido siempre, manifiestamente insuficientes. No es aceptable que la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, la competencia más importante de los municipios, no genere ningún tipo de incompatibilidad formal y expresa para los concejales y alcaldes, a la vista de los valores económicos que mueve la actividad inmobiliaria y la alta discrecionalidad de la actuación administrativa en materia de urbanismo. Con la legislación vigente, como se comprueba a diario, una persona puede simultanear el cargo de alcalde o concejal con una actividad económica de promoción inmobiliaria y de construcción en el propio municipio.

Ante esa vergonzosa regulación, el Gobierno ha aprovechado la tramitación del proyecto de ley del suelo para introducir mejoras en el ámbito de la Administración local, precisando algo más las causas de incompatibilidad, limitando las actividades privadas empresariales tras el cese en el cargo público y extendiendo a los cargos municipales electos un régimen de incompatibilidades más estricto. Veremos si las medidas adoptadas son realmente eficaces, porque continúa sin regularse un sistema de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones impuestas.
Igualmente, en los últimos años se han eliminado controles internos en el funcionamiento de la Administración local, como la llamada "advertencia de ilegalidad", que correspondía a los secretarios, respecto de los acuerdos municipales. Y se restringió el efecto paralizador de los expedientes cuando los interventores señalaban "reparos" de orden económico-legal, que permitías parar expedientes en los que podía mediar corrupción.

EN DEFINITIVA,se trata de garantizar que los ayuntamientos se ajusten a los principios democráticos de objetividad y servicio al interés general con radical exclusión de la arbitrariedad. Es decir, no puede ser, como decía la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Jesús Gil, que un "alcalde actúe, contrate y comprometa fondos municipales sin más regla que su propia voluntad, haciendo superflua la presencia de los demás órganos integrantes del ayuntamiento, tanto técnicos como políticos".
Ante esta realidad, las próximas elecciones deberían ser el punto de partida de un gran compromiso cívico de ayuntamientos y ciudadanos para crear una cultura de rechazo de la corrupción.


* Exfiscal anticorrupción.



* El Periódico - 19/5/2007


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El TSJ suspende por la falta de recursos hídricos el PGOU de Benimuslem

E.MOLTÓ.- El País/Valencia* : "La falta de recursos hídricos vuelve a paralizar un proyecto urbanístico. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha suspendido cautelarmente el acuerdo de la comisión territorial de Urbanismo de la Consejería de Territorio que aprobaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benimuslem, un pequeño pueblo de la Ribera Alta de 600 habitantes que preveía construir 1.500 nuevas casas e incrementar en un 200% su población. El alcalde, Tomás Ribera, del PP, admite que hay agua "suficiente, pero de mala calidad" para los nuevos residentes.


La sección primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha aceptado el recurso que en su día presentó la Subdelegación del Gobierno de Valencia contra la aprobación del nuevo PGOU de Benimuslem, una localidad próxima a Carcaixent y Alzira, que en la actualidad tiene 370 casas y que con el nuevo planeamiento urbanístico tenía previsto aumentar en 1.500 nuevas viviendas y aumentar su población en un 200% sin tener que garantizar los recursos hídricos. La sentencia del TSJ, del pasado 14 de mayo, suspende cautelarmente la aprobación del PGOU del 31 de julio de 2006. La sala argumenta su decisión en informes de la empresa suministradora del agua potable EGEVASA en los que reconoce que "con las instalaciones actuales y los caudales disponibles no es posible el abastecimiento al nuevo PGOU" e insta al Ayuntamiento a buscar "una fuente de suministro alternativa, así como realizar las infraestructuras necesarias para el adecuado abastecimiento de agua potable". La sala repasa varios artículos de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje que se verían afectados por el PGOU. Por este motivo, estima que prospere la pretensión de suspensión instada por la Delegación del Gobierno puesto que "resulta evidente que en el momento de la redacción del Plan no existe caudal suficiente para hacer frente a la nueva urbanización, lo que compromete notablemente su ejecución". En la sentencia consta que en caso de "materializarse la urbanización puede ocurrir que la insuficiencia de recuros hídricos diera al traste con las expectativas de terceros amparados en la ejecución del plan propiciado y aprobado por la Administración", además admite que la Administración se compromete al día de mañana encontrar recursos hídricos suficientes, "pero en el momento de la aprobación del plan ni se sabe a ciencia cierta dónde pueden estar estos recursos, qué cantidad puede proporcionar y sobre todo de qué calidad", indica la sentencia.

El alcalde, Tomás Ribera, del PP, dijo ayer por la tarde desconocer por completo los términos de la sentencia y explicó: "Tenemos mucha agua, aunque no sea de muy buena calidad, tiene una gran cantidad de nitratos, pero se puede tratar para poder abastecer al pueblo". El alcalde, que admitió que las obras de reparcelación ya han comenzado, asegura tener informes de la Confederación del Júcar que garantizan el agua y enmarca la polémica en la "bronca" entre la Generalitat y el Gobierno central. "Y a mí me han cogido en medio", confesó.





* ELPAIS.com - Alicante - 19/05/2007


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La vivienda 'acampa' en la campaña electoral

J.F.LEAL.- ElMundo* : "Son, sin duda, las elecciones de la vivienda. No hay mensaje electoral, mitin político o programa de partido que no se sirva bañado de promesas para dignificar el acceso a una casa, abaratar precios, facilitar el alquiler a la juventud precaria aún no emancipada. Es momento del puedo prometer y prometo. Mientras el PSOE presenta 19 medidas concretas sobre vivienda en su programa marco, el PP recoge hasta 17 puntos sobre la cuestión e Izquierda Unida ha salpicado buena parte de su programa con propuestas dirigidas a penalizar la especulación, gravar las viviendas vacías y abaratar los precios de las casas. Sin embargo, para los ciudadanos que se movilizan para que poder comprar una casa no sea una condena para toda la vida no ven en ninguno de los colores políticos la solución a su problema.


"El día 28 de mayo tendremos que salir a la calle gane quien gane las elecciones", explica Diego Pacheco, portavoz de la plataforma 'V de Vivienda', que considera que los políticos ofrecen promesas que no aportan soluciones.

Desde hace una semana se planta en la Ciudad Universitaria de Madrid un número creciente de tiendas de campaña, que ya alcanza las cincuenta unidades, en los jardines situados a la salida del metro. La "la otra 'acampaña'", como se le llama ya.

Reclaman que la vivienda no se trate como negocio sino como un derecho, plantean el endeudamiento familiar como un problema de alta gravedad, critican la burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística, así como lo inmoral de las viviendas vacías.

Nacida hace justo un año a partir de mensajes de móviles y correos electrónicos entre jóvenes de Madrid y Barcelona, 'V de Vivienda' es una plataforma heterogénea de jóvenes estudiantes y trabajadores precarios, principalmente, "sin ninguna vinculación ni afiliación política", comenta Ricardo Zapata, otro de los jóvenes acampados.

El pasado domingo, la Policía Nacional impidió que los jóvenes acamparan el Paseo del Prado de Madrid y frente al Museo Reina Sofía, requisando algunas de las tiendas e identificando a más de 70 personas. "No hay peor imagen para los partidos políticos que los problemas de la ciudadanía se vean en la calle, en el centro de la ciudad", apunta Pacheco, estudiante de Políticas.

Acciones rápidas y mediáticas

Incómoda para los políticos en campaña, la plataforma ‘V de Vivienda’ -activa en doce ciudades del Estado- busca visibilidad mediática mediante acciones rápidas y contundentes, como la realizada el jueves pasado en Madrid en el Monumento a la Constitución Española o, en Barcelona, la presencia de 'Supervivienda' en un acto electoral del candidato socialista a la alcaldía de la Ciudad Condal, Jordi Hereu, el pasado 16 de mayo.

Aunque el centenar de personas acampadas en Madrid son en su mayoría jóvenes, para éstos, el problema del acceso a la vivienda va más allá de quienes no pueden emanciparse. "Otros colectivos sociales como los padres de esos hijos, familias monoparentales, gente mayor objeto del 'mobbing' inmobiliario y parejas ahogadas por la hipoteca a los que el trabajo no les permite un minuto para hacer público el drama de no llegar a fin de mes", señala Diego Pacheco.





*El Mundo - Su Vivienda - 19/05/2007
Foto: acampada V de vivienda - Ciudad Universitaria Madrid


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Ilusiones olvidadas

Jordi Borja*.- El País : "En esta campaña electoral el urbanismo casi ha desaparecido del debate público. Los investigadores demuestran como las ciudades empiezan a disolverse en sus extensas periferias. La región metropolitana de Barcelona, como la de Madrid, en los últimos 20 años ha crecido muy poco, pero en cambio la superficie urbanizada se ha multiplicado por dos o por tres, según el área que delimitemos. No hay día que no aparezcan en este mismo periódico los escándalos urbanísticos, la vinculación entre política local - especulación - corrupción - insostenibilidad ambiental - fractura social. La responsabilidad del marco político-legal estatal y autonómico no se pone en cuestión".





A François Mitterrand, en la televisión y en directo, le preguntaron a quemarropa. "¿Qué es para usted el socialismo?". Habíamos entrado ya en la década de los noventa. La URSS y satélites se habían hundido, el Partido Socialista francés estaba en crisis, triunfaba el socialliberalismo de Toni Blair, al cual se adhería también el prestigioso PC italiano, que iniciaba un proceso de unificación con el centrismo democristiano. Malos tiempos para el socialismo también en España, que perdía las elecciones ante el PP. Mal momento también para responder ante el público televisivo. Mitterrand contestó: "El socialismo es la justicia. Es la ciudad". Nada más. Fantástico.

En esta campaña electoral el urbanismo casi ha desaparecido del debate público. Los investigadores demuestran como las ciudades empiezan a disolverse en sus extensas periferias. La región metropolitana de Barcelona, como la de Madrid, en los últimos 20 años ha crecido muy poco, pero en cambio la superficie urbanizada se ha multiplicado por dos o por tres, según el área que delimitemos. No hay día que no aparezcan en este mismo periódico los escándalos urbanísticos, la vinculación entre política local -especulación-corrupción-insostenibilidad ambiental-fractura social. La responsabilidad del marco político-legal estatal y autonómico no se pone en cuestión. Y lo que nos queda es el discurso del señor Blanco (PSOE), que propone por ejemplo generalizar la siniestra ordenanza del civismo de Barcelona al resto de España.

Corruptores y corrompidos se permiten además ser candidatos. En poblaciones pequeñas o medianas aparecen listas, algunas con siglas de partidos políticos importantes, otras como independientes, compuestas o teledirigidas por promotores, constructores y especuladores de suelo. Y en las grandes, Barcelona incluida, el debate urbanistico que ha reaparecido con fuerza tanto en los sectores profesionales como en los conflictos vecinales, ha sido obviado por los candidatos, que o bien nos declaran sus buenos sentimientos sobre la ciudad o bien nos recuerdan proyectos concretos en curso de realización o que esperan su momento. Y si son opositores recalcitrantes se permiten impunemente ocurrencias como los miles de viviendas frente al mar exclusivamente para jóvenes. Ideas estimulantes e imaginativas, escenario de futuro deseable que genere alguna emoción, nuevos instrumentos para intervenir en el desarrollo urbano, es decir lo necesario para hacer ciudad, no existe en estas elecciones.

Hace algunos año leí un grafito en un muro de una ciudad latinoamericana: "No más datos, queremos ilusiones". El discurso maragalliano que tomó el modelo de Luther King, sobre la ciudad deseada, transmitió la ilusión a principios de los años ochenta. Ahora simplemente nos confirman la desilusión, el no estar a la altura de los tiempos.


* Jordi Borja, geógrafo y urbanista


* ELPAIS.com 19/05/2007


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Cronología de la burbuja inmobiliaria española: “Hasta ahora hemos vivido la subida. Ahora toca la bajada”

F.Martín.- ElConfidencial* : "“Hasta ahora hemos vivido la subida de la burbuja inmobiliaria española. A partir de aquí toca la bajada”, afirma Ricardo Vergés, arquitecto y economista del equilibrio. Según sus cálculos, nuestro país ha vivido no ya una burbuja, sino un antimercado (caso extremo de burbuja donde precios y cantidades de vivienda nueva están en relación directa y no inversa, como indica la ley de la oferta y la demanda) cuyas consecuencias son dramáticas para los diez millones de familias o más hipotecadas entre 1997 y tal vez 2012, que habrán de devolver la friolera de 3,25 billones de euros, de los cuales las entidades apenas han recuperado hoy un cuarto de billón, intereses incluidos.


Vergés lleva años señalando la existencia de una burbuja que ha plasmado gráficamente con datos oficiales, comparándola con la de Francia y EEUU y elaborando una cronología incluida en el informe que presentará el próximo mes de junio en la Universidad de París.

Y bien. “¿Cómo es que hemos llegado tan lejos?”, se pregunta Vergés. Para él, todo empezó en 1997, después de que en Europa se decidiera que un euro equivalía a 166,38 pesetas. “Esto supone un regalo para España”, asegura, “porque propició el retorno de capitales evadidos. De inmediato, el flujo de pasivo se tradujo en un activo de inversión residencial, sobre todo en Madrid y en la costa. Pero el dinero era fuerte y los compradores vigilantes, de forma que los precios se mantuvieron y el ciclo de Maastricht tocó techo en 2001”.

En 2000-2001, pasamos de construir 250.000 viviendas a 550.000 sin apenas subir precios. “Entretanto, bancos y cajas, inmobiliarios y políticos vieron que había una demanda formidable sin que nadie se lo esperara (también de inversión extranjera) e hicieron acopio de suelo”. En el año 2001 hubo un bajón y se construyeron solamente 500.000 unidades. Es decir, ya estábamos de vuelta del ciclo de Maastricht.

Sin embargo, con la entrada en vigor del euro, el 1 de enero de 2002, comenzó a funcionar lo que podríamos llamar la campaña de ‘los precios nunca bajan’ y de ‘no hay burbuja’. “Dicha campaña fue apoyada por estudios econométricos ineficientes -hoy en día desbordados-, por planeamientos urbanísticos delirantes y por estimaciones del patrimonio cuya metodología haría ruborizarse a cualquier especialista del Income and Wealth”, explica este experto.

“Todavía hoy, estos agentes se muestran ansiosos por proceder a las recalificaciones de suelo y recuperar las plusvalías derivadas de todo lo edificable. Mientras tanto, el actual Gobierno no ha desdeñado proseguir este trajín en el interior del país, cuando ya el litoral y la capital dan muestras evidentes de saturación”, añade. A partir de ahí, el ‘ciclo de la Meseta’ se ha acelerado, porque cada pueblo quería su burbuja. Por ejemplo, La Rioja ha pasado de 10 viviendas por 1000 habitantes en 1997 a 16 en 2002 y a 32 en 2006, tanto si se cuentan los proyectos de Arquitectos como si son direcciones de obra de Aparejadores (Fomento). Francia y Estados Unidos no superan las 9. "Ésta es la verdadera causa del endeudamiento actual y futuro de las familias, ya que la deuda hipotecaria computada por el Banco de España, se inicia con el crédito al promotor", añade.

“Ahora, el actual boom iniciado en 2002 ha tocado techo y desde mediados de 2006, está bajando a gran velocidad”, asegura Vergés, que continúa preguntándose lo mismo que en Europa ¿de dónde ha salido tanto dinero? Ésta es la gran cuestión que encierra la clave para entender el por qué de esta bajada y también el por qué de la larga despreocupación de la demanda. El resultado de esta exuberancia irracional, que nadie ha querido o sabido evitar, es que las familias tendrán que devolver una deuda hipotecaria desorbitada.

La esclavitud de la deuda

Respecto al famoso ‘efecto riqueza’ inmobiliario que sucesivos ministros de Economía españoles han predicado en estos últimos años, Vergés tiene su propia opinión: “Es un error pretender que somos un país de ricos propietarios, ya que debemos cerca de lo equivalente a lo pagado por las nuevas viviendas producidas desde 1996, si se toman las estimaciones de las Cuentas Nacionales en base 2000”.

El economista prevé que el precio de las viviendas volverá a sus cauces, lo que conlleva un ‘efecto pobreza’ para quienes compraron pisos sobrevalorados. Eso sin contar con el riesgo enunciado en el principio de Merton: “Cuando el valor de un activo es inferior a la deuda, el deudor prefiere devolver el activo antes que la deuda”. Por supuesto, tratándose de euros, debemos negociar garantía con el Banco Central Europeo. “Pero en España no ocurre como en el Reino Unido, donde si no puedes pagar la hipoteca devuelves las llaves”, advierte Ricardo Vergés.

“A partir de ahora, tenemos treinta años por delante para devolver esto, que no se podrá pagar en una generación. En suma, deberá hallarse un equilibrio entre la salvaguarda del poder adquisitivo del euro y la solvencia de las familias”, prevé.

Olivier Blanchard, otro economista, en este caso profesor de un instituto tan prestigioso como el tecnológico de Massachussets (MIT), predijo en The Economist a principios de este año que “España sería la próxima víctima de lo que él llama las depresiones que rotan bajo el euro”. Las consecuencias del pinchazo, según él, serán “salarios negativos y mucho paro”.





*El Confidencial - 18/05/2007
Foto: elconfidencial.com


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Un estudio enciende "todas las luces rojas" ante el insostenible desarrollo valenciano

A.BELTRAN.- El País* : "Se han encendido ya todas las luces rojas de alarma", advierten las conclusiones del diagnóstico de sostenibilidad medioambiental que Comisiones Obreras del País Valenciano se dispone a publicar como continuación del que vio la luz hace cinco años. El grupo de expertos autores del estudio, que actualiza indicadores sobre la interrelación de la sociedad valenciana y su medio ambiente, señala que es imposible mantener el ritmo que ha elevado en 20 años un 100% la generación de residuos, un 150% los requerimientos de energía y las emisiones de CO2, un 200% el empleo de electricidad y un 250% el consumo de cemento.


"Estamos muy próximos a un punto de no retorno, traspasado el cual, la actual crisis crónica aflorará en múltiples manifestaciones agudas con profundas implicaciones económicas, sociales, políticas e institucionales", señala el estudio titulado Un diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental del País Valencià, que ha dirigido el profesor Ernest Garcia y en el que han participado, entre otros, Ricardo Almenar, Emèrit Bono y Maria Diago. El trabajo, que cada cinco años revisa los indicadores generales de la interrelación entre la sociedad valenciana y su medio ambiente, aborda aspectos como la evolución de la densidad de población, la generación de producto económico, el volumen de residuos, los requerimientos de agua y la presión antrópica sobre el medio ambiente.

El apartado de conclusiones del estudio, al que ha tenido acceso este periódico, revela que, en el decenio comprendido entre 1995 y 2005, ha sido mucho mayor el crecimiento del uso de recursos que el aumento demográfico, ya que el modelo de desarrollo causa crecimientos exponenciales en la explotación del medio natural. Así, el aumento de energía final ha sido del 73%; el de agua final urbana, del 69%, y el de recursos minerales para la fabricación de cemento, del 133%. Sin embargo, en ese periodo, el incremento demográfico ha sido del 18% (aunque, como advierte el estudio, muy desequilibrado en la relación entre la zona litoral y el interior, lo que hace más agudos los problemas) y el del producto económico, del 46%.

"No sólo el País Valenciano presentaba a mediados de la pasada década unas densidades de población y de actividad económica manifiestamente elevadas", explica el estudio, "sino que han crecido sustancialmente desde entonces y más rápidamente de lo que lo han hecho las de otros ámbitos territoriales, como el español, el europeo o el mundial. Y peor aún: ese incremento ha precisado de incrementos aún mayores en muchos de los recursos y residuos más significativos, desde la energía o los recursos minerales hasta las emisiones de CO2 o los residuos sólidos urbanos".

El informe pone énfasis en la "marcada inadaptabilidad a la presión humana" de los sistemas ambientales valencianos, que los hace muy vulnerables, y en la pobre productividad biológica de las tierras y los mares. Como ejemplo, explica que, en verano, el 80% de la masa de aire existente tarda entre seis y ocho días en renovarse (un orden inferior al de las Islas Británicas). La baja renovación atmosférica y la alta radiación solar hacen que densidades de vertidos que en otros lugares causarían contaminación leve o moderada provoquen contaminación grave o muy grave.

Otro elemento fundamental es que la utilización de energía se ha disparado, de manera que "el 98% de la energía primaria precisada en 2005 por el sistema económico valenciano procede del exterior", frente al 85% del conjunto de España o el 56% de la media de la Unión Europea de 25 países. Asumir un grado de dependencia energética tan abultado, según los autores del estudio, "implica asumir alegremente un alto riesgo de estancamiento económico o de colapso".

Por lo que se refiere a las emisiones de dióxido de carbono, el informe recuerda que el del cambio climático es un problema global cuya incidencia puede resultar especialmente aguda en el ámbito valenciano, ya que el 90% del territorio posee un clima que va de subhúmedo a seco o semiárido acentuado y un aumento de las temperaturas incidirá negativamente sobre la densidad de la cubierta vegetal, la intensidad de los incendios forestales, la erosión y salinización de los suelos y la disponibilidad de recursos hídricos. En relación con este último apartado, el estudio indica que, en el marco de las reducciones esperables para mediados del siglo XXI en las cuencas hidrográficas de la Península Ibérica, los mayores descensos de recursos hídricos se darán en las del Segura y del Júcar, con una disminución del 28% y el 22%, respectivamente.

En conjunto, los autores de la investigación señalan que las conclusiones no pueden ser optimistas, ya que "se han encendido todas las luces rojas de alarma". El resultado puede ser "un país muy diferente al que ahora conocemos y al que -pese a los rápidos cambios de los últimos años- todavía reconocemos". Por ello, hacen un llamamiento a que la sociedad supere su actitud "autista" frente a lo que consideran una "deriva traumática".



NOTICIA RELACIONADA: Claves para pasar del diagnóstico a la terapia" - El País



*ELPAIS.com - Valencia - 18/05/2007


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El fiscal se opone al archivo del caso de las casas ilegales de Catral

S.N.- El País*/Alicante : "El fiscal de Medio Ambiente de Alicante, Juan Carlos Carranza, ha rechazado la petición del alcalde de Catral, el ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, de archivar la investigación judicial abierta sobre la construcción de 1.200 casas en suelo no urbanizable del término del municipio y sin licencia. El regidor, que opta a la reelección en este caso encabezando una candidatura independiente, está imputado en el sumario por los supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. En la causa también están imputados cuatro promotores. El primer edil y los contratistas comparecieron ante la juez a principios del pasado mes de febrero.


La investigación judicial está pendiente ahora de la resolución de la juez instructora, Natividad Navarro, titular del Juzgado número 5 de Orihuela, sobre la petición de la acusación particular, la Asociación Europea de Usuarios y Consumidores de Urbanismo (AECU), de ampliar la imputación a todos los concejales de la junta local de gobierno del Consistorio (cuatro ediles) que autorizó las licencias para construir las casas y otros 20 promotores, entre ellos, la hermana, el cuñado y el sobrino del alcalde. Éstos, a través de una promotora familiar, la firma Grufade, ha levantado un gran número de casas ilegales, según ha admitido el propio Rodríguez Leal.

Honorio Fernández, presidente de AECU, aseguró ayer que recurrirá a la Audiencia de Alicante si la juez decide finalmente no imputar a los concejales de la junta local de gobierno, "porque son tan responsables del delito de prevariación como el alcalde". La mayoría de las licencias otorgadas el Ayuntamiento fueron para obras menores (vallados y refugios de labor), aunque en realidad los promotores levantaron viviendas unifamiliares, que luego pusieron a la venta entre clientes extranjeros.

Concierto previo

Por otro lado, el regidor de Catral presentó ayer en la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante el documento de concierto previo aprobado el pasado día 9 por el pleno de la corporación para legalizar las 1.200 levantadas en la huerta del municipio. El documento prevé recalificar 4 millones de metros de suelo rústico para levantar unas 10.000 casas en los próximos 20 años y, paralelamente, incluye la protección de otros dos millones de suelo en el perímetro de protección del parque natural de El Hondo. El acuerdo del pleno se produjo a las puertas de las elecciones municipales del 27 de mayo y pese a que el Consell mantiene suspendidas las normas urbanísticas del municipio desde el 3 de octubre de 2003 para frenar la construcción de casas ilegales.

Rodríguez Leal ha justificado la iniciativa en la necesidad de dar respuesta a la demanda de la Consejería de Territorio y Vivienda en ese sentido. El documento legaliza las casas minimizando su impacto y agrupándolas en 32 núcleos.





*ELPAIS.com - Alicante - 18/05/2007
Foto: Catral /20minutos.es

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Hidalgo y Massot declaran hoy como imputados en el caso Andratx

EuropaPress*/Mallorca : "El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, volverán hoy a personarse en los Juzgados de Vía Alemania de Palma para prestar declaración en calidad de imputados ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Álvaro Latorre, por su presunta implicación en la operación 'Voramar' contra la corrupción urbanística en el municipio de Andratx.



Así, está previsto que Hidalgo pase a prestar declaración a las 10:00 horas, mientras que el ex director general lo hará a las 12:00 horas, ambos acompañados por sus abogados, el letrado Rafael Perera, defensor del ex alcalde, y Miquel Capellá, encargado de la defensa de Massot.

La comparecencia de ambos imputados se produce después de la larga lista de declaraciones que se han realizado durante esta fase de instrucción del caso, por la que se han personado en los Juzgados hasta la fecha más de 50 personas, que han prestado declaración como testigos o imputados en alguna de las causas abiertas dentro de la investigación y entre los que se encuentran el hijo del ex presidente del Govern, Gabriel Cañellas y el presidente del Consell Consultiu, Miquel Coll Carreras, entre otros.

Hidalgo y Massot fueron dos de las tres personas que resultaron detenidas el día que dio comienzo la operación 'Voramar', el pasado 27 de noviembre, y pasaron 72 horas, junto al ex celador de Obras del municipio, Jaume Gibert, en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares. Así, el que el 30 de noviembre pasaron a disposición judicial en medio de una gran expectación.

Tras prestar declaración ante Latorre, Hidalgo fue enviado a prisión incomunicada y sin fianza junto al ex celador de Obras municipal, mientras que Massot fue puesto en libertad con cargos esa misma noche. El alcalde estuvo en prisión durante 13 días, hasta que el magistrado Latorre dictó libertad provisional bajo pago de una fianza de 100.000 euros para el ex alcalde y de 60.000 para el ex celador.

Así, Hidalgo permaneció en libertad hasta el uno de febrero, cuando volvió a la prisión después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma resolviera el recurso de apelación interpuesto por el fiscal Anticorrupción, Joan Carrau, contra el auto de libertad por el que Hidalgo salió libre bajo fianza.

Posteriormente, el ex primer edil volvió a salir de prisión el pasado 22 de marzo, cuando el juez volvió a decretar su libertad provisional tras permanecer recluido durante 50 días en la Prisión Provincial de Palma.




*Mallorcaconfidencial.com - 17.05.2007
Foto: Andratx /guides


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Una setentena de entidades de Barcelona reivindican la legitimidad de la 'okupación'

EUROPA PRESS* : " Una setentena de entidades de Barcelona firman una a carta abierta dirigida al alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, en la que reivindican que como la administración "nunca ejercerá una política redistributiva de la riqueza inmobiliaria", la 'okupación' "seguirá siendo una práctica totalmente legítima". La carta acusa al gobierno municipal de utilizar a los 'okupas' como "chivo expiatorio" para "desviar la atención de los verdaderos problemas que sufrimos en la ciudad y esconder a los que son sus responsables reales".


Los firmantes destacan entre esos problemas el de la vivienda y describen la realidad de Barcelona como la de una ciudad "de posguerra", con "vecinos expulsados para construir pisos de lujo, apartamentos para turistas, oficinas o grandes centros comerciales".

Varias asambleas de 'okupas' firman la carta, que también suscriben la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y el Observatorio DESC.




*La Vanguardia - 17/05/2007


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Los españoles creen que el urbanismo y el suelo es lo que peor gestionan los municipios

SERVIMEDIA* : " Los españoles mantienen que la gestión de las políticas de urbanismo y suelo, junto a la seguridad ciudadana, es lo que peor hacen los ayuntamientos, según el último estudio realizado por Investiga (antigua Gallup). El informe, elaborado a partir de 1.005 entrevistas en todo el territorio nacional, pregunta sobre cinco áreas de gestión municipal: seguridad ciudadana; limpieza y saneamiento; transporte público; cultura y deporte, y urbanismo y gestión del suelo.


La seguridad ciudadana es el aspecto al que los ciudadanos le dan más importancia, con una nota de 9,26 sobre 10; por delante de la limpieza y el saneamiento (9,04); el transporte público (8,84); cultura y deporte (8,52), y, por último, urbanismo y suelo (8,44).

Y a la hora de valorar la gestión que hace cada ayuntamiento de estas políticas, es el urbanismo y el suelo el que recibe una nota más baja, un 5,22.

La segunda nota más baja corresponde a la gestión de la seguridad ciudadana (5,84), mientras que el resto superan ya el 6, caso del transporte público (6,15), la limpieza (6,38) y la cultura y el deporte (6,5).

El norte peninsular, el que peor puntúa

Las personas que dan mayor importancia a la limpieza y el saneamiento se corresponden principalmente con habitantes de las zonas de Andalucía y parte de Extremadura (provincia de Badajoz), Galicia, Asturias y León.

Con respecto a la seguridad ciudadana, los entrevistados que consideran muy importante la gestión de este área municipal son principalmente los de Andalucía, Extremadura, franja central de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña.

Los ciudadanos de Galicia, Asturias, provincias del norte de Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña son los que puntúan más bajo a sus ayuntamientos en la gestión del suelo y el urbanismo. La nota media más baja se sitúa en Galicia, con un 4,4.




*El Mundo - Su Vivienda - jueves 17/05/2007
Foto: Terrenos aún sin construir /C. Alba (El Mundo)


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Grupo Europa dio dinero a Urbanismo para desatascar proyectos en Telde

Teldeactualidad*/Canarias : "El contrato, hecho público en septiembre de 2004, consistía en que el Grupo Europa se comprometía a construir una vivienda al día durante 6 años, lo que equivaldría a 2.190 en el sexenio 2005-2010. El Consistorio le ponía el suelo y la empresa se encargaría del resto, llevándose un 6% de honorarios de los beneficios. Al final sólo arrancó dos promociones y el mismo Ayuntamiento se las paró. María Antonia Torres, la ex edila de Obras, lanzó las campanas al vuelo en 2004 con un proyecto que iba a resolver el problema de la vivienda en Telde y al final acabó como el rosario de la aurora, sin una sola casa acabada y con facturas infladas por la empresa promotora.

El contrato, hecho público en septiembre de 2004, consistía en que el Grupo Europa se comprometía a construir una vivienda al día durante 6 años, lo que equivaldría a 2.190 en el sexenio 2005-2010. El Consistorio le ponía el suelo y la empresa se encargaría del resto, llevándose un 6% de honorarios de los beneficios. Al final sólo arrancó dos promociones y el mismo Ayuntamiento se las paró. El problema es que los solares que se le ofertaron no estaban en regla en Urbanismo y los investigadores tienen indicios de que para desatascarlos el grupo Europa pagó comisiones a José Luis Mena, jefe de Ordenación, según publica hoy Canarias7 en crónica firmada por Gaumet Florido y Haridian Mederos.

El contrato con esta entidad lo firmó la empresa municipal de vivienda, Urvitel, que se lo adjudicó tras convocar un concurso al que optaron otras cuatro compañías. Al final se lo llevó el grupo Europa que, por los datos recabados por este periódico, llegó a Telde de la mano de Jorge Rodríguez, diputado regional del PP. Esta vinculación contractual podría salpicar otra vez al gerente de Urvitel, Juan Carlos Saavedra, que ya está imputado en la causa, y que, no obstante, y a instancias del juez Francisco Javier García, el 19 de diciembre de 2006 hizo entrega en el juzgado de todos los documentos que lo vinculaban al grupo Europa, según el sumario.

La clave para entender cómo se frustró el proyecto de Torres está en que el PP y AFC-Ciuca no se pusieron de acuerdo. El PP controlaba el área de vivienda a través de Torres, y AFV-Ciuca el de Urbanismo con Guillermo Reyes. Pero ambas se necesitaban para construir esas 2.190 casas. Los 13 solares que el Consistorio le iba a ceder a Urvitel para construir esas viviendas no estaban en condiciones. Unos no estaban registrados a nombre del Consistorio, otros no eran urbanos, otros, en pendiente.

El proyecto se bloqueó hasta que el grupo Europa, Antón Marín, amenazó con los tribunales, lo que propició que Torres moviera los hilos y lograse que la Junta de Gobierno Local del 12 de diciembre de 2005 aprobase dos licencias de obra de 24 y 47 casas en El Goro. Sin embargo, no se dieron hasta enero de 2006, 10 días después de que, según la investigación, Mena recibiese 30.000 euros de comisión. El caso es que los permisos se dieron sobre suelo urbanizable, se tramitó cambiarlos a urbanos, pero la Cotmac le puso peros y no se aprobó, pese a lo que se le dieron las licencias y arrancaron las obras.

A los ocho meses el grupo Europa las paró por problemas financieros y fue entonces cuando presentó facturas infladas por 4 millones de euros (2,9 más intereses) que Urvitel no le reconoció y por las que Marín le interpuso una demanda judicial que está en curso. Lo curioso es que en septiembre de 2006 Urbanismo, quien dio las licencias, ordenó suspenderlas cuando las obras ya estaban paradas.

La investigación de esta parte de la trama sigue abierta y puede suponer más detenidos, entre ellos, técnicos de Urbanismo.

Fuente: Canarias7 (Gaumet Florido y Haridian Mederos)




*Teldeactualidad - 17 de mayo de 2007
Foto: Telde, registro en Urbanismo /Teldeactualidad


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El TSJ de Cantabria ordena paralizar las obras del Alto del Cuco

EUROPA PRESS* : "La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) acordó hoy la paralización cautelar de las obras de construcción en el sector 2 del Plan Parcial del Alto del Cuco, en Piélagos, para evitar que se produzca un mayor deterioro ambiental en tanto se resuelve el recurso del Gobierno de Cantabria contra dicho planeamiento, anulado ya por sentencia de esta misma sala a raíz del recurso de la asociación ecologista ARCA. En un auto, dado hoy a conocer, la sala advierte de que la continuación de las obras podría "agravar el deterioro" ambiental "ya producido" y llegar a convertirlo en "irreversible" si siguen adelante mientras se falla sobre el recurso.


Además, considera que la suspensión del plan parcial es también la mejor opción para los compradores de las viviendas que se construyen en la zona, porque la continuación de los trabajos mantendría "en el tiempo la inseguridad jurídica" y permitiría concluir la urbanización 'Costa Verde', sobre la que pesa una sentencia de demolición, que aún no es firme.
La decisión del TSJC se produce en respuesta a una petición del Gobierno de Cantabria que solicitó, como medida cautelar dentro del recurso contencioso que ha presentado contra el plan parcial, la suspensión del mismo y consecuente paralización de las obras.
El Gobierno también había pedido la suspensión de licencias y paralización de obras ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, dentro del proceso judicial iniciado a iniciativa de la asociación ecologista ARCA, pero su petición fue rechazada porque en ese caso no era la parte recurrente.
También le fue rechaza la medida cautelar de paralización de las obras cuando lo pidió en febrero de 2005 en el marco del recurso interpuesto ante el TSJC por el propio Ejecutivo contra el Plan Parcial. Entonces el tribunal se amparó en que el Gobierno no se había ajustado al trámite procedimental previsto.
Ahora el Ejecutivo ha logrado que se escuche su petición de paralización de las obras. Lo que ha hecho cambiar al TSJC su decisión inicial es la sentencia, de la propia sala de lo Contencioso, que anuló el plan parcial del Cuco tras ser recurrido por ARCA. Fue precisamente después de conocerse esa sentencia cuando el Gobierno volvió a solicitar, el pasado 3 de abril, la paralización cautelar de las obras, que finalmente ha sido atendida.


CONSUMACION DE EFECTOS IRREVERSIBLES

Según explica la sala de lo Contencioso en este nuevo auto, fechado el pasado lunes, 14 de mayo, si no se adoptara la medida cautelar de suspensión del plan parcial "supondría la consumación definitiva y previsible agotamiento de los efectos irreversibles del deterioro medioambiental derivados de la ejecución" del plan.
La pretensión del Gobierno de Cantabria es proteger el medio ambiente, "seriamente afectado" por este planeamiento y "la continuación de las obras no haría sino agravar el deterioro ya producido, que puede incluso devenir en irreversible si se siguen ejecutando durante la tramitación del presente proceso (el recurso del Ejecutivo), cuya dilación en el tiempo es más que probable", añade el auto.
Además, considera que la situación de los compradores "sería mucho más gravosa" si se permitiera continuar con las obras, ya que con ello se prolongaría en el tiempo "la inseguridad jurídica en torno a la legalidad o ilegalidad" de las viviendas y se permitiría "concluir la urbanización 'Costa Verde', sobre la que pesa una sentencia de demolición", aún no firme.
Junto a ello, el TSJC cree que también se benefician de la paralización de las obras "futuros compradores" a los que se evitarán así "perjuicios" ante la "situación de indefinición jurídica en que, por el momento, se encuentran las viviendas en construcción".





*El Diario Montañés - 16 de mayo de 2007
Foto: Alto del Cuco (Piélagos) /eldiariomontanes.es


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Roca utilizó a Muñoz para ganar 10 millones de euros con dos 'pelotazos' urbanísticos

CANO/BARBOTTA.- Sur* : "Juan Antonio Roca ganó en 2002 más de 10 millones de euros en dos 'pelotazos' urbanísticos conseguidos gracias a resoluciones dictadas por el entonces alcalde en funciones, Julián Muñoz. Así se desprende de un informe policial incluido en el sumario del 'caso Malaya' que concluye que el entonces mandatario municipal cobró por esos servicios, contrarios a los intereses municipales y que ayudaron a engrosar la fortuna del presunto cerebro de la trama, 162.000 euros de la caja 'B' de Roca. Las resoluciones favorables a los intereses de Roca se adoptaron en las comisiones gobierno celebradas el 9 de octubre y el 6 de noviembre de 2002, en las que se aprobaron sendas operaciones de permuta de terrenos privados por aprovechamientos en las que empresas de Roca resultaron favorecidas en perjuicio de los intereses del Ayuntamiento.

En la primera, según el informe policial, se aprobó «por razones de urgencia» la permuta de unos aprovechamientos urbanísticos valorados en 1.899.460 euros por un terreno perteneciente a la sociedad CCF 21 que había sido escriturado en 30.350 euros. La citada sociedad -perteneciente al empresario Carlos Sánchez, supuesto socio Roca- se los había comprado a una supuesta empresa tapadera de Roca. Posteriormente, en julio de 2003, estos aprovechamientos fueron transferidos a otra sociedad de Roca, la compañía inmobiliaria Masdevallia por 2.923.000 euros, que seis días más tarde los vendió a otra empresa tapadera, Yeregui Desarrollo SL.

La urgencia de la permuta se justificó en ese momento por la necesidad de instalar un vertedero de escombros. A cambio del solar rústico para la escombrera, el Ayuntamiento entregó los aprovechamientos de 10.535 metros cuadrados de techo, parte de los cuales se situaban en la Milla de Oro, junto a Puente Romano.

De esta forma, según el informe policial, «lo que era de Roca, es decir una parcela rústica por un valor de 21.035 euros en el año 1996, mediante un acto administrativo de permuta vuelva al patrimonio de éste a través de la sociedad Masdevallia covertida en una hermosa parcela edificable valorada en 2.923.000 euros». La policía considera que Roca habría conseguido a través de la operación «una gran ganancia patrimonial a través de su entramado societario».

La segunda operación, también aprobada por una comisión de gobierno presidida por Julián Muñoz, se inicia con la permuta de unos aprovechamientos urbanísticos del Ayuntamiento por otros de la empresa Cortijo La Ventilla.

Los que cede el patrimonio municipal se encuentran junto a Puente Romano. Los de la empresa se situaban en una zona interior de Marbella y tenían menor índice de edificabilidad. Además, ya habían sido cedidos por el Ayuntamiento por una deuda que mantenía con otra empresa, que a su vez la transmitió a la sociedad Cortijo La Ventilla, controlada por Roca. A partir de ese momento, según la policía, se inicia un proceso de compraventas a sociedades controladas por el cerebro de la red «a fin de situar los inmuebles bajo su velo societario».

Paralelismo

La policía establece un paralelismo entre ambas operaciones, y concluye, en relación con la segunda que tras el acuerdo de permuta aprobado por la comisión de gobierno en la que se valoraban los excesos de aprovechamiento en 375.024 euros, una de las mercantiles integradas en la organización de Roca transmitió los inmuebles en 7.873.000 euros. «Todo ello posibilitado por acuerdo de la comisión de gobierno en la que actuaba como alcalde Julián Muñoz». En los días posteriores a la aprobación de estas resoluciones, concluye el informe, aparecen en los cuadernos de Roca pagos a 'JM' por 162.000 euros.

Otro informe policial señala que Roca se valió de información privilegiada para dar otro 'pelotazo' urbanístico con unos terrenos en el paraje denominado Cortijo de San Cristóbal adquiridos en marzo de 1998 por una de las empresas de su entramado, la inmobiliaria Ahuaca, por 130 millones de pesetas de la época. En junio de 1999, el solar fue expropiado por el Ministerio de Fomento para la construcción de la autopista de peaje, por un precio de 241 millones de pesetas. Había ganado en un año más de 111 millones.




*Diario Sur - 16 de mayo de 2007
Foto: Ayuntamiento Marbella /UrbPatasArriba


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Detenido el jefe de Ordenación Territorial de Telde

A.GONZÁLEZ. Las Palmas/CanariasAhora* : "José Luis Mena Santana, jefe de los Servicios de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Telde detenido este miércoles dentro de la Operación Faycan, cobró una comisión ilegal de 30.000 euros en 2005 para liberar dos licencias de obra, aprobadas semanas antes por la Junta de Gobierno local de PP y AFV-Ciuca, para la construcción de dos promociones de viviendas protegidas en El Goro por parte de Grupo Europa.

El pago del presunto cohecho se produjo la tarde del 23 de diciembre de 2005, ordenado desde Madrid por el administrador único de la mercantil contratada por Urvitel, José Manuel Antón Marín, también detenido este miércoles en la capital de España, junto a la responsable de la administración de la sociedad en Gran Canaria, Daniela Yasmina Hernández Falcón, la empresaria de La Aldea de San Nicolás María Luisa Talavera Encinas, propietaria de una empresa de informática denominada Marisa Informática SL, y el empresario teldense Gilberto Ramírez Mireles, ligado a la concejalía de Urbanismo de Guillermo Reyes.

Fueron empleados de Grupo Europa en Las Palmas de Gran Canaria, tras mantener el empresario madrileño una conversación telefónica con la consejera delegada de Urvitel y concejal de Vías y Obras teldense, María Antonia Torres, quienes efectuaron el pago de los 30.000 euros destinados a José Luis Mena, sobre las 18:00 horas de la víspera de Nochebuena de 2005, en el propio zaguán de la sede de la filial Grupo de Cooperativas Europa, SAU, en el número 24 de la calle Ferreras.

El bloqueo del suelo para VPO desde Urbanismo

En marzo pasado, CANARIAS AHORA reveló en parte los motivos que llevaron a Antón Marín a cometer este presunto cohecho por el cual ha sido imputado por el juez Javier García García-Sotoca. La filial Grupo de Cooperativas Europa, SAU, había firmado en septiembre de 2004 un contrato de asistencia técnica con la empresa municipal del suelo y la vivienda de Telde, Urvitel, a través de su consejera delegada y concejal del PP, María Antonia Torres, la principal imputada en el caso Faycan.

Durante más de catorce meses, el proyecto ideado para construir "una vivienda al dia" en Telde, 365 viviendas al año, en palabras de Toñi Torres, no pudo ejecutarse por el bloqueo en la entrega de suelo municipal por parte del área de Urbanismo y Patrimonio que dirige Guillermo Reyes, y fue en octubre de 2005 cuando Antón Marín advirtió a Toñi Torres de llevar a los tribunales el incumplimiento del contrato suscrito el 30 de septiembre de 2004 con Urvitel.

Semanas después, la Junta de Gobierno local aprobaba el 12 de diciembre de 2005 las licencias de obra para Grupo Europa en El Goro, donde debía construir dos promociones de 24 y 47 viviendas cada una. Sin embargo, las licencias no fueron liberadas hasta el 2 de enero de 2006 de manera formal, y para desbloquear su retención, Toñi Torres indicó a Antón Marín que debía tocar al máximo responsable técnico del área de Guillermo Reyes: José Luis Mena Santana.

El pago de los 30.000 euros se produjo aquella tarde del 23 de diciembre de 2005, después de que empleados de Grupo Europa en Gran Canaria acudieran, por órdenes de Antón Marín, a la sucursal que Caja Madrid tiene en la Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria, donde se produjo la retirada del dinero, según figura en la documentación comprobada por CANARIAS AHORA durante los últimos tres meses de investigación.

Las licencias de obra fueron concedidas por Urbanismo sobre un suelo no urbano, que impide la construcción en el mismo excepto si se cumplen una serie de requisitos no contemplados en este caso, motivo que llevó en septiembre de 2006 al alcalde Francisco Valido (PP) y al jefe de Urbanismo, José Luis Mena, a suspender la eficacia de la licencia, un mes después de que en agosto se paralizaran las obras por falta de pago de Grupo Europa a la constructora.


Noticias relacionadas y publicadas entre el 14 y el 20 de marzo de 2007:

Telde concedió licencias de obra en suelo no urbano a Grupo Europa

Guillermo Reyes cedió suelo inservible para las viviendas protegidas de Telde

Grupo Europa infló las facturas a Urvitel en al menos dos millones de euros
Telde reconoció una deuda de cuatro millones de euros a Grupo Europa

Casualidades de Faycan y el ''vacío de poder'' en Telde




*Canarias Ahora - 16/05/2007
Foto: promociones VPO de El Goro, paralizadas en 2006 (QUIQUE CURBELO)/Canarias Ahora


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