Buenos Aires.- Especulación inmobiliaria

ALFREDO ZAIAT* : Una foto ilustra la disputa por viviendas populares a estrenar de familias que habitan en villas miseria, que han sido postergadas por décadas en la periferia más abandonada de la Ciudad. Otra foto muestra el crecimiento vertiginoso de la construcción en los últimos años, con decenas de nuevos edificios en diferentes barrios y el desarrollo comercial en zonas de la Capital que precipitaron un frenesí inmobiliario. Ambas instantáneas son manifestaciones de la política comunal en materia de administración del suelo urbano, donde la especulación, además de la ineficacia, es el principal (des)ordenador de la cuestión habitacional en el área metropolitana. La deficiencia de la política macrista en el área de viviendas es notable, teniendo en cuenta que no debía invertir mucho esfuerzo para mejorar las mediocres gestiones pasadas. Al asumir la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri heredó un plan para licitar 7000 viviendas en un acuerdo con el gobierno nacional. Debía comprometerse a invertir un 50 por ciento de los fondos que aportaría la Nación, en un esquema similar definido con el resto de las provincias. En Capital no se realizó esa convocatoria y el saldo fue que se construyeron muy pocas unidades para grupos sociales postergados. Pero la dificultad para el acceso a la vivienda propia se extiende al resto del país también a sectores medios.

Según un informe del año pasado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, desde el 2003 en los 24 distritos del país unas 723 mil familias han mejorado o están en vías de mejorar su situación habitacional a través del acceso a una nueva vivienda o el mejoramiento de la que habitan actualmente. Este plan federal fue el más intenso desde el período democrático iniciado en 1983 y recuperó la iniciativa de la administración central en materia de viviendas, tarea que había sido abandonada en los noventa. Ese notable esfuerzo se enfrenta a la existencia de un déficit estructural y condiciones estructurales de mercado que requieren de un abordaje adicional.

El problema de la vivienda forma parte de una realidad social compleja y es estudiada desde varias áreas, desde la economía, la arquitectura, la geografía y hasta las ciencias políticas. Esto requiere de una intervención interdisciplinaria alejada de la receta única. Por eso resulta necesario tomar de cada uno de esos campos de estudio aspectos fundamentales para aproximarse a los conflictos y dificultades en el acceso a la vivienda, que implica debatir la propiedad de la tierra (el uso del suelo), así como también analizar el desarrollo anárquico de las grandes urbes.

Desde la perspectiva económica, uno de los factores centrales es el aumento del valor de las propiedades, que produce varios efectos:

- Pese al aumento del empleo y del poder adquisitivo de los salarios en los sectores medios de la población, esos ingresos son insuficientes para poder adquirir una vivienda vía un crédito hipotecario.

- Si bien las tasas de interés de los préstamos hipotecarios son neutrales o apenas positivas en términos reales según el índice oficial de inflación y negativas, de acuerdo a estimaciones privadas, la relación cuota/salario es insuficiente para conseguir el monto del crédito necesario.

- El alza del precio de las propiedades genera también una suba del valor de los alquileres, que restringe así la capacidad de ahorro para comprar una vivienda, y en otros casos deriva en la imposibilidad de pagarlos y obliga a una mudanza a barrios periféricos.

La actividad inmobiliaria ha tenido un avance sostenido desde el 2003 al ritmo del fuerte crecimiento económico. Las bajas tasas de interés para depósitos en pesos no han sido atractivas para los inversores. Esos capitales se volcaron a los ladrillos, generando un boom de la construcción. El aspecto virtuoso de ese ciclo ha sido el de la generación de empleo y dinamización de actividades vinculadas a la construcción. El otro rostro de esa bonanza es que, pese a la construcción de miles de unidades, se ha agudizado el déficit habitacional en la ciudad. Propietarios de terrenos en barrios donde han vivido dos o tres generaciones de su familia son seducidos con impensadas ofertas de miles de dólares. El alza de los valores que se pagan por esos terrenos, acompañados por un aumento en los costos de la construcción, derivó en una suba significativa en el precio de las viviendas. Esos valores son convalidados por inversores porque las tasas de interés, en el mercado local como en el internacional, son muy poco atractivas. El mercado inmobiliario se convirtió entonces en un espacio de inversión de capitales con una elevada cuota de especulación. Así se va realimentando el ciclo con precios en dólares del metro cuadrado que superan por mucho a los vigentes durante la convertibilidad.

Este auge restringió aún más el acceso a la vivienda de los sectores medios y bajos. La necesidad de contar con terrenos para nuevos emprendimientos urbanos impuso el cambio de destino de muchas viviendas, en especial de las casas alquiladas u ocupadas en forma irregular por personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, lo cual produjo su desplazamiento a la periferia de la Ciudad. A la vez, por el alza de los precios de los inmuebles, aumentó considerablemente también el valor de los alquileres y los requisitos exigidos para calificar como locatario, lo que también excluyó del mercado a los sectores medios y bajos.

En términos globales, según estudios realizados por especialistas en urbanismo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 88 mil familias que tienen necesidades de una vivienda social, 150 mil que viven en villas de emergencia, 220 mil en casas tomadas, 60 mil en inquilinatos, 60 mil en hoteles, y 120 mil que se hacinan, viviendo familias enteras alquilando una habitación de una casa. Por otro lado hay otros 600 mil habitantes de clase media y de clase media baja que no son propietarios. En total, se estima en 1.200.000 las personas que necesitan vivienda, ya que 4 de cada 10 vecinos no tienen vivienda propia. Esas cifras no son desconocidas por la gestión de Macri, puesto que similares, aunque con menor desagregación, se encuentran en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires, en el link del Instituto de la Vivienda. El informe se titula “Situación habitacional de la Ciudad”, elaborado a partir de datos de la Dirección General de Estadística y Censos. En ese documento se describe que “la Ciudad presenta una situación de formalización con respecto a la tenencia de la vivienda en la que el 60,7 por ciento de los hogares es propietario de la vivienda y el terreno, un poco más de un cuarto es inquilino y el 11,6 por ciento reside en una vivienda de manera irregular o precaria”. En otro punto del informe se precisa que “si se analiza la distribución de los diferentes tipos de vivienda en que habitan los hogares según zona geográfica, se puede observar que las zonas B y C (sureste de la Ciudad) son las que presentan los mayores problemas, con un 13,1 y 12,2 por ciento de déficit habitacional”.

Esta situación de precariedad habitacional convive con un período extraordinario de crecimiento de la construcción en Capital, unidades nuevas que no tienen ningún impacto sobre esa población necesitada de una casa propia. En el tema de la vivienda, con el déficit habitacional y el precio de los alquileres, se sabe que la improvisación y los parches para obtener respuestas de corto plazo no brindan buenos resultados. Cuando es el mercado, en su más amplia expresión, el que determina la dinámica de funcionamiento de una actividad tan sensible, una estrategia pública subordinada a esa lógica sólo agudiza las contradicciones e inequidades.

* Página 12 - Opinión - 13.03.11


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Kanarileaks publica en vídeo las declaraciones en el TSJC del 'caso Las Teresitas'

CANARIASAHORA* : Primera entrega del alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el secretario de la Gerencia de Urbanismo. Kanarileaks pone en manos de la sociedad las declaraciones judiciales de las personas implicadas en el conocido como caso Las Teresitas. Los primeros tres testimonios están incluidos en las diligencias previas 17/2006, declaradas secretas que, en febrero de 2008, levantó parcialmente la magistrada que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Kanarileaks hace públicos ahora, por primera vez, los vídeos de las declaraciones. Este material es de suma importancia para la investigación, como evidencia la jueza durante las declaraciones, llegando incluso a replicar a la fiscal y al declarante que “todas las preguntas seguidas y todas las respuestas seguidas, ni se puede coger y, lo peor, no se puede oír en la cinta… y entonces no tenemos nada”, indica Kanarileaks en su web.

Por la extensión del material, Kanarileaks añade resúmenes de cada grabación para facilitar su asimilación, aunque recomienda de forma encarecida que los usuarios de la información visualicen la totalidad de los vídeos, indispensable para una comprensión completa.

Las grabaciones íntegras también están colgadas en la web.

En próximas fechas, Kanarileaks publicará nuevas declaraciones y respetará el secreto de sumario, siempre y cuando, las grabaciones puedan dar lugar a interferencias o manipulaciones que entorpecerían la investigación.

En esta primera entrega de grabaciones cuyos resúmenes figuran en vídeo en la columna de la derecha de esta información los protagonistas son Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y principal imputado, Víctor Reyes, secretario de la Gerencia de Urbanismo y la testigo Pía Oramas, arquitecta municipal que realizó un informe contradictorio con respecto al precio que se pagó por el frente de playa de Las Teresitas.

Miguel Zerolo Aguilar es el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, un cargo que ocupa desde 1995 y que abandonará el próximo 22 de mayo, y diputado por CC en el Parlamento de Canarias desde el año 2003.

En 2001, el año en que el Ayuntamiento compró el frente de playa de Las Teresitas, Zerolo consumaba su segundo mandato como alcalde, una condición que le convierte en el máximo responsable político de las decisiones que se toman en el Consistorio de Santa Cruz.

Zerolo, además, es el principal impulsor de la adquisición del frente de playa, por el que la Administración municipal pagó 8.750 millones de pesetas a la sociedad Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, y cuyos administradores mancomunados son sus hijos, Carlos Plasencia y Pedro González.

La operación fue anulada por el Tribunal Supremo el 3 de mayo de 2007. En la primera declaración de las Diligencias Previas 17/2006, Zerolo estaba imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. Posteriormente, durante la instrucción, se le añadió una nueva imputación por cohecho.

Juan Víctor Reyes Delgado, funcionario de carrera y licenciado en Derecho, es el actual secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un cargo que ya ostentaba en el momento en el que se tramitó la operación de compraventa de las once parcelas del frente de playa de Las Teresitas, que se hizo efectiva el 23 de julio de 2001.

En la pirámide del organigrama técnico del departamento capitalino, Reyes ocupa la cúspide por su condición de secretario delegado, lo que le convierte en el máximo responsable de las cuestiones jurídicas que se tramitan en la Gerencia.

En el año 2001, en orden jerárquico, por encima de Reyes sólo se encontraban el gerente de Urbanismo, José Tomás Zárate, el consejero director del ente, el concejal Manuel Parejo, y el alcalde del municipio, Miguel Zerolo.

Víctor Reyes emitió un informe favorable al convenio de la compraventa que fijaba el precio en 8.750 millones de pesetas.

Por su parte, la testigo Pía Oramas fue durante años arquitecta municipal, funcionaria de carrera, del Servicio de Planeamiento y Gestión de la Gerencia de Urbanismo.

En cumplimiento de sus funciones, Oramas elaboró un informe en el que concluyó que el valor de las once parcelas era de 3.277 millones de pesetas. El documento no se tuvo en cuenta en el convenio.

El Tribunal Supremo, el 3 de mayo de 2007, anuló la operación de compraventa de las once parcelas del frente de Las Teresitas, por las que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña pagó 8.750 millones de pesetas. El motivo: la ausencia en el expediente de un informe pericial de un arquitecto municipal.

Poco después de la tramitación del expediente de Las Teresitas, Oramas abandonó su puesto en el Ayuntamiento y se incorporó a la Unidad del Plan Insular de Ordenación del Territorio del Cabildo de Tenerife, un cargo que aún ocupa en la actualidad.



* Canarias Ahora - 14.03.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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El artículo ´olvidado´ de la Ley de Costas

LEVANTE/Valencia* : El efecto pantalla. La ley de Costas de 1988 contemplaba en su art.30 una disposición destinada a evitar que en los primeros 500 metros urbanizables a contar desde el límite del dominio público marítimo concentraran "pantallas arquitectónicas". La norma ha sido ignorada en la Comunitat Valenciana, donde incluso han desaparecido informes que la sustentaban. El Gobierno valenciano se muestra preocupado en las últimas semanas por el impacto visual que supuestamente tendrían las plataformas petrolíferas marinas y el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, reivindicó hace meses, en su oposición a que se busque el petróleo, el "derecho" de los valencianos a ver los eclipses de luna sobre el mar sin torres de perforación que se lo impidan. Sin embargo, y al menos de momento, lo único que aparta a muchos valencianos y turistas de la visión del mar son otras torres: las de los apartamentos y hoteles construidos en las dos últimas décadas y que han generado una pantalla insalvable incluso para quienes llegaron primero al paraíso costero.

El "apantallamiento" y el consiguiente desastre visual se ha consolidado en la mayoría de los municipios costeros valencianas pese a que existían instrumentos legales específicos y suficientes para evitarlo en el artículo 30 de la Ley de Costas de 1988.
Ni la Conselleria de Obras Públicas, primero, ni la de Medio Ambiente, después, han puesto el menor interés en su cumplimiento y la Administración valenciana ha encontrado un aliado en la Jefatura de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, que no en todos los casos ha elaborado el informe preceptivo que al menos hubiera señalado la ilegalidad, ni ha hecho valer el "Inventario de Usos Costeros" de 1988, una radiografía del planeamiento urbanístico de estos municipios en el momento de la entrada en vigor de la ley de Costas. Más aún, 19 de los 24 anexos correspondientes a la ficha de los municipios litorales de Valencia han sido arrancados del documento de consulta disponible en Costas, según asegura al abogado José Luis Ramos, autor de varios recursos presentados por la inaplicación de la norma.

Protección

La Ley de Costas no impide edificar en la franja de afección de 500 metros, que arranca donde acaba el deslinde del dominio público estrictamente protegido, aunque establece límites al planificador para "evitar la formación de pantallas arquitectónicas", explica José Luis Ramos. El artículo 30 prohíbe "la acumulación de volúmenes en la zona de afección, sin que a estos efectos la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar que exista en ese momento el término municipal. De ahí la importancia del Inventario de Usos", añade.
El Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la norma en una sentencia de 1991 y existe, según el abogado, jurisprudencia que desmonta la supuesta "indeterminación" de la norma argumentada por la Generalitat para justificar que no aplicara el artículo en los casos que han llegado a los tribunales.
En este sentido, José Luis Ramos recuerda que el efecto de "pantalla arquitectónica" que la ley persigue se produce cuando la densidad de edificación en la zona de influencia es superior a la media de la que existe en el resto del municipio, por lo que la supuesta inconcreción es "solo una excusa, sobre todo si se disponía, como es el caso de un inventario con esos datos cuya existencia se me ha llegado a negar", apuntó.



* Levante - 13.03.11
Foto: El artículo ´olvidado´ de la Ley de Costas. Apantallamiento - levante


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Imputan a un cuarto ex directivo de la caja El Monte en una rama del caso Malaya

ELCONFIDENCIAL/Marbella* : Un cuarto ex directivo de la caja El Monte (ahora integrado en Banca Cívica) ha declarado como imputado en una pieza separada del caso Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella (Málaga), por la concesión de un préstamo de 7,8 millones de euros a una empresa inmobiliaria. Fuentes del caso han informado a Efe de que A.A.L., exdirector general adjunto, declaró el pasado miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella y, al igual que los restantes imputados, defendió que fue una operación normal que se concedió al empresario Luis Portillo porque era un buen cliente, de solvencia acreditada, y además se devolvió en su integridad.

El juez instruye esta rama desgajada de la causa principal por presunta corrupción urbanística y en diciembre pasado tomó declaración al exgerente de El Monte F.F.G., al exdirector general J.P.A.G. y al exsecretario de la caja sevillana J.M.G.F.

La operación investigada deriva de un suelo que había sido objeto de expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento de Marbella que luego fue vendido a Portillo cuando Jesús Gil ocupaba la alcaldía.

Según las fuentes, los exdirectivos están imputados por, presuntamente, haber conocido estas circunstancias, haber actuado en perjuicio de los expropiados o conocer el destino de la operación para blanquear dinero.

La operación se firmó en 1999 y se devolvió en su integridad, por lo que los exdirectivos sostienen que no causó ningún perjuicio a la entidad bancaria y, además, el presunto delito estaría prescrito por haberse cometido hace doce años.

El juez debe tomar declaración aún al exdirector territorial, que ha sido citado para el próximo 28 de abril.



* El Confidencial - EFE - 13.03.11
Foto: Caja de ahorros el Monte, logo - google

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«Los especuladores ya pueden esperar sentados. La burbuja devoró los ahorros del país»

LEVANTE/Entrevista* : Economista y estadístico. J.M.Naredo (1942) fue uno de los primeros investigadores que habló en España de «economía ecológica». En 2010 codirigió para el Ministerio de Vivienda el «Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español». Ahora analiza el modelo inmobiliario en un libro coescrito con el valenciano Antonio Montiel.
-¿Haremos honor a nuestra condición y tropezaremos con la misma piedra del boom inmobiliario cuando pase esta crisis?
-No me parece bien meter en un mismo saco a toda la gente. Habrá algunos que estén deseando tropezar muchas veces con esa piedra, porque se han forrado. Sin embargo, otros seguirán pagando durante decenios las hipotecas con unos valores inflados. Y el Estado tiene que salvar cajas de ahorros con el dinero de los españoles. Unos pagan los platos rotos y otros han sacado tajada. Habría que hacer un diagnóstico acertado para que la ciudadanía tuviera información de lo que ha ocurrido y de los problemas que ha generado la burbuja inmobiliaria. La finalidad del libro «El modelo inmobiliario español» es elaborar el diagnóstico de lo que ha ocurrido, sus consecuencias y los posibles remedios y alternativas.

-¿Cómo ha funcionado la burbuja inmobiliaria y quién se ha beneficiado de ella?
-Se han beneficiado los que han conseguido añadir varios ceros al valor de determinados terrenos y obtener unas plusvalías jugosas, por la varita mágica de las recalificaciones y reclasificaciones que les permitía pasar las hectáreas de suelo rústico a metros cuadrados de superficie construida. En este proceso hay colectivos que se han lucrado masivamente, algunos sin invertir y sin riesgo, como los gestores de suelo, que han abundado en la Comunitat Valenciana. Buscaban por los municipios suelo para reclasificar, meter volumen construido y ofrecerlo a promotores y constructores. Pero cuando ya han sacado la plusvalía, las viviendas se han quedado en el esqueleto. La burbuja funciona de sacar plusvalías. Al mismo tiempo se piensa que van a subir los precios inmobiliarios y la gente compra porque piensa que va a subir. Y sube porque la gente compra y cada vez compra más a crédito, gracias a la bajada de tipos de interés y la ampliación de los plazos... Se ha financiado esta burbuja que ha devorado el ahorro de los españoles y que, después, se ha financiado con el endeudamiento exterior de la economía española, que es lo que ahora lastra la crisis. Y todo esto con unos riesgos superconcentrados de las entidades financieras y muy en particular de las cajas de ahorro que han concentrado su exposición al riesgo inmobiliario de forma espectacular.

-Y parece que los especuladores esperan volver a las andadas.
-La crisis no ha durado todavía lo suficiente para que aún piensen que se puede volver a las andadas. Sin duda, pueden esperar sentados. Si la financiación de la burbuja ha devorado el ahorro del país una vez, no lo puede devorar otra vez de inmediato. Cuando España ha pasado de ser el país con menor porcentaje de endeudamiento respecto a la renta disponible de nuestro entorno a estar por encima de todos, incluido EE UU... En los años finales del boom los hogares pedían más dinero a los bancos de lo que aportaban... Todo esto no podía prolongarse indefinidamente, era imposible, aunque nuestros políticos miraran para otro lado. Ha sido un boom de precios pero también de construcción pues se ha sobredimensionado el parque inmobiliario y se ha producido un stock inmobiliario muy potente en busca de compradores. Es lo que lastra el mercado, que tardará al menos un lustro en digerirlo.

-¿Qué ha influido más en la burbuja el ansia de los especuladores por sacar tajada o que nadie renuncia al beneficio de comprar un piso y venderlo por el doble?
-Son las dos caras de la misma moneda. Se generan expectativas de subidas de precios y se desata la burbuja, que hace que los particulares que compran pisos vean cómo se revalorizan, y se induce a la gente a comprar viviendas en propiedad, porque trae a cuenta. Es la simplificación total del modelo inmobiliario el que empuja a comprar vivienda en propiedad. Y también la falta de diversificación financiera. ¿Qué hacen los hogares? O ingresan su ahorro a plazo, con una rentabilidad bajísima o se lo juegan en la bolsa o lo invierten en ladrillo. En otros países hay más diversificación financiera, hay entidades especializadas en alquiler que emiten en los mercados financieros, ofreciendo productos de gran seguridad y apreciable rentabilidad. Esta posibilidad no existe en este país.

-Además de engullir las viviendas vacías habrá que decidir qué hacer con las proyectadas. En la C. Valenciana sólo 52 municipios tramitan 718.106 nuevas.
-Ése es el problema: si se añaden las viviendas en venta a las que están en construcción y las que están con licencia pero no iniciadas, nos topamos con más de dos millones de viviendas. Esto es lo que lastra cualquier repunte en el sector inmobiliario, porque es absurdo iniciar nuevas viviendas cuando ya existen tantas pendientes de venta. Se intentan terminar viviendas en construcción y rematar operaciones de suelo para hacer que luzcan mejor en el activo de las empresas. Es el caso de la Operación Chamartín en Madrid con 17.000 viviendas. No tiene sentido construirlas ahora, pero si consolidar la operación para que luzca en el balance de la inmobiliaria —del Grupo BBVA—, en el que figura y que ya no sea una entelequia. Es el forcejeo en el que la crisis de liquidez ha pasado a ser crisis de solvencia. Las financieras o inmobiliarias intentan lavar la cara a sus balances, apreciando más sus activos.

-¿Se podría renunciar a construir las viviendas pendientes?
-Hay que tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario agotado, que no permite resolver los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. ¿Cuál es el primer problema? Que hay un exceso e infrautilización del suelo urbanizable, de infraestructuras y viviendas. ¿Cuál sería el principal objetivo del planeamiento? Gestionar en régimen de escasez los dos grandes stocks patrimoniales que son el suelo y el patrimonio construido, reconvertirlos y reutilizarlos para paliar la carga excesiva de la deuda inmobiliaria. Esta opción debería plantearse en un plan, donde se reorientara el modelo hacia las antípodas del actual. ¿Cómo sería eso? Habría que ir desde privilegiar la vivienda como inversión a hacerlo como bien de uso. Desde la realización de plusvalías hacia el cobro de rentas, desde la construcción de nuevas viviendas a la rehabilitación, reutilización y ocupación del patrimonio construido, de la vivienda libre a la vivienda social. Pero lo que no tiene sentido es dar dinero a las cajas de ahorro y que se coman ellas los stocks de vivienda que tenían. Se deberían canjear esos stocks y reconvertirlos en vivienda social, que prácticamente no existe.

-Su propuesta para salir de la crisis es firmar un Pacto de Estado de la reforma del modelo inmobiliario. ¿Qué incluiría?
-Un diagnóstico claro para plantear los objetivos: reconvertir o reutilizar los stocks de suelo, infraestructuras, vivienda, paliar la carga de la deuda, etc. Un problema es que se han cedido las competencias en urbanismo a los gobiernos autonómicos y locales. Aunque el Estado mantiene competencias de mínimos en medio ambiente, y si se vincula el urbanismo a la sostenibilidad, como es de cajón, el estado podría recuperar la posibilidad de coordinar ese giro. Pero los gobiernos regionales y locales están con unos problemas de financiación tremendos al haber vinculado buena parte de sus ingresos y a la burbuja. Habría que replantear la financiación de los ayuntamientos y las comunidades, pero no sin contrapartidas. No tiene sentido un Plan E de dar dinero a tontas y a locas sin contrapartida alguna a los ayuntamientos. Tiene que haber exigencias. Hay una cuestión que es básica. Debería establecerse un protocolo de mínimos, en el que exista una estrategia de reconversión del modelo. Ese protocolo debería tener un núcleo administrativo responsable de la gestión a nivel regional, municipal o de mancomunidades. Este núcleo sería responsable de normas e instrumentos e incluiría un sistema de información que abarque todo el territorio y que incluya un proceso de participación ciudadana. Serían las tres patas sobre las que tendría que apoyarse esta reconversión del modelo. Sin ellas no debería dárseles financiación. Hay que exigir un replanteamiento. Y no se puede replantear la ciudad sin contar con la ciudadanía. Habría que hablar más de metabolismo económico, con todas sus dimensiones, con visión integrada y un cambio de lógica... Es lo que dicen los documentos de la Unión Europea. Que se asegurara esa visión integrada, ese cambio de lógica que supondría ver el proceso como proyecto urbano, con todo su metabolismo, y su incidencia territorial. Implantar los sistemas de información, los núcleos administrativos responsables y el proceso de participación, que concretaría el compromiso público institucional hacia esa reconversión.

«El urbanismo sigue en el franquismo y ha ido a peor»

­­-¿Seguimos anclados en el franquismo en materia urbanística?
-Sí, se sigue anclado pero hay cosas que han ido a peor. Se ha afianzado una refundación oligárquica del poder, en el que se unen los promotores y constructores y los políticos, que tienen la llave del negocio inmobiliario, que ha naturalizado la «cultura del pelotazo». Y se une una financiación potente con las instituciones financieras deseando hacer negocio. En época de Franco, los que tenían poder modificaban a su antojo el planeamiento, pero se calificaba como escándalo. Pero hoy se saluda como buen hacer político y empresarial que, de pronto, una operación meta un volumen impresionante en una zona que antes era verde o deportiva, como las torres de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. O los numerosos PAI en Valencia. Esas operaciones dependen exclusivamente del poder de los que manejan esos contactos.
-Un efecto es que el urbanismo se relaciona con la corrupción.
-Todo se arrastra desde el franquismo: una administración parasitada por los grupos empresariales que mandan en cada sector, o los partidos políticos que mandan en cada municipio. Siguen manejando entre bastidores los grandes negocios de espaldas a la ciudadanía y al planeamiento. Es esa refundación oligárquica del poder, la que da manga ancha a los poderosos para ordenar la ciudad y el territorio a golpe de operaciones y megaproyectos. Al contar con una financiación barata y abundante se generó el cóctel explosivo para el urbanismo y el territorio que sacudió al país durante más de un decenio. El problema es que la burbuja especulativa es un juego de suma cero en el que unos sacan tajada y otros pagan los platos rotos. Mientras iba para arriba se pensaba que ganaban todos. Pero cuando se ha venido abajo, muchos tienen que pagar este akelarre de operaciones y megaproyectos. Y se produce un efecto pobreza. Durante el auge, a la ciudadanía se le revalorizaban sus pisos, pero ahora se genera liquidez: y para vender hay que rebajar.



* Levante - Entrevista - 13.03.11


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Marbella.- «Sean Connery es un imputado más en un caso más»

SUR/Entrevista* : Desde el pasado diciembre ejerce como titular del Juzgado de lo Penal nº4 de Málaga, un nuevo destino después de tres años y medio de trabajo en Marbella. Al frente del órgano de instrucción número 1 de la ciudad, Ricardo Puyol cerró el sumario del 'caso Minutas' e instruyó la mayor parte del 'caso Goldfinger', en el que se encuentran imputados, entre otros, el actor Sean Connery y su esposa.
-¿Por qué decidió dejar los juzgados de Marbella?
-Los Juzgados de Instrucción de Marbella son una plaza judicial complicada que requieren de una plena disposición de la persona que dirige los órganos judiciales. Yo la he tenido durante un número de años que estimo que es razonable y, cuando he comenzado a sentir cierto nivel de cansancio, he entendido que era el momento de efectuar el cambio. En cualquier caso, considero que un profesional no debe de eternizarse en este tipo de juzgados.

-¿Hay una carga excesiva de trabajo en estos órganos judiciales?
-Sí, pero en Instrucción no es tanta la cantidad de temas que se llevan en los órganos judiciales como la calidad de los mismos. Tienen una enorme trascendencia técnica, son muy complejos y requieren de una plena disposición y de un compromiso personal muy grande. El 'caso Minutas', por ejemplo, ha sido una causa que ha terminado con cerca de 140 tomos y unos 54.800 folios y que me ocupó prácticamente la instrucción de todo el año 2009.
-Marbella se ha convertido en una plaza de paso para los jueces.
-Sí, básicamente por los motivos que explicaba. Al implicarte tanto y con tanta profundidad en la instrucción de asuntos tan complejos, con una presión evidente, eso genera en quien ha pasado por este tipo de juzgados el deseo en un momento determinado de servir en juzgados un tanto mas tranquilos.
-Cuando habla de presión, supongo que también se refiere al interés mediático en algunos casos judiciales. ¿Ha sentido esa presión?
-Efectivamente. Hay mucha presión mediática, lo que supone un añadido a la calidad de los asuntos que en Marbella se tienen. Sí, sí la he sentido, sobre todo en el 'caso Minutas' y en la 'Operación Goldfinger'. He sentido una enorme presión, tanto mediática como por parte de la propia causa y de las representaciones procesales de las partes.
-El 'caso Minutas' se juzga en la actualidad en la Audiencia Provincial. ¿Sigue el desarrollo del juicio? ¿Tiene su propia quiniela?
-No. Trato de hacer mi labor instructora lo mejor que puedo, pero una vez que termino la instrucción, no acostumbro a seguir posteriormente la fase de enjuiciamiento. Pero no de este caso, sino de ninguno en mis ya nueve años de juez de instrucción.
-¿No siente curiosidad?
-No. Tengo una visión totalmente aséptica sobre cualquiera de las causas que he instruido.
-Recibió una prórroga para culminar la instrucción del 'caso Goldfinger'. ¿Le hubiera gustado poner el broche final?
-No, no tengo ningún tipo de inquietud al respecto. A falta de las últimas diligencias instructoras y de investigación, entiendo que el procedimiento a mi marcha quedo prácticamente encarrilado, con imputaciones bien perfiladas.
-¿Y poder tomar declaración a Sean Connery antes de su traslado?
-Tampoco. Para mí es un imputado más en un caso más.
-¿Le tiembla la mano a un juez al imputar a una personalidad?
-No, los profesionales de la administración de justicia en general tratan todos los asuntos con una total objetividad y desde un punto de vista profesional. No se mira el nombre de la persona. Evidentemente, hay determinadas personalidades que generan ciertos niveles de presión, pero tenemos que estar acostumbrados a soportarla y a saberlo llevar.
-¿Hasta dónde llegaría la supuesta participación del matrimonio Connery en las operaciones que se investigan en el 'caso Goldfinger'?
-Debe entender que no voy a hacer ningún tipo de comentario sobre la instrucción del proceso. Por respeto a la propia instrucción, que sigue abierta, y por respeto a las partes procesales y al nuevo instructor del caso.
-Recibió una carta del embajador de Reino Unido en España que puso a disposición del CGPJ.
-Sí, pero me gustaría aclarar que yo en ningún momento pedí amparo al Consejo General del Poder Judicial. Me limité a dar traslado al órgano de Gobierno de los jueces de la comunicación del embajador británico en España, que se dirigía a mí de manera personal, un hecho que me sorprendió por entender que está fuera de las circunstancias ordinarias en las que se desarrolla un proceso. Y, desde esta perspectiva, sí podemos decir que el hecho es anormal, porque no es frecuente que el embajador de Reino Unido remita una carta a cada juez español que imputa a un ciudadano británico. En cualquier caso, el Consejo no podía entrar a resolver una petición de amparo cuando yo no solicité ningún amparo.
-¿Se sintió presionado por la carta del embajador británico?
-No, en ningún momento.
-¿Qué necesitan los Juzgados de Instrucción de Marbella para dejar de ser órganos judiciales de paso?
-La delincuencia en Marbella es básicamente económica. La instrucción de este tipo de causas es extraordinariamente compleja y el derecho Penal que se maneja en Marbella es de una enorme precisión técnica. Por eso los órganos de Marbella necesitan de una especialización en este tipo de materias y la Administración de Justicia debería de hacer un enorme esfuerzo por especializar a los jueces, primero, y a los órganos judiciales, después, en materia de delincuencia penal económica.



* SUR - 13.03.11
Foto: Marbella, urbanización Malibú, Sean Connery - tengonoticias

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Los valencianos no penalizan la corrupción y castigan que se cambie al alcalde bajo sospecha

LEVANTE* : Los valencianos no sólo no penalizan en las urnas a los partidos que llevan en sus listas a alcaldes salpicados por casos de corrupción sino que incluso castigan que se cambie al político bajo sospecha como cabeza de cartel. En algunos casos, la defenestración del alcalde supuestamente corrupto supone una pérdida de votos para su partido que en algunos casos puede llegar al 12%. Ésta es al menos una de las conclusiones principales a las que llega la Fundación Alternativas en un reciente estudio en el que se analiza las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal en la legislatura pasada. El informe de esta fundación cercana al PSOE hace un exhaustivo análisis del impacto en las urnas de los casos de corrupción en el ámbito municipal de Andalucía y la Comunitat Valenciana entre 2003 y 2007. La conclusión no puede ser más demoledora: "No existe evidencia de ningún tipo de castigo electoral a los partidos afectados por investigaciones judiciales", aseguran los autores de este informe tras analizar los resultados obtenidos en los comicios de 2007.

Aunque el informe se circunscribe al ámbito local, sus conclusiones parecen perfectamente extrapolables al escenario actual con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con unas encuestas electorales que vaticinan al Partido Popular una victoria aplastante pese a que sus referentes políticos más importantes están envueltos en procesos judiciales relacionados con la corrupción.

El estudio, de 35 páginas, y que lleva la firma de Gonzalo Rivero, licenciado en Historia; y Pablo Fernández-Vázquez, licenciado en Ciencias Políticas -ambos son candidatos a doctor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York- no discrimina entre siglas. Es decir, la conclusión de que la corrupción no pasa factura electoral es idéntica en todos los casos y al margen de si el edil pertenece al PP, al PSPV o a otras formaciones. A diferencia de otros estudios ya publicados en este terreno, los autores precisan que para su investigación no han tenido en cuenta todos los escándalos sino aquellos más "claros y graves" y que no meramente pudieran partir de un medio de comunicación o de una denuncia del partido de la oposición. Así, precisan que los casos estudiados se ceñían a los siguientes criterios: la existencia de indicios de ilegalidad de tipo penal; que la responsabilidad del hecho recayera en el alcalde o algún otro miembro del equipo de gobierno municipal y que hubiera una intervención de la fiscalía o de un juzgado. Advierten también que sobre los casos analizados no existía una "demostración fehaciente" de su culpabilidad, aunque elementos suficientes para que fueran creíbles ante la opinión pública. En el caso de la Comunitat Valenciana, la lista negra engloba a veinte municipios.
Los expertos avisan también de las dificultades existentes para analizar el comportamiento electoral ya que admiten que cuando un elector decide su voto no sólo tiene en cuenta su percepción sobre la honestidad de los alcaldes sino otros factores que pueden "enmascarar el impacto negativo de las sospechas de corrupción en los resultados electorales". Cabe apuntar que el patrón de las localidades donde se concentra el mayor número de escándalos está muy definido. Se trata de municipios, generalmente costeros o con potencial turístico, más propicios a la especulación urbanística y donde "existen fuertes incentivos para que los promotores sobornen a los alcaldes para autorizar recalificaciones". Los autores llaman la atención sobre el hecho de que la burbuja inmobiliaria trae consigo resultados económicos que pueden mejorar las perspectivas electorales del alcalde. Dicho de otro modo, las mejoras del desarrollo urbanístico "compensan" el desagrado que el votante siente por la corrupción.
La diferencia "más llamativa" del estudio respecto a Andalucía y la Comunitat Valenciana es cuando se renuevan a los candidatos bajo sospecha. En la primera comunidad el partido puede llegar a mejorar sus resultados si "limpia sus filas". "En el caso de Valencia el reemplazo de candidatos corruptos por el partido está asociado a mayores pérdidas electorales, que pueden llegar al 12%; es decir, son castigados".
Dicho esto, los autores se muestran "pesimistas". La ausencia de castigo electoral "es un serio revés para el control de los políticos por las elecciones y pone en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar, no solo entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes", concluyen.



* Levante - 13.03.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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Málaga.- 50.000 viviendas quieren amnistía

SUR* : Las hay aisladas en el campo y agrupadas en diseminados rurales. Igualmente, hay algunas que fueron levantadas por sus propietarios para crear una familia y otras concebidas como segunda residencia e incluso para el turismo rural; las hay con vistas al mar y mirando a la sierra; también hay finalizadas y otras que se han quedado a medio hacer; están las que se construyeron en zonas protegidas y aquéllas en la que la calificación ambiental del terreno llegó a posteriori; y por último, las que durante décadas han poblado los montes en suelo no urbanizable. El perfil de la vivienda irregular en la provincia es tan amplio y variado como complejo es el proceso para dar solución a las cerca de 50.000 casas sobre las que pesa la espada de Damocles de las impugnaciones de licencias, las multas coercitivas y la amenaza de una posible demolición desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2002, con la que la Junta quiso poner freno a las construcciones indiscriminadas en el campo.

La cifra no es exacta, aunque sí una estimación bastante aproximada del mapa de las viviendas en suelo rústico que han brotado por todos los rincones de la provincia y que ahora esperan una amnistía como la planteada en la Axarquía. Desde los 'campitos' de Estepona hasta el Valle del Guadalhorce, pasando por Mijas, Marbella, la Vega de Antequera y la Serranía de Ronda. Ni siquiera los ayuntamientos saben a ciencia cierta el número de edificaciones irregulares (incluidas otras construcciones como piscinas, muros o terrazas), de ahí que el primer paso para solucionar el conflicto sea la elaboración de un inventario municipio por municipio y casa por casa como herramienta para la posterior ejecución de planes locales de inspección.
Ésa es la primera condición que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía para abrir la vía de la regularización mediante un decreto (estará redactado en un plazo máximo de seis meses) que permitirá el reconocimiento de estas construcciones, dotándolas de los servicios y equipamientos básicos que ahora son en muchos casos inexistentes. Aunque no será gratuito, puesto que la actuación deberá salir del bolsillo de los propietarios en concepto de compensaciones.
«La hoja de ruta empieza por el inventario, algo fundamental porque cada casa tiene una situación diferente y requiere una solución prácticamente personalizada», apunta el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Enrique Benítez.
La sombra del derribo
Se podrán salvar la mayoría de las casas que se encuentran fuera de ordenación, las construidas ilegalmente pero que han prescrito después de cuatro años y aquéllas a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior. Pero no todas. La sombra del derribo rondará a las levantadas en suelo protegido y las edificadas al margen de la ley no prescritas. «No es imposible, pero sí que la solución va a ser más complicada», reconoce Benítez. Bien distinto será el panorama de las que se realicen a partir de ahora al margen de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) o los planeamientos de rango superior. «Seremos tajantes y contundentes», advierte el dirigente de Obras Públicas.
La nueva normativa, anunciada para la Axarquía aunque extensible a todo el ámbito regional, ha sido recibida por los propietarios con optimismo, pero también con cautela y escepticismo por haberse hecho pública a dos meses de unas elecciones municipales. «Lo único que pedimos es que no hagan política con nosotros. Si hasta ahora no había forma de solucionar el problema, ¿por qué ahora sí se puede si la LOUA sigue siendo la misma?», se pregunta María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI).
La entidad constituida el pasado mes de diciembre y que ya agrupa a 65 colectivos vecinales aboga directamente por modificar la ley, una propuesta que pretende llevar al Parlamento autonómico, si es posible, con el respaldo de los dos grandes partidos (PSOE y PP). El mensaje es claro: «Legalizar todas las casas en las que se pueda cambiar la calificación del suelo y dotar los servicios básicos a aquéllas que se queden fuera de ordenación y estén ocupadas», explica Vázquez, quien recalca que los vecinos no son los únicos responsables de esta situación. «Ha habido mucha permisividad. Durante años, los ayuntamientos se han lavado las manos, han cobrado el IBI y demás impuestos para luego abrir expedientes y ordenar derribos», subraya.
La elección de la Axarquía para dar a conocer el decreto no fue casual. La comarca ha llevado la voz cantante en los últimos años exigiendo soluciones, hasta el punto de que los 31 alcaldes axárquicos han llegado a solicitar reiteradamente la reforma y modificación de la LOUA como vía para la normalización urbanística. El plante ha sido tal que varios regidores están imputados e incluso condenados por dar licencias o haber mirado para otro lado. De momento, 11.025 viviendas son susceptibles de ser legalizadas, aunque en el horizonte aún pueden quedar otras tantas a juicio de los grupos ecologistas.
No son las únicas. En Mijas, la presión vecinal ha ido 'in crescendo' en los últimos años, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento optó por paralizar el envío de multas coercitivas. Esta misma semana se ha dado luz verde a la revisión del PGOU en suelo no urbanizable, lo que conduciría a la regularización de la inmensa mayoría de las 3.000 casas 'ilegales' existentes, quedándose al margen las que invaden el dominio público y las zonas de especial protección. «La ley no lo permite en ningún caso», resalta el alcalde mijeño, Antonio Sánchez.
La misma solución es la que plantean en Estepona para los 'campitos', como se conocen popularmente los diseminados rurales. En los últimos años se han multiplicado hasta superar las 3.000 construcciones, de las que unas 800 están en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental.
El interior tampoco es ajeno a esta problemática, especialmente en los pueblos regados por el Guadalhorce. Uno de los puntos más calientes es Cártama, donde se han ejecutado varias órdenes de demolición y se han producido manifestaciones de afectados reclamando soluciones para las más de 3.500 edificaciones. Ni siquiera la capital se escapa, con 44 núcleos de población asentados fundamentalmente en Campanillas, Los Montes y Puerto de la Torre en los que cerca de 1.200 casas se han quedado fuera de ordenación en el nuevo PGOU. En Antequera, las estimaciones apuntan a 800, una cifra que se duplicaría si el radio de búsqueda se amplía a toda la comarca.



* SUR - 13.03.11
Foto: Diseminados. Los núcleos de población en el campo han aflorado en toda la provincia, como éste asentado en Campanillas - sur

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«En Zambrana hay varios millones invertidos sin conocerse su destino»

ELCORREO/Álava* : La comisión de investigación constituida en las Juntas Generales para dirimir las posibles responsables políticas de la Diputación alavesa en la fallida macrorrecalificación urbanística ideada en 2004 en Zambrana ya cuenta con las conclusiones provisionales referidas a tres meses de intenso trabajo. El presidente del órgano, Javier Ruiz de Arbulo (PP), entregó ayer al resto de formaciones de la Cámara un documento que podrá enmendarse la próxima semana y que se aprobará de forma definitiva el día 25 de marzo. Entre otras conclusiones, de carácter secreto, se constata la comisión de posibles irregularidades de índole penal, lo que obligará a la Mesa a trasladar la documentación analizada tanto al juez que investiga esta operación como al fiscal.

Según explicaron fuentes de toda solvencia a EL CORREO, el texto elaborado hace referencia expresa al dinero invertido -en balde, al menos hasta ahora- por el grupo catalán Riera Urbanizer S.L., creado 'ad hoc' en 2005 de la mano del empresario vizcaíno vinculado al PNV Iosu Arruti, quien atrajo hasta tierras alavesas a su amigo y socio Francesc Fernández Joval, que se ha llevado más de un millones de euros en comisiones legales, según declaró en las Juntas su todavía socio y sucesor al frente de la gerencia de Riera Urbanizer, Nicolás Guerrero. Y todo ello, para comprar más de un millón de metros cuadrados en Zambrana con el fin de impulsar un gran polígono industrial.
El presidente de la comisión, analizados los datos oficiales de la Hacienda foral y las transcripciones de los comparecientes, matiza que no ha sido capaz de averiguar el destino de parte del dinero gastado, pero sí concluye que los socios de la empresa inversora han pedido «millones de euros» cuyo destino se desconoce. Sólo en opciones de compra que siguen sin ejecutarse se han gastado tres, mientras que el resto, casi cuatro, se han dedicado a estudios, encargos y pagos de comisiones legales.
Círculo de amistades
El documento también hace especial hincapié en el papel que ha jugado la Diputación en un proceso urbanístico del que era competente y, en concreto, de la actuación individual tanto del exdiputado de Administración Local Alfredo de Miguel -imputado por presunta corrupción en el llamado 'caso Miñano'- como de los entonces burukides del Araba buru batzar (ABB) Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, también imputados por la misma causa -el próximo día 17 se cumple un año de su detención y posterior puesta en libertad-. Estas tres personas, junto a sus mujeres, crearon en 2005 Kataia Consulting, empresa que pese a contar con nula estructura, ingresó 280.190 euros en apenas cuatro años, como desveló este periódico.
De estos, 180.150 proceden de Sidepur, firma de Iosu Arruti, verdadero cerebro de la 'operación Zambrana' -ha percibido en torno a 1,1 millones de Riera Urbanizer-. Este hecho no ha pasado desapercibido para la comisión, que recuerda cómo sólo un día después de que Riera abonara el primer pago a Sidepur, esta firma pagó 130.000 euros a Kataia por trabajos urbanísticos. Corría 2005. Ya en 2006 y 2007, hubo otros dos pagos por «asesoramiento», uno de 20.000 y otro de 30.000, como consta en Hacienda. Sin embargo, no existe constancia documental de los trabajos hechos.
Los junteros, en este sentido, han constatado un círculo de amistades y compañeros de partido que podría haber derivado en la existencia de un posible tráfico de influencias, el mismo que el juez está investigando. Para muestra, un botón. Recalcan que el propio Arruti confirmó que sólo hablaba con De Miguel, cuya mujer, también imputada, trabajaba en Nai Duenak, empresa de la que Arruti es apoderado.
El documento, según las fuentes analizadas, también advierte de un posible perjuicio patrimonial para la Diputación, institución que debía aprobar el cambio de normas subsidiarias propuesto en Zambrana para 120 hectáreas. Se da la paradoja de que a mediados de 2007, tras la llegada del PNV a la Diputación, De Miguel, hasta entonces secretario general del ABB, es nombrado diputado de Administración Local, estando entre sus responsabilidades el área de Urbanismo.
Cambio de criterio
El proyecto sigue su curso y es el 13 de marzo de 2009 cuando llega la primera criba en el seno de la comisión de urbanismo del País Vasco -en aquel momento, de 120 hectáreas ya se había rebajado a 66-. En aquella votación y en una actuación hasta la fecha inédita, el PNV en bloque pide votar a mano alzada los informes técnicos del Gobierno vasco contrarios a esta recalificación. Ganan -por aquel entonces gobernaba Ibarretxe- y la tramitación sigue adelante. A la cita no acudió De Miguel, sino su director, Iñaki Nafarrate, luego nombrado sucesor. Y entre sus argumentos, leyeron unas notas a favor del proyecto que no están firmadas por ningún técnico de la institución.
Meses más tarde y alegando la existencia de informes medioambientales de la Diputación, el equipo de De Miguel decide rebajar a 22 hectáreas la recalificación. Y lo hace ante la sorpresa de Riera Urbanizer, que recurrió ante los tribunales la decisión al considerar que la orden foral fue emitida fuera de plazo.



* El Correo - 12.03.11
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos

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Valencia.- La policía cerca al constructor que se enriqueció con Correa en la visita papal

ELPAÍS* : La policía estrecha el cerco sobre uno de los mayores y más rápidos negocios hechos por la red corrupta que dirigía Francisco Correa en la Comunidad Valenciana. La visita de dos días del Papa a Valencia en 2006 sirvió a la trama Gürtel para intermediar en un contrato de siete millones de euros -más de la mitad fueron beneficios- que la televisión autonómica Canal Nou -dirigida entonces por Pedro García, un amigo de la red corrupta-, adjudicó a la constructora leonesa Teconsa. Los dueños de esta constructora eran, a su vez, amigos de Francisco Correa, con el que mantuvieron conversaciones comprometedoras que se han incorporado al sumario judicial del caso.

El contrato multimillonario que adjudicó Canal Nou consistía en poner altavoces y pantallas de televisión por diversas zonas de la ciudad de Valencia coincidentes con el recorrido previsto en la visita del Papa. Teconsa, experta en hacer carreteras y obras públicas pero sin ninguna experiencia en sonorización e instalación de pantallas de televisión en la calle, subcontrató los trabajos con empresas que, a su vez, eran clientes habituales de la red Gürtel.

La constructora leonesa pagó a las subcontratistas del servicio tres millones de euros y ganó casi cuatro millones. Un negocio redondo que el empresario leonés repartió con Francisco Correa y su red corrupta, que había amañado junto a Pedro García, según la investigación, el concurso de la visita del Papa de Canal Nou.

La policía ha seguido el rastro del dinero y se ha encontrado con que Teconsa derivó parte de sus ganancias en el contrato valenciano a una cuenta de Special Events (empresa de Francisco Correa) a través de dos ingresos de 200.000 euros cada uno. Posteriormente, Correa se pagó las obras de reforma de su vivienda en Ibiza, que le hace Teconsa, mediante transferencias de dinero desde la cuenta de Special Events. Esta empresa paga a Teconsa por las obras con dinero que previamente había ingresado de la propia Teconsa por el reparto de los beneficios de la visita del Papa. Todo queda en familia.

El sumario del caso Gürtel incorpora ya un informe con todas las pruebas de este presunto tráfico ilegal de dinero. Ese informe sirve de base a la policía para pedir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, la "imputación de José Luis Martínez Parra como administrador de Teconsa" por su participación en la adjudicación del contrato público "realizado de manera ilícita con la Radio Televisión Valenciana con motivo de la organización de la visita del Papa".

La policía sostiene que Teconsa fue utilizada por la red corrupta como "sociedad pantalla" para así "solapar la realización real del acto por la organización de Francisco Correa y facilitando a este la ocultación de los fondos recibidos, cobrando por ello una comisión de 200.000 euros".

El informe policial también da cuenta de la misma operativa con la constructora Begar, que supuestamente pagó un millón de euros a Correa por intermediar en un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).

Los investigadores concluyen igualmente que Correa defraudó al fisco al menos 450.000 euros que pagó en Suiza como parte del precio de compra de su vivienda en Ibiza. La policía pide al juez que ponga en conocimiento de la Agencia Tributaria este supuesto fraude fiscal.



* El País - 12.03.11
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa - elpais

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El gerente de Urbanismo declara este miércoles como imputado por la venta de suelos de Mercasevilla

20MINUTOS* : La juez de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a declarar este próximo miércoles en calidad de imputados al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Miguel Ángel Millán, y al aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera, dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos' --que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga--, concretamente "por las presuntas irregularidades penales en la concesión a Sanma de la licencia de primera ocupación".

En un auto emitido el pasado día 16 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya imputó tanto al gerente municipal de Urbanismo como al aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera Rimada, y los citó a declarar a ambos el día 2 de marzo, aunque finalmente las declaraciones fueron suspendidas y fijadas nuevamente para este miércoles día 16 de marzo.

La juez Alaya argumenta que, "en virtud de las pruebas practicadas hasta la fecha, concretamente del análisis de los expedientes de licencia de edificación, de licencia de primera ocupación, de la documental remitida por Endesa y de lo que se desprende, entre otras, de las declaraciones de Luis Gómez Martínez y de Emilia Barrial Chamizo, procede" imputar tanto a Millán como a Ferrera. En el mismo auto, rechaza la personación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en esta causa.

En esta rama del caso la juez mantiene imputadas ya a 15 personas, entre ellas al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena; el ex edil y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.

También están imputados la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, y la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo.


* 20 Minutos - EP. - 12.03.11
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es

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Japón, las casas más resistentes del mundo

ELMUNDO* : Japón, un archipiélago situado sobre una 'bomba sísmica', se precia de construir los edificios más resistentes del mundo. Esta vez, el quinto terremoto más fuerte de la historia (8,9 grados) ha podido con la estructura de muchas viviendas y grandes edificios en las ciudades del norte del país, como en la industrial Sendai y en toda la prefectura de Fukushima. En Tokio, a 373 kilómetros al suroeste del epicentro, cuatro millones de casas se quedaron sin luz y numerosos edificios se tambalearon, mientras que en la vecina Yokohama, los tejados de algunos bloques se derrumbaron, según la emisora NHK. Pero si el mismo movimiento telúrico se hubiera producido en cualquier otra parte del planeta con tan alta densidad de población, las dimensiones de la catástrofe hubieran sido infinitamente mayores.

En Japón las estructuras de los edificios están tan reforzadas que, a su lado, en los edificios españoles parecen enclenques castillos de naipes. Desde la Edad Media, el país levanta edificaciones a partir de vigas de bambú y paredes de papel arroz preparadas para soportar la vibración de sus cimientos. A partir del fuerte terremoto registrado en 1923, los edificios se empezaron a construir con acero, pero a partir de las Segunda Guerra Mundial, el país pasó a emplear densos forjados de hormigón, conocidos como 'arquitectura brutalista'.

Simetría y distribución vertical del peso

La ingeniería anti sísmica japonesa diseña edificios simétricos y elásticos que absorben la vibración del suelo.

Otro factor de protección es la distribución vertical del peso. Cuando se construye un bloque de viviendas, se procura que los pisos inferiores sean los que soporten la mayor carga. Además, cuanto más amplia sea la base del edificio, mejor resisten los embates del seísmo.

Además, la normativa exige una separación de varios centímetros entre las medianeras de los bloques, para permitir que los edificios cimbreen sin que se golpeen entre sí y evitar un 'efecto dominó'.

La población japonesa y los estudiantes de arquitectura asumen con naturalidad la posibilidad de un terremoto. El de esta noche es el peor registrado en Japón en los últimos 140 años. El último de trágicas consecuencias es el de 1995 en la provincia de Kansai, con epicentro en Kobe (7,2 grados), que arrasó la ciudad, se cobró la vida de 6.500 personas, 45.000 heridos y 200.000 edificios derrumbados.


* El Mundo - 11.03.11
Foto: Panorámica de la ciudad de Soma, al norte del país. | AP

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Vélez deberá expropiar una parcela treinta años después de ser ocupada

SUR/Málaga* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a iniciar el expediente de justiprecio de una finca treinta años después de haber sido ocupada con motivo de las obras del paseo marítimo de Torre del Mar. El TSJA entiende que la parcela, de 464 metros cuadrados de superficie, fue ocupada por el Ayuntamiento cuando se ejecutó el proyecto sin que llevara a cabo su expropiación. Los demandantes han venido reclamando desde el año 1981 al Consistorio de Vélez que se les indemnice por la ocupación de su finca. Por dos veces se les ha denegado su petición, una en 1997 y otra en 2000, siendo ahora, tres décadas años después, cuando se ha producido una sentencia favorable a sus intereses.

El Consistorio ha venido manteniendo desde un primer momento que la parcela pertenece al dominio público marítimo terrestre, ya que en las Normas Subsidiarias, primero, y en el PGOU, después, aparece la zona como área libre pública. Asimismo defiende que nunca los propietarios tomaron posesión de la finca.

Sentencia firme

El fallo judicial, que es firme y sobre el que no existe la posibilidad de interponer recurso, obliga sin embargo al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía a iniciar un expediente de justiprecio con el fin de indemnizar a los propietarios, aún cuando el Consistorio mantiene que la ocupación de los terrenos no tuvo lugar, que la titularidad del suelo no está acreditada y que la ubicación de la finca coincide con la línea marítimo terrestre, por lo que antes de decidir sobre la expropiación lo procedente es acreditar la propiedad del inmueble por la vía civil. Por estos motivos, el Ayuntamiento había solicitado una sentencia desestimatoria.
En el fallo judicial se hace constar sin embargo que los recurrentes aportan para demostrar la titulación de la parcela la demanda de inscripción en el Registro de la Propiedad, la correspondiente anotación catastral y el cobro de los impuestos de plusvalías y bienes inmuebles.
Al contrario de lo que mantiene el Ayuntamiento, el TSJA expresa en la sentencia, que está en manos del Consistorio el pasado mes de diciembre, por el simple hecho de que se discuta el derecho de propiedad, en modo alguno ello conlleva la necesidad de que «con carácter previo y necesario se pronuncien los tribunales del orden jurisdiccional civil, sino que la propia jurisdicción contencioso administrativo puede pronunciarse al respecto con carácter prejudicial».
Para el Ayuntamiento, aunque la sentencia del TSJA no atiende la petición del Consistorio, si deja abierta la posibilidad de aclarar el tema de la propiedad y de la identificación de la finca en un juicio civil. Los afectados reclaman al Ayuntamiento de Vélez-Málaga 450.000 euros, cantidad a la que habrá que sumar los intereses de demora y un 25% en concepto de indemnización por la ocupación de la finca, lo que podría suponer una cantidad global de unos 600.000 euros.
Fuentes municipales han señalado a este periódico que el Ayuntamiento sigue defendiendo que el espacio que reclaman las demandantes como suyo nunca ha sido una propiedad privada sino que forma parte de la playa de Torre del Mar.
Una práctica habitual
Según el Consistorio, durante muchos años fue una práctica habitual que por parte de determinadas personas se escrituraran terrenos ganados al mar, sobre todo en puntos del litoral como Torre del Mar, donde la playa crecía a un ritmo de entre 10 y 20 centímetros anuales.
Los demandantes adquirieron la finca mediante escritura publica en 1979, aunque la propiedad se remonta al año 1945, siendo en la década de los 90 (cuando el paseo marítimo ya llevaba varios años ejecutado) cuando consiguieron, previa solicitud a la Dirección Provincial del Catastro en Málaga, dar de alta a su finca en el mismo y por tanto pagar el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) por la mencionada finca.



* SUR - 12.03.11
Foto: Vélez-Málaga, vista - laopinión.es

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Maracaibo.- ¿Qué hacer con los “fantasmas de cemento”?

NAD/Venezuela* : Sin utilidad y al servicio de la delincuencia y de invasores permanecen los edificios “fantasma” de Maracaibo. Tal parece que poco motiva rescatar espacios que en época de apogeo sirvieron de escenarios para que se desarrollara parte de la historia de la ciudad. Sin embargo, como una posible solución se vislumbra la discusión del tema. En trabajos anteriores se abordó la problemática de los “fantasmas de cemento”, esos que nadie quiere ver, pero que -sin posibilidad de ocultarlos- son ornamentos inamovibles de la ciudad. ¿Qué aportan? ¿Quién se beneficia de ellos? La respuesta es más que obvia, y por ello resulta irónico que hasta ahora no se halla tenido iniciativa para reconstruir o demoler para aprovechar el terreno.

Aspecto legal

La Ordenanza sobre Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente en el Municipio Maracaibo se creó para velar por la calidad de vida de la jurisdicción del municipio. El documento comprende la planificación urbana, entre otros aspectos, según establece el numeral 1, del artículo 3.

Asimismo, el numeral 6 del mismo artículo indica que se actuará ante “Cualesquiera otras actividades que se consideren necesarias para alcanzar el propósito de la presente Ordenanza”, el cual es “establecer principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente”.

Los referidos numerales tocarían de manera general el tema de los edificios abandonados, si se partiera de la premisa de que “los edificios hacen la ciudad”, como lo afirmó el especialista en el tema, Rafael Márquez, profesor del Departamento de Historia de Arquitectura de la Universidad del Zulia.

La Ordenanza es más específica en cuanto al tema: “Las construcciones que amenacen ruinas o las que por mal estado pudieran ocasionar un peligro inminente para sus ocupantes, para la colectividad y que afecten el medio ambiente estarán sujetas a lo establecido en la Ordenanza sobre construcciones ilegales o demoliciones” (Artículo 29).

En el mencionado documento se establece a la Oficina Municipal de Planificación Urbana (O.M.P.U.), como el organismo rector en el tema de las construcciones ilegales o demoliciones.

El numeral 3 de la ordenanza sobre construcciones ilegales, indica que se considerará como tal “Toda construcción que amenace ruina o que por su mal estado en alguna parte de su estructura pudiese ocasionar daños, que representen un peligro inminente para sus ocupantes o para la comunidad”.

En tales casos, no se mencionan cuáles podrían ser los “daños” a que se hace referencia, pero seguramente, la acumulación de basura, y el albergue de maleantes y consumidores de droga, no reportan ningún beneficio.

Consciente de esta realidad, el concejal Joaquín Chaparro explica que hasta ahora no habido pronunciamientos o posición administrativa por parte del Concejo Municipal de Maracaibo, pero considera que se debe atender el tema, por cuanto los edificios rescatables podrían aportar beneficios, y que los que representan un peligro, como el Banco de Comercio (ubicado en 5 de Julio), deberían demolerse.

En cuanto a los edificios que representan patrimonio cultural, asegura que hay una obligatoriedad implícita de mantenerlos y recuperarlos. Afirma, además, que son espacios que se podrían rescatar para ponerlos al servicio de la Gobernación y la Alcaldía, para generar beneficios y bienestar para la comunidad.

En ese sentido, Chaparro es de los que cree en rescatar para dar valor a los inmuebles icónicos de loa ciudad, de los cuales no puede evitar nombrar el edificio Botica Nueva, también conocido como el de “los sansones” o “atlantes”.

“Ese fue el primer edificio de Maracaibo que tuvo ascensor”, recuerda el concejal.

Es por ello que afirma que “el estado y el municipio deben tomar una decisión sobre la demolición o rescate de los edificios abandonados”, razón por la cual se espera que plantee la problemática que esto genera para la ciudad, y los beneficios que traería si fueran activados.

Chaparro explica que se prevé trabajar en conjunto con instituciones y profesionales especializados para abordar el tema, y trabajar en pro de dar solución a lo que considera atenta con la cara de Maracaibo y el mejoramiento de esta en cuanto a urbanismo se refiere.

Sobre las construcciones abandonadas en manos de privado, indica que se debe levantar un informe jurídico de comprobación por parte de la sindicatura a objeto de determinar el carácter de la propiedad y exhortar a los propietarios a asumir la responsabilidad de resolver el problema, “en virtud de conservar la imagen arquitectónica y urbanística de la ciudad”.

Hasta ahora, finaliza, Chaparro, no ha existido motivación suficiente para resolver el tema de los fantasmas de concreto, los cuales hasta ahora no benefician y que significarían oportunidades de vivienda, y establecimientos de organismos que reporten ventajas para las comunidades en las que fueron construidos.



* Noticia al día - 10.03.11
Foto: Edificio Gómez Castro, ubicado en la avenida El Milagro - NAD

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Miembro de Ecologistas afirma que la Guardia Civil tuvo que proteger toda la noche su casa en El Gordo

EUROPAPRESS/Cáceres* : La coordinadora de Ecologistas en Acción en la comarca cacereña de Campo Arañuelo, Paca Blanco, ha asegurado que una patrulla de la Guardia Civil se ha tenido que apostar junto a su casa durante toda la noche para protegerla del "acoso" de jóvenes vándalos. Se da la circunstancia de que en la comarca de Campo Arañuelo está el Embalse de Valdecañas, en la que se proyectaba un complejo turístico y de descanso, llamado Isla de Valdecañas, que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado precisamente en respuesta a una demanda de Ecologistas en Acción. "Mi casa, mi persona, mi familia y mi integridad peligran", ha asegurado en rueda de prensa celebrada en Cáceres capital Paca Blanco, quien ha explicado a los periodistas que en la noche del jueves a este viernes se ha visto obligada a llamar a la Guardia Civil para que una patrulla se apostase en la puerta de su domicilio.

VIVE CON 420 EUROS

La ecologistas ha explicado que lleva sufriendo "cinco años de acoso" en el pueblo de El Gordo (Cáceres), municipio en el que reside, por parte de "los jóvenes de hace cinco años y los jóvenes de ahora".

Según ha apuntado, ha interpuesto ya numerosas denuncias ante el Cuartel de la Guardia Civil de Peraleda (Cáceres) y lleva "dos o tres entrevistas" con el subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís; la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira; y con el teniente coronel de la Guardia Civil de Extremadura para abordar la cuestión.

Ha agregado que vive con "420 euros de subsidio de desempleo" y que "no" sabe dónde se va a "tener que ir a alojar" porque, según ha aseverado, peligra su integridad física "ante amenazas, tirada de piedras, cócteles molotov, huevos y naranjas". "Le pido al subdelegado del Gobierno en Cáceres que tenga en cuenta que no puedo irme a un hotel porque no tengo como pagarlo", ha concluido Paca Blanco.



* Europa Press - 11.03.11
Foto: Valdecañas (Toledo), obras embalse (archivo) - ecologistasenaccion.org

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Portugal construirá la playa artificial más grande de Europa

PÚBLICO* : Los macroproyectos de construcción urbanística siguen en marcha en Europa pese a la crisis que está atravesando este sector, aunque ninguna nación europea planea nada similar a lo que han puesto en marcha en China. En Portugal, la oficina de Turismo de Portugal, el ayuntamiento de la localidad de Mangualde y la empresa Live it Well Events, ha presentado el proyecto LiveBeach, en el que se planea construir una playa artificial de más de 22.500 metros cuadrados en pleno interior del país. Portugal se convertirá así en el primer país europeo que realizará un proyecto similar, según ha informado la empresa. La inauguración está prevista para el próximo mes de julio. La elección de Mangualde para recibir este proyecto se debe a las características socio demográficas del distrito. Es el más poblado del interior del país y tiene un aumento de población en verano debido al retorno de emigrantes.

La superficie de la playa artificial ocupará una extensión de 22.500 metros cuadrados, donde se construirán diferentes espacios; una playa de agua salada, un merendero con una superficie cubierta, un área de juegos infantiles y bares. En la zona de arena habrá además diferentes 'chiringuitos'. "El proyecto LiveBeach va a lograr lo que en un principio es algo imposible", ha afirmado Rui Braga, administrador del proyecto.

Pero el proyecto pretende también convertirse en escenario para eventos culturales y actuaciones en vivo. Luis Jardim, músico y productor es el encargado de apoyar e impulsar el evento con conciertos de artistas nacionales e internacionales, fiestas nocturnas con DJ's y otras iniciativas. "Más que un lugar de vacaciones, LiveBeach será un gran evento con algo nuevo cada día", asegura. "Creemos que este proyecto mejorará la ciudad, creando y atrayendo empleo y riqueza a toda la región", concluye João Avezedo, alcalde de Mangualde.



* Público - 9.03.11
Foto: Mangualde (Portugal) - celtiberia

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El alcalde de Orkoien niega el debate sobre su gestión ilegal del urbanismo

DIARIODENAVARRA* : El debate sobre la exigencia de responsabilidades por los perjuicios económicos que ha causado al Ayuntamiento de Orkoien el contrato con Aranade, considerado ilegal según el TSJN, volvió a desbaratarse ayer en el Consistorio comarcano. El alcalde, Casimiro Larrea (UIO), levantó, sin llegar a votar la moción presentada por NaBai, una sesión extraordinaria reclamada por la oposición (PSN y NaBai). En ella se pedía que el Consistorio, como socio único de Iturgain SA, acordase iniciar una "acción de responsabilidad" contra los consejeros que votaron a favor del contrato con Aranade, anulado por los tribunales.

Larrea argumentó que la moción ya había sido rechazada dos semanas atrás. También que al presentarla el edil nacionalista Carlos Armendáriz no había justificado ni documentado su petición. Desde PSN y NaBai criticaron que no se pudiera debatir su nuevo planteamiento, hecho después de que en otra sesión se hubieran ausentado del pleno al ser acusados de actuar con fines electoralistas. También lamentaron aquella decisión tomada por ellos mismos y anunciaron que estudiarían las consecuencias legales de la actuación del alcalde.

El pleno tenía como único punto la moción sobre exigencia de responsabilidades a los ediles que apoyaron en 2004 los acuerdos con Aranade para gestionar Iturgain y las viviendas promovidas en el sector Mendikur. El acuerdo fue anulado por el TSJN al considerar que se había concedido "a dedo". También obligó a Aranade, en 2009, a devolver a la sociedad municipal lo que había ganado en la operación. La deuda se cifró en 6,7 millones pero no ha sido devuelta y también ha generado discrepancias entre el equipo de Casimiro Larrea y la oposición que en este caso forman el PSN y NaBai.

La sesión comenzó con un recuerdo al secretario, cuyo padre falleció el martes. Le sustituyó la interventora municipal, como había ocurrido en la última sesión, aunque en aquella ocasión porque el PSN había cuestionado en un informe la participación de Contreras. Previamente, el secretario firmó un informe que avalaba la participación en el debate de los ediles a los que se quiere pedir responsabilidades, pero no en la moción. Tanto PSN como NaBai entienden que no pueden debatir ni votar.

La secretaria de la sesión leyó la moción y antes de que la defendieran sus proponentes el alcalde, que gobierna con mayoría absoluta (6 de 11 ediles), zanjó la cuestión. Echó mano de "un informe de los asesores del Ayuntamiento" y dijo que al ser extraordinaria podían reclamarla un tercio de los corporativos, como así fue, pero que también tenían que "justificarla y documentarla". "Lo que aquí se pide no está demostrado", dijo en referencia a la frase de la moción "teniendo en cuenta los perjuicios económicos que para este ayuntamiento han podido causar las decisiones adoptadas". Calificó de "virtualidad" lo que reclamaban.

Por otra parte, el alcalde recurrió a la ley de sociedades anónimas. "Según dice, los representantes y responsables son los consejeros, al margen de lo que hayan votado, y en 2004 también era consejero el señor Suescun (portavoz del PSN y antes de una agrupación de vecinos) y a él no se le menciona en la moción".

Disculpas del PSN y NaBai

Tras levantarse la sesión sin que el alcalde diera opción al debate, tanto el PSN como NaBai reconocieron que no se sentían "orgullosos" de haberse ausentado en una sesión anterior. En cualquier caso, matizaron que lo que pedían era diferente, ya que reclamaban la acción del Ayuntamiento y no de la sociedad Iturgain. Por último, anunciaron que estudiarán la decisión del alcalde de no posibilitar que la moción se votara.


* Diario de Navarra - 11.03.11
Foto: Orkoien (Navarra) - orkoien.com

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Inauguran un edificio municipal antes de que se use

LAVOZ/Ourense* : Los servicios municipales de Urbanismo se concentrarán, previsiblemente a partir de la Semana Santa, en el edificio de la calle Padre Feijoo cuya restauración fue posible gracias al Fondo Estatal de Inversión Local del año 2009. La obra, cuya inclusión en los fondos anticrisis fue en su día motivo de polémica, fue inauguró ayer por el alcalde, que destacó el hecho de que se siga avanzando en la recuperación del casco histórico y el efecto positivo de estas actuaciones en la revalorización de locales en la zona. El coste final de esta rehabilitación, según los datos que ayer ofreció el gobierno local, ascendió a 1,7 millones de euros. De esta cantidad, 63.656 corresponde al mobiliario, que fue adquirido con cargo a los presupuestos municipales. La obra fue ejecutada por la empresa Proyecon, de acuerdo con un proyecto del arquitecto Pablo Falcón.

Del edificio histórico del año 1897, que ahora se distribuye en cuatro plantas, se conservan los muros. El anexo nuevo se ha hecho con una estructura mixta de acero y hormigón. En los acabados interiores tiene un amplio uso la madera.

La concejala de urbanismo, Áurea Soto, situó la apertura de este edificio en el marco de los objetivos que ella se marcó cuando accedió al puesto: «devolver ao urbanismo a dignidade e a honestidade, e o interés público, como principio que marque as súas actuacións». De manera expresa aludió la edila socialista a la «mala fama» que en general tiene la condición de concejal de urbanismo y que se presta a bromas, también en programas de televisión, algo que a ella, según dijo, le molesta.

Al acto de inauguración del edificio de urbanismo acudieron representantes de los tres grupos municipales que forman la corporación municipal.



* La Voz de Galicia - 11.03.11
Foto: La concejala de urbanismo, en el centro, con el alcalde y la teniente de alcalde de Ourense - lavoz

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Espacios urbanos cambiantes

GERARDO DEL CERRO* : Como objeto de análisis científico-social, la ciudad ha servido para generar hipótesis de alcance universal pero rara vez se ha utilizado para contextualizar tales hipótesis, quizá porque estamos acostumbrados a pensar en ella como contenedor espacial de los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales definitorios de la modernidad y sus diferentes post -transformaciones. Como bien afirma Giddens, solo los urbanistas adoptan como objeto de análisis lo que los demás científicos sociales usan como fuente temática. El resultado ha sido frecuentemente una problemática atribución a la ciudad de cualidades universales que todas poseen en todo tiempo y lugar, bien caracterizando el urbanismo como modo de vida específico de la ciudad (Wirth), bien definiendo esta como unidad de consumo colectivo dentro del modo de producción capitalista (Castells).

Una variante reciente del argumento universalista según el cual es posible adivinar en toda metrópolis una serie de atributos comunes y definitorios es la idea de ciudad global que, como centro de producción y control de los flujos financieros transnacionales, evoluciona en la tensión del espacio de los flujos y el espacio de los lugares y la dualización social que provocan. Esta cacofonía global representa en cierto modo una continuación de la vía estructuralista de análisis social en la que la generalización en los resultados antecede a la consideración contextualizada de los procesos que sirven de base a tales resultados.

Pero, pasadas casi cuatro décadas desde que surgieran los primeros análisis sobre la restructuración global del capitalismo, los muy necesarios correctivos comienzan a aparecer. A pesar de su disparidad, todos estos análisis comparten, implícita o explícitamente, la idea de un análisis relacional de los procesos sociales que, por un lado, enfatiza la complejidad de los contextos localizados de acción social y, por otro, asocia los impactos de la globalización a metáforas de fragmentación y yuxtaposición, no dualización. Lo que podríamos llamar versión fuerte de la tesis de la globalización (esto es, el impacto similar, unilinear y no mediado, de factores globales en contextos diferentes) es por tanto difícilmente defendible si se tiende a concebir la ciudad como una red global contextualizada (pero no espacialmente contenida) de flujos societales que no solo operan localmente sino en diferentes escalas espaciales.

Se traslada así la perspectiva desde la globalización a la localización global y a lo que llamaríamos, en directa traducción del termino inglés, glocalización (Robertson), un disonante pero afortunado neologismo que para algunos se ha convertido en símbolo de la necesaria convergencia entre los excesos explicativos de los argumentos globales y las limitaciones analíticas de las perspectivas locales. Puede, por tanto, asumirse una globalización creciente de (o un acceso mayor y más extendido a) los flujos, medios o canales por los que se transmite la información, pero no una homogeneización global de resultados en territorios o lugares específicos; al contrario, la globalización, según Bird, nos acerca a la experiencia de la diversidad cultural.

Esta atención creciente a la localización global de los procesos sociales parece coincidir con un cierto resurgimiento de las interpretaciones de la ciudad como escenario para la producción y el consumo cultural. Aunque no se trata en absoluto de un fenómeno nuevo, su intensidad y el contexto histórico en que se desarrolla sí aportan elementos para su análisis pormenorizado. Por un lado, se ha extendido la legitimación colectiva del uso cultural del espacio urbano, con su referente más claro en las iniciativas de conservación y rehabilitación de centros históricos, que se han convertido en el primer espacio de uso cultural en numerosas urbes occidentales contemporáneas, y en un poderoso reclamo turístico. Pero además de los centros históricos, la totalidad de la trama urbana se va dotando de nuevos espacios dedicados al consumo cultural (museos, galerías, centros de convenciones y congresos, salas de conciertos, hipermercados culturales) y, simultáneamente, muchos espacios de consumo tradicionales van adquiriendo una cierta estética cultural. En consecuencia, la cultura emerge como sujeto de estrategias empresariales y políticas con una importancia de la que había carecido hasta ahora en las metrópolis contemporáneas pues, aunque no toda metrópolis adquiere el rango de global (como nodo articulador en la red financiera internacional), sí puede decirse que un buen número de ellas participa de los flujos culturales transnacionales y produce y experimenta las consecuencias específicas de tales flujos, visibles a nivel local en la presencia e influencia de empresas, trabajadores, turistas y productos extranjeros.

La inmediata consecuencia de todo esto es una mayor atención a la idea de lugar (en sus diferentes escalas territoriales) como eje instrumental de poder social, sin que sea necesario por ello interpretar las radicales transformaciones sociales y territoriales contemporáneas como el origen de una nueva medievalización del mundo debida sobre todo a la supuesta pérdida de control de los estados nacionales sobre sus funciones tradicionales. No es momento éste para retomar la senda weberiana, pero sí para considerar genéricamente la vieja idea del urbanismo entendido en contexto cultural, según la cual "las ciudades conforman contextos en los que las culturas y las sociedades son producidas y transformadas, tanto como las propias ciudades son producidas y transformadas por esas culturas y sociedades". Si lo global se construye y se transforma en territorios específicos, tambien lo local contribuye a la producción de la intersección de múltiples relaciones sociales, procesos, estructuras, prácticas y representaciones que constituye esa dimension socio-económica fluida y cambiante que hemos dado en llamar global.

Muchos barrios urbanos culturales pueden ilustrar la variedad de los procesos sociales intervinientes en lo que Lefebvre denominó genéricamente la producción del espacio. El surgimiento (o reinvención) como espacios culturales de esos barrios urbanos debe mucho a la legitimación general de la cultura y el arte como forma productiva y de vida en Occidente y no solo a los mecanismos de revalorización del suelo que se producen en el área y los desplazamientos poblacionales que ocasionan. Pero, además, las interrelaciones específicas entre localización, la secuencia histórica de transformaciones locales, la configuración de intereses entre los habitantes del área y, muy particularmente, los usos de las representaciones -o imágenes- del lugar por diferentes actores sociales son factores que inciden decisivamente en la continua transformación de los espacios urbanos. Así, la gentrificación es un proceso de constitución de clase dentro de fronteras espaciales.

Si, como señala Bourdieu, "el poder económico es primordialmente la capacidad de poner la necesidad económica a distancia", bien podemos inferir que los barrios urbanos son un ejemplo de poder económico a través del consumo de vivienda como un objeto estético. Los estilos de vida de (algunos) propietarios de viviendas podrían reflejar un empuje hacia el consumo conspicuo, en el que los objetos adquieren su función no a través de una simple designación material, sino, inversamente, como apéndices imaginarios de su poseedor. La gentrificación lleva a las ciudades hacia una nueva organización del consumo basado en el capital cultural. Este proceso funciona como un factor acumulativo para la legitimación política de posibles cambios en el uso del terreno. El turismo, la contemplación y experiencia de un significado urbano recientemente constituido por medio de la apropiación de la historia, incide en y resalta el aspecto consumista de la revitalización del centro de la ciudad.

El paradigma lefebvriano de la producción del espacio contiene corolarios especificos que debemos tener en cuenta. Las dimensiones de producción y consumo han de ser integradas en cualquier análisis de cambio urbano. Aunque la teoría cultural y sociológica ofrece una variedad de propuestas para establecer tal conexión, es el material empírico el que debe indicar la manera particular de hacerlo. Los lazos específicos entre los procesos económicos y políticos, por un lado, y la correlación entre los cambios globales y locales deben ser analizados "de abajo arriba", fieles al espiritu de la grounded theory. La gentrificación, el arte, y el turismo pueden concebirse como productos diferentes de una estrategia política y económica común que demuestre una continuidad histórica: el deseo de los agentes locales en el gobierno y en el ámbito privado de atraer inversiones con el fin de "revitalizar" áreas urbanas centrales. La metáfora de la máquina de crecimiento sugiere, por otra parte, la aparición de procesos, inducidos localmente, de formación de coaliciones entre intereses políticos y económicos. Finalmente, el desarrollo histórico de los barrios urbanos puede proporcionar pistas interesantes para contextualizar adecuadamente las transformaciones contemporáneas. Todo ello puede contribuir, primero, a establecer la relación local-regional-nacional-global con respecto al cambio económico y cultural (es decir, a tomar en serio la idea de que los actores sociales construyen las escalas espaciales, que no deben ser reificadas), y en segundo lugar, a conseguir una comprensión significativa y específica de la tesis de la terciarización de la economía en un contexto local.



* Gerardo del Cerro, Doctor por la New School for Social Research de Nueva York y por la Universidad Autónoma de Madrid

* Deia - Opinión - 27.02.11

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Llega a la fase final el juicio del caso 'Minutas' donde está imputado Del Nido

ELMUNDO/Marbella* : El juicio del caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades detectadas en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) al letrado José María del Nido, ha llegado a su fase final, al terminar este jueves las testificales. La previsión es que el fiscal presente las conclusiones definitivas la próxima semana, en concreto, el jueves, a lo que le seguirá el resto de las partes. Asimismo, se prevé que el ministerio público comience a exponer su informe final el día 31 de marzo y luego lo hará la otra acusación, en representación del Ayuntamiento de Marbella, y las defensas de los acusados. En la sesión de este jueves, han declarado dos testigos, uno por vídeoconferencia, y aunque restaban varios testigos, se ha dado por terminada esta fase.

El motivo ha sido que uno de estos testigos, el hermano de Maite Zaldívar, propuesto por el Consistorio, está de viaje; mientras que otros, uno miembro del Tribunal de Cuentas, han fallecido. En esta sesión ha comenzado también la fase documental y las partes han propuestos documentos y han impugnado la validez de otros.

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga comenzó el 6 de abril de 2010 las sesiones de este juicio, en el que están acusados Del Nido, que estuvo declarando durante 10 jornadas; el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y otras 14 personas más. Tras la declaración de los procesados durante tres meses, la vista oral entró en fase testifical.

Así, como testigo han declarado el interventor municipal y el que fuera tesorero de Marbella, además de varios asesores jurídicos de la época y ahora, ex ediles y actuales concejales de la corporación municipal. La causa se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio.

El ministerio fiscal sostiene en sus conclusiones provisionales que la contratación de los servicios profesionales del presidente del Sevilla, sobre todo para la fiscalización que llevó a cabo el Tribunal de Cuentas respecto al Ayuntamiento marbellí, "estuvo basada exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin" el preceptivo expediente.

Indica en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que Muñoz, que habitual y formalmente presidía y participaba en las juntas de gobierno local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente".

De este modo, la acusación pública sostiene que se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales", señala el ministerio fiscal, quien apunta a un comportamiento "despatrimonializador".

Del Nido, por su parte, siempre ha justificado el trabajo realizado y ha asegurado que recibió órdenes de impugnar la fiscalización del Tribunal de Cuenta, pero no tuvo la misión de retrasar la tarea "ni tuve conocimiento de que se obstaculizara la labor fiscalizadora". Negó que creara una espiral procesal para cobrar minutas que no debía.

El acusado defendió el trabajo que realizó y dijo que impugnar la fiscalización "no era contrario a los intereses públicos". Además, rechazó que hubiera duplicidad en las facturas y precisó que cobró "por la actuación profesional que realicé". De hecho, dijo que sólo ha podido liquidar con el Ayuntamiento las minutas que no son litigiosas.

"Me pareció que la actuación profesional era necesaria, me pareció que la actuación profesional fue efectiva y afortunadamente el Colegio de Abogados de Madrid y el Tribunal de Cuentas han declarado, en resoluciones firmes, que mi actuación profesional generó para el Ayuntamiento de Marbella y para sus sociedades mercantiles participadas miles de millones de pesetas de beneficios", apostilló.



* El Mundo - Ep. - 10.03.11
Foto: Del Nido en una imagen de archivo. | ELMUNDO.es

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