Murcia.- El juez de Umbra imputa también al nuevo director de Urbanismo

LAOPINIÓN* : El puesto, de libre designación dentro del ayuntamiento de Murcia, parece maldito. Todos los que pasan por él acaban teniendo que ir a los juzgados. Primero fue Alberto Guerra, que llegó incluso a ser detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Umbra (investigación de una presunta trama de corrupción urbanística en la capital de la Región), desarrollada el pasado 5 de octubre. Su supuesta implicación en el caso le llevó a dimitir de su puesto de director de la Gerencia de Urbanismo. Después le llegó el turno a Pedro Morillas, que fue director de la Gerencia hasta 2004 y que precisamente fue sustituido por Guerra. El juzgado de Instrucción nº8 de Murcia decidió imputar a Morillas por los informes que realizó para avalar el convenio Nueva Condomina que firmó el dueño del Real Murcia, Jesús Samper, con el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y que es uno de los seis que están bajo sospecha en la zona norte.

Ahora, el juez del Número 8, David Castillejos, ha hecho lo mismo con Ángel Lajarín, el actual director de la Gerencia de Urbanismo, que fue nombrado en el cargo de forma provisional por el Ayuntamiento el pasado mes de octubre tras la renuncia de Alberto Guerra. Por tanto, la imputación de Lajarín en el caso Umbra sería la tercera que se produce en el cargo de director de la Gerencia de Urbanismo.

Fuentes judiciales explicaron a esta redacción que Lajarín, que hasta que sustituyó a Alberto Guerra ocupaba el cargo de subdirector técnico en la Gerencia de Urbanismo, tendrá que responder a preguntas sobre las valoraciones que se realizaron de los terrenos suscritos a convenios urbanísticos en la zona norte que, según el Ministerio Fiscal, se hicieron a la baja e hicieron perder a las arcas municipales casi 400 millones de euros (la Fiscalía dispone de un informe de la Intervención General del Estado en el que se especifica convenio a convenio lo que dejó de ingresar el Ayuntamiento).

El actual director de la Gerencia, añadieron las mismas fuentes, participó al igual que Joaquín Peñalver, ex jefe de Planeamiento de Urbanismo e imputado en los casos Umbra y Barraca, en los informes que se hicieron sobre los terrenos de la zona norte que llevó a la firma de esos convenios. El funcionario municipal también tendrá que responder acerca de un convenio en concreto, el denominado del Casino, que permitió remodelar este emblemático edificio.

Y es que Lajarín fue codirector de las obras de rehabilitación del Casino, que fueron pagadas por las empresas que suscribieron el convenio urbanístico con el Ayuntamiento, y en las que presuntamente se produjo una falsificación de facturas achacable a Renato de Noce, encargado de los trabajos por la parte privada y otro de los imputados en el caso Umbra (Renato de Noce fue detenido junto al abogado Higonio Pérez Mateos el mismo día que los agentes de la UCO entraron en la Gerencia de Urbanismo y registraron el despacho de Alberto Guerra, que acabó también arrestado. Los tres salieron bajo fianza).

El actual responsable de la Gerencia de Urbanismo, de 58 años y con más de 30 años de servicio en el ayuntamiento de Murcia, declaró a LA OPINIÓN cuando asumió el cargo en noviembre pasado que estaba «muy tranquilo» ante la posibilidad de que se pudiera ampliar el número de imputados en el caso Umbra. Cuando este periódico le preguntó por los convenios urbanísticos de la zona norte, el funcionario municipal manifestó que «no voy a aportar detalles de los expedientes tramitados, pero los firmó el alcalde, fueron a Pleno y estuvieron en exposición pública».



* La Opinión Murcia - 2.02.11
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial

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La Junta permite legalizar 2.000 viviendas en Coín

LAOPINIÓN/Málaga* : La Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable a la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Coín a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El informe se basa en el planeamiento vigente desde 1997, que ha sido adecuado a las actuales condiciones del municipio y a la nueva legislación regional. El nuevo documento permitirá regularizar unas 2.000 viviendas ilegales ubicadas en distintos diseminados rurales del municipio, como Valdeperales, La Charca, Huertas Viejas o El Ejido, solucionando uno de los mayores problemas del municipio. El Ayuntamiento pondrá en marcha un plan especial de regularización de viviendas en diseminados rurales, una iniciativa para la cual los propietarios de las edificaciones pueden ya iniciar los trámites de adaptación.

Esta medida posibilitará la prestación de servicios en los diseminados y la consolidación de las denominadas urbanizaciones blandas –conjuntos de viviendas aisladas que se encuentran en una misma zona– que legalicen la situación de la mayor parte de estas construcciones.
El plan especial permitirá que en un año, aproximadamente, haya un marco normativo para las viviendas del campo, una vez que se cuantifiquen y se analice cada caso.

«Con la aprobación de la adaptación del PGOU de Coín, se consigue uno de los asuntos más importantes de esta legislatura para el equipo de gobierno, fundamental para el desarrollo de Coín», añadió el alcalde, Gabriel Clavijo.

Áreas de oportunidad
El documento reserva suelo para distintas áreas de oportunidades de actividades económicas, de ocio y sociales. En primer lugar, recoge la contrucción de 1.650 viviendas, de las cuales 424 serán de VPO, y contempla más de 60 millones de metros cuadrados destinados para uso industrial.

A esto hay que sumar las áreas libres resultantes de estas promociones urbanísticas, en las que se incluye un parque de 30.000 metros cuadrados en la urbanización Sierra Gorda.

«La aprobación de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Coín esta legislatura era una de las metas marcadas por el equipo de gobierno», reconoció ayer el concejal de Ordenación del Territorio del municipio, José Antonio Solano.

Con esta aprobación, el equipo de gobierno ha anunciado, que a partir de febrero, los ciudadanos y las empresas constructoras podrán ir presentando modificaciones de elementos que generen proyectos que produzcan riqueza y empleo en el municipio.

Por otra parte, una vez agotado el suelo contemplado en el Plan General de Urbanismo de Coín de 1997, entrará en vigor el POTAUM, un nuevo plan para el área metropolitana de Málaga, que recoge la edificación de otras 3.600 viviendas en Coín, 1.080 de protección oficial.


* La Opinión Málaga - 1.02.11
Foto: Coín (Málaga), edificaciones ilegales - malagahoy.es

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Dejad que los infractores urbanísticos se acerquen a mí

LAVOZ/A Coruña* : El PP moañés repartió un folleto por el pueblo en el que invita a los vecinos a los que el Concello abrió expediente de ilegalidad urbanística a acudir a la sede y exponer su problema para recibir asesoramiento. «Valentín 2-Moaña 0» encabeza el pasquín. Se refiere al nacionalista Valentín Piñeiro, concejal de Urbanismo, que asegura que no sabe interpretar tal expresión, aunque sí el resto del folleto, reproducido en la imagen a la derecha de estas líneas. «Non salgo do meu asombro. O candidato do PP pon a sede do partido á disposición dos infractores de Moaña», dice, tras afirmar que se trata de infracciones graves, entre las que cita la construcción de cierres sin licencia y sin respetar el retranqueo; garajes en similar situación o áticos construidos al amparo de un permiso para mejora de cubierta.

Obras ilegalizables

Añade que en varios casos, se construyeron cierres en terreno que previamente había sido cedido formalmente y escriturado a favor del Concello. A pesar de ello, afirma el edil de Urbanismo, levantaron el muro o el portal de entrada al garaje en lo que ya era propiedad municipal.

Son obras ilegalizables, afirma Piñeiro, que el infractor está obligado a derribar. Pasado un tiempo desde la notificación (un mes, según la normativa, si bien, asegura el edil, se acostumbrar a dar hasta seis meses de plazo), el Concello trata de forzar la demolición imponiendo multas coercitivas de mil euros al mes. Inicialmente eran tres mil euros, pero el juzgado instó al Concello a rebajar la cantidad.

Se produjeron varios casos de sanciones reiteradas. Las primeras, en el 2009, fueron tres operadoras de telefonía móvil a las que el Concello machacó a multas por mantener activas instalaciones que incumplían la normativa.

Movistar llegó a pagar unos 80.000 euros y Vodafone y Xfera, más de cuarenta mil cada una. Una vecina de la avenida de Cangas recibió seis sanciones de este tipo. Recurrió al juzgado, pero al juez le dio la razón al Concello. La infracción, un cierre y un portal de un garaje que no respetaron el retranqueo, todavía no fue demolida.

Infracciones legalizables

Cuando se trata de infracciones que se pueden legalizar, el departamento de urbanismo comunica al autor que tiene tres meses de plazo para presentar el proyecto de legalización. En ese caso, no se impone multa.

Piñeiro afirma que es solo una minoría de los vecinos que cometen algún tipo de ilegalidad la que se niega a aceptar las órdenes del Concello. Son, concretamente, doce casos, indica el concejal. Algunos recurrieron la orden de demolición ante el juzgado. Todas las sentencias fueron favorables al Concello.

«Con esta actitude, o portavoz do PP está incitando a que os veciños incumplan a normativa e fagan o que queiran». denuncia Valentín Piñeiro. «Si Fervenza chega a ser alcalde, ¿vai suprimir a inspección de obras e vai permitir peches sin licencia ou sen facer o retranqueo?, pregunta el edil. «¿Que está decindo, que apoia aos infractores?», añade.

«A legalidade urbanística non se implanta a base de multas coercitivas»

José Fervenza «O PP pon a sede do partido a disposición dos infractores»



* La Voz de Galicia - 1.02.11
Foto: Moaña (Pontevedra), urbanización - lavozdegalicia.es

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Urbanismo salvaje y estado de derecho

JOSÉ MANUEL ONIEVA/Granada* : En plena crisis económica más o menos general, asistimos, desde hace dos años, a la versión española de la misma, al estallido de la “burbuja inmobiliaria”. En palabras de muchos empresarios ligados a la construcción directamente o de sus industrias auxiliares, y, faltaría más, de bastantes alcaldes de uno y otro color político, oímos o leemos en los medios: “...es que en dos años no se mueve una grúa en mi municipio”, dijo, por ejemplo, Avelino Menéndez, alcalde del PP de Salobreña. Durante los pujantes años del “ladrillo a gogó”, observábamos cómo se iban macizando las plataformas o glacis de erosión que rodean la Vega y ciudad de Granada. O en pleno centro de la misma, el ilegal y mamotrético Edificio Nevada. Seguimos, bajamos por el Valle de Lecrín y más de lo mismo, hasta la Costa Tropical y allí nos podemos quedar pasmados ante la tremenda proliferación de adosados, chalets, los menos, apartamentos y “torres” por doquier. Visiten pueblos como Salobreña y, sobre todo, Almuñécar y sus anejos, Taramay, Velilla, el propio casco de la fenicia Sexi, y la Herradura, playa del Muerto, Marina del Este y se percatarán bien de lo que les cuento. No se pierdan Motril y todo lo ligado al Golf y Playa Granada, bien que aquí, con algo más de espacios abiertos. Vayan hacia Torrenueva, Calahonda, Castell de Ferro etc. y lleguen al límite con Almería. Comprobarán más y más, a parte de una autovía nueva rota y una inmensa maraña de plásticos que todo lo van invadiendo.

¿Cuántos terrenos no habrán sido recalificados y cuantos euros no habrán ingresado los ayuntamientos, algunos políticos y propietarios, constructores o promotores, en negro negrísimo? Poco a poco los casos más flagrantes han ido llegando a los tribunales y ¿para qué? ¿A caso se acatan las sentencias y se reponen de la mejor forma los atentados urbanísticos ejecutados? No. ¿Devuelven el dinero sisado al erario público? No. Ante esto, ¿es España un “estado social y democrático de derecho” como consagra nuestra vigente Constitución? Yo creo que no.

En Salobreña, o en Granada, terrenos cedidos por inmobiliarias para uso público, los recalifica el pleno municipal para uso terciario de servicios, o docente y se construyen centros en lugares inapropiados, ya hablaré de algún caso otro día. Mien tras tanto, los propietarios a callarse. El Edificio Nevada, ilegalidad y atentado ecológico y natural horrible, quieren que siga para adelante con una timorata sentencia por todos recurrida, como es lógico. Los políticos implicados se van de rositas. Argumento: que hay mucho paro y gente inocente pillada...Se debería demoler y restaurar el suelo, y si no fuera posible, dedicarlo a fines lúdicos, culturales o deportivos pero “no lucrativos”. Es mi opinión. Leíamos en la prensa local (GRANADA HOY del 16 de enero pasado) que en Monachil (Pradollano) “El juzgado ordena el precinto del edificio Marisol al no poder derribarlo”. El magistrado ordenó la demolición y al verse afectados “terceros adquirentes” lo precinta, pues muy bien. Sin Estado de derecho no nos queda nada. Desterremos lo de “SEGUIMOS Y NO PASA NADA, YA LO LEGALIZARÁN”. Recuerden el Hiper cerrado en tiempos del ínclito Jara Andreu, el Rey Chico, La Chumbera etc.

* Siglo XXI - 3.02.11

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Perder la vivienda y seguir pagando letras al banco, ¿o ya no?

CRISTINA GALLARDO* : Las resoluciones judiciales que se conocieron la pasada semana, que han determinado que devolver el piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda con el banco, han sacudido algunas conciencias. Los consumidores vuelven a clamar por la reforma de las leyes que rigen este tipo de créditos, mientras los bancos advierten de que esa reforma podría repercutir negativamente sobre los propios consumidores, ya que las condiciones para la concesión de los créditos se endurecerían. Primero fue la Audiencia Provincial de Navarra la que consideró suficiente que el banco se quedara con el piso para considerar saldada la deuda, y después el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona estimó saldadas las deudas pendientes que todavía mantenía con la banca y otros acreedores una pareja de jubilados en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), después de que no consiguieran cubrir todos los pagos con la venta de su vivienda.

El BBVA, la entidad afectada por el fallo de la Audiencia de Navarra, ha anunciado que presentará un recurso de nulidad ante la propia Audiencia, y si su decisión resulta contraria a la entidad, recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional.
Fuentes del BBVA han advertido de que el banco se ha limitado a cumplir la ley y que el auto así lo reconoce, y observado, además, que hay suficiente doctrina del Tribunal Supremo sobre este tema.
Según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado más de 230.000 ejecuciones hipotecarias por impago entre 2007 y el primer semestre de 2010.
Este es el caso de Marisa, una mujer divorciada, en paro y con tres hijos, dos de ellos con discapacidad. Firmó una hipoteca de 268.000 euros con uno de los principales bancos de España para adquirir una vivienda que la entidad tasó en un primer momento en 384.000 euros.
Cuando perdió su empleo, acudió al banco para que le refinanciasen la deuda, ya que no podía seguir pagando cuotas de 1.500 euros mensuales, pero la entidad se negó. Marisa se vio obligada a dejar de pagar. En octubre pasado, su casa salió a subasta por el 56 por ciento de su valor, por lo que el banco le sigue exigiendo dinero: un total de 133.000 euros, entre lo que le resta por pagar y las costas e intereses.
La citada Plataforma cree que este auto es extrapolable a la mayoría de los procesos abiertos, como el de Marisa, por lo que trabaja ya en un documento informativo para repartir entre los afectados.

La legislación, a debate
En España, ante el impago de una hipoteca, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite a las entidades financieras subastar la vivienda y solicitar el embargo sobre las otras propiedades del deudor, como vehículos o nóminas.
En concreto, la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 579 dice: "Si, subastados los bienes hipotecados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad que falte".
Es este artículo precisamente sobre el que las organizaciones de consumidores han coincidido en que necesita una reforma.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Unión de Consumidores de España (UCE) así como la Asociación General de Consumidores (ASGECO) han reclamado que se elimine esa doble garantía, para que el embargo de la vivienda sea suficiente para saldar la deuda hipotecaria.


* Diario de Mallorca - 31.01.11
Foto: Los pisos puestos a la venta debido a la crisis se han multiplicado. efe

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La Junta de Andalucía reconoce la falta de apoyo financiero para hacer el tren litoral

LAOPINIÓN/Málaga* : La construcción de un tren litoral que conecte Málaga con Estepona es como la yenka, se mueve para todos los lados, pero sin avanzar. La falta de financiación para este proyecto, valorado en 4.500 millones de euros, es uno de sus principales obstáculos, pero no el único por el retraso acumulado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento para constituir la comisión que impulse el proyecto. La consejera de Obras Públicas de la Junta, Josefina Cruz, subrayó que la entrada de financiación privada en este proyecto público es la única vía para impulsar la infraestructura y que su falta está lastrando su desarrollo. En este sentido, puso sus esperanzas en la experiencia positiva de las primeras obras públicas con apoyo financiero privado, que podría animar a las entidades bancarias y de ahorro a entrar en este proyecto. Sin embargo, Cruz reconoció: «No es lo mismo una actuación de 70 millones o de 250 millones de euros que ésta, con más de 4.000 millones de euros de presupuesto».

Para facilitar la entrada de capital privado están trabajando en dividir el proyecto en varios tramos y «afinar la demanda muy bien» para presentarlo a los inversores y que valoren su rentabilidad. Para ello, está en marcha un estudio de demanda con más de 60.000 encuestas entre los usuarios.

La presencia de inversores privados complementaría la participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que sí ha mostrado su interés en aportar fondos para su construcción, que ascendería hasta la mitad del presupuesto de obra.

De forma paralela, tanto el Ministerio de Fomento como la Consejería de Obras Públicas llevan desde mediados de 2009 negociando la constitución de una comisión mixta entre ambas instituciones y que se encargará de poner en marcha el tren litoral, pese a que estaba prometida para fines de 2009. Josefina Cruz afirmó ayer que a principios de este año se reunió con el Ministerio para abordar todavía el borrador de convenio, aunque reconoció que la principal preocupación es obtener la financiación «en este momento, que no es fácil».

La consejera reiteró que existe «una firme voluntad» de la Junta y del Ministerio de Fomento para construir esta infraestructura, ya que «la Costa del Sol necesita un modo de transporte público masivo para dar respuesta a los temas de movilidad que hay».

Sin avance

El desarrollo de este proyecto es peculiar, ya que cuenta con un tramo adjudicado en marzo de 2009 entre Las Lagunas y La Cala de Mijas. Sin embargo, las empresas que recibieron la adjudicación, con un presupuesto de 163,7 millones de euros, no pudieron empezar la obra ante la paralización ordenada por la Junta de Andalucía para replantear el proyecto.

La construcción del AVE hizo cambiar el planteamiento inicial, que era una ampliación del Cercanías entre Málaga y Fuengirola. Ahora se plantea como una línea rápida y de gran capacidad, paralela al actual Cercanías y con menos paradas. Así, la vía en servicio atendería al movimiento metropolitano, mientras que la nueva red conectarían Málaga con Estepona por una vía alternativa, con pocas paradas, velocidades de hasta 160 kilómetros por hora y 55 minutos de recorrido.



* La Opinión - 27.01.11
Foto: El futuro tren litoral servirá para reforzar el Cercanías que presta servicio entre Málaga y Fuengirola - laopinion

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Una batalla entre lo edificado y lo natural

ELPAÍS/Madrid* : Plantas que invaden las construcciones abandonadas, paisajes artificiales construidos por la mano del hombre, llaneras áridas que provocan inquietud, caminos de alquitrán surcados de huellas de neumáticos y tierra... Paisajes naturales o no tan naturales que hacen reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza se encuentran expuestos en la galería madrileña EFTI (calle Fuenterrabía, 4). Urbscapes: Espacios de hibridación es el lema de esta exposición en la que colaboran 11 fotógrafos. Un bosque cubierto de una capa blanca hace pensar al espectador que es un paisaje nevado, pero nada más lejos de la realidad. La fotografía retrata lo que queda después de un incendio forestal: una capa de ceniza que alfombra la tierra.

Eduardo Nave, el autor, estuvo tres años recorriendo estos escenarios para retratar "los incendios que son noticia en el momento, pero que luego pasan a un segundo plano y ya no se habla de lo que ha sido de ese terreno después de apagar el fuego". Los recogió en la serie T(t)ierra callada. Algo que sorprende de la muestra, y en especial de esta obra, es el tremendo tamaño de la fotografía. "Tiene esas dimensiones para que puedas adentrarte en el bosque, acercarte a las hojas, a esa zona quemada", explica Nave. Esa misma sensación de la huella humana sobre la tierra es la que refleja Adrian Tyler en su serie Road Untitled, fotos descarnadas de asfalto y albero, que incluyen las obras de carreteras en lugares tan cercanos como Tordesillas o Getafe.

Ángel Marcos es el que mejor retrata el contraste entre las grandes ciudades y la naturaleza salvaje. En Alrededor del sueño 23, un cartel publicitario a la orilla de la bahía choca con el skyline del Manhattan anterior al 11 de septiembre. Si en las fotografías de Marcos triunfa y el hombre y se cuestiona el modelo de sostenibilidad, el triunfo de la naturaleza sobre la ruina aparece en la obra del sevillano Jorge Yeregui. "La naturaleza dentro de la ciudad adquiere nuevos valores simbólicos. Paisajes mínimos que son espacios naturales muy elaborados pero artificiales", explica Yeregui, que ha fotografiado los jardines del interior de la estación de Atocha, el abandonado Jardín americano de la Expo de Sevilla de 1992 y el pinar que rodea la Biblioteca Nacional francesa en París. "Por otro lado están los espacios abandonados, que son retratos del crecimiento desmesurado de la ciudad, y que la naturaleza va reconquistando. Estas plantas han sobrevivido al contacto con el ser humano: son las reservas naturales del futuro".

Mireya Masó, sin embargo, apuesta por retratar aquellos parajes que aún no han sido colonizados por el hombre, y los recoge en un proyecto al que llama Antártida. Vistas casi desérticas donde no hay señal del hombre y con los que pretende mostrar espacio abiertos que inquietan al que los observa, por la sensación de vacío que transmiten. A medio camino entre la completa urbanización y el paisaje desolador están las obras de Rafael Liaño, que reflexiona sobre los terrenos cercados por el hombre, y José María Mellado, con casas que emergen entre la naturaleza y carreteras simétricas a ríos.

El lado más curioso de la exposición, que estará en EFTI hasta el 27 de febrero, lo pone Gerardo Custance con sus fotografías de Pelayos de la Presa. El artista hace una irónica correlación entre los domingueros que van a playas artificiales en los embalses y los retratos decimonónicos de los bañistas a la orilla del Sena en París. "La relación entre el ser humano y la naturaleza es casi de parasitismo. No estamos devolviendo nada de lo que recogemos. El ser humano ha manipulado la naturaleza para convertirla en lugar de ocio, pero al mismo tiempo la está degradando: es un espacio usado pero abandonado", concluye Custance.



* El País - 28.01.11
Foto: Paisaje incendiado - Eduardo Nave

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Valencia - La ciudad de los parabrisas

ELPAÍS* : Hace ya unas semanas que las grandes vías de Valencia están patas arriba. El Ayuntamiento decidió meses atrás que necesitaban una reforma, así que asumió fondos del segundo plan E para acometerla. Por unos cuatro millones de euros, los obreros trabajan en mejorar el sistema de riego, cambiar los bordillos, instalar un pavimento que absorbe el CO2 de los coches y sanear el sufrido arbolado de las jardineras. Es un proyecto que gestiona el Servicio de Jardinería, mientras que la Concejalía de Tráfico queda al margen. Ahora bien, ¿no debería intervenir y aprovechar la actuación para ejecutar una reforma integral de los viales? Las grandes vías del Marqués del Turia y de Fernando el Católico, las dos que se renuevan, canalizan gran parte del tráfico de la ciudad cada día. Los paseos centrales, ideados para el peatón, resultan en la práctica un refugio momentáneo ante la presión del tráfico y sus cuatro carriles por sentido, un lugar de paso al otro lado, minuto y medio de semáforo en rojo. De las bicicletas ya ni hablar.

Carecen de un espacio para que circulen y el concejal de Tráfico, Alfonso Novo, repitió esta misma semana que su instalación en estos viales presenta una "problemática" insalvable. El edil vino a decir que colocar un carril para bicicletas junto al de los autobuses en estas grandes vías podía ser peligroso para los ciclistas principiantes. Y añadía que la mejor ruta para las bicis son las calles secundarias sin tanta intensidad de tráfico.

Los expertos le dan la razón: no se puede instalar un carril bici en las grandes vías. Pero no se puede porque la ciudad es la que es y su modelo de transporte está basado en el automóvil y su bienestar: es la ciudad del parabrisas.

Mientras las grandes ciudades europeas tienden a devolver parte de la calzada a los peatones y ciclistas, en España en general y en Valencia en particular no se dan por enterados. "Pese a la sensación de que nos hemos modernizado [el boom de las bicicletas con el servicio público de alquiler, la peatonalización de algunas calles del centro, la aplicación de restricciones de velocidad más severas en el casco histórico], el automóvil es intocable", opina Joan Olmos, profesor de la Universitat de València. Olmos es especialista en urbanismo y movilidad y entiende que "tal como están planteadas, las grandes vías son de dudosa utilidad para el ciudadano". "Sus bulevares centrales tendrían sentido si el tráfico fuese calmado, amable, así podrían funcionar como el antiguo cauce del río Turia o el paseo marítimo", añade.

Claro, a quién no le iba a gustar un bulevar sin coches, resultaría magnífico: los niños en la calle, las familias de paseo tranquilas, menos claxon, menos contaminación y más bicicleta, pero, ¿qué hay de los conductores? ¿Aceptarían dos carriles en vez de cuatro en dos de las principales arterias que rodean el centro, por ejemplo? ¿Los políticos temen siquiera plantearlo? "La obligación de los políticos y los técnicos es tener visión de futuro", apunta Vicent Torres, experto en movilidad. Torres imparte Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Valencia.

Una de las partes del programa lo dedica al diseño urbano para la bicicleta. "Sacrificar las calles por el tráfico es una idea superada", sostiene, "Los dirigentes deben ir por delante de los ciudadanos y saber explicarlo, no vale callarse por temor a como responderán". Como Joan Olmos, Torres ve complicado instalar un carril bici en las grandes vías con el modelo actual, "hay que cambiar", defienden ambos, "calmar el tráfico en la ciudad de una manera integral". "Los ciudadanos deben convertirlo en un problema y los políticos deben tomarlo como tal", matiza Olmos

De momento, el debate que se ha generado por la remodelación ha bailado en torno a la intención inicial de pavimentar parte de los paseos, tradicionalmente de tierra prensada. Depende de donde se informe uno, esto resulta un escándalo o una mejora necesaria, pero la discusión rara vez ha salido de ahí. La cuestión aquí es por qué no se afronta el sistema de movilidad de la ciudad, aprovechando las obras de dos vías tan importantes. Fernando Gaja, profesor de Ordenación del Territorio en la Politécnica, recuerda que en Valencia ya hay calles importantes en las que se ha atenuado la presencia de vehículos a motor. "En la avenida Perís y Valero,

[paralela a Marqués del Turia varios cientos de metros al sur], han reducido los carriles, han ampliado las aceras, han plantado arbolado nuevo y han instalado un carril bici. Lo mismo ocurre con la avenida de los Naranjos [donde están las universidades], solo que ahí se hizo bien desde el principio, con las aceras grandes". "Está claro", concreta, "que el flujo circulatorio es complejo, que la densidad de tráfico es alta, pero se puede redistribuir".

Son ejemplos aislados, pero podrían sentar precedente y servir de base a una futura reforma; "como en París", que dice Torres. "Recuerdo la última vez que estuve y la transformación del bulevar Magenta, cerca de la estación del norte. Es un vial del siglo XIX y han pasado de cuatro carriles a dos, han ensanchado las aceras y han puesto carriles bici y arbolado. Esa es la política de París en los bulevares principales". Gaja apunta a los países del norte de Europa, a ciudades como Ámsterdam o Copenhague donde gestionan la movilidad urbana mediante un verdadero programa integral.

Los usuarios potenciales, los vecinos, asumen que la cosa debe cambiar. En su versión ciclista, Fernando Mafé, de Valencia en Bici, se reunió esta misma semana con Novo.

Mafé recuerda que llevaban tres años esperando y que es ahora, con la explosión ciclista de Valenbisi, cuando se acuerdan de ellos. "Nos dijo que un carril bici en las grandes vías resultaría problemático", rememora, "que sería un riesgo para los ciclistas inexpertos y que hay demasiados cruces para que sea viable". "Es contradictorio", continua, "¿se supone que es más seguro ir por mitad de los coches?". Valencia en Bici propone un carril a cada lado de los viales, pegados a las aceras laterales, por donde discurre el carril bus actualmente. "Podrían poner las paradas en una isleta y llevar el carril bici por detrás: problema solucionado y sin tocar los cruces". Mafé, igual que los expertos consultados, no le ven el sentido a la reforma que se está ejecutando, una actuación que, por cierto, se emprende pocos meses antes de las elecciones municipales.

Cada vez hay más ciclistas en la calle. La ciudad, visto lo visto, no contesta a sus necesidades, lo que repercute en los peatones, que sufren los quiebros de las bicicletas sobre la acera.
La reforma de los viales, al detalle

- Tierra y arbustos: Se renuevan las capas superficiales de la tierra vegetal que sirve de suelo en los paseos. Se poda el arbolado y se modifican las masas arbustivas; se quitan unos y se plantan otros, "más adecuados", según la memoria del proyecto.

- Bordillos y mobiliario: Se cambian los bordillos (encintado perimetral) y se adecentan las papeleras, los bancos y resto de elementos del mobiliario urbano al margen del centenar largo de nuevos elementos. Además, se instala un nuevo sistema de riego y se pavimentan los pasos de peatones con losas impregnadas de un material que desnaturaliza los gases contaminantes.

- Coste: La reforma de ambos viales cuesta 4,6 millones de euros. En la Gran Vía Marqués del Turia se invertirán 2.119.096 euros, mientras que el servicio para la dirección de estas obras salió a licitación por 139.199 euros. La mejora de los jardines de la Gran Vía Fernando El Católico costará 165.871 euros.

-Respuesta oficial El Ayuntamiento de Valencia ha descartado la creación de un carril exclusivo para las bicicletas que discurra por la calzada, concretamente junto al de la EMT, porque entraña riesgos para los ciclistas, sobre todo los principiantes. El concejal de Tráfico, Alfonso Novo, prefiere que los ciclistas circulen por las calles secundarias, paralelas a las grandes vías.



* El País - reportaje - 31.01.11
Foto: Valencia, Gran Vía Marqués de Turia - urbanity

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Las subastas de pisos embargados siguen sin encontrar público

SUR/Málaga* : Hace apenas cuatro años se podía oír a diario el murmullo generado por decenas de personas que hacían cola para acceder a las subastas en los Juzgados de Primera Instancia de Marbella. En su mayoría, profesionales dedicados a la compra de bienes embargados en este tipo de acto público y a su posterior venta, con un amplio margen de beneficio económico. Los denominados subasteros. Hoy existen muchos más inmuebles que salen a la venta por la falta de pago de sus propietarios y las condiciones siguen siendo exageradamente ventajosas, pero no hay compradores. La crisis económica ha multiplicado el volumen de embargos y ejecuciones hipotecarias, pero ha hecho volar por los aires toda actividad relacionada con las subastas judiciales. Ya no hay colas ni murmullos y la figura del subastero prácticamente ha desaparecido en los Juzgados de Primera Instancia.

Según los datos del Decanato de Marbella, más del 90 por ciento de las subastas quedaron desiertas durante 2010, un porcentaje que se viene repitiendo a lo largo de los últimos tres años. Nada que ver con otros tiempos de prosperidad financiera, en los que se llegaba a pagar más de 40.000 euros por una plaza de garaje en Puerto Banús, según recuerda el juez decano de la ciudad, Ángel Sánchez. Ahora nueve de cada diez subastas judiciales no tienen público, no hay comprador ni puja.
Sin interés
Las cifras constituyen un síntoma evidente de que el mercado inmobiliario sigue de capa caída y que la compra de viviendas embargadas para su posterior venta ha dejado de ser, al menos por el momento, una actividad con un enorme efecto lucrativo. «Ya casi nadie tiene interés en quedarse con inmuebles, cuando las subastas judiciales han sido siempre un lugar donde obtener gangas con mucha facilidad, donde adquirir bienes a unos precios muy por debajo de los de mercado», apunta el magistrado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3.
Las condiciones para adquirir una propiedad embargada en los actos públicos celebrados en los juzgados siguen siendo favorables. Aún más si cabe, como consecuencia de la depresión económica, que ha multiplicado la morosidad. Pisos hasta un 40 por ciento por debajo de su valor de tasación o, incluso, villas de lujo a mitad de precio. Pero nadie compra, puesto que luego no puede vender.
Falta de liquidez
Además, para concurrir a la subasta, los participantes deben depositar un 20 por ciento del precio de salida por anticipado para luego liquidar el resto del importe. Y no hay efectivo. Durante el 'boom' inmobiliario, los subasteros cedían el remate de la subasta a un tercero y no se veían en la obligación de cubrir la cuantía restante. En ocasiones, incluso, la venta de la vivienda ya estaba con anterioridad apalabrada con un tercero.
Cuando la subasta queda desierta, el acreedor debe decidir si se queda el inmueble embargado para saldar, en su totalidad o al menos en parte, la cantidad demandada. «Si no existen otros bienes, sobre todo líquidos, en los que hacer presa para conseguir el cobro de la deuda, no quedan muchas opciones», señala el juez decano. En el caso de aceptar, tiene la posibilidad de quedarse con el bien por el valor de la deuda o por el 50 por ciento del precio en que fue tasado. Si no es así, sería una subasta en quiebra y se levanta el embargo de la propiedad -siempre que no se de el caso de una ejecución hipotecaria- para buscar otros bienes.



* Sur - 31.01.11
Foto: Hipotecas, protesta - diagonalperiodico.net

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Urbanismo, poder local y corrupción

ALFONSO VILLAGÓMEZ* : En una esquina del norte de la costa gallega, tres alcaldes son detenidos y la noticia abre las páginas de los periódicos y los informativos audiovisuales. Sin embargo, la corrupción vinculada a presuntas prácticas delictivas en materia de ordenación del territorio y urbanismo han adquirido en los últimos años en España unas dimensiones desproporcionadas. Los expertos afirman que lo que sale a la luz es un porcentaje ínfimo del total de casos que se estarían dando en toda la geografía española. Solo hay que analizar por encima todas aquellas recalificaciones o proyectos urbanísticos que hayan adquirido una cierta dimensión para identificar condiciones en las que los privilegios, favoritismos, tráficos de influencias, comisiones, etc...se perciben para explicar posturas políticas que no casan con la coherencia de una ordenación racionsl o la defensa de los intereses generales de los ciudadanos. Hace unos años el diario británico The Guardian alarmaba a toda Europa con detalles sobre la entidad que la corrupción urbanística estaba alcanzando en nuestro país, en especial a lo largo de la extensa franja costera. No hace falta recordar los casos de Marbella, en los que llegó a extenderse de tal forma que prácticamente implicó a casi todos los estamentos del poder local. Pueblos con millares de viviendas construidas ilegalmente, facturas falsas en grandes proyectos para el esparcimiento colectivo construidos con el dinero y el aval público, y privilegios y tratos de favor investigados en manos de los jueces o de la fiscalía anticorrupción. El poder local se ha convertido en un apetitoso plato de intereses urbanísticos.

La lucha por llevarse a la boca el mayor trozo de la tarta es encarnizada entre promotores, agentes, constructores, y demás "protagonistas" del proceso urbanizador. El descenso de las ventas inmobiliarias por efectos de la crisis económica ha provocado que los tipos de interés también cambien y que vender sea más difícil. Pero, las promesas de algunos y las expectativas de otros esperan la llegada de mejores tiempos para poder cumplirse. Los conocedores de favores no aceptan fácilmente segundos platos vacíos. Todo podría ser posible conforme las elecciones municipales se acercan y la posibilidad de algunos cambios políticos también.

Aunque los cambios más eficaces para intentar acabar con todo este desolador paisaje, quizá vayan a seguir entre las musas de las medidas de los expertos sin pasar al teatro operativo de la legislación vigente.

La entidad de los escándalos y de las evidencias contrasta con la pasividad de las instituciones y la incapacidad de la justicia, torpedeada en ocasiones por los propios poderes públicos. En muchos casos, aunque la evidencia es clamorosa, los partidos cierran filas y protegen a los implicados imputados judicialmente. Negar, descalificar al adversario y mirar a otra parte son las recetas políticas aplicadas con cierta generalidad en la mayoría de los casos.

La Comunidad Valenciana -cuyo modelo urbanístico ha sido denunciado y cuestionado en Europa-, Murcia, Andalucía, Madrid, Cataluña, ambas Castillas, y ahora Galicia, tienen casos que desvelan la entidad y extensión de las tramas de corrupción urbanística en España. La alarma social está llegando a adquirir tales proporciones que, como primera medida, habría que imponer una "tolerancia cero" a la corrupción.

Más adelante, y con el sosiego y el estudio necesarios, habría que replantearse el esquema competencial en materia urbanística, en el sentido claro y decidido de sustraer dicha materia del ámbito de los poderes locales para depositarla en manos firmes de las comunidades autónomas y del propio Estado. No siempre, como este caso paradigmáticamente demuestra, la proximidad del ejercicio de la competencia al poder es lo más adecuado para la salud de nuestra democracia.

* Alfonso Villagómez, magistrado del TSXG

* Faro de Vigo - 1.02.11

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A Coruña.- Cerco a la corrupción en A Costa da Morte

LAVOZDEGALICIA* : Hacia las nueve de la mañana de ayer, cerca de un centenar de agentes de la Policía Nacional, repartidos en tres grupos, entraban simultáneamente en los ayuntamientos de Cee, Mazaricos y Fisterra dentro de un operativo de lucha contra la corrupción dirigido por el titular del Juzgado nº2 de Corcubión, Andrés Lago Louro. Los agentes entraron también en la vivienda de tres empresarios de la zona, Daniel Ogando y un hijo del mismo nombre, y Jorge López Lago. Lo hicieron también en los domicilios de algunos de los alcaldes, que fueron trasladados después hasta los ayuntamientos en coches camuflados de la Policía Nacional. El alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo; el de Fisterra, José Manuel Traba, y el de Mazaricos, José Manuel Santos Maneiro -ambos del PP-, fueron detenidos y trasladados por la tarde a dependencias de la Policía Nacional en A Coruña, desde donde serán puestos a disposición judicial en las próximas horas. También fueron arrestados otros dos ediles populares de Fisterra, el de Urbanismo, Ramón Redonda, y el teniente de alcalde, Santiago Insua Esmorís-Recamán, así como los tres empresarios.

Daniel Ogando es un conocido constructor de obra pública, y su hijo, el titular de Palcos Senande, una empresa de alquiler de escenarios. López Lago es representante de orquestas y fue detenido hace unos años por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Abundantes documentos

Dentro de la denominada operación Orquesta se registraron los tres ayuntamientos, los domicilios de los empresarios y el del alcalde de Cee. El Volkswagen Touareg del regidor ceense también fue revisado por el secretario del Juzgado número 2 de Corcubión y por un agente.

La policía se marchó del Concello de Cee hacia las cuatro de la tarde con media docena de cajas con diversa documentación. Poco después, el alcalde abandonaba el edificio por la puerta de atrás cubriéndose con una carpeta. Fue introducido en un coche policial camuflado que partió con dirección a A Coruña.

En la casa consistorial de Mazaricos, en A Picota, los agentes permanecieron hasta las seis de la tarde revisando documentos en la alcaldía, la secretaría y la oficina del arquitecto municipal. De allí partieron con unas 20 cajas de documentación y con copias del disco duro y del correo electrónico del Ayuntamiento.

En Fisterra, el registro terminó hacia las cinco de la tarde. La Policía Nacional se llevó al alcalde y a los dos ediles, pero no documentos. Una hora después, los empresarios detenidos abandonaban el Juzgado de Corcubión en coches camuflados de la Policía Nacional.

A todos se les imputa la presunta comisión de delitos contra la Administración pública, entre ellos tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y falsificación de documentos.

En Mazaricos, los agentes pidieron documentación sobre la contratación de obras municipales con la empresa de Ogando, específicamente la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial, unas mejoras en la casa consistorial y una reforma del campo de la feria, todas ellas por un valor total de 800.000 euros.

En Cee y Fisterra los agentes buscaron además facturas relacionadas con la empresa constructora con sede en Muxía. En Cee también investigaron la contratación de atracciones en las fiestas.

Será el juez de Corcubión, Andrés Lago Louro, quien determine en las próximas horas el grado de implicación en el caso de cada uno de los detenidos y quien dictamine sobre su ingreso en prisión o su posible puesta en libertad.



* La Voz de Galicia - 1.02.11
Foto: Registro en el ayuntamiento de Cee - lavoz

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"Espero que de verdad se garantice la vivienda por ley"

PÚBLICO/PaísVasco* : "Espero que se garantice de verdad en la nueva Ley vasca de Vivienda el derecho a una casa". Urretxa Susilla Hernández tiene 33 años, vive en Sestao (Vizcaya) y, como miles de personas que en Euskadi carecen de recursos para acceder a la compra de una casa en el mercado libre, ha recibido con una mezcla de ilusión y prudencia la regulación que plantea el Gobierno vasco. El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda del Ejecutivo vasco ha suscitado la última semana todo tipo de reacciones sin dejar indiferente a nadie: ni a propietarios ya de una VPO, ni a aspirantes a serlo algún día, ni a los partidos. Con distintos matices, PNV, PP, Aralar, EA, EB y UPyD han criticado el texto desde un principio.

El articulado recoge medidas inéditas en Euskadi y en buena parte del Estado, como la expropiación de viviendas protegidas a quienes ganen el doble del máximo permitido durante tres años (el límite oscila entre 70.000 y 120.000 euros anuales), el establecimiento del "derecho subjetivo" por ley a una vivienda para las personas con menos recursos, la imposición de un canon sobre pisos privados deshabitados más de dos años, así como la posibilidad de que la Administración pueda obligar a sus propietarios a alquilarlos.

Urretxa Susilla espera, como otras 90.000 personas inscritas en el servicio vasco de vivienda (Etxebide), que la fortuna le sonría algún día con la adjudicación en venta o alquiler de un piso de protección pública. A sus 33 años vive con su novio en una casa alquilada por la que pagan 750 euros al mes en Sestao, un municipio fértil en los años de la industrialización, con los Altos Hornos de Vizcaya y el astillero de La Naval, y que, hoy por hoy, presenta la tasa de paro más alta de Euskadi (20%) y tiene 2.600 vecinos parados.

Urretxa Susilla, diplomada en Educación Social por la Universidad de Deusto, tuvo suerte hace dos meses, cuando recibió un contrato temporal del Ayuntamiento de Sestao para desarrollar un plan de intervención sociocultural.

"Llevo trabajando diez años en distintos sitios y siempre con contratos temporales. Creo que mi novio y yo podríamos tener una casa si saliera aprobada la nueva ley. Andaríamos ahí, ahí, en el límite, según nuestros ingresos. Depende de épocas", dice, en alusión al articulado inicial.

El anteproyecto plantea que la Administración garantice una vivienda en alquiler a las unidades familiares de dos miembros cuyos ingresos no superen los 12.000 euros al año. El límite de solicitantes individuales sería 9.000. "Y para las familias de tres miembros creo que deberían subir el límite de 15.000 a 20.000 euros o así", agrega Urretxa.

La entrada en vigor de esta ley, sin embargo, aún tendrá que esperar e, incluso, es muy posible que buena parte de las medidas planteadas no fructifiquen en última instancia. Nunca sería antes de 2012. El PP, socio preferente del Gobierno de Patxi López, ya le ha advertido de que no cuente con él para sacarla adelante. De mantener los conservadores esa posición, el Ejecutivo vasco se verá obligado a buscar el apoyo del PNV, cuya primera respuesta al borrador fue crítica, aunque no se cierra a negociar. El PNV ha avanzado que la idea del Ejecutivo "no aborda el problema de fondo, que es garantizar una vivienda a precio asequible a todos los ciudadanos". Le afea así su discurso sobre el "derecho subjetivo" a una casa, cuando "deja fuera a la gran mayoría de los demandantes de vivienda en Etxebide".

La respuesta de Ezker Batua marca de IU en Euskadi es similar. Según sus cálculos, el derecho subjetivo a la vivienda de este anteproyecto "deja fuera" a más de 50.000 personas inscritas en Etxebide: "No se plantea un verdadero derecho ciudadano de acceso a la vivienda, sino una medida asistencial para personas en riesgo de exclusión". Aralar, por su parte, cuestiona que el Ejecutivo no apuesta claramente por el alquiler ["dice que sólo el 40% será de alquiler"], y apuesta por un canon para las viviendas vacías así como su "arrendamiento forzoso".

El Departamento vasco de Vivienda interpreta estas respuestas como muestra de "voluntad" de los partidos para negociar. Además, ha abierto una vía de participación ciudadana para recoger nuevas aportaciones, como las de JoséAntonio Mosquera, de 33 años, separado, padre de una hija y que, en la actualidad, ha vuelto a casa de sus padres. Este hombre duda de que algún día pueda beneficiarse de esa ley: "Según las estimaciones básicas sí podría, pero la realidad final será que no". Cuenta que si llega a ganar 12.000 euros al año como técnico de informática es "todo un milagro": "Me contratan por tres meses, me mandan un mes al paro y vuelvo a trabajar tres meses. Así llevo cuatro años".

Así, su escepticismo sobre el sistema es total. "El Inem lo puede ver, pero no le sale de las narices. La Administración sólo ve esas cosas cuando voy a pedir ayudas para vivir", dice, sin confianza en la nueva Ley vasca de Vivienda. En su caso, además, se da la circunstancia de que cuando murió su padre, su madre decidió poner a su nombre también una casa que tienen en Galicia, de donde emigraron sus padres hace 40 años. "O sea, que soy propietario de una casa cuando realmente no lo soy", se queja.

Para José Antonio, los beneficiados de la ley serían los inmigrantes recién llegados. "Tengo amigos inmigrantes. Vienen sin nada, sin pasado. ¡A qué puedo acceder yo!", se lamenta, con un ingreso anual inferior a 12.000 euros.
En primera persona

José Antonio Mosquera, técnico informático

José Antonio Mosquera, de 33 años y natural de Sestao, es padre de una hija, está separado y apenas gana 12.000 euros al año. "La realidad social no se plasma en las leyes. Yo estoy separado y, por desgracia, he tenido que volver a casa de mis padres".

Urretxa susilla, educadora social

Urretxa Susilla, de 33 años y natural de Sestao, vive con su novio en un piso de alquiler por el que pagan 750 euros al mes. "Pagamos 750 euros por el alquiler. Es mucho dinero para nuestra economía. Espero que la nueva ley salga adelante"



* Público - 31.01.11
Foto: Grúas sobre edificios en construcción en Bilbao - publico

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Imputan a tres alcaldes de la Vall d´Uixó por permitir casas ilegales

LEVANTE/Castelló* : La alcaldesa de la Vall d'Uixó, la popular Isabel Bonig, así como sus antecesores, el socialista Josep Tur y el también popular Vicent Aparici tendrán que acudir a declarar entre el siete y el trece del próximo mes de abril como imputados por un supuesto "delito contra las personas". El Juzgado de Instrucción nº4 de Nules les ha citado como parte de las diligencias previas que ha abierto tras aceptar en noviembre de 2009 la querella presentada por dos vecinas de la localidad que consideran que no se ajustaba a la legalidad la actuación del ayuntamiento en el Monte Zamora al "permitir" supuestamente las construcción que allí existen. Las vecinas les acusan además de "paralizar" presuntamente expedientes sancionadores a propietarios de viviendas que están en zona urbanizable, pero no programada.

La juez, a tenor de la documentación remitida por las querellantes, también imputa, y por tanto, tendrán que pasar por los juzgados a los que fueran concejales de Urbanismo Alfonso López (PUT), Enrique Segarra (PP), Olimpia Aznar (EU) y el actual concejal Óscar Clavell (PP) así como el concejal de Bienestar Social José Villalba (PP), además de una funcionaria del ayuntamiento. Todo ello consta en una providencia emitida el pasado 12 de enero.
"Hemos denunciado a los políticos por la vía penal ante la falta de atención a nuestras peticiones y denuncias", aseguraba ayer una de las vecinas. De hecho, las querellantes los acusan de una posible "prevaricación" por permitir construir en zona no autorizada, así como de un supuesto "delito de ordenación del territorio".

Agravio comparativo

Así una de las vecinas querellantes, propietaria de unos terrenos en la zona, explicó que todo se remonta a junio 1992 cuando "se aprueba el PGOU provisional y el Monte Zamora cambia su calificación de rústico a residencial, eso sí, urbanizable no programada" cuestión que se convierte "en definitiva en febrero de 1995" por lo que "mientras no haya un plano encima de la mesa no se sabe cómo quedan las parcelas, por donde van las calles o donde va el suelo dotacional".



* Levante - 1.02.11
Foto: La Vall d'Uixó (Castellón) - uv.es

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320.000 familias deben al banco más de lo que valen ahora sus viviendas

CINCODÍAS* : El estallido de la burbuja inmobiliaria ha afectado a casi todos, empresas y hogares. Pero lo peor es para quienes compraron al final del boom y lograron una hipoteca por más del 80% del valor de tasación de la vivienda. Desde 2007, último año de subidas de precios de las casas, más de 300.000 familias deben al banco más dinero de lo que ahora valen sus pisos en el mercado. En 2010 se cumplieron tres años consecutivos de descensos en los precios de las casas, el periodo más largo durante el cual se ha depreciado el ladrillo en la historia reciente de España. En términos acumulados, el Ministerio de Fomento acaba de publicar que la vivienda es hoy un 13,1% de media más barata que hace tres años, aunque en algunas zonas como Madrid esa pérdida de valor supera el 20%. La depreciación de estos activos inmobiliarios y no tanto la subida de tipos de interés (que también) tiene consecuencias muy graves en determinados supuestos. Por ejemplo, para todos aquellos propietarios de vivienda que realizaron su compra a partir de 2007, si lograron que su banco o caja les prestara más del 80% del valor de tasación del inmueble; en estos momentos, pueden verse atrapados por una deuda que es superior al valor que obtendrían en el mercado si vendieran el activo, o sea la casa.

Mientras puedan seguir haciendo frente al pago de las cuotas hipotecarias, el desequilibrio es meramente nominal, pero el problema surge si necesitan vender la vivienda ante una situación de desempleo. Es lo que los expertos denominan patrimonio inmobiliario neto negativo o, dicho de otro modo, una situación de quiebra técnica, siempre y cuando el hogar que se vea en esa situación carezca de otros activos.

Cruce de datos

Pues bien, desde 2007 hasta 2009 podrían estar inmersos en esta situación (deudas pendientes más elevadas que el valor de los pisos) más de 300.000 titulares de préstamos hipotecarios. En concreto, se trata de 316.707 créditos, cifra obtenida gracias a los cálculos efectuados por CincoDías cruzando la información del INE sobre hipotecas nuevas firmadas desde 2007 y el porcentaje de esos créditos que supera el 80% del valor de tasación, que da a conocer trimestralmente el Banco de España. Ese nivel del 80% (conocido en inglés por el término loan to value) ha sido históricamente considerado por el supervisor como el límite que no debían rebasar las entidades salvo en casos excepcionales y con garantías adicionales para no ser consideradas como hipotecas de riesgo.

Y es que si algo ha enseñado esta crisis es el precio tan alto que pueden llegar a pagar las empresas y particulares que tengan un elevado nivel de endeudamiento. En anteriores recesiones el recurso al crédito podía mitigar la falta de ingresos, hoy por hoy eso es prácticamente imposible.

Durante la pasada etapa alcista del mercado inmobiliario (1997-2007), los hogares disfrutaron de una situación sin precedentes. Algunos expertos la denominaron la barra libre de la financiación. A la rebaja de los tipos de interés importada de la entrada de España en el euro se sumó el alargamiento de los plazos de amortización de los préstamos hipotecarios hasta 30, 40 y excepcionalmente 50 años. Y todo ello espoleado por una revalorización media de los inmuebles de casi el 12% anual durante 10 ejercicios consecutivos.

A esa coyuntura se le unía una situación económica boyante con tasas de paro desconocidas y pleno empleo masculino en numerosas provincias, por lo que era muy fácil lograr crédito para la compra de casa y para casi cualquier cosa, si se aportaba un inmueble como respaldo.

Menos consumo

Por ello, el hecho de que en la actualidad el valor o saldo vivo de cientos de miles de créditos hipotecarios supere al precio que obtendría el activo hipotecado en el mercado no solo tiene incidencias para quienes se queden sin trabajo y para poder hacer frente a la deuda tengan que acabar vendiendo su casa.

Además, limita la práctica a la que se apuntaron en el pasado reciente no pocos hogares. En lugar de contratar préstamos al consumo para la compra de coche, electrodomésticos o cualquier otra clase de bienes, optaban por ampliar el capital de sus hipotecas o suscribir una nueva gracias a la constante y en apariencia eterna revalorización de las viviendas.

De ese modo, ahorraban en los tipos de interés, ya que los que aplican los créditos personales son significativamente más caros que los hipotecarios. Las últimas cifras publicadas también por el Banco de España aseguran que aproximadamente el 11% del crédito con garantía hipotecaria que se firma en España en la actualidad es para cualquier compra menos la de casa.

Así, al no tener margen para seguir ampliando el capital de la hipoteca, muchos hogares pospondrán algunas de sus decisiones de compra. Más malas noticias para la economía española, tan dependiente del consumo privado, ya que esta situación a corto plazo no tiene visos de mejorar. Los principales expertos no auguran alzas de precios hasta dentro de al menos dos años y los hay que van más lejos. El Instituto Juan de Mariana acaba de asegurar que los inmuebles deberían depreciarse otro 24% adicional para borrar cualquier rastro de la burbuja y no lastrar la recuperación. Si eso se confirmara en los próximos años, muchos más préstamos entrarían en esa quiebra técnica. Frente a aquella etapa dorada en la que la hipoteca lo aguantaba casi todo, el cerrojazo actual al crédito. Los analistas recuerdan que se acabó aquello de que "las casas no bajan nunca". Sobre el futuro, ya lo dice el ministro José Blanco: "nada volverá a ser como antes".
Los datos

A la espera de conocer el detalle por entidades, tal y como exige el Banco de España, lo cierto es que saber cuántas hipotecas se firman con un valor de tasación por encima del 80% ha sido posible hace muy poco. La serie comienza a publicarse en 2004, en pleno boom, cuando ya arreciaba el debate sobre los riesgos del sobreendeudamiento. Estos préstamos llegaron a representar el 18% del total.

El stock provocará nuevas bajadas de precios en 2011

Entre 730.000 y un millón de casas. Esas son las cifras que manejan los distintos estudios efectuados sobre a cuánto asciende el excedente de viviendas que existe en la actualidad sin vender ni alquilar.

Con semejante exceso de oferta y una demanda deprimida por la desfavorable coyuntura económica y las dificultades que persisten en el acceso al crédito, los pocos expertos que se atreven a hacer un pronóstico coinciden: "las rebajas de precios de los pisos y las ventas en mínimos van para rato". En concreto, para este año algunas entidades aseguran que los precios de la vivienda podrían registrar descensos que se situarán entre el 10% y el 15%, lo que convierte al mercado inmobiliario español "en el menos atractivo de Europa junto al de Irlanda", según estima la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings. La calificadora de riesgos justifica sus pronósticos en el impacto que tendrá sobre los precios el stock, dentro del cual destaca el creciente número de viviendas procedentes de embargos puestas a la venta por los bancos. Esto provocará que las hipotecas firmadas en 2010 por encima del 80% del valor de tasación del inmueble (67.328 hasta noviembre) puedan verse a finales de este año en la misma circunstancia que las más de 300.000 suscritas desde 2007.

Fitch destaca la división existente en Europa entre las economías del norte y el sur, donde augura un débil crecimiento para España en 2011 (del 0,5%), lo que mantendrá elevado el paro. Y ya lo dicen promotores y consultores: "Sin empleo, la demanda inmobiliaria no volverá a despegar".



* Cinco Días - 31.01.11
Foto: Hipotecas, montaje fotos - 20minutos.es

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Lanzarote.- Un chalé muy real

LAPROVINCIA* : La vivienda de Carlos Morales y Alexia de Grecia en la lujosa urbanización de Puerto Calero logró burlar los filtros municipales de control durante el mandato de tres alcaldes diferentes en Yaiza. Las obras para la construcción del chalé de Carlos Morales y Alexia de Grecia en suelo rústico de protección territorial hubiesen pasado casi desapercibidas si no se hubiesen llevado a cabo los pinchazos telefónicos ordenados por el juez César Romero Pamparacuatro dentro de las investigaciones del caso Unión. Sin embargo, las irregularidades urbanísticas cometidas presuntamente por Carlos Morales eran conocidas por los gobernantes del municipio de Yaiza prácticamente desde el mismo momento en que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, dio el visto bueno a una obra que debía ocupar unos 1.700 metros cuadrados.

La concejala del PIL en el Ayuntamiento de Yaiza, Gladys Acuña, presentó a finales de 2006 en el registro municipal de esta corporación una moción en la que solicitaba al por entonces alcalde de este municipio lanzaroteño, José Francisco Reyes, que suspendiese la concesión de la licencia para la construcción de la vivienda del arquitecto Carlos Morales en Puerto Calero al entender que la edificación se encontraba en suelo rústico de protección territorial.

Los concejales de la oposición intentaban de esa forma paralizar la licencia municipal de edificación que el alcalde, José Francisco Reyes, había concedido el 5 de diciembre de 2006 por decreto de la Alcaldía al arquitecto Carlos Morales, esposo de Alexia de Grecia. "Sin embargo, el grupo de gobierno desestimó nuestra moción y la licencia siguió para adelante", relata Gladys Acuña.

Una licencia que podría llevar al esposo de Alexia de Grecia a sentarse en el banquillo de los acusados después de que el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, haya solicitado al juez que instruye el caso Unión que transforme las diligencias previas en procedimiento abreviado para formular acusación contra Carlos Morales y el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes por un delito contra la ordenación del territorio.

La concejala del PIL, que también ostentó la Alcaldía de Yaiza, al presentar al inicio de este mandato una moción de censura contra el propio Reyes, llegó a declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por esta licencia. "Me limité a contarles que mi partido presentó en el Ayuntamiento una moción para intentar que se dejara sin efecto la licencia", señala Acuña.

La ex alcaldesa asegura que durante su mandato (entre febrero de 2007 y diciembre de 2009) no se aprobó ninguna resolución a favor de esta vivienda, aunque asegura que la licencia se tuvo que remitir al Cabildo de Lanzarote al igual que se hizo, por orden judicial, con todas las concedidas por José Francisco Reyes. "Y que yo sepa el Cabildo tampoco hizo nada", afirma Acuña.

Inicio

Sin embargo, fue durante el corto mandato de Acuña cuando comenzaron unas obras que no llegaron a ser paralizadas. Según el informe elaborado por la Guardia Civil, las obras comenzaron en octubre de 2007.

El actual alcalde de Yaiza, Ángel Domínguez (que en el momento de concederse la licencia era edil de Festejos), fue uno de los concejales del grupo de gobierno de José Francisco Reyes que rechazó la propuesta del PIL de dejar sin efecto la licencia. "Los asuntos relacionados con el Urbanismo los llevaban directamente tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez", se justifica Domínguez, quien desde diciembre del pasado año no pertenece al Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) de José Francisco Reyes, tras la moción de censura que firmó con CC para desbancar a Gladys Acuña. Domínguez no se acordaba el pasado viernes de si había firmado algún decreto paralizando la obra.

El chalé, valorado en más de tres millones de euros, se quedó a medio construir después de que se destapara el caso Unión en mayo de 2009. La justicia tiene ahora la palabra.



* La Provincia - 30.01.11
Foto: El chalé en obras de Carlos Morales y Alexia de Grecia, a la izquierda de imagen, en Puerto Calero (Yaiza)- laprovincia

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La edil de Urbanismo de Torremolinos declara como imputada en el 'caso Arcos'

SUR/Málaga* : La investigación de una supuesta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Alcaucín continúa. La jueza que instruye la causa -la titular del Juzgado nº3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón- citó ayer a declarar como imputada a la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Torremolinos, María Isabel Llamas Castañeda. La edil, que fue asesora jurídica durante tres años -desde el 15 de abril de 2004 hasta el 10 de mayo de 2007- del ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, fue preguntada por la jueza sobre las razones por las cuáles abrió una caja de seguridad en una entidad bancaria en marzo de 2006. Según la investigación, el nombre de María Isabel Llamas habría aparecido en un contrato de compraventa de una parcela de unos 6.500 metros cuadrados situada en suelo rústico. En un documento privado fechado en junio de 2004 figuraba como titular de un 25% de la finca. El resto estaba, según los papeles, en manos de otros dos socios. La parcela fue vendida dos años después y, al parecer, generó una plusvalía total de unos 500.000 euros, a tenor del contrato, que se elevó a público el 16 Abril de 2006.

Curiosamente, el anterior documento de compraventa, en el que figuraría Llamas, fue anulado días antes de fraguarse esta operación. Sobre esa finca, que estaba en suelo rústico, existía una expectativa de negocio por parte de los compradores, que proyectaban construir unas 200 viviendas. Sin embargo, la parcela no se convirtió en urbanizable.
La edil negó los hechos ante la juez y explicó que nada tenía que ver con la operación. Matizó que si su nombre aparecía en la misma tenía que ver con su familia, en concreto su padre que es promotor inmobiliario, extremo éste que corroboró su progenitor, según las fuentes.
Además, Llamas declaró desconocer si la apertura de la caja de seguridad se produjo coincidiendo con la venta de dicha finca por parte de Marcos Zaben a Carloteña y que si ello ocurrió fue por «casualidad»; y dijo que llevaba tiempo pensando abrirla. Asimismo la edil comentó que la finalidad de la caja no era otra que la de guardar una serie de joyas y que su hermana Virginia tenía otra en la misma entidad. No obstante, aclaró que sólo la visitó para cerrarla, lo que tuvo lugar en 2009. Según su declaración, cerró la caja de seguridad porque era muy cara y decidió guardar lo que en ella tenía en la caja de su hermana.
Isabel Llamas es hija, hermana y cuñada de otros tres imputados en el 'caso Arcos', por el que en febrero de 2009 fueron detenidos el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y un jefe de servicio de la Diputación, José Francisco Mora. La operación policial comenzó el 27 de febrero 2009 con la detención de trece personas, entre ellas Martín Alba, quien días más tarde ingresó en prisión imputado por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.



* SUR - 1.02.11
Foto: Torremolinos, ayuntamiento - centroasturiano

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La eclosión del ladrillo

PACO MARISCAL* : El vocablo se utiliza si hablamos del capullo de una flor o el brote de una planta cuando se abren; también se aplica al huevo del que sale una larva: eclosión. En sentido figurado, explicaba doña María Moliner, se aplica, además de a realidades relacionadas con los capullos, los brotes y los huevos, a algunos fenómenos sociales. En las comarcas valencianas eclosiona la primavera si ocasionalmente nos bendice la lluvia en enero o febrero. En los países norteafricanos, el malestar ciudadano eclosiona estos días en forma de manifestaciones públicas contra sátrapas que se apalancan en un poder más que corrupto. Vale. Pero es imposible encontrar, en los manuales que se ocupan de las palabras, un indicio que nos permita relacionar la eclosión con el ladrillo y, mucho menos, con el ladrillo inmobiliario. Pero siempre hay un reducto del disparate, como la Diputación de Castellón, donde el ladrillo eclosiona. El otro día, el presidente de la provincianísima institución castellonense -mostrando el grado de armonía, entendimiento y colaboración existente entre los miembros de su partido en la Diputación y los miembros de su mismo partido en el gobierno autónomo valenciano- arremetía contra la Consejería de Medio Ambiente, la de Juan Cotino, y la señalaba como responsable de que en Castellón no hubiese habido una "eclosión inmobiliaria".

Es decir, que el gobierno autónomo es culpable de que en estas comarcas norteñas no haya habido más burbuja inmobiliaria de la que hubo y hay, ni más desarrollismo del que hubo y hay. Las decenas de miles de viviendas por vender, las construcciones paralizadas y las grúas durmiendo el sueño de los justos no son una realidad porque todos estamos ciegos, y a la espera del desarrollismo urbanístico ligado a los campos de golf: ese es el raquítico futuro de progreso para aquellos de nuestros nietos y bisnietos que se decidan por permanecer en su tierra y no apretar tornillos mediante un ordenador en Alemania. Que el Dios del Sinaí nos pille confesados y con indulgencia plenaria para sufrir con paciencia los desatinos del desarrollismo con base casi única en el ladrillo, la destrucción o alteración del paisaje y la fealdad. La constatación está a la vuelta de la esquina: basta y sobra un corto paseo por ese trozo de costa, otrora sin par, entre Torreblanca y Oropesa.

Una Oropesa, por cierto, donde ya no se necesita el agua para todos de Fabra con tanta urgencia como daban a entender durante los perversos años de la burbuja, madre de todas las crisis. A punto de entrar en funcionamiento la desaladora de Cabanes -que ha de abastecer a Oropesa, La Ribera y Benicàssim- y que ha supuesto un gasto público de 55 millones de euros, el concejal de Urbanismo de Oropesa, Tomás Fabregat, miembro del partido de Fabra y de Cotino, viene a indicar que el municipio no tiene ahora ninguna necesidad especial de recursos hídricos. Y es que la vergüenza torera, a pesar de la crisis, todavía no ha eclosionado.

* El País - Opinión - 31.01.11

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La Policía Judicial registra los concellos de Cee, Fisterra y Mazaricos por corrupción urbanística

LAVOZ/A Coruña* : La Policía Judicial registra desde primera hora de la mañana de hoy los concellos de Cee, Fisterra y Mazaricos por un posible caso de corrupción urbanística. Buscan información relacionada con una empresa constructora de Muxía por adjudicaciones en la Costa da Morte. A Mazaricos, los agentes de la policía judicial llegaron poco después de las nueve de la mañana en un furgón, identificaron a todos los funcionarios y empleados, y se encerraron en el despacho del alcalde. Además, no permiten que los funcionarios toquen ningún ordenador ni accedan a ningún tipo de documentación. En el ayuntamiento de Cee, un equipo de unidades especiales de la Policía han iniciado esta mañana una intervención judicial, según informaron hoy a Efe fuentes del citado municipio.

Las fuentes han precisado que se trata de «unidades de la UIP» que se encuentran con cuatro furgones frente a la sede del Ayuntamiento y han indicado que algunos agentes permanecen en el interior procediendo a investigar documentación.

Asimismo, han indicado que dos agentes están en la entrada del edificio e «impiden el paso a las oficinas» aunque han subrayado que no tienen más información porque se trata de una operación judicial «bajo secreto de sumario».

La Policía Judicial también está registrando la sede de la empresa constructora en Muxía.

El concello de Muxía no está finalmente implicado en esta operación contra la corrupción urbanística en la Costa da Morte tal y como se había informado previamente.



* La Voz de Galicia - 31.01.11
Foto: Fisterra - centros.edu.xunta.es

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Marbella.- El juicio del 'caso Malaya' se ralentiza y amenaza las previsiones de la sala

ELPAÍS* : El juicio del caso Malaya, la mayor vista oral de la historia judicial española, con 95 procesados, tiene visos de prolongarse más allá de un año, como previó inicialmente la Audiencia Provincial de Málaga. El primer bloque del juicio -dedicado a analizar el pelotazo urbanístico de la llamada Operación Crucero Banús- avanza con más lentitud de lo previsto. La sala, presidida por el magistrado José Godino, está permitiendo a los letrados, en especial a los de los ocho acusados en esta parte, realizar interrogatorios extensísimos y entrar en debates jurídicos de gran profundidad. El tribunal solo ha puesto cortapisas a aquellos letrados de los que sospecha que buscan ralentizar innecesariamente el juicio. Uno de esos casos es el de la abogada del empresario Andrés Liétor, no imputado en este bloque, y que pretendió formular 107 preguntas a los agentes de policía que dirigieron la investigación del caso a las órdenes del juez Miguel Ángel Torres. La sala obligó a esta letrada a recortar sensiblemente su interrogatorio. Durante la fase de instrucción y en las fases previas al inicio de la vista oral, Liétor ya había bombardeado los juzgados con cuanto recurso tuvo a su alcance.

La Audiencia eligió comenzar el juicio del caso Malaya por el bloque de Crucero Banús por una razón esencial. Esta parte del caso hace referencia a unos hechos muy concretos y es muy fácil de acotar, lo que permitía iniciar la complejísima vista oral, algo que hasta la misma víspera del juicio muchos dudaban que se fuera a conseguir.

La prolongación de las sesiones de este bloque inicial hace presagiar a los abogados que los capítulos dedicados a las redes de blanqueo y al cohecho supuestamente urdidos por Roca, con muchos más acusados y testigos, puedan ser ingobernables. El letrado del Ayuntamiento de Marbella, que ejerce la acusación particular, se quejó a la sala de la extensión de algunos interrogatorios, que incluían preguntas que no tenían que ver con la operación Crucero Banús. El presidente Godino ha pedido a los letrados que se ciñan al asunto que se enjuicia, pero apenas ha cortado las intervenciones.

La Operación Crucero Banús se centra en el papel que el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, tuvo en la recalificación y posterior venta de una parcela comercial que adquirió con otros tres socios, entre ellos el ex teniente de alcalde marbellí Pedro Román, en el año 2001. Según el fiscal, la posición de poder de Roca en el urbanismo de la ciudad durante el gilismo permitió a los cuatro socios obtener en un año unas plusvalías cercanas a los seis millones de euros, mientras que el patrimonio municipal dejaba de ingresar otros cinco millones. El negocio se realizó a través de una sociedad suiza y las ganancias se ingresaron en cuentas de los procesados en fundaciones del paraíso fiscal de Liechtenstein.

En algunos casos, los interrogatorios han ocupado hasta cinco sesiones de las 17 que se llevan dedicadas a este pelotazo inmobiliario. Es el caso de los peritos de la Agencia Tributaria que redactaron el informe preliminar sobre la Operación Crucero Banús. Estos estuvieron acompañados en el estrado por un perito, catedrático de Derecho Financiero, aportado por Pedro Román. Los peritos de Hacienda sostuvieron que los fondos con los que se financió la compra de la parcela permanecían ocultos al fisco español y que los beneficios no tributaron ni en España ni en Suiza. Fueron tantas las preguntas que recibieron los peritos que el magistrado Godino les pidió, en el último día de declaración, que redactaran un informe con sus conclusiones.

Los agentes antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía que encabezaron la investigación también declararon durante tres jornadas. Los policías destacaron en su exposición el "poder absoluto" de Roca en las decisiones, tanto urbanísticas como de otros ámbitos, que se tomaban en el Ayuntamiento de Marbella. Estos inspectores apuntaron una idea que puede inquietar a numerosos alcaldes y responsables municipales imputados por actos de prevaricación urbanística, como recalificaciones o licencias de obra irregulares. "La Policía siempre trabaja con el convencimiento de que detrás de cada prevaricación urbanística ha habido un pago, un cohecho. Otra cosa es que luego encontremos pruebas", afirmaron.



* El País - 31.01.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Los jueces progresistas creen ´intolerable´ el control de Camps sobre el poder judicial

LEVANTE* : La asociación Jueces para la Democracia (JPD) considera "intolerable" que el poder judicial valenciano esté vinculado con "los intereses de la administración autonómica" que gobierna Francisco Camps (PP). El colectivo denuncia que la designación de cargos en las estructuras judiciales no se haga atendiendo al mérito y la capacidad profesional "sino en función de determinadas componendas políticas". Las últimas designaciones de cargos efectuadas para la Audiencia Provincial de Castellón y la de Valencia, así como para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o el hecho de que haya quedado desierta la presidencia de la sala contencioso administrativo del TSJ -que se encarga del urbanismo valenciano- ha hecho que la asociación acuse de "falta de voluntad" tanto desde el gobierno central como de la administración autonómica para independizar las estructuras judiciales y evitar el tibio continuismo institucional que caracteriza desde hace años al territorio valenciano.

Desde la asociación sostienen que hay un estancamiento de las estructuras judiciales en la C. Valenciana en muchos casos debida "a la actitud de complacencia institucional hacia el poder político autonómico". Y fuentes de la asociación sostienen que la estrecha vinculación entre el exconseller Fernando De Rosa -ahora vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ- y el presidente de la Generalitat no beneficia a que se produzca "una profunda renovación que necesitan las estructuras judiciales valencianas".
Desde la asociación señalan que los escándalos judiciales que afectan a dirigentes del PP -como Gürtel o Brugal- son juzgados en estas instituciones, y se alude como ejemplo la reciente decisión de la sección segunda de la Audiencia de Castellón de archivar cuatro de los cinco delitos fiscales que se imputaban al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, (PP) por entender que estaban prescritos, tras más de siete años dando vueltas por el juzgado. Ya que desde la asociación se cuestiona "la perplejidad que pueden sentir los ciudadanos al constatar que determinadas causas que afectan a relevantes cargos públicos se dilatan en el tiempo mientras que la administración autonómica no asigna a los juzgados los recursos necesarios y "guarda silencio" por las deficiencias en la institución.



* Levante - 30.01.11
Foto: Camps y De Rosa conversan en la apertura del año judicial en 2008 en la Ciutat de la Justícia - levante

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