ENRIC LLOPIS* : Los quince últimos años han consolidado en el País Valenciano un modelo urbanístico depredador de recursos y fuente de jugosas plusvalías para élites políticas y vinculadas al ladrillo. Antonio Montiel dedica una parte de “El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano” (Icaria 2011) a explicar el fenómeno y desmontar los entramados jurídicos, políticos y empresariales que subyacen a la “cultura del pelotazo” valenciana. Tal vez sea Enrique Bañuelos, fundador de la empresa Astroc en 1992, uno de los mejores ejemplos del agio ligado a la construcción con origen en el País Valenciano. Este hombre “de éxito”, dedicado a la “gestión del suelo” y a la especulación cortoplacista, consiguió que el valor de las acciones de Astroc se multiplicara por 12, sin razón aparente, en apenas un año. A principios de 2007 la revista Forbes sitúo a este advenedizo en el número 95 dentro de los personajes más ricos del mundo. Hasta que en abril de 2007 pinchó la burbuja y se desplomaron las acciones de la empresa. O el grupo Inmobiliario Llanera, que suspendió pagos en 2007 tras embarcarse –con el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) de la Generalitat- en el proyecto Nou Mil.leni: reclasificación de 1,7 millones de metros cuadrados de suelo agrícola a “urbanizable” para la construcción en Catarroja (a 10 kilómetros de Valencia) de 12.000 viviendas y un centro comercial. Pero no sólo esto. Llanera patrocinaba equipos de fútbol de la Premier League, orquestas sinfónicas y “gestionaba” en 2007 hasta 40 millones de metros cuadrados de suelo en todo el estado español.
En el libro publicado junto a José Manuel Naredo, Antonio Montiel insiste en la relevancia del contexto legislativo y, en concreto, de una ley trascendental para la comprensión del caso valenciano: la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada en 1994. La filosofía que justificaba este nuevo texto legal consistía en achacar, de manera falaz, el elevado precio de la vivienda a la escasez de suelo. La aparente solución era, por tanto, generar un mayor volumen de suelo urbanizable.
En la práctica esto se tradujo en la aprobación masiva de proyectos que reclasificaban suelo (de “rustico” a “urbanizable”), sin que los Planes Generales constituyeran ya un criterio superior que pusieran orden y concierto en el modelo territorial. Las previsiones del documento de planeamiento “eran susceptibles de alteración recurriendo al sencillo expediente de aprobación de un Programa, Plan Parcial, Especial o de Reforma Interior”, afirma Montiel.
Grandes bolsas de suelo agrícola pasaron entonces a considerarse susceptibles de urbanización. Entre 2003 y 2006 se reclasificaron 75 millones de m2 de suelo no urbanizable y, en la Conselleria de Territorio, había propuestas para la reclasificación de otros 194,5 millones de m2 (tanto dentro de los planes generales como al margen de los mismos).
Pero no sólo influyó en la vorágine urbanizadora el cambio del marco legal. El descenso de los tipos de interés, la menor rentabilidad de las bolsas y la acumulación de capitales para blanquear ante la llegada del euro convirtieron al negocio inmobiliario en un pingüe reclamo. Particulares o empresas adquirieron con frecuencia derechos de propiedad o simples opciones de compra, a precio de suelo rústico, para después lograr la reclasificación de terrenos y revender sus derechos. Así se fraguaba el “pelotazo” urbanístico sin mover un palmo de suelo.
El modelo valenciano resultaba propicio para el florecimiento de una nueva clase empresarial especializada en el negocio fácil. Un ejemplo, entre otros muchos, Cuartell SL, empresa urbanizadora que, con 3.200 euros de capital social y un solo empleado (según los datos del Registro Mercantil), presentó en el Ayuntamiento de Sagunto una proyecto para construir 30.000 viviendas, un campo de golf y una marina sobre 11,5 millones de m2 de suelo no urbanizable. Finalmente no cuajó la iniciativa.
La acumulación de ingentes patrimonios de suelo en manos de unos pocos no conocía precedentes. Datos del Ministerio de la Vivienda de diciembre de 2007 (en vísperas del estallido de la “burbuja inmobiliaria”) alertaban de que sólo en la provincia de Valencia, diez sociedades acaparaban 609 hectáreas de suelo con expectativas de edificación. El área inmobiliaria de la caja de ahorros Bancaixa gestionaba 56 millones de m2 de suelo. Se sentaban las bases, así, para darle la vuelta al tradicional modelo minifundista del País Valenciano.
Los controles públicos brillaban por su ausencia en medio de la hegemonía neoliberal y el festín desregulatorio. Los ayuntamientos, acuciados por una crónica escasez de recursos, se entregaban a la fiebre del ladrillo. La financiación irregular de los partidos asomaba en el trasfondo de algunos megaproyectos. Tampoco los municipios ejercían de manera contundente las competencias en disciplina urbanística (El País Valenciano contaba en 2006, según informaciones periodísticas, con 92.000 viviendas ilegales). Y el ladrillo figuraba en la trastienda de muchas de las mociones de censura (con o sin tránsfugas) en los consistorios.
Más grave aún, si cabe, que la inhibición municipal fue la dejación de funciones de la Generalitat Valenciana (en manos del PP desde 1995). A los gobiernos de Zaplana, primero, y Camps, después, les correspondía la máxima autoridad en materia de Urbanismo y la Ordenación del Territorio. Antonio Montiel insiste en que “una posición ideológica ultraliberal, contraria a la intervención pública en la ordenación del territorio, ha caracterizado al gobierno valenciano desde 1995”.
Y todo ello, sin que puedan apreciarse las supuestas bondades con las que se vendió el modelo. A pesar de que la LRAU sacó al mercado 30 millones de m2 de suelo (según la asociación de promotores inmobiliarios de la Comunidad Valenciana), el precio por m2 de la vivienda libre, entre 1997 y 2007, superó ampliamente la media nacional. Ni mucho menos se le dio un impulso a la vivienda social: se pasó de las 15.224 viviendas protegidas calificadas en 1997, a 8.040 en 2005. Si acaso, la escasez de VPO sirvió a los lobbies del sector para pedir más reclasificaciones de suelo. Tampoco se fomentó el alquiler.
Puestos a citar víctimas del ladrillo, la vorágine urbanizadora se cebó particularmente con el medio ambiente y, sobre todo, con una franja litoral cada vez más colmatada. El LLibre Verd del Territori Valencià apunta que en 2004 cada km2 del País Valenciano soportó 288 toneladas de cemento, cinco veces por encima de la media europea y tres de la media española. Entre 2000 y 2006, la demanda de energía primaria crecía 9 puntos más que la población. Y la demanda humana de agua por unidad de superficie doblaba el promedio estatal.
Los ecos del desmadre llegaron a Europa. Uno de los hitos de la eterna querella ente la UE y el ejecutivo de Camps lo constituye el “Informe Auken”. Aprobado en marzo de 2009, el informe critica duramente y pide un cambio en la política urbanística de los gobiernos valenciano y estatal, sobre todo por la desmedida ocupación de suelo y las afecciones sobre la ordenación del territorio. Las objeciones de Europa se centraban en los efectos perversos de la LRAU y en la norma que la sustituyó en 2005, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Ahora bien, si el paradigma desarrollista cuajó no sólo fue por la connivencia de las élites del ladrillo y los poderes municipales y autonómicos. El valenciano de a pie, aunque sin el mismo grado de responsabilidad, también se sumó al carro especulativo. Explica Antonio Montiel que este modelo “expansivo y depredador ha calado más rápida y profundamente de lo que podría esperarse entre una buena parte de la sociedad. Deslumbrados, algunos, por esta fantasía floridiana y espoleados, otros, por la inminencia de insospechados beneficios, mucha gente acabó por asumir el modelo”.
Pasado el tiempo, y con la resaca de la crisis, la mejor postal del estos quince años de urbanismo desbocado son los proyectos con sus cifras, muchos de ellos ahora parados por la falta de financiación y la escasa demanda inmobiliaria. El Manhattan de Cullera (33 torres de 25 alturas, dos de 40 y un puerto deportivo), el Plan Rabassa de Alicante (una macrourbanización con 13.500 viviendas) o Marina d’Or Golf (un parque temático con varios campos de golf, siete hoteles y 37.000 viviendas) han marcado una época.
* Rebelión - Opinión - 15.03.11
Quince años de pelotazos y caos urbanístico en el País Valenciano
Madrid.- El Tribunal Superior 'tumba' nueve tramos de la M-30 soterrada
Según la SER, en su fallo, notificado el pasado lunes 14, el tribunal recuerda que "a estas alturas ya nadie se cuestiona la necesidad de haber sometido los proyectos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental" por la circunstancia de que discurra por una zona urbana. A esta misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2008, además de ser admitida, dice el fallo, por el propio Ayuntamiento al aceptar las condiciones impuestas por la Comisión Europea.
Medidas inexistentes
El expediente de infracción abierto por Bruselas obligó al equipo de gobierno a dejar sin efecto, en febrero de 2007, tres de los proyectos no iniciados entonces: los túneles norte y sur en los by-pass de la avenida de la Ilustración y conexión del by-pass norte con la A-1. Tras este varapalo, el Consistorio contrató una consultoría para realizar el estudio ambiental tanto de los proyectos ya ejecutados como de los que estaban pendientes.
En su demanda, los denunciantes -el grupo municipal socialista- alegaron, y así lo admite el tribunal, que los trabajos realizados por el Ayuntamiento para evitar la sanción de la Comisión han sido inexistentes ya que no se han aportado los informes necesarios acerca de los impactos que se pueden producir (gases, ruidos, patrimonio histórico, arbolado, etc.) ni se han efectuado medidas correctoras.
Las consecuencias prácticas de la sentencia son muy escasas, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER, aunque a partir de ahora el Ayuntamiento tendrá que ser más cuidadoso a la hora de cumplir los requisitos, trámites y leyes a los que está obligado. Ocurre igual que con una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre otra carretera de Madrid, la M-501. El alto tribunal declaró ilegal el desdoblamiento de la carretera de los pantanos, pero como la obra ya está terminada y en uso desde hace tiempo no hay ninguna posibilidad de deshacer las actuaciones ejecutadas.
El Ayuntamiento, de momento, guarda silencio mientras la oposición se felicita. El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha señalado a Europa Press que viene a apoyar lo defendido durante años por su partido, que los criterios de la gestión de Gallardón son "trampas" y "prisas electorales". Lissavetzky ha confesado su "tristeza como madrileño" ya que tiene la sensación de vivir en una ciudad "con un Gobierno municipal que es un gobierno sin ley porque se han saltado todos los aspectos urbanísticos y medioambientales a la hora de llevar a cabo la obra de la M-30".
* El País - 16.03.11
Foto: Madrid, túneles M30 - terra
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Baleares.- La Policía acusa a Verger de alterar un concurso en favor del club Marítimo de Maó
La fiscalía anticorrupción, el Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria están investigando una presunta trama de corrupción en torno a concesiones en los puertos de Maó e Eivissa, un caso que se abrió hace años. Verger prestó el pasado diciembre declaración como imputado, negó todos los cargos y censuró el que los denunciantes del caso (socios del Club Marítimo de Maó) se prestaran en 2006 a pactar con el Grupo Marsans para recuperar sus amarres.
El caso Mar Blau ha salpicado también a Francesc Triay, actual presidente de la APB, y a su número dos, Ángel Matías, director de la entidad dependiente del Estado central. Otros encausados son Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal CEOE y propietario entre 2006 y 2008 del Grupo Marsans; así como gestores y jefes de empresas del citado holding, como Trapsa Yates, adjudicatarias en la última década de codiciados y lucrativos servicios en los principales puertos de Balears.
La fiscalía anticorrupción sospecha que responsables de la APB se conchabaron con el grupo Marsans para amañar al menos dos importantes concursos: el del Club Marítimo de Maó y unos amarres en Ibiza Nueva (Eivissa). El caso fue denunciado en octubre del 2008 por un miembro del Club Marítimo de Maó, que aportó varias grabaciones de conversaciones donde intervinieron Verger y Matías, entre otros.
La Policía sostiene en su atestado que de una de esas cintas se podría deducir que Verger y Matías habían pactado con Trapsa Yates para que ésta cediera la concesión del Club Marítimo de Maó a dicha entidad, a cambio de otros valiosos amarres y de conseguir nuevas explotaciones en Palma e Eivissa.
Hasta ahora se pensaba que el comité técnico de la APB había puntuado a Marsans con el número 1 y al Club Marítimo con el 2. Sin embargo, Verger, en una charla con Luis Barca, presidente del club Marítimo, y con Ignacio Marra, gerente de esa entidad, comenta lo siguiente: "Después de 45 llamadas y reuniones con la gente de Trapsa, creo que hay una solución y es que ellos renuncien (a los amarres), pero claro si ellos renuncian, vosotros (el club) quedáis segundos (...) que no habéis quedado, pero mirando, mirando, resulta que habíais hecho un buen trabajo (en la oferta) y, mirando y mirando, pues quedaríais vosotros..."
Verger, defendido por Josep Zaforteza, explicó en Comisaría que los propios denunciantes estuvieron de acuerdo en compensar a Marsans por los gastos del concurso y adjudicarse ellos sus antiguos amarres.
Triay, que en 2008, cerró el expediente de adjudicación de Maó iniciado por Verger, defendió el también ante la Policía la pureza de los concursos objeto de investigación.
Los investigadores, con base en las grabaciones y en las declaraciones de varios testigos, sostienen que Verger señaló en 2007 a los gestores del Club Marítimo de Maó que había "dado instrucciones a su sucesor en la APB (Triay)" para que los amarres fueran para esa entidad.
Luis Barca ha manifestado que informó a Triay de todo lo negociado con anterioridad con Verger y Matías. Según la versión del club, en septiembre del 2007 Triay les comentó que quiso arreglar con rapidez el asunto de los amarres, de acuerdo con la información dada por Verger, pero que Trapsa Yates había exigido a cambio la concesión de Ibiza Nueva.
* Diario de Mallorca - 15.03.11
Foto: La Policía acusa a Verger de alterar un concurso en favor del club Marítimo de Maó - diariomallorca
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La crisis paraliza la edificación en la costa y desvirtúa su protección
Aunque la retirada de las grúas afecta por igual a la costa que al interior, el contraste con los años del bum inmobiliario es más significativo frente al mar. Los concellos costeros han pasado de competir con las siete principales ciudades en visados para nuevas viviendas a una actividad anecdótica. El caso de Foz es elocuente. En este municipio lucense, con apenas 10.000 vecinos censados, los arquitectos tramitaron visados para 6.761 viviendas entre el 2000 y el 2007. La misma tendencia afecta a otros concellos de A Mariña. En Barreiros (3.203 habitantes), donde las Administraciones autonómica, provincial y local se han aliado para legalizar urbanizaciones levantadas sin servicios, se cursaron 4.299 visados del 2000 al 2007. Del total en ese período, 2.234 corresponden al 2007, en víspera del estallido de la burbuja inmobiliaria. En el 2010, solo se tramitaron 8 visados en Barreiros.
La caída de la presión urbanística también se aprecia en la costa coruñesa. Ribeira pasó de 1.684 visados en el 2007 a 50 el año pasado. En un municipio más pequeño, como Malpica, con 6.178 vecinos, los arquitectos autorizaron 9 edificaciones en el 2010, cuando en el 2007 habían visado 648. En el litoral pontevedrés, destaca el parón de las grúas en Sanxenxo, que apenas construye ahora el 13% (125 visados en el 2010) de lo que edificaba tres años antes (998 en el 2007). Cangas solicitó 3.596 visados entre el 2000 y el 2007; el año pasado, 38.
El 10% de los visados del 2006
Más allá de la incidencia de la crisis del sector sobre los municipios costeros, los que soportaron una presión urbanística que llevó al bipartito a alertar del riesgo de marbellización de Galicia, la actividad constructiva quedó prácticamente paralizada en el 2010. Los arquitectos visaron en las cuatro provincias 4.805 edificaciones, lo que representa 3.000 menos que en el 2009 (7.708) y el 10,2% de las 46.881 tramitadas en el 2006. Como Galicia, las siete ciudades registraron los índices más bajos de la década. Solo A Coruña, con 243, mantuvo una demanda anual estable. Lugo (300) y Santiago (245) visaron más, pero con fuertes desplomes en el segundo semestre del año, un desequilibrio que también se apreció en Vigo (225), Ourense (231), Ferrol (88) y Pontevedra (49). En este contexto, el Colexio de Arquitectos destaca que el aumento de las ventas en el último año ha contribuido a reducir el parque de pisos ya construidos que esperan comprador.
Solo el 4% son pisos protegidos
El balance de visados en el 2010 vuelve a ridiculizar el discurso político sobre la vivienda protegida y refleja el peso de la unifamiliar. Solo el 4% fueron para pisos de precio tasado, cuando la media en la década pasada era del 9%, muy lejos de la reserva del 30% del suelo que fijó el bipartito para esas viviendas con una ley que nunca se llegó a cumplir y que tumbó el Gobierno de Feijoo. Al menos 13.000 demandantes esperan en Galicia por un piso de protección.
Parón absoluto en 40 concellos
El bloqueo de la construcción residencial ha sido total en 40 municipios, que no han tramitado un solo visado. La mitad (21) son ourensanos. El parón inmobiliario se extendió en el segundo semestre a 82 concellos.
11
Foz
El bum urbanístico tocó techó en Foz en el 2007, con 3.246 visados. En el 2010, tramitó 11.
50
Ribeira
Superó en actividad a Sanxenxo en el período 2000-2007, con 5.995 visados. El año pasado, 50.
125
Sanxenxo
Bandera del empuje urbanístico de las Rías Baixas, visa el 13% de lo que gestionaba en el 2007.
8
Barreiros
Con 3.200 vecinos, Barreiros visó 2.234 viviendas en el 2007. El año pasado fueron solo 8.
33
Narón
Fijo entre los concellos que antes de la crisis superaban los 1.000 visados al año, no pasa de 33.
29
Poio
A lo largo del período 2000-2007, se visaron 2.928 viviendas en Poio. En el 2010, solo 29.
25
Viveiro
Entre el 2000 y el 2007, se visaron 3.160 edificaciones en este concello. Durante el 2010, 25.
97
Arteixo
Llegó a visar 6.106 edificaciones entre el 2000 y el 2007. El año pasado se quedó en 97.
38
Cangas
De 3.596 visados en los años previos al estallido de la burbuja, Cangas pasó en el 2010 a 38.
* La Voz de Galicia - 15.03.11
Foto: La crisis ha salpicado Galicia de esqueletos de viviendas cuya construcción avanza a duras penas o incluso se ha visto paralizada, como las de la imagen en Miño.- lavoz
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Condena al Valle de Egüés a pagar 7 millones por las licencias concedidas en 2003 para un apartotel
Unas licencias que carecían de cobertura en las determinaciones pues eran para un uso no previsto en el planeamiento, según advirtió la Cámara de Comptos, por lo que el pleno municipal las anuló en febrero de 2004 atendiendo un requerimiento del departamento de Administración Local que consideró el apartotel previsto "manifiestamente contrario" al plan.
De hecho el fallo precisa que la actuación de la Administración Local demandada fue "arbitraria, totalmente irrazonada e irrazonable", y en la misma hubo "un error evidente y manifiesto" por lo que el demandante "no tiene el deber jurídico de soportar el daño" que se la ha producido.
Este daño se ha cuantificado en 6,96 millones de euros por los gastos que asumió la empresa demandante pero, sin embargo, se rechazan otras indemnizaciones reclamadas en concepto daño moral, pues no se ha constatado una agresión al prestigio comercial, y de lucro cesante o ganancias dejadas de obtener por una actividad no autorizada, pues se trata de previsiones cuya materialización no está contrastada.
Además la sentencia, que es recurrible, desestima la reclamación presentada por Apartamentos Gorraiz frente a Construcciones Juan Bautista Flores como vendedora de la parcela al entender que para reclamarle una responsabilidad patrimonial el daño sufrido por la demandante se tendría que haber derivado de la actuación de la codemandada y la magistrada no lo aprecia así.
* Noticias de Navarra - EP. - 15.03.11
Foto: Egüés (Navarra) - todopueblos
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El Grupo Ecologista pide a la Junta "transparencia" con las viviendas ilegales
Desde el GEM señalan que "sería agravio comparativo y una injusticia que a los ciudadanos británicos que compraron las casas en situación irregular se les aplicaran criterios diferentes a los que deben cumplir los ciudadanos españoles". "Lo que ha pasado en el Almanzora y en otras zonas de la provincia y de Andalucía es un caso de especulación urbanística y de flagrante incumplimiento de las leyes urbanísticas o de la Ley del Suelo". Son casos, continúan señalando desde el Grupo Ecologista en los que "promotores sin escrúpulos han querido aprovechar la tendencia de los ayuntamientos a hacer la vista gorda en las últimas décadas para sacar tajada sustanciosa".
"Ahora que llega el momento de revisar la situación de miles de viviendas en situación irregular exigimos por una parte el cumplimiento de las normas urbanísticas, tal y como se deben hacer cumplir a cualquier almeriense y al mismo tiempo le pedimos a la consejería que ponga en marcha aquellas investigaciones que sean precisas para determinar el grado de responsabilidad de promotores, propietarios, consistorios y cuerpos de seguridad".
* El Almería - 13.03.11
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net
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Madrid.- 'Desokupan' dos edificios en corredera Baja de San Pablo y la calle del Barco
"Nosotros trabajábamos en el edificio sobre todo los fines de semana solucionando humedades, cerrando grietas y agujeros...", explican fuentes del colectivo Patio Maravillas.
Estas últimas sospechan que el desalojo viene derivado de la denuncia interpuesta por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), propietaria del inmueble, tras haber alegado esta la ruina del mismo. "La EMVS ha denunciado que el edificio es peligroso para que, con una resolución judicial, la Policía lo desaloje", afirman.
Asimismo, los 'okupas' critican la "falta de diálogo" de la empresa pública por "no haber querido sentarse a negociar nunca sobre el futuro del inmueble".
Desde Patio Maravillas insisten en que seguirán peleando para que el espacio ahora 'desokupado' quede destinado para uso social del barrio. En un comunicado, el colectivo señala que el próximo 23 de marzo mantendrá una reunión con Pilar Martínez, delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, para presentarle una "propuesta arquitectónica, social y financiera" para el inmueble.
'Okupado' para evitar su venta
El edificio de Corredera Baja de San Pablo 20, que se comunica a su vez con el número 39 de la calle Barco, fue 'okupado' el 5 de enero bajo el pretexto de que "el Ayuntamiento de Madrid quería vender estas dotaciones sociales al mejor postor".
Según indicaron los artífices de estas acciones, en 1991 la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) compró estos inmuebles con la promesa de crear un centro social para el barrio, una guardería infantil y 6 viviendas tuteladas, promesa que apareció reflejada en el plan de acción de 2005, "pero incumplida como la posterior promesa de rehabilitar los edificios para albergar 19 viviendas de protección oficial escrita en el plan de acción de 2008".
Los 'okupas' aseguraron que tras 19 años y cinco de ellos "de completo abandono y de haber invertido al menos un millón de euros en la operación", el Ayuntamiento de Madrid puso en venta los edificios a finales del 2010 para paliar su deuda.
* El Mundo - 14.03.11
Foto: Agentes de la Policía Nacional, ante el edificio desalojado en la calle Corredera Baja de San Pablo, 20, en Madrid.- PATIOMARAVILLAS.NET
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Andalucía.- Urbanismo sostenido
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Hemos pasado del urbanismo sostenible al urbanismo sostenido del verbo sostener, que significa prestar apoyo, dar aliento o auxilio. Por eso, si utilizamos de forma rigurosa el idioma, podemos decir que desde hace una semana el Urbanismo en Málaga está en manos de un concejal sostenido. O sea, un edil al que se ha prestado apoyo, aliento y auxilio. En el caso de este concejal, se produce un hecho relevante. Además de un concejal sostenido, es un torpe. No se escandalicen, que no es un improperio de este articulista. Se trata de un adjetivo calificativo que se desprende de lo dicho por la persona que lo puso en el cargo: el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Torpeza, según la RAE, es una cualidad del torpe. Y según De la Torre, es en el terreno de la torpeza donde se inscribe el relato que sigue a continuación: un concejal de Urbanismo pide una licencia de obras para reformar su casa por un valor cinco veces inferior al presupuesto proyectado; contrata para hacer las obras a una cuadrilla de operarios, que hasta unos días antes, estaba trabajando en una piscina municipal cuya adjudicación investiga un juzgado de Málaga; piscina que adjudicó a dos promotores, uno, un amigo íntimo del hermano del edil, otro, un empresario al que el concejal le compró un vehículo de segunda mano que estuvo casi un año conduciendo con los papeles a nombre del promotor.
Torpe es una palabra con muchos sinónimos. Torpe es indecoroso, feo, tosco, falto de ornato y también desmañado, o sea falto de maña, destreza y habilidad. Al frente del Urbanismo, en muchos municipios de España, han estado personajes de sumo cuidado, algunos de los cuales han acabado en la cárcel. Puestos a ser optimistas, tranquiliza que en Málaga, de momento, nos estemos moviendo todavía en el terreno de la torpeza. Hace meses, De la Torre dijo que este torpe concejal era una de las personas mejor situadas para sucederle, si es que el alcalde de Málaga ha pensado alguna vez en que alguien le suceda. Siguiendo con el espíritu optimista, esta polémica igual ha servido para algo. Los ciudadanos vamos a seguir disfrutando de un concejal torpe, pero igual nos hemos librado de un futuro alcalde torpe.
El urbanismo sostenido, el de sostener con aliento y auxilio, es el que ha utilizado la Junta con los alcaldes de la comarca malagueña de la Axarquía y del Valle del Almanzora, en Almería. Media vida hablando de urbanismo sostenible, para fijar ahora un decreto que regularizará 25.000 casas ilegales levantadas en suelo no urbanizable. La torpe medida de la administración regional -por indecorosa, fea y falta de ornato- va a permitir sostener las candidaturas del PSOE, mayoritarios en los ayuntamientos de la zona, y prestar apoyo y auxilio a algunos regidores que se han visto inmersos en procedimientos judiciales por prevaricación urbanística.
La doctrina de sostenerla y no enmendarla, llevada al ámbito urbanístico, plantea serios inconvenientes. Pasar del urbanismo sostenible al urbanismo sostenido y del urbanismo sostenido al sostenido y no enmendado, puede tener buenos efectos electorales, pero mucho me temo que pueden ser nocivos para el ambiente político en general y para el medio ambiente paisajístico en particular. Si añadimos la torpeza como una eximente para los gobernantes en el ejercicio de su responsabilidad, la cosa se complica. La mayoría de los alcaldes inmersos en procesos judiciales por licencias en suelo no urbanizables han atribuido al desconocimiento su forma de actuar, más o menos la defensa que ha mantenido el concejal de Urbanismo de Málaga con sus torpezas y De la Torre con su defensa.
La conclusión final no puede ser más preocupante. Las ciudades y los pueblos que estamos construyendo están en manos de algunos torpes cuyos jefes apuestan por un urbanismo sostenido. De sostenerlos a ellos y de sostenerse ellos en el cargo.
* El País - Opinión - 15.03.11
La UE concluye que Barcelona debe "reducir urgentemente" el tráfico
Las calles barcelonesas son responsables de entre el 25% y el 30% de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias que padecen los ciudadanos, estima el estudio. El porcentaje duplica la incidencia de los vehículos sobre la salud registrada en Lubliana. "Hay que reducir la presencia de vehículos en el casco urbano", concluye el estudio, que alerta de la gravedad del fenómeno. "El beneficio para la salud de reducir el tránsito ha sido ampliamente subestimado hasta ahora", subraya. El Consistorio, sin embargo, maneja su propia teoria. "La solución pasa por mejorar las conexiones de transporte público de la ciudad con el resto del área metropolitana", señala Mayol.
"Eso sirve si el Ayuntamiento renuncia a mantener niveles de contaminación que garanticen adecuadamente la de la salud", advierte Laura Pérez-Grau, investigadora afincada en Suiza que codirigió el estudio de la UE.
El informe, que retrató la polución entre 2004 y 2006 para concluir que los niveles registrados durante esos tres años hurtaron 13,7 meses de vida a los barceloneses, ha destapado una incidencia del tráfico sobre la salud mayor a la asumida hasta ahora por la comunidad científica. "Antes se estudiaba la contaminación como un todo. Ahora se ha probado que los vehículos son más nocivos para la salud que las industrias porque emiten contaminantes prácticamente bajo la nariz misma de los ciudadanos", ilustra Xavier Querol, investigador que supervisó el proyecto de la Comisión. "Si Barcelona no recorta el tráfico, carece de margen de mejora respecto los niveles de contaminación", añade Pérez-Grau.
El Ayuntamiento, que considera "interesante" el informe comunitario, prefiere sus propias conclusiones. "Actuamos contra el tránsito con medidas como la implantación de la zona verde pero nos oponemos a restringir el uso del coche en el interior de la ciudad", argumenta Mayol. "Es inecesario porque la tendencia de la evolución de la contaminación es positiva", señala. "No es una lectura totalmente honesta", interpreta Pérez-Grau. "Barcelona ha mejorado pero es imprescindible actuar contra los coches", añade Querol.
Los expertos avalan la tendencia positiva de Barcelona y, en parte, la gestión medioambiental del Ayuntamiento. Si la ciudad estuviera colocada sobre la meseta castellana, señalan, previsiblemente haría sonrojar las cifras de contaminación que registra Madrid. Pero la orografía de la capital catalana complica las cosas: entre el mar, la montaña y la escasa precipitación, las partículas contaminantes y el dióxido de nitrógeno quedan estancadas sobre la ciudad. "En Barcelona hace falta más contundencia que en otras capitales", precisa Querol. "Eso pasa por reducir el tráfico".
Esta disminución no se producirá. "Habría muy pocos partidos políticos dispuestos a apoyar este tipo de restricciones", apunta Mayol. La reflexión, formulada por la dirigente del único partido ecologista del Consistorio, retrata la escasa disposición política a implantar medidas que puedan traducirse en un coste electoral. "Los científicos hemos cumplido, ahora depende de la valentía de los políticos", asume Pérez-Grau.
Parece escasa, aunque quizá parte de la responsabilidad recaiga sobre los electores. En Estocolmo, el peaje urbano se implantó en 2006 sin debate político: se puso a prueba durante seis meses, una comisión de expertos evaluó los efectos de la medida sobre la contaminación y el proyecto se sometió a votación popular. "Casi el 60% de los ciudadanos apoyó el peaje", precisa Querol. "En Barcelona, previsiblemente, el resultado habría sido muy distinto".
* El País - 14.03.11
Foto: Atasco Barcelona (archivo) - abc
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La crecida del Guadalhorce obliga al desalojo de varias casas construidas en suelo rústico
Medio centenar de personas participaron en el operativo entre Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Emergencias del 112 y bomberos del Consorcio. Sobre las 13.00 horas la situación quedó normalizada y se habilitó un cordón de seguridad en las viviendas inundadas para evitar que se pudiera acceder hasta ellas. Según las primeras valoraciones, los daños no han sido tan graves como los ocurridos en el primer trimestre del año pasado.
Los afectados tuvieron que salir de sus casas de madrugada y criticaron que Protección Civil no les alertó del peligro que corrían. «En torno a las tres de la mañana llamé porque estoy sola en casa con dos niños; me dijeron que estuviese tranquila, pero en hora y media la crecida era de dos metros de agua», aseguró Cintia Andreu, una de las afectadas.
Voluntarios
Otra de las vecinas que vivió con incertidumbre las primeras horas de la mañana de ayer fue Milagros Cruz. Su hijo vive en Santa Amalia y en cuanto conoció la situación llamó a varios amigos que le ayudaron a rescatar todo lo posible. Juan Antonio Coronado y José Carlos Solís llevaron su propia lancha hasta el lugar de los hechos, con la que rescataron a varios animales de las fincas, sobre todo caballos y perros, aunque al menos un poni y varios canes se han ahogado.
Tanto los afectados como los efectivos de salvamento y el Ayuntamiento señalaron como la causa principal de la inundación la apertura de los pantanos para desaguar, si bien la delegada de Medio Ambiente, Remedios Martel, aseguró ayer a este periódico que los niveles de desembalse estaban «dentro de las garantías que se permiten y solo aportan medio metro de crecida al cauce del río». En este sentido, recordó los importantes volúmenes que arrastran afluentes como el río Grande, que estos días lleva hasta cien litros por metro cuadrado. A estos aportes hay que sumar el volumen caído durante la tarde y la noche del viernes, que en puntos como Casarabonela superó los 108 litros.
El desembalse ha alcanzado los 62 metros cúbicos por segundo y se justificaba por el elevado caudal de entrada a los pantanos, superior a los 100 metros cúbicos por segundo. La Delegación continuará con las labores de desagüe al menos hasta el miércoles, ante la previsión de nuevas precipitaciones. La capacidad de las presas actualmente ronda el 90% y obliga a Medio Ambiente a continuar con esta labor, apuntó Martel.
Viviendas irregulares
El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, relató que las viviendas más afectadas se levantan en una zona catalogada como protegida e inundable, donde el Ayuntamiento mantiene una docena de expedientes abiertos por construcciones irregulares. En total, existen una veintena de expedientes abiertos por casas irregulares en la zona, donde incluso ya existen dos sentencias de demolición, donde el Consistorio está a la espera de la orden de ejecución. A su juicio, la lentitud de la justicia provoca que esta situación se convierta en «algo casi habitual cada vez que llueve más de lo habitual y se ordena un desembalse masivo de las presas». El municipio se ha hecho cargo del realojo de las tres familias afectadas, a las que ha ofrecido alojamiento y manutención.
Estación de Cártama
La barriada de Santa Amalia no fue la única afectada por las lluvias de la noche del viernes. Varios vecinos de la capital también tuvieron que ser evacuados por inundaciones en los bajos de sus casas; mientras que en Estación de Cártama entró agua en ocho casas de la zona de La Fabriquilla, según los vecinos, que denunciaron que la causa ha sido el desbordamiento de un arroyo urbano a la altura de la avenida Carlos Álvarez. Los afectados aseguraron que habían solicitado al Ayuntamiento de Cártama la limpieza del cauce, sin resultado.
El cielo dio una mínima tregua ayer, aunque los vecinos no dejan de mirar al cielo ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de que las lluvias reaparezcan con fuerza a partir de esta tarde y continúen al menos hasta la jornada del miércoles.
* Sur - 13.03.11
Foto: Un vecino observa los daños desde la entrada de su vivienda. El nivel del agua subió tanto que solo quedaron a la vista las copas de los naranjos - sur
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Madrid.- La EMVS vuelve a subastar promociones de pisos
La única subasta hasta ahora, ocurrida en septiembre de 2010, concretaba que los adjudicatarios tenían garantizado el arrendamiento protegido hasta que expirase el régimen de protección pública, a pesar de estar en manos privadas. La intervención provocó una intensa respuesta vecinal. Fuentes municipales explicaron a Madridiario que los contratos de alquiler mantendrán las mismas condiciones establecidas en los contratos. Además, en el pliego de condiciones de la subasta, se ha extendido la obligación de mantener las viviendas en alquiler hasta 2020, aun cuando la fecha de descalificación de la última de las promociones termina en 2018.
En el caso de las dos promociones de alquiler con opción a compra, los inquilinos podrán ejercer el derecho a la compra a los 7 años, tal y como establece la calificación de sus viviendas y sus contratos. Los recursos que pueda obtener la EMVS con la venta de estas cuatro promociones, se destinarán a seguir construyendo más vivienda social en alquiler, según la entidad.
Este tipo de operaciones se enmarcan en el proceso de transformación de la política de vivienda que está llevando a cabo la EMVS, que pretende crear, bajo el sostén legal creado por el Ministerio de Vivienda, un parque público de pisos de alquiler rotatorio.
El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Daniel Viondi, ha opinado que es "otro 'negociazo' para una empresa privada" por sus precios "irrisorios".
* Madridiario - 14.03.11
Foto: Madrid, viviendas EMVS subastadas - madridiario
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Los vecinos de Traiguera exigen al Consell que paralice el PAI Font de la Salut
El colectivo le recuerda al Síndic que el interés público está precisamente en conservar el lugar y sus construcciones, "tal como nos vinieron trasmitidos por las generaciones pasadas, obligándonos a pasarlo a las futuras en las mismas condiciones".
Proyecto
La urbanización Font de la Salut como proyecto, que arrancó en 2005 por parte de un empresario de Peñíscola, se ha visto afectada por numerosos cambios legislativos. En 2005 la proposición jurídico-económica y convenio urbanístico preveía unos costes de urbanización de 13,2 millones de euros para pavimentar los accesos a este punto de cultivos y monte desde las carreteras N-232 y CV-16, así como 60.000 euros en plusvalías para el ayuntamiento. Un decreto del Consell, declarando BIC, con la categoría de Monumento, el Real Santuario de la Mare de Déu de la Salut, afectó al ámbito del PAI en varias parcelas y obligó a su modificación.
El promotor reclamó a la Conselleria de Cultura y al servicio de aguas la compatibilidad del proyecto y la suficiencia de caudal de agua para este ámbito de más de 430.000 metros cuadrados. Facsa informó de la insuficiencia de recursos hídricos para esta zona, aislada del casco urbano.
* Levante - 14.03.11
Foto: El Real Santuario de la Font de la Salut de Traiguera data del siglo XVI.- levante
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Mérida.- La crisis del ladrillo y la financiera impiden abrir los nuevos accesos
Para el Ayuntamiento, para poder exigir urbanizar y para las promotoras, para hacerlo», admite Estrella Gordillo, delegada de Urbanismo.
La legislación da un plazo límite de cinco años para que la Administración obligue a urbanizar un terreno a una promotora -en el caso de Essay, el plazo se cumple a finales de año- pero, aún finalizado el plazo, los problemas no acaban. «Si están en quiebra o en serias dificultades, no actuarán y si, en caso extremo, tiene que hacerlo el Ayuntamiento la dificultad se llama también dinero», añade Gordillo.
«El problema en Mérida es que, hasta 2007, se ha actuado con irresponsabilidad en el diseño urbanístico. Cualquier persona entiende que el planeamiento de viviendas que se hizo no era razonable y ahora pagamos las consecuencias», finaliza la delegada de Urbanismo.
«El Ayuntamiento me pide que termine la urbanización pero no puedo porque no tengo liquidez. Aparte, se me debe un dinero por parte del Ayuntamiento y una familia, que también tienen parte de propiedad de las parcelas dentro de Agrupación de Interés Urbanístico que las debe desarrollar», resume Ángel Luis Mora, dueño de Essay, que dejó los trabajos en la Zona Norte al 75% de su ejecución. Su situación es tan delicada que una entidad financiera se ha quedado ya con dos parcelas. «No se puede hacer nada si no hay dinero», añade.
Mientras, la quiebra de Prointisa afecta al residencial Reina Sofía y a un vial relevante. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para ejecutar los avales depositados por Prointisa (unos 700.000 euros), aunque tardará un tiempo en recibir el dinero para llevar a cabo los trabajos que la promotora dejó cuando quebró. Se necesita para hacer un vial que, desde Reina Sofía, llegará a Monte Alto y a la N-630.
* Hoy - 14.03.11
Foto: Al fondo, pisos junto al Mercadona de Las Abadías. El vial debería ser la avenida Emérita Augusta.- hoy
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Málaga.- Calculan que hay 80.000 casas irregulares en la provincia y 300.000 vecinos afectados
No obstante, "la solución que planteó es que están haciendo unos inventarios" de las viviendas irregulares en el municipio, pero, según Vázquez, "llevan tres o cuatro años" elaborándolos y "tampoco recoge la totalidad: 1.500 viviendas cuando hay más de 5.000", ha asegurado.
Por tanto, ha manifestado que "queremos que sea una solución real y llegar al problema, en términos legales", ya que, a su juicio, "se está dando mucha publicidad a las legalizaciones que se están haciendo en la Axarquía, pero no queremos que se juegue a política con los vecinos con anuncios que carecen de realidad", indicando que "el decreto todavía tiene que pasarse a la Junta de Andalucía".
"La solución no es legalizar a base de talonarios, sino buscar una solución equilibrada para todo el problema", ha aseverado la presidenta APVI.
La presidenta de APVI ha indicado que se encuentra a la espera de que tanto el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón; el secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, como el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, respondan a la solicitud "formal" que ha presentado para reunirse con ellos.
No obstante, tiene previsto otros encuentros con el teniente de alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, cuya cita para el pasado día 8 quedó finalmente aplazada para la próxima semana; con el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón; de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz.
Según ha indicado Vázquez, necesitarían "un mínimo" de 35 mociones como iniciativa de los ayuntamientos, "en representación de 35.000 vecinos" de la provincia de Málaga, que, junto con el texto para la modificación de la LOUA que se encuentran preparando desde la asociación, presentarán en el Parlamento Andaluz. Para ello, cuentan además con el apoyo de otras asociaciones de las provincias de Cádiz y Almería.
Por último, ha señalado que los grupos de trabajo que han organizado con el objetivo de acceder a los pueblos que actualmente no poseen asociaciones a las que dirigirse con este problema "están cansados, porque los vecinos tienen miedo", principalmente, aquellos de los municipios más aislados.
En este sentido, ha señalado que "queremos conocer de primera mano los problemas de todos los diseminados para buscar una solución lo más equilibrada posible a la situación de la provincia", aunque, sin embargo, "nos es difícil llegar a ellos, porque hay que plantear soluciones con sus ayuntamientos, que verdaderamente no tienen la solución", ha concluido la presidenta de APVI.
* El Mundo - 14.03.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur
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Buenos Aires.- Especulación inmobiliaria
ALFREDO ZAIAT* : Una foto ilustra la disputa por viviendas populares a estrenar de familias que habitan en villas miseria, que han sido postergadas por décadas en la periferia más abandonada de la Ciudad. Otra foto muestra el crecimiento vertiginoso de la construcción en los últimos años, con decenas de nuevos edificios en diferentes barrios y el desarrollo comercial en zonas de la Capital que precipitaron un frenesí inmobiliario. Ambas instantáneas son manifestaciones de la política comunal en materia de administración del suelo urbano, donde la especulación, además de la ineficacia, es el principal (des)ordenador de la cuestión habitacional en el área metropolitana. La deficiencia de la política macrista en el área de viviendas es notable, teniendo en cuenta que no debía invertir mucho esfuerzo para mejorar las mediocres gestiones pasadas. Al asumir la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri heredó un plan para licitar 7000 viviendas en un acuerdo con el gobierno nacional. Debía comprometerse a invertir un 50 por ciento de los fondos que aportaría la Nación, en un esquema similar definido con el resto de las provincias. En Capital no se realizó esa convocatoria y el saldo fue que se construyeron muy pocas unidades para grupos sociales postergados. Pero la dificultad para el acceso a la vivienda propia se extiende al resto del país también a sectores medios.
Según un informe del año pasado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, desde el 2003 en los 24 distritos del país unas 723 mil familias han mejorado o están en vías de mejorar su situación habitacional a través del acceso a una nueva vivienda o el mejoramiento de la que habitan actualmente. Este plan federal fue el más intenso desde el período democrático iniciado en 1983 y recuperó la iniciativa de la administración central en materia de viviendas, tarea que había sido abandonada en los noventa. Ese notable esfuerzo se enfrenta a la existencia de un déficit estructural y condiciones estructurales de mercado que requieren de un abordaje adicional.
El problema de la vivienda forma parte de una realidad social compleja y es estudiada desde varias áreas, desde la economía, la arquitectura, la geografía y hasta las ciencias políticas. Esto requiere de una intervención interdisciplinaria alejada de la receta única. Por eso resulta necesario tomar de cada uno de esos campos de estudio aspectos fundamentales para aproximarse a los conflictos y dificultades en el acceso a la vivienda, que implica debatir la propiedad de la tierra (el uso del suelo), así como también analizar el desarrollo anárquico de las grandes urbes.
Desde la perspectiva económica, uno de los factores centrales es el aumento del valor de las propiedades, que produce varios efectos:
- Pese al aumento del empleo y del poder adquisitivo de los salarios en los sectores medios de la población, esos ingresos son insuficientes para poder adquirir una vivienda vía un crédito hipotecario.
- Si bien las tasas de interés de los préstamos hipotecarios son neutrales o apenas positivas en términos reales según el índice oficial de inflación y negativas, de acuerdo a estimaciones privadas, la relación cuota/salario es insuficiente para conseguir el monto del crédito necesario.
- El alza del precio de las propiedades genera también una suba del valor de los alquileres, que restringe así la capacidad de ahorro para comprar una vivienda, y en otros casos deriva en la imposibilidad de pagarlos y obliga a una mudanza a barrios periféricos.
La actividad inmobiliaria ha tenido un avance sostenido desde el 2003 al ritmo del fuerte crecimiento económico. Las bajas tasas de interés para depósitos en pesos no han sido atractivas para los inversores. Esos capitales se volcaron a los ladrillos, generando un boom de la construcción. El aspecto virtuoso de ese ciclo ha sido el de la generación de empleo y dinamización de actividades vinculadas a la construcción. El otro rostro de esa bonanza es que, pese a la construcción de miles de unidades, se ha agudizado el déficit habitacional en la ciudad. Propietarios de terrenos en barrios donde han vivido dos o tres generaciones de su familia son seducidos con impensadas ofertas de miles de dólares. El alza de los valores que se pagan por esos terrenos, acompañados por un aumento en los costos de la construcción, derivó en una suba significativa en el precio de las viviendas. Esos valores son convalidados por inversores porque las tasas de interés, en el mercado local como en el internacional, son muy poco atractivas. El mercado inmobiliario se convirtió entonces en un espacio de inversión de capitales con una elevada cuota de especulación. Así se va realimentando el ciclo con precios en dólares del metro cuadrado que superan por mucho a los vigentes durante la convertibilidad.
Este auge restringió aún más el acceso a la vivienda de los sectores medios y bajos. La necesidad de contar con terrenos para nuevos emprendimientos urbanos impuso el cambio de destino de muchas viviendas, en especial de las casas alquiladas u ocupadas en forma irregular por personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, lo cual produjo su desplazamiento a la periferia de la Ciudad. A la vez, por el alza de los precios de los inmuebles, aumentó considerablemente también el valor de los alquileres y los requisitos exigidos para calificar como locatario, lo que también excluyó del mercado a los sectores medios y bajos.
En términos globales, según estudios realizados por especialistas en urbanismo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 88 mil familias que tienen necesidades de una vivienda social, 150 mil que viven en villas de emergencia, 220 mil en casas tomadas, 60 mil en inquilinatos, 60 mil en hoteles, y 120 mil que se hacinan, viviendo familias enteras alquilando una habitación de una casa. Por otro lado hay otros 600 mil habitantes de clase media y de clase media baja que no son propietarios. En total, se estima en 1.200.000 las personas que necesitan vivienda, ya que 4 de cada 10 vecinos no tienen vivienda propia. Esas cifras no son desconocidas por la gestión de Macri, puesto que similares, aunque con menor desagregación, se encuentran en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires, en el link del Instituto de la Vivienda. El informe se titula “Situación habitacional de la Ciudad”, elaborado a partir de datos de la Dirección General de Estadística y Censos. En ese documento se describe que “la Ciudad presenta una situación de formalización con respecto a la tenencia de la vivienda en la que el 60,7 por ciento de los hogares es propietario de la vivienda y el terreno, un poco más de un cuarto es inquilino y el 11,6 por ciento reside en una vivienda de manera irregular o precaria”. En otro punto del informe se precisa que “si se analiza la distribución de los diferentes tipos de vivienda en que habitan los hogares según zona geográfica, se puede observar que las zonas B y C (sureste de la Ciudad) son las que presentan los mayores problemas, con un 13,1 y 12,2 por ciento de déficit habitacional”.
Esta situación de precariedad habitacional convive con un período extraordinario de crecimiento de la construcción en Capital, unidades nuevas que no tienen ningún impacto sobre esa población necesitada de una casa propia. En el tema de la vivienda, con el déficit habitacional y el precio de los alquileres, se sabe que la improvisación y los parches para obtener respuestas de corto plazo no brindan buenos resultados. Cuando es el mercado, en su más amplia expresión, el que determina la dinámica de funcionamiento de una actividad tan sensible, una estrategia pública subordinada a esa lógica sólo agudiza las contradicciones e inequidades.
* Página 12 - Opinión - 13.03.11
Kanarileaks publica en vídeo las declaraciones en el TSJC del 'caso Las Teresitas'
Por la extensión del material, Kanarileaks añade resúmenes de cada grabación para facilitar su asimilación, aunque recomienda de forma encarecida que los usuarios de la información visualicen la totalidad de los vídeos, indispensable para una comprensión completa.
Las grabaciones íntegras también están colgadas en la web.
En próximas fechas, Kanarileaks publicará nuevas declaraciones y respetará el secreto de sumario, siempre y cuando, las grabaciones puedan dar lugar a interferencias o manipulaciones que entorpecerían la investigación.
En esta primera entrega de grabaciones cuyos resúmenes figuran en vídeo en la columna de la derecha de esta información los protagonistas son Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y principal imputado, Víctor Reyes, secretario de la Gerencia de Urbanismo y la testigo Pía Oramas, arquitecta municipal que realizó un informe contradictorio con respecto al precio que se pagó por el frente de playa de Las Teresitas.
Miguel Zerolo Aguilar es el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, un cargo que ocupa desde 1995 y que abandonará el próximo 22 de mayo, y diputado por CC en el Parlamento de Canarias desde el año 2003.
En 2001, el año en que el Ayuntamiento compró el frente de playa de Las Teresitas, Zerolo consumaba su segundo mandato como alcalde, una condición que le convierte en el máximo responsable político de las decisiones que se toman en el Consistorio de Santa Cruz.
Zerolo, además, es el principal impulsor de la adquisición del frente de playa, por el que la Administración municipal pagó 8.750 millones de pesetas a la sociedad Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, y cuyos administradores mancomunados son sus hijos, Carlos Plasencia y Pedro González.
La operación fue anulada por el Tribunal Supremo el 3 de mayo de 2007. En la primera declaración de las Diligencias Previas 17/2006, Zerolo estaba imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. Posteriormente, durante la instrucción, se le añadió una nueva imputación por cohecho.
Juan Víctor Reyes Delgado, funcionario de carrera y licenciado en Derecho, es el actual secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un cargo que ya ostentaba en el momento en el que se tramitó la operación de compraventa de las once parcelas del frente de playa de Las Teresitas, que se hizo efectiva el 23 de julio de 2001.
En la pirámide del organigrama técnico del departamento capitalino, Reyes ocupa la cúspide por su condición de secretario delegado, lo que le convierte en el máximo responsable de las cuestiones jurídicas que se tramitan en la Gerencia.
En el año 2001, en orden jerárquico, por encima de Reyes sólo se encontraban el gerente de Urbanismo, José Tomás Zárate, el consejero director del ente, el concejal Manuel Parejo, y el alcalde del municipio, Miguel Zerolo.
Víctor Reyes emitió un informe favorable al convenio de la compraventa que fijaba el precio en 8.750 millones de pesetas.
Por su parte, la testigo Pía Oramas fue durante años arquitecta municipal, funcionaria de carrera, del Servicio de Planeamiento y Gestión de la Gerencia de Urbanismo.
En cumplimiento de sus funciones, Oramas elaboró un informe en el que concluyó que el valor de las once parcelas era de 3.277 millones de pesetas. El documento no se tuvo en cuenta en el convenio.
El Tribunal Supremo, el 3 de mayo de 2007, anuló la operación de compraventa de las once parcelas del frente de Las Teresitas, por las que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña pagó 8.750 millones de pesetas. El motivo: la ausencia en el expediente de un informe pericial de un arquitecto municipal.
Poco después de la tramitación del expediente de Las Teresitas, Oramas abandonó su puesto en el Ayuntamiento y se incorporó a la Unidad del Plan Insular de Ordenación del Territorio del Cabildo de Tenerife, un cargo que aún ocupa en la actualidad.
* Canarias Ahora - 14.03.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
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El artículo ´olvidado´ de la Ley de Costas
El "apantallamiento" y el consiguiente desastre visual se ha consolidado en la mayoría de los municipios costeros valencianas pese a que existían instrumentos legales específicos y suficientes para evitarlo en el artículo 30 de la Ley de Costas de 1988.
Ni la Conselleria de Obras Públicas, primero, ni la de Medio Ambiente, después, han puesto el menor interés en su cumplimiento y la Administración valenciana ha encontrado un aliado en la Jefatura de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, que no en todos los casos ha elaborado el informe preceptivo que al menos hubiera señalado la ilegalidad, ni ha hecho valer el "Inventario de Usos Costeros" de 1988, una radiografía del planeamiento urbanístico de estos municipios en el momento de la entrada en vigor de la ley de Costas. Más aún, 19 de los 24 anexos correspondientes a la ficha de los municipios litorales de Valencia han sido arrancados del documento de consulta disponible en Costas, según asegura al abogado José Luis Ramos, autor de varios recursos presentados por la inaplicación de la norma.
Protección
La Ley de Costas no impide edificar en la franja de afección de 500 metros, que arranca donde acaba el deslinde del dominio público estrictamente protegido, aunque establece límites al planificador para "evitar la formación de pantallas arquitectónicas", explica José Luis Ramos. El artículo 30 prohíbe "la acumulación de volúmenes en la zona de afección, sin que a estos efectos la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar que exista en ese momento el término municipal. De ahí la importancia del Inventario de Usos", añade.
El Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la norma en una sentencia de 1991 y existe, según el abogado, jurisprudencia que desmonta la supuesta "indeterminación" de la norma argumentada por la Generalitat para justificar que no aplicara el artículo en los casos que han llegado a los tribunales.
En este sentido, José Luis Ramos recuerda que el efecto de "pantalla arquitectónica" que la ley persigue se produce cuando la densidad de edificación en la zona de influencia es superior a la media de la que existe en el resto del municipio, por lo que la supuesta inconcreción es "solo una excusa, sobre todo si se disponía, como es el caso de un inventario con esos datos cuya existencia se me ha llegado a negar", apuntó.
* Levante - 13.03.11
Foto: El artículo ´olvidado´ de la Ley de Costas. Apantallamiento - levante
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Imputan a un cuarto ex directivo de la caja El Monte en una rama del caso Malaya
El juez instruye esta rama desgajada de la causa principal por presunta corrupción urbanística y en diciembre pasado tomó declaración al exgerente de El Monte F.F.G., al exdirector general J.P.A.G. y al exsecretario de la caja sevillana J.M.G.F.
La operación investigada deriva de un suelo que había sido objeto de expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento de Marbella que luego fue vendido a Portillo cuando Jesús Gil ocupaba la alcaldía.
Según las fuentes, los exdirectivos están imputados por, presuntamente, haber conocido estas circunstancias, haber actuado en perjuicio de los expropiados o conocer el destino de la operación para blanquear dinero.
La operación se firmó en 1999 y se devolvió en su integridad, por lo que los exdirectivos sostienen que no causó ningún perjuicio a la entidad bancaria y, además, el presunto delito estaría prescrito por haberse cometido hace doce años.
El juez debe tomar declaración aún al exdirector territorial, que ha sido citado para el próximo 28 de abril.
* El Confidencial - EFE - 13.03.11
Foto: Caja de ahorros el Monte, logo - google
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«Los especuladores ya pueden esperar sentados. La burbuja devoró los ahorros del país»
LEVANTE/Entrevista* : Economista y estadístico. J.M.Naredo (1942) fue uno de los primeros investigadores que habló en España de «economía ecológica». En 2010 codirigió para el Ministerio de Vivienda el «Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español». Ahora analiza el modelo inmobiliario en un libro coescrito con el valenciano Antonio Montiel.
-¿Haremos honor a nuestra condición y tropezaremos con la misma piedra del boom inmobiliario cuando pase esta crisis?
-No me parece bien meter en un mismo saco a toda la gente. Habrá algunos que estén deseando tropezar muchas veces con esa piedra, porque se han forrado. Sin embargo, otros seguirán pagando durante decenios las hipotecas con unos valores inflados. Y el Estado tiene que salvar cajas de ahorros con el dinero de los españoles. Unos pagan los platos rotos y otros han sacado tajada. Habría que hacer un diagnóstico acertado para que la ciudadanía tuviera información de lo que ha ocurrido y de los problemas que ha generado la burbuja inmobiliaria. La finalidad del libro «El modelo inmobiliario español» es elaborar el diagnóstico de lo que ha ocurrido, sus consecuencias y los posibles remedios y alternativas.
-¿Cómo ha funcionado la burbuja inmobiliaria y quién se ha beneficiado de ella?
-Se han beneficiado los que han conseguido añadir varios ceros al valor de determinados terrenos y obtener unas plusvalías jugosas, por la varita mágica de las recalificaciones y reclasificaciones que les permitía pasar las hectáreas de suelo rústico a metros cuadrados de superficie construida. En este proceso hay colectivos que se han lucrado masivamente, algunos sin invertir y sin riesgo, como los gestores de suelo, que han abundado en la Comunitat Valenciana. Buscaban por los municipios suelo para reclasificar, meter volumen construido y ofrecerlo a promotores y constructores. Pero cuando ya han sacado la plusvalía, las viviendas se han quedado en el esqueleto. La burbuja funciona de sacar plusvalías. Al mismo tiempo se piensa que van a subir los precios inmobiliarios y la gente compra porque piensa que va a subir. Y sube porque la gente compra y cada vez compra más a crédito, gracias a la bajada de tipos de interés y la ampliación de los plazos... Se ha financiado esta burbuja que ha devorado el ahorro de los españoles y que, después, se ha financiado con el endeudamiento exterior de la economía española, que es lo que ahora lastra la crisis. Y todo esto con unos riesgos superconcentrados de las entidades financieras y muy en particular de las cajas de ahorro que han concentrado su exposición al riesgo inmobiliario de forma espectacular.
-Y parece que los especuladores esperan volver a las andadas.
-La crisis no ha durado todavía lo suficiente para que aún piensen que se puede volver a las andadas. Sin duda, pueden esperar sentados. Si la financiación de la burbuja ha devorado el ahorro del país una vez, no lo puede devorar otra vez de inmediato. Cuando España ha pasado de ser el país con menor porcentaje de endeudamiento respecto a la renta disponible de nuestro entorno a estar por encima de todos, incluido EE UU... En los años finales del boom los hogares pedían más dinero a los bancos de lo que aportaban... Todo esto no podía prolongarse indefinidamente, era imposible, aunque nuestros políticos miraran para otro lado. Ha sido un boom de precios pero también de construcción pues se ha sobredimensionado el parque inmobiliario y se ha producido un stock inmobiliario muy potente en busca de compradores. Es lo que lastra el mercado, que tardará al menos un lustro en digerirlo.
-¿Qué ha influido más en la burbuja el ansia de los especuladores por sacar tajada o que nadie renuncia al beneficio de comprar un piso y venderlo por el doble?
-Son las dos caras de la misma moneda. Se generan expectativas de subidas de precios y se desata la burbuja, que hace que los particulares que compran pisos vean cómo se revalorizan, y se induce a la gente a comprar viviendas en propiedad, porque trae a cuenta. Es la simplificación total del modelo inmobiliario el que empuja a comprar vivienda en propiedad. Y también la falta de diversificación financiera. ¿Qué hacen los hogares? O ingresan su ahorro a plazo, con una rentabilidad bajísima o se lo juegan en la bolsa o lo invierten en ladrillo. En otros países hay más diversificación financiera, hay entidades especializadas en alquiler que emiten en los mercados financieros, ofreciendo productos de gran seguridad y apreciable rentabilidad. Esta posibilidad no existe en este país.
-Además de engullir las viviendas vacías habrá que decidir qué hacer con las proyectadas. En la C. Valenciana sólo 52 municipios tramitan 718.106 nuevas.
-Ése es el problema: si se añaden las viviendas en venta a las que están en construcción y las que están con licencia pero no iniciadas, nos topamos con más de dos millones de viviendas. Esto es lo que lastra cualquier repunte en el sector inmobiliario, porque es absurdo iniciar nuevas viviendas cuando ya existen tantas pendientes de venta. Se intentan terminar viviendas en construcción y rematar operaciones de suelo para hacer que luzcan mejor en el activo de las empresas. Es el caso de la Operación Chamartín en Madrid con 17.000 viviendas. No tiene sentido construirlas ahora, pero si consolidar la operación para que luzca en el balance de la inmobiliaria —del Grupo BBVA—, en el que figura y que ya no sea una entelequia. Es el forcejeo en el que la crisis de liquidez ha pasado a ser crisis de solvencia. Las financieras o inmobiliarias intentan lavar la cara a sus balances, apreciando más sus activos.
-¿Se podría renunciar a construir las viviendas pendientes?
-Hay que tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario agotado, que no permite resolver los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. ¿Cuál es el primer problema? Que hay un exceso e infrautilización del suelo urbanizable, de infraestructuras y viviendas. ¿Cuál sería el principal objetivo del planeamiento? Gestionar en régimen de escasez los dos grandes stocks patrimoniales que son el suelo y el patrimonio construido, reconvertirlos y reutilizarlos para paliar la carga excesiva de la deuda inmobiliaria. Esta opción debería plantearse en un plan, donde se reorientara el modelo hacia las antípodas del actual. ¿Cómo sería eso? Habría que ir desde privilegiar la vivienda como inversión a hacerlo como bien de uso. Desde la realización de plusvalías hacia el cobro de rentas, desde la construcción de nuevas viviendas a la rehabilitación, reutilización y ocupación del patrimonio construido, de la vivienda libre a la vivienda social. Pero lo que no tiene sentido es dar dinero a las cajas de ahorro y que se coman ellas los stocks de vivienda que tenían. Se deberían canjear esos stocks y reconvertirlos en vivienda social, que prácticamente no existe.
-Su propuesta para salir de la crisis es firmar un Pacto de Estado de la reforma del modelo inmobiliario. ¿Qué incluiría?
-Un diagnóstico claro para plantear los objetivos: reconvertir o reutilizar los stocks de suelo, infraestructuras, vivienda, paliar la carga de la deuda, etc. Un problema es que se han cedido las competencias en urbanismo a los gobiernos autonómicos y locales. Aunque el Estado mantiene competencias de mínimos en medio ambiente, y si se vincula el urbanismo a la sostenibilidad, como es de cajón, el estado podría recuperar la posibilidad de coordinar ese giro. Pero los gobiernos regionales y locales están con unos problemas de financiación tremendos al haber vinculado buena parte de sus ingresos y a la burbuja. Habría que replantear la financiación de los ayuntamientos y las comunidades, pero no sin contrapartidas. No tiene sentido un Plan E de dar dinero a tontas y a locas sin contrapartida alguna a los ayuntamientos. Tiene que haber exigencias. Hay una cuestión que es básica. Debería establecerse un protocolo de mínimos, en el que exista una estrategia de reconversión del modelo. Ese protocolo debería tener un núcleo administrativo responsable de la gestión a nivel regional, municipal o de mancomunidades. Este núcleo sería responsable de normas e instrumentos e incluiría un sistema de información que abarque todo el territorio y que incluya un proceso de participación ciudadana. Serían las tres patas sobre las que tendría que apoyarse esta reconversión del modelo. Sin ellas no debería dárseles financiación. Hay que exigir un replanteamiento. Y no se puede replantear la ciudad sin contar con la ciudadanía. Habría que hablar más de metabolismo económico, con todas sus dimensiones, con visión integrada y un cambio de lógica... Es lo que dicen los documentos de la Unión Europea. Que se asegurara esa visión integrada, ese cambio de lógica que supondría ver el proceso como proyecto urbano, con todo su metabolismo, y su incidencia territorial. Implantar los sistemas de información, los núcleos administrativos responsables y el proceso de participación, que concretaría el compromiso público institucional hacia esa reconversión.
«El urbanismo sigue en el franquismo y ha ido a peor»
-¿Seguimos anclados en el franquismo en materia urbanística?
-Sí, se sigue anclado pero hay cosas que han ido a peor. Se ha afianzado una refundación oligárquica del poder, en el que se unen los promotores y constructores y los políticos, que tienen la llave del negocio inmobiliario, que ha naturalizado la «cultura del pelotazo». Y se une una financiación potente con las instituciones financieras deseando hacer negocio. En época de Franco, los que tenían poder modificaban a su antojo el planeamiento, pero se calificaba como escándalo. Pero hoy se saluda como buen hacer político y empresarial que, de pronto, una operación meta un volumen impresionante en una zona que antes era verde o deportiva, como las torres de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. O los numerosos PAI en Valencia. Esas operaciones dependen exclusivamente del poder de los que manejan esos contactos.
-Un efecto es que el urbanismo se relaciona con la corrupción.
-Todo se arrastra desde el franquismo: una administración parasitada por los grupos empresariales que mandan en cada sector, o los partidos políticos que mandan en cada municipio. Siguen manejando entre bastidores los grandes negocios de espaldas a la ciudadanía y al planeamiento. Es esa refundación oligárquica del poder, la que da manga ancha a los poderosos para ordenar la ciudad y el territorio a golpe de operaciones y megaproyectos. Al contar con una financiación barata y abundante se generó el cóctel explosivo para el urbanismo y el territorio que sacudió al país durante más de un decenio. El problema es que la burbuja especulativa es un juego de suma cero en el que unos sacan tajada y otros pagan los platos rotos. Mientras iba para arriba se pensaba que ganaban todos. Pero cuando se ha venido abajo, muchos tienen que pagar este akelarre de operaciones y megaproyectos. Y se produce un efecto pobreza. Durante el auge, a la ciudadanía se le revalorizaban sus pisos, pero ahora se genera liquidez: y para vender hay que rebajar.
* Levante - Entrevista - 13.03.11
Marbella.- «Sean Connery es un imputado más en un caso más»
-¿Por qué decidió dejar los juzgados de Marbella?
-Los Juzgados de Instrucción de Marbella son una plaza judicial complicada que requieren de una plena disposición de la persona que dirige los órganos judiciales. Yo la he tenido durante un número de años que estimo que es razonable y, cuando he comenzado a sentir cierto nivel de cansancio, he entendido que era el momento de efectuar el cambio. En cualquier caso, considero que un profesional no debe de eternizarse en este tipo de juzgados.
-¿Hay una carga excesiva de trabajo en estos órganos judiciales?
-Sí, pero en Instrucción no es tanta la cantidad de temas que se llevan en los órganos judiciales como la calidad de los mismos. Tienen una enorme trascendencia técnica, son muy complejos y requieren de una plena disposición y de un compromiso personal muy grande. El 'caso Minutas', por ejemplo, ha sido una causa que ha terminado con cerca de 140 tomos y unos 54.800 folios y que me ocupó prácticamente la instrucción de todo el año 2009.
-Marbella se ha convertido en una plaza de paso para los jueces.
-Sí, básicamente por los motivos que explicaba. Al implicarte tanto y con tanta profundidad en la instrucción de asuntos tan complejos, con una presión evidente, eso genera en quien ha pasado por este tipo de juzgados el deseo en un momento determinado de servir en juzgados un tanto mas tranquilos.
-Cuando habla de presión, supongo que también se refiere al interés mediático en algunos casos judiciales. ¿Ha sentido esa presión?
-Efectivamente. Hay mucha presión mediática, lo que supone un añadido a la calidad de los asuntos que en Marbella se tienen. Sí, sí la he sentido, sobre todo en el 'caso Minutas' y en la 'Operación Goldfinger'. He sentido una enorme presión, tanto mediática como por parte de la propia causa y de las representaciones procesales de las partes.
-El 'caso Minutas' se juzga en la actualidad en la Audiencia Provincial. ¿Sigue el desarrollo del juicio? ¿Tiene su propia quiniela?
-No. Trato de hacer mi labor instructora lo mejor que puedo, pero una vez que termino la instrucción, no acostumbro a seguir posteriormente la fase de enjuiciamiento. Pero no de este caso, sino de ninguno en mis ya nueve años de juez de instrucción.
-¿No siente curiosidad?
-No. Tengo una visión totalmente aséptica sobre cualquiera de las causas que he instruido.
-Recibió una prórroga para culminar la instrucción del 'caso Goldfinger'. ¿Le hubiera gustado poner el broche final?
-No, no tengo ningún tipo de inquietud al respecto. A falta de las últimas diligencias instructoras y de investigación, entiendo que el procedimiento a mi marcha quedo prácticamente encarrilado, con imputaciones bien perfiladas.
-¿Y poder tomar declaración a Sean Connery antes de su traslado?
-Tampoco. Para mí es un imputado más en un caso más.
-¿Le tiembla la mano a un juez al imputar a una personalidad?
-No, los profesionales de la administración de justicia en general tratan todos los asuntos con una total objetividad y desde un punto de vista profesional. No se mira el nombre de la persona. Evidentemente, hay determinadas personalidades que generan ciertos niveles de presión, pero tenemos que estar acostumbrados a soportarla y a saberlo llevar.
-¿Hasta dónde llegaría la supuesta participación del matrimonio Connery en las operaciones que se investigan en el 'caso Goldfinger'?
-Debe entender que no voy a hacer ningún tipo de comentario sobre la instrucción del proceso. Por respeto a la propia instrucción, que sigue abierta, y por respeto a las partes procesales y al nuevo instructor del caso.
-Recibió una carta del embajador de Reino Unido en España que puso a disposición del CGPJ.
-Sí, pero me gustaría aclarar que yo en ningún momento pedí amparo al Consejo General del Poder Judicial. Me limité a dar traslado al órgano de Gobierno de los jueces de la comunicación del embajador británico en España, que se dirigía a mí de manera personal, un hecho que me sorprendió por entender que está fuera de las circunstancias ordinarias en las que se desarrolla un proceso. Y, desde esta perspectiva, sí podemos decir que el hecho es anormal, porque no es frecuente que el embajador de Reino Unido remita una carta a cada juez español que imputa a un ciudadano británico. En cualquier caso, el Consejo no podía entrar a resolver una petición de amparo cuando yo no solicité ningún amparo.
-¿Se sintió presionado por la carta del embajador británico?
-No, en ningún momento.
-¿Qué necesitan los Juzgados de Instrucción de Marbella para dejar de ser órganos judiciales de paso?
-La delincuencia en Marbella es básicamente económica. La instrucción de este tipo de causas es extraordinariamente compleja y el derecho Penal que se maneja en Marbella es de una enorme precisión técnica. Por eso los órganos de Marbella necesitan de una especialización en este tipo de materias y la Administración de Justicia debería de hacer un enorme esfuerzo por especializar a los jueces, primero, y a los órganos judiciales, después, en materia de delincuencia penal económica.
* SUR - 13.03.11
Foto: Marbella, urbanización Malibú, Sean Connery - tengonoticias
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