J.R.CAAMAÑO.- El Mundo* : "La calle ríe por no llorar. El humor siempre ha sido un bálsamo para afrontar temas que afectan negativamente a la sociedad, una manera de luchar contra medidas y actuaciones de los poderes públicos y privados que, para muchos ciudadanos, son 'de risa'. Juan Ramón Mora es dibujante de viñetas y el coordinador de 'Especula en acción', una exposición itinerante de humor gráfico que se inició en Málaga el 17 de diciembre del pasado año y que continúa moviéndose por diferentes lugares de la Península. Esta iniciativa se nutre de 72 viñetas creadas por 27 dibujantes sobre la corrupción inmobiliaria y las consecuencias negativas que provoca en nuestro país.
Mucha gente implicada
«No es un tema para reírse gratuitamente, pero sí para ironizar. Todos tenemos que vivir en algún sitio; me parece que la Constitución sigue comentando algo al respecto», afirma con sorna este dibujante afincado en Antequera, refiriéndose al artículo 47 de nuestra ley de leyes. «No es fácil crear humor a partir de estos temas, pero es un asunto en el que hay mucha gente implicada, tanto cruelmente afectada como beneficiada. Además, cada día nos lo ponen más fácil».
Hace casi dos años, María Antonia Trujillo decía que «la dignidad de una casa no se mide por los metros cuadrados que tiene. Se refería la señora ministra de Vivienda al proyecto planteado por el Ejecutivo para crear 'minipisos' de 25 o 30 metros cuadrados que solucionen el problema residencial de España.
Para Juan Ramón Mora, «las viviendas de 30 metros cuadrados son un 'choteo' desde el momento que las denominan soluciones habitacionales; es decir, que la solución a todo viene a ser una habitación tan pequeña que tienes que decidir entre alojar tus pertenencias o tu persona y familia».
Pues que tiemble Trujillo. Si nada peor aparece de aquí a la temporada estival, el joven valenciano Toni A. Martínez puede convertirse en el autor de la canción del próximo verano con 'Pisos de 30 metros', una mezcla de música 'makinera' e ironía en unas letras que giran en torno a las famosas casas modelo 'lata de sardinas'.
«Me muero por vivir en un piso de 30 metros / es muy fácil de limpiar / y en muebles me ahorro un 'huevo'. No cabe un colchón / y si viene mi chica / hay que salir al rellano para hacer el amor» son algunas de las frases que se pueden escuchar en esta canción, que cada vez más personas entonan en las manifestaciones que la plataforma V de Vivienda convoca a lo largo de todo el país para protestar contra la precariedad y por una vivienda digna.
El vídeo, que cuenta ya con más de 300.000 visionados en el portal 'www.youtube.com', no es ni mucho menos la única muestra de 'cachondeo' que podemos encontrar en Internet. Desde el cómico Leo Bassi recorriendo la ciudad de Barcelona en su 'Bassibus' a modo de ruta turística por las lindezas de la corrupción urbanística hasta el dúo Los Morancos realizando debates con el 'ladrillazo' como tema central, son muchos los que, con humor, buscan poner su granito de arena para que a «'malayos'» y demás «'especulators'» se les caiga la cara de vergüenza.
31 de diciembre de 2006. Llega la noche y todo el mundo se dispone a disfrutar con sus familias de la última cena del año. Ése fue el momento que eligieron los humoristas Cruz y Raya para intentar curar las úlceras de indignación que millones de españoles sufren a causa de los escándalos urbanísticos que durante el año pasado parecían salir de debajo de las piedras.
'Operación Maletín'
Con '2006: Perdiendo el juicio/Operación Maletín' abarcaron escándalos inmobiliarios, casos de cohecho, la 'Operación Malaya', creando una cómica sociedad en la que se ironiza sobre los alcaldes llamándolos «'manos limpias'» y el rechazo de un maletín era tratado como un suceso paranormal. Un mundo surrealista, pero, según los responsables de imprimir humor negro al problema de la vivienda, no mucho peor del que tenemos delante de nuestros ojos.
«La corrupción urbanística es como la pelusa que se acumula tras los muebles, nunca sabes de dónde sale pero siempre está ahí. De nosotros depende retirar los muebles y barrerla o limpiar alrededor imaginándonos que no está», compara el coordinador de 'Especula en acción', antes de explicar por qué se ríen de la situación inmobiliaria española. «Simplemente somos unos cachondos, por lo general tenemos buen humor. Además, se trata de un vehículo menos crispante. Si nos quieren presentar el problema de la vivienda como un gran monstruo de siete cabezas imposible de vencer, al menos no debe escaparse sin que nos riamos de él».
*El Mundo - Su Vivienda - 13 de abril de 2007
Viñeta: Ulises /Especula en Acción
Humor, la mejor medicina para las 'úlceras' urbanísticas
Expertos culpan de la corrupción al Estado por comerciar con suelo
EFE.- Málaga* : "La Administración Pública tiene una responsabilidad importante en la corrupción urbanística y la destrucción del medio ambiente por haber considerado el suelo como una mercancía, según una de las conclusiones de las jornadas sobre urbanismo celebradas durante esta semana en Málaga. El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, mantuvo en su intervención que "los legisladores no han tenido el valor para hacer lo que se debe en el ámbito urbanístico por razones políticas, sociales y económicas".
En la misma línea, el experto en derecho urbanístico y secretario del Ayuntamiento de Málaga, Venancio Gutiérrez, agregó que "la Administración tiene una parte importante en los factores de corrupción porque ha considerado el suelo como una mercancía más".
Gutiérrez achacó esta situación al principio de "liberalización del suelo", por el cual un Ayuntamiento es el que demuestra si un terreno es edificable. Sin embar go, sostuvo que con la nueva Ley del Suelo que entrará en vigor en julio se incluye el concepto "inadecuado" para clasificar el suelo y "se puede limitar el crecimiento por la utilización de los recursos naturales".
El director general de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, abogó por la puesta en marcha de planes territoriales para limitar el crecimiento urbanístico y consideró un ejemplo las limitaciones que en Andalucía establece el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Uralde sostuvo que el plan de ordenación "es un primer paso, aunque las limitaciones son aún insuficientes", según consideró.
El portavoz de Greenpeace resaltó que los planes de urbanización en el litoral andaluz son insostenibles por la situación hídrica en el litoral. Uralde insistió en que "no hay agua para todo lo que se quiere construir" y advirtió que "no se puede seguir planificando los recursos sin tener en cuenta la demanda". "No se trata de traer el agua de otro sitio", dijo, sino de sostener consumos y frenar los proyectos de campos de golf con complejos residenciales.
*malagahoy.es - 19 de Abril de 2007
Foto: Marbella / Urbanización ilegal Banana Beach /UrbPatasArriba
'La Vega Baja no se vende' apoya la protesta del sábado en contra del urbanismo
L.V.- Orihuela* : "La manifestación del 21 de abril comenzará a las 18.00 en la plaza del Ayuntamiento de Alicante y concluirá en la sede del gobierno valenciano en Alicante. La protesta está convocada por Compromís pel territori, que aglutina a otras plataformas como "La Vega Baja no se Vende". La protesta se realizará en contra de la destrucción del territorio y en favor de una nueva política de desarrollo urbanístico.
La plataforma La Vega Baja no se vende organiza esta tarde a las a 20.30 una charla informativa sobre la próxima manifestación del 21 de abril que tendrá lugar en Alicante. La protesta se realizará en contra de la destrucción del territorio y en favor de una nueva política de desarrollo urbanístico.
Con tal fin el centro cultural San Andrés de Almoradí acoge una exposición sobre los principales reivindicaciones que se van a realizar sobre desarrollo sostenible y la administración de los recursos naturales.
En el acto que se ha organizado para hoy interviene el miembro de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, junto con el portavoz de la plataforma comarcal Miguel Ángel Pavón, quien mostrará una serie de imágenes de la Vega.
La plataforma ecológica advierte que la comarca es una de las más afectadas por planes urbanísticos ya que se prevén 200.000 nuevas viviendas con más de medio millón de habitantes, que «necesitarían 60 hectómetros cúbicos anuales y generará 300.000 toneladas de residuos sólidos», critica Pavón.
*La Verdad - Miércoles, 18 de abril de 2007
Foto: ELCHE 9-IX-06 - dunas del carabassi /Ecologistas en acción
La corrupción urbanística dispara un 40% las actuaciones de la Fiscalía
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EFE* : "La Fiscalía Anticorrupción ha aumentado en 2006 en un 40,15 por ciento el número de causas judiciales en trámite en las que participa debido, entre otros factores, al aumento de investigaciones en el ámbito de la corrupción urbanística, según indica la memoria del organismo presentada hoy. "Se ha abierto un campo operativo que todavía tiene que ser investigado mucho", indica la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, que interviene en 178 casos judiciales y tramita 23 diligencias de investigación y otras doce diligencias informativas.
A su juicio, la coordinación de jueces y fiscales, Agencia Tributaria y Policía Judicial, además de los servicios antiblanqueo (Sepblac) y la "profundidad del trabajo realizado" han motivado que "se dé la importancia que tiene" a la corrupción urbanística "y no se contemple como una materia cuasi contencioso-administrativa".
Entre los casos destacados abiertos en 2006, Anticorrupción destacó los abiertos en Marbella contra su ex alcalde Julián Muñoz, por prevaricación y fraude; los iniciados en Santa Cruz de Tenerife, ligados al Parque Marítimo Anaga o la denominada "Playa de las Teresitas", contra el edil de la capital tinerfeña; o los instruidos en Valdemoro, contra el ex alcalde de Ciempozuelos, y en Palma de Mallorca, por el caso Andratx.
Todo ello confirma, según la memoria, "la aparición pública y reiterada de prácticas administrativas impropias en el área urbanística" de las que "muchas" tienen "connotaciones de corrupción por parte de autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos".
Según la memoria, en 2006, "se ha profundizado" en la lucha contra la corrupción urbanística, "ahondando hasta el final en la búsqueda de cooperadores, cómplices, la investigación patrimonial de los inculpados, la posible existencia de blanqueo de capitales".
De hecho, se ha producido un aumento de procedimientos penales, desde los 18 en 2005 a 62 en 2006, también como consecuencia de diligencias "desgajadas de una causa principal", además de un crecimiento en las denuncias o querellas interpuestas, de siete en 2005 a doce en 2006.
Desde las 55 causas que tenía en trámite Anticorrupción en 1997, hace una década, se pasó en 2006 a los 178 casos judiciales, con siete sentencias nuevas conocidas durante el año pasado.
Así, desde que fue creado este órgano del Ministerio Público hace once años, se han dictado 58 sentencias en procedimientos donde participaba Anticorrupción, de las que 51 han sido condenatorias y 7 absolutorias.
También se cita en la memoria los casos abiertos en la Audiencia Nacional por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, "cuya documentación ocupa cientos de miles de folios" y que ha merecido "una enorme dedicación" por parte de los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía, "teniendo en cuenta la permanente actitud litigiosa de los imputados".
El documento también destaca otros casos de la Audiencia Nacional como la operación antiblanqueo contra varias entidades financieras, que alcanzó un bloqueo de fondos por más de 2.000 millones de euros, o las dos diligencias previas abiertas por los productos fiduciarios "offshore" que ofrecían despachos de abogados como Pretus y Luis de Miguel y Asociados.
Asimismo figuran otros fraudes investigados y relacionados con el sector lácteo y el aceite de oliva o la concesión de subvenciones, aunque de los 62 nuevos procedimientos penales en 2006, más de una treintena corresponden a la trama de corrupción urbanística de Marbella.
Precisamente, la memoria del 2006 destaca "los expectantes resultados" que ha conseguido la creación de los delegados de la Fiscalía Anticorrupción en las comunidades autónomas, en campos concretos como la lucha contra la corrupción urbanística.
En 2006, la Fiscalía Anticorrupción recibió 2.279 comunicaciones y cursó 3.436 escritos, mientras que recibió 544 informes-denuncias, de las que el Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) presentó más de la mitad (284 informes) ya casi tramitados por el Ministerio Público.
*eldia.es - 17 DE ABRIL DE 2007
Viñeta: El Roto /El País
Tiempos de codicia
Anahí Seri.- Crisis Energética* : "En el prestigioso periódico alemán Frankfurter Allgemeine apareció el pasado 28 de marzo un suculento artículo sobre la situación ecológico-urbanística en España, titulado "Tiempos de codicia". Estaría bien que se lo leyera alguno de los políticos corruptos vendidos al ladrillo y se le cayera la cara de vergüenza. Y si se ofendieran tanto que llegaran a ponerle un pleito al periódico, sería fantástico por la repercusión que podría tener en la opinión pública... "La divisa es el saqueo. La economía española va viento en popa, pero el país hipoteca su futuro y se desentiende del cambio climático".
Tiempos de codicia (Traducido del alemán por Anahí Seri):
La divisa es el saqueo. La economía española va viento en popa, pero el país hipoteca su futuro y se desentiende del cambio climático.
PAUL INGENDAAY / FAZ MADRID, 28 de marzo.
Según una encuesta publicada recientemente, de entre todos los europeos, son los españoles los que más se preocupan por el cambio climático, pero eso no son más que números. ¿Quién se iba a extrañar? España está en el sur. Siete de cada diez españoles, se dice, están "muy preocupados" por el calentamiento global, el riesgo de sequía, la elevación del nivel del mar, el deshielo de los casquetes polares, etc. Los siguientes puestos de preocupación de los europeos los ocupan Chipre, Malta, Grecia, Portugal, Rumania e Italia. Lo dicho, el sur. En Finlandia, de momento no hay por qué temer a los veranos desérticos.
Pero si nos fijamos en las consecuencias que se desprenden de esta preocupación, el tema tiene mala pinta para los españoles, por varias razones. La primera y más obvia es que se interesan poco por la ecología y la ciencia del clima, están muy rezagados en temas de medio ambiente y no son nada amigos de las normas que limitan su libertad de movimiento. Nunca ha habido "conciencia ecológica" en España, y la política verde no existe a nivel nacional.
Bien es cierto que en verano hay spots publicitarios que propugnan cándidamente el ahorro de agua; pero cuando en febrero la Ministra de medio ambiente, Cristina Narbona, sumó a las preocupantes conclusiones del estudio sobre el clima de la ONU unas investigaciones españolas según las cuales se produciría un aumento de las temperaturas de cuatro a siete grados hasta el final del siglo, y con ello una catástrofe climática ibérica, la opinión pública no se dio por aludida. Los columnistas y los "opinion maker" prefieren ocuparse de temas más importantes que la canícula, las pérdidas de cosechas, la desertización, nuevos parásitos o migraciones humanas y de aves. Mientras que los debates en torno al grupo terrorista ETA han provocado en los últimos meses media docena de manifestaciones masivas, la lucha contra el cambio climático no consigue movilizar a nadie.
El problema de fondo podría ser que el fabuloso crecimiento económico español de los últimos años va ligado directamente al saqueo imparable de este país y sus recursos: tierra, agua, luz. El boom inmobiliario que campa a sus anchas ha adquirido unas proporciones tan terroríficas que en España se construyen anualmente más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas. Parte de la urbanizaciones recién creadas son ilegales. No sólo la costa andaluza, cuyo destrozo es ya proverbial, también las barriadas en torno a las grandes ciudades ofrecen imágenes fantasmagóricas de urbanismo desenfrenado, a menudo derivados directamente de favoritismos, acuerdos secretos y sobornos. Hay mucho en juego: en los últimos años, los precios de los inmuebles han aumentado en más de 150%. Entre quienes más se han enriquecido figuran los constructores, los agentes inmobiliarios y los inversores. Tampoco cesa la demanda de viviendas en España por parte de los extranjeros, sea para uso propio o como objeto de especulación.
Tan sólo entre principios de 2005 y mediados de 2006, el Seprona detectó casi trece mil obras ilegales en todo el país, sin contar Cataluña ni el País Vasco. Los delitos abarcan desde la simple anexión de terrenos públicos, pasando por reformas o vallas no autorizadas, hasta construcciones en espacios protegidos. Por cierto que gran parte de los pecadores actúan en las empresas de construcción y proceden de forma absolutamente desvergonzada. Se perforan pozos donde hace falta, se pinchan las conducciones de electricidad. Hay muchas probabilidades de que la apropiación indebida del terreno sea declarada legal a posteriori.
A modo de ejemplo: en el pasado mes de octubre, las autoridades municipales socialistas de Chiclana de Frontera (Provincia de Cádiz) decidieron legalizar quince mil casas o pisos que habían sido construidos ilegalmente en las últimas tres décadas. Poco a poco, los habitantes se registrarán y recibirán suministro eléctrico regular. Es decir, en vez de obligar al cumplimiento de las normas y penalizar de forma decidida las infracciones, el municipio ampara a los malhechores bajo el inmenso paraguas de una legislación ya carente de significado. Lo legal es lo que ocurre.
Con el titular "Saqueo urbanístico", el periódico El País informó a principios de mes sobre diez parques naturales amenazados por la industria de la construcción, o que incluso ya han comenzado a ser mordisqueados. Se trata de viviendas unifamiliares con vistas a las montañas, de estaciones de esquí, de novecientas viviendas con campo de golf. Donde la cosa está especialmente cruda es en la Comunidad Valenciana y en Murcia y Almería, donde muchos municipios están dispuestos a recalificar los terrenos originalmente protegidos, para que pueblos de 10.000 almas puedan convertirse en residencias de vacaciones y tiempo libre con un número de habitantes multiplicado por veinte. Los debates sobre la incompatibilidad, si es que tienen lugar, se libran en general en los tribunales, donde las armas están repartidas de forma muy desigual. El oso pardo, en peligro de extinción en Castilla y León, depende de la iniciativa de los ecologistas. Entretanto, los urbanizadores y los políticos provincianos ávidos de modernización se entusiasman con el "potencial de crecimiento" de su región y aluden a la creación de nuevos puestos de trabajo.
La situación en España es precaria, no sólo por las temperaturas extremadamente elevadas, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y la falta de conciencia ecológica. La avidez del sector inmobiliario y turístico acentúa una tendencia funesta: el movimiento hacia la capital o hacia las costas, mientras se abandona el interior. Las grandes obras de infraestructura y los objetos arquitectónicos de prestigio son para las zonas que ya de por si gozan de ventaja. El escritor Julio Llamazares utilizó recientemente la expresión "dos Españas", expresión que normalmente alude a los tiempos de la Guerra Civil, para hacer referencia a esta división en dos clases. Según Llamazares, las regiones ricas consideran a las más pobres como meros proveedores. Si a los ricos les falta agua, que los otros hagan el favor de ponérsela a su disposición. Los ricos apelan a la solidaridad cuando les viene bien, pero en su opinión hace tiempo que han dejado sin contenido el modelo de solidaridad de las comunidades autónomas. En la España actual rige el más acendrado egoísmo.
Para poder llevarse una parte del pastel, los municipios enajenan sus bonitos paisajes, el aire puro y la calma celestial, atributos que pronto se quedan en nada. La multiplicación de las viviendas lleva a ensanchar las calles, a construir nuevas autopistas y a sellar más superficies. De acuerdo con un estudio de compatibilidad, en el año 2004 habían en España 23 millones de viviendas privadas, de las cuales sólo 12,5 millones eran primera residencia. Aproximadamente 5,3 millones, más de un tercio, eran segundas viviendas. Los dos millones largos de inmuebles que faltan en este cálculo estaban vacíos.
Es peligrosamente ingenuo hacer este cálculo sin tener en cuenta el cambio climático, y esto en algún momento se hará notar. La cultura española de turismo y servicios se puede ir preparando. Todo lo que puede ofrecer el país habrá que volver a calcularlo y ajustarlo. Por ejemplo, el pasado invierno las estaciones españolas de esquí sufrieron importantes pérdidas debido a que a penas hubo nieve hasta el mes de febrero; se anuncian unos tiempos en los que ni la nieve artificial servirá de nada y tal vez el montañismo sea mejor idea.
El verano de 2006 puso de manifiesto el riesgo que supone vivir en las zonas más cálidas. Las reservas de agua arrojaron mínimos históricos. En Andalucía y Extremadura hubo muertes por deshidratación. La plaga estival de los incendios forestales arrasó muchas hectáreas de tierra. Imaginarse que en algún momento de nuestro siglo se pudieran sumar aún seis grados más a los 55 grados registrados en Córdoba y Sevilla es algo que nos supera.
Y no hace falta recurrir a cálculos alarmistas para saber que las cosas se pueden poner aún mucho más feas. En la actualidad, la Comunidad de Murcia ya no puede cubrir sus necesidades anuales de agua con sus propios recursos. Y sin embargo, aquí y en Almería, la región más cálida de España, en los próximos años se construirán varios cientos de miles de nuevas viviendas. Este plan demencial podría causar mayores modificaciones en esta región de lo que se ha conseguido en todo el siglo XX. Pensado como un parque temático para los acaudalados, con golf, hidromasaje y peluquería, en realidad aquí se levantará un mundo artificial de ladrillo y asfalto. El césped verde que se supone que lo rodeará, es el problema en el que hoy en día nadie quiere pensar.
*Crisis Energética - martes, abril 17 2007
Greenpeace coloca a Galicia a la cabeza de España en destrucción del litoral
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AnaLorenzo.- La Voz de Galicia* : "Entre 300.000 y 600.000 viviendas, 17 campos de golf y 24 puertos deportivos convierten a Galicia en la autonomía costera que registra «el mayor bum en la destrucción del litoral de toda España». Así lo explicó ayer Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace, organización que cada año realiza un informe, titulado Destrucción a toda costa, para conocer «las deplorables incidencias urbanísticas» de la costa española.
López de Uralde consideró este problema especialmente grave, ya que no se ha producido un crecimiento demográfico acorde con el aumento de las construcciones, por lo que denunció el fin «puramente especulativo de esta situación». El director ejecutivo de Greenpeace, que ayer participó en A Coruña en las jornadas A xestión do litoral , vaticinó que, de seguir así, «la situación se hará insostenible. Hemos pasado de una marea negra a otra de cemento y hormigón».
Desde una perspectiva distinta opinó Xosé Luís Barreiro Rivas, director del departamento de Ciencia Política de la Universidade de Santiago, quien defendió la necesidad de ser consecuentes con una línea de actuación concreta. Según explicó, no es compatible mantener un paisaje idílico y construir una ciudad al borde del mar. Como ejemplo citó la ciudad de Nueva York, «onde houbo a decisión de facer unha cidade enriba dun río e destruír o litoral. Neste caso houbo un proxecto de cidade e de asunción desa realidade».
Futura ley de protección
Sobre la futura ley de protección del litoral, Barreiro Rivas aseguró que es muy difícil hacer una predicción sobre su aplicación, y que todo lo que se puede hacer por el momento son hipótesis. «Se a lei o único que pretende é un plantexamento de defensa sobre as tendencias de urbanización do territorio, o que hai que facer é ordenar o uso do litoral, e, se se fai ben, será positivo. Se o que se quere é meter o litoral nunha caixa de cristal e manter un conservadurismo a ultranza, será inútil», analizó.
Conflictos de poder
Por su parte, el director del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida), Carlos Vales, aportó su visión sobre la gran riqueza del litoral gallego y el peligro que corre de desaparecer «se se toman decisións irracionais». En este sentido destacó que, en la actualidad, existe un gran problema, «porque temos institucións municipais moi débiles e grupos económicos importantes que exercen moita presión».
Las jornadas sobre la gestión del litoral continuarán hoy en el Ceida, en Santa Cruz (Oleiros) con la presencia de Ramón Lueje, director xeral de Urbanismo; Xosé Benito Reza, director xeral de Conservación da Natureza, y Antonio García, director xeral de Recursos Mariños.
*La Voz de Galicia - 17 de Abril de 2007
Foto: Chimenea con emisión de humos contaminantes en Sabón, Arteixo (A Coruña)/ La Voz de Galicia / M.M.
La Fiscalía incoa diligencias contra el ayuntamiento de Cieza y Cieza Golf
enCiezaDigital* : "La decisión del Ministerio Fiscal se produce a raíz una denuncia formulada por Izquierda Unida de Cieza por la desafectación de 120 Has. de monte público, su posterior cesión a la mercantil, mediante permuta, y la suscripción de un convenio urbanístico con la misma. Al alcalde de Cieza, Antonio Tamayo (PP), lejos de remitirle los problemas con la justicia le aumentan por días.
Tras la remisión de una querella del Ministerio Fiscal por el ‘caso Claufer’ por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, admitida a trámite por el juzgado nº 3 de Cieza, la denuncia, asimismo de la fiscalía, por prevaricación y falsificación de documento público, en la actualidad en el juzgado nº 1 de Cieza, y la apertura de sendas Diligencias Informativas por la contratación irregular de una arquitecta y posibles irregularidades cometidas en la tramitación del Estudio de Impacto Territorial del PGMO, ahora se le abre un nuevo frente: la reciente decisión del Fiscal Jefe del TSJ de Murcia de incoar nuevas Diligencias Informativas (pinchar aquí para descargar documento) por la denuncia interpuesta por Izquierda Unida de Cieza (pinchar aquí para descargar documento) contra el ayuntamiento de Cieza y la Sociedad Cieza Golf S.L.
El pasado 6 de noviembre, el concejal y coordinador de Izquierda Unida de Cieza, José María Rodríguez, y el responsable de Ordenación del Territorio, Manuel Martínez, interpusieron la denuncia que ahora ha tomado en consideración la fiscalía. En la misma, los denunciantes consideran que se han podido cometer al menos cuatro delitos: Contra la Ordenación del territorio, tipificado en los artículos 319.2 y 320 del Código Penal; de Prevaricación, tipificado en el artículo 404; de Fraude y exacciones ilegales, en relación con el artículo 436; y de Impedir el ejercicio de otros derechos cívicos, asimismo tipificado en el artículo 542 del código Penal.
Los hechos se remontan al 14 mayo de 2004, fecha en la que las mercantiles Inversol Grupo Urbanístico, S.A., San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. y Grupo Inversor Ciezano, S.L., presentaron en el ayuntamiento de Cieza unas bases para formalizar un Convenio Urbanístico, aunque antes de su tramitación constituyeron, a través de sus representantes o de las sociedades que las integraban, la sociedad “Cieza Golf, S.L.” , a la cual cedieron las obligaciones y derechos que hubiesen podido alcanzar.
Cinco días después, el 20 de mayo de 2004, esas mercantiles solicitaron a la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia la autorización de la Permuta de 120,77 Has del monte público denominado ‘Casones de los Pajes’ por otros de su propiedad, ocultando que el fin último era que esos terrenos municipales se incluyesen en un Convenio urbanístico donde se comprometía el Ayuntamiento, junto a otras cuestiones, a calificarlos como suelo urbanizable.
El 24 de noviembre de 2004, el Pleno del ayuntamiento de Cieza, con la mayoría de votos del PP, aprobaba la suscripción de un Convenio urbanístico con la mercantil Cieza Golf, S.L. mediante el que se acordaba la recalificación de 370 Has de suelo no urbanizable a urbanizable sectorizado con el fin de construir 8.000 viviendas y un campo de golf, siendo condición necesaria para su firma la resolución del expediente de permuta del pleno dominio de parcelas de terreno municipales incluidas en el ámbito del sector.
Dos días antes de la aprobación del Convenio Urbanístico por el Pleno Municipal, condicionado a la resolución de la permuta, se dicta Resolución por la Dirección General del Medio Natural, el 22-11-04, autorizando la referida permuta de los terrenos. Resolución que, a juicio de Izquierda Unida, incumple distintos artículos de la Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes, ya que se excluyen de la superficie catalogada del Monte nº 154, 120 has. en un expediente no iniciado ni de oficio, ni a instancias de la administración titular del monte, sino, y a despecho de lo exigido claramente por la Ley, a solicitud de tres sociedades mercantiles completamente ajenas a la propiedad del monte en cuestión, y, lo más grave, que la citada exclusión no se fundamente en la pérdida de las características por las que esas 120 has. fueron catalogadas, sino, en razones de oportunidad que no tienen cabida alguna en la Ley.
Cinco días después de aprobar la descalificación como bien de dominio público de las 120 has. del Monte público, el 15 de marzo de 2005, se acordó la permuta de los terrenos (valorados en 760.852 euros) por otros de propiedad de las mercantiles, situados en el término municipal de Cieza, denominados “Coto de los Nueve”, sin que constara solicitud alguna dirigida al Ayuntamiento, ni valoración por técnico municipal de los bienes objeto de permuta, ni tan siquiera la necesidad de efectuar la permuta, ocultando en todo momento su vinculación al Convenio Urbanístico suscrito con la mercantil Cieza Golf, S.L. Elevándose a escritura pública el mismo día en que se suscribió el convenio urbanístico.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 2005, el Ayuntamiento, con la mayoría de votos del PP, acordaba una modificación del Convenio urbanístico que, en síntesis, consiste en el compromiso del Ayuntamiento de incluir las determinaciones de aquel Convenio en el Plan General Municipal de Ordenación, que se encuentra en fase de redacción; además se pacta el adelanto del pago de 600.000 euros sobre los 12.025.000 euros que la mercantil “Cieza Golf S.A” se compromete a entregar al Ayuntamiento “como compensación por los necesarios ajustes de planeamiento, cargas emanadas de su implantación (...) y como participación de éste en las posibles plusvalías que se generen”. Por último, la mercantil “Cieza Golf S.A.” se obliga a suscribir una hipoteca unilateral y voluntaria sobre el derecho de propiedad de las fincas objeto de la actuación, en garantía del pago de un principal de 12.025.000 euros, que formalizarían las mercantiles Inversol grupo Urbanístico, S.A., San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. y Grupo Inversor Ciezano, S.L.
Poco después, en cumplimiento de la modificación acordada en el Convenio urbanístico, las mercantiles Inversol Grupo Urbanístico, S.A., San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. y Grupo Inversor Ciezano, S.L., hipotecaban una finca de su propiedad, la registral 26.180 (monte), que tiene una superficie de 1.632.306 m2, que linda con el monte desafectado por el Ayuntamiento (objeto de la permuta) por un total de 9.095.110 euros lo que supone 5,57 euros/m2, mientras que la finca permutada por el ayuntamiento de monte colindante con la anterior (las 120,77 has. permutadas por el Ayuntamiento) habían sido valoradas en 760.852 euros, esto es a 0.63 euros/m2.
Con fecha 10 de enero de 2006 la mercantil Cieza Golf S.L, con un capital social de 300.000 euros adquiere las propiedades de las mercantiles Grupo Inversor Ciezano S.L., Inversol Grupo Urbanístico S.A. y San José Inversiones y Grupos Urbanísticos S.A., por un importe de 3.500.000 euros.
Muestras de la vinculación, confusión y dependencia mercantiles de Cieza Golf, S.L., con las mercantiles Inversol Grupo Urbanístico, S.A., San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. y Grupo Inversor Ciezano, S.L. son, entre otros ejemplos, la suscripción por esas mercantiles de la hipoteca a la que estaba obligada Cieza Golf, S.L., por la modificación del Convenio Urbanístico suscrito con anterioridad; el hecho de que el presidente y vicepresidente de Cieza Golf, S.L., son D. José Rodríguez Murcia y D. José Antonio García Yuste, respectivamente presidentes de Inversol Grupo Urbanístico, S.A., y San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A., el primero, y de Grupo Inversor Ciezano, S.L., el segundo; y la total ausencia de terrenos propiedad de Cieza Golf, S.L., en el paraje objeto de la recalificación urbanística y terrenos cercanos en las fechas de la tramitación de los actos administrativos impugnados, donde las tres mercantiles citadas al inicio habían adquirido en distintas parcelas un total superior a 320 has., antes de finales de mayo de 2004.
La conclusión que los denunciantes obtienen de la operación es que, además de la irregular e injustificada desafectación de un Monte público para cederlo a la mercantil suscriptora del convenio urbanístico, la permuta acordada ha supuesto un grave quebranto patrimonial para el ayuntamiento de Cieza y un correlativo e injusto enriquecimiento para la sociedad que suscribió el convenio.
Una vez abiertas Diligencias Informativas por parte del Ministerio Fiscal para el esclarecimiento de los hechos, éste habrá de determinar si existen indicios de los hechos denunciados contra un alcalde y un Ayuntamiento que, hoy por hoy, tiene el mayor número de casos abiertos por la justicia de entre todas las corporaciones de la Región, la mayoría de ellos relacionados con irregularidades urbanísticas.
*enCiezaDigital - 16/4/2007
Foto: Terrenos CiezaGolf /enCiezaDigital
Urbanizaciones en el banquillo
S.V.- EL PAÍS- Valencia* : "Las máquinas han comenzado a mover tierra y arrancar árboles en un paraje del sur del término municipal de Orihuela (Alicante) para levantar "un pequeño y tranquilo pueblo mediterráneo" de 2.286 casas, anuncia la publicidad de la promotora Colinas Golf. La urbanización tendrá vistas a un campo de golf y al futuro parque natural de la Sierra Escalona, cuyos límites se han ajustado a este proyecto, el PAU-21. ¿Y agua? Como en el caso de decenas de planes en localidades de la Comunidad Valenciana, sobre el plan pesa la duda de si habrá recursos suficientes para los residentes.
Ecologistas en Acción lo ha llevado a los tribunales y esgrime un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que advirtió en diciembre de 2005, justo antes de que se aprobara la urbanización, de "que no está garantizada el agua", explica el portavoz en Alicante, Carlos Arribas. La promotora lo niega: "La tramitación se ha ajustado a la más estricta legalidad y tiene todos los informes favorables". En la polémica tercia el Ayuntamiento, gobernado por el PP, que exhibe un informe positivo de 2003 de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla -que abastece a municipios de Alicante y Murcia- y acuerdos para usar agua depurada en el campo de golf. Fuentes municipales apuntan que el proyecto ya estaba previsto en el plan general urbano de 1990 e interpretan que la confederación se limitó a recordar que debe contar con las pertinentes concesiones para abastecimiento. "Hay agua", aseguran.
Pero Manuel Aldeguer, comisario de Aguas en la cuenca del Segura, la más deficitaria de España y dependiente del trasvase del Tajo, avisa tajante: "En el Segura no hay agua para nuevas demandas" si no la aportan las desaladoras puestas en marcha o planificadas. Mientras la justicia investiga, la obra en Orihuela continúa.
La polémica se reproduce en otros municipios cuyos planes de expansión han acabado en los juzgados. En La Nucía (Alicante), con 33.000 habitantes, el Tribunal Superior de Justicia paralizó en marzo de forma cautelar el programa de actuación urbanística de La Serreta, con 3.884 casas en plena huerta. El informe de la confederación correspondiente, la del Júcar, ve insuficiente la garantía de recursos y el tribunal afirma que el Consistorio no ha demostrado lo contrario. "Estamos totalmente tranquilos", responde el alcalde, Bernabé Cano, del PP, que aportará nuevos datos para que se retire la suspensión cautelar pedida por una formación política independiente. Hay pozos en el sector, la urbanización gastará menos agua que con el riego de los cultivos actuales y el campo de golf, que será municipal, se regará con recursos depurados, presume el alcalde.
El grupo Ballester, que promueve el plan, añade que no se hubiera arriesgado a presentarlo "sin garantías de abastecimiento". "Somos escrupulosos", dice su director de comunicación en Alicante, Orlando Torregrosa.
La constructora también lidia con recursos judiciales contra otros planes que impulsa en la provincia, lo que acarrea "retrasos y perjuicios financieros importantes", apunta Torregrosa. "Nos preocupa también el daño a la imagen, porque planea una sombra de duda sobre la empresa cuando está cumpliendo con los trámites que marca la ley", añade. Los jueces tendrán la última palabra.
*ELPAIS.com - Valencia - 16/04/2007
Foto: La Nucía /tagarinet
Medio Ambiente advierte de que no hay agua garantizada para 300.000 viviendas
EL PAÍS* : "El Plan General de Águilas (Murcia), que prevé 80.000 nuevas viviendas, no tiene agua garantizada; el Gobierno no asegura el abastecimiento de las 8.100 viviendas del SAU-21 de El Molar, en Madrid; la urbanización en el embalse de Valdecañas, en Badajoz, se construirá con informe negativo de la confederación hidrográfica; y en Valencia hay 90 planes urbanísticos sin el visto bueno de la confederación, pero siguen adelante. Como éstos, hay al menos 129 municipios (de Cádiz a Asturias y de Valencia a Badajoz) y 189 planes urbanísticos, con un mínimo de 300.000 viviendas implicadas, que no tienen garantizado el suministro de agua, según los informes emitidos por las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Pero eso no frena a los promotores, que exigen al Gobierno que suministre el agua, dado su carácter de servicio básico.
En julio de 2005, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obligó a las confederaciones hidrográficas a pronunciarse "expresamente sobre la existencia o inexistencia de agua suficiente" para planes urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente intentaba así controlar el urbanismo en zonas sin agua o al menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones.
Las confederaciones tardaron en emitir esos informes pero, casi dos años después, los datos de las cuencas con más dictámenes contrarios -Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y Norte- revelan que hay más de 300.000 viviendas en el aire, sin garantía de suministro por parte del ministerio: 100.000 en la cuenca del Júcar, otras 100.000 en la del Segura y el resto principalmente en la del Tajo. Los datos no están centralizados y el cálculo es complicado. Un informe, por ejemplo, se refiere a todo el Plan General del municipio de Las Rozas de Madrid (unas 5.000 casas), y otro a una pequeña urbanización en un pueblo de Alicante, sin especificar cuánto se construirá.
El secretario general para la Diversidad y el Territorio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explica que los informes no son vinculantes y admite que el efecto depende mucho del lugar: "En la práctica se hacían urbanizaciones sin garantía de agua y queríamos racionalizarlo con estos informes". Los informes no son vinculantes porque las competencias de urbanismo están en manos de las comunidades y los ayuntamientos.
Un dictamen jurídico del ministerio de 2006 afirma que ese informe, "si bien en sentido estricto no es vinculante, puede serlo en la práctica en caso de que en el mismo se manifieste que no existen recursos suficientes para satisfacer las demandas".
Aunque ese dictamen considere que los informes son vinculantes "de hecho", no están teniendo efecto en la mayor parte de España. El secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, sentencia: "No estamos notando ningún problema ni un freno en la construcción por falta de agua, es un suministro básico que el Gobierno debe garantizar". Los promotores destacan que el abastecimiento humano es prioritario y piden al Gobierno que, si falta agua, retiren dotaciones del regadío. "En España no falta agua, sino que se malgasta y otra se pierde por las tuberías. Sólo con cobrar el precio real ya habría agua de sobra para las urbanizaciones", añade Martí.
Serrano replica que el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura en los casos ya existentes, pero los nuevos desarrollos no están por delante de los agricultores. Para reforzar el control, la nueva Ley de Suelo convierte estos dictámenes en "determinantes" y sólo se podrá "discrepar de ellos de forma razonada". El Gobierno intenta evitar que las comunidades garanticen el abastecimiento en contra de las confederaciones.
El responsable de Agua en Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, que ha pedido los informes negativos a las confederaciones, advierte a los alcaldes que aprueben planes urbanísticos sin agua: "Denunciaremos a quienes aprueben urbanizaciones con el informe contrario de las confederaciones". Martín Barajas augura problemas enormes en unos años -los planes urbanísticos en trámite tardan años en desarrollarse- y advierte: "Los promotores pueden estar cometiendo una estafa si venden casas sin agua garantizada".
La comunidad que prepara más viviendas sin garantía de suministro es la valenciana. A los ayuntamientos llegan planes urbanísticos y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se le amontonan las solicitudes. El organismo calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se verifique la garantía de abastecimiento y unas 100.000 de 90 planes urbanísticos ya han recibido una resolución negativa.
El Gobierno de Francisco Camps, del PP, ha dado el visto bueno a planes sin el informe de la confederación o incluso con uno negativo al admitir que sean empresas privadas o municipales las que demuestren que habrá agua. Los populares acusan a la CHJ de pretender bloquear el desarrollo.
La Delegación del Gobierno en Valencia ha impugnado ya con desigual suerte una docena de proyectos que suman 15.000 viviendas. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha advertido de que no deben aprobarse planes urbanísticos sin agua, pero ha rechazado paralizar el Manhattan de Cullera, 35 rascacielos y 5.000 pisos, pendiente de aprobación definitiva.
En Murcia, la situación es similar y la Confederación del Segura ha informado negativamente 34 planes urbanísticos de 18 municipios. El presidente de la Asociación de Promotores de Murcia, José López Rejas, admite que se mantienen los planes de construir 800.000 viviendas en 30 años pese a la falta de agua. En Murcia, la mitad del agua de consumo procede del Tajo. Medio Ambiente afirma que las desaladoras permitirán un desarrollo inmobiliario "dentro de una lógica".
La tercera cuenca con viviendas afectadas es la del Tajo, que ha emitido 48 dictámenes contrarios por falta de agua o porque los ayuntamientos no han explicado de dónde obtendrán el caudal necesario. Los 21 informes que afectan a la Comunidad de Madrid son suplidos por un informe positivo del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad. Serrano advierte de que recurrirán los planes que no tienen agua cuando estén aprobados definitivamente, como ya ha hecho el Gobierno en Valencia. Además, hay informes negativos en 20 municipios de La Sagra (Toledo), una comarca en la que la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, planea 80.000 viviendas.
La situación es distinta en el Guadalquivir. Allí, según el comisario de Aguas de la Confederación, Javier Serrano, no se ha emitido formalmente ningún informe negativo, y del centenar de expedientes en trámite, unos 75 presentan problemas. En el Ebro tampoco hay informes contrarios, mientras que el Duero ha emitido 28 informes, aunque no detalla cuántos son favorables.
La Cuenca del Sur (de Málaga a Almería) no ha autorizado captación de agua para el complejo urbanístico de Los Merinos Norte, en Ronda, 800 viviendas y tres campos de golf. El plan parcial para la urbanización de la zona de Cabo Plata, en Tarifa (Cádiz), está paralizado porque no garantiza el abastecimiento de agua a 1.600 viviendas y un campo de golf.
Un reglamento que prepara el Gobierno obligará a que estos informes estén colgados en internet para evitar que los compradores se vean sin agua una vez comprada la vivienda.
*Información de Rafael Méndez, Sara Velert, Tono Calleja, Isabel Pedrote, Diego Narváez y Libertad Paloma.
*EL PAÍS - Madrid - 16/04/2007
La corrupción en Murcia supera la destapada por la "Operación Malaya"
F.M.M.- ElPlural* : "Fuentes de máxima solvencia del Ministerio Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) aseguran que la trama de corrupción, en concreto la referente a pelotazos urbanísticos en la comunidad murciana, “supera” con creces la destapada hace un año por el juez Miguel Ángel Torres en la Operación Malaya, en Marbella, y que está llenando miles de páginas e innumerables espacios en los medios de comunicación de nuestro país, y que está dando con decenas de cargos públicos, políticos, empresarios, profesionales de despachos de abogados e “ingenieros” financieros y bancarios en los calabozos de las comisarías de policía y en Las celdas de las cárceles.
El periódico digital Vegamediapress informó de que los casos de corrupción y el entrecruzamiento de intereses políticos, urbanísticos y financieros de las tramas facinerosas de cuello blanco en la región murciana son de un “calibre” espectacular, que deja, en parte, en mantillas a la descubierta en el municipio malagueño de la Costa del Sol, aseveran las fuentes que las están investigando. Los casos ya denunciados ante la Fiscalía del TSJ de Murcia, que afectan tanto a municipios de la Costa como del interior de la región, así como los que ya están siendo instruidos por jueces y magistrados de la jurisdicción murciana, como es el caso concreto de la apertura de diligencias judiciales en el caso de La Zerrichera, suponen un conglomerado de intereses de centenares de millones de euros y una red de corrupción de una magnitud colosal, aseveran las mismas fuentes.
El fiscal, desbordado e imposibilitado
Sin embargo, añaden, en la jurisdicción murciana se puede tropezar con que el máximo responsable del Ministerio Público en Murcia, el fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal, ante esta envergadura que tienen las tramas en la comunidad y sus conexiones y la trabazón de intereses y amparo entre sí de los poderosos y el clientelismo que han tejido en diferentes sectores de la sociedad, entre éstos, medios de comunicación murcianos poderosos, se puede ver “desbordado” y hasta “imposibilitado físicamente”, en razón al esfuerzo que requiere, para poder llevar a cabo y culminar las pesquisas, investigación, análisis y decisiones resolutivas que acaben con la pléyade de corruptos ante los juzgados y la imposición de las medidas cautelares pertinentes.
Enorme gravedad
Es de tal envergadura, superior a la operación Malaya, se insiste por fuentes solventes de la Fiscalía murciana, el tejido corrupto organizado a través de la especulación urbanística en la comunidad de Murcia, que puede rebasar las propias fuerzas físicas de un fiscal-jefe, en cuyos hombros ha recaído una responsabilidad social y profesional de gran magnitud.
Valcárcel intenta blindarse
El nuevo fiscal anticorrupción ha sido designado desde dentro de la propia plantilla del ministerio público del TSJ de la región, y para el gran volumen de trabajo de investigación al que se precisa hacer frente, esto supone una nueva desventaja para que los esfuerzos que son precisos puedan dar el fruto y la eficacia necesarias en un campo tan complejo como el de la administración de justicia. Ahora se añade la salida del fiscal de Tráfico, Manuel Campos, de la asociación conservadora de fiscales, que el presidente en funciones de la comunidad autónoma y del PP, Ramón Luis Valcárcel, ha colocado en el sexto puesto de su lista electoral, señalan algunos que para que le asesore en materia penal ante lo que se avecina. Por otro lado, el anterior fiscal delegado anticorrupción ha pasado a un nuevo destino.
Hacen falta más fiscales
Por todo ello, desde el Ministerio Fiscal del TSJ de Murcia, según las mismas fuentes, se cree perentoriamente necesaria la adscripción de entre cuatro y cinco nuevos fiscales venidos de fuera de la región, así como otros nuevos cinco miembros de las fuerzas de seguridad del Estado especializados en materias de anticorrupción, al objeto de que las investigaciones de las tramas, se insiste, más potentes y complejas que las descubiertas por la Operación Malaya, puedan continuar siendo eficaces y resolutivas.
*elplural.com - Lunes, 16 de abril de 2007
Foto: marina de Cope /Ecologistas en Acción
Aplazado el sexto juicio a Julián Muñoz por urbanismo
EFE /20minutos* : "El juicio previsto para hoy en el juzgado de lo Penal 8 de Málaga contra el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y otros siete ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), ha sido aplazado hasta octubre por los recursos planteados por las defensas de varios de los imputados. Muñoz, encarcelado desde el 20 de julio por su implicación en el "Caso Malaya", se enfrenta a una petición fiscal de veinte meses de cárcel por conceder en 1998 una licencia de obra para una vivienda unifamiliar a la entidad "Artola Inversiones" en suelo no urbanizable.
La defensa de la ex edil María Luisa Alcalá solicitó la suspensión por la indefensión que a su juicio supone haberse hecho cargo del caso recientemente, mientras que el letrado Pablo Luna -que defiende a otros dos acusados- pidió que se dicte la requisitoria de busca y captura del concejal Juan Antonio Yagüe antes de que se celebre la vista oral.
Concedió un permiso para construir una vivienda en un terreno no urbanizable por valor de 105.799 euros
Los hechos que serán enjuiciados se remontan a febrero de 1998, cuando la comisión de gobierno concedió una licencia para edificar una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable con un presupuesto de 105.799 euros.
Posteriormente, el Ayuntamiento autorizó el proyecto de ejecución de la obra, pese a que se proyectaba en un suelo que, de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables en el PGOU vigente de 1968, estaba clasificado como rústico de control urbanizable y en el plan parcial de 1984 quedó configurado como zona educativa y docente de uso público.
Ya son seis los juicios por urbanismo
Hasta la fecha el ex alcalde marbellí ha sido juzgado en cinco ocasiones por estas cuestiones, le pesan dos condenas firmes, una por el caso Banana Beach y otra por Proinsa, y tiene pendiente la revisión por parte de la Audiencia Provincial de Málaga de su absolución por el denominado caso Moansa.
Las causas penales contra Muñoz por presuntas irregularidades urbanísticas rondan el centenar, casos con penas que oscilan entre los 18 meses y los dos años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público entre ocho y diez años.
En el mes de mayo tendrá otros dos juicios por casos urbanísticos, en uno de los cuales estará acompañado del ex asesor de Urbanismo en Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción inmobiliaria, Juan Antonio Roca.
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*20MINUTOS.ES - 16.04.2007
Foto: Ayuntamiento Marbella /euroresidentes
Costas de ladrillo
*EL PAÍS- Editorial : "Un informe de dos europarlamentarios, aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, describe con detalle el urbanismo salvaje que se ha adueñado de muchas zonas de España, pero en particular del litoral mediterráneo. Dicen los autores -el polaco Marcin Libicki y el británico Michael Cashman- que los habitantes de la costa mediterránea están sufriendo el "expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural, el enladrillado del litoral, la destrucción de la flora y la fauna y el enriquecimiento masivo de una pequeña minoría a expensas de la mayoría".
A este desarrollo canceroso del cemento en el borde de España se suma, según el informe, la angustia de las personas que adquirieron allí de buena fe un inmueble y se encuentran ahora con que el mismo Ayuntamiento que autorizó las contrucciones puede declararlas ilegales.
Esta pesadilla de corrupción e incompetencia que denuncia el informe es totalmente verosímil, puesto que todos los días aparecen indicios de corrupción que se llevan a los tribunales. El último de una larga cadena es la imputación de cinco altos cargos del Gobierno de Murcia (Partido Popular) supuestamente implicados en una recalificación fraudulenta para construir 4.000 viviendas en un paraje de especial protección ambiental. Forma parte además de ese infierno inmobiliario la práctica fraudulenta de construir promociones de viviendas sin agua y otros servicios básicos, como la electricidad. Las confederaciones hidrográficas denuncian que unas 300.000 viviendas de nueva construcción no tienen garantizado el suministro de agua, circunstancia que es desde cualquier punto de vista un engaño al comprador.
El informe comunitario avanza que la corrupción inmobiliaria que está destruyendo la costa se origina en "la ambición de alcaldes de poca monta atraídos por los cantos de sirena de promotores inmobiliarios". Es una descripción que encubre además otras causas conocidas, aunque de dificil solución a corto plazo. Una de las más importantes es la financiación insuficiente de los ayuntamientos, obligados a buscar en la revalorización del suelo los ingresos que no pueden o no saben obtener a través de impuestos o gestión razonable de deuda. Lo mismo cabe decir de la financiación de los partidos políticos, excesivamente vulnerables a los cantos de sirena, es decir, comisiones, procedentes de los pelotazos inmobiliarios.
Pero estas razones, y otras como la ausencia de controles efectivos de las decisiones de los ayuntamientos, son conocidas de antiguo, sin que las administraciones públicas sean capaces frenar la corrupción inmobiliaria que ya ha destruido la confianza de los ciudadanos en las autoridades locales y amenaza con enfangar la credibilidad en otras instituciones democráticas. Por si fuera poco, presenta a la sociedad española ante el resto de Europa como consentidora de la recalificación fraudulenta, la construcción salvaje y la destrucción ambiental. Un auténtico patio de Monipodio, recalificado y alicatado hasta el techo.
*ELPAIS.com - 16/04/2007
Anticorrupción aprecia delito en el ex jefe de urbanismo de Madrid
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F.MERCADO.- EL PAÍS* : "La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios de que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, cometió, como mínimo, un delito: el de actividades prohibidas a funcionarios y abusos en su función. Porto enterró un informe de los técnicos a sus órdenes contrario a un plan urbanístico que le favorecía personalmente. El registro inmobiliario y el testimonio de sus antiguos subordinados lo evidencian.
La Fiscalía Anticorrupción sólo ha analizado hasta el momento uno de los planes urbanísticos del ex director general que denunció el PSOE con base en los artículos publicados por este diario: el pelotazo inmobiliario que Porto dio en un sector del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada.
Una llamada de EL PAÍS para consultar por las gestiones que hizo Porto para desbloquear dicho plan, provocó el fulminante relevo del responsable de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que preside la popular Esperanza Aguirre, en octubre pasado.
El estudio de este caso por Anticorrupción, según fuentes conocedoras de las pesquisas, ya ha perfilado la posible violación de un artículo del Código penal: el 439, que trata de "de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función".
Según este artículo, "la autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier caso de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años".
Porto ha defendido públicamente -aún no ha sido citado a declarar por Anticorrupción- que él se limitaba a tramitar o elevar los informes de sus técnicos sin apenas tocarlos. Esto, al menos en el caso de su sector, el 1 en Villanueva de la Cañada, no es cierto.
Tres funcionarios habían forzado el aplazamiento de la aprobación de dicho sector en mayo de 2003: el jefe del servicio de planeamiento y control de Madrid Metropolitano, Jesús Sánchez-Cabezudo; la responsable jurídica, Cristina Navajas, y la responsable técnica, la arquitecta Norma Pérez-Huerta.
Las dos últimas insistieron en septiembre de 2004 en que dicho sector seguía vulnerando la legalidad, pues seguían sin subsanarse tres anomalías denunciadas en su informe de un año antes, por lo que su aprobación, según su testimonio, debía seguir suspendida.
El testimonio prestado por dichos funcionarios en Anticorrupción, según personas conocedoras del mismo, ha sido demoledor: han proclamado la ilegalidad del plan parcial de Villanueva de la Cañada que Porto elevó para su aprobación y han desbaratado el argumento presentado por un alto cargo fiel al ex director general de que era normal que se desoyeran o ignoraran estos informes.
Por el contrario, los funcionarios han proclamado lo insólito de la actuación personal de Porto en este asunto: los informes finales que se elevaban a la comisión de Urbanismo para aprobar cualquier plan siempre estaban basados en los que ellos previamente elaboraban, y, por dicha razón, el documento definitivo llevaba su rúbrica. En el caso del informe final del sector 1 de Villanueva de la Cañada, insólitamente, no aparecían la firma de ninguno de los técnicos. Lo rubricó Porto, junto con un alto cargo, su subdirector.
Si a la intervención de Porto en este plan, que dejó trazas tan fáciles de seguir por Anticorrupción, se une que la consulta del registro inmobiliario ya ha probado sus intereses en dicho sector, el cortocircuito entre los intereses privados y las actuaciones públicas del ex alto cargo de Aguirre ha quedado en evidencia a los ojos de los investigadores.
Porto, junto con sus socios privados, poseía 22.000 metros cuadrados en el sector 1 de Villanueva de la Cañada cuando fue nombrado director general de Urbanismo de Madrid. Los técnicos a sus órdenes le plantearon en septiembre de 2004 que debía mantenerse la suspensión para edificar en dicho sector porque no se habían corregido tres deficiencias que denunciaron en mayo de 2003 y que provocaron que la comisión de Urbanismo devolviera el plan al Ayuntamiento. Porto desoyó y enterró el informe de sus técnicos. En su lugar, elevó un informe en el que daba por subsanadas todas las deficiencias.
La comisión de Urbanismo, con presencia de Porto, sólo conoció el informe elevado por el director general. Los miembros de la comisión nunca conocieron el informe contrario de los técnicos, ni mucho menos de que quien les elevaba el plan poseía terrenos en esa zona.
La comisión aprobó el plan el 28 de septiembre de 2004. Este hecho revalorizó tanto sus terrenos que Porto lo incluyó en sus escrituras de venta: "Las fincas se encuentran dentro de un sector de suelo urbanizable que dispone a fecha de hoy de plan parcial aprobado definitivamente y firme en derecho".
En enero de 2006, Porto y sus socios, vendieron esos terrenos por 4,3 millones de euros, cuando los habían comprado por apenas 87.000 euros antes de su recalificación, en 1999, que también fue obra suya como autor del planeamiento municipal.
* ELPAIS.com - Madrid - 16/04/2007
Foto: Quijorna (Madrid), donde una empresa vinculada a Enrique Porto fue la adjudicataria de varios proyectos /20minutos.es
Manifestación contra el «expolio y la destrucción de Asturias»
*La Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA) ha convocado para el próximo sábado, 21 de abril, Día de la Tierra, una manifestación contra el «expolio y la destrucción de Asturias». Saldrá a la una de la tarde de la plaza de El Humedal. Varios representantes de ACA estuvieron ayer en la Escalerona repartiendo folletos informativos sobre la manifestación y el urbanismo en la región. En varias pancartas colocadas en el Muro los convocantes critican la actuación de los políticos y ayuntamientos en sus actuaciones urbanísticas.
«Tolerancia cero con la ilegalidad» o «De Paraíso Natural a Basurero Industrial» eran algunos de los lemas que se podían leer como crítica a la construcción de viviendas en las costas, de campos de golf y de las centrales de ciclo combinado.
Y en Gijón, más concretamente, con la regasificadora.
Los responsables de ACA decidieron hacer la concentración en Gijón como conmemoración del tercer aniversario de la segunda «marcha verde» y por ser una ciudad costera. Además, coincide con la reciente anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes.
*La Nueva España - 15/04/2007
Foto: Viandantes, leyendo las pancartas colocadas ayer en el Muro /ángel gonzález (lne.es)
"Escaparate sobre la especulación urbanística en Aragón y la protección del territorio"
*La Plataforma en defensa de las montañas de Aragón, como integrante de "Aragón no se vende" te informa: El próximo fin de semana, 14 y 15 de abril, la coordinadora "Aragón no se vende" celebrará en Zaragoza, en la Plaza de España, a partir de las 10.00 horas y durante toda la jornada... el denominado "Escaparate sobre la especulación urbanística en Aragón y la protección del territorio".
También informa sobre la desestructuración de nuestras ciudades por efecto de la expansión inmobiliaria descontrolada. Sobre la imparable fiebre constructora y la imposibilidad a la par, para muchas personas, de acceder a una vivienda digna.
Expone sobre los efectos de esta expansión inmobiliaria descontrolada en el agravamiento del cambio climático y en el despilfarro de nuestros limitados recursos hidricos.
Tampoco olvida el tema de la protección de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico ante maniobras especulativas.
Este denominado "Escaparate sobre la especulación urbanística en Aragón y la protección del territorio" abre en Aragón la campaña estatal "CONTRA LA ESPECULACION URBANISTICA Y POR LA PROTECCION DEL TERRITORIO".
Esta campaña convoca a manifestaciones en todas las ciudades del estado para el día 5 de mayo de 2007.
Desde la Plataforma en defensa de las montañas de Aragón vamos a participar en toda esta campaña con nuestra iniciativa "DIALOGO POR LAS MONTAÑAS", continuando con la ya exitosa recogida de miles de apoyos a la solicitud de "APERTURA DE UN DEBATE SOCIAL EN ARAGON SOBRE EL DESARROLLO URBANISTICO EN LAS AREAS DE MONTAÑA Y EL FUTURO DE LAS ESTACIONES DE ESQUI BAJO EL EFECTO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL" a la Comisión de Peticiones y DD. HH. del Parlamento de Aragón.
Los activistas de la Plataforma permaneceremos durante todo el día recogiendo firmas y recabando apoyo para la extensión de esta campaña.
Queremos que este fin de semana se convierta en un nuevo impulso a esta recogida de solicitudes, por lo que te pedimos dediques cualquier minuto en los días 14, 15 de abril para acudir a cooperar en la campaña, con la Plataforma y "Aragón no se vende"
Desde las 10,00 horas del sábado 14 de abril permaneceremos en
la plaza de España de Zaragoza recogiendo firmas, difundiendo la iniciativa
y repartiendo propaganda de la manifestación. Acude en nuestro apoyo
*Plataforma en defensa de las montañas de Aragon
"Aragon no se vende"
*Ansar Aragón - 10/04/2007
Miles de personas expresan en la calle ''su vergüenza ante tanta corrupción''
EFE. Santa Cruz de Tenerife* : "Unas 15.000 personas, según los organizadores, y 1.500 según la Policía Nacional, se movilizaron este sábado en la capital tinerfeña para expresar "su dolor y vergüenza ante tanta corrupción" y reclamar "la actuación inmediata" de la justicia ante proyectos como el puerto en Granadilla de Abona. La manifestación fue convocada por los colectivos integrados en Asamblea por Tenerife y partió de la plaza Weyler bajo el lema No a la corrupción, por una democracia participativa, y se reiteró la oposición a proyectos de urbanización en zonas de Candelaria como Cho Vito o Llano del Moro y Los Baldíos en La Laguna, entre otros.
Los participantes en la protesta gritaron reiteradamente frases como "Coalición Canaria es una inmobiliaria", "No a la corrupción, Zerolo dimisión", "Ni con paella te van a quitar la querella" y "Menos puertos industriales y más escuelas y hospitales".
La marcha discurrió con sones de tambores, caracolas y chácaras y banderas multicolores, entre ellas varias republicanas y de las siete estrellas verdes, así como pancartas reivindicativas de diversos colectivos vecinales y sociales y algunas con la inscripción "Parlamento untado, Parlamento anulado".
Al término de la manifestación, en la plaza de la Candelaria, el ex concejal del Ayuntamiento de La Laguna Santiago Álvarez Cambreleng leyó un comunicado en el que se dio "un aviso a quienes se creen dueños de la isla, ya que este es un pueblo con honor y no somos sumisos y pasivos".
Unidos por "la dignidad"
A las miles de personas que este sábado salieron a la calle les une "la dignidad" y no son "terroristas sociales", dijo Álvarez Cambreleng, quien dijo que el pueblo canario no se resigna a que su papel sea el de depositar un voto cada cuatro años y reclama una democracia participativa.
Sin embargo, añadió también que no se entiende "la lentitud de la justicia" ante los casos de presunta corrupción ya que no se puede permitir que el pueblo siga "con la nariz tapada" y su voz "silenciada" por "los cómplices del poder económico y político".
"¿Qué pueblo no se avergonzaría de tener un alcalde imputado en dos casos de corrupción?", se preguntó el portavoz de los manifestantes, quien criticó los negocios "particulares y especulativos" a costa de los bienes públicos, como a su juicio ha sucedido en la playa de Las Teresitas.
Se refirió además a quienes critican el movimiento de oposición a los diferentes planes urbanísticos y explicó que la lucha "es la misma: contra la desfachatez y la falta de honor y porque son los mismos los beneficiados, los que pagan campañas electorales para ocupar los puestos" políticos.
"Nosotros no engañamos y damos la cara, pero ellos son corruptos y cobardes", dijo Álvarez Cambreleng, quien aseguró que parece que la impunidad se ha asentado en Canarias y cuestionó si esto lo han permitido jueces y fiscales.
Añadió que "tenemos una democracia enferma" pero advirtió de que los adversarios de esta forma de entender la gestión pública "no les tenemos miedo y vamos a seguir luchando porque no seremos nunca gusanos, sino que queremos recuperar la democracia que han secuestrado estos mangantes".
Por ello animó a los ciudadanos a ser activos y unirse a Asamblea por Tenerife porque de este colectivo forman parte ecologistas, sindicatos, vecinos en lucha, defensores de los derechos humanos, de la cultura "y de las causas nobles y solidarias".
*Canarias Ahora.es - 15 DE ABRIL DE 2007
Foto: Manifestación 14 de abril /canariasahora.es
El alcalde de Riba-roja presentó en 2005 un concierto a medida de los promotores
C.VÁZQUEZ.- EL PAÍS- Valencia* : "El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, del PP, presentó en julio de 2005 a la Consejería de Territorio una propuesta de concierto previo a la revisión del PGOU, que prevé la reclasificación de casi 14 millones de metros cuadrados, más del doble del suelo urbanizado. El concierto previo, salido del Consistorio el 22 de julio, incluye nuevos sectores de suelo cuyas previsiones de ocupación son prácticamente iguales a las de proyectos urbanísticos como los de Porxinos o Golf Resort. El documento, redactado a medida de los promotores, se llevó a Territorio sin hacer público el contenido.
Los técnicos municipales redactaron entre 2004 y 2005 una propuesta de concierto previo para Riba-roja que, de aprobarse, duplicará el suelo urbanizable, según fuentes de la Consejería de Territorio. El alcalde ordenó el envió del documento a la consejería sin que conste su exposición al público o su consulta a los vecinos.
El plan provisional, corregido por la Generalitat, parece haberse hecho a medida de los promotores que impulsaron grandes proyectos urbanísticos ese año en esta localidad de Camp de Túria. En 2005 se conocieron 12 nuevos proyectos residenciales y siete industriales, que, de materializarse, dispararían la población de este municipio de los 18.000 habitantes de la actualidad a los 56.000.
Los nuevos sectores urbanizables dibujados en la propuesta de concierto previo coinciden prácticamente en extensión y edificabilidad con los grandes PAI (Programas de Actuación Integrada) que prosperaron.
Así, unidades de actuación como la del Quint, con 630.000 metros cuadrados y 1.600 viviendas previstas, son un calco de los objetivos del PAI Masia de Traver II. Los sectores Golf Resort, con 2,6 millones de metros cuadrados y 3.500 residencias, o el de Mas de Porxinos, con 1,6 millones de metros y 2.700 viviendas, presentan la misma dinámica. Y en parecida situación se encuentran los PAI del Carrasqueret, que promueve Llanera, o el Penyot.
Pero el concierto previo a la revisión del PGOU va mucho más allá. El alcalde propone la reclasificación de 13,8 millones de metros cuadrados del término, de los que 5 millones tendrían uso industrial y 8,7, desarrollo residencial, con la edificación de 13.440 nuevas viviendas -el PGOU en vigor preveía 16.468 nuevas residencias en una década-.
Los autores del concierto previo justifican los nuevos desarrollos en que el PGOU en vigor, aprobado en 1997, se encuentra en ejecución. Las perspectivas de la Ciudad Logística -área industrial localizada en Riba-roja-, y el crecimiento del censo, que ha pasado de 12.500 a 18.000 habitantes en ocho años, son motivo suficiente para reclasificar millones de metros cuadrados, en opinión del consistorio. "A la vista de la trayectoria poblacional, hay que hacer previsión de una serie de zonas residenciales nuevas para albergar los crecimientos citados", dice el documento.
Los sectores Golf Resort, al suroeste del municipio, y Mas de Porxinos, al oeste del término, serían los de mayor potencial edificatorio, aunque de baja densidad debido a su extensión. Además, llevan aparejadas la integración de grandes zonas de espacios libres públicos de cesión, así como de infraestructuras de conexión y de servicios. El sector del Quint "vertebraría" el espacio que separa el casco urbano y la urbanización Masía de Traver de los complejos residenciales de Valencia la Vella y Els Pous. El Quint se liga además al proyecto de parque urbano en la ribera del Turia.
Los desarrollos industriales no se quedan atrás en proyección. Los 5 millones de metros cuadrados que se proponen reclasificar completarían, según el documento, la trama de suelo industrial entre el municipio vecino de Loriguilla y la A-3. El Consistorio se propone también el desarrollo definitivo del Sector Cementeri, que quedó aparcado en la tramitación del anterior PGOU.
En la memoria justificativa, el Ayuntamiento insiste en que la red de carreteras, "diseñada hace muchos años", es un factor limitativo del desarrollo urbanístico de esta localidad de Camp de Túria. El concierto previo ve imprescindible la llegada del metro, soterrado a su paso por el casco urbano, y el desdoblamiento de la CV-370 y la CV-340. Otra serie de mejoras viarias se ligan al desarrollo de nuevos sectores urbanísticos. "Se trata de aprovechar el impulso urbanístico actual para crear dotaciones generales que de otro modo resultarían de imposible implantación por su elevado costo", dice la memoria.
Para el abastecimiento de agua, el concierto previo propone que se extienda la red primaria de abastecimiento a todo el término, surtiéndose de fuentes alternativas como los pozos del Calvario, Escoto, nuevo pozo en el Sector Golf o el abastecimiento de Aguas de Valencia.
Los terrenos del alcalde
La inclusión de las parcelas del alcalde Francisco Tarazona y su familia en el PAI de Porxinos estuvieron a punto de dar al traste con la aprobación del programa en el pleno municipal de Riba-roja de junio de 2005.
Entonces, amenazado por la oposición, que recordó que los ediles con intereses en los PAI no pueden apoyarlos por incompatibilidad, el alcalde anunció que sacaba los terrenos de Porxinos.
Sin embargo, casi dos años después y según aparece en los planos de la propuesta de concierto previo y del PORN (Programa de Ordenación de los Recursos Naturales) del Parque Natural del Turia, una de la parcelas del alcalde aparece grafiada en los mapas como suelo urbanizable -antes era no urbanizable- en el sector residencial de Mas de Porxinos.
Tarazona, imputado por supuesta prevaricación -entre otros delitos- en relación a la gestión del PAI donde el Valencia CF tiene previsto levantar su nueva ciudad deportiva, ya negó hace unos meses que tenga sobre los citados terrenos una opción de compra de Litoral del Este, sociedad promotora del PAI de Porxinos. En su declaración ante el juzgado, dentro del procedimiento abierto a raíz de la querella presentada en su día por el partido socialista, el alcalde habló de una opción de compra sobre esos terrenos que había caducado antes de que él y su familia votasen a favor del PAI en el pleno. Sin embargo, no aclaró si las otras dos opciones de compra de Litoral del Este, anotadas en el Registro de la Propiedad, seguían vigente o por el contrario habían caducado también.
*ELPAIS.com - Valencia - 15/04/2007
El 31% de los baleares identifica a toda la clase política con la corrupción
Diario de Mallorca* : "Los ciudadanos de Balears, especialmente los de Eivissa y Mallorca, sitúan a la corrupción entre sus principales problemas con una valoración negativa por encima de la percepción que tienen de ésta en el conjunto del Estado, según refleja una encuesta publicada en el último número de Quaderns Gadeso. Según este estudio, el 31% de los encuestados identifican como causa de esta corrupción a toda la clase política sin distinciones; el 28% señala a "algunos políticos" como los responsables de este problema; el 25% lo atribuye a la financiación de los partidos; el 8% a leyes inadecuadas y, por último, el 8% restante considera que se trata simplemente de un problema generalizado.
De la misma manera, mientras que los baleares consideran "mala" la situación de la corrupción en el conjunto del país, esta percepción empeora hasta una situación "muy mala" en su propia comunidad. Por islas, en Mallorca y en las pitiusas se percibe la situación como muy mala, mientras que en Menorca ésta es considerada como "aceptable".
Respecto a la situación política, los encuestados creen que ha empeorado respecto al año anterior tanto en España como en Balears. Sin embargo, la percepción de la situación económica mejora notablemente tanto a nivel estatal (pasa de un 5,6 a un 6,2) como a nivel insular (de un 5,6 a un 6,8).
La crispación política es otra de las cuestiones tratada en la encuesta de Gadeso. Los ciudadanos opinan que la situación está peor a nivel nacional que insular y Eivissa es la isla donde la percepción de la crispación es peor, mientras que en Menorca es calificada de "aceptable".
Lo que resulta curioso es que el 63% los encuestados, lo que incluye a votantes conservadores, atribuye el clima de crispación a la oposición que practica el PP; el 24% a toda la clase política, y el 13% restante a la actitud del Gobierno de Zapatero.
Sobre las posibles vías para solucionar el terrorismo de ETA, el 43% opina que se debería recurrir únicamente a la vía policial, mientras que el 37% conjuga esta medida con conversaciones con el entorno terrorista. El 39% se siente identificado con la afirmación de que el PP no es leal ya que usa la lucha antiterrorista con fines partidistas y el 23,5% opina que el Gobierno de Zapatero nos engaña porque ya ha pactado con el entorno etarra.
Por último, respecto al posicionamiento identitario, los ciudadanos se sienten mayoritariamente tanto baleares como españoles, aunque crece la identificación con la propia isla por encima de un sentimiento balear.
*Diario de Mallorca - 14 de abril de 2007
Asamblea en Málaga contra la especulación urbanística
*Diversos colectivos ciudadanos convocan una reunión ciudadana en Málaga para el sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución con el lema “La provincia de Málaga no se vende”.
“La Provincia de Málaga no se Vende” es una iniciativa ciudadana que pretende comunicar las distintas luchas y conflictos contra la especulación urbanística, la corrupción y la precariedad que atraviesan la provincia de Málaga.
Tras largos años de gestión neoliberal y desarrollismo salvaje, hoy nos encontramos en una situación en la que los intereses del sector privado parecen valer más que nuestros ríos, nuestras playas, nuestros derechos, nuestro trabajo. Se multiplican las urbanizaciones, los campos de golf, las autopistas, las canteras y sin embargo a los ciudadanos nos cuesta llegar a fin de mes, la vivienda está por las nubes y asistimos a un deterioro medioambiental sin precedentes en nuestro territorio.
Mientras se multiplican los casos de corrupción y los gobiernos se muestran incapaces de defender lo público, decenas de asociaciones vecinales, plataformas, grupos ecologistas y movimientos sociales nos hemos puesto en marcha para denunciar este modelo de desarrollo, abriendo espacios de participación, realizando campañas y movilizaciones de distinto tipo, visibilizando los conflictos.
El próximo Sábado 14 de Abril os invitamos a participar de una asamblea pública en la Plza. de la Constitución, donde intercambiar información, conocernos, hacernos oír y planificar el trabajo común, las próximas citas, etc.
Es una asamblea abierta y participativa por lo que invitamos a asociaciones, colectivos y, ciudadanos y ciudadanas que quieran denunciar alguna situación injusta a que traigan sus pancartas, material informativo o simplemente su voz.
Confirmaron presencia colectivos de Coín, Ronda, Alhaurín, Casabermeja, Mijas, Federación Provincial de Ecologistas en acción, Antequera, Baños del Carmen, Plataforma del Viso contra el PGOU, Precarixs en Movimiento, Asociación de Vecinos y Vecinas Los Paraos (Palma-Palmilla) y decenas de colectivos afectados por la especulación de la provincia.
*diariolatorre.es - 13/04/2007
Foto: Manifestación Málaga Noviembre 2006 /UrbPatasArriba
El barullo de la vivienda
XerardoESTÉVEZ*.- EL PAÍS** : "En la entrevista televisiva a cien bandas a la que se sometió el presidente Zapatero me sorprendió, no la anécdota del café, sino la ponderada respuesta ante la insistente demanda de un chaval de 19 años que quería a toda costa comprar un piso. Prudente, Zapatero contestó con una alusión al esfuerzo del Gobierno por habilitar apartamentos de alquiler. Para mi gusto, debía haber sido más terminante. Una sociedad donde la máxima aspiración de una persona de esa edad es ser propietario de un piso no es razonable. Se confunde el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada con el de su posesión en propiedad.
La inexistencia de un mercado ágil de alquiler y los hasta ahora bajos tipos de interés han arrastrado a la ciudadanía en masa a la compra de viviendas. El oxímoron de moda es el del propietario hipotecado. Esta condición va a mantenerla de por vida, la trasladará seguramente a sus herederos y acaso repercutirá, con efecto retroactivo, sobre muchos padres que, comprometidos a la ayuda sistemática, no podrán disfrutar de una tranquila jubilación. Cuando el titular de la deuda se proponga cambiar de vivienda porque necesita más superficie advertirá que el entorno también ha subido y se verá abocado a relegarse a la última corona metropolitana, sin tiempo siquiera para evaluar los gastos que le van a generar los desplazamientos y la disponibilidad de servicios. Evidentemente, la baja natalidad tiene algo que ver con todo esto.
La cuestión de fondo es que so capa del problema de la vivienda se encubre un negocio inmobiliario producido por el incremento del precio del suelo, del que se benefician fundamentalmente los propietarios de terrenos, los promotores y, en su caso, la administración. Los ciudadanos se ven obligados a introducirse en el juego y convertirse en operadores de suelo sui géneris, viviendo con ansiedad la evolución del mercado inmobiliario.
Tan pronto adquirimos una vivienda mediante una hipoteca rogamos que el precio suba lo suficiente como para que la operación resulte rentable en relación con el tipo de interés, pues su valor de uso tiende a depreciarse. Más que espacio para habitar, lo que compramos y vendemos son acciones de suelo, es decir, la repercusión del suelo sobre el precio de cada metro cuadrado de vivienda. Salvo a los que no las tienen, y que cada día lo ven más difícil a medida que se calientan mutuamente la oferta y la demanda, a nadie le interesa que esas acciones vayan para abajo.
Desde el lado de la economía, y también en amplios sectores de la política, se piensa que el mercado puede llegar a satisfacer todas las necesidades construyendo cada vez más habitáculos, por eso no se ve necesario abordar estudios serios sobre la demanda residencial por edades, tipos de familia, sectores. Es decir, no se fija la dimensión del objetivo constitucional y de esa manera se confunde el negocio con el problema de la vivienda.
En este barullo general da la sensación de que lo único importante es el tema de la vivienda y parecen olvidarse aspectos sustanciales vinculados al planeamiento, como la calidad de los espacios públicos, la localización de los equipamientos y dotaciones, la resolución de los conflictos de movilidad, etcétera. Este tipo de reivindicaciones ha desaparecido del mapa. Para satisfacer una demanda que parece insaciable se siguen diseñando planes generales con cantidades inmensas de suelo apto para urbanizar, muy por encima de las expectativas demográficas, y así sólo se consigue calentar el suelo de todos los municipios y fomentar la especulación.
Sin embargo, al parecer el mercado empieza a desacelerarse. En las grandes áreas de Madrid y Barcelona aparecen ya síntomas de contención e incluso disminución de precios. Si es así, cabe preguntarse qué va a pasar con los propietarios hipotecados a la hora de cotizar la mensualidad por unos pisos que pudieran depreciarse, probablemente tasados en exceso y con un Euribor más alto que el pactado en un principio.
A pesar de que la política económica está basada en gran medida en el auge inmobiliario, me parece bueno que el mercado se enfríe para introducir racionalidad, que se estudie la fórmula para aterrizar con suavidad y, algo primordial en mi opinión, que se vuelva a insertar vivienda y planeamiento, un planeamiento hecho con rigor y limpieza administrativa al lado de una política de alquiler pensada y diseñada con los ayuntamientos, para unos jóvenes y no tan jóvenes que no pueden, ni deben, empeñarse de por vida en la compra de una vivienda.
*XERARDO ESTÉVEZ es arquitecto
**ELPAIS.com - Galicia - 13/04/2007
